La presidenta de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE), que representa a más de 200 residencias privadas de mayores de la región, Pilar Ramos, ha explicado este viernes que vivieron "un estado de guerra" en los centros en el punto álgido de la pandemia del coronavirus y que fueron "maltratados" por las administraciones públicas y criminalizados por la sociedad y los medios de comunicación.

"Nos hemos sentido maltratados porque todo el mundo nos ha juzgado como si fuéramos asesinos, los medios y la sociedad y eso no es justo. A los políticos los meto en sociedad", ha apuntado la interviniente, que también ha criticado aquellas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robleas, en las que decía que los militares de la UME encontraban cuerpos en las residencias, ya que ellos "eran los primeros interesados" en que los retiraran las funerarias.

En la comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19 de la Asamblea de Madrid, Ramos ha manifestado que al principio la pandemia les pilló a todos "desprevenidos" y que las instituciones "se olvidaron de los mayores, los más vulnerables", ya que se "priorizaron" los recursos, medios y personal a los hospitales y no tanto a los geriátricos.

"Nos reunimos con Sanidad y Servicios Sociales antes del estado de alarma y se manifestó que la situación era de estado de guerra y que había que ser conscientes de que se trataba de una política de guerra. Durante esos 15 a 20 días los hospitales colapsaron y pagamos ambulancias privadas para derivar a hospitales privados a través de contactos o como podíamos", ha indicado la compareciente.

Ramos ha confirmado que les llegaron protocolos de no derivación a hospitales de residentes con determinadas patologías o dependencias y considera que todas las personas tienen derecho al tratamiento sanitario en todos los momentos de su vida, algo que a entender "no depende de la edad ni que tenga Alzheimer".

La presidenta de esta patronal de geriátricos ha señalado que algunos residentes enfermos de Covid acabaron en el hospital de Ifema y unas 70 personas se derivaron a otros centros para ayudar a la sectorización. "Algunos llegaron a morir sin saberse ni como se llamaban. Muchos mayores estuvieron en Ifema deambulando porque tenían Alzheimer. No sé si es más digno o menos digno, yo no me atrevo a decir eso", ha dicho.

La coordinación entre Atención Primaria y las residencias, según ha explicado Ramos, fue al principio "un desastre" porque los ambulatorios estaban cerrados. Sufrieron una baja del personal de un 30 por ciento y al principio sin equipos de protección individual (epis), que más adelante les aportó la Comunidad de Madrid.

"Parecíamos traficantes de droga. Era vergonzoso. Yo compré material e iba con el coche rogando que no me parara la Guardia Civil porque me iba a confiscar un material que necesita un centro. Nos hemos sentido de segunda clase. Cuando veíamos grandes titulares que estaba llegando material los hospitales y se aplaudía a los hospitales, a nosotros no nos llegaba nada. Todo estaba parado en las aduanas porque era prioritario para los hospitales", ha relatado.

La presidenta de AMADE ha detallado que hasta que se les consideró como servicio esencial a finales de marzo no pudieron comprar EPIs. De hecho, le constan requisamientos de material en sus almacenes "con facturas pagadas", así como la paralización de material de aduanas, "con un pedido muy grande que nunca llegó".

"NECESITÁBAMOS MÁS MANOS, PERSONAL Y SOLUCIONES RÁPIDAS"

Pilar Ramos también ha reconocido que durante esas primeras semanas de pandemia hubo desinformación a los familiares de los usuarios de los geriátricos porque no tenían tiempo para responder al teléfono con todo lo que estaban pasando. Y también por el cierre a visitas de los centros, algo a lo que reaccionaron de forma "visceralmente" en contra los familiares.

Al igual que señaló en la primera comparecencia de la sesión de hoy de la comisión la directora de la residencia Amavir Alcorcón, la presidenta de AMADE ha destacado que recibían protocolos y llamadas diarias de inspectores para que apuntaran los datos de cada centro, pero que ellos lo que necesitaban eran "manos, personal y soluciones rápidas" y eso "no lo han tenido".

Igualmente, ha agradecido el trabajo de la UME por ayudarles a desinfectar y a sectorizar, pero no tanto el desarrollado por la Consejería de Políticas Sociales para ofrecerles bolsas de empleo que cubrieron la ausencia de personal que sufrían, ya que ofrecían "médicos jubilados que cuando llamabas o ya estaban contratados o no les interesaba" el puesto de trabajo.

Tampoco cree que fuera efectiva la intervención de algunas residencias por parte de la Comunidad porque se pusieron al frente funcionarios directores de centros de día que, a su juicio, desconocían el funcionamiento de un geriátrico. "Nos acompañaron, sí, con canal más directo, pero solo eran visitas de unas pocas horas, no el día completo", ha expuesto.

No obstante, Pilar Ramos considera que "todo el mundo intentó dar lo que pudo e hizo lo que pudo" y que siempre han recibido apoyo tanto del exconsejero Alberto Reyero como del entonces viceconsejero Javier Luengo.

Por último, la compareciente en la comisión ha aplaudido el trabajo de personas anónimas y entidades asociativas que les han donado batas y mascarillas a doquier y a los trabajadores por su labor tantas horas dedicadas a cuidar a los ancianos.

Profundamente emocionada, y entre lloros, Pilar Ramos ha repetido que la situación que vivieron en el punto álgido de la pandemia en las residencias fue "como un guerra", llorando porque no podían salvar más vidas. "Nos acusaron de esconder cadáveres, pero nosotros solo queríamos que los recogieran porque esas personas son parte de nuestra familia, porque en las residencias se hacen familias", ha concluido.

El movimiento B Corp ha celebrado este viernes la quinta edición del B GOOD DAY bajo el título #Eselmomento. Durante esta mañana han tenido lugar varias charlas en las que han reclamado un mayor papel para la ciencia y la educación en un momento que han calificado como "único" e "irrepetible" para cumplir con la Agenda 2030.

Uno de los invitados a este evento ha sido el High-Level Climate Action Champion de la COP 25, Gonzalo Muñoz, que ha tenido una charla con la periodista Ana Pastor, en la que han coincido en que la sociedad está ante "una crisis sin precedentes" pero que representa "una oportunidad" para convertirse en el "momento de la contribución". Muñoz ha asegurado que la pandemia ha demostrado que "los líderes han fallado" y ha enumerado las tres principales causas por las que lo han hecho.

En primer lugar, Gonzalo Muñoz ha denunciado la falta de atención de los políticos frente a los avisos de la ciencia algo que está relacionado con la segunda causa, la falta de empatía con otras especies, y por último la incapacidad de colaborar entre los gobiernos. Ante esto, la periodista Ana Pastor ha apelado a la importancia de "la bandera de la ciencia", ya que ha considerado que debe situarse en el centro de cualquier política.

Además, la periodista ha abogado por el momento del cambio porque "las nuevas generaciones lo están exigiendo y practicando", algo que también ha recalcado Muñoz. "En estos momentos estamos viendo la muerte de algo pero también estamos presenciando el nacimiento de algo que puede ayudar a tener un camino sólido hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS)", ha señalado.

Esta quinta edición ha contado, según los organizadores, con más de 1.300 personas que han encontrado en las compañías e instituciones una razón de peso para mantener el ánimo ante la situación originada por la COVID-19. Durante el evento han participado organizaciones como la Institución Educativa SEK, Chiesi, ECOALF, CAPSA Foods o con el Director General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, Gabriel Castañares.

Castañares ha reconocido que aún tienen mucho que hacer para difundir qué es la Agenda 2030 y ha afirmado que para ello deben "pasar de la acción a los hechos" mediante la puesta en marcha de acciones que permitan "ponerla de manifiesto en el día a día". "Tenemos que ir de la mano de la sociedad civil y conseguir una implementación efectiva de todas las reivindicaciones", ha reconocido.

Por su parte, la presidenta de la Institución Educativa Sek, Nieves Segovia, ha pedido creen en los más jóvenes porque "tienen el interés, la capacidad y la sensibilidad" para hacer frente a las crisis a las que se enfrenta la sociedad. En este sentido, ha asegurado que cada vez son más los alumnos que en las clases realizan proyectos con impacto social y ha instado a fomentar una mayor conciencia social acerca de la educación porque considera que "se ha centrado exclusivamente en las escuelas y docentes" a pesar de que es un deber de toda la sociedad.

"Los jóvenes saben dónde están los problemas y los quieren solucionar. Desde la educación y la sociedad debemos ser facilitadores e intentar acompañar en esos cambios", ha insistido Nieves Segovia.

"HAY PERSONAS QUE NO SON CONSCIENTES DE LA SITUACIÓN DEL PLANETA"

Siguiendo la línea en la que se ha reclamado una mayor importancia de la educación y la juventud ante los retos climáticos, el movimiento B Corp ha contado con la presencia de Lucía Hernández y Olivia Mandle, dos niñas que pertenecen al programa educativo Raíces y Brotes del Instituto Jane Goodall.

"Hay personas que no son conscientes de la situación del planeta, pero sabemos que cada vez somos más los que sí tenemos conciencia y hacemos más cosas. Ahora es el momento de moverse, de actuar. No nos podemos quedar quietos", ha comentado Lucía Hernández, que ha contado cómo en su casa ahorran 1.500 litros de agua al poner una garrafa en la ducha para no desperdiciar el agua que no sale caliente a la hora de ducharse.

En este sentido, Olivia Mandle ha hecho hincapié en la iniciativa que ha lanzado ella misma bajo el nombre 'No es país para delfines' en la que pide al gobierno que se adhiera a la ley de prohibición de delfinario y ya cuenta casi con más de 50.000 firmas en poco más de mes y medio.

LA SOSTENIBILIDAD COMO EJE DE LAS EMPRESAS

Otro de los principales temas que se han debatido en las numerosas charlas ha sido el papel que han tomado algunas empresas en la lucha contra el cambio climático. Así, algunas como Danone o Chiesi han explicado el compromiso y esfuerzo de sus empresas para llegar a un modelo sostenible y responsable donde las personas y el medioambiente sean la prioridad.

Por esta razón, las empresas del movimiento B Corp han señalado que es un buen momento para impulsar una "visión transformadora" de la empresa que redefina el éxito empresarial y lo asocie a la generación de respuestas efectivas a los desafíos sociales y ambientales de esta era.

Un total de 235 docentes y 2.065 alumnos permanecen aislados por haber tenido contacto con alguna de las 1.069 personas --129 docentes y 940 alumnos-- que han dado positivo en Covid-19 en 332 centros educativos de la Región de Murcia desde el inicio del curso escolar, el lunes 14 de septiembre.

Esto supone 24 nuevos positivos --19 alumnos y cinco docentes-- con respecto al último balance aportado por la Comunidad este jueves.

La Consejería de Educación recuerda que hay 280.000 alumnos y 27.000 docentes en la Región, por lo que los 235 docentes aislados representan el 0,87% del total, y los 2.065 alumnos, el 0,73%.

Además, un total de 6.327 estudiantes y 652 profesores han vuelto ya a las aulas tras superar el periodo de cuarentena.

Así, en las últimas horas, en el colegio concertado Miralmonte de Cartagena un docente ha dado positivo y dos personas permanecen aisladas (el positivo y otro docente) y en el colegio público La Asomada, también en Cartagena, hay un alumno positivo y dos aislados (el positivo y un alumno).

En el colegio público Garre Alpáñez de Balsicas, en Torre Pacheco, hay un alumno positivo y cinco aislados (el positivo, tres alumnos y un docente) y en el instituto José Planes de Espinardo, en Murcia, un alumno ha dado positivo y hay siete aislados (el positivo y seis alumnos).

En el instituto José Luis Castillo Puche de Yecla hay un alumno positivo y dos aislados (el positivo y un alumno); en el colegio público San Francisco de Jumilla hay un alumno positivo y dos aislados (el positivo y un alumno) y en el instituto Alquerías de Murcia hay un alumno positivo y tres aislados (el positivo y dos alumnos).

En el colegio concertado Severo Ochoa de Los Garres, en Murcia, una persona externa ha dado positivo y un alumno ha sido aislado; en el colegio público Maestro Sixto López Navarro de Fortuna hay un alumno positivo y tres aislados (el positivo y dos alumnos) y en el instituto Los Albares de Cieza hay un alumno positivo y siete aislados (el positivo y seis alumnos).

En el colegio público Deitania de Totana dos alumnos sin relación entre ellos han dado positivo, dejando un total de 26 aislados en el primer caso (el positivo, 24 alumnos y un docente, esto es, el aula de Infantil) y ocho en el segundo (el positivo, cinco alumnos y dos docentes).

En el colegio público Joaquín Carrión Valverde de San Javier hay un alumno positivo y 21 aislados (el positivo, 19 alumnos y un docente, el aula de Infantil) y en el instituto Valle de Leyva de Alhama de Murcia hay un alumno positivo y cinco aislados (el positivo y cuatro alumnos).

En el colegio público Don Antonio Buitrago Gómez de Cieza un alumno ha dado positivo y hay 24 aislados (el positivo, 22 alumnos y un docente, el aula de Infantil) y en el colegio concertado San Pablo CEU de Molina de Segura hay un alumno positivo y dos aislados (el positivo y un alumno).

En el instituto Rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras un alumno y un docente sin relación entre ellos ha dado positivo, con un total de tres aislados en el primer caso (el positivo y dos alumnos) y cuatro en el segundo (el positivo y tres docentes).

También en el colegio concertado Herma de Murcia se han registrado dos casos, en este caso de alumnos, que dejan tres aislados en ambos casos, todos estudiantes, y en el colegio concertado La Milagrosa de Blanca hay un alumno positivo y ocho aislados (el positivo y siete alumnos).

En el Colegio público San Fernando de Lorca hay un docente positivo y tres aislados (el positivo y dos docentes) y en el colegio público Nuestra Señora de Los Dolores de Los Dolores, en Cartagena, hay otro positivo y cuatro personas permanecen aisladas (el positivo y tres alumnos).

Por último, en el colegio público Jerónimo Belda de Cieza hay un alumno positivo y cinco aislados (el positivo y cuatro alumnos), y en el instituto Vega del Thader de Molina de Segura hay un docente positivo y dos aislados (el positivo y otro docente).

Los grupos en defensa de los consumidores financieros están convencidos de que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) choca con la doctrina jurisprudencial europea y esperan que Luxemburgo aclare de nuevo la cuestión.

Asufin ha manifestado su "indignación y estupor", aunque ve esperanzador el voto particular del magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, que sigue la doctrina de Francisco Javier Orduña y deja claro que ha habido ausencia de buena fe y situación de desequilibrio.

En opinión de Asufin, el IRPH debería declararse nulo porque no se le dejó al consumidor elegir de forma clara y transparente entre este índice y otros. Ya estamos trabajando en iniciativas para que en Europa conozca que el Supremo no está respetando la doctrina jurisprudencial que está marcando el TJUE", ha indicado la presidenta de la asociación, Patricia Suárez.

De hecho, y tal y como ha mantenido hasta ahora, cree que lo lógico es que el préstamo quede sin remunerar. Así también lo ha entendido el 37% de los jueces que falla sobre hipotecas referenciadas al IRPH.

En la misma línea, Adicae entiende que no es que deba declararse nula la cláusula IRPH porque su evolución posterior haya revelado ser más perjudicial que el Euríbor por el consumidor, sino porque desde el momento de la contratación ya se sabe que esto va a ser así, no es una cuestión aleatoria.

De este modo, ha calificado la sentencia del Alto Tribunal de "decepcionante" y ha indicado que requiere de nuevas cuestiones prejudiciales ante el TJUE que consigan, más pronto que tarde, que el consumidor no quede vinculado por una cláusula abusiva, perjudicial, falta de transparencia y nula de pleno derecho.

