La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el archivo de la causa contra el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, la actual secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, y dos funcionarios por supuestamente no haber acatado las órdenes de paralización y demolición de unas obras que fueron declaradas ilegales cuando el ahora diputado era alcalde de la localidad valenciana de Sueca.

De esta forma, la Audiencia, en un auto fechado el 1 de diciembre y facilitado este miércoles por Compromís, confirma la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sueca de sobreseer el caso al considerar que "de las diligencias practicadas (...) no aparece debidamente justificada la perpetración de ilícito penal alguno".

Ante esta resolución, los impulsores de la denuncia --que sostenían que se habrían producido en el año 2007 unas irregularidades administrativas ante una construcción sin licencia-- interpusieron un recurso de apelación que ahora ha sido desestimado.

El auto argumenta, entre otros motivos, que "existe una patente debilidad indiciaria respecto de la infracción que señala la parte recurrente que no tiene expectativas de ser enriquecida con lapráctica de las diligencias que se solicitan".

"Puede contraargumentarse a la anterior afirmación, que, precisamente, si no se practican dichas diligencias no podrán obtenerse datos para valorar si cabe obtener los fines investigativos. Sin embargo, el círculo argumental se rompe si partimos de la idea de que no cualquier hipótesis posible de eficacia justifica lapráctica de cualquier diligencia. Es aquí donde entra en juego la racionalidad, como factor de corrección. Visto lo expuesto, en este caso la debilidad es tan evidente que no puede pretenderse la apertura o la continuación de un proceso judicial de investigación sobre la base esencial de la propia palabra", añade la Audiencia.

El auto, contra el que no cabe recurso, informa de que tanto Tamarit como Baldoví solicitan la condena en costas de los recurrentes. Al respecto, afirma que "la temeridad respecto de Tamarit es evidente", ya que "recurrir la resolución incluyendo el sobreseimiento respecto de ella sin incluir razonamiento alguno respecto de la misma, ni justificar que en ese periodo tenía alguna competencia respecto del expediente es una conducta temeraria que debe ser sancionada con la imposición de sus costas". En cuanto al resto, se declaran de oficio.

Tras conocer la resolución, desde Compromís recuerda que elaño pasado el Juzgado de Sueca ya decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, como también hizo Fiscalía, donde los denunciantes también presentaron unadenuncia.

"CONCIENCIA MUY TRANQUILA"

En un comunicado, Joan Baldoví celebrado el archivo definitivo de la causa: "Siempre tuve la conciencia muy tranquila. Hoy más que nunca la justicia nos ha dado la razón a aquellos nos teníamos quecomer titulares poco agradables cuando nunca hicimos nada que nos pudiera avergonzar", asevera.

Y añade: "Hoy termina una batalla judicial absurda y se demuestra que tanto Tamarit como yo siempre hemos defendido, por encima de todo y de todos, los intereses de nuestro pueblo, Sueca".

Por su parte, Raquel Tamarit --que no era aún alcaldesa de Sueca cuando ocurrieron los hechos denunciados-- agradece que en la sentencia se condene a los recurrentes a pagar las costas del juicio por su "temeridad" al incluirla en un proceso judicial en el que no tenia ninguna competencia al respecto.

"Me alegra que la Audiencia Provincial haya sido tan contundente condenando el comportamiento 'temerario' de los denunciantes, se hademostrado que mi implicación en este caso era solo por razones políticas que nada tienen que ver con el supuesto incumplimiento de la legalidad", recalca.

La directora médica de Atención Primaria de Cantabria, Beatriz Josa, cuya madre fue vacunada de Covid hace dos semanas cuando la campaña se dirigía a sanitarios del servicio de emergencias del 061, ha presentado su dimisión al trascender este hecho, pero la gerente de Atención Primaria, Alicia Gómez, ha rechazado la renuncia.

"Primero dimito yo. Así de claro", ha sentenciado Gómez en declaraciones en las que ha explicado lo ocurrido, y que a su juicio "más ético no ha podido ser" destacando que se ha actuado, además, "con total transparencia".

La responsable de los centros de salud de la región considera "vergonzoso" y una "mediocridad" que se pida la destitución de la directora médica por este asunto, y cree que ese extremo no se puede "admitir" como tampoco "se debería consentir".

Según ha relatado, para vacunar a los sanitarios del 061 se mandaron al centro de salud de Nueva Montaña de Santander, donde tiene su sede este servicio, los viales con las dosis necesarias, conforme a la relación de trabajadores pedida y remitida previamente.

Así, aunque los viales coincidían con el número de empleados del listado, sobraron "dos dosis", de las que dio cuenta la coordinadora, así como también de que no encontraba en el centro -que asimismo alberga la Línea 900 de información Covid- a "nadie" sin inmunizar. "Todo el mundo" se había puesto ya la vacuna, ha indicado Gómez.

Ante esto, y teniendo en cuenta que el suero solo se puede administrar en las seis horas siguientes a su descongelación, la coordinadora llamó a la directora médica, ya que a ella no se le ocurría a quién poner las dosis sobrantes.

De este modo, Beatriz Josa planteó la posibilidad de administrar la vacuna a su madre, de 87 años, y tuvo que "dar mil vueltas" para que alguien acercara a la mujer al centro, extremo que finalmente llevó a cabo un familiar.

Al trascender este hecho, la gerente de Atención Primaria tiene sobre la "mesa" la renuncia de la directora médica, pero se niega a aceptarla: "Primero dimito yo", ha advertido, al considerar "vergonzoso" solicitar o admitir el cese por algo así.

QUE SE APROVECHEN LAS DOSIS, NO SE PUEDEN PERDER

Alicia Gómez cree que en el arranque de la campaña de vacunación del Covid el Servicio Cántabro de Salud y la Gerencia de Atención Primaria no han actuado con la "suficiente previsión" como para decidir qué hacer con las dosis sobrantes, más allá de determinar "que se aprovechen", porque "no se pueden perder".

Se trata de algo que está sucediendo "en todos los centros" de atención primaria, de modo que cuando han sobrado dosis se han buscado personas a las que ponérselas para no perderlas.

"Era lo que había que hacer: optimizar las dosis, no tirarlas", ha zanjado para concluir la gerente de Atención Primaria de Cantabria, que rechaza así la dimisión de la directora médica.

El sistema educativo gallego sigue sumando cifras 'récord' de contagios en esta tercera ola de la pandemia. Este miércoles ha alcanzado un nuevo máximo de casos, tras registrar un total de 3.400 positivos en los centros, institutos y escuelas infantiles del territorio.

El total de casos activos en las instalaciones educativas aumentó en unos 48 respecto al día anterior, la menor diferencia entre jorandas desde la vuelta a las clases tras las Navidades.

A pesar de ello no solo se mantiene la tendencia de incremento de este indicador registrada de las últimas semanas, sino que los centros cuentan este miércoles con 1.150 positivos más que hace siete días.

De hecho, el balance facilitado por la Xunta no detalla los nuevos contagios que se registran en los centros educativos ni los alumnos afectados por cuarentenas, sino los casos que permanecen en activo y las aulas y centros cerrados por decisión de la autoridad sanitaria (no se recoge si es por iniciativa del equipo directivo de la escuela).

La evolución de los contagios obliga a mantener cerradas al menos 160 aulas, ocho escuelas infantiles y un centro de educación especial, el CEE Miño de Ourense, que cuenta con la menos cinco casos en sus instalaciones.

Una de ellas es el punto de atención a la infancia de Friol, con un positivo. El resto de centros clausurados son la escuela infantil municipal A Cañiza, el PAI de Riós, la Praia Xardín de Boiro, Pequenecos de Curtis, Unitaria de A Pobra de Trives, la municipal de Viveiro y la unitaria de Forcarei, esta última con un total de seis contagios.

A CORUÑA SUBE

Los centros más afectados se concentran, de nuevo, en la zona de A Coruña con un total de 948 positivos y al menos 37 unidades cerradas. De hecho, el área de sanitaria coruñesa cuenta con más contagios que los que había en todas las escuelas e institutos de Galicia al final del primer trimestre.

Arteixo, en concreto, cuenta con parte de los casos más graves de todo el sistema educativo gallego, especialmente el IES Manuel Murguía con una treintena de positivos, el CEIP de Arteixo con 23 positivos y seis aulas cerradas, el CEIP Ponte dos Brozos con 24 y 1 aula cerrada, y el CEIP de Galán, que pese a contar con 12 contagios ha clausurado al menos tres aulas en sus instalaciones.

Otros centros con cifras importantes de afectados son el privado La Grande Obra de Atocha con 25 positivos y un aula cerrada; el CPR Plurilingüe Liceo La Paz con 21; el CPR Plurilingüe Sagrado Corazón con 18 casos; el CPR Plurilingüe Santo Domingo con 13, el CIFP Ánxel Casal Monte Alto con 13; el CPR Plurilingüe Compañía de María con 15; el CPR Eiris con 18; o el IES Plurilingüe Eusebio da Guarda con 12, todos ellos en A Coruña.

En la misma ciudad, destacan el CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida con 13 positivos y el CPR Plurilingüe Salesiano San Juan Bosco con 14.

En A Laracha, el CEIP Ramón Otero Pedrayo registra 12 positivos y un aula cerrada; en Betanzos, el CEIP Francisco Vales Villamarín 11 positivos y 2 aulas cerradas; en Cambre, el CEIP Wenceslao Fernández Flórez, 11 positivos y un aula cerrada; en Coiros, la EEI de Coirós de Arriba 13 positivos y un aula cerrada; y en Sada, el CEIP Pedro Barrié de la Maza cuenta con 14 positivos y una unidad cerrada, entre otros

VIGO, LA SEGUNDA CON MÁS CASOS

La centros del área de Vigo suman, por su parte, un total de 622 positivos, 51 aulas cerradas y una escuela clausurada.

Entre ellos, el CPI da Cañiza con 21 casos y 1 aula cerrada, el CEIP Marquesa do Pazo da Mercé de As Neves con 12 casos y 1 unidad clausurada, el CEIP Fermín Bouza Brey de Ponteareas con 14 positivos y 2 aulas cerradas y el CPR Plurilingüe Santiago Apóstol con 15.

Asimismo, el IES Val do Tea registra 11 positivos y 1 unidad cerrada, el IES Mendiño de Redondela 13 positivos, el CPR Santa María de Tui 12 positivos y 2 aulas cerradas y el IES San Paio 13. En Vigo, por su parte, destaca el María Inmaculada con 15 positivos y una unidad clausurada.

El área sanitaria de Santiago registra este martes 503 positivos, 20 aulas y 1 centro cerrado. Los casos más importantes son el CPR Plurilingüe La Salle (16), el CPR Plurilingüe San José de Cluny (14), el IES Antón Fraguas con 22, y el CEIP Plurilingüe Monte dos Postes con 14 positivos y un aula cerrada.

Por su parte, el área sanitaria de Pontevedra asciende a 402 positivos, 19 aulas y 2 centros cerrados. Los más afectados son el CEIP de Viñas de Poio y el IES del mismo municipio con 17 y 16 casos, respectivamente.

Además, el CEIP Álvarez Limeses de Pondevedra suma 10 casos y 2 aulas cerradas, el CEIP Plurilingüe Cruceiro de Sanxenxo 24 positivos y 1 aula cerrada, y el CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro 11 positivos y dos aulas afectadas.

OURENSE, LUGO Y FERROL

El área sanitaria de Ourense registra 371 positivos, 18 aulas y 3 escuelas cerradas. Entre ellos destacan el IES de Allariz (20 contagios y un aula cerrada), el CPR Plurilingüe Santa María (13 y un aula cerrada) y el CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús (14), ambos de Ourense. En Xinzo da Limia, el CEIP Carlos Casares suma 15 positivos y 1 aula cerrada.

El área sanitaria de Lugo registra además 309 positivos, nueve unidades y dos centros cerrado, entre los que destaca el IES Río Cabe de Monforte de Lemos con 27, el IES María Sarmiento de Viveiro con 14.

El área sanitaria de Ferrol cierra el listado con 245 positivos y 16 aulas cerradas, entre ellos el IES de Fene con 12 positivos, el CIFP Ferrolterra con 11 y el CEIP Couceiro Freijomil de Pontedeume con 19 contagios y al menos 2 unidades cerradas.

La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, se ha plantado frente al "negacionismo" del Holocausto y ha asegurado el "compromiso firme" del Gobierno con leyes como la ley de Memoria Democrática y la ley de Igualdad de Trato.

"Sí, frente a quienes niegan, combaten y discuten tantas verdades que son tan necesarias para avanzar, ocurrió una masacre en toda línea en Europa contra judíos, gitanos, disidentes, antifascistas españoles, testigos de Jehová, contra aquellos que no cumplían un canon macabro de una definición de la propia humanidad que en sí misma es la antihumanidad", ha subrayado Calvo.

En este sentido, ha precisado que uno de los retos a los que se enfrenta el mundo en la actualidad "se inició negando la tragedia e ignominia que supuso el Holocausto". "Negar la verdad nos coloca en una zona de peligro extraordinario, a nuestra propia existencia, a las convenciones con que somos capaces de convivir y respetarnos", ha precisado.

Así lo ha expresado este miércoles durante su intervención en el Acto de Estado en el Senado en Memoria del Holocausto, para recordar a las víctimas del genocidio que tuvo lugar en Europa a manos de los nazis, que asesinaron a 6 millones de judíos, a cientos de miles de gitanos, a decenas de miles de personas con discapacidad, testigos de Jehová, homosexuales y a miles de republicanos españoles.

Cada 27 de enero se conmemora el Día Internacional en Memoria del Holocausto, coincidiendo con la fecha de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, de la que se cumplen ya 76 años.

Tras asegurar que hay actos como este que "no están en la agenda sino en la conciencia" y que este año de la pandemia, la obligación era "aún mayor", la vicepresidenta primera ha manifestado el "compromiso firme" del Gobierno con la defensa en todo momento de "los valores de la convivencia y la democracia".

Esto, según ha añadido, se materializa en las leyes y, por ello, ha puesto de relieve dos normas "de máxima importancia" que se dispone a aprobar el Ejecutivo: la de Memoria Democrática y la de Igualdad de Trato. "No hay más compromiso que las normas que nos damos por procedimiento democrático con la exigencia de su cumplimiento", ha destacado.

