La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha archivado la causa que se seguía contra tres militares marroquíes por la muerte de dos jóvenes melillenses a bordo de su embarcación en aguas marroquíes el 27 de octubre de 2013 al no haber "indicios suficientes". Además, ordena que los investigados sean puestos en libertad, un mes y medio después de que el juez José Luis Calama decretara su ingreso en prisión provisional.

La Sala ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra el auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 por el que envió a prisión al comandante Munir Tisman y a los sargentos Aziz El Mals y Muhein Briul como presuntos autores del suceso que tuvo lugar hace siete años en 'Punta Negri', aguas marroquíes situadas a unos 35 kilómetros de la ciudad española de Melilla.

Para hacer efectiva esta resolución era necesario que Marruecos aceptara la extradición de los tres militares a España, por lo que el juez instructor libró órdenes europeas e internacionales para su búsqueda, detención e ingreso en prisión. Una decisión que también ha sido revocada por la Sala.

El auto con fecha del pasado 3 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que, según indica el Ministerio Público en su recurso, en el reino alauí existe un procedimiento penal por los hechos objeto de investigación sobre el que "se desconoce dato alguno al no haber sido facilitada información por las autoridades marroquíes", lo que impide su conocimiento a la jurisdicción española.

MARRUECOS NO ATENDIÓ AL AUXILIO JUDICIAL

Asimismo, indica que la investigación que inició el magistrado instructor ha sido "frustrada" porque las autoridades marroquíes no han atendido a las demandas de auxilio judicial. El juez Calama se apoyó en una copia de la traducción al castellano del informe que elaboró la Gendarmería Real de Marruecos sobre lo ocurrido, aportada por la acusación particular, para identificar a los presuntos autores de la muerte de Edmin Mohamed Driss y Abdeslam Ahmed Ali, apodado Pisly, y requerir su puesta a disposición judicial para que declaren como imputados.

Debido a la no colaboración de Marruecos, que afirmó que los hechos ya habían sido investigados y la causa archivada, la Fiscalía considera que este documento aportado, "a la luz de la jurisprudencia nacional como europea, resulta insuficiente para la adopción de las medidas contempladas en la resolución impugnada".

La Sala comparte este criterio y afirma que la "fotocopia no legalizada, constituyó en su día un indicio apto para iniciar una línea de investigación". Pero ya que las autoridades marroquíes no han querido "ilustrar al juzgado español requirente acerca de ninguna de las circunstancias de la investigación llevada a cabo en Marruecos", hace que el documento no sirva para cumplir con el "requisito fundamental" de identificación del sospechoso para acordar la prisión preventiva, añade.

"La identificación personal contenida en el documento respecto de los presuntos autores carece de corroboración alguna. Cierto es que el relato que se contiene en el informe coincide con los datos obtenidos por la investigación judicial en cuanto a la identidad de las víctimas, y la fecha, lugar, y circunstancias de los hechos, pero no en cuanto a la identidad de las personas autoras de los disparos que causaron el fallecimiento, ya que sobre dicho dato, no se ha obtenido dato alguno", explica la Sala.

Así, debido al "incierto origen" del documento aportado y que su "legitimidad no ha podido ser contrastada de ningún modo", los magistrados consideran que no constituye un "indicio suficiente" para mantener abierta la investigación y la orden de prisión.

REACCIÓN DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR: "ES UN DISPARATE JURÍDICO"

El abogado de los ciudadanos melillenses, Pedro Díaz, del despacho de abogados Ilocad, ha asegurado que esta decisión de la Audiencia Nacional supone un "varapalo para las familias, víctimas de unos hechos muy graves consistentes en el asesinato de sus propios hijos".

"Este archivo de la causa supone dejarla imprejuzgada y falta de investigación, además de imposibilitar un futuro juicio justo en defensa de los intereses de las víctimas, todo ello hasta que los delitos prescriban", señala en un comunicado, al mismo tiempo que considera que la resolución dictada es un "disparate jurídico" que deja "desamparados a los familiares".

Expertos en salud mental y agentes sociales han advertido del "riesgo de incremento masivo de problemas emocionales" entre la juventud en los próximos meses como consecuencia de la pandemia de covid-19 y han destacado la necesidad de invertir en su prevención, detección e intervención temprana.

Lo han hecho en el marco de la jornada virtual 'Juventud, bienestar y salud emocional en la era del coronavirus', organizada por el Instituto de la Juventud (IinjuveE) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020 y la Red para la Promoción de la salud mental y el bienestar EMocional en los Adolescentes (Red Proema), que lidera la Universidad de Jaén (UJA).

Según ha informado este viernes en una nota la institución académica, el catedrático de la UJA y principal responsable de la Red Proema, Luis Joaquín García, ha subrayado en la inauguración de esta cita "la necesidad urgente de invertir en salud mental ante el riesgo de un incremento masivo de problemas emocionales en los jóvenes durante los próximos meses debido al impacto de la pandemia" de covid-19.

"Es crucial ayudar a jóvenes en riesgo de (o con) problemas emocionales para ayudarles a gestionar sus emociones y prevenir conductas de riesgo. Ellos no son sólo nuestro futuro, son también nuestro presente. Por ello, la Universidad de Jaén lidera dos iniciativas, Daremos y Procare, que ofrecen un test de detección emocional rápido, una PCR emocional y una vacuna emocional para dotar de resiliencia y fortaleza emocional a los jóvenes", ha afirmado.

Por su parte, la directora del Injuve, María Teresa Pérez, ha defendido el papel de la mayoría de los jóvenes durante la pandemia y la "marginación" que sufren últimamente en campañas publicitarias y mensajes públicos. Ha añadido que "la estigmatización de los jóvenes en el coronavirus es un caldo de cultivo muy peligroso".

No podemos olvidar que el futuro son los jóvenes y tenemos que abordarlo con nuestro apoyo a su salud mental en esta etapa de incertidumbre", ha dicho, de su lado, la portavoz de Sanidad del Grupo Unidas Podemos y promotora del Proyecto de Ley de Salud Mental, Amparo Botejara.

El consejero técnico de la Subdirección General de Calidad e Innovación de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, Andrés Suárez, ha incidido en la "importancia de fortalecer el sistema de salud mental al mismo nivel que todo el sistema sanitario debido al reto que está suponiendo la pandemia para toda la estructura de salud pública".

A continuación, Mireia Orgilés, profesora de la Universidad Miguel Hernández, ha presentado el monográfico 'Impacto psicológico de la Covid-19 en niños y adolescentes', que muestra como principales efectos detectados en la población infanto-juvenil el miedo a contagiarse a sí mismos, a contagiar a su familia y a la soledad.

A su vez, Lourdes Espinosa, profesora de Psicología de la UJA y miembro de la Red Proema, ha expuesto el monográfico 'Promoción de la salud y bienestar emocional en los adolescentes: Panorama actual, recursos y propuestas', que recoge, entre otros puntos, la necesidad de alfabetizar en salud mental y fomentar la prevención en este ámbito.

MESAS REDONDAS

Posteriormente, se han celebrado tres mesas redondas. En la primera, la catedrática de Psicología de la Universitat Rovira i Virgili y miembro de la Red Proema, Josefa Canals, ha reflexionado sobre la estigmatización sufrida por los jóvenes durante la pandemia. Mientras, el profesor de la Universidad Miguel Hernández y miembro de esta red, José Antonio Piqueras ha especificado que "un alto porcentaje de jóvenes son buenos ciudadanos, son un factor de riesgo pero también cuentan con fortalezas que hay que potenciar".

Por último, Enrique Vargas, presidente de la Asociación Española de Ayuda Mutua contra Fobia Social y Trastornos de Ansiedad (Amtaes), ha repasado los principales impactos del confinamiento en personas con trastornos de ansiedad como el refuerzo del aislamiento social o el miedo a contagiar.

En la segunda mesa redonda, la presidenta de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación en España (Copoe), Ana Cobos, ha abogado por una mayor coordinación entre centros escolares y salud mental para la derivación de alumnado que presenta dificultades emocionales.

Seguidamente, José Antonio Muela, profesor de la UJA y miembro de la Red Proema, ha señalado que "los jóvenes son la población más vulnerable a nivel emocional y que la etapa de la desescalada tuvo incluso un mayor impacto emocional que el confinamiento en sí".

ESTRATEGIAS DE RESILENCIA

"Llegamos tarde a la pandemia de salud, como sociedad no podemos permitirnos llegar de nuevo tarde a una pandemia de salud mental. Es necesario dotar a la población de estrategias de resiliencia o fortaleza emocional. Una España resiliente necesita ciudadanos resilientes. Una sociedad no tiene futuro sin adolescentes mentalmente sanos", ha subrayado el catedrático Luis Joaquín García.

En cuanto a la tercera mesa redonda, ha contado con Sergio Silvero, responsable del Grupo Joven de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtb). Ha indicado que "la vulnerabilidad del colectivo Lgtbi se triplicó durante el confinamiento por una doble estigmatización como consecuencia del estrés por minoría" y ha defendido la necesidad de entornos seguros para el colectivo.

Esta mesa ha proseguido con el testimonio de una joven y su madre para narrar en primera persona cómo se afronta un trastorno de ansiedad social y los pasos para hacerle frente. En voz de la joven, el primero es pedir ayuda y que los orientadores y profesionales de la salud sean sensibles a los problemas emocionales.

Para ello, durante la mesa redonda se ha apostado por la necesidad de formación del personal sanitario y educativo en la identificación de problemas emocionales por parte de psicólogos sanitarios y otros profesionales de salud mental, así como por el incremento de plazas de Psicología en el Sistema Nacional de Salud.

Finalmente, la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, ha clausurado la jornada resaltando "el esfuerzo positivo de la gran mayoría de la población joven durante la pandemia y su respuesta responsable". Asimismo, ha animado a Injuve y a la Red Proema a continuar con "la labor de promoción de la salud y el bienestar emocional en la juventud trabajar hacia un futuro mejor".

Dos de los quince investigados por el caso AECID han declarado este viernes en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid para justificar las actuaciones administrativas en las que intervinieron, negando haber cometido irregularidades en la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, y los otros catorce investigados estaban citados para comparecer ante la titular de este juzgado, Belén Sánchez, a partir de las 10.00 horas de este 6 de noviembre por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Sin embargo, solo han podido declarar Francisco Jesús Moza Zapatero, ex director de la AECID, y Begoña Cristeto Blasco, ex secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por lo que los demás investigados han quedado citados para el 13 de noviembre, según ha podido saber Europa Press.

El caso parte de una denuncia realizada por la Intervención General del Estado, que aprecia supuestas irregularidades en una serie de actuaciones administrativas, y que llega a la Fiscalía Anticorrupción hasta acabar en el juzgado de Sánchez.