"Esta cláusula debe ser expulsada del contrato de préstamo, que debería quedar sin interés o, como poco, sustituida por el Euríbor, y serles restituidas las cantidades indebidamente pagadas", ha apostillado Adicae.

Por su parte, la co-directora legal de reclamador.es Almudena Velázquez también considera que el voto particular de Arroyo Fiestas es de sentido común y lo más lógico. "Si el consumidor no conoce claramente este índice ni tiene elementos comparativos, difícilmente puede escoger entre su aplicación y el Euríbor, por lo que el banco juega con las cartas marcadas", ha explicado.

Esta afirmación confirmaría la vulneración de la buena fe en la contratación de este tipo de préstamos. Además, el voto en contra "supone exponer sin tapujos la contradicción en que incurre la Sala con estos pronunciamientos".

Velázquez entiende que la contradicción se hace más evidente con la jurisprudencia del Tribunal Europeo, por lo considera que abre, más aún si cabe, la puerta a una nueva cuestión prejudicial en defensa de los argumentos del magistrado discrepante.

De su lado, el socio director de Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, ha subrayado que el perjuicio económico para el cliente "es claro y no sólo por la evolución negativa del mismo, sino porque en sí, el IRPH, ha sido sustancialmente siempre superior al Euríbor".

"Tanto la directiva de defensa del consumidor como la legislación nacional dejan claro que la falta de transparencia en sí misma genera abusividad y que las cláusulas abusivas se tendrán por no puestas", ha indicado Navas, quien igualmente prevé que el voto particular del magistrado ayudará a que muchos jueces se animen a presentar cuestiones prejudiciales.

"El Supremo ha perdido la oportunidad de dar la última palabra en este tema; al final Luxemburgo resolverá la cuestión y probablemente desautorizará a nuestro Supremo, como ya ocurrió con la retroactividad de las cláusulas suelo", ha añadido el abogado.

En definitiva, Navas ha indicado que este capítulo no ha terminado y espera que Luxemburgo se pronuncie pronto para dar certidumbre a los miles de españoles afectados por un IRPH "sustancialmente más caro y colocado en la mayoría de los casos sin la debida transparencia".

Más de un millón de personas se ha unido a la consulta de la Comisión Europea, que aún estará vigente hasta el 10 de diciembre, para pedir una estricta ley contra la deforestación que está impulsada los productos de consumo que llegan al mercado europeo. Se trata de la consulta pública con más firmas hasta la fecha en temas ambientales.

La campaña #NoTeComasElBosque es una iniciativa de 140 organizaciones entre las que participan las españolas WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife y el Instituto Jane Goodall en España que piden a la Comisión Europea a través de una consulta pública una ley "estricta" que matenga "fuera del mercado" de los Veintisiete los productos vinculados a la deforestación, destrucción de otros ecosistemas, o que pongan en peligro los derechos de los pueblos indígenas. El millón de firmas alcanzado hoy supone un récord en la historia de la UE en cuanto a una consulta pública sobre temas ambientales.

Además de la petición ciudadana, el Parlamento Europeo apoyó el mes pasado una ley para detener la deforestación. El director de conservación de WWF España, Enrique Segovia, asegura que los productos vinculados con la deforestación "están en todas partes de Europa, desde cerdos o pollos alimentados con soja, hasta helados que contienen aceite de palma insostenible".

Por eso, considera que la gente en la actualidad no tiene forma de saber si sus compras han contribuido a destruir la naturaleza. "Podemos cambiarlo. Más de un millón de personas quieren una ley estricta de la UE que frene la deforestación", ha celebrado Segovia que añade que ahora la Comisión Europea debe publicar un proyecto de ley para retirar "para siempre" los productos de los supermercados cultivados tras arrasar bosques u otros ecosistemas de los arrasando bosques u otros ecosistemas.

Desde SEO/BirdLife, la coordinadora de conservación, Ana Carricondo, ha recordado que la Estrategia Europea de Biodiversidad recoge que hay que proteger de manera estricta los bosques relictos en Europa y aumentar la superficie de espacios protegidos al 30 por ciento, y que de ellos el 10 por ciento con una protección estricta, junto con el fomento de un agricultura sostenible; tanto por los servicios ecosistémicos que generan como por su función de contención ante el cambio climático.

Por tanto, opina que "no sería aceptable, por ser contradictorio, que la UE pretenda proteger los bosques europeos pero no aplique ese mismo criterio a escala mundial, cuando la destrucción forestal se produce por el consumo de productos procedentes de la tala de bosques externos a la UE".

Mientras, el portavoz de la campaña de Bosques de Greenpeace España, Miguel Ángel Soto, ha destacado que desde las importaciones de soja para piensos de engorde de la ganadería industrial, hasta el aceite de palma del mal llamado biodiesel, las cadenas de suministro del modelo agroalimentario y de transporte de la UE tienen un "enorme impacto ambiental y social que se traslada más allá de las fronteras europeas".

Asimismo, ha advertido de que más del 40 por ciento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Brasil proceden de los cambios de uso del suelo, de la deforestación principalmente. "Esta deforestación y estas emisiones contaminantes son también responsabilidad de nuestro consumo del sistema agroalimentario y de transporte europeo", denuncia.

A nivel mundial, la UE es responsable de más del 10 por ciento de la destrucción de los bosques, impulsada por el consumo de productos básicos como carne, lácteos, soja para alimentación animal, aceite de palma, caucho, café y cacao. Desde 2015, cada año se han perdido 10 millones de hectáreas (una superficie más grande que Portugal) de bosques en todo el mundo debido a la deforestación.

Por último, la doctora Jane Goodall, fundadora del Instituto que lleva su nombre, ha destacado que para reducir el impacto que las acciones cotidianas tienen en la biodiversidad global, cada persona cuenta. "Cada uno de nosotros tiene un rol a jugar, como ciudadanos, como consumidores, como trabajadores, votantes o activistas; juntos marcamos una gran diferencia para hacer de este mundo un lugar mejor", ha apostillado Goodall, que anima a los ciudadanos a seguir participando en la consulta pública de la Comisión sobre la deforestación, que finalizará el 10 de diciembre.

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien este viernes se enfrentaba a un careo en la Audiencia Nacional con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ha echado en cara al que fuera su superior, y a la cúpula del PP, que en el caso 'Kitchen' le hayan arrojado "a las fauces de la prensa".

Ha confesado que se ha sentido abandonado por el partido y de hecho ha indicado que si Casado --presidente del PP-- no sabe cuidar a la gente que trabaja para el partido --por él-- tampoco sabrá cuidar de los españoles en caso de que llegue a gobernar.

Fuentes jurídicas, consultadas por Europa Press, han explicado que a lo largo del careo --correcto pero tenso-- que se ha extendido durante aproximadamente dos horas, ambos han mantenido sus versiones frente al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en relación al papel que jugaron en la operación que se sufragó con fondos reservados para sustraer documentación sensible del PP al extesorero del partido Luis Bárcenas, la operación 'Kitchen'.

Con los dos ex altos cargos sentados uno junto a otro frente al juez y con los dos fiscales (uno nuevo en sustitución de Ignacio Stampa) en el lateral, han mantenido lo declarado ya en octubre, y desde el principio la situación ha tornado en tensa. Al principio se dirigían al juez para responderse uno al otro, hasta que el magistrado les ha explicado que esa no era la dinámica, sino que debían hablar entre ellos.

Mientras que Fernández Díaz no reconocía haber enviado a su 'número 2' mensajes sobre Kitchen o haber mantenido una llamada telefónica al respecto en julio de 2013, Martínez defendía la veracidad de esos mensajes, que de hecho llegó a protocolizar ante notario. Y sobre ese acta también se han enzarzado, ya que el exministro ha afirmado que el notario y Martínez son amigos y ha puesto en duda la veracidad de los mensajes, como ya hiciera en su declaración del 30 de octubre.

EL EXMINISTRO SE QUEDA DE QUE LE LLAMARA "BOBO Y MISERABLE"

Después de que el exministro negara que envió a Martínez mensajes relacionados con la operación, éste ha espetado que no ha pasado "de ser secretario de Estado y diputado a falsificador", y que de informática sólo tiene un nivel de usuario, por lo que no sería capaz de manipular mensajes que hubiera podido recibir de Fernández Díaz.

Durante esas dos horas también ha habido tiempo para los reproches, y es que el exministro se ha quejado a Martínez de que le hubiera insultado a sus espaldas llamándole "bobo y miserable" y le ha echado en cara que de no ser por él, no estarían en esa situación. Esas mismas fuentes inciden en que el ministro ha llegado a decir que sin la intervención de Martínez él sólo hubiera sido testigo, a lo que éste le ha respondido que como testigo no hubiera aportado mucho dado que niega la existencia de la operación.

Sobre los insultos --que se hicieron públicos tras el levantamiento del secreto del sumario-- el que fuera mano derecha en el ministerio le ha respondido que lamentaba esas palabras malsonantes pero que cuando uno se siente "abandonado" a veces se dicen palabras fuertes. En el sumario también constan las gestiones que intentó hacer sin éxito Martínez para que el partido le incluyera en las listas de la Asamblea de Madrid para poder seguir siendo aforado.

Dada la situación, en un momento dado el exministro ha perdido la serenidad y, si bien no ha roto a llorar, sí que se ha azorado por lo "doloroso" del momento, ante lo que el magistrado García-Castellón le ha pedido que se calmara e incluso le ha ofrecido hacer un pequeño receso.

EL INFORME PERICIAL Y LA 'K'

Tras el careo, la defensa del exministro ha aportado además un informe pericial elaborado por un perito informático con el que pretenden reforzar la tesis de que los mensajes protocolizados por Martínez están "manipulados" y por tanto no son veraces.

Sobre el móvil que usaba el ministro en la época en la que supuestamente se mensajeó con su segundo, la defensa ha mantenido que ese terminal ya no lo tienen pero han ofrecido a cambio mostrar los mensajes del inmediatamente anterior al actual.

Respecto a los usos y costumbres del exministro a la hora de escribir mensajes de texto, y que suscitaron controversia dado que él defendía que no solía usar la 'K' como sustituta de la 'Q' y que por lo tanto los mensajes protocolizados por Martínez no serían escritos por él, Martínez ha apuntado que Fernández Díaz era un ministro "muy moderno" y que sí usaba la 'K' e incluso términos en inglés en sus mensajes. De hecho le ha puesto dos ejemplos en los que sí usaba la 'K' incluso para nombres como el de Cañizares o Casals.

Tras este careo, el magistrado instructor seguirá en próximos días con declaraciones como la del que fuera jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas en calidad de investigado o la testifical del coronel Diego Pérez de los Cobos que salió a colación por ser quien coordinaba en Interior en relación con el uso de los fondos reservados.

El World Press Photo vuelve al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) entre el 13 de noviembre y el 20 de dicembre con las imágenes finalistas y ganadoras de este certamen internacional de fotoperiodismo que, pese a retratar eventos del año pasado, "anticipan lo que se ha vivido en 2020" con la crisis del coronavirus.

Así lo ha expresado este viernes en una rueda de prensa la directora de Photographic Social Vision, Sílvia Omedes, que ha destacado que muchas fotografías tomadas en 2019, que muestran protestas sociales, catástrofes naturales, fauna en peligro o vulneraciones de los derechos humanos, sirven de prólogo de la actual crisis.

"No retratan únicamente los fenómenos principales del año, sino que permiten hacer un lúcido diagnóstico de los grandes retos del mundo antes de la pandemia. Se trata de una mirada al pasado para entender el presente y prepararnos para el futuro, algo más necesario que nunca", ha destacado la organización de la exposición en un comunicado.

En la misma línea, la directora del CCCB Judit Carrera ha destacado que tanto la presente edición como la actual pandemia del coronavirus demuestran que el fotoperiodismo "es más importante que nunca", y que resulta vital tanto para informar de la crisis del Covid-19, como de otras que han quedado olvidadas a causa de su impacto.

MÁS ALLÁ (Y ANTES) DEL COVID-19

Muchas veces hay conflictos que no se ven reflejados en los medios de comunicación", ha corroborado el fotoperiodista catalán Ricard Garcia Vilanova, que ha participado en la rueda de prensa y aporta a la muestra una fotografía tomada en las protestas de octubre del 2019 en Irak, ganadora del tercer premio en la categoría Temas de Actualidad.

Junto a él, exponen su obra dos fotógrafos españoles más --Antonio Pizarro y Ramón Espinosa-- que presentan, respectivamente, una fotografía sobre el lince ibérico ganadora del tercer premio en la categoría de Naturaleza; y una de la devastación del huracán Dorian ganadora del tercer premio en la categoría de Noticias de Actualidad.

Los ganadores de la mejor fotografía y el mejor reportaje, el japonés Yasuyoshi Chiba y en francés Romain Laurendeau, también están presentes en la muestra: aportan imágenes sobre las protestas ciudadanas en Jartum (Sudán) y fotografías de las revueltas de los jóvenes argelinos en febrero del 2019.

"El año 2019 se puede describir como el año de las protestas, y esto se ve claramente en la exposición", ha destacado en una intervención en vídeo la directora de exposiciones del World Press Photo Babette Warendorf, que ha destacado la calidad de las fotografías presentadas en esta edición.

VISITAS VIRTUALES

La exposición 'World Press Photo 2020' en el CCCB de Barcelona se ha tenido que adaptar a la situación epidemiológica en la ciudad, reduciendo el aforo en la sala, ampliando las visitas guiadas y ofreciendo por primera vez un nuevo formato de visita online a través de la plataforma Flimin.

Se trata de un recorrido audiovisual de 40 minutos por la muestra, acompañado por el análisis del equipo educativo de Photographic Social Vision, y que se podrá disfrutar tanto en castellano como en catalán en abierto; gratuitamente los suscriptores de Filmin y en alquiler el público en general.

Además, según ha informado la organización, los escolares y docentes dispondrán de un acceso específico a la visita guiada online, que irá acompañada de una "completa guía pedagógica", y que también se alojará en Filmin, aunque únicamente será accesible mediante la previa contratación del servicio a Photographic Social Vision.

Castilla y León contabiliza un total de 110.724 positivos por coronavirus, de ellos 1.587 nuevos, con 42 fallecidos notificados en las últimas 24 horas (39 de ellos en hospitales y tres en residencias) y 172 altas más, según datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas de este viernes registran 39 fallecimientos en hospitales. En total en este ámbito se han registrado hasta el momento en la Comunidad 3.249 defunciones. Por su parte, las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 15.091, tras sumarse otras 172 en las 24 horas anteriores.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 794 y los casos positivos a ellos vinculados ascienden a 7.026. De ellos, Ávila contabiliza 94, uno menos; Burgos, 69, uno más; León, 44, dos más que la cifra que este jueves; Palencia, 65, uno menos; Salamanca, 95, cuatro menos; Segovia, 90, dos más; Soria, 69, tres menos; Valladolid, 196, tres menos, y Zamora 72, cinco menos.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 110.724 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 1.587 más. Según los datos de la Administración regional, 104.043 positivos han sido diagnosticados en test PCR y de antígenos.

Por provincias, Valladolid es la que acumula más positivos este viernes, con 421 más y un total de 25.041; seguida de León con 306 más y 17.995 en total; Burgos con 347 más y 18.349 en total; Zamora, con 123 y 6.723 en total; Salamanca, con 152 más y 16.471; Segovia, con 48 más y 7.481 en total; Palencia, con 59 más y 7.238; Ávila, con 79 más y 6.420; y Soria, con 52 más y 5.006 en total.

FALLECIDOS EN HOSPITALES

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 3.249, 39 más que en la jornada anterior. La mayor parte se registra en la provincia de León con 673 --ocho más--, le sigue Valladolid con 660 --13 más--; a continuación figura Salamanca, con 548 --los mismos--; Burgos, con 364 --nueve más--; Segovia con 245 --dos más--; Zamora 229 --cuatro más--; Ávila registra 210 --los mismos--; Palencia tres más, hasta 172 y Soria, 148 --los mismos--.

