Un total de siete personas con COVID-19 han fallecido en las últimas horas, lo que eleva el total de muertes por la pandemia a 976 en la comunidad gallega. Todos ellos contaban con patologías previas.

Dos de estos casos están vinculados con residencias de mayores: un varón de 76 años que se encontraba ingresado en el Complexo Hospitalario de Ourense y procedía de Nosa Señora dos Miragres de Barbadás y una mujer de unos 85 años que falleció en ese mismo centro.

El resto de muertes registradas han sido la de una mujer de 82 años en el Complexo Hospitalario de Ferrol, un varón de 82 años en el Complexo Hospitalario de Pontevedra, una mujer de 88 en el Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela, un hombre de 80 en el Chuvi y otra mujer, de 86 años, en el HULA.

Con estas siete víctimas, la Comunidad gallega ha alcanzado el total de 976 fallecidos. Esta misma semana, el lunes, se había registrado el mayor número de muertes por coronavirus en esta segunda ola de la pandemia y con cifras que se remontan a principios del mes de abril.

El pasado jueves se había notificado el mayor número de muertos en una misma jornada desde que comenzó la segunda ola (13) y se había superado la barrera de los 900 fallecimientos con coronavirus.

La primera muerte computada en la Comunidad en la denominada 'nueva normalidad' fue la de una mujer el 7 de agosto. Antes de eso, Galicia había encadenado casi dos meses --desde el 10 de junio-- sin decesos relacionados con la pandemia.

Cerca de 150 personas se han manifestado este viernes por la tarde en Plaza España de Palma para condenar el crimen machista ocurrido esta semana en el Secar de la Real y reclamar una "sociedad donde las mujeres vivan libres y sin miedo".

Durante la concentración, que ha sido convocada por el Movimiento Feminista de Mallorca, se ha leído un manifiesto con el que se ha exigido a los actores políticos y sociales que "den un paso adelante" en la lucha contra el machismo.

Entre pancartas y gritos de "no es un caso aislado, es el patriarcado" o "ninguna agresión sin respuesta", la entidad ha señalado "que la violencia contra las mujeres es estructural y es sistemática".

"En este país matan mujeres cada semana ante el silencio cómplice de la sociedad civil y de las instituciones. Sentimos la noticia de un nuevo feminicidio igual que sentimos llover", han lamentado desde Movimiento Feminista de Mallorca durante la lectura del manifiesto.

La entidad ha denunciado que este crimen machista, ocurrido este pasado martes en Palma, es el tercero que se ha producido este año en Baleares, y que desde 2003, un total de 38 mujeres han sido asesinadas en las Islas. Además, han apuntado que, en España, "sólo en 2020 se han producido 76 feminicidios y seis niños han sido asesinados".

"Queremos una vida sin violencias, sin agresiones sexuales, ni en el entorno familiar, ni dentro ni fuera del trabajo. Sin tener que pasar miedo por nuestra amiga, nuestra hermana, nuestra madre, nuestra hija o por nosotras mismas", han exigido.

RECLAMAN EL COMPROMISO DE LA POLÍTICA Y DE LA SOCIEDAD

En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz del Movimiento Feminista de Mallorca, Sandra Serra, ha explicado que la concentración se ha realizado "para gritar bien fuerte" por las mujeres asesinadas, "porque ellas ya no pueden.

Serra ha insistido en la necesidad de que "se deje de normalizar" estos crímenes y que se comprenda que "no es una cuestión de una violencia episódica, sino estructural". "Deberíamos ser muchas más personas de las que estamos hoy aquí", ha señalado.

Por otra parte, ha exigido a los actores políticos y sociales que se sumen a la lucha contra el machismo. "Basta de minutos de silencio", ha criticado. Serra ha considerado que en los últimos años se han puesto en marcha acciones y campañas, pero más enfocadas a las víctimas, por lo que ha reclamado que éstas se dirijan a los agresores.

"No podemos esperar más. Es una realidad, nos están asesinando y queremos políticas valientes", ha indicado, a la vez que ha pedido a los medios de comunicación que eviten el "sensacionalismo" cuando se trata de narrar casos de violencia machista.

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha informado de que este jueves, 5 de noviembre, se han detectado 990 nuevos casos de coronavirus en la Comunidad autónoma, procedentes del resultado de 5.573 pruebas. Además, se han notificado 625 altas epidemiológicas.

En la provincia de Zaragoza se han contabilizado 636 casos, de ellos 425 positivos se han registrado en la capital. Las zonas de salud con mayor número de casos han sido Sagasta-Ruiseñores, con 30; Valdespartera-Montecanal, con 28; Delicias Norte, con 21; Madre Vedruna-Miraflores, con 19 positivos, y Fernando El Católico, con 18.

Fuera de Zaragoza ciudad destacan las zonas de salud de Zuera, con 27 casos; María de Huerva, con 22; Illueca, con 16; Tarazona, con 11, y Calatayud Urbana, con 9 nuevos positivos.