Moza y Cristeto han hecho un repaso minucioso de las actuaciones administrativas en las que intervinieron, lo que ha agotado el tiempo para los demás investigados, de acuerdo con fuentes presentes en la declaración.

La querella, presentada el pasado 21 de julio, incluye también al embajador en México, Juan Antonio López Dóriga; Jesús Juan González Navarro, quien fuera jefe del Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información de la AECID; Francisco Salazar Palma, actual presidente de CESCE, empresa de capital mixto dedicada al crédito a la exportación; y Guillermo Horche López, ex subdirector del ICEX; así como a varios empresarios.

En el caso de Valdés, fuentes ministeriales señalaron a Europa Press en su momento que el secretario de Estado de Turismo se ponía a disposición de la justicia para colaborar en la investigación y que daría cumplida información de todo lo que se le requiriera. No obstante, las mismas fuentes recalcaron que, como jefe de departamento en los tiempos que se investigan, no firmó ninguno de los actos administrativos que son parte de la causa.

La Ciudad Autónoma de Melilla ha anunciado que a partir de este lunes 9 de noviembre va a prorrogar otros 15 días su toque de queda, al tiempo que ha comunicado que ha remitido una carta al Ejecutivo Central para que envíe a ciudad el barco hospital de La Armada, el Buque Galicia, por la alta ocupación sanitaria originada por la pandemia del coronavirus.

En declaraciones a los periodistas, el consejero de Salud Pública Mohamed Mohand (PSOE), ha subrayado que la decisión de prolongar lo que llama "confinamiento nocturno", una vez que el lunes concluya el decretado por el Gobierno de la Nación y la Ciudad Autónoma asuma esta competencia, "es seguir limitando al máximo la movilidad".

Mohand ha señalado además que su Gobierno estudia otras medidas para restringir aún más la movilidad y que podrían afectar "a actividades no esenciales", si bien no ha querido avanzar a cuáles afectaría porque "aún estamos trabajando en ello".

Estas medidas se unirían a otras que vienen aplicándose en la ciudad española del norte de África como las que se mantienen desde el pasado domingo 18 de octubre con el cierre total de la hostelería; la suspensión de celebración de bodas, bautizos y cumpleaños; la anulación de todas las actividades culturales y sociales; toque de queda adelantado a las 22,00 horas; y, desde el jueves 29 octubre, el "cierre perimetral" con la restricción de viajes en avión y barco a la Península o hacia Melilla, permitido únicamente para causa de fuerza mayor (médico, estudios, trabajo, regreso a la residencia habitual u otras causas que se puedan justificar debidamente).

Por último, y ante la peticiones de suspensión de clases presenciales en colegios e institutos realizadas por el Sindicato Médico de Melilla, varias organizaciones sindicales de enseñanza y una asociación de padres de nueva creación, Mohand ha vuelto a defender la seguridad de los entornos educativos aunque ha dicho que cualquier asunto relacionado con esta materia "debería ser adoptado por el Ministerio de Educación en Madrid", porque esta competencia no está transferida a la Ciudad Autónoma.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha remitido este viernes un escrito a todos los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado ordenando la suspensión de los permisos y comunicaciones especiales en todos los centros, salvo en Baleares y Canarias, para evitar la propagación de Covid-19.

Prisiones ha justificado la medida en la necesidad de proteger a la población reclusa, considerada colectivo de alto riesgo, y los trabajadores y trabajadoras penitenciarios. Según ha explicado, tiene una vigencia inicial de tres semanas a contar desde su entrada en vigor el próximo lunes.

Un equipo de la Secretaría General monitoriza a diario la situación. Tras su última reunión, en la que se analizó el último documento del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) sobre la incidencia del coronavirus, ha decido que se suspendan las comunicaciones especiales de los internos reguladas en el artículo 45 del Reglamento Penitenciario. Es decir: las comunicaciones familiares, íntimas y de convivencia.

También se restringen las comunicaciones ordinarias, por locutorio, al 50%, con dos comunicantes por interno como máximo. El horario se extenderá a todos los días de la semana, con obligación de desinfectar los locutorios después de cada turno de comunicación. Se suspenden, además, los permisos de salida y las salidas programadas de los internos.

CIERRE TOTAL EN SOTO DEL REAL Y OTROS CENTROS

En Baleares, no obstante, la prisión de Mallorca mantiene también suspendidas las comunicaciones especiales. En el caso del Centro Penitenciario de Ourense, a las medidas anteriores se suma además la suspensión de las comunicaciones ordinarias.

"No se levanta de momento, y mientras la situación no lo aconseje, el cierre total de los centros penitenciarios Madrid V, en Soto del Real, y León", ha señalado Instituciones Penitenciarias. En ellos, además de las medidas anteriores, se mantienen suspendidas las comunicaciones ordinarias y no se permite el acceso a prisión a toda aquella persona ajena a la Administración penitenciaria cuya labor no sea imprescindible.

Todas estas decisiones, que se ponen en conocimiento de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, se enmarcan en el 'Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19', acordado en el Consejo Interterritorial de Salud de 16 de julio de 2020.

LLAMADAS EN VIDEOCABINAS

Para paliar las restricciones, se ha aumentado el número de llamadas telefónicas a las que tienen derecho los internos y se ha potenciado el sistema de videollamadas, según ha recordado Prisiones.

A partir del mes de diciembre, comenzará a funcionar en pruebas un sistema de cabinas para poder realizar las videollamadas. Estas cabinas permitirán además enviar mensajes de voz y el pago a cobro revertido. Se espera que a lo largo de 2021 el sistema de videocabinas esté implantado en todos los centros dependientes de la Administración central, según adelantó esta semana en su comparecencia en el Congreso el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha defendido que los sectores culturales y creativos son "motores vitales de la cohesión social y del bienestar, pero también de la economía" de los países miembros de la Unión Europea.

Uribes ha asistido a la inauguración de la instalación artística 'Desaparece el muro' en las Naves Matadero, en Madrid. Se trata de un proyecto cultural del Goethe-Institut, apoyado por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores (Auswärtiges Amt) y presentado en el marco de la Presidencia Alemana del Consejo de la UE en 2020.

Durante su intervención, Uribes ha reiterado cómo la riqueza y diversidad del paisaje cultural actual y de la herencia cultural europea son "un componente central de las sociedades y un activo esencial que se debe preservar y promover".

Para Rodríguez Uribes, el proyecto europeo se asienta "sobre la firme convicción de que las diferencias hacen más fuertes y más prósperos". En la Unión Europea no hay lugar para muros ni fronteras, porque en las raras ocasiones en las que Cultura no alcanza a derribarlos, siempre sabe volar por encima", ha añadido.

En el acto han estado presentes embajadores de diversos países de la Unión Europea como Francia, Polonia o Italia, entre otros, además del director del Goethe-Institut de Madrid, Reinhard Maiworm, y el Embajador de la República Federal de Alemania en España Wolfgang Dold.

DECONSTRUCCIÓN DEL MURO

La instalación interactiva 'Desaparece el muro' fue ideada por María Jablonina y desarrollada en un taller impartido por el arquitecto e ingeniero Werner Sobek, invitado por el Goethe-Institut.

La instalación consiste en una estructura de metacrilato que se rellena con aproximadamente 6000 bloques de madera, cada uno con una cita grabada. El objetivo principal de este proyecto es crear un objeto que simboliza el desdibujamiento de las fronteras entre dos países mediante el intercambio de sus culturas.

El objeto se instala en todos los países en un lugar público, como un parque o un bulevar, por donde pasan muchas personas diferentes todos los días. A todos los que pasen se les permitirá llevarse las piezas de madera como recuerdo, y así los que pasen por el objeto varias veces, verán cada vez una imagen diferente, cada vez más y más transparente: al final de la exposición, el muro habrá desaparecido.

Al mismo tiempo que en España, la instalación también se exhibirá en Alemania, Bélgica, Chipre, Gran Bretaña/Irlanda del Norte,*Grecia, Italia, Lituania, Países Bajos y Polonia.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado esta tarde, en una edición extraordinaria, la resolución de la Consejería de Sanidad con Cantabria con las anunciadas limitaciones en la hostelería, el comercio y las actividades de ocio, culturales y deportivas, que entrarán vigor esta medianoche.

Entre las limitaciones recogidas en esta resolución figura la prohibición de consumir en el interior de bares y restaurantes, permitiéndose solo el consumo en terraza, que, además, tendrán limitado al 75% su aforo. Estará permitida la venta de comida y bebida para llevar.

Además, se limitará a un tercio el aforo la mayoría de las actividades de ocio, culturales y deportivas, tal y como ya se ha avanzado estos días.

Deberán cumplir esta previsión establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades profesionales; centros y parques comerciales, incluidas sus zonas comunes y recreativas como áreas infantiles, ludotecas o espacios de descanso; zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos, así como albergues y entidades formativas, entre otros espacios.

Además, los casinos y otros establecimientos de juego permanecerán cerrados.

Los mercadillos limitarán al 50% sus puestos habituales o autorizado, garantizando siempre la medida de distancia social.

Las ceremonias nupciales, que podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, estarán limitadas a 20 personas en espacios al aire libre y 10 cerrados, siempre que se pueda garantizar la distancia de seguridad y sin superar un tercio del aforo.

ACTIVIDADES CULTURALES

Las bibliotecas, museos, monumentos y otros equipamientos culturales permitirán un aforo máximo del 50%, pero podrán realizar actividades culturales o didácticas en ellos si no se supera ese límite y se respeta la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros entre los asistentes.

En el mismo sentido, cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares de espectáculos, podrán desarrollar su actividad, siempre que cuenten con butacas preasignadas y no superen el 50% del aforo.

Si se trata de locales, establecimientos o recintos para actos y espectáculos culturales el aforo es el mismo (50%), pero no podrán reunir a más de 300 personas cuando sean en lugares cerrados.

En actividades al aire libre, incluidos conciertos musicales, el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia necesaria, sin superar el 50% del aforo autorizado ni más de 1.000 personas. Idéntica previsión se aplica a fiestas, verbenas y otros eventos populares.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO

En instalaciones y centros deportivos, que deberán limitar su aforo a un tercio, se permitirá la actividad física en grupos de hasta 6 personas, salvo que se trate de convivientes, por sala o zona de actividades, sin contacto físico, y siempre que en dicha sala o zona se respete el aforo máximo de una persona por cada 4 metros cuadrados y se mantengan las restantes medidas de prevención. Si no pueden garantizar estas medidas deberán cerrar.

Se permite también la práctica de deporte individual y colectivo, sin contacto físico, y con un máximo de 300 personas de forma simultánea si se realiza en espacios abiertos.

Los entrenamientos, competiciones o eventos en instalaciones deportivas cerradas están prohibidos, aunque se permiten al aire libre y con público cuando éste permanezca sentado y no superen un tercio del aforo permitido.