Calvo también ha agradecido a los diplomáticos que ayudaron a miles de judíos a escapar del Holocausto, como el español Ángel Sanz Briz. "Fueron sencillamente humanos y valientes", ha ensalzado. Y ha invitado a seguir manteniendo la "memoria viva" de lo que ocurrió porque "la desmemoria es una enfermedad pero el olvido es un delito contra ellos".

NO CAER EN EL OLVIDO

Por su parte, la presidenta del Senado, Pilar Llop, ha insistido en que "no se puede tolerar el negacionismo ni la distorsión del Holocausto" ni tampoco "caer en el olvido", para lo que ha destacado la importancia de transmitir las lecciones aprendidas a las nuevas generaciones.

"Nuestra obligación es permanecer alerta", ha asegurado Llop, al tiempo que ha advertido de que, aunque en la actualidad se cuentan con mejores mecanismos de control, "ninguna sociedad está completamente protegida de la sinrazón".

Por ello, ha subrayado la importancia de defenderse de "fenómenos pseudopolíticos, como el populismo y la polarización que crecen en las sociedades" y que le generan "mucha preocupación".

"El populismo es un río que esconde peligrosas corrientes que recorren Europa. Debemos rechazar contundentemente cualquier movimiento, idea, gesto, expresión xenófoba, racista, supremacista o negacionista de los derechos humanos, y aquellos movimientos o ideas que deslegitiman las instituciones democráticas", ha añadido.

También ha recordado el actual "drama de la crisis humanitaria" de miles de personas que huyen de la guerra, que sufren desplazamientos forzosos y conflictos, y que "merecen que su dignidad, sus derechos y su integración sean respetados por cada Estado".

ENSEÑAR EL HOLOCAUSTO EN LA ESO

En el Acto de Estado ha intervenido asimismo el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Isaac Benzaquén, quien ha pedido a todas las comunidades autónomas que incluyan la historia del pueblo judío y el Holocausto en el currículo de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) siguiendo el ejemplo de "la Comunidad de Madrid o Aragón".

Este estudio desde la escuela, según ha dicho, es importante ante el "recrudecimiento del antisemitismo". "En Europa siguen asesinando a judíos por el hecho de serlo y los actos antisemitas siguen creciendo", ha advertido.

En el caso de España, ha precisado que los colegios judíos y las sinagogas están protegidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha lamentado que "los cementerios judíos son profanados", como ocurrió recientemente en el de la comunidad judía de Madrid. Si bien, ha indicado que "estos actos execrables son obra de unos pocos fanáticos ajenos al sentir de la inmensa mayoría de la sociedad".

QUE EL PUEBLO GITANO NO SEA SILENCIADO

Por su parte, Henar Corbi ha leído unas palabras del director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Luis Fernández, en memoria de "los más de 500.000 gitanos muertos por la barbarie nazi" y ha pedido que "nunca más el pueblo gitano sea silenciado" y que reciba el "reconocimiento que le corresponde" no solo centrado en "aspectos asistenciales.

En recuerdo de los 10.000 republicanos españoles deportados y asesinados en campos de exterminio, ha intervenido la vicepresidenta de Amical Mauthausen y otros campos, Concepción Díaz Berzosa, quien ha alertado de que en la actualidad se observan "algunos de los elementos que produjeron el Holocausto" como los "movimientos neofascistas, partidos de extrema derecha, grupos que proclaman consignas negacionistas a todo y escupen barbaridades en las redes sociales" y que "han conseguido estar presentes en las instituciones políticas". "Estamos ante un viejo espectro", ha avisado.

En el acto, también han estado presentes, entre otros, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, el rabino de Madrid Moshé Bendahan, y el director del Centro Sefarad-Israel, Miguel de Lucas. Durante el mismo, se han encendido seis velas en memoria de las víctimas del Holocausto y se ha escuchado la melodía 'Eli, Eli', de David Zehavi para el poema de Hannah Szenes, y el 'Gelem, Gelem', himno tradicional gitano nacido en los campos de concentración.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca (USAL) ha aprobado por unanimidad la concesión de su "máxima distinción estatutaria" al colectivo sanitario, una Medalla de la Universidad que servirá de "reconocimiento" por la labor que está llevando a cabo durante la pandemia.

El rector de la institución académica, Ricardo Rivero, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado y ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias "todos los recursos" de la USAL para "lo que sea preciso" en la lucha contra la covid.

En este sentido, además de indicar que está "disponible" el Colegio Arzobispo Fonseca, como en la primera ola, ha puesto como ejemplo otros servicios que los sanitarios podrían precisar como dependencias, personal de laboratorios o nuevas tecnologías.

En cuanto a otros asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, Ricardo Rivero ha destacado también la aprobación del Plan Estratégico de la Universidad de Salamanca, que ahora tendrá que abordarse en el Consejo Social.

Sobre este documento, ha explicado que el equipo de Gobierno ha incorporado "modificaciones menores y técnicas" solicitadas por algunas personas "disconformes", antes de la aprobación en el Consejo de Gobierno, ya obtenida, y en el Consejo Social, que será el siguiente paso.

MEDALLA

La medalla de la universidad salmantina es el máximo galardón que concede la institución académica a personas y organizaciones a las que el estudio reconoce "una labor extraordinaria".

La última vez que la Universidad de Salamanca concedió este honor fue al catedrático emérito de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Elías Díaz García, en enero de 2019.

Antes que él también la obtuvieron, entre otros, el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el que fuera presidente del Consejo Social de la USAL, Salvador Sánchez-Terán, y Gloria Begué Cantón, primera catedrática y decana de la Universidad de Salamanca.

Entre las instituciones, algunas de las que cuentan con este galardón son la Cámara de Comercio de Salamanca, las universidades de San Marcos de Lima y Nacional Autónoma de México y el Parlamento Europeo.

La universidad tiene previsto organizar una ceremonia de entrega en marzo en el Colegio Fonseca, "uno de los edificios emblemáticos del estudio", que durante la primavera de 2020 se transformó en un espacio para la recuperación de los enfermos leves infectados por COVID-19.

La Comisión Europea ha instado a AstraZeneca a enviar a la UE dosis de su vacuna desde alguna de las dos plantas que la farmacéutica tiene en Reino Unido si ha registrado problemas de producción en una de las plantas que tiene dentro del bloque, en Bélgica y Alemania.

El Ejecutivo comunitario ha puntualizado que el contrato con la compañía prevé que las entregas a los Estados miembros se harán desde cuatro fábricas, de las cuales dos se encuentran en Reino Unido, una en Bélgica y la cuarta en Alemania.

"No hay jerarquía entre las plantas. En esos contratos hay cuatro plantas pero no diferencia entre las de Reino Unido y las de la UE. Las de Reino Unido son parte de nuestros acuerdos de compra anticipada", ha reiterado en una comparecencia de prensa la comisaria de Salud, Stella Kyriakudes.

La chipriota ha añadido que en el contrato no se especifica que "un país, o Reino Unido, tenga prioridad por haber firmado antes". "Contempla un calendario trimestral y si fuera el caso (que un país concreto tiene preferencia), AstraZeneca tendría que haberlo puesto en una cláusula", ha señalado.

Bruselas, ha insistido Kyriakides, rechaza la "lógica" de que "se sirve primero al que llega primero". "Puede funcionar en una carnicería de barrio, pero no en contratos y desde luego no en nuestros acuerdos de compras anticipadas", ha subrayado.

Además, la Comisión Europea ha invitado a AstraZeneca a publicar el contrato firmado entre ambas partes para la adquisición de hasta 400 millones de vacunas, puesto que entiende que su consejero delegado, Pascal Soriot, ya ha desvelado algunas de las cláusulas protegidas por confidencialidad en la entrevista que concedió este martes a varios medios europeos.

La vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford todavía no está autorizada en la UE, pero se espera que la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) pueda llegar este mismo viernes. La tensión entre Bruselas y la compañía ha ido en aumento desde que la semana pasada la segunda comunicara que el ritmo de las entregas a los Estados miembros será mucho menor del pactado por problemas en la producción de las dosis.

EXPLICACIONES INSUFICIENTES

Hasta ahora, AstraZeneca ha argumentado que el retraso en la entrega de dosis de su vacuna a los Estados miembros de la UE se debe a un peor "rendimiento" en una de las fábricas que tiene en la UE, una razón que Bruselas ve "inconsistente" porque da por seguro que la empresa tiene más vacunas en el resto de plantas, según han explicado fuentes comunitarias.

"No se nos ha dicho cuál es el problema real", critican las mismas fuentes, que apuntan incluso a "diferentes versiones" dentro del equipo de representantes de AstraZeneca que han mantenido conversaciones con la Comisión Europea. "No nos creemos que no tengan 'stock' (de vacunas) en las otras tres plantas", han enfatizado.

Las dos partes se reunirán de nuevo esta tarde a partir de las 18.30 horas y Bruselas espera que el grupo farmacéutico explique "con claridad" cómo piensa solucionar el problema y cumplir con el contrato.

De cara a dicho encuentro, Kyriakides ha instado a la farmacéutica a "involucrarse completamente, reconstruir la confianza, dar información completa y cumplir sus obligaciones contractuales, sociales y morales".

Aunque la comisaria no querido entrar en cifras concretas, fuentes de la Comisión señalan que AstraZeneca prevé entregar únicamente un cuarto de las dosis prometidas para todo el tercer trimestre, que alcanzaban una cantidad de "tres cifras". Esta reducción es "inaceptable" para Bruselas.

Lo que sí ha querido dejar claro Kyriakides es que Bruselas no prohibirá ni restringirá las exportaciones de vacunas desde la UE a terceros países, sino que el mecanismo que propondrá esta semana tendrá el objetivo de aportar "transparencia" y "claridad" con respecto a las dosis que son producidas en la UE y a quién se entregan.

Un 94,1% de los profesionales de distintas áreas relacionadas con la publicidad perciben cambios en los hábitos de consumo durante los primeros seis meses de 2020, según concluye el estudio 'Influencia de la publicidad en las actuales tendencias de consumo'.

La investigación ha sido presentada este miércoles por Sonia Díaz, socia en Estudio de Comunicación, y Miguel Ángel Corrales, presidente y editor de 'La Publicidad'. Ambas entidades han realizado este trabajo en base a las respuestas de 203 expertos en publicidad en medios, agencias y departamentos de empresas.

Según este estudio, el 50,8% de los profesionales que han observado cambios en los hábitos de compra opina que el principal es el trasvase del ámbito presencial al digital. Además, el 56,5% de los que han apreciado estos cambios cree que se deben a las circunstancias derivadas de la pandemia de la COVID-19 y que son "una tendencia imparable".

Los profesionales consultados en este estudio apuntan al 'branded content' programado en los medios digitales, tanto nativos como versiones 'online' de los convencionales, como el tipo de publicidad que más influye en las compras 'online'.

El informe señala que la publicidad en medios 'online', tanto nativos como versiones digitales de los convencionales, tiene mucha o bastante influencia en el consumo para un 94,3% de los entrevistados.

Respecto a los medios convencionales, la influencia de la publicidad en las compras 'online' es significativa (mucha o bastante) para un 71,4% de los entrevistados en la televisión, para un 54,7% en la radio, y para un 25,8% en la prensa impresa.

Por otro lado, la investigación destaca que todos los profesionales de las agencias de medios consideran mucha la influencia de la publicidad enfocada al e-comerce en medios digitales.

Los formatos de publicidad nativa branded content y content ads son los que mayor valoración tienen con un 83,4% y un 76%, respectivamente, sumando quienes valoran mucha y bastante influencia.

Además, el estilo emocional para la creatividad publicitaria es el que más convence al conjunto de los entrevistados (49,8%), seguido del informativo (17,7 %), y el 63,1% cree que es posible generar publicidad 'online' eficaz que no sea programática.

El fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, ha dimitido este miércoles tras conocerse que ha recibido la vacuna contra la Covid-19 antes de que fuera su turno. La fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, ha aceptado la renuncia al constatar el incumplimiento por su parte de lo dispuesto en la Estrategia de vacunación para la Covid-19 en España.

Cuesta alega para su renuncia, según comunicado de la Fiscalía General del Estado, "motivos personales". Pero, añaden, se ha constatado que ha incumplido con esa estrategia de vacunación que fue aprobada por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y ejecutada por las Comunidades y Ciudades Autónomas.

Por su parte, la Conselleria de Sanidad ha confirmado a Europa Press que ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la vacunación del hasta ahora fiscal jefe de Castellón, adelantada por elDiario.es.

José Luis Cuesta fue nombrado fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Castellón en noviembre de 2012, en sustitución de Javier Carceller, y fue reelegido en el cargo cinco años después, en enero de 2018.

Recientemente ha trascendido que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidió trasladar a la fiscal superior de la Comunitat Valenciana y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supuestas injerencias de Cuesta, denunciadas por la Junta Sectorial de Jueces de los Juzgados de Instrucción de Castellón.

Por su parte, la Comisión Permanente del CGPJ, en la sesión celebrada el 23 de julio de 2020, tomó conocimiento del acuerdo adoptado por el TSJCV en relación a la Junta de Jueces de Castellón, sin que haya trascendido si ha adoptado alguna decisión.

La renuncia de José Luis Cuesta es la segunda que se produce este miércoles en la Comunitat Valenciana por el mismo motivo, ya que la concejala de Sanidad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Dénia (Alicante), Cristina Morera (PSPV), ha comunicado que ha presentado su dimisión "irrevocable" después de hacerse público que se vacunó el pasado 12 de enero contra la Covid-19 por no "desperdiciar" la dosis.

LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN

Según esa estrategia de vacunación elaborada por el Ministerio de Sanidad en diciembre, se hacía imprescindible generar un sistema de priorización dado que el número de dosis en un primer momento no abarca a toda la población. Así, en el documento estratégico proponían un modelo mixto de criterios para esa priorización, teniendo en cuenta que existe igualdad en dignidad y derechos. "Todo ser humano, por el mero hecho de serlo, es igualmente digno y socialmente útil", decía el texto.

Y remarcaba que quedaban prohibidas establecer prioridades en el acceso a las vacunas basándose únicamente en características tales como raza, etnia, religión, sexo, edad, nacionalidad, origen, discapacidades, condición económica o social y otros.