En la provincia altoaragonesa se han contabilizado 230 casos, destacan los 50 positivos de Barbastro; los 43 de Huesca, de los que 20 corresponden al área de salud de Perpetuo Socorro, 17 a Santo Grial y 6 a Huesca Pirineos. También se han contabilizado 30 nuevos casos en Fraga; 28 en Jaca; 24 en Monzón Urbano, y 15 en Binéfar.

Asimismo, en la provincia turolense hay 102 nuevos positivos. Las zonas que más casos han tenido han sido las de la capital, con 31 --21 en Teruel Centro y 10 en Teruel Ensanche--; Alcañiz, con 19; Andorra, con 11 y en Monreal del Campo.

De las 5.573 pruebas a las que corresponden estos datos, un total de 3.362 han sido PCR y 2.211 de antígenos. En las últimas 24 horas, Sanidad ha realizado 5.237 pruebas: 2.389 PCR, 607 pruebas serológicas, 2.194 test rápidos de antígenos y 47 test rápidos de anticuerpos.

HOSPITALES

Respecto a la ocupación en los hospitales, hay 996 camas con pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo --114 en UCI y 882 en planta--. En total, la Comunidad cuenta con 1.074 camas libres en hospitalización convencional y 49 en UCI con respirador, a las que hay que sumar 11 sin respirador.

Por centros, el Hospital Miguel Servet de Zaragoza es el que más ingresados por COVID-19 tiene, con 229, 34 de ellos en la UCI; le siguen el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, con 205 de los que 31 están en UCI, y el Hospital San Jorge de Huesca, 95 ingresados, 11 en UCI.

En el Hospital Royo Villanova de Zaragoza hay 92, 10 en UCI; en el Hospital de Barbastro 75, 9 en UCI; en el Hospital Obispo Polanco de Teruel otros 61, 6 en UCI; en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza 45, 6 en UCI; en el Hospital de Alcañiz 36 ingresados; en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza 31, y en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud 31.

En el Hospital San José de Teruel hay otros 21 casos; en el Hospital General de la Defensa 19 casos; 2 en la UCI; en el Hospital Quirón de Zaragoza 12, 3 en UCI; en la Clínica Santiago 11 casos; en el Centro de Salud Fraga-Bajo Cinca 9 casos; en la Clínica Montpellier otros 9 casos, 2 en UCI; en el Centro de Salud Ejea Cinco Villas 5; en la Clínica Montecanal 4 casos; 3 casos en el Hospital MAZ; y otros 3 ingresos en la Clínica Nuestra Señora del Pilar.

El líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha afirmado que los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno de Pedro Sánchez y sobre los cuales la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha iniciado una negociación, "no son creíbles" y generan "mucha desconfianza" en la Unión Europea.

Considera que esto, unido al plan del Ejecutivo contra la desinformación y al intento de cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, puede hacer que Bruselas diga a España "hasta aquí hemos llegado".

En una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, Garicano ha indicado que el proyecto de Presupuestos para 2021 incluyen "un 30% más de gasto corriente", por ejemplo para "mantener los Ministerios".

En cambio, cree que no contienen suficientes medidas de inversión para sustentar la economía española y "cubrir las rentas de todos los desprotegidos para que no se hundan" por la crisis del coronavirus.

Necesitamos más dinero donde la gente está sufriendo, y eso no se está haciendo", ha añadido, recordando que, en la primera reunión para negociar las cuentas públicas, Cs ha reclamado al Gobierno ayudas directas a pymes y autónomos que hayan sufrido una reducción de su actividad e ingresos de más del 50%.

AVISOS DE BRUSELAS Y DEL BANCO DE ESPAÑA

A continuación, Garicano ha señalado que "las cuentas no son creíbles" y que "inspiran muchas desconfianza fuera". Además, ha apuntado que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos recibió dos "avisos" esta semana, el primero con las previsiones de la Comisión Europea sobre la evolución de la economía española.

Según ha explicado el eurodiputado y economista, Bruselas ha pronosticado que España tendrá la tasa de desempleo más alta de la UE el próximo año y el siguiente y que será el país europeo con el mayor déficit público en 2020, 2021 y 2022, situándose este último año en el 8,6%. Con esto "nos está diciendo 'cuidadito, porque ahí no podéis estar'", ha manifestado.

En segundo lugar, ha mencionado las advertencias del Banco de España, que prevé una mayor caída del Producto Interior Bruto (-12,6%) y que ha puesto en duda las previsiones de ingresos, déficit y deuda del Gobierno. Cuestiones que, según Garicano, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, tendrá que explicar al Banco Central Europeo como miembro del Consejo de Gobierno de este organismo.

"Creo que este Gobierno no se ha enterado de que estamos en la Unión Europea", la cual se basa en "el Estado de Derecho, la defensa de los valores fundamentales y la estabilidad económica", ha concluido.