En el caso de las altas, un total de 15.091, se han computado 3.674 en Valladolid; 2.778 en León; en Salamanca 2.276; en Burgos 1.984; en Segovia 1.130; en Ávila 1.013; en Zamora 952; en Palencia, 802 y en Soria 606.

MÁS HOSPITALIZADOS EN PLANTA Y MENOS EN UCI

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo del COVID-19 un total de 1.786 personas --una menos que en la jornada anterior--. Del total, 1.562 pacientes se encuentran en planta --cinco más-- y 224 en unidades de críticos --seis menos--.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 70 por ciento de las camas en unidades de críticos, dos puntos porcentuales menos.

Así, se informa de 42 ingresados en la unidad de críticos del Complejo Asistencial Universitario de Burgos; 35 en el Clínico Universitario de Valladolid, 33 en el Río Hortega de la capital vallisoletana, 27 en el Complejo Asistencial de León, 22 en el de Palencia; también 22 en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca; once en el Hospital de El Bierzo; nueve en el Complejo de Segovia; diez en el Complejo Asistencial de Ávila; nueve en el de Zamora y cuatro en el Complejo de Soria.

RESIDENCIAS

Por su parte, la cifra de internos de residencias de mayores y personas con discapacidad fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúa en 3.143 --18 más que en el último parte emitido-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 2.038 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, 18 más que en la jornada anterior, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.143 finados, 1.896 personas han perdido la vida en su residencia o centro, tres más que el dato de ayer, mientras que 15 personas más han fallecido en el hospital, hasta un total de 1.247.

Un total de 59 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, siete menos, y 2.105 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 62 más.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se sitúa en 265 (uno más), de ellos 148 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles. Además, se encuentran hospitalizados 35 residentes, tres menos que en la jornada anterior, y ascienden a 883 los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, dos más.

Por otro lado, no hay ningún residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19 y 222 aislados de forma preventiva sin síntomas, tres menos que en la jornada anterior.

Vox, personado como acusación popular en la causa en la que se investigaba a varios funcionarios por la escala que hizo en el aeropuerto de Barajas la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, recientemente archivada por el instructor del caso, Antonio Serrano-Arnal, recurrirá esta decisión y pedirá la nulidad de las actuaciones realizadas hasta el momento.

Así lo ha señalado la portavoz jurídica de la formación, Marta Castro, tras asistir a otras diligencias penales en las que el partido liderado por Santiago Abascal está personado en relación con las finanzas de Podemos.

"Hemos presentado una nulidad de actuaciones porque no hemos tenido acceso ni a la grabación ni a ninguna de las pruebas que el fiscal sí que ha tenido acceso, y por eso ha pedido el archivo", ha explicado Castro a las puertas de los juzgados de instrucción de Madrid. La denuncia se interpuso tras desvelarse que, durante su escala, Rodríguez fue visitada por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

A juicio de Castro, y para pode pronunciarse, Vox debe tener acceso como acusación popular de todo lo actuado. También recurrirán el auto de archivo dictado hace unos días por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.

En su resolución, de apenas unas páginas, Serrano-Arnal archiva las actuaciones y determinaba que, "en cualquiera de las versiones" que ha escuchado sobre la escala que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, hizo el pasado mes de enero en el aeropuerto Barajas, ésta no llegó a entrar en el espacio Schengen, ni consta indicio alguno de que lo intentara, razón por la cual ha archivado el 'Delcygate' en lo relativo a un presunto delito de prevaricación administrativa contra funcionarios.

Serrano-Arnal ordenó el sobreseimiento provisional de la causa en la parte que corresponde a su juzgado, que partió de querellas y denuncias presentadas por el PP, Vox y Laócratas contra los funcionarios que no arrestaron a Rodríguez, a pesar de que la sanciones de la UE la prohíben entrar en el espacio Schengen.

El juez se apoyó para ello en el artículo 25 del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, conforme al cual las zonas de tránsito internacional de los aeropuertos españoles no pueden considerarse territorio español.

El juez indicaba igualmente en su resolución que tampoco podrían interpretarse como una vulneración de las sanciones europeas "aunque se hubiere producido una desviación de la ruta seguida y traspasado escasos metros el territorio Schengen, alojándose, en su caso, en estancias al efecto dispuestas para la espera del vuelo de enlace a destino".

El juez se refiere específicamente al caso de uno d ellos imputados Koldo García Izaguirre, miembro de la comitiva que se trasladó junto al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, al aeropuerto madrileño y contra el que se querelló Vox. Respecto a él, ha entendido que al no ser funcionario público solo podría ser sujeto pasivo de un delito de desobediencia, pero también lo ha descartado.

El 'Delcygate' también está en el Tribunal Supremo (TS) por las querellas presentadas por Vox y el partido Laócratas contra Ábalos por un presunto delito de prevaricación, dado que en su calidad de ministro es aforado ante este tribunal.

Ante este órgano la Fiscalía del Supremo también ha pedido inadmitir estas querellas porque no ve "indicios suficientes" de que los hechos sean constitutivos de un delito de prevaricación, ni de la participación de Ábalos en los mismos. El Ministerio Público no cree que la actuación del ministro "fuera mas allá del ámbito estrictamente diplomático".

Los hechos se remontan a la noche del 19 al 20 de enero de 2020, cuando la 'número dos' de Nicolás Maduro hizo una escala en Barajas de camino a Turquía. En el avión también iba el ministro de Turismo, Felipe Plasencia, que encabezaba la delegación venezolana para FITUR.

Rodríguez es uno de los altos cargos del Gobierno de Maduro que tiene prohibida la entrada al espacio Schengen por las sanciones emitidas por la Unión Europea por violaciones de los Derechos Humanos y actuaciones o políticas pensadas para menoscabar la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela.

Durante esta parada técnica, Ábalos se vio con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto madrileño --según explicó él posteriormente-- para asegurarse de que no entrara en territorio Schengen.

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, Consuelo Ordóñez, ha advertido este viernes de que, quienes "diseñaban las estrategias de terror de ETA" sin mancharse "las manos de sangre" y hoy "condicionan la política a todos los niveles", en alusión a los dirigentes de EH Bildu, son "más peligrosos" que los que mataban.

En su discurso durante el XVIII seminario Fernando Buesa, que se ha celebrado en Vitoria-Gasteiz, Ordóñez ha lamentado que se haya asistido a "un supuesto final de ETA, permitido y calculado al milímetro, que ha sido consecuencia de la cesión de los Gobiernos a sus exigencias: legalización de su brazo político, excarcelación paulatina de los presos y un final sin vencedores ni vencidos".

Además, esto va en contra de lo que "venden los dos grandes partidos de este país", el PSOE y el PP, de que ETA "ha sido derrotada por el Estado de Derecho". "Hay decenas de terroristas a los que no se ha detenido ni se piensa detener. Nunca una derrota ha resultado tan poco evidente", ha añadido.

Consuelo Ordóñez ha recordado los crímenes de ETA sin esclarecer y sin que sus autores hayan "pagado por sus asesinatos". "ETA no son solo unas siglas, es un proyecto", ha recordado, para considerar que EH Bildu están en las instituciones "gracias a ETA". "Y, desde ellas y gracias a la inestimable ayuda del nacionalismo vasco, están intentando imponer ese proyecto político, el que sirvió de base a ETA para atentar contra nuestros familiares", ha destacado.

En este sentido, se ha referido a las declaraciones del parlamentario de la coalición soberanista y líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, "que ayer se jactaba del poder que tenían sobre la gobernabilidad de este país".

"Para ellos, nuestra democracia es un régimen y la dictadura de terror a la que nos tenían sometidos, y que no han condenado ni de la que se arrepienten, es su ideal de nación, el proyecto político que nos quieren llegar a imponer", ha manifestado.

Ordóñez ha apuntado en que, en esta etapa de post-terrorismo, hay que trabajar para reflejar "la verdad tan reciente" que han vivido las víctimas. A su juicio, las series y documentales sobre ETA son "un regalazo para las víctimas y están haciendo mucho bien".

La presidenta de Covite ha criticado que el nacionalismo ponga en marcha "toda su maquinaria para intentar diluir su relato" y pretenda "hacer política como si ETA no hubiera existido jamás". "Mientras esas personas, los herederos políticos de ETA, sigan teniendo ese soporte político y social, nunca me va a parecer que están derrotados. No hay diferencias entre quienes apretaban el gatillo y entre quienes ordenaban y jaleaban el asesinato", ha subrayado.

En su opinión, los que "diseñaban las estrategias del terror y no se manchaban las manos de sangre, son mucho más peligrosos que los que apretaban el gatillo y estos son los que están condicionando la política a todos los niveles". "¡Qué rentable les ha salido matar!", ha apuntado.

En esta línea, ha asegurado que, "mientras haya quien evite condenar el terrorismo" y admitir su responsabilidad "en la historia criminal de ETA", Covite seguirá actuando como "conciencia moral de esta sociedad". "Seremos el espejo en el que, quienes justifican a ETA, no quieren mirarse", ha añadido.

También ha apuntado que no permitirán que se implante un relato "basado en el olvido y la impunidad", ni la equiparación de otras víctimas, que tienen "todo el derecho a ser reparadas y deben ser tratados de forma específica".

La incidencia acumulada de la COVID-19 en los últimos 14 días en el conjunto de Baleares ha moderado su incremento en la última semana y aunque ha pasado de 244,8 casos por cada 100.000 habitantes a 268,0, esta subida es más suave que la registrada la semana anterior.

Según ha informado la Conselleria de Salud este viernes en nota de prensa, estos datos han sido recogidos en el informe 25 del Servicio balear de Epidemiología publicado esta jornada, el cual contiene información hasta el 9 de noviembre.

Concretamente, la incidencia acumulada a 14 días --del pasado 27 de octubre al día 9 de noviembre-- ha subido menos de un 10% y en el anterior --cuando se pasó de 192,4 casos a 244,8, entre el 20 de octubre y el 2 de noviembre-- la subida rozó el 30%.

Por islas, en el caso de Ibiza ya la incidencia acumulada a 14 días se ha mantenido estable en una semana --de 332,6 casos a 339,4-- e incluso ha bajado en la incidencia acumulada a siete días --que pasa de 187, tres casos por cada 100.000 habitantes a 142--, así como en el caso de Formentera --de 41,3 a 33--.

En cuanto Menorca, la tasa de incidencia acumulada a 14 días ha sufrido un descenso --de 123,1 a 97,4-- pero en cambio la de los últimos días se ha incrementado ligeramente --de 45,0 a 50,3--.

Finalmente, en la isla de Mallorca, ambas tasas han ido al alza, la incidencia acumulada a 14 días pasa de 245,4 a 276,4 y la de siete días de 126,7 a 147,3.

Este nuevo estudio técnico ha constatado que del 27 de octubre al 9 de noviembre se diagnosticaron 3.080 casos en Baleares --502 en Ibiza, 10 en Formentera, 2.477 en Mallorca y 91 en Menorca--, y de éstos 1.581 los últimos siete días, del 3 al 9 de noviembre --210 en Ibiza, cuatro en Formentera, 1.320 en Mallorca y 47 en Menorca--.

MUNICIPIOS Y ZONAS BÁSICAS DE SALUD

Asimismo, entre los datos facilitados en este estudio han figurado las tasas de incidencia acumulada por municipios y por zonas básicas de salud. Estos datos pueden variar respecto de aquellos que ofrece a diario la Conselleria de Salud y Consumo y que tienen como referencia la positividad de las pruebas PCR, indicador que también se considera válido para tener información diaria de la evolución de la pandemia de COVID-19.

Por municipios, los que se han mantenido con una incidencia más alta por cada 1.000 habitantes --contando el número total de casos registrados hasta el 10 de noviembre e incluyendo los diagnósticos en geriátricos-- han sido, por este orden, el municipio mallorquín de Sant Joan con 49,81, seguido de Ibiza con una tasa de 32,02, Montuïri con 31,25, Palma con 25,04 casos, Vilafranca con 23,08 y Ariany con 23,04. Tanto en el caso de Sant Joan, Montuïri y en menor medida Palma e Ibiza, han sufrido importantes brotes en sus residencias que han disparado la incidencia.

Por el contrario, los municipios menos afectados han continuado siendo Fornalutx (0), Ferreries (1,05), Es Migjorn (1,42) o Santa Eugènia (3,2).

En cuanto a zonas básicas de Salud, el Servicio de Epidemiología ha hecho una comparativa entre los diagnósticos entre la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre y del 3 al 9 de noviembre, en la que se ha constatado como el número casos diagnosticados ha subido en 30 zonas, ha bajado en 26 de ellas y en dos se ha mantenido igual.

En números absolutos, la que más ha subido el número de casos ha sido Pollença, con 33 diagnósticos más que la semana anterior --de 16 a 49-- e Inca, con 30 casos más --de 58 a 88-- o Porto Cristo con 25 casos más, de 23 a 48 contagios de coronavirus confirmados.

Por el contrario, se han reducido notablemente en Vila, --con 34 casos menos de una semana a otra, pasando de 102 casos a 68-- y en Es Viver con 32 diagnósticos menos --de 82 a 50--, así como en Manacor, donde se han encontrado 27 positivos menos que la semana anterior --de 111 a 84--. Estas tres áreas básicas de salud están sometidas a restricciones especiales para reducir la incidencia de coronavirus.

Respecto a la tasa de la incidencia de los casos por cada 1.000 habitantes, el área que registró su cifra más elevada del 3 al 9 de noviembre ha sido Porto Cristo, con 4,08 casos, seguido de Pollença con 2,99, Vila con 2,93 y Santanyí con 2,75.

PERFIL DE LA PERSONA AFECTADA POR COVID-19 EN BALEARES

En total, desde el inicio de la pandemia y hasta el día 10 de noviembre, el Servicio balear de Epidemiología ha validado 21.254 diagnósticos positivos de SARS-CoV-2 en la comunidad --3.108 en Ibiza, 155 en Formentera, 17.351 en Mallorca y 640 en Menorca--, un 70% --14.888-- de los cuales han presentado síntomas, mientras que un 30% --6.366-- han sido asintomáticos.

Un total de 229 casos diagnosticados han sido catalogados como casos llegados de otras comunidades autónomas y 137 importados de otros países. Otros 917 han sido usuarios de residencias geriátricas y 1.026, sanitarios. Finalmente, 383 muertes han sido validadas como causa de la COVID-19 hasta que se ha cerrado la elaboración de este informe.

Asimismo, desde el 11 de mayo --cuando entró en vigor la nueva estrategia de diagnósticos por parte del Ministerio-- la mitad de los casos --9.599-- eran contactos de un caso identificado, un 25% de los casos --4.701-- eran contactos que estaban en seguimiento, y un nueve por ciento--1.685-- eran casos asociados a brotes.

El informe de Epidemiología también ha hecho un análisis completo del perfil de personas afectadas por la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, estableciendo que el virus ha afectado prácticamente igual mujeres --10.873 casos, 51% del total-- y hombres --10.381 casos, 49% del total-- y que, por grupos de edad, los más numerosos han sido las personas de entre 40-49 años --3.783-- seguidos de los de 30-39 años --3.760-- y de 20-29 --3.452--.

Del total de casos detectados en octubre y noviembre, la mayoría --un 49,4%-- tenían entre 20-49 años, un 23% tenían entre 50 y 69 años, un 17,3% eran menores de 19 años y un 10,3% mayores de 70 años.

UN TOTAL DE 315 BROTES DETECTADOS

El informe 25 elaborado por el Servicio balear de Epidemiología ha ofrecido, además, amplia información sobre brotes --agrupaciones de tres casos o más de COVID-19--.