En el baremo a la hora de decidir que los primeros en ser vacunados debían ser los ancianos en residencias y los sanitarios, se incluían principios como el de necesidad, equidad, protección de personas en situación de vulnerabilidad, beneficio social y reciprocidad.

También se tuvieron en cuenta criterios como el riesgo de morbilidad grave y mortalidad, el riesgo de exposición en entornos donde circula el virus, el riesgo de impacto social o económico negativo, o el riesgo de transmitir la infección a otros.

La Junta de Extremadura permitirá a partir de este viernes, 29 de enero, la apertura del comercio minorista, aunque únicamente de lunes a viernes en horario de 10,00 a 14,00 horas, mientras que mantiene cerrada la hostelería y los gimnasios.

Además, la comunidad autónoma también ha prorrogado el aislamiento perimetral de todos los municipios de Extremadura, así como el toque de queda a las 22,00 horas.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, en el que ha avanzado esta "cierta flexibilización" de las medidas para frenar contagios de coronavirus, aunque "en ningún caso" es una desescalada.

En su intervención, el titular extremeño de Sanidad ha resaltado que aunque la comunidad continúa en una "situación muy complicada" respecto a la incidencia del coronavirus, con 1.330 casos por cada 100.000 habitantes, los indicadores muestran "claramente que la tendencia está consolidándose a la baja".

Por tanto, se trata de "unas cifras preocupantes pero alentadoras", ha resaltado el consejero de Sanidad, quien ha señalado que esta "cierta flexibilización" de las medidas es "solo el comienzo de lo que puede ser el futuro" si continúa la tendencia a la baja de los contagios.

SOLO LOCALES ABIERTOS A LA CALLE

En cuanto a la apertura de tiendas a partir de este viernes, Vergeles ha explicado que inicialmente se permitirá un periodo de siete días, revisable en función de la evolución de los contagios, y la apertura deberá ser de 10,00 a 14,00 horas de lunes a viernes.

Así, podrán abrir los establecimientos de una superficie igual o menor a 400 metros cuadrados, y cuyo local esté abierto a la calle y no en un centro comercial, ya que en caso de que se generen colas en el local, ésta tenga apertura al exterior, ha explicado.

Ante esta apertura, la Junta ha recomendado por un lado a los clientes que vayan a comprar individualmente, no acompañados, y por otro, que los locales presten atención preferente a los mayores de 65 años por ser población vulnerable.

El aforo de estas tiendas que podrán abrir sus puertas no podrá ser superior al 30 por ciento de lo permitido, y en estos comercios se permitirá también, ha añadido Vergeles, la recogida de aquellos productos que se hayan comprado por vía telemática.

COCHES, MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS

Además, la Junta de Extremadura también permitirá a partir de este viernes la apertura de concesionarios de coches, tiendas de muebles o de electrodomésticos que tengan más de 400 metros cuadrados, y que podrán abrir también de 10,00 a 14,00 horas y de lunes a viernes, pero únicamente podrán recibir a un cliente, que deberá contar con cita previa.

Respecto a la actividad física, la Junta de Extremadura mantiene cerrados los gimnasios, aunque sí autoriza que "una persona, realizando deporte individual, entre la que se encuntra la caza deportiva, pueda desplazarse entre municipios para realizar esa actividad concreta.

Vergeles ha defendido que el ejercicio físico "tiene que ser un remedio no farmacológico para combatir las consecuencias de la fatiga pandémica", ha resaltado.

INCIDENCIA EN EXTREMADURA

En cuanto a los datos aportados por el consejero de Sanidad, Extremadura presenta este miércoles una incidencia de 1.330 casos por 100.000 habitantes a los 14 días, y de 563 casos a los 7 días, que están "por encima de la media española", pero "con una tendencia de aplanamiento de la curva o de descenso, que es más pronunciado a la incidencia a los 7 días".

Además, de las alrededor de 6.200 pruebas de infección por coronavirus que se realizaron este pasado martes en Extremadura, el 11,8 por ciento fueron positivas, una tasa "bastante más baja que los días anteriores".

Esta tendencia de "aplanamiento" de la curva de contagios viene a corroborar, a juicio de Vergeles, que la implantación de las "medidas más drásticas" en la región hace unas semanas, como el cierre de comercio y hostelería o adelanto del toque de queda a las 22,00, "han dado un resultado que juntos, la sociedad con el gobierno estamos siendo capaces de ir descendiendo en las cifras de incidencia".

Unas cifras de incidencia que "todavía están muy altas", ha recordado el titular de Sanidad, quien ha reiterado que Extremadura está "en una situación muy complicada", por lo que es necesario "seguir haciendo todos los esfuerzos colectivos para seguir disminuyendo las cifras".

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha informado este miércoles que la Junta está realizando un "seguimiento continuo de la evolución" del enjambre sísmico que afecta a Granada y su área metropolitana, por si hiciera falta activar la fase de emergencia de su Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico, ahora mismo en preemergencia, ya que, conforme a datos de los expertos, la serie de terremotos se puede prolongar en el tiempo.

En una visita el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 en la provincia de Granada, Bendodo, que también ha estado en el Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, ha seguido de primera mano las intervenciones que se están llevando a cabo en relación a la serie de sismos que se están produciendo en la zona de la Vega granadina.

Bendodo, que ha dicho entender "el miedo y la incertidumbre general" de los granadinos en un momento como el actual, ha manifestado que "Andalucía está preparada para gestionar estas contingencias porque tenemos unos servicios de emergencias a la vanguardia del país que garantizan la seguridad e intervención en todo momento con unos protocolos específicos".

"Desde el Gobierno andaluz tenemos el compromiso de colaborar con todas las administraciones", ha añadido el consejero, "y estamos cerca de todos los afectados en la evaluación de los daños por si fuera necesario cualquier tipo de actuación".

Los tres movimientos sísmicos registrados esta madrugada con una magnitud superior a 4 en la escala Richter y sus más de 30 réplicas de menor intensidad en el área de Santa Fe, Atarfe, Chauchina y Cúllar Vega han generado más de 500 llamadas al 112 desde seis provincias de Andalucía y 40 municipios distintos. En total, el centro de coordinación de emergencias de la Junta ha gestionado más de 700 avisos desde que se inició el pasado sábado la actual serie sísmica.

El titular de Interior ha resaltado que el Ejecutivo andaluz mantiene permanentemente "una vigilancia estrecha" de este fenómeno, por lo que ha anunciado un refuerzo de las salas de coordinación de emergencias del 112. También se ha intensificado la habitual coordinación con la Subdelegación del Gobierno y los municipios de la zona afectada por los sismos.

Bendodo ha agradecido "el comportamiento ejemplar de la población" ante la serie de terremotos registrados en la provincia granadina y ha pedido a los ciudadanos que "atiendan a los canales oficiales de emergencias y no hagan caso de los numerosos bulos que se están divulgando en las redes sociales".

Además, ha transmitido "tranquilidad, calma y ánimo a todos los habitantes de la zona afectada por el miedo y la incertidumbre que están viviendo estos días, porque tengo la certeza de que juntos vamos a superar esta adversidad".

INCIDENCIAS EN MUNICIPIOS

Entre los daños materiales que han provocado los seísmos producidos en estas últimas horas en la provincia de Granada se ha procedido a la evacuación preventiva del instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de las Nieves de Granada capital, junto con la inspección de grietas registradas en domicilios de la calle Ronda de Belén de Santa Fe y en la calle Tinar de Albolote.

Además, se ha recibido un aviso por la caída de cascotes a un patio en la calle Aretusa de Granada capital y también se ha requerido la actuación de bomberos en la revisión de una fachada de la calle Mercurio de Maracena, donde, de manera preventiva, se ha evacuado a los vecinos hasta que concluya la revisión técnica del inmueble sin que haya constancia de daños personales en ninguna de estas incidencias.

El servicio de extinción de incendios y los técnicos trabajan también en la evaluación de daños por grietas en dos chimeneas en dos casas de Atarfe, grietas en un piso de la Plaza del Realejo de Granada y en una fachada de un inmueble de la calle Rosa de Luxemburgo de Santa Fe.

La concatenación de estos movimientos sísmicos ha motivado el paso a fase de preemergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada por parte del delegado provincial del Gobierno de la Junta, Pablo García, a las 23,30 horas del pasado martes.

En esta fase los fenómenos sísmicos se producen sin ocasionar víctimas ni daños materiales relevantes, por lo que, desde un punto de vista operativo, el nivel se caracteriza por el seguimiento instrumental y el estudio de dichos fenómenos, así como por el consiguiente proceso de información a los órganos y autoridades competentes en materia de Protección Civil y a la población general.

TERREMOTOS SUPERFICIALES

Desde el mes de diciembre del pasado año se están registrando una serie de terremotos superficiales al noroeste de la ciudad de Granada en el entorno de las localidades de Atarfe, Pinos Puente y Santa Fe. Se trata de terremotos superficiales con una profundidad menor de diez kilómetros, y con magnitudes, en su mayoría, inferiores a 2,5.

Según el Instituto Andaluz de Geofísica, la actividad sísmica en la depresión de Granada responde a la relajación de la deformación acumulada por la tectónica de la zona y suele caracterizarse por series sísmicas (sucesión de eventos sísmicos relacionados espacial y temporalmente). La serie se ha reactivado a finales de enero de 2021 y el día 23 se registró un terremoto con magnitud de 4,4 al noroeste de Santa Fe que, igual que el de esta noche fue sentido en numerosas poblaciones y con algunos daños, aunque ninguno de carácter estructural y una persona herida de carácter leve.

Con el consejero, han estado en la visita al 112 Andalucía, entre otros, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, el alcalde de Granada, Luis Salvador, y la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, que ha mandado un mensaje de "solidaridad" a la población que ha dormido fuera de casa por miedo a los seísmos, y ha resaltado la coordinación entre administraciones.

El Tribunal de Cuentas denuncia en un Informe que un significativo número de ayuntamientos no suspendieron, ni total ni parcialmente, los contratos de servicios de limpieza y de vigilancia y seguridad privada a pesar de que muchas de las instalaciones o dependencias estuvieron cerradas durante la vigencia del primer estado de alarma.

Así se recoge en el Informe de Fiscalización de los contratos de servicios de limpieza y de vigilancia privada celebrados por las entidades locales de aquellas Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio, es decir, de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la Región de Murcia.

Según se desprende de este informe, muchos ayuntamientos de estas regiones no suspendieron estos contratos pese a referirse a instlaciones como las escuelas infantiles, colegios públicos, palacio de exposiciones, museos, etc.

Esto evidencia, según el Informe, "una gestión indebida" de los recursos por parte de la Administración contratante al continuar destinando gasto público a actuaciones carentes de utilidad sobre edificios fuera de uso a pesar de disponer de la posibilidad legal de suspender los correspondientes contratos, "con el consiguiente ahorro para el presupuesto de la entidad local".

PROLONGACIONES IRREGULARES DE LOS CONTRATOS

De otro modo, el Informe también destaca que muchos ayuntamientos también están realizando una "prolongación irregular" de la ejecución del contrato, mediante la continuación de la prestación del servicio, así como a su abono conforme a los precios estipulados en el contrato ya extinguido.

Por otra parte, advierten que, en más de la mitad de los contratos examinados, se ha observado que no se han valorado las repercusiones y efectos en el cumplimiento por la entidad local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Además, en lo que respecta a la fase de ejecución, el Informe dice que en un elevado número de contratos no se nombró un responsable del contrato que permitiera ejercer una mayor diligencia en la vigilancia y control de la ejecución del servicio, para que se cumplieran las condiciones y los plazos establecidos en el contrato.

RECOMENDACIONES

Por todo ello, el Informe termina con una serie de recomendaciones a estas entidades locales, tales como establecer mecanismos de planificación y gestión de su actividad contractual que permitan concluir la tramitación y adjudicación de sus contratos con la debida antelación, evitando situaciones de contratación irregular.

También recomiendan dotarse de los procedimientos adecuados para cuantificar el presupuesto de licitación y el valor estimado de los contratos y su adecuación al precio general de mercado a partir de una correcta estimación de los costes directos e indirectos, y definir indicadores adecuados para la valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor que salvaguarden los principios de publicidad, transparencia y objetividad, informadores de la contratación pública.

Andalucía suma este miércoles 27 de enero 6.625 casos de coronavirus, la cifra más alta que lo que va de semana y superior a los 5.922 positivos de hace siete días, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 85 muertes, tres más que la víspera y 24 más que el miércoles pasado.

La comunidad alcanza una tasa de incidencia de casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días de 915,3, cifra que es 5,4 puntos superior a los 909,4 del martes --jornada en la que bajó la tasa por primera vez desde diciembre-- y 241 puntos más que la del miércoles pasado (674,3).

Los 85 fallecidos de esta jornada suponen la mayor cifra de decesos desde el sábado cuando perecieron 88 personas. El martes murieron 82, el lunes 45 y el domingo 25.

Cádiz es la provincia que suma más muertes, con 21, seguida de Sevilla con 15, Málaga con 13, Almería con doce, Granada con nueve, Córdoba con siete, Huelva con cinco y Jaén con tres.

En cuanto a los positivos, los 6.625 de esta jornada son superiores a los 4.751 de la víspera y a los 5.922 del miércoles pasado. Entre medias, se han sumado 4.496 el lunes, 7.070 el domingo, 7.757 el sábado, 7.816 el viernes --mayor cifra diaria de toda la pandemia-- y 7.409 el jueves.

Málaga es la provincia que más positivos suma, con 1.371, seguida de Sevilla con 1.305 y Cádiz con 1.234. El resto de provincias suman menos del millar con 780 en Granada, 609 en Córdoba, 539 en Almería, 441 en Huelva y 347 en Jaén.

MÁS DE 600 PACIENTES EN UCI

Los pacientes ingresados en los hospitales andaluces por Covid-19 suman su vigésimo quinta jornada consecutiva de subidas hasta los 4.268, 149 más que el martes, mientras que los pacientes que se encuentran se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) son 606, 36 más que en la víspera.