Las piscinas de uso deportivo podrán realizar actividad deportiva en grupos de hasta 30 personas, sin contacto físico y sin superar el 50% de aforo, si están al aire libre, y un tercio del mismo si son cerradas.

PROHIBIDAS LAS VISITAS EN RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES

Las nuevas restricciones también contemplan la prohibición de visitas en residencias de estudiantes, que tendrán que limitar su aforo máximo en zonas comunes, incluidos comedores, donde se pueden establecer turnos, a un tercio, garantizando, en todo caso, las medidas de distanciamiento, higiene y prevención.

Además, con las nuevas medidas se suspende la actividad en los centros recreativos de jóvenes, como ludotecas o centros de ocio juvenil, salvo necesidad justificada.

"EVOLUCIÓN NEGATIVA" DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

A través de esta resolución se introducen determinadas medidas en aplicación del documento aprobado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y acordado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 22 de octubre de 2020, en el que se establecen diferentes niveles de alerta en función de la concurrencia de diversos indicadores para la valoración del riesgo.

En base a estos indicadores, en la resolución se señala que en Cantabria estaría en un nivel 3 y es por ello que la resolución adapta las medidas hasta ahora existentes a los mínimos contemplados en esta alerta, manteniéndose las medidas adaptadas a dicho nivel mientras la comunidad autónoma permanezca en el mismo.

De hecho, algunas medidas de este nivel ya se encontraban implantadas, como la limitación de a seis personas de los grupos, excepto convivientes o algunas relacionadas con zonas exteriores de establecimientos de restauración y hostelería y con determinados eventos y actividades deportivas.

En este sentido, se indica que, según Salud Pública, se observa una "evolución negativa" de la situación epidemiológica, a pesar de las medidas adoptadas el 23 de octubre de 2020 y en la declaración de estado de alarma y dado el nivel de alerta existente.

Según se señala, se prevé un crecimiento de los indicadores de la presión asistencial se prolongue las próximas semanas aun cuando se desaceleren los de la evolución epidemiológica, y estando ya vigente algunas de las medidas asociadas al nivel 3 se considera necesario proponer el resto de acciones de dicho nivel 3 e intervenciones "que refuercen y complementen las mismas".

Una de las medidas específicas que recoge la modificación es el cierre de zonas interiores de los establecimientos de hostelería y restauración y el cierre de los casinos y otros establecimientos de juego.

En la resolución, se indica que hasta ahora las medidas adoptadas "no sólo no han mostrado el efecto esperado, sino que la situación ha empeorado y, por ello, se propone la necesidad de recurrir a la propuesta de cierre de los espacios interiores de bares, cafeterías, restaurantes, salas de juego y similares".

También se indica que "es preciso que "no solo que se dicten medidas mediante resoluciones, sino que estas se cumplan en la práctica para que las actividades que puedan generar un mayor riesgo de transmisión comunitaria de la enfermedad, se realicen en condiciones de seguridad, que permitan evitar los riesgos de contagio y transmisión". Así, por ejemplo, se reconoce que en el cumplimiento de las medidas de reducción de aforo "se ha constatado como insuficiente en las labores de inspección y control que realiza el Servicio de Seguridad Alimentaria.

Los dueños del perro de raza peligrosa que atacó a la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez (PSPV), en diciembre de 2018 en la playa de la Patacona han quedado absueltos después de que la edil haya retirado la acusación en el proceso penal y haya decidido proseguir por la vía civil en línea con el escrito de la Fiscalía.

Así lo ha explicado Sandra Gómez en declaraciones a Europa Press, en las que ha manifestado que, después de que los dueños del can hayan mostrado arrepentimiento y hayan reconocido los hechos, se suma al escrito del fiscal, que no acusaba por la vía penal al no poder tipificar los daños como imprudencia menos grave --tras la última reforma del Código Penal--, aunque dejaba abierta la vía civil.

A través de las redes sociales, la vicealcaldesa ha confirmado que "tras reconocer los acusados (parte) de los hechos y mostrar arrepentimiento", ha decidido "no solicitar pena de cárcel" porque ella "quería un perdón, no ver a nadie en la cárcel". Ha añadido que, "eso sí, pagarán las sanciones y multas" imponga el Ayuntamiento de València.

"No quiero que a los perros les ocurra nada malo. Nos han enseñado que han ido a un curso de educación y quiero creer que nunca más irán sueltos y sin bozal. Al final tengo el dedo tonto y un poco de miedo en el cuerpo, pero nada con lo que podría haber pasado así que esto sirva al menos de ejemplo de que si tenemos un perro calificado como peligroso tenemos que ser personas responsables y seguir y cumplir las normas", ha señalado la edil, antes de expresar su agradecimiento por "todas las muestras de cariño y apoyo".

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2018 cuando un hombre paseaba el perro de su pareja, un American Staffordshire Terrier, y una hembra American Bully por la playa de la Malvarrosa. El Golden de la vicealcaldesa, Pep, corría junto a ella suelto por la playa.

En un momento determinado, el animal de los acusados agredió al can de Gómez, ella se interpuso y fue mordida en el quinto dedo de una mano, lo que le provocó una fractura abierta. Como consecuencia, se tuvo que someter a una operación y precisó 126 días para curarse. La agresión acabó en denuncia y recayó en el Juzgado de Instrucción número 3 de València.

El pasado 19 de octubre, se celebró en el Juzgado de lo Penal número 12 de València la vista contra los dueños del perro, que reconocieron ante el juez que el can iba sin bozal y que se lanzó sobre el perro de la política, aunque no admitieron las lesiones que ella alegaba. La edil matuvo entonces la imprudencia de los acusados y la lesión que sufrió.

La vicealcaldesa pedía para los acusados medio año de prisión por un delito de lesiones por imprudencia grave y una indemnización de unos 9.000 euros.

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha reconocido este viernes a 50 docentes brillantes de centros educativos de la Comunitat Valenciana, una iniciativa para poner en valor el "excepcional trabajo" del profesorado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

"Ser docente significa enseñar y emocionar", ha expresado una de las profesoras premiadas, Luisa Cuadrado, que enseña Matemáticas en el Complejo Educativo Mas Camarena de Paterna (Valencia) y que cree que, "en la era donde la información está en la nube, el alumnado recordará casi exclusivamente cuando aquel docente le dijo '¡eres capaz, adelante!".

La selección del profesorado reconocido se realiza a partir de encuestas que se realizan entre los alumnos de primer curso de la Universitat Politècnica de València, "lo que emociona especialmente a los homenajeados", ha explicado la UPV en un comunicado.

Luisa Cuadrado ha destacado que recibir el premio le ha hecho recordar el por qué es docente. "Después de casi 20 años trabajando con adolescentes, intentando que amen las matemáticas como las amo yo, el balance siempre es el mismo", ha señalado, para después agregar que "las derivadas, los logaritmos... están bien, pero ayudar a un alumno a superarse, a esforzarse, es lo que al final trasciende".

"Me encantaría poder agradecerles a todos que me hayan dejado ser parte de sus recuerdos, de su vida y decirles que yo los recuerdo también. Ellos y ellas también han dejado huella en mí", ha apuntado la profesora Luisa Cuadrado.

Por su parte, Rosana Martín, profesora de Economía en el IES Nº1 de Requena, ha recibido este reconocimiento con "grata sorpresa" ya que "ser recordada por alumnos y alumnas que ya no están en el instituto significa que realmente esas enseñanzas que pretendía proyectar en ellos y ellas han calado más allá de lo meramente académico y eso es muy gratificante.

Martín ha comentado que "seguramente todo el profesorado deja un recuerdo en el alumnado y lo importante es que ese recuerdo sea de calidad". Así, cree que "el profesorado ha de ser consciente de que en muchas ocasiones somos un modelo para nuestro alumnado, lo que implica que tenemos que dar la mejor versión posible de nosotros como personas y como docentes".

"AMAR LA CIENCIA EN TODAS SUS FORMAS"

Salvador Navasquillo, profesor de Física en el IES Els Évols de l'Alcúdia, es otro de los docentes homenajeados. De él ha dicho uno de sus alumnos que "siempre se ha esforzado mucho para que amáramos la ciencia en todas sus formas". "Estas ganas de ver más allá me hicieron decidirme por la mecánica, una ingeniería base para muchas otras", ha destacado el estudiante.

De Belén Blanco Iravedra, profesora de Historia del Arte en el IES Tirant lo Blanc de Torrent, han resaltado "su afán por dar clase, su coraje y sus ganas de enseñar a cada alumno sin excepción, además de su envidiable sabiduría y entrañable personalidad, que me ayudaron a reafirmarme en la elección de mi carrera".

Los alumnos definen a Teresa Azagra, profesora de Lengua Castellana en el IES El Cabanyal de València, como "una profesora excelente, que no solo hace que aprendas, sino que quieras aprender". "Una de las profesoras con verdadera vocación que hacen que ames una asignatura, que te anima a continuar aprendiendo y que te motiva a adquirir más conocimientos", han afirmado.

Son solo algunos de los ejemplos de las palabras emotivas, repletas de admiración y gratitud por parte del alumnado reflejadas en las encuestas realizadas.

LA GRAN MAYORÍA EJERCE EN CENTROS PÚBLICOS

'Magistrales' es una iniciativa de la UPV que pretende reconocer la labor de toda una profesión: la del docente de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. En esta edición, la tercera, han sido reconocidos 29 profesores y 21 profesoras. La gran mayoría (un 68%) ejerce en centros públicos; el 24% en concertados y un 8% pertenece a centros privados.

Un porcentaje elevado imparte asignaturas como Matemáticas, Física y Dibujo Técnico. Pero también los hay de otras materias como Lengua y Literatura, Informática, Economía, Biología o Historia del Arte.

Se da la circunstancia de que cuatro de los docentes repiten reconocimiento: tres fueron ya galardonados en 2019 y uno más fue homenajeado en 2018, en la primera edición de Magistrales que coincidió con el 50 aniversario de la Universitat Politècnica de València.

En aquel entonces, se celebró un acto en el que estuvieron presentes todos los docentes homenajeados. Y en 2019 se reprodujo el formato con 50 más. En este 2020, a pesar de que las circunstancias han impedido la celebración del acto de homenaje, cada uno de los 50 profesores recibirá su diploma "como reconocimiento a su dedicación, implicación y habilidad para motivar al alumnado".

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha decretado el cierre de 70 aulas de un total de 48 centros educativos sostenidos con fondos públicos de Aragón, con motivo de la aparición de casos de coronavirus entre el pasado viernes, 30 de octubre, y este jueves, 5 de noviembre, lo que supone un 0,8 por ciento de las existentes en toda la región.