Hasta la publicación del estudio, en Baleares se han detectado hasta 315 desde el inicio de la pandemia, 18 de ellos la última semana, y 92 con investigación aún abierta.

En total, se han diagnosticado 2.348 casos positivos asociados --aproximadamente el 11% del total--. El 50% de estos casos --1.179-- ha presentado síntomas, además un 31% de los brotes --100-- han sido de ámbito familiar, un 21% (67) de ámbito mixto, y un 19% (61) se han originado debido a reuniones sociales.

En 306 brotes el caso primario era autóctono. La media de casos por brote detectado en las Islas ha sido de siete positivos, los mínimos han registrado tres casos y el máximo --caso de residencia geriátrica-- tuvo 94 casos asociados.

Por franjas de edad, en los positivos ligados a brotes, la más numerosa ha sido la de personas entre 30-39 años --249 casos--, seguida de la de 20 a 29 --248-- y la de 40 a 49 años --237 casos--.

Mientras, por zonas básicas de salud la que ha registrado un mayor número de positivos asociados a brotes ha sido la de Inca, con 116 diagnósticos relacionados, seguido de Es Viver (80), Villafranca (73) y Serra Nord (72).

El segundo encuentro interregional del proyecto europeo 'MOMAr' ha contado con la participación de más de 70 entidades de seis países, 40 de ellas de la provincia de Zaragoza. Este programa, liderado por la Diputación de Zaragoza (DPZ), tiene como objetivo de diseñar nuevos modelos de gestión del patrimonio rural que permitan un desarrollo sostenible y que se adapten a la especificidad de cada territorio.

El evento se ha celebrado de forma telemática, bajo el título 'El patrimonio más allá del turismo, un futuro sostenible'. Durante tres días, las organizaciones participantes han podido intercambiar proyectos que puedan servir como ejemplo de buenas prácticas y también como experiencias fallidas.

Muchas de las iniciativas abordadas han estado relacionadas con las consecuencias de la pandemia del coronavirus y las iniciativas que se están desarrollando para adaptarse a esta situación, han señalado desde la DPZ.

SESIÓN COVID

La jornada de este jueves se ha dedicado al trabajo interno de los seis socios principales del proyecto 'MOMAr', y la sesión de este viernes, 13 de noviembre, ha servido para analizar y reflexionar sobre el impacto de la pandemia en la gestión del patrimonio en áreas rurales.

Así, desde la Fundación Uncastillo, se ha expuesto la estrategia aplicada en el yacimiento arqueológico de Los Bañales en los que han optado por usar las redes sociales y hasta métodos de crowdfunding para dar respuesta a la disminución de los visitantes presenciales.

También la asociación Territorio Mudéjar ha usado los recursos digitales, en este caso estableciendo procesos de teletrabajo que les han llegado a reportar un aumento de la visibilidad en un 400 por ciento.

La pandemia de la COVID-19 ha obligado a modificar el plan original de este encuentro interregional, que estaba previsto tuviera lugar en la provincia holandesa de Groningen, combinando un programa científico con visitas prácticas sobre el terreno.

Sin embargo, los socios de 'MOMAr' están comprometidos a completar el trabajo de campo en los próximos meses, una vez que la movilidad en Europa vuelva a tener las garantías de seguridad.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Por otra parte, la primera sesión estuvo dedicada al intercambio de experiencias para abordar distintas facetas de los modelos de gestión, como el patrimonio y el arte, el patrimonio como motor para descubrir los espacios naturales y el paisaje cultural, y el patrimonio vinculado a la educación.

Desde la Diputación de Zaragoza, se invitó a hablar a la alcaldesa de Torrellas, Pilar Pérez, para explicar el éxito logrado con la iniciativa GUAU --Galería de usos de arte urbano--. Esta localidad de 269 habitantes organizó un concurso de murales en el que los propios vecinos cedieron las fachadas y paredes exteriores de sus casas para que artistas las llenaran de creatividad, convirtiendo Torrellas en un museo al aire libre.

La propuesta resultó un éxito tanto por el beneficio arquitectónico, se revitalizaron edificios en estado de degradación, como por el incremento de visitantes foráneos.

Por su parte, la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Abigail Pereta, presentó el plan de trabajo realizado en los parques culturales de Aragón. Se trata de una red de siete parques declarados en áreas altamente despobladas, pero con un paisaje único y de gran valor ecológico.

Su creación como parques culturales se ha convertido en un modelo de planificación territorial que ha impulsado el enfoque del patrimonio cultural a la sociedad, estructurando y generando una red completa de instalaciones, infraestructuras y centros de diversa temática, que permiten la difusión de los principales valores del territorio, y que se ha convertido finalmente en un factor socioeconómico fundamental para el desarrollo de su población.

PATRIMONIO Y EDUCACIÓN

Para abordar la relación entre patrimonio y educación, Julián Millán y Pablo Sebastián, ambos de la Escuela Taller Ribera Alta del Ebro III, mostraron a los asistentes el modelo formativo que han implementado con grandes resultados, basado en la aplicación de la tecnología digital.

Su módulo de Digitalización de Patrimonio Cultural propone un sistema de aprendizaje cooperativo y colaborativo, que se ofrece a estudiantes en situación de desempleo durante un año y medio, y que les capacita para llevar a cabo todo el proceso de digitalización patrimonial y la puesta en marcha del Centro Comarcal de Patrimonio Digital.

Por parte de los partners y stakeholders europeos, se compartieron casos de éxito llevados a cabo en Alemania, Rumania, Holanda y República Checa.

Destacaron la Ruta de autobús del Patrimonio Mundial de la región de Saxony-Anhalt, que combina los cuatro lugares declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, junto con un total de 115 atractivos turísticos de la región.

También, la Vía Transilvánica presentada por la representante del Condado de Mehedinti en Rumania, un sendero de 1.200 kilómetros que muestra 200 años de historia de la región.

La sesión concluyó con la exposición de varias experiencias fallidas o que están siendo en la actualidad un reto para los gestores de patrimonio local. Esta nueva perspectiva, promovida por el proyecto 'MOMAr', tiene la voluntad de convertir los errores en éxitos a través del conocimiento compartido.

MÁS DE 35 ENTIDADES ZARAGOZANAS

Más de 35 entidades zaragozanas de diferentes ámbitos forman parte de este proyecto. La Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad; el Gobierno de Aragón; grupos de acción local como Fedivalca, de Campo de Cariñena y Valdejalón; Adrae, de la Comarca Ribera Alta del Ebro; Adefo, de las Cinco Villas, y Adecobel, de Campo de Belchite.

Fundaciones como Tarazona Monumental y Fundación Uncastillo; asociaciones como Territorio Mudéjar y el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza; la Universidad de Zaragoza, y profesionales independientes de la Gestión Cultural también se encuentran en el proyecto.

Navarra detectó este jueves 220 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 3.520 pruebas (1.744 PCR y 1.776 test de antígenos), con un 6,2% de positivos.

Por otro lado, este jueves se produjeron en la Comunidad Foral 21 nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, dos en la UCI, y se han registrado tres fallecimientos correspondientes a dos mujeres de 85 y 91 años y un hombre de 90 años. El número total de muertes por esta causa se sitúa, por tanto, en 788.

Por zonas, en Pamplona y Comarca se registra el 45% de los positivos, en el Área de Tudela, el 20% de los casos y en el Área de Estella, el 10%. El resto de positivos (25%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución de los casos registrados por franjas de edad, el grupo mayoritario es el de 45 a 59 años, con un 26%, seguido del de 30 a 44 años, con un 22%. A continuación, se sitúan los grupos de 60 a 75 años y el de menores de 15, con un 14% cada uno; y los grupos de 15 a 29 años y de mayores de 75, ambos con un 12%. La edad media de los nuevos casos se sitúa en los 45,9 años.

Respecto al género, el 55% de los casos son mujeres y el 45%, hombres, ha informado el Ejecutivo foral en un comunicado.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), tras el balance de ingresos y altas, 341 personas permanecen ingresadas con y por Covid-19 (11 más que ayer), 61 de las cuales se encuentran en puestos UCI (cuatro menos que ayer) y otras 49 en hospitalización domiciliaria (igual que ayer). Los demás, 231 pacientes, están en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios Covid-19.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 37.232.

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Abogado de la Comunidad Autónoma de Baleares contra un acuerdo del Consejo de Ministros para poder gestionar las aguas exteriores del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera.

En concreto, la Sala estima el recurso de Baleares contra los párrafos segundo y tercero del punto tercero de la parte dispositiva del acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de febrero de 2019, por el que se ampliaron los límites del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del archipiélago de Cabrera por la incorporación de espacios marinos colindantes al mismo.

Estos párrafos han sido anulados por ser contrarios al ordenamiento jurídico en cuanto, negando la continuidad ecológica, atribuyen la gestión de la ampliación del Parque Nacional a la administración del Estado.

En estos apartados se determinaba que la gestión de las aguas exteriores marinas que se incluyen en el Parque correspondían al Estado y, para argumentarlo, se especificaba que no había evidencias científicas que avalasen la continuidad con el ecosistema terrestre. No obstante, el Govern balear interpretaba que la administración competente para gestionar el Parque es la autonomía, tal y como lo ha hecho desde el traspaso de estas competencias en el 2009.

Asimismo, Baleares entiende que la ampliación del Parque es "precisamente una consecuencia directa del interés de la Comunidad, que es la que ha instado e impulsado la ampliación de sus límites".

Asimismo, el escrito de la Abogacía sostenía que la Comunidad Autónoma, de hecho, "ya ha estado gestionando aguas exteriores incluidas en el Parque Nacional", dado que la anterior delimitación del Parque ya comprendía aguas exteriores.

La Sala declara la procedencia de la gestión unitaria del Parque Nacional resultante de la ampliación, por la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias que la legislación general o sectorial atribuya a distintos órganos de la Administración General del Estado o a sus organismos públicos vinculados o dependientes y de los correspondientes mecanismos de coordinación y colaboración interadministrativa; con imposición de las costas a las partes demandadas en los términos establecidos en el último fundamento de derecho.

DESESTIMADO EL RECURSO DE LOS PESCADORES DE CARBONERAS

Por otra parte, la Sala ha dictado otra sentencia en la que desestima el recurso contencioso administrativo planteado por la representación procesal de la entidad Pescadores de Carboneras, Sociedad Cooperativa Andaluza, contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2019, por el que se ampliaron los límites del Parque Nacional de Cabrera por la incorporación de espacios marinos colindantes al mismo; con imposición de las costas a la recurrente en los términos establecidos en el último fundamento de derecho.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en la Cámara autonómica una proposición no de ley urgente ante la "preocupación" que le suscita las modificaciones con respecto al idioma en la reforma educativa que denomina "Ley Celáa". De este modo, el PPdeG quiere un posicionamiento que deje claro el "rechazo de la Cámara ante cualquier modificación que posibilite que gallego o castellano dejen de ser vehiculares en la enseñanza, poniendo así en peligro el equilibrio entre las dos lenguas cooficiales".

Los populares, que registraron el pasado lunes 9 de noviembre esta iniciativa urgente, quieren que el hemiciclo autonómico "reafirme su compromiso con el marco lingüístico recogido en la Constitución, Estatuto de Autonomía y en la Ley de Normalización Lingüística de Galicia", normas que, añade el texto resolutivo, "aseguran el equilibrio entre el castellano y el gallego y contribuyen a asegurar la convivencia lingüística de los ciudadanos que valoran conocer ambas lenguas para poder comunicarse con hablantes de todo el Estado, así como con millones de ellos en países lusófonos e hispanos".

Este es el texto registrado por los populares y que nace, como explicó el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, en rueda de prensa, a raíz de la enmienda acordada en la ponencia educativa y que dice lo siguiente: "las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable".

La Constitución Española recoge que el castellano es la lengua española oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, mientras que las "demás lenguas españolas" serán también "oficiales" en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Asimismo, el texto del 1978 incluye que la "riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

Los populares gallegos interpretan que esta enmienda, en la que no se recoge explícitamente la palabra vehicular, puede facilita la "inmersión lingüística" por parte de los "nacionalistas", al tiempo que significa para el PP que se han "saltado los marcos normativos de rango superior" y se "habilita que la lengua castellana deje de ser vehicular, con lo que se altera el equilibrio lingüístico entre las lenguas cooficiales del Estado y se renuncia a que los ciudadanos aprendan en la lengua que les vincula con hablantes de distintos territorios, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Con esta iniciativa, los populares quieren conocer la opinión del PSdeG, puesto que la del BNG, que dicho que es el "nexo" de unión entre el PSOE y Bildu "ya se imaginan" cuál será.

Tellado ha insistido en que si esta enmienda "no cambia nada, por qué" se hizo y se ha preguntado si ha sido "el precio" que le han puesto para "aprobar esta ley" y si se "pretende legalizar la inmersión lingüística". "Estamos preocupados y exigimos respuestas", ha remarcado el dirigente popular, quien indicó que esta iniciativa será extensible a mociones en ayuntamientos.

"PREOCUPACIÓN" ACUERDO BILDU

En su intervención ante los medios, Tellado también mostró la "profunda preocupación" del PP gallego por los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con la formación independentista vasca. "Mala noticia que sea socio preferente", ha manifestado el secretario general del PP gallego, quien ha apuntado que es "un insulto intolerable para las miles de víctimas del terrorismo" cualquier pacto con Bildu.

Tellado ha apelado a las críticas de barones socialistas contra Pedro Sánchez y ha lamentado que el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, no sea una de esas voces y haya "aplaudido, como aplaude todo" lo que --dijo-- hace Pedro Sánchez, a quien ha acusado de pactar con Bildu para mantenerse en la Moncloa.

El dirigente popular ha echado en falta que Caballero no haya seguido los pasos de "reconocidos líderes autonómicos o presidentes de comunidades autónomas" que han rechazado el acuerdo. "Cosa que Gonzalo Caballero nunca será, precisamente por cosas como esta, entre otras", ha condenado Tellado.

"Este acuerdo entre el PSOE y Bildu sorprendió a muchas personas, pero en Galicia nos sorprendió menos, porque es el socio preferente del BNG, se presentan juntos (a las elecciones europeas) y se reparten escaños", ha apuntado, tras lo que matizó que "es verdad que tienen un paso muy distinto".

Es más, el secretario general del PP gallego ha apelado a que "hubo un tiempo" en el que el nacionalismo gallego "compartía inquietudes con PNV y CiU", pero "lamentablemente" ahora sus "socios" son Bildu y ERC. "Nosotros desde luego estamos francamente preocupados", ha insistido Tellado, quien ha lamentado, asimismo, que los presupuestos "están diseñados para ser negociados con partidos extremistas" y no con el PP.

"El PP estaría dispuesto a apoyar unos presupuestos distintos", ha respondido a propósito de una pregunta, en la que afirmó que "en la misma ecuación con Bildu, es imposible que esté el PP, por decencia política".

LEY SANITARIA

Por otro lado, preguntado al respecto de la reforma de la Ley de salud propuesta al Gobierno central y sobre si recibió contestación, Tellado ha indicado que no tiene constancia de contestación. Ya sobre el contenido, ha indicado su rechazo a "recurrir de forma permanentemente al estado de alarma" para combatir la pandemia.

Así, los populares sostienen que una ley sanitaria "podría resolver esta cuestión" y "evitar el recurso continuado al estado de alarma", un elemento que tendría que ser "excepcional" y del que "no se debería abusar". "Lamentamos que el Gobierno de España prefiera usar y abusar el estado de alarma", ha indicado, al respecto de lo que ha recordado que ello le facilita no someterse al control parlamentario obligatorio.

Una juez de lo social italiana ha dado la razón a un empleado de la Embajada de España en Roma y ha condenado al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación a abonarle la paga extra que recoge la legislación italiana con efecto retroactivo desde 1999.