Por provincias, Málaga continúa como la provincia con más hospitalizados con 891 y 95 de ellos en UCI, seguida por Cádiz con 805 y 92 en UCI, Sevilla con 729 y 99 en UCI, Granada con 551 y 106 en UCI --mayor cifra de pacientes en UCI--, Córdoba con 373 y 71 en UCI, Almería con 391 y 83 en UCI, Jaén con 292 y 38 en UCI y Huelva con 245 y 22 en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 377.395 casos confirmados --6.625 en 24 horas-- y ha alcanzado las 6.135 muertes tras sumar 85. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 27.941, 426 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 2.719, tras sumar 37 en la última jornada, y el número de curados es de 252.678 después de sumar 1.649.

CÁDIZ REGISTRA 21 MUERTES

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 6.135 fallecidos desde el inicio de la pandemia --85 más--, Sevilla con 1.292 se mantiene como la provincia con más muertes --15 más--, seguida por Granada con 1.189 --nueve más--, Málaga con 950 --13 más--, Jaén con 708 --tres más--, Cádiz con 798 --21 más--, Córdoba con 632 --siete más--, Almería con 400 --12 más-- y Huelva con 166 --cinco más--.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 377.395 desde el inicio de la pandemia --6.625 más--, liderados por Sevilla con 79.764 casos --1.305 más--, seguida de Málaga con 63.584 --1.371 más--, Granada con 58.676 casos --780 más--, Cádiz con 51.288 --1.234 más--, Córdoba con 36.353 --609 más--, Jaén con 34.675 --347 más--, Almería con 33.916 --539 más-- y Huelva con 19.139 --440 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 27.941 --426 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 6.059 --86 más--, seguida por Granada con 4.766 --57 más--, Málaga con 5.265 --101 más--, Jaén con 3.120 --63 más--, Córdoba con 2.885 --41 más--, Cádiz con 2.757 --17 más--, Almería con 2.030 --48 más-- y Huelva con 1.059 --13 más--.

De ellos, 2.719 han pasado por la UCI en Andalucía --37 más en 24 horas--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 579 --tres más--, seguida de Granada con 487 --siete más--, Málaga con 401 --tres más--, Córdoba con 324 --seis más--, Cádiz con 306 --cuatro más--, Almería con 301 --once más--, Jaén con 263 --tres más-- y Huelva con 58.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 252.678 en toda la región, 1.649 más que en la víspera, con Sevilla a la cabeza con 57.415 --248 más--, seguida de Granada con 44.773 --204 más--, Málaga con 38.926 --267 más--, Cádiz con 29.562 --278 más--, Jaén con 25.374 --196 más--, Córdoba con 24.658 --152 más--, Almería con 21.034 --276 más-- y Huelva con 10.936 --28 más--.

POR ENCIMA DE MIL LA TASA DE ALMERÍA Y HUELVA

Según los datos consultados en el IECA, la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 915,3 casos por cada 100.000 habitantes, con Almería a la cabeza con 1.197,1. Detrás se sitúan Huelva con 1.047,7; Cádiz con 998,8; Málaga con 995; Córdoba con 920,5; Granada con 860,7 ; Jaén con 837,8 y Sevilla con 704,5.

El PSOE y Unidas Podemos han mantenido este miércoles una reunión para "coordinar su acción conjunta" en el nuevo periodo de sesiones que está a punto de arrancar; un encuentro en el que han participado tanto miembros del Gobierno como los portavoz parlamentarios, y que llega tras semanas de desencuentros entre las dos formaciones que forman el Gobierno de coalición.

Según fuentes del PSOE y Unidas Podemos, en la reunión han participado, en representación de los socialistas, la portavoz parlamentaria y vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra; la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero; el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños; y el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas.

Por parte de Unidas Podemos estaban la ministra de Igualdad y 'número dos' de Podemos, Irene Montero; la secretaria de Estado para Agenda 2030, Ione Belarra; el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique; el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez; el presidente del grupo parlamentario y dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens; y el portavoz adjunto en el Congreso y representante de IU, Enrique Santiago.

En concreto, las dos formaciones han analizado este miércoles "el horizonte legislativo conjunto y subrayado el compromiso compartido de hacer de 2021 el año de la recuperación y la confianza". También han coincidido en que "la respuesta la emergencia sanitaria y la reducción del impacto social y económico de la pandemia" son sus "prioridades inmediatas".

"EN PARALELO, AMBAS FORMACIONES SUMAN SU TRABAJO AL GOBIERNO"

Asimismo, han querido aprovechar para dejar claro que "en paralelo, ambas formaciones suman su trabajo al Gobierno para impulsar los objetivos y compromisos en relación con los cuatro grandes ejes de transformación: la transición ecológica, la digitalización de la economía, la igualdad de derechos reales de mujeres y hombres, y la cohesión social y territorial".

Los dos partidos que comparten el Gobierno han protagonizado en las últimas semanas algunos importantes desencuentros, por ejemplo, a cuenta de la reforma de las pensiones en la que trabaja el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y que los 'morados' se han enorgullecido de haber corregido para evitar que supusiera, a su recorte para los pensionistas.

El debate sobre la subida del SMI, que finalmente ha quedado congelado por ahora, en contra de lo que querían los 'morados', o el nuevo rechazo del PSOE a investigar al Rey emérito en el Congreso, como defiende la formación de vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha generado también tensiones recientemente en ambos sectores del Ejecutivo.

LA MARCHA DE ILLA O LA REFORMA DE LAS PENSIONES, ÚLTIMAS POLÉMICAS

El modo en el que el ya exministro de Sanidad Salvador Illa ha dejado el Gobierno para encabezar la candidatura del PSC en las elecciones catalanas del 14 de febrero, sin comparecer por última vez en el Congreso y en plena tercera ola del coronavirus, tampoco ha sentado bien a Unida Podemos, que se enfrentará al PSOE en esos comicios dentro de En Comú Podem.

Por su parte, los socialistas ya han mostrado en numerosas ocasiones su malestar por la costumbre de Unidas Podemos de hacer públicas sus discrepancias para presionar al PSOE en los debates que se estén desarrollando dentro del Consejo de Ministros, como ocurrió, por ejemplo, con la mencionada reforma de las pensiones o las políticas relativas a vivienda, alquileres y paralización de desahucios.

INICIATIVAS POR SU CUENTA Y ENFRENTADAS EN EL CONGRESO

A este respecto, Unidas Podemos llegó a presentar incluso una enmienda por su cuenta a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 del Gobierno del que forma parte para platear esa paralización de los desahucios, generando un gran enfado en las filas socialistas. El Grupo Socialista llegó a acusar a los 'morados' de incumplir el protocolo de funcionamiento y coordinación que firmaron cuando se conformó el Gobierno de coalición hace un año.

Y la semana pasada, el PSOE registró en solitario una proposición de ley de igualdad de trato, argumentando que llevaban trabajando en ella durante años y que se había pactado delegar este asunto en los grupos parlamentarios, a pesar de que Unidas Podemos denunció después que el Ministerio de Igualdad de Montero ya estaba trabajando en esta cuestión e hizo público su malestar.

En ese protocolo de funcionamiento y coordinación el PSOE y Unidas Podemos acordaron, de hecho, la creación un órgano para dirimir sus discrepancias, la llamada 'Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo', y también otra a nivel parlamentario. No obstante, estos órganos a penas se han reunido como tal en este primer año del Gobierno de coalición o, al menos, no hay constancia de ello.

Ambas formaciones argumentan, siempre que se les pregunta al respecto, que el contacto entre los portavoces parlamentarios, o entre los miembros del Gobierno --empezando por el presidente Sánchez y su vicepresidente segundo Iglesias-- es "constante", según fuentes.

En la reunión que han mantenido este miércoles el PSOE y Unidas Podemos, las fuentes consultadas aseguran que los dos partidos han repasado el "trabajo de colaboración realizado en el primer año de coalición progresista", que ha estado, a su juicio, centrado en la respuesta a la emergencia sanitaria de la COVID-19 y la reducción del impacto social y económico de la pandemia.

La Policía Nacional en colaboración con la Inspección de Trabajo, en el marco de la operación 'Minguela', ha detenido a tres personas pertenecientes a un clan familiar como presuntas autoras de los delitos de fraude a la Seguridad Social, falsedad documental y estafa por valor de unos 800.000 euros.

La investigación, culminada este pasado día 22 de enero, se inició en el mes de agosto del año pasado fruto de la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y otros organismos públicos y se centró en un clan familiar, el matrimonio y su hijo mayor de edad--era mero intermediarios--que a través de la figura de un empresario individual autónomo proporcionaba a los agricultores de la provincia de Valladolid mano de obra para el campo.

Los trabajadores eran dados de alta en la Seguridad Social, si bien nunca se abonaban las cuotas estipuladas para tal efecto, por lo que el beneficio neto del autónomo intermediario es del cien por cien, entregando a estos jornaleros un salario mísero por jornadas maratonianas.

'MODUS OPERANDI'

Este grupo comienza su andadura empresarial en el año 2013, con la creación de la primera de diez sociedades dedicadas a la actividad de apoyo a la agricultura.

En su inicio, las empresas individuales figuran a nombre de los dos cabecillas. Cuando la deuda generada por ambos es muy elevada y comenzaban a recibir requerimientos de pago, creaban un entramado de empresas a nombre de allegados o familiares.

Estos nuevos empresarios en realidad ocupan la figura de falsos autónomos (testaferros). La empresa individual desarrollaba la misma actividad, mismos clientes, domicilios y responsables.

Era el matrimonio el que dirigía la actividad, contratando agricultores, cobrando salarios y organizando el trabajo. Los integrantes de la pareja eran reconocidos como 'jefes', aunque legalmente no figuren como tales. Mientras, el testaferro sigue faenando la tierra como hasta el momento.

Con este 'modus operandi' crearon un total de diez empresas que les permitía mantener su actividad hasta la actualidad; las mismas se forman sucesivamente en cascada y había un trasvase evidente de trabajadores entre todas ellas.

Al generar una abultada deuda se abre la siguiente, consiguiendo así una nueva empresa 'limpia' con la que continuar la actividad empresarial.

La deuda generada, casi 800.000 euros, englobaba también las cuotas de autónomos de los nuevos empresarios, las cuales no eran cubiertas.

Los cabecillas también se daban de alta como empleados de sus propios testaferros para generar una vida laboral inexistente y solicitar prestaciones públicas por desempleo, detectándose el cobro de más de 40.000 euros entre ambos.

En el último año y siendo conscientes del volumen del entramado creado, entró en juego el hijo de ambos, quien ocupaba también la figura de testaferro, si bien se mantuvo al corriente de pago, de este modo compaginaban una empresa con deuda con otra 'limpia' para asegurarse poder presentar certificados sin deuda en todo momento.

La operación ha sido realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en colaboración con la Inspección de Trabajo.

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha asegurado este miércoles que "la vacunación masiva" que se ha realizado en el hospital bilbaíno de Santa Marina fue el resultado de "un error y una descoordinación". Además, ha asegurado que un total de 11.360 profesionales sanitarios se han inoculado en Euskadi la vacuna y, salvo "en muy pocos casos", se han cumplido los criterios establecidos.

Sagardui ha informado en comisión parlamentaria que en el hospital de Santa Marina, además de su director gerente, José Luis Sabas, que tenido que abandonar su cargo, también fueron vacunados contra la covid-19 cuando no les correspondían, otros directivos y 16 personas no adscritas al centro, como cuatro representantes sindicales, otras cuatro personas de servicios religiosos o cuatro más de personal que explota la cafetería, entre otros.

La consejera ha comparecido ante el Parlamento Vasco para informar de la investigación realizada en torno a la vacunación irregular detectada en los hospitales bilbaínos de Basurto y Santa Marina de sus gerentes, Eduardo Maiz y José Luis Sabas, que se vieron obligados a dejar sus puestos.

Gotzone Sagardui ha indicado que, a estas alturas de la pandemia, "si hay algo que la sociedad vasca sabe, es el orden de preferencia de las personas destinatarias de las vacunas: personas mayores en residencias, el personal que las atiende y, después, el personal médico que atiende a personas con o sin covid en centros sanitarios".

En este sentido, ha destacado que el personal directivo que no atiende personalmente a pacientes "no aparecen en esta lista". Tal como ha explicado, de las 51.945 vacunas administradas, 11.360 han sido destinadas a personal sanitario y se han inoculado "cumpliendo los criterios establecidos, salvo en muy pocos casos".

La titular de Salud ha subrayado que el Departamento de Salud y Osakidetza, "en cuanto tuvieron conocimiento de un incumplimiento en los criterios de vacunación, actuaron con celeridad, solicitando a las personas en cuestión que asumieran su responsabilidad. "En pocas horas estas personas estaban fuera de la organización", ha recordado.

A su juicio, "la vacunación masiva en Santa Marina fue un error, una descoordinación" de la que se sienten responsables en la Consejería y en el Servicio Vasco de Salud. "Yo la primera. Desde uno y otro lado estábamos hablando de cosas diferentes. Esto ha tenido dos consecuencias: una, la descompensación en esta fase inicial en la administración de vacunas entre personal a favor de Santa Marina, algo que se corregirá en poco tiempo", ha indicado.

REFUERZO DE LA COORDINACIÓN

En segundo lugar, ha remarcado que "ha reforzado los circuitos de información y coordinación para lograr que el proceso de vacunación en Osakidetza sea, de aquí en adelante, lo más homogéneo y adecuado a los criterios de prioridad que sea posible".

"Seguimos atentas a lo que ocurre en el proceso de vacunación por si hubiera alguna administración inadecuada. Para nosotras era importante venir cuanto antes al Parlamento para dar cuenta de lo ocurrido y el resultado de la recogida de información que hemos realizado", ha añadido.

Según ha insistido, quienes ostentan un cargo público asumen "una responsabilidad para con la sociedad" y se les exige "ejemplaridad" a la hora de realizar su labor. "Esta personas, en este momento y en el contexto en el que nos encontramos, no lo han sido. Esta y no otra es la razón de que ya no ocupen sus puestos", ha concluido.

Las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Asturias, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), han finalizado los trabajos de campo del primer censo genético de oso pardo cantábrico, y en el que se han recogido 914 muestras en los muestreos llevados a cabo en la región castellanoleoneses.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión telemática que han mantenido este miércoles el grupo de trabajo del oso cantábrico

En Castilla y León, el trabajo de campo ha supuesto la implicación durante cuatro meses de más de 150 personas, entre ingenieros forestales, de montes, biólogos, agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y patrullas oso de la Junta, con la colaboración de la Fundación Oso Pardo, que han recorrido más de 4.500 kilómetros de 26 comarcas forestales de las provincias de Zamora, León, Palencia y Burgos.