PROTESTAR PARA NO ACABAR "SIN LIBERTADES"

El líder de Cs en la Eurocámara ha hecho esta crítica en relación con los Presupuestos, con la orden ministerial contra las 'fake news' --que ve como el "Ministerio de la Verdad"--, con el intento del PSOE y Unidas Podemos por reducir la mayoría parlamentaria exigible para designar a los vocales del CGPJ y con la pretensión de eliminar el castellano como lengua vehicular en las escuelas de las comunidades con otra lengua cooficial, unos asuntos que le tienen "horrorizado".

Cuando le han preguntado qué más tendría que hacer el Gobierno para que Ciudadanos se plantease dejar de negociar los PGE, Garicano ha respondido que esa pregunta habría que hacérsela al equipo negociador del partido, del que él no forma parte.

El eurodiputado ha expresado su preocupación porque, desde su punto de vista, el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, "no cree en la libertad de prensa ni en los medios de comunicación privados. "Cree que él es quien nos tiene que decir lo que tenemos que pensar. Está eliminando todos los contrapoderes, estamos en una situación de desmantelamiento del Estado", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que cuando desde el poder se toman ciertas decisiones, no hay que acostumbrarse, sino "protestar". Porque si no, "al final terminaremos sin nuestras libertades", ha agregado.

Garicano piensa que la Comisión Europea dará un tiempo al Ejecutivo de Sánchez para "hacer los deberes" en cuanto a las medidas económicas, pero su paciencia se agotará si ve "en peligro los valores fundamentales de la Unión o la estabilidad económica".

Así, cree que al final Sánchez se podría llevar "un buen susto", como el que le dio Bruselas en 2011 al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que "de un día para otro" le dijeron "hasta aquí habéis llegado".

LAS GANAS DE AYUDAR A ESPAÑA "SE PUEDEN EVAPORAR"

Según ha indicado, el Ejecutivo comunitario va a examinar los Presupuestos de España para garantizar el principio de la estabilidad económica, pero también va a analizar "la buena gobernanza y el Estado de Derecho". En ambos temas, "el Gobierno hace aguas", ha advertido.

Tras mencionar el acuerdo preliminar del Consejo Europeo y la Eurocámara sobre el mecanismo del Estado de Derecho --que vincula la recepción de fondos europeos al cumplimiento del Estado de Derecho--, Garicano ha recalcado que los países que no cumplan las condiciones, no van a recibir "ni un solo euro".

En este contexto, ha destacado que, para recibir los fondos de recuperación europeos frente a la crisis del coronavirus, el Gobierno de España tiene que presentar un plan y después todos los Parlamentos nacionales tienen que ratificar la emisión de deuda correspondiente. Sin embargo, ante ciertas actuaciones del Ejecutivo de Sánchez, las ganas de ayudar a España "se pueden evaporar", ha avisado.

Castilla y León ha superado este viernes las 3.000 personas fallecidas en los hospitales con COVID-19, al alcanzar la cifra de 3.026 en la estadística que ha publicado la Junta este viernes, 6 de noviembre, de esa cantidad total, casi 1.000 personas --977-- han perdido la vida desde que el 21 de junio se inició lo que entonces se denominó oficialmente como 'nueva normalidad'.

La estadística que aporta diariamente la Junta ha alcanzado este viernes las 3.026 personas fallecidas en los hospitales de la Comunidad con COVID-19 diagnosticado, a lo que se suman 830 internos de centros de mayores y de personas con discapacidad con COVID-19 confirmado, y 1.105 residentes más que han perdido la vida entre marzo y mediados de junio con síntomas compatibles con el COVID-19.

En total, la Junta de Castilla y León contabiliza en su portal de 'situación epidemiológica del coronavirus en Castilla y León' 5.911 muertes totales relacionadas con el COVID-19, una cifra que incluye además a personas que han fallecido en sus domicilios. Por lo tanto, esa cantidad total supone casi el doble de los 3.026 finados en hospitales.

La evolución de esta cifra, aunque cada fallecimiento tiene detrás un drama personal y familiar, ha sido sensiblemente más atenuada en los cuatro meses y medio que han transcurrido desde el final del primer estado de alarma que en los tres primeros, en lo que se consideró como la 'primera ola' del coronavirus en España --la segunda se puede situar o bien a partir del final del estado de alarma o a partir de los primeros rebrotes importantes que se produjeron a finales de julio--.

El sábado 21 de junio entraba en vigor la normativa estatal, adaptada por las Comunidades autónomas, que había marcado el Gobierno de Pedro Sánchez para 'desescalar' las medidas sanitarias adoptadas el 13 de marzo con el primer Estado de Alarma, que supuso el confinamiento casi total del país.

En esa fecha habían perdido la vida en los hospitales de Castilla y León 2.049 personas con COVID-19 diagnosticado, en un periodo de tres meses y ocho días trágicos --los dos primeros fallecidos oficiales en la Comunidad se notificaron el 13 de marzo--. En los cuatro meses y medio posteriores han fallecido en centros hospitalarios de la comunidad 977 pacientes de coronavirus.