Así lo ha anunciado este viernes el sindicato CSIF, que considera además que la sentencia sienta un precedente muy importante en defensa del personal laboral en el exterior. Es la primera condena de un tribunal de lo Social al Ministerio de Exteriores español en Italia por no cumplir la legislación laboral local.

La sentencia, dictada el pasado octubre, reconoce los derechos laborales de un empleado con más de 21 años de servicio. Según el sindicato, el trabajador sí había obtenido el reconocimiento de la Justicia española en varias ocasiones y ahora estima la cantidad adeudada en unos 30.000 euros.

La Justicia italiana reconoce en la sentencia que este empleado está en el justo derecho a percibir sus pagas extraordinarias conforme a la ley, de forma íntegra y aplicándose correctamente la normativa local. Se le reconoce además su derecho a percibirla en su totalidad en los años sucesivos, sin que tenga que acudir de nuevo a los tribunales para reclamarla.

CSIF ha denunciado además como "desproporcionado" el gasto en el que ha incurrido el Ministerio, a través de la Embajada española en Roma, en despachos de abogados y que superan en varios miles de euros la petición de este trabajador "con sueldo mileurista". La juez también condena a Exteriores a abonar 4.000 euros en costas.

Los sueldos y las condiciones del personal laboral en el exterior son una de las principales batallas de los sindicatos que los representan. Son unas 7.000 personas, de las que aproximadamente la mitad dependen de Exteriores.

La subsecretaria de este Departamento, Celsa Nuño, admitió recientemente ante la Comisión de Exteriores del Congreso que existe un problema serio con estas retribuciones y su falta de actualización y aseguró que seguirá tratando de resolverlo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá la sentencia de este órgano que absuelve a la que fuera dirigente de ETA Carmen Guisasola y a otros dos miembros de la banda, Oscar Abad Palacios y José Ramón Martínez, del atentado cometido en Galdácano en 1990 con una bicicleta bomba en el que murió el policía Ignacio Pérez Álvarez, han confirmado fuentes fiscales.

El Ministerio Público discrepa del criterio de los magistrados de la Sala de lo Penal, que entendieron que los hechos están prescritos y que por lo tanto no puede hacerse reproche penal a la que fuera dirigente etarra por esta causa concreta.

En su sentencia, dada a conocer a finales del pasado mes de octubre, Sala estima la cuestión planteada por las defensas en la que sostenían que la providencia dictada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 el 1 de junio de 1993 no interrumpe el plazo de prescripción de los hechos objeto de enjuiciamiento.

La Fiscalía solicitó en este juicio --que se celebró a finales del mes septiembre-- 30 años de prisión para los tres acusados por un delito de asesinato con finalidad terrorista y cargó contra Guisasola, que se acogió a la denominada 'vía Nanclares', por usar durante el juicio su "arrepentimiento" para exculparse.

El tribunal recordaba que la actuación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 5 procede de otro procedimiento en el que Abad y Martínez reconocieron distintos hechos delictivos. El tribunal explica que, aunque el juez instructor acordó oficiar al juez decano y otro órgano instructor de las declaraciones sobre los hechos ahora enjuiciados, "no se incluye el hecho investigado en las presentes actuaciones, por lo que no se remitió antecedente alguno para la prosecución del procedimiento".

Por ello, entendía que, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, esta "resolución de mero trámite" no es una "actuación judicial dirigida a la investigación del hecho objeto de las presentes actuaciones" y por tanto no interrumpe la prescripción del delito, que en este caso tiene un plazo de 20 años.

Según explicaba la Fiscalía en su escrito de acusación, Abad y Martínez como integrantes de ETA accionaron hace 30 años, por medio de radio control de iniciación eléctrico, el artefacto explosivo que previamente habían colocado en la alforja de una bicicleta que estacionaron junto al vehículo del policía. La detonación ocasionó la muerte del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, tal y como pretendían.

Guisasola y un cuarto miembro de la banda terrorista, Julián Achurra Egurrola, supervisaron las acciones de los dos terroristas y facilitaron la información sobre el día a día del policía. Según el Ministerio Fiscal, también habrían facilitado la bicicleta con el artefacto explosivo preciso para cometer el atentado.

El Grupo Municipal Socialista se ha querellado por prevaricación contra el concejal-presidente de Chamberí, Javier Ramírez (PP), la coordinadora del distrito y el director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento tras la retirada de la placa dedicada a Francisco Largo Caballero.

La querella ha sido interpuesta este viernes después de que hace una semana encontraran la placa "destrozada" en el Almacén de la Villa. A los querellados se les atribuye un delito de prevaricación y otro contra el patrimonio histórico.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pepu Hernández, ha manifestado que continuarán las acciones judiciales contra estas acciones nacidas del "revanchismo, del revisionismo y el odio de los franquistas a la Memoria Histórica y a sus protagonistas más significativos".

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Tras presentar la semana pasada un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de Pleno propuesto por Vox y apoyado por PP y Cs para eliminar del callejero los homenajes a Largo Caballero e Indalecio Prieto, así como sus placas conmemorativas, ahora el Grupo Municipal Socialista presenta una querella penal.

Creemos que se ha podido cometer un delito de prevaricación y un daño contra el patrimonio histórico de Madrid, irreversible en este caso con la destrucción de la placa", ha manifestado Hernández, que ha cargado contra la "propuesta infame de Vox, contestada por múltiples historiadores, que han dicho unánimemente que no tiene ningún sentido.

Pepu Hernández ha tildado la medida aprobada en el Pleno de "grave error" cometido por Vox, PP y Cs. "Vox hace lo que quiere hacer, que es utilizar la democracia en contra de ella para dañarla pero también PP y Cs han cometido un grave error al tratar de ser equidistantes cuando no se puede ser equidistante entre franquistas y demócratas", ha remarcado el edil.

El concejal socialista Ramón Silva ha recordado que se instaló en 1981 por acuerdo unánime de los grupos políticos la placa a Largo Caballero en la que hoy es la Junta de Chamberí y que en su momento fue la casa en la que nació el que fuera presidente de la II República. En 1990 se desmontó la placa para chapar la fachada de granito de la Junta y se volvió a montar "sin que eso generase ningún problema en la placa".

"ATENTADO CONTRA EL PATRIMONIO"

"Ahora, con la infame proposición de Vox, la placa se ha retirado y destruido", ha expuesto Silva, que ha justificado así la interposición de la querella criminal por este "atentado contra el patrimonio y por un posible delito de prevaricación".

Los socialistas consideran a Javier Ramírez "máximo responsable de lo ocurrido". De la coordinadora del distrito y el director general de Patrimonio del Ayuntamiento dice que han tenido "un papel imprescindible para la retirada y la destrucción de la placa".

El sindicato UGT adelantó la semana pasada que interpondrán "una querella contra las personas del Ayuntamiento de Madrid responsables por los daños y destrozos" de la placa dedicada al que fuera presidente de la II República Francisco Largo Caballero en la fachada de la vivienda en la que nació, hoy reconvertida en la Junta Municipal de Chamberí.

El sindicato interpondrá la querella en base a los artículos 289 (delito de sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural) y 323.1 (delito de daños a elementos del patrimonio histórico) del Código Penal.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendía hace una semana que la placa de bronce en homenaje a quien fuera presidente de la Segunda República está "intacta".

"La placa de bronce de Largo Caballero sigue intacta y en adecuado estado de conservación", afirmó, y para retirarla "se tocó una inscripción en mármol que no forma parte del conjunto escultórico". Además, precisó que la Dirección de Patrimonio ya acreditó que ni el bronce ni la placa de mármol tenían protección.

El administrador de Izquierda Unida (IU) para la coalición electoral Unidas-Podemos en los comicios generales de 2019, Carlos García Ramos, ha declarado este viernes ante el juez que investiga la cuentas 'moradas' que se fiaba de los contratos celebrados por el administrador de Podemos, Daniel de Frutos, explicando que cada parte realizaba sus propios contratos y solo comunicaba a su socio el detalle de los gastos para no exceder el límite legal.

García Ramos, que ha comparecido ante el juzgado de instrucción número 42 de Madrid en calidad de investigado, ha contado al juez Juan José Escalonilla que la administración mancomunada de la coalición electoral se basaba en una "colaboración mutua", conforme a la cual cada partido contrataba de forma independiente los servicios electorales que necesitaba y se avisaban únicamente del gasto.

"No se validaban los contratos uno a otro, no se trataba de que los contratos tenían que pasar por uno de los dos integrantes de la coalición, cada uno tenía sus proveedores. Sí había una mancomunidad en relación al exceso de gastos, porque evidentemente hay un tope de gastos en una campaña electoral", ha dicho el abogado de Podemos, Gorka Vellé, sobre la declaración de García Ramos. "A efectos de control de gasto, no de los contratos, había esa colaboración mutua", ha remachado.

De hecho, García Ramos ha precisado a Escalonilla que no tuvo ocasión de leer el contrato entre Podemos y Neurona hasta los meses de octubre y noviembre, una vez transcurrida la campaña electoral, cuando ambos administradores pusieron en común toda la documentación para enviarla al Tribunal de Cuentas, según fuentes presentes en la ronda declaraciones de investigados y testigos que ha tenido lugar este viernes en relación a este caso.

Además, tanto Podemos como el administrador de Neurona, Elías Castejón, que también ha declarado como investigado, han aportado una extensa documentación para probar que los servicios contratados con motivo de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 efectivamente se prestaron, una cuestión que constituye en estos momentos el objeto principal de la causa.

El caso parte de una denuncia realizada el pasado mes de diciembre por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente sobre supuestas irregularidades en la formación de Pablo Iglesias, entre ellas los contratos electorales con Neurona, las obras de la sede nacional del partido político y los sueldos cobrados por altos cargos. El juez ha archivado el caso en lo relativo a la llamada 'Caja B' y a los contratos electorales con ABD.

EL CONTRATO CON NEURONA

Escalonilla cree que existen "indicios racionales" acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Podemos --por valor de 363.000 euros-- "no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado", sino que habrían sido "una distracción de dinero" de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral.

Sigue así el criterio de la Fiscalía, que aprecia igualmente la existencia de "indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo" en los servicios contratados por Podemos con Neurona, a la que describe como "una empresa creada 'ad hoc'" cuyo objeto real sería "la propia financiación del partido desde la cuenta electoral".

El Tribunal de Cuentas ya apuntó dos tipos de delitos --fraude electoral y falsedad en documento mercantil-- en los servicios facturados por Neurona a Podemos al no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor.

Barclays ha elevado un 27% el precio objetivo de Cellnex Telecom, desde los 55 euros hasta los 70 euros, y ha reiterado su recomendación de 'sobreponderar' después del acuerdo "transformador" alcanzado este jueves por la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones para adquirir 24.600 torres y emplazamientos de CK Hutchison en Europa por un valor de 10.000 millones de euros.

En un comunicado, los analistas de Barclays señalan que han actualizado su informe sobre la compañía para incorporar a sus estimaciones las recientes operaciones corporativas en Polonia y, especialmente, con Hutchison, con quien ha alcanzado un acuerdo que califica de "atractivo y mejor de lo esperado".

"Creemos que el acuerdo con Hutchison es transformador y llevará a nuevas operaciones, particularmente en algunos de los nuevos mercados de Cellnex", inciden los analistas, que apuntan en concreto que los acuerdos en Reino Unido y Suecia son "más complicados de lo habitual", pero tiene un carácter positivo.

Asimismo, remarcan que la estructura del acuerdo permite a Cellnex conservar su flexibilidad, al mismo tiempo que hace crecer materialmente su negocio con una valoración atractiva, y añaden que los bajos ratios de ocupación de las torres sugieren que se mantendrá el crecimiento orgánico del negocio "e incluso podría acelerarse".

Por otro lado, Barclays destaca que la entrada en nuevos mercados puede suponer nuevas oportunidades para Cellnex y apunta en especial a Austria, que debería ser un mercado "dinámico" con capacidad para un fuerte crecimiento orgánico, apoyado por la prevalencia en el país de la banda ancha móvil.

En el caso de Suecia y Dinamarca, apunta que al principio las oportunidades pueden parecer limitadas dadas las estructuras de red en cada uno de ellos, al igual que en el Reino Unido, pero considera que el acuerdo de Hutchison podría desbloquear el camino para nuevas transacciones.

Asimismo, Barclays no cree que el acuerdo con Hutchison vaya a superar que Cellnex detenga por el momento su fase de fusiones y adquisiciones y apunta que esta operación se ha estructurado en seis transacciones separadas, una por cada país afectado, lo que podría retrasar los cierres hasta 18 meses en algunos casos.

Así, agrega que este proceso podría hacer más fácil la incorporación de nuevos mercados o nuevos activos, pero manteniendo la flexibilidad financiera para capitalizar cualquier otra oportunidad que pueda surgir durante este periodo.

En esta línea, también indica el hecho de que la compra se haga por fases podría reducir la necesidad de aumento de capital en el corto plazo de cara a otra posible operación, dado que los 10.000 millones de euros que supone el acuerdo con Hutchison acabarían con toda la liquidez de Cellnex.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han pedido una "tregua política" a los partidos para que sean capaces de llegar a acuerdos como así lo han hecho las organizaciones empresariales y sindicales.

En una conferencia sobre recuperación laboral en el XXV Encuentro de Economía de S'Agaró, celebrado este viernes en Barcelona, Álvarez ha señalado que, tanto en el Gobierno como en la oposición, "falta sentido de Estado" ante una situación económica y sanitaria sin precedentes.

Ha coincidido en ello Garamendi, que ha destacado los seis pactos entre patronal y sindicatos durante la pandemia, y ha asegurado que los empresarios "echan de menos esta capacidad de acuerdo en otros ámbitos de la sociedad".

"El diálogo social se ha puesto en valor en este país. Empresarios y trabajadores, si es necesario, pactamos los desacuerdos", ha afirmado el líder empresarial, que ha intervenido a través de videoconferencia.

También se ha referido al diálogo social Unai Sordo, que ha valorado que gracias a él --con el acuerdo sobre los ERTE--, se ha evitado una gran destrucción de puestos de trabajo, algo tradicional de la economía española cuando sufre una crisis, ha apuntado.

El profesor de economía y miembro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) Marcel Jansen ha reflexionado que, a diferencia de la crisis pasada, se han alcanzado "acuerdos rápidos" que han permitido dar una mejor respuesta.

Aún así, Jansen ha hablado de la "responsabilidad histórica" de los agentes sociales y del Gobierno para aprovechar los fondos europeos y volver a facilitar el empleo a quienes hayan perdido su trabajo en los últimos meses sin haberse acogido a un ERTE.

REFORMA LABORAL

Donde no han coincidido plenamente patronal y sindicatos ha sido sobre la necesidad de retocar la reforma laboral y, sobre todo, cuándo deberían hacerse esos cambios.

Sordo ha hablado del "problema de sobrecualificación" de los empleados españoles para los trabajos que realizan y se ha mostrado partidario de derogar o eliminar algunos aspectos destacados de la reforma laboral.

Por su parte, Garamendi no ha descartado la posibilidad de modificar algunos aspectos de la reforma, pero ha instado a no precipitarse por la elevada deuda de España, el déficit público y los inversores internacionales.

"Es importante generar marcos de seguridad jurídica. Hay anuncios que hacen más daño que acuerdos", ha asegurado Garamendi, y ha incidido en la importancia de incrementar la confianza en las instituciones.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha entregado este viernes, en la sede del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, la Cruz de San Raimundo de Peñafort al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, que ejerce de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción número 6.