Respecto del número de cuadrículas muestreadas, de las 292 cuadrículas prospectadas, en 136 se han recogido indicios de presencia de oso pardo, con 69 cuadrículas con presencia en la subpoblación occidental y 67 cuadrículas en la subpoblación oriental.

Con todo ello, la superficie final muestreada ha sido de 730.000 hectáreas, con más de 4.500 kilómetros realizados a pie en su práctica totalidad, para un resultado final, en Castilla y León, de 914 muestras recogidas (620 excrementos y 294 muestras de pelo).

Todas las muestras recogidas en Castilla y León ya se han remitido a la Universidad Autónoma de Barcelona, que procederá a la individualización genética mediante técnicas genómicas basadas en SNPs.

Del mismo modo, la información cartográfica asociada a los trabajos de campo ha sido remitida al Instituto de Recursos Cinegéticos IREC-CSIC para el tratamiento de datos y el análisis de la estima poblacional.

En una segunda fase, y como una de las importantes novedades de la técnica utilizada, gracias a la individualización genética mediante SNPs, se avanzará por parte del IBE-CSIC en un estudio de conectividad y parentesco aprovechando los SNPs obtenidos para el análisis previo de la individualización genética.

De forma complementaria a la estima poblacional mediante técnicas genómicas, desde la Junta de Castilla y León se considera especialmente relevante conocer las relaciones de parentesco y conectividad, así como el nivel de endogamia de los distintos especímenes de la población cantábrica, máxime teniendo en cuenta el reciente intercambio de ejemplares entre las subpoblaciones oriental y occidental de la Cordillera Cantábrica.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) está ultimando su barómetro correspondiente a este mes de enero, cuyo trabajo de campo se realizó en las primeras semanas de ese año, coincidiendo con el avance de la tercera ola del coronavirus tras las Navidades, con el paso de la borrasca de frío y nieve 'Filomena' y tras conocerse que el ya exministro de Sanidad Salvador Illa dejaría el ministerio para encabezar la candidatura del PSC en las elecciones catalanas.

Precisamente, este primer barómetro mensual del año se va a presentar más tarde de lo habitual porque el CIS ha tenido que dedicar también sus esfuerzos a su tercer estudio sobre los de efectos del coronavirus, presentado a principios de enero, y a la encuesta preelectoral sobre los comicios catalanes que hizo pública la semana pasada.

El contexto de las entrevistas del barómetro está marcado por la tercera ola del coronavirus. Tras las fiestas navideñas se produjo un fuerte incremento de los contagios y se empezaron a detectar cada vez más casos relacionados con la cepa detectada en diciembre en Reino Unido, lo que llevó a algunas comunidades a aprobar nuevas restricciones, mientras varios expertos abogaban por un nuevo confinamiento domiciliario. Desde la oposición se instaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a acudir al Congreso para endurecer las medidas del vigente estado de alarma.

En el plano político, vista la evolución de la pandemia, el 15 de enero se acordó el aplazamiento de las elecciones catalanas al 30 de mayo, aunque después el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad dejó en suspenso el aplazamiento y apostó por mantener la fecha del 14 de febrero.

PSOE Y UP CERRARON 2020 A LA BAJA

El último estudio con intención de voto, el barómetro presentado el 21 de diciembre, mantenía al PSOE como el partido con más respaldo electoral, pero tanto los socialistas como sus socios de Unidas Podemos cosecharon entonces su peor dato en el CIS desde las generales de noviembre de 2019, hasta el punto de que por primera vez fueron superados por la suma del PP, Vox y Ciudadanos, los tres en alza.

En concreto, la encuesta calculaba para el PSOE un respaldo del 29,5, lo que le permitía seguir en cabeza. Pero su tendencia era a la baja pues perdía casi un punto respecto a noviembre, cumplía cinco meses cayendo y por primera vez en el año pasado caía por debajo 30%. Aun así, se mantenía por encima del 28% que logró el 10N.

También continuaba en caída Unidas Podemos, que bajaba seis décimas en un mes y se anotaba un 10,8%, su cota más baja en las encuestas del CIS de los últimos tiempos, incluso por debajo del 12,8% que sumó en las últimas.

Juntos, los partidos del Gobierno de coalición alcanzaban el 40,3% y, por primera vez en la legislatura, eran superados por la suma de PP, Vox y Cs, que en diciembre reunían el 43,7%.

En concreto, el PP subía seis décimas en un mes hasta recabar el 19,2% de apoyo, su mejor dato desde julio pero aún por debajo del 20,8 que logró en las urnas; Vox también ascendía ocho décimas tras el debate de su moción de censura y cerraba el año en 14%, sólo un punto por debajo de su dato de las generales; y Ciudadanos, también se mostraba al alza anotándose un 10,5% y amenazando la cuarta plaza de Unidas Podemos.

Los usuarios de residencias con Covid-19 en Galicia han descendido ligeramente hasta los 445 tras detectarse una treintena de contagios con respecto a la jornada anterior --entre ellos 13 en una residencia de Teo (La Coruña) y siete en otra en Boborás (Orense)--, pero recibir el alta más de una treintena de residentes también.

Según los datos actualizados este miércoles por las consellerías de Sanidade y Política Social, además se han detectado positivos entre cuatro usuarios de la residencia DomusViCarballo; otros dos de la DomusVi Laraxe en Cabanas; tres en la Residencia O Casón de Moeche; tres en la Residencia de Maiores de Bande, tres en la San José de Ourense y uno en la Quercus de Leiro.

Por contra, han negativizado 20 usuarios de la DomusVi Ribeira; siete de Mi Casa de Pazos de Borbén; uno de la DomusVi Carballo, dos de la DomusVi Vimianzo; otros dos de la Residencia San José de Arzúa, otro de la Residencia de Vilardevós, y otros de la Residencias Las Angélicas.

De este modo, entre los centros con más casos de Covid entre sus usuarios destacan la Residencia DomusVi Carballo, con 76; la Quercus de Leiro, con 70; la Nosa Señora do Carme de Sarria, con 50; la Residencia Fogar Santa María de Verín, con 26; la Residencia Paz y Bien de Tui, con 22; Mi Casa de Pazos de Borbén, con 19; la Residencia de Bande, con 16; la Residencia de Ribeira, con 15; la San Simón de Teo, con 14; la San José de Arzúa y la DomusVi Vimianzo, con 13 cada una; la Residencia da Pastoriza, con 12; Virxe da Clamadoira y Residencia de Vilardevós, con 11 en cada caso; y la San Bartolomeu de Xove, con 10.

A estos centros se suma casi una veintena de residencias con menos de una decena de casos de Covid-19 entre sus usuarios. Las mismas fuentes de la Xunta han puntualizado, además, que del listado se retira un usuario contagiado del Fogar Residencial de Cercedo al tratarse de una persona contagiada en el hospital "sin llegar nunca a pisar el centro después del contagio".

TRABAJADORES

Por su parte, los trabajadores de residencias contagiados aumentan ligeramente a 242 tras detectarse once nuevos positivos y seis altas por negativizar con respecto a la última jornada.

En concreto, han dado positivo dos trabajadores del Cas A Zapateira de Culleredo; otros dos de la DomusVi Laraxe de Cabanas, dos del Fogar Residencial Blanco Amor; dos de la Residencia Quercus de Leiro y uno --en cada caso-- en la DomusVi Carballo, DomusVi Monforte y Ballesol de Poio.

Mientras, salen del listado por negativizar dos trabajadores de la Ballesol Coruña de Oleiros, uno de la DomusVi Ferrol, uno de la Bellavista Care de Nigrán, otro de la Ballesol Vigo y otro de la Residencia Las Angélicas.

De este modo, entre los centros con más casos de Covid entre su personal se incluye la DomusVi Carballo, con 30; la Residencia da Pastoriza, con 23; la Residencia Paz y Bien en Tui, con 21; la Quercus de Leiro, con 17; la DomusVi Vimianzo, con 13; el Fogar Santa María de Verín, con 11; y la San José de Arzúa y San Bartolomeu de Xove, con 10 cada una. A estas se suma más de un centenar con menos de una decena de casos.

CENTROS CON DISCAPACIDAD

Por su parte, en los centros de atención a la discapacidad (CAPD) de Galicia se mantien en 97 los usuarios contagiados. De este modo, la Residencia Adultos Pai Menni de Betanzos registra 53 positivos; la Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey de Crecente, 41; a los que se suman uno en la Residencia do Imserso en Bergongo, otro en la DomusVi Bóveda y otro en la Ricardo Baró de Oleiros.

En cuanto a los trabajadores de estos centros, se mantienen sin cambios en 43 los contagiados. De este modo, hay 21 trabajadores contagiados en la Pai Menni de Betazos; 10 en Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey de Crecente; tres en la Residencia del Imserso en Bergondo y dos en la Aspace de Sada y otros dos en la DomusVi Bóveda, mientras que otros cinco centros presentan un caso.

El PSOE ha incluido en su listado de comparecientes para la comisión de investigación del Congreso sobre la operación 'Kitchen' al expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy; a la ex secretaria general del partido y exministra María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López de Hierro; y a las personas que integraban la cúpula de Interior cuando sucedieron los hechos investigados, pero ha declinado citar al excomisario José Manuel Villarejo.

En las 29 peticiones de comparecencia que los socialistas han registrado en solitario, al no haber llegado a un acuerdo sobre este extremo con sus socios de Unidas Podemos, figuran la mayoría de los imputados por el supuesto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, con algunas excepciones, una de ellas la de Villarejo, a quien Unidas Podemos sí ha incluido en su listado.

Dado el procedimiento impuesto a la comisión por los dos partidos que integran el gobierno de coalición, que implica votar las comparecencias en listas cerradas y no nombre por nombre, las propuestas del PSOE son a priori las que tienen más posibilidades de salir adelante ya que los vetos cruzados juegan a su favor cuando este jueves las debata la comisión a puerta cerrada.

Además de a los ya citados, el PSOE también solicita escuchar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a quien fuera su secretario de Estado Francisco Martínez, así como al entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó (de momento no imputado por la Justicia) y también a José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad con Juan Ignacio Zoido.

MANDOS POLICIALES

Los socialistas, que prefieren empezar por las comparecencia de los entonces mandos policiales, también buscan recabar el testimonio de los imputados Enrique García Castaño, que fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Eugenio Pino, quien ejercía como jefe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), así como a sus colaboradores José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz Sevillano y Felipe Eduardo Lacasa.

Asimismo, solicitan que la comisión pueda interrogar a ex comisario jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y a Andrés Gómez Gordo, el comisario que fue jefe de seguridad de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha.

Entre los policías aparecen también los nombres del ex comisario general de Información, Enrique Barón Castaño; y del actual, Eugenio Pereiro Blanco, así como de José Antonio Rodríguez González, conocido popularmente comisario 'Lenin'.

PÉREZ DE LOS COBOS Y LOS FONDOS RESERVADOS

El funcionario encargado de gestionar y trasladar de Interior a la Policía los fondos reservados, Miguel Ángel Bayo Herranz, es otra de las personas que el PSOE plantea que se someta a las preguntas de los comisionados, que, según los socialistas, también deben interrogar a Diego Pérez de los Cobos, a quien Martínez señaló como firmante de los talones de los fondos que se usaron para la Kitchen.

Los socialistas también proponen llamar a José Luis Olivera ex jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) cuando comenzó la investigación del caso Gürtel y, en la actualidad, jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), así como a quien fue su colaborador en la UDEF, Manuel Morocho, y al ex comisario general de Policía Judicial Juan Antonio González García, también investigador de la trama de Francisco Correa.

Entre los directamente implicados en la trama, el PSOE también plantea citar a Bárcenas, a su esposa Rosalía Iglesias, y al ahora policía Sergio Ríos Esgueva, antes chófer del extesorero captado por la trama para espiarle.

La relación de comparecientes del PSOE se completa con personas como Silverio Nieto Núñez, sacerdote de vocación tardía que antes fue policía y era íntimo de Fernández Díaz; Jorge Sanchís Bordetas, ex jefe de gabinete de Francisco Martínez, y Javier Iglesias Redondo, persona de confianza de Cospedal y abogado de Banca Privada de Andorra.

SÍ HAY ACUERDO SOBRE LA DOCUMENTACIÓN

El PSOE ha registrado también una serie de peticiones de documentación, éstas sí, coincidentes con las demandas de Unidas Podemos. En este caso, los socialistas sí reclaman información relativa a Villarejo como sus agendas incorporadas a la causa las grabaciones efectuadas por el excomisario a Cospedal y su marido en la sede nacional del PP, así como la conversación que Villarejo mantuvo con los empresario Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017.

Los archivos del teléfono móvil de Francisco Martínez y las dos actas notariales instadas por el ex secretario de Estado sobre los mensajes que dice haber recibido desde el móvil de Fernández Díaz, también tendrán que ser remitido a la comisión cuando se aprueben las peticiones del PSOE.

Un total de cinco usuarios en la red de centros residenciales de personas mayores en situación de dependencia de Bizkaia han fallecido en las últimas horas con Covid-19, con lo que los fallecimientos registrados desde el inicio de la segunda ola de la pandemia ascienden a 179. Asimismo, el número de positivos se sitúa en 299, frente a los 287 del anterior balance.

Según información del Servicio de Inspección y Control del Departamento vizcaíno de Acción Social, al cierre de la jornada de este pasado martes, 26 de enero, había en la red de 154 residencias autorizadas para personas mayores en el Territorio Histórico de Bizkaia un total de 173 personas usuarias en residencia con positivo confirmado (dos menos que en el anterior recuento) y 45 usuarios de residencia hospitalizados con positivo confirmado (uno menos).

Por otra parte, son 2.898 las personas usuarias en residencia que han superado la enfermedad (negativo en covid-19 tras dar positivo), tras curarse en las últimas horas 16 usuarios.

En cuanto a los trabajadores de estos centros, hay 218 con positivo confirmado (seis más que en el anterior recuento) y otros 79 en aislamiento (sin confirmación de covid-19), tres más que en el anterior recuento.