En la ciudad de Zaragoza, se han clausurado cuatro clases de Educación Infantil en el CIP Arcosur; un aula de Primaria en el CEIP Agustina de Aragón; dos de Infantil en el CEIP Zaragoza Sur; otra de Infantil en el CEIP Lucien Briet; una más de Infantil en el CEIP Las Fuentes, y dos aulas de Bachillerato en el IES Clara Campoamor.

También en la capital aragonesa, se han cerrado tres aulas en el Colegio Sagrado Corazón Moncayo; una de Infantil y otra de Primaria en el Colegio Santo Domingo de Silos; dos más de Infantil en el Colegio La Anunciata; una de Infantil en el Colegio Sagrada Familia y un aula más en el Colegio Villa Cruz.

En el resto de la provincia, se ha procedido al cierre de una clase de Primaria en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, de Zuera; dos de Infantil en el CEIP Fernández Vizarra, en Monzalbarba; un aula de Primaria en el CEIP Santo Cristo de Santiago, en Cariñena; una de Infantil en el CEIP Domingo Jiménez Beltrán, en Calatorao, y una de Infantil y otra de Primaria en el CEIP Gil Tarín de La Muela.

Además, en el CEIP Foro Romano de Cuarte de Huerva se ha cerrado un aula de Primaria; una de Infantil en el CEIP Joaquín Costa, en Tarazona; otra clase de Infantil en el CPI Castillo Qadrit, en Cadrete; una de Primaria en el CEIP Benedicto XIII, en Illueca; una de Infantil en el CEIP Octavus, en Utebo; otra de Infantil en el CEIP Campo de Borja y una de Secundaria en el IES Juan de Lanuza, ambos en Borja; otra de ESO en el IES Torre de los Espejos, en Utebo; una de Infantil en el CRA Aranda-Isuela, en Jarque; otra en el CRA del Ebro, en La Zaida, y dos de Infantil en el CRA L'Albada de Bujaraloz.

HUESCA Y TERUEL

Por otro lado, en la ciudad de Huesca se han clausurado las siguientes aulas: una de Infantil en el CEIP Pirineos Pyrinees; otra de Infantil en el CEIP Sancho Ramírez, y otra de Infantil también en el Colegio Santa Rosa.

Además, en la provincia oscense se han cerrado una clase de Infantil y otra de Primaria en el CEIP Alto Aragón de Barbastro; tres aulas de Infantil en el CEIP La Merced de la misma ciudad; un aula de Infantil del CEIP Aragón de Monzón; dos de Infantil y dos de Primaria en el CEIP Miguel Servet de Fraga; una de Infantil en el CEIP Juan Bautista, en Zaidín; dos de Infantil en el CEIP Pedro I, en Barbastro, y una de Infantil y tres de Primaria en el CEIP Víctor Mendoza, en Binéfar.

Asimismo, se ha producido la clausura de dos aulas de Primaria en el CEIP Joaquín Costa, en Graus; una de Infantil en el CEIP San Juan de la Peña, en Jaca; una en el Conservatorio de Música de Sabiñánigo; una clase de Primaria en el CRA La Sabina, en Alcubierre; una de Infantil en el CRA Baja Ribagorza, en Capella, y otra de Infantil en el CRA Arco Iris de Conchel.

En el caso de Teruel, en el Colegio San Valero de Alcañiz se ha cerrado un aula de Infantil; en la capital, en el Colegio La SalleColegio La Salle, una Infantily otra en el CEE La Arboleda. Por último, en Andorra, en el CEIP Juan Ramón Alegre un aula de Infantil y una clase de Bachiller en el IES Pablo Serrano.

En total de las clases cerradas por coronavirus desde el inicio de curso en Aragón es de 580, aunque hasta este viernes se han reabierto ya 510.

Cuando se cierra un aula, los casos positivos no podrán volver al centro educativo hasta el alta epidemiológica indicada por su profesional sanitario de referencia, justificada mediante la presentación de la declaración responsable de los padres. Por su parte, el resto del alumnado del mismo grupo deberá guardar la cuarentena desde el último contacto con el positivo.

La incidencia de la pandemia en el sistema educativo se aproxima ya a los 1.300 casos activos y mantiene su tendencia de incremento progresivo en el número de positivos con COVID-19 detectados en escuelas, institutos y guarderías gallegas.

Todos ellos, unos 1.272 en total, obligan a mantener cerradas al menos 68 unidades en las instalaciones educativas. También sigue clausurada una escuela infantil en la provincia de Lugo, Golfiños, que sigue con cinco positivos confirmados.

El área sanitaria de Vigo se consolida, además, como el foco principal de la pandemia, al menos en número de contagios, con 376 positivos en centros que obligan a mantener cerradas 25 aulas.

El caso más importante se da en el Colegio Apóstol Santiago Jesuitas de Vigo, un centro de titularidad privada que lleva sumando nuevos positivos desde hace varias jornadas hasta alcanzar los 19 contagios.

La situación que se vive en el centro ha obligado a decretar el cierre de al menos una decena de unidades en estas instalaciones, aunque de momento el Sergas no ha considerado necesario clausurar el inmueble. Al menos 200 alumnos han sido aislados debido a esta situación.

El área cuenta con otros casos preocupantes de centros con contagios, como el CEIP San Salvador que suma ya once de positivos; el CPI da Cañiza con ocho, el CPR Plurilingüe Lar de Mos con ocho y el CPR Plurilingüe San Fernando.

BROTE EN CARBALLO

Además de Vigo, las áreas de A Coruña, Lugo y Pontevedra son las que registran el mayor número de positivos en las instalaciones educativas.

La zona de influencia de la ciudad herculina suma 213 positivos y nueve aulas cerradas. En concreto destaca un brote detectado en el CEIP Fogar de Carballo, con once contagios y una unidad clausurada, y el IES Maximino Romero de Lema, del municipio de Zas, con nueve positivos.

El área de Pontevedra registra 148 positivos, siete de ellos en el IES Gonzalo Torrente Ballester (con un aula cerrada) y en el CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús, mientras que Ourense 105 y seis unidades clausuradas.

Lugo, con 147 positivos, cuenta con el único centro cerrado: la escuela infantil Golfiños, con cinco contagios.

También cuenta con varios brotes en el CEIP Vista Alegre de Burela y en el CPR Cervantes de Lugo, con seis y cinco positivos (respectivamente) y un aula cerrada; además de los once casos del Lucus Augusti y ocho en el CPR Plurilingüe Divina Pastora.

SANTIAGO Y FERROL SE MANTIENEN

El área de Compostela, que cuenta con 142 positivos y seis aulas cerradas los centros más afectados son el CEIP Pío XII (ocho) y el CIFP Compostela con seis.

El área de Ferrol cuenta ya con 141 casos confirmados por COVID-19, además de cinco aulas cerradas. Entre ellos, destacan los siete positivos del CIFP Ferrolterra y del Sofía Casanova, o los ocho del IES Leixa

Expertos en salud mental y agentes sociales han advertido del "riesgo de incremento masivo de problemas emocionales" entre la juventud en los próximos meses como consecuencia de la pandemia de covid-19 y han destacado la necesidad de invertir en su prevención, detección e intervención temprana.

Lo han hecho en el marco de la jornada virtual 'Juventud, bienestar y salud emocional en la era del coronavirus', organizada por el Instituto de la Juventud (IinjuveE) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020 y la Red para la Promoción de la salud mental y el bienestar EMocional en los Adolescentes (Red Proema), que lidera la Universidad de Jaén (UJA).

Según ha informado este viernes en una nota la institución académica, el catedrático de la UJA y principal responsable de la Red Proema, Luis Joaquín García, ha subrayado en la inauguración de esta cita "la necesidad urgente de invertir en salud mental ante el riesgo de un incremento masivo de problemas emocionales en los jóvenes durante los próximos meses debido al impacto de la pandemia" de covid-19.

"Es crucial ayudar a jóvenes en riesgo de (o con) problemas emocionales para ayudarles a gestionar sus emociones y prevenir conductas de riesgo. Ellos no son sólo nuestro futuro, son también nuestro presente. Por ello, la Universidad de Jaén lidera dos iniciativas, Daremos y Procare, que ofrecen un test de detección emocional rápido, una PCR emocional y una vacuna emocional para dotar de resiliencia y fortaleza emocional a los jóvenes", ha afirmado.

Por su parte, la directora del Injuve, María Teresa Pérez, ha defendido el papel de la mayoría de los jóvenes durante la pandemia y la "marginación" que sufren últimamente en campañas publicitarias y mensajes públicos. Ha añadido que "la estigmatización de los jóvenes en el coronavirus es un caldo de cultivo muy peligroso".

"No podemos olvidar que el futuro son los jóvenes y tenemos que abordarlo con nuestro apoyo a su salud mental en esta etapa de incertidumbre", ha dicho, de su lado, la portavoz de Sanidad del Grupo Unidas Podemos y promotora del Proyecto de Ley de Salud Mental, Amparo Botejara.

El consejero técnico de la Subdirección General de Calidad e Innovación de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, Andrés Suárez, ha incidido en la "importancia de fortalecer el sistema de salud mental al mismo nivel que todo el sistema sanitario debido al reto que está suponiendo la pandemia para toda la estructura de salud pública".

A continuación, Mireia Orgilés, profesora de la Universidad Miguel Hernández, ha presentado el monográfico 'Impacto psicológico de la Covid-19 en niños y adolescentes', que muestra como principales efectos detectados en la población infanto-juvenil el miedo a contagiarse a sí mismos, a contagiar a su familia y a la soledad.

A su vez, Lourdes Espinosa, profesora de Psicología de la UJA y miembro de la Red Proema, ha expuesto el monográfico 'Promoción de la salud y bienestar emocional en los adolescentes: Panorama actual, recursos y propuestas', que recoge, entre otros puntos, la necesidad de alfabetizar en salud mental y fomentar la prevención en este ámbito.

MESAS REDONDAS

Posteriormente, se han celebrado tres mesas redondas. En la primera, la catedrática de Psicología de la Universitat Rovira i Virgili y miembro de la Red Proema, Josefa Canals, ha reflexionado sobre la estigmatización sufrida por los jóvenes durante la pandemia. Mientras, el profesor de la Universidad Miguel Hernández y miembro de esta red, José Antonio Piqueras ha especificado que "un alto porcentaje de jóvenes son buenos ciudadanos, son un factor de riesgo pero también cuentan con fortalezas que hay que potenciar".

Por último, Enrique Vargas, presidente de la Asociación Española de Ayuda Mutua contra Fobia Social y Trastornos de Ansiedad (Amtaes), ha repasado los principales impactos del confinamiento en personas con trastornos de ansiedad como el refuerzo del aislamiento social o el miedo a contagiar.

En la segunda mesa redonda, la presidenta de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación en España (Copoe), Ana Cobos, ha abogado por una mayor coordinación entre centros escolares y salud mental para la derivación de alumnado que presenta dificultades emocionales.

