El Estado reserva 13.618 millones para indemnizaciones por litigios perdidos. Es dinero público y lo acabas pagando tú.
Qué son esos 13.618 millones que Hacienda ya tiene apartados
La cifra sale de la Cuenta General del Estado de 2025, el documento que el Ministerio de Hacienda acaba de remitir al Tribunal de Cuentas. No es un gasto ya ejecutado: son provisiones, es decir, dinero apartado por si hay que afrontar condenas. Y no es una partida cualquiera. Equivale a todo el presupuesto anual de inversiones del Ministerio de Transportes en redes estatales.
¿Por qué se acumula semejante montaña? Por la lentitud de la Justicia española. Buena parte de esos pleitos nace de decisiones tomadas en los Gobiernos de Rajoy o incluso de Zapatero, aunque la lista ya incluye asuntos del Ejecutivo actual. El error de un ministro de hace una década se termina pagando hoy, con intereses.
De dónde sale la factura: carburantes, renovables y comunidades
El bloque más gordo se lo lleva el fallido tramo autonómico de la Ley de Hidrocarburos de la etapa de Cristóbal Montoro, que permitía a las comunidades aplicar impuestos distintos al gasóleo y a la gasolina. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en 2024 que contravenía la directiva e instó a devolver lo cobrado de más. Hacienda ha provisionado 6.500 millones y en lo que va de 2026 ya ha abonado 317, según la AIReF.
El segundo golpe son 2.943 millones por los arbitrajes internacionales perdidos a cuenta del recorte de las primas a las renovables. Tribunales de EEUU, Reino Unido, Australia y Bélgica están dando la razón a los grupos energéticos y embargando bienes del Estado. Las condenas ya no son una amenaza teórica.
Casi la mitad de la provisión viene del fallido impuesto de hidrocarburos; el resto, de arbitrajes, financiación autonómica y tasas locales.
El propio Ministerio de Hacienda carga con 1.540 millones por los recursos de comunidades autónomas contra las liquidaciones del sistema de financiación de 2021, 2022 y 2023, ejercicios en los que la titular del departamento era María Jesús Montero.
A eso se suman 1.480 millones por la devolución del Impuesto sobre Actividades Económicas que pagaba la telefonía móvil. Vodafone y Orange lograron sentencias favorables después de que el tribunal europeo declarara ilegal ese gravamen.
Y no todo se queda en la Administración central. Adif Alta Velocidad tiene reservados 671 millones, sobre todo por riesgos de obras reclamados por contratistas y por expropiaciones. El caso más reciente son los 300 millones abonados este año a Endesa por no regular bien los costes de los combustibles en los territorios no peninsulares. Fuera de la foto quedan los frentes sin sentencia firme: el impuesto a la banca y a las energéticas, las liquidaciones de las autopistas de peaje o el almacén Castor.
Por qué un impuesto que suena bien acaba costando doble
El patrón se repite con una precisión incómoda. Se anuncia una figura fiscal con un objetivo razonable -reducir el déficit de tarifa, dar más recursos a las comunidades, obligar a las grandes empresas a aportar- y se aprueba sin el aval del Derecho europeo. Años después llega la sentencia y, con ella, la devolución con intereses. El precedente de la Ley de Hidrocarburos es el más claro: se diseñó en plena crisis para que las autonomías ingresaran más y el TJUE lo tumbó una década más tarde. Con las renovables ocurre algo parecido, solo que ahí los embargos ya se ejecutan en tribunales extranjeros. La diferencia entre provisionar y pagar es clave: los 13.618 millones son una estimación que se ejecuta según las sentencias que va formalizando el Tribunal Supremo, así que el desembolso real se repartirá durante varios ejercicios. Y el cálculo puede quedarse corto, porque cada nuevo fallo añade partidas a la lista.
Lo que viene tampoco es menor. El impuesto a la banca y a las energéticas, las liquidaciones finales de las autopistas o el almacén Castor todavía no tienen resolución firme, de modo que la provisión podría crecer en las próximas cuentas. La próxima referencia será la fiscalización que el Tribunal de Cuentas haga de estos números y el ritmo de pagos que Hacienda vaya certificando ante el supervisor fiscal.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Cuenta General de 2025 refleja 13.618 millones provisionados por el Estado para indemnizaciones por condenas y litigios perdidos.
- Por qué te importa: Sale de impuestos. Muchos fallos nacen de figuras fiscales mal diseñadas que ya pagaste en la gasolinera o en la factura de la luz.
- A quién afecta: A todos los contribuyentes, y también a comunidades autónomas, eléctricas, telecos y contratistas de obra pública.
- Hacia dónde vamos: El pago se ejecutará conforme el Supremo dicte sentencias, con frentes abiertos como el impuesto a la banca y a las energéticas.