Actualmente, hay 15 centros con personas residentes afectadas, los de la Misericordia-Bilbao (37), Truiuondo-Zamudio (37), Caser Artxanda-Bilbao (20), Calzada-Gernika (20), Indautxu Gurena-Bilbao (10), Santamariñe-Urduliz (10), Arratiako Egoitza-Dima (9), Centro Asistencial Gallarta-IFAS (6), Marcelo Gangoiti-Muskiz (5), San Roke-Markina (5), Ercilla-Bilbao (4), Beato Domingo Iturrate-Getxo (3), Txurdinagabarri-Bilbao (3), León-Trucíos (3) y Bilbozar-Bilbao (1).

Adicionalmente, la unidad especializada de carácter sociosanitario de Birjinetxe para atender casos de infección por coronavirus acoge a 87 personas. De ellas, 66 son personas usuarias de la red de centros residenciales y 21 son personas en situación de fragilidad que están realizando la cuarentena tras su ingreso hospitalario.

Del mismo modo, la unidad especializada de carácter sociosanitario de Unbe para atender casos de infección por coronavirus acoge a 26 personas. De ellas, 15 personas son usuarias de la red de centros residenciales y 11 son personas en situación de fragilidad.

En las últimas horas han fallecido cinco personas usuarias de residencias de Bizkaia con Covid-19, lo que eleva a 179 los fallecimientos desde el inicio de la segunda ola de la pandemia.

DISPOSITIVO PREVENTIVO ESPECIAL EN GALDAKAO

La Diputación Foral de Bizkaia mantiene desplegado este miércoles un dispositivo especial en Galdakao para realizar un cribado preventivo a los profesionales de 17 centros sociosanitarios (residenciales y de atención diurna) de personas mayores y personas con discapacidad de los municipios de Galdakao, Arrigorriaga, Ugao-Miraballes y Orduña.

Los equipos forales de respuesta rápida están en el Frontón Kurtzea de Galdakao, instalación que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Institución foral. A lo largo de la jornada están citados 356 profesionales para hacerse las pruebas PCR .

Un total de 13 centros educativos de cuatro localidades de Granada afectadas por los terremotos de las últimas horas tienen daños menores, pero ninguno estructural o que afecte a la seguridad de la comunidad educativa, y de hecho todos ellos, salvo en Santa Fe, están desarrollando la actividad docente "con normalidad, según ha informado la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento de Santa Fe ha decidido, de acuerdo a sus competencias urbanísticas, la suspensión de las clases presenciales hasta que puedan llevarse a cabo las tareas de inspección técnica. La idea es que el jueves, una vez se haya realizado la inspección y si no hubiera daños estructurales, se reanuden las clases, según se ha puesto de manifiesto en la reunión que han mantenido este miércoles la delegada de Educación de la Junta en Granada, Ana Berrocal y el alcalde de la localidad, Manuel Alberto Gil, para analizar el asunto.

La Junta informa de que hasta el momento no se han detectado daños estructurales en ningún centro educativo de las localidades más afectadas por los movimientos sísmicos. Un total de 13 centros de cuatro localidades se han visto afectados por una serie de daños menores que no afectan a la seguridad del alumnado, profesorado o personal no docente.

Los equipos directivos de los distintos centros están en contacto permanente con el Servicio de Inspección Educativa, informando de las posibles incidencias que se abordan de forma individual.

La Delegación de Educación ha recomendado a los centros educativos que pongan en práctica los 'simulacros de evacuación' que tienen elaborados en sus respectivos 'Planes de autoprotección' y que de manera periódica tienen la obligación de realizar bajo la coordinación de la persona responsable de Prevención de Riesgos Laborales.

La delegada ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa y ha reparado en la "situación de normalidad" que actualmente se desarrolla en los centros educativos más afectados por la actividad sísmica registrada en muestra provincia desde el pasado sábado, en los que "no se han detectado en ningún caso daños estructurales que puedan afectar al desarrollo de la actividad lectiva presencial en los centros".

El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo ha emitido este miércoles un comunicado desde la cárcel de Estremera en el que se ha quejado de que no sea citado para comparecer en la comisión de investigación sobre la 'Operación Kitchen' en el Congreso de los Diputados, asegurando que no le llaman por "miedo a la verdad".

Villarejo ha planteado "quién pone vetos y por qué", "en el momento en el que se pretende crear la denominada comisión 'Kitchen para el esclarecimiento en sede parlamentaria de la verdad". "¿A quién le tiemblan las piernas?, ¿quién busca, por enésima vez, defraudar a los gobernados?, ¿cuáles son sus espurios pero evidentes intereses?, ¿a qué obedece esa insistencia en tomar a los votantes por idiotas?", ha ahondado.

A este respecto, ha recordado que hace tan solo tres años "existía un enorme" en que "la prensa pusiese luz y taquígrafos sobre las cloacas del Estado y en que, por consiguiente, se supiera completamente todo, sin dejar un detalle por retratar y despellejar".

El ex comisario ha centrado sus críticas en Podemos, a pesar de que la formación 'morada', al igual que la mayoría de la oposición, ha pedido incluir a Villarejo entre los comparecientes. De hecho, este ha sido uno de los puntos de fricción con el PSOE, que se ha negado a citarlo y, por eso, los socios de Gobierno han tenido que presentar sus propuestas por separado.

En concreto, ha tildado a Podemos de "hipócrita". "Mi comparecencia era hace apenas un mes esencial para poner negro sobre blanco lo que sus señorías consideran que debe conocerse a los cuatro vientos, más allá la sede judicial. ¿Por qué ahora los fariseos jerifaltes de este partido no lo ven 'inteligente'?, ¿cuál es la raíz del cambio de chaqueta?, ¿valen lo mismo los principios de los portavoces 'morados' que los que ridiculizaba Groucho Marx?", ha cuestionado.

Villarejo ha acusado al partido de Pablo Iglesias de intentar "mentir, y en la cara", al hablar de "un eventual riesgo de intoxicación del comisario". "¿Pretenden convencer a la opinión pública estos señores proponiendo, paradójicamente, la censura a quien consideran que está en el centro de la trama?, ¿prefieren convocar por motivos inconfesables a actores periféricos?", ha apuntado.

Además, ha interrogado sobre la "credibilidad" que puedan tener Podemos y sus dirigentes, tachando de "broma" que pretendan "dar lecciones de pulcritud y de respeto a la verdad" cuando, según ha indicado, tienen "su financiación entera bajo sospecha en países caribeños y del Gran Oriente Medio" y "a parte de sus dirigentes respondiendo ante los tribunales por presuntos delitos, y muy graves".

LAS "KITCHEN" DEL PSOE

En segundo lugar, Villarejo ha dirigido sus críticas al PSOE. "Sus 'Kitchen' estaban en mis archivos y ahora se dice que están encriptadas o que son secretos de Estado", ha deslizado para después preguntar si "ha tenido alguna vez el PSOE compromiso con la transparencia y la verdad o solo con la táctica y sus intereses partidistas".

Así, el comisario jubilado ha acusado a los socialistas de actuar "tapando y ocultando todo lo que no les interesa que se conozca". "'Su cloaca', que, por cierto, he denunciado ante los tribunales con ningún éxito", ha recalcado.

También ha tenido unas palabras para el PP, aunque en este caso se ha limitado a recordar lo que ya dijo en 2018, cuando se declaró "atónito" por que "una vez más el PP se va a dejar montar una segunda 'Gürtel' con el tema 'Kitchen'", y afirmó que el juez y ahora ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, controlaría el sumario del caso Villarejo para el PSOE. "Es una auténtico trilero manipulando causas, recuerden el 'Faisán'", remachó.

"SE ESTÁ FRAGUANDO UN PARIPÉ"

Villarejo ha atribuido el hecho de que no sea citado en la comisión de investigación a que "alguien teme, que cuente por qué, que la verdad llegue a la sede de la soberanía popular".

En este contexto, ha advertido de que "se está fraguando un paripé, se está preparando un teatro", porque "se está en la obsesión de tapar las vergüenzas, presentes y pasadas, de algunos de los partidos que van a sentar a sus voceros y a disponerlos para que actúen como implacables interrogadores".

Igualmente, ha achacado a ese "miedo a la verdad" su estancia en prisión. Nunca podré salir de aquí", ha augurado, esgrimiendo que no está encarcelado para evitar que destruya pruebas, sino "para que no las aporte. "Por eso tienen intervenidas todas mis comunicaciones, incluso las íntimas con mi esposa y las que mantengo con mi abogado, porque la Fiscalía y los jueces dicen 'que puedo crear una realidad paralela', ¿realidad paralela a qué? ¿A la verdad oficial?", ha espetado.

Villarejo ha atribuido su situación a una "campaña" para "matar al personaje" que buscaría su "aniquilación profesional y, por supuesto, personal".

Con todo ello, y ante "una España que económicamente se desmorona", ha indicado que "uno entiende, cada día con más razón, por qué el repudio de los ciudadanos a nuestra clase política", al tiempo que ha advertido a los diputados, citando a Ortega y Gasset, de que "incluso el hombre masa, en momentos de efervescencia, estalla y se rebela contra la tiranía y contra el hambre".

El PP, Vox, Ciudadanos y Junts defenderán este jueves en el Pleno del Congreso que se aborde el cambio del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en lugar de seguir tramitando la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del órgano de los jueces mientras no sea renovado.

La reforma de las formaciones del Gobierno fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado mes de diciembre y sus impulsores impusieron su tramitación acelerada, acortando al mínimo los plazos de enmiendas y rechazando que se pida informe al CGPJ sobre su contenido.

Para intentar frenar su tramitación, el PP, Vox, Ciudadanos y Junts presentaron enmiendas de totalidad y, como ya no podían limitarse a pedir su devolución, han propuesto textos alternativos de reforma centrados en el sistema de elección de los consejeros.

Eso sí, mientras que los tres partidos de ámbito estatal quieren volver al modelo de 1980 para asegurar que los doce vocales reservados al mundo judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados sin intervención del Parlamento, los independentistas de Junts siguen dejando la decisión a las Cortes, pero quieren cambiar el mecanismo de votación para eliminar las mayorías cualificadas que ahora se exigen y que mantienen bloqueada la renovación del Consejo.

UNA LISTA ABIERTA PARA QUE LOS JUECES ELIJAN DOCE VOCALES

El PP, Vox y Cs proponen establecer una única circunscripción de todos los jueces en activo de España para seleccionar nombres en una lista abierta con el fin de que los doce más votados pasen a formar parte del CGPJ junto con los ocho juristas que, conforme a la Constitución, debe ser votados por el Congreso y por el Senado.

En concreto, la propuesta de Ciudadanos, contempla que pueda presentar candidatura al CGPJ todo juez o magistrado en activo que aporte el aval de veinticinco miembros de la carrera judicial en servicio activo o bien el apoyo de una asociación profesional.

El PP, por su parte, prima a las asociaciones judiciales pese a que son mayoría los jueces sin adscripción. Su idea es que cada asociación pueda promover doce candidatos mientras que los jueces individualmente sólo tenga posibilidad de avalar a un compañero. Además los jueces que se presenten al margen de las asociaciones tendrán que recabar cien firmas de compañeros, cuatro veces más que las que exige Cs.

En todo caso, el PP excluye de la competición, sea por el cupo de jueces o por la cuota de juristas de elección parlamentaria, a aquellas personas que hayan ocupado cargos políticos en los últimos diez años.

Y CARGOS POLÍTICOS, FUERA

También Vox incide en impedir la elección de jueces vinculados a la política. Así, propone que quienes tengan o hayan tenido vinculación con algún partido político", ya sea como afiliados, integrantes de listas electorales o cargos de naturaleza política en cualquier administración territorial, sean excluidos de la competición y no puedan ser candidatos al CGPJ.

En su enmienda de totalidad, el Grupo Popular aprovecha para introducir cambios sobre las funciones del CGPJ como exigir mayoría cualificada a todos los nombramientos y suprimir la figura del llamado 'magistrado autonómico' que se designa a iniciativa de los parlamentos autonómicos.

También quieren obligar a que el CGPJ emita su opinión sobre el candidato del Gobierno a ocupar la Fiscalía General del Estado y sobre aquellas proposiciones de ley sobre sus cometidos que sean tomadas en consideración en el Pleno del Congreso.

ELIMINAR LA MAYORÍA CUALIFICADA

Por su parte, Junts también quiere centrar la reforma en el sistema de elección del CGPJ, pero no para dejar la decisión a los jueces, sino para cambiar el método de votación en el Congreso, pero cambiando el método y evitando la mayoría de dos tercios que ahora impide desbloquear la renovación.

En concreto, la formación independentista propone que, de entre todos los jueces o magistrados que se hayan presentado al proceso, cada diputado marque un máximo de cuatro nombres, con lo que buscan impedir uno o dos partidos acaparen todos los puestos en liza.

Según este modelo, los seis hombres y las seis mujeres más votados pasarán a formar parte del CGPJ y los demás quedarán como suplentes por si hay vacantes más adelante.

La portavoz de Educación del PP en Les Corts, Beatriz Gascó, ha denunciado este miércoles la "pasividad" de la Conselleria de Educación ante la alta incidencia del virus en los docentes y ha pedido que los test PCR en los centros educativos se hagan en menos de 24 horas para evitar situaciones de riesgo.

En un comunicado, ha urgido la actuación inmediata de Conselleria porque "no puede ser que haya aulas confinadas porque la realización de pruebas tarde más de una semana y los resultados todavía más" y la comparecencia del conseller de Educación, Vicent Marzà, en el parlamento porque "los datos oficiales que ofrece la propia Conselleria son esclarecedores y desmienten el absurdo triunfalismo con el que insulta a los docentes".

"La dejación de Marzà (Compromís) y su falta de iniciativas empieza a hacer insostenible la situación en muchos centros, con docentes infectados, bajas por contactos estrechos, aulas cerradas por contagios y muchas bajas sin cubrir, lo que provoca aulas vacías y que se resienta la educación. Los centros se están viendo resentidos por las bajas y la tardanza de la administración en cubrirlas", ha advertido.