Seguidamente, José Antonio Muela, profesor de la UJA y miembro de la Red Proema, ha señalado que "los jóvenes son la población más vulnerable a nivel emocional y que la etapa de la desescalada tuvo incluso un mayor impacto emocional que el confinamiento en sí".

ESTRATEGIAS DE RESILENCIA

"Llegamos tarde a la pandemia de salud, como sociedad no podemos permitirnos llegar de nuevo tarde a una pandemia de salud mental. Es necesario dotar a la población de estrategias de resiliencia o fortaleza emocional. Una España resiliente necesita ciudadanos resilientes. Una sociedad no tiene futuro sin adolescentes mentalmente sanos", ha subrayado el catedrático Luis Joaquín García.

En cuanto a la tercera mesa redonda, ha contado con Sergio Silvero, responsable del Grupo Joven de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtb). Ha indicado que "la vulnerabilidad del colectivo Lgtbi se triplicó durante el confinamiento por una doble estigmatización como consecuencia del estrés por minoría" y ha defendido la necesidad de entornos seguros para el colectivo.

Esta mesa ha proseguido con el testimonio de una joven y su madre para narrar en primera persona cómo se afronta un trastorno de ansiedad social y los pasos para hacerle frente. En voz de la joven, el primero es pedir ayuda y que los orientadores y profesionales de la salud sean sensibles a los problemas emocionales.

Para ello, durante la mesa redonda se ha apostado por la necesidad de formación del personal sanitario y educativo en la identificación de problemas emocionales por parte de psicólogos sanitarios y otros profesionales de salud mental, así como por el incremento de plazas de Psicología en el Sistema Nacional de Salud.

Finalmente, la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, ha clausurado la jornada resaltando "el esfuerzo positivo de la gran mayoría de la población joven durante la pandemia y su respuesta responsable". Asimismo, ha animado a Injuve y a la Red Proema a continuar con "la labor de promoción de la salud y el bienestar emocional en la juventud trabajar hacia un futuro mejor".

La defensa del historiador Josep Lluís Alay, quien fue detenido en la operación Voloh, ha reprochado este viernes al juez instructor de la causa que "ha incumplido" su deber de control y custodia de los archivos del sumario, y ha pedido investigar la filtración y publicación de grabaciones en varios medios de comunicación.

En el escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, consultado por Europa Press, la defensa, ejercida por Gonzalo Boye, ha expresado su "seria preocupación sobre el cómo se está actuando en el presente procedimiento, así como los fines con él perseguidos las graves filtraciones que se están generando" y que se han publicado en varios medios de comunicación.

"En el presente procedimiento, así lo queremos creer, han existido diversas intervenciones telefónicas a distintos investigados y, por lo que se está publicando en concretos medios de comunicación, dichas escuchas telefónicas no solo no habrían sido objeto del adecuado control jurisdiccional, sino que las mismas están siendo divulgadas", y recuerda que las escuchas telefónicas afectan al derecho al secreto de las comunicaciones y al derecho a la intimidad, y afirma que no se debieron conservar aquellas que no están relacionadas con la investigación.

Ve "evidente, por todo lo que se está divulgando, que este Juzgado ha incumplido con dicho deber de control, sin perjuicio de otras responsabilidades que también le corresponden", y reprocha que las defensas de los investigados no han recibido los audios publicados.

Por eso, pide al juez que tome "todas las medidas indispensables" para evitar más publicaciones de datos, audios, vídeos o fotos, y reclama abrir una pieza separada de la causa para investigarlo.

También pide conocer "quién está custodiando las grabaciones telefónicas y ambientales que se han realizado, cuántas copias de las mismas existen y bajo qué medidas de seguridad se está llevando a efecto dicha custodia".

INCAUTACIÓN DE TELÉFONOS

Critica que la incautación de los teléfonos de trabajo y personal de Alay "es una medida absolutamente contraria a derecho, desproporcionada, carente de cualquier fundamentación jurídica y, además, que no persigue ninguno de los fines que la Ley establece" para tomar esta medida.

Considera que la incautación, ordenada en un auto del 27 de octubre, "no viene respaldada por ningún tipo de razonamiento jurídico ni esa resolución ha sido notificada a esta parte para poder ejercitar los recursos que la Ley establece ante resoluciones de estas características".

La defensa también reclama que a Alay se le leyeron sus derechos por hechos que "no solo no son constitutivos de delito, sino que se circunscribirían a una concreta factura del año 2017 que consta unida en las actuaciones", por lo que considera que la incautación de los móviles no tiene ningún sustento legal, en sus palabras.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 597 casos positivos de Covid-19 confirmados, lo que representa la cifra más alta hasta la fecha, y además notifica ocho fallecimientos, que eleva la cifra total a 788 desde el inicio de la pandemia.

Por su parte, el número de hospitalizados se mantiene estable, con 386, uno menos que el jueves, aunque aumenta un 13% la cifra de camas UCI ocupadas hasta las 43 tras sumar cinco en las últimas 24 horas. Desde el comienzo de la pandemia de coronavirus se han dado 435 altas, lo que equivale a un acumulado de 14.888 altas.

Los fallecidos son un varón de 81 años de Montijo, una mujer de 97 años de Badajoz, un varón de 93 de Cáceres, una mujer de 93 y un varón de 70 años de Mérida, una mujer de 89 de Plasencia, una mujer de 83 de Navalmoral de la Mata y otra de 48 con patologías previas de Don Benito.

La sanidad extremeña comunica tres brotes nuevos, uno en Moraleja, con cuatro casos positivos y 14 contactos; otro en Santa Amalia, con siete casos y 25 contactos; y otro más en Zafra, con cuatro positivos y contactos en investigación. Además, se cierran dos focos, el 308 de Alburquerque y el 288 de Helechosa de los Montes.

El Área de Salud de Badajoz notifica 190 casos confirmados. Tiene 100 pacientes hospitalizados, 18 de ellos en UCI. Ha tenido 81 fallecidos y ha dado 3.310 altas. Cáceres ha notificado 73 casos positivos. Tiene 68 pacientes ingresados, de los que 5 están en UCI. Acumula 321 fallecidos y ha dado 3.098 altas.

El Área de Salud de Mérida registra 119 casos confirmados. Tiene 87 personas hospitalizadas, de las que 6 están en UCI. Acumula 77 fallecidos y ha dado 2.005 altas. Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 29 casos positivos. Hay 34 pacientes hospitalizadas, de los que 7 están en UCI. Acumula 76 víctimas mortales y 2.097 pacientes curados.

Por su parte, el Área de Plasencia registra 85 casos positivos. Tiene 54 pacientes hospitalizados, de los que 7 están en UCI. Ha registrado un total de 98 fallecidos y ha dado 1.379 altas, a la vez que la de Navalmoral de la Mata ha notificado 27 casos confirmados. Tiene 5 pacientes ingresados y ha registrado 64 fallecidos. Ha dado 1.245 altas.

Finalmente, en Llerena-Zafra se han registrado 70 casos positivos. Tiene 36 pacientes ingresados. Ha registrado un total de 37 fallecidos y ha dado 1.026 altas; y Coria comunica 4 casos positivos. Tiene 3 pacientes hospitalizados. Un total de 34 personas han fallecido y se han dado 728 altas.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha sacado a licitación un contrato para desarrollar el "Estudio de alternativas para la reducción del riesgo de inundaciones de la ribera del Júcar, priorización de actuaciones, redacción de proyectos e inicio de tramitación ambiental".

La iniciativa cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.449.328,47 euros y un plazo de ejecución de los trabajos de 24 meses. Este proyecto retoma los trabajos anteriormente ejecutados, usando la experiencia adquirida en la elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo de la zona conforme a lo establecido en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la cuenca del Júcar, ha indicado el ministerio en un comunicado.

El objeto de este estudio de alternativas es la redacción de 5 proyectos que permitirán encontrar soluciones a los problemas de inundación presentes en la llanura de inundación del río Júcar. Del mismo modo, el proyecto contempla redactar 10 estudios piloto de adaptación al riesgo de inundación de edificaciones o instalaciones vulnerables a las inundaciones en la zona de estudio.

Los proyectos básicos y los estudios piloto de adaptación al riesgo de inundación a redactar en el marco de esta contratación deberán alcanzar objetivos como la protección de la población y los bienes frente al riesgo de inundaciones.

También se debería alcanzar la recuperación del espacio fluvial y sus valores naturales, sociales y paisajísticos; la gestión de los usos de suelo de la zona indudable y la mejora de la conectividad ecológica entre los espacios naturales protegidos.

Esta actuación se encuentra incluida dentro del Programa de Medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el ciclo de planificación 2016-2021 y que en estos momentos se encuentra en proceso de revisión de acuerdo con la Directiva de Inundaciones.

De esta manera, se da cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación y en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que transpone la citada directiva al ordenamiento jurídico español.

UN ÁREA DE RIESGO DE INUNDACIÓN

Las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, ambas en la provincia de Valencia son unas de las zonas con mayor riesgo de inundación de la demarcación Hidrográfica del Júcar. Esta situación es producida por las aportaciones de los ríos Magre (aguas abajo de la presa de Forata), Sellent y Cànyoles (afluente del río Albaida, aguas abajo de la presa de Bellús).

Tras las avenidas de los años 1982, 1985 y 1987 se comenzaron a llevar a cabo numerosas actuaciones para disminuir los daños que producen las inundaciones en la zona, en especial la construcción de la nueva presa de Tous, Escalona y Bellús.

Sin embargo, el riesgo de inundación en la zona sigue siendo elevado, es por ello que la zona ha sido declarada como Área de riesgo potencial significativo de inundación de la Directiva de Inundaciones.

Etxerat, el colectivo de familiares y allegados de los presos de la banda terrorista ETA, se ha sumado a un escrito de 17 organizaciones en el que piden al Ministerio del Interior que cuando se desplazan para visitar a los internos no se les multe por infringir las limitaciones de movimiento del decreto del estado de alarma para prevenir el coronavirus.

Se trata de una reivindicación habitual de familiares de presos que ha sido objeto de polémica en el Congreso de los Diputados. PP y Vox se han quejado de que durante el estado de alarma decretado en marzo se permitió el tránsito entre comunidades autónomas para visitar a presos de la banda terrorista ETA.

Del escrito ha dado cuenta la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en un comunicado en el que hablan en nombre de otras "organizaciones de derechos humanos". Defienden que el último real decreto del estado de alarma aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, así como las normas de los ejecutivos autonómicos, "permiten en líneas generales realizar este tipo de desplazamientos".

Se quejan, por ejemplo, de que hay casos en los que la sanción "no se impone a la salida del municipio de residencia, sino a la llegada al centro penitenciario". Por eso se dirigen a la Secretaría de Estado de Seguridad y a los gobiernos autonómicos reclamando que introduzca las visitas como causa justificada de movilidad en el decreto que regula el estado de alarma. "Las comunicaciones son un derecho fundamental que no puede verse privado por una norma que no tenga rango de ley orgánica", indican.