En cambio, la ocupación hospitalaria ha sufrido un empeoramiento notable entre esa fecha, con 89 pacientes de COVID-19 ingresados el 21 de junio --18 en unidades de críticos y 71 en planta-- y la actual, con los actuales 1.693 --214 en críticos y 1.479 en planta--.

MORTALIDAD EN HOSPITALES POR MESES

El peor mes de esta etapa ha sido el de abril, con 1.147 personas fallecidas en hospitales con COVID-19 diagnosticado. El segundo con mayor mortalidad hospitalaria ha sido, por el momento, el de marzo, cuando solo entre los días 13 y 31 se notificaron 641 muertes en hospitales.

Octubre, ya en plena segunda ola, se ha situado como el tercer mes más trágico, con 557 fallecimientos en los centros sanitarios de la Comunidad.

A continuación se encuentran, en relación a la cifra de fallecidos en hospitales, mayo con 220 muertes; septiembre, con 201; agosto, con 60; junio, con 51; y julio, con apenas diez óbitos en centros sanitarios. Eso sí, el mes de noviembre, en menos de una semana ha sumado a esta cuenta ya 140 fallecimientos.

Aun así, esa cifra no llega a la semana más trágica de esta pandemia, que fue la comprendida entre el 30 de marzo y el 5 de abril, cuando se notificaron 403 fallecimientos en hospitales. En esa semana se encuentra la jornada en la que más personas perdieron la vida en un centro sanitario, el 2 de abril, con 82 óbitos. En esta segunda ola el registro más elevado notificado en un solo día es el de este jueves 5 de noviembre, con 35.

Cabe apuntar que durante la primera ola de la pandemia a esa cantidad de personas fallecidas en los hospitales se le sumaba una cifra importante de víctimas que fallecían sin diagnóstico de COVID-19 o en otros lugares, como las residencias --la estadística que diferencia el lugar de fallecimiento de los internos de centros de mayores y personas con discapacidad se comenzó a publicar el 17 de noviembre--

Por ejemplo, entre el 1 y el 30 de abril se notificaron los fallecimientos de 739 personas que estaban internas en residencias y que tenían síntomas compatibles con el COVID-19, mientras que a fecha de 30 de abril habían perdido la vida en los propios centros un total de 601 internos.

Ese dato también se ha atenuado sensiblemente, ya que los meses de marzo y abril fueron los que presentaron una mayor situación de colapso en la atención hospitalaria y asistencial, lo que incrementó el número de personas que fallecían en las residencias, ante la imposibilidad o la decisión de no trasladarlas a los hospitales.

De hecho, desde el 1 de mayo hasta la actualidad han perdido la vida en las residencias 229 internos, aunque más de la mitad de ellos --130-- han fallecido en los meses de septiembre, octubre y noviembre.

La secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, ha asegurado que la "frontera irregular", en referencia a las costas españolas a las que llegan los inmigrantes es "la frontera más segura" porque "ninguno entra sin una PCR hecha".

"Fuimos muy escrupulosos, firmamos dos protocolos que demuestran que la frontera irregular es la frontera más segura en cuestiones sanitarias, no existe ni un inmigrante que entre en nuestras costas españolas al que no se le haga la prueba PCR, fue una exigencia, que no entraran en ningún centro de acogida sin una PCR hecha", ha afirmado Hana Jalloul este viernes 6 de noviembre en su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados.

Según ha precisado, el procedimiento que siguen es "filiación policial, PCR y entrada a los centros de acogida", y ha asegurado que han tenido "muy pocos casos" de infectados por Covid-19 y que los que ha habido "han pasado su cuarentena".

Así se ha pronunciado en respuesta a una pregunta de la diputada de Vox, Rocío de Meer, quien ha alertado de una "invasión migratoria" que "afecta a los barrios humildes".

"Los españoles tienen que saber que en estos Presupuestos Generales del Estado, hay subvenciones destinadas a migrantes y refugiados por 339 millones de euros. Con ese dinero sacamos a las 40.000 personas sin hogar en España, porque hay personas sin hogar en España, aunque nosotros le estemos procurando un hogar a todo el que viola nuestras fronteras", ha criticado De Meer.

Asimismo, ha enumerado otras partidas para migrantes que, a su juicio, podrían destinarse a los españoles, como los "80 millones para mejorar las infraestructuras de los centros de menas" que, según la diputada de Vox, podrían destinarse "a las 80 personas que mueren cada día en España sin recibir una prestación por dependencia".

"Nosotros consideramos que los españoles son nuestros refugiados. No es cuestión de racismo, creo en la dignidad humana pero ustedes son el Gobierno de España no el Gobierno de Mozambique", ha reprochado De Meer a Jalloul, afeándole su "buenismo" que, a su juicio, "queda maravilloso" pero "no es otra cosa que irresponsabilidad, cinismo e hipocresía disfrazados".

La secretaria de Estado de Migraciones ha mostrado su rechazo a hablar de "invasión" y ha recordado el caso de inmigrantes que han ido a los hospitales a sustituir a médicos y enfermeras que enfermaron durante los peores momentos de la pandemia del Covid-19.