Este juzgado, cuya titularidad corresponde al juez Manuel García-Castellón, instruye en la actualidad las causas de corrupción política más mediáticas, como son Púnica, Lezo y también la macrocausa 'Tándem' por las actividades presuntamente delictivas del comisario jubilado en prisión José Manuel Jiménez Villarejo, que lleva el magistrado titular, por lo que la labor de Abascal es primordial para tener a este órgano al día en otras muchas cuestiones que le corresponden.

La segunda juez distinguida este viernes con la "raimunda" ha sido Yolanda San Pastor Sevilla, Magistrada en el Juzgado de Primera Instancia número 65 de Madrid, condecorada como Abascal con la Cruz Distinguida de primera clase. Durante la ceremonia, el ministro de Justicia ha destacado el mérito extraordinario y la gran aportación al mundo del Derecho de los condecorados.

En su intervención, Campo también ha aludido al esfuerzo realizado por los profesionales de la Administración de Justicia durante la pandemia. "Es una satisfacción como ministro de Justicia ver cómo se han doblegado esfuerzos", ha dicho.

Al acto también han asistido el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez; el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López; y el decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, Gabriel de Diego.

Un proyecto arquitectónico de una vivienda construida frente al antiguo cauce del río de Valencia ha ganado el premio internacional Lutron Excellence, que reconoce la calidad y control de la iluminación para crear escenas en la casa.

'Casa Frente al Río' es obra de Murad García Estudio en colaboración con Lutron Valencia. El premio, Lutron Excellence Awards, lo entrega la empresa estadounidense Lutron, que opera en 80 países y factura 600 millones de dólares. Se ha otorgado en una gala celebrada en la madrugada del jueves en Estados Unidos y retransmitida por streaming y pone en valor la colaboración entre los arquitectos que han proyectado esta vivienda.

La vivienda 'Casa Frente al Río', ubicada en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, la Torre de València, ha incluido la reforma integral de toda la propiedad, tanto su distribución como su interiorismo, según ha explicado Lutron en un comunicado.

El proyecto buscaba dotar a la vivienda de diversos espacios y ambientes para el confort y disfrute de sus habitantes. Para ello, era necesario proporcionar un control total, específico e ideal de la iluminación artificial y natural de cada ambiente, potenciando precisamente este último. Este proyecto cuenta también con gestión climática integrada, satisfaciendo las necesidades del inmueble, pudiendo ser gestionado de forma remota y automática.

La socia directora de Murad García Estudio, María García, ha manifestado que "es un orgullo haber recibido este galardón internacional que tradicionalmente se fallaba a favor de proyectos estadounidenses y que por primera vez ha recaído en un proyecto español, precisamente en Valencia que en 2022 será la Capital Mundial del Diseño, avalándolo proyectos como este.

En esa línea, Málek Murad Mateu, también socio director del estudio, ha destacado que "el premio ha recaído en una vivienda urbana en esta ocasión premiando el equilibrio entre la arquitectura, el diseño y la iluminación más que grandes construcciones como en otras ediciones".

Por su parte, desde Lutron Valencia hacen hincapié en que "este premio es un gran orgullo dado que se ha reconocido el trabajo realizado desde Lutron Valencia junto con la arquitectura y el diseño de interiorismo para satisfacer las necesidades de la propiedad consiguiendo un entorno de confort excepcional, aunando la sencillez del uso del sistema, que es nuestra primera premisa en cualquier proyecto y lo que nos permite marcar la diferencia".

Desde 2003, los premios 'Lutron Excellence Awards' reconocen los mejores proyectos del mundo que incluyen el uso de controles de luz, cortinas y temperatura de Lutron, módulos de electrodomésticos, equipos de terceros, control de voz o accesorios de Lutron Ivalo.

La defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha aportado este viernes un informe pericial a la causa en la que se investiga la operación 'Kitchen' para demostrar que están manipulados los mensajes que según el ex secretario de Estado Francisco Martínez le mandó pidiéndole información sobre el operativo parapolicial, que supuestamente buscaba apoderarse de la información que Luis Bárcenas tenía sobre el PP.

El exministro del Interior y el que fuera su 'número dos' se han enfrentado este viernes a un careo, ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, para contrastar las declaraciones que ambos manifestaron como investigados sobre lo que conocían de la operación 'Kitchen'.

Francisco Martínez aseguró que el que fuera su jefe le encargó recabar información sobre el operativo parapolicial que se sufragó con fondos reservados. Entre otras misiones le encargó que preguntara sobre Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que fue captado como confidente. Posteriormente Martínez protocolarizó los mensajes ante notario. No obstante, Fernández Díaz siempre ha negado su implicación, pues recalcó que no conocía ningún detalle sobre la 'Kitchen', y ha sostenido que no es el autor de esos SMS.

Para corroborar esta tesis, la defensa de Fernández Díaz, ejercida por el abogado Jesús Mandri, ha entregado un informe pericial, elaborado por un "perito informático, especialista en materia, sobre los tres o cuatro mensajes a los que hace referencia a las dos actas notariales. Su conclusión es que se trata de mensajes manipulados, que no son reales, ni veraces", ha afirmado el letrado ante los medios de comunicación tras concluir el careo.

El abogado también ha aclarado Jorge Fernández Díaz no se ha negado "en ningún caso" a entregar su teléfono móvil para comprobar que lo que dice es cierto. Tras su declaración como investigado el pasado 30 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez García-Castellón que le requiriera el terminal para comprobar que no había intercambiado mensajes con el ex secretario de Estado.

En ese momento, Fernández Díaz lo entregó voluntarimente pero aclaró que no era el mismo dispositivo que el que utilizaba en la fecha de la operación 'Kitchen' (2013). Por ello, aunque sirvió para esclarecer que el exministro no escribe con el mismo estilo que el que aparece en los mensajes reflejados en el acta notarial -en su redacción no se sustituye la 'q' por la 'k'--, según indicó entonces la defensa, el magistrado de la Audiencia Nacional acordó en el auto en el que les citaba al careo que se le pidiera el móvil que usaba en la época en la que habría cruzado esos mensajes con Martínez con el objetivo de verificar su versión de los hechos.

El abogado de Fernández Díaz ha explicado que se atenderá a ese "nuevo requerimiento judicial", pero entregando al móvil anterior al que usa en la actualidad, ya que el que tenía en 2013 "no lo tiene físicamente y es algo totalmente razonable y verosímil". "No va a haber ningún problema porque no tiene nada que esconder ni ocultar".

CONTUNDENCIA DEL MINISTRO

Sobre el contenido de la declaración, Mandri ha opinado que su cliente ha sido el que "más contudente" ha estado de los dos careados y ha subrayado que "ha vuelto a negar con toda rotundidad y de manera tajante cualquier implicación o conocimiento de estos hechos, sin ningún signo de debilidad".

Asimismo, ha destacado que en el fondo de la discusión ha salido a relucir "una conversación y unos mensajes" que Francisco Martínez se habría cruzado con uno de los dos notarios que levantaron las citadas actas, justo el día que se le requiere judicialmente que aporte la escritura de los mensajes, en el que se haría referencia a "borrar determinados mensajes que se han enviado entre ellos dos". "Es por lo menos bastante sospechoso", ha concluido el abogado a las puertas de la Audiencia Nacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que el Sistema Nacional de Salud incrementará en 10.001 el número de plazas de MIR, enfermería o farmacia, y que las pruebas selectivas se realizarán el 27 de marzo de 2021.

Así lo ha avanzado el jefe del Ejecutivo en un acto en Navarra junto a la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, para presentar su plan de recuperación económica 'España Puede'. Durante su exposición, ha explicado que este incremento supondrá un 3,2 por ciento más de profesionales sanitarios respecto a este año 2020.

Las pruebas selectivas se realizarán a finales de marzo del año que viene, concretamente el 27 de marzo, y los nuevos profesionales sanitarios se podrán incorporar con "varios meses" de antelación al Sistema Nacional de Salud, según ha asegurado el propio presidente del Gobierno.

Este anuncio de Pedro Sánchez ha venido prececido por una crítica a los "años de reducción del personal sanitario" que, según ha dicho, se está arrastrando en la actualidad durante esta pandemia. "Somos conscientes del reto que tenemos en términos de recursos humanos", ha añadido antes de hacer este anuncio de las nuevas plazas de MIR, enfermería o farmacia.

ENSALZA LA CAPACIDAD DE VACUNACIÓN DE ESPAÑA

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo también se ha referido a las "buenas noticias" relacionadas con la vacuna contra el coronavirus para la recuperación progresiva de la antigua normalidad. En este sentido, ha asegurado que España está trabajando "a pleno rendimiento" para que las vacunas puedan llegar a nuestro país cuánto antes.

Asimismo, Sánchez ha reivindicado a España como uno de los países "orgullosos de la capacidad de vacunación" respecto a otros países, que tiene mayores fortalezas para hacer frente a una vacunación "sólida y equitativa".

También ha puesto en valor la "gran cadena logística" que tiene España después de que se supiera que la vacuna de Pfizer requiere una compleja cadena logística para distribuirse.

Los grupos en defensa de los consumidores financieros están convencidos de que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) choca con la doctrina jurisprudencial europea y esperan que Luxemburgo aclare de nuevo la cuestión.

Asufin ha manifestado su "indignación y estupor", aunque ve esperanzador el voto particular del magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, que sigue la doctrina de Francisco Javier Orduña y deja claro que ha habido ausencia de buena fe y situación de desequilibrio.

En opinión de Asufin, el IRPH debería declararse nulo porque no se dejó al consumidor elegir de forma clara y transparente entre este índice y otros. Ya estamos trabajando en iniciativas para que en Europa conozca que el Supremo no está respetando la doctrina jurisprudencial que está marcando el TJUE", ha indicado la presidenta de la asociación, Patricia Suárez.

De hecho, y tal y como ha mantenido hasta ahora, cree que lo lógico es que el préstamo quede sin remunerar. Así también lo ha entendido el 37% de los jueces que falla sobre hipotecas referenciadas al IRPH.

Por su parte, la codirectora legal de reclamador.es Almudena Velázquez también considera que el voto particular de Arroyo Fiestas es de "sentido común y lo más lógico". "Si el consumidor no conoce claramente este índice ni tiene elementos comparativos, difícilmente puede escoger entre su aplicación y el Euríbor, por lo que el banco juega con las cartas marcadas", ha explicado.

Esta afirmación confirmaría la vulneración de la buena fe en la contratación de este tipo de préstamos. Además, el voto en contra "supone exponer sin tapujos la contradicción en que incurre la Sala con estos pronunciamientos".

Velázquez entiende que la contradicción se hace más evidente con la jurisprudencia del Tribunal Europeo, por lo considera que abre, más aún si cabe, la puerta a una nueva cuestión prejudicial en defensa de los argumentos del magistrado discrepante.

De su lado, el socio director de Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, ha subrayado que el perjuicio económico para el cliente "es claro y no solo por la evolución negativa del mismo, sino porque en sí, el IRPH, ha sido sustancialmente siempre superior al Euríbor".

"Tanto la directiva de defensa del consumidor como la legislación nacional dejan claro que la falta de transparencia en sí misma genera abusividad y que las cláusulas abusivas se tendrán por no puestas", ha indicado Navas, quien igualmente prevé que el voto particular del magistrado ayudará a que muchos jueces se animen a presentar cuestiones prejudiciales.

"El Supremo ha perdido la oportunidad de dar la última palabra en este tema; al final Luxemburgo resolverá la cuestión y probablemente desautorizará a nuestro Supremo, como ya ocurrió con la retroactividad de las cláusulas suelo", ha añadido el abogado.

En definitiva, Navas ha indicado que este capítulo no ha terminado y espera que Luxemburgo se pronuncie pronto para dar certidumbre a los miles de españoles afectados por un IRPH "sustancialmente más caro y colocado en la mayoría de los casos sin la debida transparencia".

Navarra registra 152 casos positivos por COVID-19 en los centros de mayores provocados por varios brotes que han sido ya identificados, situación que contrasta con los apenas 4 casos activos que se mantienen en los centros de discapacidad, según los datos facilitados por el departamento de Derechos Sociales. Con esta tendencia se rompe la tónica de descensos en los casos registrados en las últimas jornadas, ha indicado el Gobierno.

El departamento que dirige María Carmen Maeztu ha comunicado que pese a la situación actual se trabaja "para recuperar las visitas y salidas de las residencias", situación que se afrontará cuando la situación epidemiológica mejore en la Comunidad foral.

El número de casos activos en los centros de mayores, que como ya se ha indicado, se sitúa en 152 personas de las 5.171 que residen en ellos. Gran parte de estas personas permanecen en las residencias y no han requerido hospitalización, concretamente son 116, de las que 52 presentan algún tipo de síntoma y 64 son asintomáticas. Otras 28 han sido trasladadas a los recursos intermedios y han necesitado ingreso hospitalario 8 personas.

En la residencia de Bera, en donde se ha identificado uno de los últimos brotes, se ha procedido realizar pruebas PCR al conjunto de personas residentes. El resultado que han ofrecido ha sido de 30 casos positivos que, en este momento, se encuentran pendientes de valoración y que permanecen en el centro.

Por otra parte, se han producido ya 269 altas epidemiológicas que no han necesitado de aislamiento posterior. En cuanto a las bajas de profesionales se han producido 81, con 59 positivos sintomáticos y 22 asintomáticos.

Desde el pasado 1 de julio han fallecido 61 personas mayores procedentes de centros residenciales, 39 en centros hospitalarios y 22 en la propia residencia.

4 CASOS ACTIVOS EN CENTROS DE DISCAPACIDAD

Respecto a las personas con discapacidad se mantiene la tónica de descenso de casos activos, 4 en este momento, de las 966 personas residentes en este momento en los centros. De ellas 4 se encuentran hospitalizadas, mientras que 2 permanecen asintomáticas en su residencia.

Además, han recibido el alta epidemiológica 53 personas, sin que se hayan producido nuevos fallecimientos, 3 desde el pasado 1 de julio. Asimismo, hay 26 personas trabajadoras que han causado baja por Covid-19 en estos centros, de los que 15 son sintomáticos y 11 asintomáticos.

La consejera Maeztu ha reiterado, una vez más, que "en la medida que la situación epidemiológica evolucione favorablemente se podrán relajar las medidas de aislamiento y que su departamento ya está trabajando para recuperar las visitas a los centros, que se hará de forma escalonada, estableciendo las medidas de seguridad necesarias y limitando y regulando en lo posible la circulación de muchas personas dentro del recinto".

Ha recordado también que se mantienen "las visitas en tres supuestos excepcionales: el final de vida; el alivio de descompensación neurocognitiva de la persona residente; o las situaciones de grave deterioro de la situación psicoafectiva de la persona residente, cumpliendo siempre estrictas normas de seguridad".

La Consejería de Educación y Cultura ha ordenado la suspensión del servicio de las residencias de los Centros de Educación Especial Pilar Soubrier, en Lorca, y Ascruz, en Caravaca de la Cruz, informaron fuentes de ese departamento en un comunicado.

Así, la Consejería ha considerado que, en las circunstancias actuales, "no se puede seguir ofreciendo a los alumnos este servicio ni asegurar las medidas sanitarias, ya que se trata de residencias con habitaciones compartidas y alumnos con especiales necesidades".

Mientras no se reactive el servicio, la Comunidad va a habilitar un servicio de transporte para los alumnos que hacían uso del servicio de residencia en ambos centros, con el fin de que puedan ir al colegio desde sus casas.

En el caso del centro Pilar Soubrier, esta semana ha tenido lugar una reunión con técnicos de riesgos laborales de la Consejería de Educación para revisar el plan de contingencia con el centro y supervisar que el protocolo se está llevando a cabo de forma correcta.

Por otra parte, la coordinadora de rastreadores de Educación se mantiene en contacto con la Consejería de Salud y se está haciendo un seguimiento para conocer la evolución de los casos, tal y como establece el protocolo, para proceder al aislamiento de los contactos estrechos de los positivos.