Además de APDHA y Etxerat, la iniciativa la suscriben Red Jurídica Cooperativa, Federación Provincial Liberación, Federación andaluza ENLACE, CAMPA, OSPDH, ALAZ, ALA, Comisión Legal Sol, Salhaketa Araba, Salhaketa Nafarroa, Irídia, EsCulCa, Derechos Civiles 15M Zgz, Oteando y Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense del Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense.

Este jueves, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, aseguró en la Comisión de Interior en el Senado que el Ministerio del Interior no expide ningún tipo de "salvoconducto" para permitir la movilidad entre comunidades autónomas durante el estado de alarma, señalando que la visita a los presos es una cuestión que se autoriza directamente desde los centros penitenciarios.

La Plataforma 7N contra las violencias machistas ha decidido celebrar los cinco años de su nacimiento con la celebración de una Marcha en Madrid de mujeres provenientes de todo el país que reclamaban que las violencias machistas fueran Cuestión de Estado, con un acto 'webinario' para mantener las medidas de seguridad en tiempos de pandemia.

Tal y como recuerda la plataforma, a la primera convocatoria se adhirieron cientos de organizaciones feministas y de mujeres, instituciones, sindicatos, partidos, pero sobre todo, cientos de miles de personas que marcharon desde el Paseo del Prado hasta Plaza de España, dando la salida con la lectura del manifiesto por parte de Ángela González Carreño.

"En esa convocatoria, ya estaba Vox insultando a las mujeres y negando a la violencia de género", apuntan en un comunicado, en el que también destacan que, "fruto de la presión de ese día", un año después, "las Cortes Generales aprobaban las bases de lo que sería el Pacto de Estado contra la Violencia de Género".

"Desde entonces hasta hoy nuestros esfuerzos se han dedicado a reivindicar que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencias", apuntan, para señalar la "violencia sexual", el "Síndrome de Alienación Parental" o la "justicia patriarcal", entre otras.

También reclaman unos "presupuestos suficientes para desarrollar el Pacto de Estado", un Tribunal de Mujeres o perspectiva feminista en la futura ley de Infancia, entre otras.

Para celebrar lo conseguido y las reivindicaciones, la plataforma ha convocado a una campaña que se llevará a cabo "con la precaución que el momento reclama", usando las redes y bajo el lema #YoSoy7N, a través del cual las mujeres puedan contar a lo largo de esta semana "qué supuso para ellas aquella marcha".

También han preparado un acto-webinar para este sábado 7 de noviembre a las 12.00 horas, en el que explicarán el momento en el que se encuentran las reivindicaciones de la plataforma y que contará con la participación de la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Las inscripciones para el evento están ya abiertas en el enlace:

'https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2yjgviXtRXORzs9xYwqI3Q'.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que en las "próximas semanas" de procederá al cierre del campamento de migrantes ubicado en el Muelle de Arguineguín (Gran Canaria) --principal entrada de las personas rescatadas en el mar en aguas canarias-- y donde actualmente permanecen alrededor de 500 personas aunque han llegado a estar más de 1.200.

Así lo ha puesto este viernes de manifiesto durante una rueda de prensa junto a la comisaria europea del Interior, Ylva Johansson, y al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con motivo de su visita a la isla para abordar la gestión de la crisis migratoria que sufre el archipiélago.

"En las próximas semanas estaremos en disposición de proceder al cierre del dispositivo instalado en el Muelle. Estamos realizando los trabajos necesarios para habilitar en los terrenos militares del antiguo polvorín de Barranco Seco (cedidos por Defensa) las infraestructuras necesarias para que los migrantes puedan pasar esas primeras 72 horas de reseña policial", dijo.

Se trata, continuó, de un acondicionamiento que se está llevando a cabo para garantizar tanto la "dignidad" de las personas migrantes como el "buen desarrollo y trabajo" de los funcionarios policiales.

Para el ministro, esta decisión es una muestra de que cuando las administraciones trabajan juntas y coordinadas se pueden encontrar soluciones en beneficio de todos aunque las situaciones sean complicadas, apuntando que el Gobierno va a seguir trabajando incidiendo en la coordinación entre administraciones, la lucha contra las mafias que trafican con personas y en la cooperación "real" con los países de origen y tránsito.

"Esta es la vía y estamos seguros que nos permitirá seguir mejorando en la gestión de los flujos migratorios para aliviar la presión de que existe a día de hoy en Canarias y que, evidentemente, conocemos y nos ocupamos", expuso.

REFUERZO DE LAS CAPACIDADES EN ORIGEN

En el ámbito de cooperación con los países de origen y contra las mafias, Grande-Marlaska señaló que España acaba de reforzar las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto Policía Nacional y Guardia Civil, en países clave como es Mauritania.

De igual modo, se ha enviado también un avión de vigilancia marítima de la Guardia Civil al país mauritano para el desarrollo de labores preventivas específicas. "Este nuevo avión --añadió-- se suma a los medios marítimos y aéreos que ya tenemos allí para, en colaboración con las autoridades del país, facilitar los rescates en origen y evitar muertes".

Mientras, en el ámbito de la lucha contra las mafias, recalcó que se cuenta desde esta semana con el apoyo en Canarias de la agencia Frontex, que contribuye con dos equipos que se suman a las capacidades y a la experiencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Asimismo, el ministro se reunirá el 20 de noviembre en Rabat (Marruecos) con homólogo del país alauita para abordar las situación de la migración irregular y la presión que está soportando el archipiélago.

AUMENTO DE LA INMIGRACIÓN IRREGULAR EL 724,15%

Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quiso recordar durante su intervención la realidad que hay en las islas en la actualidad y observó que durante 2019 fueron 89 las pateras y los cayucos que llegaron al archipiélago con 1.516 personas.

Esta cifra se ha incrementado en lo que va de 2020 hasta las 449 embarcaciones irregulares con 12.743 personas, lo que supone un aumento del 724,15 por ciento cuando aún faltan dos meses para terminar el año.

También indicó que en Canarias hay 4.880 plazas de acogida y apuntó que en los últimos años se produjo un desmantelamiento de plazas que se crearon después de la crisis de 2006 por la bajada de la llegada de pateras, unas plazas "que ahora añoramos porque darían una respuesta a los inmigrantes que llegan".

Torres puso de manifiesto que el pasado mes de octubre ha sido el mes en el que más inmigrantes irregulares han llegado a las islas en toda su historia, por encima incluso de las anteriores crisis migratorias.

Canarias es tan España como Madrid, y a la inversa; y es tan Europa como París o Bruselas. Del mismo modo que somos frontera sur y en estos momentos acogemos a migrantes, el que Europa tenga que responder a esta cuestión solidaria exige que echen una mano a Canarias. Nosotros solos no podemos", comentó.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a 25 y 21 años de prisión a los dos hermanos vascos que mataron a un anciano en un garaje de Santander, por un delito de asesinato, y ha impuesto 4 años y tres meses de cárcel al tercer implicado, un vecino de la capital cántabra que colaboró en el robo con violencia perpetrado en el domicilio del hombre, que murió asfixiado tras ser atado y amordazado en su local.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha dictado el pasado 4 de noviembre conforme al veredicto del jurado popular con el que se celebró el juicio, aplicando las penas solicitadas por el fiscal a los dos principales encausados, Paulino y Ricardo G.L., pero rebajándola al tercero, Juan Carlos C.S., para el que el Ministerio Público interesaba 7 años después de haber rebajado la petición inicial, de 35 años para todos ellos.

En la vista, los dos vascos reconocieron los hechos: Paulino en su declaración y Ricardo en un segundo e inédito interrogatorio solicitado al día siguiente por su abogado a la sala, porque en el primero había negado la participación en el crimen y el robo a pesar de que su hermano le había involucrado. Y ambos exculparon a Juan Carlos de los dos hechos delictivos.

En concreto, el fallo de la Sección Primera de la AP impone a Paulino 20 años de prisión por asesinato y 5 más por un delito violento de robo en casa habitada en concurso con otro de detención ilegal, concurriendo en ambos casos las agravantes de disfraz y abuso de superioridad, y multa de 500 euros por lesiones leves a la mujer de la víctima, cuando robaron en su domicilio.

A Ricardo le condenan a 16 años por el asesinato, al aplicarse en este caso la atenuante de drogadición, y a 5 años por el robo, delito que en el caso de Juan Carlos se queda en 4 años y 3 meses.

Los dos deberán pagar también la multa por las lesiones a la esposa del anciano, por las que los tres deberán indemnizarla con 140 euros así como con los 200 euros sustraídos de la casa y el valor en que se tasen las joyas y objetos robados. Y los dos hermanos tendrán que indemnizarla también con 80.000 euros por la muerte del anciano, de 81 años, además de pagar las costas judiciales.

HECHOS

Según la sentencia, y de acuerdo con la investigación y las pruebas practicas en el juicio, los hechos sucedieron en febrero de 2017 en el garaje del anciano, en la calle Beato de Liébana de Santander, y en el domicilio familiar, ubicado en el Alcázar de Toledo.

Constituyeron un asesinato -como lo entendió también la mayoría del jurado- y un único delito de robo con violencia, en concurso con otro de detención ilegal. Los abogados de los inculpados consideraban en cambio lo sucedido homicidio y robo con violencia e intimidación, por los que pedían penas inferiores en todos los casos.

Los dos principales acusados atacaron al octogenario como paso previo para ir a por dinero al domicilio, donde estaba su mujer y a la que también ataron y amordazaron, causándole a él fallecimiento por asfixia y lesiones leves a ella, aunque ambos aseguraron que no fue su intención matar a nadie.

De hecho, al día siguiente de lo sucedido Paulino telefoneó desde una cabina de Vitoria, donde residía, a Cruz Roja de Madrid, alertando de que dos personas mayores podrían precisar ayuda e ofreciendo datos de cómo llegar al garaje y al domicilio.

Y a raíz de esa llamada, grabada, fue identificado por la voz tras la difusión de un extracto en medios de comunicación para solicitar la colaboración ciudadana. A partir de esto, los tres fueron detenidos escalonadamente y permanecen en prisión desde entonces.

Siete de los nueve miembros que constituyeron el tribunal del jurado coincidieron en su deliberación tras el juicio en que Paulino y Ricardo mataron al octogenario en su garaje para cogerle las llaves de su domicilio y entrar a robar.

Por unanimidad consideraron que el hombre trató de resistirse, pero le resultó físicamente imposible por su edad y estatura, así como por la complexión física de los dos principales encausados. Según el objeto del veredicto, ambos redujeron y golpearon al anciano, "sabiendo que haciendo lo que hacían podían matarle".