También ha asegurado que "proteger las fronteras no es incompatible con ayudar a los inmigrantes" y ha añadido que más que "buenismo" lo que están haciendo son "políticas de inclusión dignas".

INTENTOS DE CRIMINALIZAR A MENORES SOLOS

El diputado del PSOE Luc Andre Diouf ha lamentado los "intentos de criminalización" de menores extranjeros no acompañados "aprovechando los disturbios en algunas ciudades" y ha pedido eliminar las "trabas burocráticas" para las familias que quedan en situación de irregularidad sobrevenida.

"La inclusión de todas las personas es una de las claves para alcanzar el progreso", ha subrayado Diouf. En este sentido, la secretaria de Estado ha destacado la importancia de los itinerarios de inserción laboral para los migrantes. "Si no se pueden mantener por ellos mismos, ¿a qué les obligamos? ¿A delinquir?", se ha preguntado.

Por su parte, el diputado del PP José Ortiz ha calificado la situación migratoria en España de "auténtico caos" y ha acusado a la secretaria de Estado de hacer "un discurso triunfalista de despacho y no a pie de puertos", algo que ha rebatido Jalloul enumerando sus visitas a Canarias.

El diputado 'popular' ha reivindicado una estrategia basada "en la regularidad", ha criticado "las ayudas de millones de euros a dedo a tres organizaciones" y ha puesto en cuestión la autoridad a la hora de tomar las decisiones en el Ministerio de Migraciones.

PP: "¿QUIÉN MANDA EN EL MINISTERIO?"

"¿Los números los ha puesto el señor Pablo Iglesias? ¿Quién manda en el Ministerio de Migraciones, el señor Escrivá y usted o el señor Pablo Iglesias y el señor Echenique?", ha preguntado Ortiz, a lo que Jalloul ha contestado que "al ministro no le hace nadie el presupuesto y tiene las ideas muy claras".

La diputada de Unidas Podemos Isabel Franco, ha destacado el trabajo "decidido" del Gobierno por los derechos humanos como "mejor garantía frente a los discursos de odio", y ha mostrado su preocupación por las subvenciones a ONG pequeñas que atienden a migrantes. "En caso de que las subvenciones dependan de las CCAA, ¿cómo se va a garantizar que no se pueda convertir en arma arrojadiza?", ha preguntado.

La diputada de Esquerra Republicana María Carvalho ha preguntado qué mecanismos concretos ha previsto el Estado para asegurar la equidad en la atención a los demandantes de protección internacional para que las CCAA no puedan negarse a acoger refugiados; y ha mostrado su preocupación por algunas entidades pequeñas que hacen "un trabajo ingente" por los migrantes y que no han recibido ninguna subvención con cargo al Impuesto de Sociedades.

Además de la secretaria de Estado de Migraciones, han comparecido ante la Comisión la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, Milagros Paniagua, y la subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Raquel González Peña, para explicar los Presupuestos del Ministerio para 2021.

González Peña ha puesto en valor la partida de 192,7 millones de euros provenientes del Fondo de Recuperación y Resiliencia. Estos recursos permitirán por ejemplo destinar 100 millones para reformar el sistema de acogida de solicitantes de asilo, y 40 millones para el desarrollo de las políticas de inclusión.

En concreto, el presupuesto para el área de migraciones asciende a 487,6 millones de euros en 2021, 106,7 millones más que en los presupuestos prorrogados. De ellos, un total de 424,2 millones irán para acciones a favor de los inmigrantes y solicitantes de asilo, y 61 millones para acciones a favor de los emigrantes.

Mientras, en el área de Inclusión, 85 millones de los 120 millones de presupuesto para 2021, se dedicarán a la puesta en marcha de experiencias piloto en el diseño y evaluación de itinerarios personalizados de inclusión para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Estos itinerarios serán implementados por comunidades autónomas, entidades locales, u organizaciones del Tercer Sector, con competencia en la materia, a través de convenios con el Ministerio.

Los grupos del Parlamento de Galicia, y tras la propuesta hecha por su presidente, Miguel Santalices, han acordado reducir a la mitad la presencia de diputados en el hemiciclo autonómico para evitar la permanencia de los 75 diputados en sesiones que, de media, duran unas nueve horas cada día. Esta medida se adopta por la situación de pandemia para aumentar las medidas de seguridad ante la expansión del coronavirus.

Este acuerdo, que se aplicará ya en la sesión plenaria de la próxima semana que empieza el martes (días 10 y 11), significa que simultáneamente solo podrá haber 38 diputados en el hemiciclo más la persona que en ese momento presida la sesión plenaria.

Podrán coincidir todos ellos, no obstante, en el momento de las votaciones, que suelen ser al menos dos veces en el pleno --las mociones y las proposiciones no de ley-- y una tercera en el caso de que se tramite alguna ley. Excepcionalmente hay otros momentos de votación también.

Los diputados que no puedan seguir físicamente el pleno en un momento dado, tiene la vía de hacerlo de forma telemática desde sus despachos u otros puntos del Pazo do Hórreo, ya que se retransmite desde el circuito interno, así como a través de la página web del Parlamento de Galicia (www.parlamentodegalicia.gal).