Vox, personado como acusación popular en la causa en la que se investigaba a varios funcionarios por la escala que hizo en el aeropuerto de Barajas la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, recientemente archivada por el instructor del caso, Antonio Serrano-Arnal, recurrirá esta decisión y pedirá la nulidad de las actuaciones realizadas hasta el momento.

Así lo ha señalado la portavoz jurídica de la formación, Marta Castro, tras asistir a otras diligencias penales en las que el partido liderado por Santiago Abascal está personado en relación con las finanzas de Podemos.

"Hemos presentado una nulidad de actuaciones porque no hemos tenido acceso ni a la grabación ni a ninguna de las pruebas que el fiscal sí que ha tenido acceso, y por eso ha pedido el archivo", ha explicado Castro a las puertas de los juzgados de instrucción de Madrid. La denuncia se interpuso tras desvelarse que, durante su escala, Rodríguez fue visitada por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

A juicio de Castro, y para pode pronunciarse, Vox debe tener acceso como acusación popular de todo lo actuado. También recurrirán el auto de archivo dictado hace unos días por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.

En su resolución, de apenas unas páginas, Serrano-Arnal archiva las actuaciones y determinaba que, "en cualquiera de las versiones" que ha escuchado sobre la escala que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, hizo el pasado mes de enero en el aeropuerto Barajas, ésta no llegó a entrar en el espacio Schengen, ni consta indicio alguno de que lo intentara, razón por la cual ha archivado el 'Delcygate' en lo relativo a un presunto delito de prevaricación administrativa contra funcionarios.

Serrano-Arnal ordenó el sobreseimiento provisional de la causa en la parte que corresponde a su juzgado, que partió de querellas y denuncias presentadas por el PP, Vox y Laócratas contra los funcionarios que no arrestaron a Rodríguez, a pesar de que la sanciones de la UE la prohíben entrar en el espacio Schengen.

El juez se apoyó para ello en el artículo 25 del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, conforme al cual las zonas de tránsito internacional de los aeropuertos españoles no pueden considerarse territorio español.

El juez indicaba igualmente en su resolución que tampoco podrían interpretarse como una vulneración de las sanciones europeas "aunque se hubiere producido una desviación de la ruta seguida y traspasado escasos metros el territorio Schengen, alojándose, en su caso, en estancias al efecto dispuestas para la espera del vuelo de enlace a destino".

El juez se refiere específicamente al caso de uno d ellos imputados Koldo García Izaguirre, miembro de la comitiva que se trasladó junto al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, al aeropuerto madrileño y contra el que se querelló Vox. Respecto a él, ha entendido que al no ser funcionario público solo podría ser sujeto pasivo de un delito de desobediencia, pero también lo ha descartado.

El 'Delcygate' también está en el Tribunal Supremo (TS) por las querellas presentadas por Vox y el partido Laócratas contra Ábalos por un presunto delito de prevaricación, dado que en su calidad de ministro es aforado ante este tribunal.

Ante este órgano la Fiscalía del Supremo también ha pedido inadmitir estas querellas porque no ve "indicios suficientes" de que los hechos sean constitutivos de un delito de prevaricación, ni de la participación de Ábalos en los mismos. El Ministerio Público no cree que la actuación del ministro "fuera mas allá del ámbito estrictamente diplomático".

Los hechos se remontan a la noche del 19 al 20 de enero de 2020, cuando la 'número dos' de Nicolás Maduro hizo una escala en Barajas de camino a Turquía. En el avión también iba el ministro de Turismo, Felipe Plasencia, que encabezaba la delegación venezolana para FITUR.

Rodríguez es uno de los altos cargos del Gobierno de Maduro que tiene prohibida la entrada al espacio Schengen por las sanciones emitidas por la Unión Europea por violaciones de los Derechos Humanos y actuaciones o políticas pensadas para menoscabar la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela.

Durante esta parada técnica, Ábalos se vio con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto madrileño --según explicó él posteriormente-- para asegurarse de que no entrara en territorio Schengen.

El Cabildo de La Gomera ha procedido durante la última semana a la recogida de diez ejemplares de las especies Trachemys scripta scripta y Trachemys scripta elegans, unos tipos de tortugas consideradas como invasoras en el catálogo español.

Las actuaciones que realiza el Cabildo en materia de recogida y traslado de fauna exótica detectada en la isla es una de las medidas recogidas en el convenio con la Fundación Neotrópico para proteger los ecosistemas insulares, minimizando el riesgo que estas especies generan en el entorno.

En este sentido, el consejero de Medio Ambiente, Héctor Cabrera, explicó que se están haciendo recogidas de oficio pero también destacó que los ciudadanos tienen a su disposición este servicio para, voluntariamente, evitar el abandono de los animales.

"No hay que deshacerse de ellos. Siempre está operativa la comunicación a la Unidad de Medio Ambiente y la activación de los protocolos establecidos en estos casos", subrayó Cabrera, quien valoró la labor que realizan tanto los operarios de la Unidad como el personal de la fundación.

"El protocolo fijado da cobertura a las necesidades de un territorio en el que apostamos por la sostenibilidad de nuestro entorno, minimizando la presencia de elementos que ponen en riesgo nuestros ecosistemas y, especialmente, a las especies en peligro de extinción", dijo.

En cuanto al convenio vigente, recordó que recoge las líneas estratégicas de trabajo previstas hasta 2022 y en las que se abordan medidas que contribuyen a la minimización de riesgos, al igual que acciones formativas dedicadas a la concienciación ciudadana.

Por último, adelantó que las cuentas del próximo año mantienen las partidas comprometidas para este fin, con las que se atiende al mantenimiento y gastos de suministro de las instalaciones, alimentación y limpieza de los animales, gastos veterinarios y terapias ocupacionales y otros gastos como son materiales o utensilios necesarios para las labores.

El grupo automovilístico Volkswagen matriculó 903.200 vehículos en todo el mundo durante el pasado mes de octubre, lo que supone una caída del 4,9% en comparación con las 950.100 unidades que vendió en el mismo mes de 2019.

Según datos publicados este viernes por la compañía, en lo que va de año Volkswagen entregó 7,40 millones de automóviles, lo que implica una bajada del 17,3% si se compara con los más de 8,95 millones de vehículos que matriculó en todo el mundo entre enero y octubre del ejercicio anterior.

Por mercados, en Europa occidental el consorcio alemán vendió 280.500 vehículos en octubre, un 6,4% menos, mientras que acumula una caída del 25,1% este año, con 2,36 millones de unidades.

En Europa central y del este la firma matriculó 65.300 vehículos el mes pasado, un 7,7% menos, así como 545.400 coches hasta octubre, un 17,3% menos. Además, Volkswagen vendió 72.500 vehículos en Norteamérica en octubre, un 9,8% menos, y 621.500 unidades en lo que va de año, un 20,7% menos.

Las ventas de Volkswagen en Sudamérica cayeron un 1,6% en octubre (53.000 unidades) y un 22,6% en los diez primeros meses de 2020 (387.600 unidades). En China, el consorcio automovilístico matriculó 376.500 coches el mes pasado, un 3,3% menos, y 3,03 millones de unidades hasta octubre, un 9,2% menos.

En el resto de Asia y Pacífico las entregas de Volkswagen aumentaron un 3,3% en octubre (25.200 unidades), pero disminuyeron un 9% en lo que va de año (218.000 unidades), mientras que en Oriente Medio y África bajaron un 4,1% en octubre (30.300 unidades) y un 14,2% entre enero y octubre (235.500 unidades).

SCANIA Y SEAT, LAS MARCAS QUE MÁS CAEN

Por marcas, la firma Volkswagen vendió 521.100 vehículos en todo el mundo en octubre, un 7,4% menos, mientras que acumula unas entregas de 4,19 millones de coches en lo que va de año, un 17,4% menos.

Audi matriculó 163.800 coches el mes pasado, un 9,8% más, aunque sus ventas cayeron un 10,3% hasta octubre, con 1,35 millones de unidades. Skoda entregó 98.300 coches en octubre en todo el mundo, un 6,6% menos, así como 820.200 unidades en lo que va de año, un 19,5% menos.

Seat cayó un 11,4% en octubre (38.900 unidades) y un 28,7% en el acumulado del ejercicio actual (355.800 unidades), al igual que Porsche, que disminuyó sus ventas un 8,8% el mes pasado (23.300 unidades) y un 5,7% en los diez primeros meses de este año (214.900 unidades).

Por su parte, Volkswagen Vehículos Comerciales vendió 35.600 unidades en octubre (-10,4%) y 307.700 unidades en lo que va de año (-24,9%), mientras que MAN comercializó 12.800 vehículos el mes pasado (-1,1%) y 92.700 unidades hasta octubre (-21%).

Scania fue la marca del grupo Volkswagen que más cayó en octubre, un 19,4% menos, con 7.700 unidades, mientras que en lo que va de año recortó sus ventas un 34,2%, con 55.400 vehículos.

Otras marcas del grupo, entre las que se incluyen Bentley, Lamborghini y Bugatti, aumentaron un 15,5% sus matriculaciones mundiales en octubre, con 1.700 unidades, y disminuyeron un 2,1% en lo que va de año, con 14.800 unidades.

El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha visitado este viernes la Hemeroteca Municipal, fundada en 1916, para comprobar los trabajos que desde la Dirección General de la Edificación se han realizado para la recuperación y consolidación estructural del lugar, que presentaba un importante deterioro.

Las actuaciones, que han contado con un presupuesto de 432.000 euros, comenzaron en julio de 2019, tras una primera visita de inspección en junio en la que los técnicos comprobaron la necesidad de intervenir para asegurar el inmueble.

Fue el área de Cultura, Turismo y Deporte la que dio el aviso del estado en que se encontraba este edificio municipal, que presentaba grietas en las vigas por exceso de carga. Las tareas de reparación se han desarrollado en todo momento en coordinación con Cultura.

"Este tipo de obras, que luego no se ven, son importantísimas para mantener los edificios públicos en buen estado y que puedan de esta forma dar el mejor servicio posible", ha destacado Fuentes, quien ha agradecido la labor de los técnicos municipales.

Tras más de un año, los trabajos están prácticamente finalizados, a falta de los últimos retoques de pintura, que culminarán en dos semanas. Se ha llevado a cabo una realización de catas, ensayos y estudios para conocer el estado de seguridad de la estructura, así como para establecer el tipo de refuerzo más adecuado.

También se ha ejecutado una retirada y acopio de las estanterías fijas existentes entre los pilares metálicos de la estructura, a fin de permitir el refuerzo de estos soportes.

Levantado y posterior reposición de la protección pasiva contra incendios de la estructura metálica para dejarla a la vista y comprobar su estado de deterioro ha sido otra de las acciones, como el apeo activo de pórticos para permitir la consolidación de los pilares.

Durante la visita, a la que también ha asistido la directora de la Hemeroteca, Inmaculada Zaragoza, y responsables de Patrimonio Bibliográfico y Documental y de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, se ha destacado la importancia de los fondos que guarda esta hemeroteca, que abarca una completa colección de más de cuatro siglos de publicaciones periódicas, entre las que sobresalen, por su importancia, las colecciones de los siglos XVII y XVIII, que corresponden a los primeros momentos de la historia de la prensa española.

HISTORIA DE LA HEMEROTECA MUNICIPAL

Fundada en 1916 por iniciativa de los periodistas Ricardo Fuente y Antonio Asenjo, abrió al público el 19 de octubre de 1918. Custodió prensa de todo el mundo hasta mediados del siglo XX y a partir de 1966 ya se centró, casi exclusivamente, en la prensa editada en Madrid. Se trata de la primera hemeroteca municipal de España y una de las primeras del mundo.

Su primera sede fue la Casa de la Carnicería hasta 1922, fecha en la que se trasladó a la plaza de la Villa en la Casa de los Lujanes. En 1933, por la falta de espacio, se habilitó un edificio de seis plantas de depósitos en la calle del Codo. Finalmente, en 1983 se trasladó al Cuartel de Conde Duque y el 23 de diciembre de 2011 abrió sus nuevas instalaciones. En la actualidad conserva cerca de 250.000 volúmenes en 24 kilómetros de estantería.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (los países) han mantenido este viernes la primera ronda de negociaciones sobre el reglamento que recogerá el funcionamiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF), principal programa del fondo de recuperación, con la condicionalidad macroeconómica como principal punto de desencuentro entre ambas partes.

Los equipos negociadores han celebrado su primer reunión --en la que también ha participado la Comisión Europea-- después de que la Eurocámara aprobara a principios de esta semana sus líneas rojas. Los gobiernos del bloque habían pactado su posición semanas antes.

Con el acuerdo político sobre el presupuesto comunitario para los próximos siete años y con el pacto sobre el mecanismo que vincula ayudas europeas y Estado de derecho, el reglamento del RRF es la única pieza que falta para poner en marcha el fondo de recuperación.

Sin embargo, "todavía hay mucho que trabajar" para lograr un acuerdo, según ha afirmado un portavoz del Gobierno alemán, que representa a los socios europeos como presidencia de turno de la UE. A pesar de ello ,todos los actores comparten la urgencia y la necesidad de llegar "rápido" a un consenso para "mitigar" el impacto de la pandemia en la economía.

"Estamos comprometidos con una conclusión rápida. Respetamos mucho la posición del Consejo y esperamos que ellos respeten la nuestra. Cuanto antes se acerquen las posiciones, más rápido pueden concluir las conversaciones", ha dicho en una rueda de prensa el eurodiputado del PPE Sigfried Muresan, del equipo negociador de la Eurocámara.

Los debates, sin embargo, no serán difíciles. El Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE tienen posturas muy alejadas principalmente en las condiciones aparejadas a la recepción de los fondos del RRF. Entre subvenciones y préstamos, este instrumento repartirá hasta 672.500 millones de euros entre todos los gobiernos europeos.

Algunas fuentes parlamentarias, de hecho, avanzan una "guerra nuclear" en las negociaciones y parte del problema está en el artículo que prevé una suspensión de las ayudas si un Estado miembro incumple sus objetivos de reducción del déficit y deuda públicos.

Este aspecto es defendido por los gobiernos, pero prefiere eliminarlo y dejar el debate sobre la condicionalidad macroeconómica a una etapa posterior en la que las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ahora suspendidas, vuelvan a aplicarse.

"No es el momento de tener ese debate. Tenemos que identificar los programas, reformas e inversiones que realmente queremos hacer, y después lo tendremos, pero ahora no añade ningún valor al RRF", ha explicado en la misma comparecencia la eurodiputada del PSOE Eider Gardiazábal, que también forma parte del equipo negociador del Parlamento Europeo.

Además, la Eurocámara es partidaria de que las recomendaciones económicas que Bruselas hace anualmente a cada país no sean el elemento principal de la valoración que la Comisión debe hacer de los planes nacionales de reformas e inversiones.

Por contra, la posición adoptada por el Consejo de la UE defiende que cada uno de estos planes debe abordar o todas o un grupo "significativo" de estas recomendaciones, así como que el Ejecutivo comunitario debe prestar atención en su análisis a los "aspectos fiscales" de las mismas.

Otro aspecto que podría generar fricciones entre ambas partes es que los eurodiputados abogan por elevar al 20% el anticipo que cada país puede obtener una vez ha recibido luz verde a su plan nacional y sin necesidad de ir completando las etapas que desbloquean más fondos. Los países quieren ceñirse al 10% que recoge el borrador legislativo.

Según los datos de la última semana epidemiológica completa analizada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que engloba desde el 2 al 8 de noviembre, en la región se detectaron 5.189 casos positivos por coronavirus, con lo que hubo casi mil contagios menos, un 15,43%, que en la semana precedente, cuando se validaron 6.136 casos de COVID-19.