"Le metieron un trozo de tela en la boca de gran tamaño, que le introdujeron con fuerza empujándolo hasta la laringe, le taparon la boca con cinta adhesiva, encima le colocaron un pañuelo que le tapaba la boca y las fosas nasales, le envolvieron la cabeza con cinta transparente", coincidieron los jurados.

A su juicio, los dos "le ataron fuertemente las manos y los pies de forma separada y luego entre ellos a la espalda, flexionando para ello las piernas y brazos del anciano con varias cuerdas y cables eléctricos, atándole además a una columna que había en el local, colocándolo boca abajo sin ninguna posibilidad de movimiento ni de respiración, dejándolo abandonado".

También se pusieron de acuerdo al concluir que Paulino recibió información a través de un conocido de la capital cántabra cuya "identidad no consta" de que el anciano tenía una caja de caudales en su domicilio, como "las del Oeste", en la que guardaba mucho dinero.

En consecuencia, no consideraron probado, por falta de pruebas, que recibiera ese 'chivatazo' a través de su amigo Juan Carlos, que finalmente ha sido condenado a 4 años y tres meses de cárcel, frente a los 7 y 35 años que pedía primero el fiscal.

Contra esta sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, extremo que descartan a priori las defensas de los tres condenados.

Canarias ha registrado un total de 18.116 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, aumentando en las últimas 24 horas en 170, tiempo en el que además ha tenido que lamentar un fallecimiento más en Tenerife que elevan a 293 las muertes por este virus en el archipiélago.

Así se desprende de los datos que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias publica diariamente sobre las 14.00 horas. En ellos se comprueba que del total de casos registrados en el archipiélago actualmente, 5.040 se encuentran activos en las islas (-88).

De los casos activos por Covid-19 que tiene Canarias, 38 personas se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivo (las mismas que ayer), 167 se encuentran en planta hospitalaria (-14) y los 4.835 restantes se encuentran en aislamiento domiciliario.

En cuanto a los pacientes que han superado la enfermedad en las islas se sitúan en 12.783, que implican 257 más que hace un día.

Actualmente, la incidencia del virus en Canarias es de 40,49 por 100.000 habitantes en los últimos siete días; mientras que en el periodo de 14 días esta incidencia es de 72,72.

Asimismo, hasta el momento se han realizado 507.337 test PCR en el archipiélago, de los que 22.808 han dado un resultado positivo, lo que implica el 4,5 por ciento de las pruebas hechas.

LAS ISLAS

Por islas, Gran Canaria ha computado un total de 8.830 casos desde el inicio de la crisis sanitaria (+36), de los que 1.722 están activos (-83), 6.989 han superado la enfermedad y 119 han fallecido.

Le sigue en número de casos Tenerife con 6.836 (+113), de los que 3.169 están activos (-13), 3.512 han recibido el alta médica y 155 perecieron (+1).

Lanzarote, por su parte, es la tercera isla con más casos computados, ascendiendo a 1.300 casos (+14), de los que 75 son positivos activos (+5), 1.216 han superado la enfermedad y nueve han muerto.

Tras ella se encuentra Fuerteventura que registra 795 casos desde el inicio de la pandemia (+7), de los que 63 están activos (+3), mientras que 729 superaron el virus y tres fallecieron.

La Palma registra 196 casos, cuatro de ellos positivos activos, 186 altas médicas y seis muertes; y La Gomera registra 93 casos, de los que seis siguen activos y 87 han recibido el alta médica.

Finalmente, El Hierro se mantiene con 66 casos, de los que uno está activo y 64 han superado el virus, mientras que una persona ha fallecido. De este modo, La Gomera es la única isla que no ha registrado fallecimientos.

El mes de octubre de 2020 ha sido calificado, en su conjunto, como frío convirtiéndose en el primer octubre frío desde 2010 y en el tercero más frío del siglo XXI, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que también ha señalado que, por ahora, el año 2020 es el segundo más cálido en España desde 1961, solo superado, desde el inicio de la serie, por 2017.

El pasado mes ha sido calificado como seco y ha tenido una temperatura media sobre la Península de 13,5ºC, un 0,9ºC por debajo de la media de este (periodo de referencia 1981-2010). Por ello, octubre de 2020 ha sido calificado como el 17º octubre más frío desde el comienzo de la serie en 1961 y del tercero más frío del siglo XXI, por detrás de los meses de octubre de 2003 y del 2010.

Por el momento, los diez primeros meses de 2020 convierten al año en el segundo más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, con una anomalía de más 1ºC, solo superado por el mismo periodo de 2017, que presentó una anomalía de 1,3ºC.

La AEMET señala que el mes de octubre fue muy frío en amplias zonas del interior del País Vasco, Navarra, La Rioja, norte de Aragón, Cataluña, Madrid, este de Castilla-La Mancha, así como en zonas dispersas de Castilla y León, Extremadura, Baleares y Andalucía.

En el resto del territorio peninsular, octubre ha tenido un carácter frío o normal. Las diferencias más destacadas, cercanas a -2ºC, se han observado en gran parte de Navarra, norte de Aragón, noroeste de Cataluña, este de Madrid, mitad oriental de Castilla-La Mancha y Menorca.

En este sentido, octubre se ha caracterizado por unas temperaturas mínimas diarias frías, al situarse de media 1,2ºC por debajo de las normales. Las máximas diarias fueron 0,6ºC inferiores a las normales, lo que ha supuesto una oscilación térmica diaria de 0,6ºC superior a la normal del mes. En dos estaciones principales, Jerez de la Frontera (Cádiz) y Ceuta, la media mensual de las temperaturas mínimas diarias ha resultado la más baja para un mes de octubre desde el comienzo de las respectivas series.

También, en Molina de Aragón (Guadalajara) el 20 de octubre se registró una temperatura inusualmente elevada de 15,3ºC, lo que resultó ser la más alta registrada en un mes de octubre desde el comienzo de su serie, como detalla AEMET.

30º OCTUBRE MÁS SECO DESDE 1961

Por otro lado, la AEMET indica que octubre ha sido en su conjunto seco, con una precipitación media sobre la España peninsular de 69 litros por metro cuadrado. Un valor que equivale al 90% del valor normal del mes (periodo de referencia 1981-2010). Estos datos suponen el trigésimo mes de octubre más seco desde el comienzo de la serie en 1961 y del noveno octubre más seco del siglo XXI.

El mes ha resultado muy diferente entre unas zonas y otras en cuanto a precipitaciones. Octubre ha resultado muy húmedo en la mayor parte de Asturias, Cantabria, País Vasco y mitad norte de Castilla y León, y húmedo en el resto de Castilla y León, este de Galicia, Pirineo navarro, sistema Central, Extremadura y en zonas de Huelva. En cambio, fue muy seco en una franja que abarca las regiones costeras mediterráneas comprendidas entre las provincias de Tarragona y Almería, así como en el sur de Castilla-La Mancha, Ibiza, Formentera y sur de Mallorca.

Las precipitaciones se han acumulado con valores superiores al doble de las normales en zonas del Cantábrico, Pirineo navarro y sistema Central, llegando incluso a triplicarse los valores normales en algunos puntos. En contraste, las precipitaciones no llegaron a alcanzar el 25% en una extensa franja de la costa mediterránea comprendida entre Tarragona y Almería así como en Ibiza, Formentera y el extremo sur de Mallorca.

Por último, en tres estaciones principales (Puerto de Navacerrada, León y Colmenar Viejo) las precipitaciones diarias más altas registradas el día 20 resultaron las más altas para un mes de octubre desde el comienzo de sus series. En la estación de La Palma/aeropuerto se registraron 18 días de precipitación, resultando el valor más alto para un mes de octubre desde el comienzo de la serie.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado este viernes ante el Tribunal Supremo un informe contrario a abrir causa penal, por el momento, al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el marco de la pieza 'Dina' del caso Villarejo. Piden al alto tribunal que devuelva la causa al instructor, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, para que realice nuevas diligencias que consideran imprescindibles para que se pueda tomar una decisión sobre este asunto.

El Ministerio Público considera que existen "indicios sólidos" de que Iglesias haya podido cometer un delito de revelación de secretos con el uso de los archivos almacenados en la tarjeta de memoria del móvil de la que fuera su asesora, pero añade que para poder investigar estos hechos es necesario que haya denuncia de la perjudicada. Asimismo, considera que también es necesario seguir recabando pruebas sobre cómo dicho dispositivo de almacenaje dejó de funcionar cuando le fue devuelto a Bausselham.

En esta decisión han participado ocho fiscales de Sala del alto tribunal, que se han reunido en varias ocasiones para analizar si veían indicios de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y acusación y denuncia falsa y/o simulación de delito en la conducta del líder morado en relación al uso de los archivos personales de Dina Bousselham, por cuyo robo en 2015 han sido procesados el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y dos periodistas.

Pese a las distintas posturas manifestadas en uno u otro sentido, los fiscales finalmente han contribuido en la elaboración de un informe, que ha sido firmado por la fiscal Pilar Fernández Valcárcel, contrario a la apertura de una causa contra el vicepresidente.

El escrito de la Fiscalía afirma que el Supremo es competente para abrir causa contra Iglesias, así como contra la vicepresidente tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, por su condición de aforados, si bien no ve que la Sala de lo Penal del alto tribunal pueda investigar a Bousselham, su marido, Ricardo De Sa Ferreira, y los abogados del partido morado Marta Flor y Raúl Carballedo. Todos ellos fueron incluidos en la exposición razonada que elevó el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 el pasado 7 de octubre.

NECESIDAD DE COMPLEMENTAR LA INSTRUCCIÓN

No obstante, los fiscales consideran que el Supremo debe proceder al archivo de la causa y devolvérsela a García-Castellón al entender que la instrucción no ha culminado aún. "Se ha ido señalando a lo largo de las alegaciones expuestas, la necesidad de complementar la instrucción, declaración de Dina Bousselham, Ricardo Antonio de Sa Ferreira y ratificación y aclaración de la pericial sobre los daños en la tarjeta de memoria del móvil de Dina", señala el escrito.

En primer lugar, los fiscales ven necesario que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 certifique si la exasesora de Iglesias se considera o no perjudicada por una presunta actuación del que fuera su jefe. Según explica el Ministerio Público, el artículo 201.1 del Código Penal establece que "para proceder por los delitos previstos en este capítulo será necesaria denuncia de la persona agraviada" con el fin de "asegurar el respeto a la víctima, a su dignidad, y posibilidad que el sistema penal no agrave la condición de la víctima por la tramitación de un proceso".

INDICIOS SÓLIDOS DE DELITO

"En el caso ahora examinado, existen indicios sólidos de la posible existencia del delito. Pero el legislador ha querido por las razones expuestas, que sea necesaria denuncia de la persona agraviada", subraya el escrito de la Fiscalía, que añade que el mismo precepto señala que el "perdón del ofendido" puede extinguir la acción penal. "Pero el perdón tiene que ser expreso, no deducible o indiciario", advierte.