Así, el acuerdo, que ha hecho llegar la Cámara autonómica, apunta que viene determinado por la situación epidemiológica, "con las consiguientes limitaciones de aforo y otras restricciones dictadas por las autoridades sanitarias". El contenido, apuntan fuentes parlamentarias, será periódicamente revisado y podrá actualizarse en función de la evolución de la pandemia.

DISTRIBUCIÓN DE DIPUTADOS

De esta manera, se reduce la presencia en el salón de plenos al 50 por ciento, manteniendo la proporcionalidad en relación con el número de escaños de cada uno de los grupos parlamentarios.

Podrán estar el presidente del Parlamento (o quien lo sustituya en cada momento) y otros 38 diputados, distribuidos de la siguiente manera: 21 el PPdeG, 10 el BNG y 7 el PSdeG.

El resto podrán seguir las sesiones desde sus despachos o en otras dependencias y se podrán hacer rotaciones en función del desarrollo del orden del día y de los distintos oradores que tengan que intervenir en cada una de las iniciativas que se estén debatiendo.

OTRAS MEDIDAS

Con todo, se permitiría la coincidencia de la totalidad de los diputados en el momento de las votaciones. El voto delegado o telemático ya forma parte del reglamento del Parlamento y, en concreto, para situaciones derivadas de la pandemia, tras la reforma que vio luz verde el pasado mes de octubre y que ya fue usado por tres diputadas que tuvieron que guardar sendos confinamientos y cuarentenas.

Sin embargo, se trata de un derecho de los diputados que, como coinciden los grupos, debe estar limitado cuando se trate de delegar el voto. Esta posibilidad también existe para aquellas personas en situación de permiso de maternidad y paternidad y se reguló para este fin en 2012.

Esta actuación se suma a las ya adoptadas en el primer confinamiento y los sucesivos estados de alarma de la primavera. De aquella, con el hemiciclo disuelto por la convocatoria de elecciones que luego se suspendió, las reuniones de la Diputación Permanente --con una veintena de parlamentarios-- ya se celebraron en el espacio reservado para el pleno, con el fin de distanciar a los diputados entre ellos.

Además, la Cámara autonómica ha dispuesto otras medidas de prevención como la instalación de una toma de temperatura corporal y gel hidroalcohólico, junto con un refuerzo de las medidas de limpieza, además de limitar las entradas de personas de fuera en la Cámara o suspender la presencia de invitados en la tribuna.

Un total de 25 provincias tendrá este sábado 7 de noviembre en riesgo (aviso amarillo) por precipitaciones, tormentas, oleaje y fuertes rachas de viento, según ha avisado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las precipitaciones dejarán en aviso amarillo a Navarra, Huesca, Zaragoza, Gerona, Barcelona, Lérida, Tarragona, Madrid, Sevilla, Huelva, Cádiz y Cáceres, por lluvias que podrán acumularse hasta los 40 litros por metro cuadrado en doce horas y en las provincias andaluzas será de 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Las lluvias que tendrán lugar en Cádiz y Huelva también estarán acompañadas de fenómenos tormentos, que harán que también esté en aviso amarillo por este fenómeno meteorológico. El oleaje solamente dejará a Almería en aviso amarillo por vientos del oeste con intervalos de fuerza siete.

Las fuertes rachas de vientos predominarán esta jornada, especialmente en Asturias, Cantabria, Álava, La Rioja, Navarra, Huesca, Zaragoza, Lérida, León, Burgos, Palencia, Soria, Salamanca, Segovia, Ávila, Madrid y Cáceres por rachas de entre 70 km/h y 90 km/h.

En el resto del país, la AEMET prevé cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en prácticamente toda la Península y Baleares, que podrán ir acompañadas de tormentas y ser localmente fuertes o persistentes al principio del día en el oeste de Andalucía y del sistema central, nordeste de Castilla-La Mancha y posteriormente en Navarra, norte de Aragón y Cataluña, especialmente en el área pirenaica, donde se podrá acumular muchos litros por metro cuadrado.

En cambio, en el Cantábrico occidental y central no se esperan chubascos, al igual que en el extremo sudeste peninsular. En el archipiélago canario será probable precipitaciones débiles al norte y este de las islas de mayor relieve. En la Comunidad Valenciana y bajo Ebro, la jornada estará marcada por las probables nieblas matinales y en el sudeste peninsular, Baleares y Melilla, las calimas serán protagonistas.

Las temperaturas descenderán en la mayor parte de la Península y Melilla, salvo en la Comunidad Valenciana y valle del Ebro, donde aumentarán.

Por último, la AEMET señala que los vientos serán por lo general de componente sur, con intervalos de fuerte en el extremo norte, litoral sudeste y zonas de montaña de la Península y flojos variables en Canarias.