Por provincias, todas ellas bajaron el número de contagios, si bien el más acusado fue el de la provincia de Toledo, que pasó de tener 2.545 casos nuevos en la semana 44 (del 26 de octubre al 1 de noviembre) a 2.085 nuevos positivos en la semana 45 (del 2 al 8 de noviembre).

Mientras, en Albacete los datos bajaron de los 1.047 nuevos casos de la semana 44 a los 984 de la semana 45, y en Ciudad Real se descendió de los 1.173 a los 936 nuevos positivos.

De su lado, la provincia de Cuenca acumuló 717 nuevos positivos en la semana 45, mientras que en la 44 habían sido 871 los nuevos infectados, y en la de Guadalajara se ha pasado de los 500 nuevos casos de la semana 44 a los 467 de la semana 45.

INCIDENCIA ACUMULADA

Este descenso del número de casos en las cinco provincias se refleja en la incidencia acumulada, que en el conjunto de la región se situó en 255 casos por cada 100.000 habitantes en la semana del 2 al 8 de noviembre, mientras que en la anterior esta había sido de 302 casos por cada 100.000 habitantes.

El descenso también continúa en todas las provincias, dejando a Toledo con 300,07 nuevos casos por cada 100.000 habitantes por los 366,27 de la semana anterior, mientras que en Albacete se ha pasado de los 269,73 casos de la semana 44 a los 253,5 de la semana 45.

En la provincia de Ciudad Real, la incidencia acumulada se ha cifrado en 188,8 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, reduciéndose de los 236,61 que había tenido en la semana 44, y Cuenca ha pasado de los 443,64 nuevos casos a los 365,2 nuevos casos por cada 100.000 habitantes que ha tenido en la semana 45.

Finalmente, la provincia de Guadalajara ha visto caer sus cifras de los 193,98 nuevos casos por cada 100.000 habitantes de la semana 44 a los 181,17 casos de la semana 45.

POR MUNICIPIOS

Por provincias, en Albacete, la capital sigue con el descenso de los casos que ya experimentó la semana anterior con 316 casos, 57 menos. Hellín es la única de las grandes poblaciones de la provincia que también mejora, pasando de 155 casos a 117.

Por contra, Villarrobledo ha empeorado mucho sus datos pasando de 43 nuevos contagios a 103, tendencia al alza que también comparte Almansa, pasando de 88 a 100. La Roda, en cambio, se mantiene estable, con 45 casos por los 48 de la anterior semana.

De entre las poblaciones más pequeñas, destaca la irrupción del virus en El Bonillo que, con 2.779 habitantes, ha pasado de no tener ningún contagio a tener a 12 personas contagiadas.

En el caso de Ciudad Real, la mayoría de grandes núcleos de población ven mejoras en su número de nuevos contagios. Así ocurre en la capital, donde se pasa de 186 a 145 nuevos contagios, así como en Puertollano, donde se reducen de 135 a 103; en Alcázar de San Juan, pasando de 56 a 43 nuevos contagios; o en Valdepeñas, donde en la última semana ha habido 61 nuevos contagios, por 71 de la anterior.

Lo mismo ocurre en Tomelloso, con 47 nuevos contagios por 62 de la anterior semana; en Socuéllamos, donde prácticamente se reduce a la mitad, pasando de 57 a 29; en Manzanares, con 11 nuevos positivos por los 23 de la anterior semana; o Miguelturra, donde se pasa de 57 a 41 nuevos positivos.

Por contra, Bolaños de Calatrava, primera localidad en ser totalmente confinada, vuelve a sufrir un repunte de casos, duplicándose de los 12 a los 25. En Daimiel también hay un incremento ligero, pasando de 62 a 73, mientras que Campo de Criptana mantiene la estabilidad con 16 nuevos contagios, por los 17 de la semana anterior.

En la provincia de Cuenca, la capital por fin consigue un descenso significativo de sus cifras de nuevos contagios, con 356 nuevos positivos por los 491 de la semana anterior, un total de 135 menos. Mientras, en Las Pedroñeras, se mantiene la estabilidad, con 16 casos por los 18 de la semana anterior; y en Tarancón repiten dato, con 27 nuevas personas contagiadas.

Por la parte negativa, el virus se expande en una localidad pequeña como Aliaguilla, que con 642 habitantes pasa de 4 a 14 nuevos casos. De igual modo, Casasimarro, de 3.084 habitantes, también ve como sus cifras se incrementan pasando de 28 a 35 nuevos contagios.

En la provincia de Guadalajara, la capital provincial consigue una caída moderada de sus datos, pasando de 260 a 244, mientras que en otras también se producen descensos, como es el caso de Azuqueca, que pasa de 50 a 35 nuevos casos; El Casar, que ve como el número de contagios se reduce de 22 a 7; Alovera, que baja de 24 a 15 nuevos casos; o Yunquera de Henares, que de 21 nuevos contagios pasa a tener 3 nuevas personas contagiadas.

Mientras, en el otro extremo, destaca el caso de Molina de Aragón, que pasa de tener 2 nuevos contagios a tener 16 en la última semana.

TOLEDO SE ESTABILIZA Y GRAN REDUCCIÓN EN TALAVERA

En la provincia de Toledo, la capital regional se sitúa en una meseta de nuevos contagios, con 320 por los 329 de la semana anterior, mientras que Talavera relaja sus cifras pasando de 681 nuevos casos a 396.

Los municipios que presentaron focos alarmantes sufren una tendencia dispar, con algunas bajando como Olías, que pasa de 106 nuevos contagios a 20; Sonseca, con 47 contagios por los 86 de la anterior semana; Illescas, que pasa de 74 a 61 casos nuevos; Fuensalida, que tiene 12 nuevos casos por los 28 de la semana anterior; Seseña, que tiene una ligera caída de 30 a 22 nuevos contagiados; o La Nava de Ricomalillo, que pasa de 41 nuevos contagios a 5.

Varios municipios que presentaron focos alarmantes ven mejoradas sus estadísticas. Así, Bargas pasa de 121 a 40 nuevos casos; Fuensalida de 79 a 24; Illescas de 66 a 56; Mora de 46 a 27; Mora, que pasa de 30 a 18; y Sonseca de 107 a 75.

Por contra, Pepino sufre un gran aumento de sus contagiados, con 62, por los 17 de la semana pasada, y Bargas también tiene un ligero repunte, pasando de 50 a 58 casos.

Además, otras localidades también sufren fuertes aumentos de los contagios, como Añover de Tajo, que pasa de 11 a 33 nuevos casos, triplicando sus datos; Alcaudete de la Jara, que pasa de 10 nuevas personas contagiadas a 34; u Oropesa, que duplica sus cifras pasando de 17 a 36 nuevos casos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha renovado este viernes con el Teatro Real un convenio de colaboración para difundir la música, las artes y la cultura entre los más pequeños, jóvenes y estudiantes madrileños.

En el acto de firma han participado además de la dirigente regional, el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, así como representantes de la Fundación de Amigos del Teatro Real. Este convenio continúa con la intención de fomentar y favorecer el interés de los jóvenes por la actividad cultural.

Según ha detallado el Gobierno regional en un comunicado, en el caso de los más pequeños, habrá acciones como la retransmisión en directo de óperas infantiles (My Opera Player) para alumnos de entre 7 y 12 años de los centros educativos madrileños o podrán asistir a conferencias, ensayos y encuentros con los profesionales que actúan en el Teatro Real como cantantes y directores musicales y de escena, entre otros.

El acuerdo también implica otras acciones como el taller didáctico Esópera, para alumnos de 3º y 4º de ESO, ideado para despertar la sensibilidad artística y el gusto por la ópera y la música.

Ambas instituciones se han comprometido a la retransmisión de óperas y otras actividades a lo largo del curso escolar, especialmente en días conmemorativos, como la celebración del Día Mundial de la Ópera o la Semana de la Ópera.

A través de la renovación de este compromiso, se incentiva la participación de actividades en el Teatro Real de los alumnos de los Conservatorios Profesionales de Música y Danza de la Comunidad, del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, la Escuela Superior de Canto de Madrid, y de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM).

PRÁCTICAS PARA ALUMNOS

También podrán realizar en esta institución las prácticas externas contempladas en los planes de estudios de dichos centros educativos. Además de estudiantes especializados, el convenio permitirá acercar el Teatro Real a los alumnos de colegios e institutos de la región de forma que podrán utilizar las instalaciones para actividades culturales y educativas.

El acuerdo también incluye la participación de los pacientes de los centros de la red sanitaria pública en las actividades culturales y pedagógicas desarrolladas por el Teatro Real.

Por último, la Comunidad de Madrid y el Teatro Real desarrollarán acciones conjuntas para la asistencia de niños y adolescentes de todos los grupos sociales, utilizando las enseñanzas artísticas y la música como herramienta de desarrollo humano y social y en favor de la inclusión de los más desfavorecidos

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha reconocido este viernes, en su primera intervención tras volver como principal mando de la policía catalana, sobre octubre de 2017: "Todo el mundo lo podría haber hecho mejor y yo el primero".

En una rueda de prensa en el Complejo Central de los Mossos, en Sabadell (Barcelona), junto al conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, y arropado por la plana mayor de mandos de la policía catalana, ha asegurado que trabajará para intentar "mejorar la confianza institucional" en el cuerpo y no cometer los mismos errores del pasado.

Ha explicado que ya se ha puesto en contacto con el general jefe de la Guardia Civil y el jefe superior de la Policía Nacional y les ha anunciado su voluntad de verles y poner el cuerpo de Mossos a su disposición: "Me he encontrado la mejor de las respuestas".

El mayor también ha explicado que ya ha contactado con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la Fiscalía, así como con los directores operativos adjuntos de los dos cuerpos policiales en Madrid.

VUELTA AL MANDO

Trapero ha argumentado sobre aceptar de nuevo el cargo: "Porque sumaba más que restaba aceptar ese ofrecimiento y por eso la respuesta ha sido que sí", y porque cree que después de estos tres años ha crecido como persona y este crecimiento personal puede ayudar en una mejora profesional.

Durante estos tres años ha reflexionado y ha asegurado sobre su gestión al mando de Mossos en 2017: "En algún momento mi defensa del cuerpo no fue bien entendida, no ayudé a que se entendiera bien, y creo que una persona al frente de un cuerpo de 17.000 personas tiene que velar más de lo que yo hacía en ese momento para poder mejorar".

Ha explicado que después de la sentencia absolutoria, el cuerpo de los Mossos se encuentra en un "punto cero para que la policía sea ejemplar, de futuro y para mejorar la sociedad".

Sobre la cúpula ha expresado que todavía no se ha hablado pero que "los comisarios Joan Carles Molinero, Ferran López, Miquel Esquius y Eduard Sallent --los tres últimos, sus sucesores-- tendrán un sitio en la estructura donde sus potencialidades se puedan aprovechar en beneficio del cuerpo".

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en la Cámara autonómica una proposición no de ley urgente ante la "preocupación" que le suscita las modificaciones con respecto al idioma en la reforma educativa que denomina "Ley Celáa".

De este modo, el PPdeG quiere un posicionamiento que deje claro el "rechazo de la Cámara ante cualquier modificación que posibilite que gallego o castellano dejen de ser vehiculares en la enseñanza, poniendo así en peligro el equilibrio entre las dos lenguas cooficiales".

Los populares, que registraron el pasado lunes 9 de noviembre esta iniciativa urgente, quieren que el hemiciclo autonómico "reafirme su compromiso con el marco lingüístico recogido en la Constitución, Estatuto de Autonomía y en la Ley de Normalización Lingüística de Galicia", normas que, añade el texto resolutivo, "aseguran el equilibrio entre el castellano y el gallego y contribuyen a asegurar la convivencia lingüística de los ciudadanos que valoran conocer ambas lenguas para poder comunicarse con hablantes de todo el Estado, así como con millones de ellos en países lusófonos e hispanos".

Este es el texto registrado por los populares y que nace, como explicó el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, en rueda de prensa, a raíz de la enmienda acordada en la ponencia educativa y que dice lo siguiente: "las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable".

La Constitución Española recoge que el castellano es la lengua española oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, mientras que las "demás lenguas españolas" serán también "oficiales" en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Asimismo, el texto del 1978 incluye que la "riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

Los populares gallegos interpretan que esta enmienda, en la que no se recoge explícitamente la palabra vehicular, puede facilita la "inmersión lingüística" por parte de los "nacionalistas", al tiempo que significa para el PP que se han "saltado los marcos normativos de rango superior" y se "habilita que la lengua castellana deje de ser vehicular, con lo que se altera el equilibrio lingüístico entre las lenguas cooficiales del Estado y se renuncia a que los ciudadanos aprendan en la lengua que les vincula con hablantes de distintos territorios, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Con esta iniciativa, los populares quieren conocer la opinión del PSdeG, puesto que la del BNG, que dicho que es el "nexo" de unión entre el PSOE y Bildu "ya se imaginan" cuál será.

Tellado ha insistido en que si esta enmienda "no cambia nada, por qué" se hizo y se ha preguntado si ha sido "el precio" que le han puesto para "aprobar esta ley" y si se "pretende legalizar la inmersión lingüística". "Estamos preocupados y exigimos respuestas", ha remarcado el dirigente popular, quien indicó que esta iniciativa será extensible a mociones en ayuntamientos.

"PREOCUPACIÓN" ACUERDO BILDU

En su intervención ante los medios, Tellado también mostró la "profunda preocupación" del PP gallego por los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con la formación independentista vasca. "Mala noticia que sea socio preferente", ha manifestado el secretario general del PP gallego, quien ha apuntado que es "un insulto intolerable para las miles de víctimas del terrorismo" cualquier pacto con Bildu.

Tellado ha apelado a las críticas de barones socialistas contra Pedro Sánchez y ha lamentado que el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, no sea una de esas voces y haya "aplaudido, como aplaude todo" lo que --dijo-- hace Pedro Sánchez, a quien ha acusado de pactar con Bildu para mantenerse en la Moncloa.

El dirigente popular ha echado en falta que Caballero no haya seguido los pasos de "reconocidos líderes autonómicos o presidentes de comunidades autónomas" que han rechazado el acuerdo. "Cosa que Gonzalo Caballero nunca será, precisamente por cosas como esta, entre otras", ha condenado Tellado.

"Este acuerdo entre el PSOE y Bildu sorprendió a muchas personas, pero en Galicia nos sorprendió menos, porque es el socio preferente del BNG, se presentan juntos (a las elecciones europeas) y se reparten escaños", ha apuntado, tras lo que matizó que "es verdad que tienen un paso muy distinto".

Es más, el secretario general del PP gallego ha apelado a que "hubo un tiempo" en el que el nacionalismo gallego "compartía inquietudes con PNV y CiU", pero "lamentablemente" ahora sus "socios" son Bildu y ERC. "Nosotros desde luego estamos francamente preocupados", ha insistido Tellado, quien ha lamentado, asimismo, que los presupuestos "están diseñados para ser negociados con partidos extremistas" y no con el PP.

"El PP estaría dispuesto a apoyar unos presupuestos distintos", ha respondido a propósito de una pregunta, en la que afirmó que "en la misma ecuación con Bildu, es imposible que esté el PP, por decencia política".

LEY SANITARIA

Creemos que recurrir de forma permanente al estado de alarma es un recursos que no se puede prolongar en el tiempo, no puede permitirse españa seis meses de estado de alarma y un a ley podráresolver esta cuestión elga, era tan sencillo como esto, dar argumentos a los gobiernos autonómicos, para resolver esa situación, evitar el recurso continuado al estado de alarma, tendría que ser excepcional, no se debería abusar y no garantiza la máxima seguridad jurídica, ese el mecanismo que perseguía, y lamentamos que el gobierno de españa prefiera usar y abusar el estado de alarma. no se somete al control parlamentario, no usado y abusado,