En este caso no existe una denuncia concreta, tan sólo un escrito de Bousselahm dirigido al juez en el que manifestó que perdonaba a Iglesias por lo ocurrido y no pretendía acusarle.

El Ministerio Fiscal apunta que Anticorrupción ha solicitado al menos dos veces una nueva declaración de la exasesora de Podemos para conocer su postura al respecto. No obstante, el magistrado elevó su exposición razonada sin atender esta solicitud justificando que considera que es el alto tribunal quien debe proceder a citar a declarar a la perjudicada porque ello afecta al aforado.

LA DECLARACIÓN DE BOUSSELHAM DEBIÓ SER ANTES DE REMITIR LA CAUSA

La Fiscalía del Supremo considera que esta cuestión debería haber sido resuelta por el instructor antes de mandar la causa al alto tribunal ya que es necesario que Bousselham aclare si Iglesias le "pidió permiso o autorización" para examinar "sin restricciones" el contenido de su tarjeta de memoria, o si, en caso negativo, ahora consciente del asunto "tolera y acepta" que el vicepresidente accediera a los archivos y le "hubiera otorgado su expreso consentimiento". También cree que se debería llamar a declarar a la marido de ésta, quien no ha sido escuchado a lo largo de todo el procedimiento.

El Ministerio Público también cree se debe escuchar a Bousselham porque hay indicios de la existencia de un delito de daños informáticos, pues la tarjeta de memoria "llegó a poder del aforado de forma que se pudo acceder a su contenido" y cuando ésta la recupera, "al parecer el acceso a su contenido no fue posible".

Considera pertinente que la que fuera asesora de Podemos declare ante el juez para que aclare las "contradicciones" en el contenido del escrito con fecha del 27 de mayo de 2020 en el que afirma que cuando se le entregó la tarjeta "inicialmente funcionaba" y que tras acceder al contenido personal y trató de acceder de nuevo a ella ya no funcionaba.

SEGUIR INDAGANDO EN POR QUÉ LA TARJETA NO FUNCIONA

Asimismo, cree que se ampliar la prueba pericial sobre la tarjeta de memoria para acreditar indiciariamente cual ha sido el procedimiento empleado para generar la "inservibilidad de la tarjeta y la inaccesibilidad a los datos". "Se está ante un daño grave, por ser imposible recuperar la operatividad del sistema", asegura la Fiscalía.

Por último, en cuanto al presunto delito de acusación y denuncia falsa, el escrito dice que no se da el "requisito de perseguibilidad", pues, atendiendo al artículo 456.2 del Código Penal, no consta ni sentencia firme o auto de sobreseimiento del juez o tribunal que haya conocido tal infracción imputada.

El juez García-Castellón acusó a Iglesias llevar a cabo, junto al equipo jurídico del partido, una "consciente y planificada actuación falsaria" con su personación en este caso, "fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales". Para los fiscales, los hechos que relata el instructor en este sentido en su resolución "están repletos de valoraciones que no se revelan lógicas sólidamente".

La Fiscalía del Supremo ha elaborado este escrito conociendo también la postura de Anticorrupción, que remitió un informe mostrándose contrario a la imputación del vicepresidente. A lo largo de la instrucción ya habían pedido que Iglesias dejara de ser parte perjudicada en la pieza 'Dina'.

LA DECISIÓN, EN MANOS DEL SUPREMO

Tras la presentación de este informe, ahora será la Sala de lo Penal del Supremo quien decida si procede abrir causa o no contra Iglesias. Por el momento, la Sala ha designado ponente de la decisión que se adopte al magistrado Andrés Palomo del Arco.

Su propuesta tendrá que ser refrendada por una mayoría del resto de la Sala, que está formada por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres.

La Conselleria de Sanidad permitirán durante este fin de semana las celebraciones en las que se pueda acreditar tener previamente concertados los servicios de hostelería y restauración, pero estarán limitadas a partir de las 00.00 horas del día 9 de noviembre.

Esta es una de las modificaciones a la resolución publicada este viernes con medidas adicionales extraordinarias en la Comunitat Valenciana para hacer frente a la COVID-19.

Asimismo, en las medidas relativas a eventos y actividades multitudinarias se ha introducido la definición de "eventos multitudinarios", que especifica cuáles no tendrán esta consideración y, por tanto, quedarán fuera de la norma.

Se trata de actos culturales incluidos en la programación ordinaria, habitual de los locales y establecimientos culturales y artísticos como teatros, cines, auditorios de música, centros culturales, salas de conciertos, salas de exposiciones, salas de conferencias y otros espacios de naturaleza análoga cuya actividad ordinaria sea cultural y que cuenten con protocolos suficientes para el desarrollo de su actividad.

En relación a los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales, el aforo será del 50% y no de un 30% como figuraba en la primera resolución.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Por último, las medidas adoptadas relativas a la actividad física o deporte no profesional, ni federado, no afectarán a los Juegos Deportivos de la Comunitat Valenciana ni al Campeonato Autonómico de Deportes Universitario.

De este modo, la actividad física o deporte, tanto en instalaciones deportivas como al aire libre, se podrá practicar sin contacto físico en las modalidades deportivas individuales y que se practican por parejas. Las personas con necesidades especiales podrán estar acompañadas por una persona de apoyo.

Así, se podrán realizar actividades físicas en grupos hasta un máximo de 30 personas, cuando se realizan al aire libre o en instalaciones abiertas, y hasta un máximo de 20 personas, cuando se realizan en instalaciones cerradas, sin contacto físico, manteniendo la distancia de seguridad y siempre que no se supere un tercio del aforo máximo.

Además, se deberá garantizar la ventilación de las instalaciones y respetar las medidas de seguridad interpersonal y no se permitirá el uso de vestuarios ni duchas.

La celebración de eventos deportivos, entrenamientos, competiciones deportivas que se celebren en instalaciones deportivas o en la vía pública deberán desarrollarse sin público. Tampoco se permitirá la presencia de público en competiciones internacionales deportivas de carácter profesional.

El ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha puesto en marcha, desde el pasado 1 de octubre, un nuevo supuesto del bono social eléctrico para proteger a consumidores vulnerables afectados por la pandemia del Covid-19 que permite acceder a la prestación con solo una declaración responsable por parte del titular.

Esto facilita que todos los hogares que lo necesiten puedan disponer del bono social de forma inmediata.

La medida se prolongará hasta el 30 de junio de 2021. Entonces, el Gobierno dispondrá de los datos de renta correspondientes a 2020 y no será necesaria la declaración responsable, pudiendo los usuarios acceder al bono social en los supuestos que ya existen.

Desde la declaración del estado de alarma hasta el 30 de septiembre se prohibieron los cortes de luz, gas y agua en todos los hogares, se extendió la prórroga del bono social eléctrico -un descuento directo en la factura de la electricidad dirigido a consumidores vulnerables- y se flexibilizó la gestión de los suministros.

"Este Gobierno cuenta ya con mecanismos que garantizan la prohibición de cortes de suministros a consumidores vulnerables. Haremos un esfuerzo por facilitar el reconocimiento de esa condición y poner a su alcance todos los elementos de protección", ha destacado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Serán considerados "consumidor vulnerable", condición que da acceso a un descuento directo en el recibo de la luz del 25%, aquellos hogares donde alguno de los miembros se encuentre en paro, esté en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), haya visto recudida su jornada laboral por motivo de cuidados o, en caso de ser empresario, afronte otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos.

Este supuesto sustituye y amplía la medida que, con carácter excepcional, permitía solicitar el bono social a los trabajadores autónomos que hubieran cesado su actividad en una fecha posterior al 14 de marzo, cuando entró en vigor el Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma.

También podrán beneficiarse los trabajadores autónomos que, tras la entrada en vigor del estado de alarma, vieron reducida su facturación del mes anterior al que se solicita el bono social en, al menos, un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

En cualquiera de estos casos, para poder acceder al bono social, los ingresos de los miembros de la unidad familiar en el mes anterior al momento en el que se presenta la solicitud deben ser inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar (11.279 euros)

También pueden acogerse aquellos cuyos ingresos sean dos veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar (15.039 euros) o 2,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar (18.799 euros).

Estos multiplicadores se incrementarán en 0,5 puntos, en cada caso, siempre que concurran una serie de circunstancias especiales, como que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga discapacidad reconocida igual o superior al 33%, que acredite la situación de violencia de género, que tenga la condición de víctima de terrorismo, que se encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o III o que el consumidor acredite que la unidad familiar está integrada por un único progenitor y, al menos, un menor.

Adicionalmente, los hogares beneficiarios del bono social recibirán el año que viene el bono térmico para sufragar los costes de climatización. La cuantía varía entre los 25 y los 120 euros en función de la unidad familiar y de la zona climática donde se ubique la vivienda.

Está prohibido el corte de suministro a los beneficiarios del bono social en determinados supuestos, como es el caso de que haya menores, dependientes o personas con discapacidad en el hogar.

En concreto, no se les podrá suspender su suministro eléctrico si es consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión social, si es beneficiario del bono social y para su aplicación ha acreditado formar parte de una unidad familiar en la que haya al menos un menor de 16 años, si es beneficiario del bono social y él, o alguno de los miembros de la unidad familiar a la que pertenece, se encuentra en situación de dependencia reconocida de grado II o III o tiene una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

Las personas que cumplan las condiciones para acogerse al bono social deberán presentar una declaración responsable -incluida en el modelo de solicitud- en el que manifiesten su situación, o la de algún miembro de su unidad familiar, y los ingresos de la unidad familiar.

Una vez el comercializador reciba la solicitud y la declaración responsable -junto a otra documentación acreditativa que se requiere (por ejemplo, libro de familia en el caso de las unidades familiares)-, debe comprobar que la solicitud y declaración responsable se han realizado correctamente y comunicar al usuario, mediante correo electrónico o teléfono (si ha optado por esta opción), el resultado de su petición.

VIGENCIA DEL NUEVO BONO SOCIAL

El derecho a percibir el bono social se extinguirá cuando dejen de concurrir los requisitos para ser beneficiario. El usuario está obligado a comunicar este hecho a la empresa comercializadora en el plazo máximo de un mes.

En todo caso, el derecho a percibir el bono social, en los términos de este nuevo supuesto, se extinguirá el 30 de junio de 2021, aunque podrá pasar a beneficiarse de otros supuestos del bono social si cumple con los requisitos necesarios.

El resto de supuestos de acceso al bono social para consumidores vulnerables, consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión social permanecen vigentes y cualquier usuario, en cualquier momento, puede solicitarlo presentando la documentación acreditativa que corresponda.