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado este viernes que el Ministerio de Trabajo y Economía Social va a mejorar la herramienta de lucha contra el fraude y su gestión potenciando el uso de las tecnologías y pretende incorporar 214 funcionarios de carrera al cuerpo de la Inspección de Trabajo durante 2021.

Así lo ha señalado durante su intervención en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso, donde ha apuntado que también se incorporarán 180 personas en prácticas y 55 funcionarios de cuerpos generales.

El secretario de Estado ha puesto de relieve que, por primera vez en su historia, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social va a contar con un presupuesto propio que estará dotado con 175,8 millones de euros.

"Este organismo es un servicio público esencial para el cumplimiento del objetivo prioritario de proteger los derechos de los trabajadores y velar por la calidad del empleo", ha resaltado Rey.

Durante su intervención, el secretario de Estado ha incidido en que los objetivos de los Presupuestos son "muy nítidos" y se centran en desplegar unas políticas activas de empleo que permitan crear trabajo de "calidad" y en contribuir desde el trabajo a la reactivación económica, que tiene que ser el revulsivo frente a la crisis, impulsando el empleo y la cualificación personal y teniendo en cuenta la transformación verde, digital y social, pero también mejorando los sistemas de protección por desempleo para que nadie se quede atrás".

En este sentido, considera que el "importantísimo" capítulo que se dedica a políticas activas de empleo en los presupuestos debe servir para contribuir a propiciar un cambio del modelo productivo.

"Este no es el único escenario para propiciar ese cambio, pero sí es un cambio importante en la medida en que actuemos sobre las cualificaciones profesionales, la formación o las transiciones profesionales", según Rey, que considera que el otro cambio pasa por empezar a luchar contra los elementos de segmentación que lastran el mercado e trabajo como jóvenes, mujeres o parados de larga duración.

"Este es el gran reto al que se enfrentan las políticas activas de empleo y debe ser la palanca necesaria para dejar atrás un mercado de trabajo que hasta ahora ha generado bastante desesperanza y desasosiego", ha añadido.

En las próximas semanas, según ha anunciado, se va a publicar una orden del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en virtud de la cual se van a poner en marcha elementos de formación y no solo desde el punto de vista de la competencias digitales, sino también para hacer frente a los procesos de transición profesional que se producen en los sectores.

Asimismo, considera que es necesario que la crisis se traduzca en inseguridad y precariedad y por ello también se van a dotar recursos básicos para conformar una auténtica política social que aprenda del papel que han cumplido durante esta crisis la economía social y de los autónomos. Así, ha dicho que se va a dar un fuerte impulso a estos dos colectivos con medidas que les protejan. "Contribuyendo desde el Ministerio a que desarrollen todo el potencial que acumulan", ha añadido.

"Potenciar las políticas activas de empleo es vital para el Ministerio y para el conjunto del empleo. En 2021, tendremos más y mejores programas para mejorar el empleo", ha incidido el secretario de estado.

Para Rey, los Presupuestos son "el colchón necesario" para que en la medida en que la pandemia lo siga exigiendo se pueda seguir acompañando el proceso de regulación temporal de empleo, "que es imprescindible para mitigar los efectos de la pandemia en el sistema productivo".

Sobre la renovación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 31 de enero, el secretario de Estado ha recordado que la experiencia dice que "el sistema de renovar paulatinamente los ERTE y con periodos de tiempo cortos funciona razonablemente muy bien".

CAMBIOS LABORALES A LA ESPERA DEL ESTATUTO DEL SIGLO XXI

También ha hecho un balance "bastante positivo" de cómo han contribuido los ERTE a superar la crisis, pero considera que se deben seguir diseñando y mejorando en sus elementos centrales y, de hecho, considera que se debe incorporar al Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI.

Asimismo, cree que se deben hacer algunos cambios laborales a la espera de este Estatuto, porque "no se puede perder más tiempo", pero también cree que la experiencia acumulada durante todo este tiempo hace saber que los mecanismos que ahora se tienen que poner en marcha son los que den oportunidades a los ajustes internos y no en términos de flexibilidad interna.

"Sería una gran noticia que todos aprendiéramos que los ajustes en materia de flexibilidad externa nos separan del entorno geográfico en el que vivimos", según Rey, que dice que el funcionamiento del mercado de trabajo español es poco europeo.

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha alertado este viernes de la mayor incidencia de la soledad no deseada en las mujeres y niñas con discapacidad, una situación que, advierten, "se ha agravado mucho más durante la pandemia de Covid19".

Así los ha asegurado la nueva presidenta de la FCM, Marta Valencia, durante su intervención en el webinario 'La soledad no deseada de las mujeres con discapacidad', un encuentro organizado por el Real Patronato sobre Discapacidad y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), para abordar este tema.

El encuentro ha sido moderado por la jefa de Servicio del Real Patronato sobre Discapacidad, Elena Jariod, quien ha destacado la necesidad de "visibilizar más las situaciones de soledad". "Para eso trabajamos todas las partes", ha declarado.

La presidenta de CERMI Mujeres ha incidido, por su parte, en la importancia de visibilizar más a las mujeres y niñas con discapacidad, al tiempo que ha enumerado algunos de los elementos que ponen barreras a la participación social de esta parte de la ciudadanía.