Gascó ha rechazado así "la sensación de tranquilidad que intenta transmitir retorciendo los datos y manipulando cifras: Dicen que el 1,5% de los docentes son positivos, esto es 1.206. En términos porcentuales, la incidencia acumulada es de 1.500; es decir, una incidencia mayor que la de la sociedad valenciana que es de 1.423 por cada cien mil, la más alta de toda España".

Ante estos datos, ha recordado que el PPCV lleva pidiendo desde el inicio de curso la realización de test periódicos, una enfermera escolar en cada centro, más celeridad en los PCR y, ahora, que los docentes sean incluidos como grupo prioritario en la vacunación por ser población de riesgo". "No han hecho nada", ha criticado.

La 'popular', por contra, ha agradecido la gran labor de los docentes en la Comunitat, "asumiendo un trabajo impagable". "En este contexto tan complicado los centros y los docentes tienen la sensación de que Educación les ha abandonado a su suerte y que cada cual haga lo que pueda. No hay nadie al timón de la educación. La única medida anunciada en noviembre, la adquisición de 8.000 purificadores para aulas pese a ser 43.000, está empezando a llegar ahora a los centros, dos meses después, y sin ningún tipo de instrucción".

Según ella, esta es la radiografía de la educación en plena pandemia: "Hay miles de alumnos confinados, sin purificadores, sin la digitalización de muchas aulas, pese a que ha habido tiempo y llevamos desde el verano advirtiendo de la necesidad de adaptarlas, sin test masivos, sin enfermera escolar, sin material suficiente, sin medidores de CO2, sin la dotación suficiente de mascarillas FFP2 al colectivo docente, con graves problemas de conciliación, con diez mil alumnos en barracones. Solo vemos mucha improvisación y medidas contradictorias que siembran el desconcierto entre los centros y las familias".

"En la Comunitat Valenciana vivimos una situación sanitaria y social muy complicada. Es lamentable que en plena expansión de contagios, la Conselleria de Educación no esté, junto a la de Sanidad, realizando protocolos rigurosos en caso de que se produzca un caso positivo. La falta de control puede provocar que los centros, que hasta ahora venían siendo un espacio seguro gracias al esfuerzo de los equipos directivos y del personal docente en general, se conviertan en un foco de contagios", ha zanjado.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha defendido la estrategia de vacunación del Gobierno de Aragón y ha señalado que confía en el criterio de los equipos sanitarios, a la hora de elegir a las personas a las que se les administran las dosis sobrantes de los viales para que no sean desaprovechadas. Así lo ha indicado este miércoles durante su comparecencia en el Pleno de las Cortes.

Repollés ha considerado que se está perdiendo "la perspectiva". Ante el cansancio que ha asegurado que se registra entre la población por la situación de pandemia, hay personas que cargan contra la clase política. "Creo que estamos perdiendo el norte, la crispación política no nos permite distinguir entre la malversación y el aprovechamiento de una posición pública o política, las acciones poco meditadas e incluso imprudentes, de la exigencia de utilizar y no desperdiciar todas las dosis disponibles".

En este contexto, ha subrayado que, en el caso de Aragón, los equipos sanitarios, "siguiendo las pautas de priorización europeas y estatales" deciden a quién se le suministra la vacuna y "son escrupulosos en la administración de los recursos". Ha reconocido que ha podido haber "cuestiones poco estéticas" pero nadie ha tomado decisiones "a sabiendas de que sean injustas y reprobables".

"No participaré en ninguna caza de brujas sobre si alguien se ha vacunado o colado. Confío en el criterio de mis compañeros sanitarios. Mi equipo y yo esperaremos a que llegue nuestro turno para vacunarnos, hasta entonces seguiremos con el proceso de vacunación en coordinación con el Ministerio de Sanidad".

Ha detallado que, desde su Departamento, están desarrollando el plan de vacunación conforme a lo previsto y solo condicionado por la llegada de suministros de vacunas y las características técnicas de las mismas. "Esta campaña se está realizando en consonancia con la estrategia de vacunación COVID-19 en España, de forma coordinada con el Ministerio y las comunidades autónomas".

Repollés ha desgranado que en esta primera etapa, la vacunación se dirige a residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias, personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario, otro personal sanitario y personas consideradas grandes dependientes con necesidad de intensas medidas de apoyo que no estén institucionalizadas.

"Conforme se vayan sumando nuevos colectivos a la vacunación, según el ritmo de llegada a los suministros, se irán estableciendo las estrategias poblacionales necesarias y la habilitación de los recursos necesarios".

Ha sostenido que ya se ha vacunado con primera dosis "a la práctica totalidad de los residentes y trabajadores de los centros residenciales", así como "a la totalidad de profesionales de Atención Primaria, de aquellos que están en primera línea, y continúa la vacunación de atención especializada, tanto de la sanidad pública como de la privada".

"Tanto en residencias como en Atención Primaria comenzó hace diez días la vacunación de la segunda dosis, estando previste que quede completada la vacunación en ambos casos en la segunda semana de febrero". Así, en los próximos días se empezará a incorporar al colectivo de grandes dependientes y se planificará la vacunación a otros sanitarios y sociosanitarios.

Repollés ha relatado que, desde el inicio de la campaña de vacunación, la región ha establecido una reserva estratégica para minimizar los posibles imprevistos en la distribución "asegurando siempre la continuidad del proceso y la disponibilidad de segundas dosis".

ESTRATEGIA ARAGONESA

La diputada del PP, Ana Marín, le ha señalado a Repollés que la estrategia de vacunación no es europea, ya que desde Europa se hace la compra y el reparto, pero es España y las distintas comunidades las que establecen el reparto a cada grupo de población. Por ello, le ha pedido que no le eche la culpa de lo que está ocurriendo a la UE.

Ha opinado que en Aragón falta "un protocolo y una estrategia de vacunación clara". En este contexto, ha criticado que un mes después de las primeras vacunaciones todavía hay profesionales sanitarios que están en primera línea y sin vacunar. Además, "se están teniendo que suspender citas de vacunaciones por no haber dosis", y le ha afeado que no haya reclamado ante el Gobierno de España "las vacunas que le corresponden a Aragón por derecho".

Ana Marín ha precisado que, consecuencia de esta "falta de protocolo", se están "colando" personas a las que no les correspondía vacunarse, en referencia a algunos cargos públicos que han sido ya inoculados. Esto se debe, ha insistido, a que "no hay un protocolo claro".

También ha asegurado que se han perdido en Aragón "un elevado número de vacunas" por no contar con "el material correcto" para administrar las dosis. Ha incidido en que el Gobierno de Lambán está "sobrepasado" y es "incapaz" de resolver "el día a día de los problemas de los aragoneses".

"NOS JUGAMOS PERDER MÁS VIDAS"

"Las vacunas son la esperanza. Nos jugamos no perder más vidas y recuperar los gestos sencillos", ha afirmado la diputada de Ciudadanos, Susana Gaspar. Así, ha considerado que es necesario un plan nacional para gestionar las vacunas "con unos criterios comunes únicos para todas las comunidades autónomas".

Ha afirmado que las reservas estratégicas han llevado a "un baile de datos" que sitúan a la región entre las que menos dosis han administrado, según el Ministerio, o entre las que más, según el Gobierno autonómico.

Al respecto, ha lamentado que la reserva estratégica haya perjudicado a Aragón en los repartos cuando no han llegado a España las dosis esperadas. Ha agregado que a este ritmo de vacunación, el 70 por ciento de la población no estará vacunado este verano, como señalaba el Gobierno central, sino en el verano de 2023.

Sobre los cargos públicos que se han vacunado durante estos días, ha recordado que los políticos tienen que "ser y parecer". Pero ha opinado que "además de un problema de ética es un problema de instrucciones claras".

PUNTO DE INFLEXIÓN

En representación del PSOE, Olvido Moratinos, ha apostillado que la vacunación debe ser "un punto de inflexión" y "una esperanza" en la recuperación económica. Por ello, ha pedido a la oposición que no busquen "alarmar a la población".

La parlamentaria de Podemos-Equo, Itxaso Cabrera, ha considerado que los ciudadanos deben estar orgullosos de la sanidad pública porque sin ella "habría sido todo muy diferente". Ha remarcado que hay que avergonzarse de aquellos cargos políticos que se "cuelan" y son vacunados.

La diputada de CHA, Isabel Lasobras, ha subrayado que, "ahora, el verdadero riesgo para la salud sería no tener vacunas", que son una "pieza esencial" para el control de la pandemia. Ha afirmado que no se debe tolerar la vacunación de cargos públicos en el momento en el que no les corresponda: "Todos debemos dar ejemplo".

En representación de Vox, Santiago Morón, le ha dicho a Repollés que "no existe un plan de provisión y previsión de vacunas en Aragón y, si existe, no lo ha presentado". Ha subrayado que hablar de un plan no es hablar de las directrices para los grupos de riesgo, "eso es una estrategia, un plan debe contemplar una campaña de información, sistema de citas, logística adecuada y los medios técnicos y recursos humanos necesarios".

La parlamentaria del PAR, Esther Peirat, ha evidenciado que Aragón está pasando por una cuarta ola, con sus efectos sanitarios y económicos. Para paliar estas consecuencias, "todos los esfuerzos son poco" y ha recordado que la vacuna es lo que toda la población lleva esperando desde hace casi un año para salir de la pandemia.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha alertado de que se carece de un sistema público que garantice "la vacunación pública efectiva, con todas las garantías y a todos los niveles". Ha apuntado que no están de acuerdo con mantener la reserva estratégica.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha negado que se haya producido una modificación en los protocolos de vacunación que pueda equipara al personal sanitario en primera línea con los gestores de la pandemia.

"No ha habido ningún cambio en el protocolo de vacunación", ha sentenciado Vergeles en respuesta a las preguntas de los periodistas en su comparecencia este jueves tras el Consejo de Gobierno.

Vergeles ha salido así al paso de una polémica surgida tras la supresión de la frase "en función del riesgo de exposición al virus" entre las ponencias de vacunación de diciembre de 2020 y enero de 2021, periodo en el que comenzaron a surgir los primeros casos de personas que se habían vacunado saltándose los protocolos.

Vergeles ha explicado que en la ponencia del registro de vacunas del 15 de diciembre "esa coletilla en ese epígrafe concretísimo" ya se había eliminado, al entender que estaba "subsumido en el epígrafe completo, que dice literalmente que "se considera personal de primera línea al que tiene mayor riesgo de exposición por llevar a cabo la atención directa de pacientes covid, contacto estrecho y con mayor tiempo de exposición, así como por tener mayor probabilidad de tener contacto con una persona por infección por Sar-Cov-2".

Tras este encabezamiento se relacionan las profesiones y los epígrafes, pero todo ello, ha insistido, subsumido al primer párrafo. Por tanto, Vergeles "niega la mayor" con respecto a que hayan hecho una modificación del protocolo.

No obstante, y ante la insistencia en las preguntas de los periodistas, el consejero ha terminado señalando que "si están tan preocupados por este tema le diré a la gente de Salud Pública que haga una corrección urgente y lo cuelgue en el gestor documental. "No tenemos ningún problema por poner eso", ha dicho Vergeles, en relación a la citada "coletilla" que hace referencia al riesgo de exposición al virus.

"No sé si entienden que hemos modificado deliberadamente ese párrafo para algo, porque no lo hemos hecho para nada", ha subrayado el consejero de Sanidad, quien ha insistido en que lo hicieron porque "estaba subsumido como personal de primera línea", y que la prueba de ello es que se está vacunando a personal de primera línea.

Igualmente, ha destacado el control de vacunación que se está realizado, como demuestra el caso de la gerente del Sepad de Badajoz, cuya vacunación, que ha reiterado que fue "irregular", se produjo el 5 de enero y el día 7 "ya estaba cesada".

Y es que, ha reiterado que se está siendo "muy estricto" en el protocolo de vacunación, lo cual significa "controlar el proceso, y si se produce alguna situación, actuar en consecuencia". "Y para eso no hace falta sacar pecho, sino hacerlo, como hemos hecho", ha añadido.

Finalmente, ha lamentado que haya "interés" por "enrarecer el ambiente de la vacunación", al tiempo que ha pedido "unidad de acción" para que la vacuna, que tiene un índice de rechazo del 1,5 por ciento, sea vista como una "esperanza". "No lo fastidiemos", ha pedido.

Últimamente hay mucha gente que está deseando ir a la caza de un mal vacunado, que son la excepción, y que estamos actuando contundentemente, para cargarse la gran esperanza que tiene la ciudadanía, y no lo voy a permitir", ha señalado, al tiempo que ha vuelto a agradecer a los medios de comunicación el papel que están teniendo durante toda la pandemia.

La Federación Española de Daño Cerebral (Fedace) ha llevado a cabo el estudio 'Modelos de atención al Daño Cerebral en España', en el que alerta de la falta de un plan de atención unificado para toda la población con daño cerebral en España y que abarque desde los primeros momentos hasta la fase crónica; así como de la deficiencia de recursos públicos en algunas zonas y la ausencia de coordinación y continuidad existencial.

Concretamente, el informe, elaborado con la asistencia técnica del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca y la financiación de la Fundación Gmp, tenía por objetivo analizar los distintos modelos de atención al daño cerebral existentes en las 17 comunidades autónomas (CCAA) y las dos ciudades autónomas de España.

Así, las fases de atención al daño cerebral, en todas las CCAA se han subdividido en tres fases: la fase aguda o primera fase, cuyos recursos sanitarios son la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la neurocirugía, la planta de Neurología y la Unidad de Ictus; la fase subaguda o segunda fase, que se refiere a la Unidad de Rehabilitación Hospitalaria, Unidad de Régimen de Hospital de Día y la Unidad de Rehabilitación Ambulatoria; y, por último, la fase crónica, que se trata de la única etapa centrada en los recursos sociales, tales como residencias, centros de día o pisos tutelados.

Mediante un cuestionario estructurado según las etapas mencionadas, las investigadoras principales, Alba Aza Hernández y María Fernández Sánchez, concluyeron que la curación o supervivencia, esto es, la primera fase o fase aguda, constituye un "objetivo fundamental" de la atención a esta población, y se desarrolla de manera óptima en todas las CCAA. De hecho, todas las comunidades disponen de al menos de una unidad de Ictus o equipos de Ictus, a excepción de Ceuta y Melilla.

Sin embargo, en ninguna comunidad existe un código de diagnóstico del daño cerebral, sino que suelen emplearse otros códigos de la décima edición de la Clasificación internacional de enfermedades (CIE-10), contemplando el ictus, traumatismo craneoencefálico, anoxia y tumor cerebral, entre otros. Con relación a la existencia del servicio de Teleictus, han expuesto que el 72,22 por ciento de las CCAA analizadas cuentan con el Servicio de Teleictus, frente al 27,78 por ciento que no disponen del mismo.

En cuanto a la fase subaguda, en el estudio se destaca que, en general, hay buena coordinación entre las distintas unidades hospitalarias y todas las comunidades ofrecen algún tipo de rehabilitación física transcurridas las primeras horas. Sin embargo, esta rehabilitación suele centrarse exclusivamente en la fisioterapia, dejando de lado otras áreas importantes como la logopedia, la neuropsicología y la terapia ocupacional. Asimismo, la duración de la rehabilitación es muy variable, pero no suele ser superior a los 6 meses, y suele ser aún más corta para los recursos residenciales.

Con todo, las diferencias asistenciales entre los diferentes territorios en esta fase comienzan a acentuarse en el momento del alta hospitalaria. Es entonces cuando suelen establecerse dos vías de atención; candidatos para rehabilitación de alta intensidad, por un lado, y de baja intensidad, por el otro; lo que alimenta la discriminación entre pacientes, según las investigadoras principales.

En el primer grupo, se encuadran los centros de rehabilitación hospitalarios residenciales de media y larga distancia, los hospitales de día y la rehabilitación ambulatoria en el ámbito hospitalario, que en muchas ocasiones no cumple criterios de intensidad. En el segundo grupo se inscriben los hospitales de convalecencia de media estancia y los centros residenciales, en muchos casos de la tercera edad. Así, el informe alerta de que la regulación normativa de la derivación y la atención en la fase subaguda está regularizada de forma específica en el 35,29 por ciento de los casos.

AUSENCIA TOTAL DE COORDINACIÓN EN LA FASE CRÓNICA

Así las cosas, en la última fase, en la etapa crónica, el estudio advierte de "una falta total de coordinación". De hecho, tan solo la Comunidad Valenciana cuenta con normativa que regula la continuidad sociosanitaria una vez finalizada la fase de rehabilitación subaguda; a diferencia de Extremadura, Ceuta o Melilla, donde los recursos son prácticamente inexistentes.

En este sentido, la gestión de atención a través del reconocimiento de la dependencia es un proceso que puede tardar hasta dos años en muchas CCAA, causando "un vacío en la atención proporcionada", tal y como señalan las autoras. Además, la mayoría de la atención se proporciona desde recursos no específicos, en los que se atiende a otra población, y que varía de una comunidad a otra, aglutinando a personas con discapacidad física, discapacidad intelectual, parálisis cerebral y personas mayores, entre otros colectivos.

CONCLUSIONES

Así, el informe concluye que la atención en la fase aguda deldaño cerebral está muy estructurada en la mayoría de las CCAA,al menos en lo que se refiere en la atención al ictus. No obstante, a medida que avanzan las fases de atención, es menos frecuente la existencia de una regulación, así como de normativas que conecten la atención que se da desde sanidad con la que se proporcionan desde servicios sociales.

Por todo ello, desde Fedace insisten en que la atención proporcionada debería centrarse en "la promoción de la calidad de vida" y no tanto en rehabilitación. "La curación o supervivencia no puede ni debe ser el único objetivo, sino que se debe trabajar en una rehabilitación intensiva de las funciones perdidas, que permita alcanzar niveles de calidad de vida lo más óptimos posibles", señalan las investigadoras.

Asimismo, Fedace también ha querido llamar la atención sobre el hecho de que no exista una atención estructurada a la familia de personas con daño cerebral, especialmente en el ámbito hospitalario. "Debería haber atención familiar para todos tanto a nivel informativo como de apoyo psicológico", manifiestan desde la organización.

Además, con este estudio, reclaman la necesidad de una atención a cargo de equipos con funcionamiento interdisciplinar. "Es muy infrecuente la presencia de intervenciones de carácter neuropsicológico, fundamentales desde un primer momento; además, es necesario que todos los profesionales que participen en la intervención trabajen de manera interdisciplinar", exponen, y añaden que "es recomendable evitar que el paciente reciba atenciones simultáneas en diferentes recursos".

Desde Fedace instan, también, a la creación de programas de atención individualizados por parte de las autoridades. "Resulta de suma utilidad la creación de posibles recorridos asistenciales a lo largo de todo el sistema sociosanitario para facilitar la coordinación y organización de la red de recursos, que deben ser específicos y donde deben tener cabida la existencia de casos excepcionales que no se ajusten a la norma".

Asimismo, piden que, al igual que se postulan criterios muy específicos y contrastables sobre cómo debe ser la atención en la fase aguda, también existan criterios en el resto de las fases atencionales. "Es inadecuado basarse en normativa referente a otras poblaciones (como parálisis cerebral, discapacidad física o intelectual) para la construcción de los recursos en los que se atiende a personas con daño cerebral", afirman desde la federación.

Por último, han reiterado la idea de la necesidad de eliminar la desigualdad territorial en la atención al daño cerebral, ya que va en contra de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. "Por ello, sería importante la creación de una normativa estatal que garantizara unas cuestiones mínimas en todas las CCAA; además, hay recursos a los que el acceso no es igualitario, con criterios dudosos como es la edad", concluyen desde Fedace.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha organizado una programación de Carnaval alternativa este año, ante la suspensión de los actos en la calle debido a la pandemia de coronavirus, en la que se potenciarán encuentros a través de televisión y redes sociales.

Los actos, que se extenderán desde el 17 de febrero al 7 de marzo, han sido presentados este miércoles ante los medios de comunicación por el alcalde, José Manuel Bermúdez, el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, el director de la gala central, Enrique Camacho, y los presentadores, Laura Afonso y Alexis Hernández.

La tradicional 'Gala de la Reina' será sustituida por el espectáculo 'Santa Cruz, Corazón del Carnaval', donde 20 aspirantes pugnarán por convertirse en las 'guardianas del cetro' --habrá tres en total-- hasta la edición de 2022.

El 'show' se celebrará el 7 de marzo en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, será retransmitido por los entes públicos de RTVE y RTVC y contará con 20 reinas de la última década, tanto en adultas como infantiles y mayores.

Este carnaval 'alternativo' potenciará la participación a través de votaciones populares y redes sociales y reunirá un total de 7 concursos de fotografía --uno de ellos profesional--, una exposición en la Casa del Carnaval sobre la historia de las fiestas de invierno comisariada por Benito Cabrera y un encuentro de diálogos.

Además, las murgas tendrán su espacio con 'La Canción del Siglo', donde diez murgas elegidas por votación popular se disputarán el primer puesto, y las comparsas harán lo propio con 'La Noche de las Comparsas' --los temas no son inéditos y forman parte de los concursos de las últimas dos décadas--.

Por su parte, las rondallas, agrupaciones musicales y grupos infantiles estarán presentes en las producciones 'Las Voces del Carnaval' y 'La Cantera'.

Bermúdez ha reivindicado el "orgullo" de la capital por celebrar el Carnaval, que es "una forma de vida" para muchos chicharreros y tinerfeños, y en uno año "tan difícil" debido a las restricciones impuestas por la pandemia, ha apelado a la "emoción e ilusión" por celebrar las fiestas aunque no se puede acudir a la calle.

Bajo el lema #SomosCarnavalJuntos, el alcalde ha apelado a celebrar la fiesta al mismo tiempo que ha pedido "responsabilidad" a los ciudadanos para cumplir las restricciones impuestas por la Covid-19 y que no proliferen fiestas privadas y alternativas. "Espero que no porque esas decisiones nos afectan a todos", ha comentado.

MANTENER "VIVA LA LLAMA" PARA 2022

Ha insistido en que "nunca" pensó que un alcalde fuera a suspender el carnaval en la calle --decisión adoptada en octubre-- y con la confianza puesta en la vuelta a la normalidad en 2022, cree que esta nueva programación permitirá mantener "viva la llama" de las carnestolendas.

Cabello ha apuntado que el presupuesto de esta edición baja un 40% pero se mantienen las subvenciones a los grupos y talleres porque no se quiere "perder a nadie" y ayudar, en parte, a mantener los puestos de trabajo vinculados al carnaval.

No obstante, no ha ocultado que el impacto económico en la ciudad será de unos 35 millones, que afectarán especialmente a la restauración, los hoteles, el comercio y el subsector textil, por lo que espera que la programación audiovisual sirva de promoción con vistas a la edición del próximo año.

Camacho, por su parte, ha agradecido el "regalazo" de los organizadores al permitirle volver a dirigir el carnaval, subrayando que el espectáculo central no será la 'Gala de la Reina', "es otra cosa", y los de murgas y comparsas "tampoco serán concursos".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado la devolución al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de las actuaciones que remitió a este órgano contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, para que agote la investigación en el denominado caso 'Dina' y una vez realizadas las nuevas diligencias, decida si procede remitir una nueva exposición razonada contra el también líder de Podemos dada su condición de aforado.

El auto del Supremo, del que ha sido ponente el magistrado Andrés Palomo del Arco, analiza la exposición razonada elevada al alto tribunal el pasado mes de octubre por el juez Central de Instrucción número 6, que consideró, indiciaria y provisionalmente, que Iglesias había cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos; otro de daños informáticos; y otro de acusación y denuncia falsa, en relación con el robo del móvil de una asesora del partido Podemos, Dina Bousselham, en noviembre de 2015 y hechos posteriores relacionados con el mismo.

La Sala ha concluido, en línea con lo informado por el fiscal, que es necesario devolver lo actuado al Juzgado Central de Instrucción con el fin de que lleve a cabo varias diligencias ampliatorias que el alto tribunal detalla en su auto, entre ellas la declaración de Dina Bousselham, para que sea oída acerca de si efectivamente denuncia los hechos relacionadas con el delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya que, según recuerda el auto, el Código Penal exige la denuncia de la persona agraviada para proceder por esos delitos.

ACLARAR LA POSTURA DE DINA

En ese sentido, el Supremo indica que "el cumplimiento de tal requisito en modo alguno ha sido determinado con la precisión o claridad exigida, para hacer efectiva su declinación competencial, en alusión al hecho de que no haya sido citada para aclarar este extremo, que comunicó únicamente por escrito al juez. "Abundan razones para afirmarlo y también para negarlo, según la intervención procesal de Dina que examinemos y el correlativo acto de injerencia en su intimidad contemplado; en ningún caso, sin la asertividad requerida", aseveran.

Por ello, entiende el tribunal que es inexcusable oír a Bousselham acerca de si "efectivamente 'denuncia' el acto antes descrito, donde el aforado Pablo Iglesias el día 20 de enero de 2016, examina el contenido de la tarjeta y posteriormente se la guarda; e incluso como un prius a esa denuncia, relacionado con uno de los elementos típicos inexcusables del delito que el Instructor indica, si el aforado Pablo Iglesias contaba con su autorización para que ese día, examinara sin restricciones el contenido de su tarjeta de memoria y restara en su posesión".

Y añade: "O en la formulación conjunta de esos extremos, si no mediaba tal autorización, si manifiesta ahora que consiente tolera y acepta que aquel hubiera entrado en conocimiento de todos los documentos, fotografías, incluidas las íntimas y personales, archivos y comunicaciones contenidos en la tarjeta de su titularidad, pues de haber conocido que iba a hacerlo le hubiera otorgado su expreso consentimiento".

AMPLIAR PERICIA SOBRE DAÑOS INFORMÁTICOS

En cuanto al delito de daños informáticos, en relación a los sufridos en la tarjeta del móvil sustraido, la Sala, sin entrar a examinar la solidez o consistencia de los indicios planteados por el instructor, considera necesario también que Dina Bousselham sea oida por el juez García Castellón en relación a si el contenido de la tarjeta era accesible cuando se la entregó Pablo Iglesias, ya que ha hecho diferentes matizaciones al respecto.

Además, considera necesaria una ampliación de la pericial informática realizada sobre los daños en la tarjeta para precisar las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta, cual fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso.

Por último, respecto al delito de acusación y denuncia falsa, el auto recuerda que el juez instructor parte de que Dina Bousselham mintió al ser consciente de que las capturas de pantalla publicadas por Okdiario eran las que ella había enviado a otras personas y que el aforado lo sabía.

REPROCHA QUE SOLO SE SIGA UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

La Sala señala que en la determinación del origen de los archivos procedentes de la referida tarjeta de memoria publicados en diversos medios, sin indicios concluyentes, "se abandonan diversas líneas de investigación, para abogar como realidad acaecida una concreta alternativa sin mayor plausibilidad, sin investigación específica de las fechas de los archivos de origen (y sin atender a las coincidencias de julio de 2016 como de creación)".

Se trataría de líneas relacionadas con diversos dispositivos "donde se han encontrado imágenes procedentes del móvil de la señora Bousselham; y cuando la falta de coincidencia en la aplicación de la función hash, no conlleva que el origen sea diverso, pues basta cualquier mínimo cambio ulterior en el archivo para otorgar una cifra diferente".

Además, respecto a este delito, recuerda el auto que también hay exigencia previa de un requisito de procedibilidad que es que no podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada, lo que no aparece en la exposición razonada, lo que en cualquier caso, impide la apertura del proceso penal por razón de este delito.

El alto tribunal cree que tras agotar la investigación en el sentido indicado, es cuando el juez podrá, "sólo en la hipótesis de que el resultado lo aconseje y se hayan cumplimentado los requisitos de procedibilidad exigidos, elaborar una nueva exposición razonada".

ARCHIVO DE LA CAUSA CONTRA ELIZO

La exposición razonada de García Castellón se refería a una segunda aforada, la diputada de Unidas Podemos Gloria Elizo, pero únicamente por el delito de acusación y denuncia falsa. El Supremo también archiva la causa ante la ausencia de indicios consistentes e inexistencia del mencionado requisito de procedibilidad.

Por otro lado, el auto declara la falta de competencia respecto a las personas no aforadas mencionadas en la exposición razonada, la abogada de Podemos Marta Flor, su marido y Ricardo de Sa Ferreira y el también miembro de partido Ricardo Carballedo.