Entre ellos, ha recordado factores como que el 74% de las personas con discapacidad que viven solas son mujeres; la "brecha" de acceso a las herramientas digitales de comunicación por falta de accesibilidad; mayores dificultades de acceso a servicios; más riesgo de pobreza y exclusión social, y la falta de accesibilidad de los edificios de viviendas, que hacen que no puedan salir de forma independiente de casa en situaciones de movilidad reducida.

Por su parte, Patricia Sanz, miembro del Patronato de la FCM, ha defendido que, en materia de lucha contra la soledad, "hemos avanzado, pero tenemos que seguir, porque si nos quedamos como estamos, retrocederemos por la propia inercia".

La también vicepresidenta de la ONCE ha centrado su intervención en exponer algunas de las situaciones que están agravando la situación de soledad de las mujeres ciegas o con discapacidad visual severa, como puede ser el tener que pedir ayuda por la calle o ir a la compra, ahora que no se puede tocar.

"Hay pandemia, pero no podemos perder la empatía", ha declarado Sanz, quien ha advertido de que con todas las barreras las mujeres se van "quedando en casa", "más sola" y "perdiendo la movilidad y orientación".

SOLEDAD ACOMPAÑADA

En el apartado de testimonios de mujeres con discapacidad, protagonistas del webinario, Carmen Molina ha señalado que la socialización o el compartir, "es un derecho garantizado" que no se cumple. Además, ha avisado del especial "dolor" que produce la "soledad acompañada", es decir, cuando se está rodeado de gente.

Molina ha analizado la incidencia de la soledad no deseada en el caso de las mujeres con trastorno del espectro autista (TEA) por los prejuicios existentes. "Necesitamos ser queridas como somos, sin tener que ser recriminadas por una determinada excentricidad cuando me reúna con mis círculos informales o tener que esconderme", ha compartido.

Posteriormente, Marina Martín, mujer sordociega, ha relatado las dificultades que encuentra su colectivo en el ámbito de la comunicación, una situación mucho más agravada por la pandemia de Covid19. "Nuestra calidad de vida depende exclusivamente de los guías intérpretes", ha especificado.

En relación con la parálisis cerebral, Carola López, madre de una hija con esta discapacidad, ha narrado situaciones en las que le han llegado a decir: "su hija, para tener una vida así, es mejor que se hubiera muerto". A su juicio, esto es "una muestra del abandono social" que sufren las personas con grandes discapacidades y sus familias.

Esta madre ha lamentado también la merma que están sufriendo los servicios de atención a las personas en situación de dependencia a consecuencia de la pandemia.

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha defendido unos presupuestos "ambiciosos", "creíbles", "razonables" y "coherentes", que permitirán con 3.623 millones de euros transformar el modelo educativo español con más becas, el fomento de la educación de 0 a 3 años y la digitalización, frente a las críticas de PP y Vox así como de Cs, que considera que la ministra Isabel Celaá debe dimitir.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados para explicar el proyecto de presupuestos generales del Estado para la secretaría de Estado de Educación del Ministerio de Educación y FP, ha celebrado el incremento histórico de estas partidas que espera empezar a ejecutar las cuantías "al día siguiente" de su aprobación.

Entre alusiones a poemas de Miguel Hernández, ha manifestado tener una sensación de "rayo que no cesa" por las críticas de la oposición que ha dado por "erróneas", "fuera de lugar" y "no ciertas".

El secretario de Estado ha precisado que la Educación contará con un presupuesto de 2.407 millones de euros para contribuir a la igualdad de oportunidades, la digitalización y la formación profesional, con becas, ampliación de la cobertura del ciclo infantil de cero a tres años y a la prevención del abandono escolar. Además, se invertirán en 1.018 millones en digitalización y recursos tecnológicos.

En total, son "prácticamente" 2.300 millones de euros de los que 2.050 millones se destinarán a becas y ayudas al estudio. Asimismo, la secretaría de Estado contará con otros 1.323 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tiana ha desgranado las distintas partidas presupuestarias planteadas por el Gobierno para 2021 y, en líneas generales, "lo más destacado" es el incremento de los créditos para becas de servicio, por 514 millones para reformar el sistema de becas, que alcanza un montante de 2.090 millones, "el mayor de la historia", con un incremento del 35 por ciento respecto a 2020.

En cuanto al reto de la digitalización, ha expresado la voluntad del departamento que dirige Isabel Celaá de reforzar la capacidad del sistema para hacer frente a las necesidades de la digitalización y el aprendizaje a distancia. Así, ha dicho que entre otros proyectos, se destinarán 1,2 millones de euros para mantener el programa 'Aprendemos en Casa' del canal Clan de RTVE, que se puso en marcha "de urgencia" durante el confinamiento en el mes de marzo para escolares de 6 a 12 años y que tras analizarlo con el ente público se ha valorado que valía la pena mantener este programa.

Respecto a la creación de plazas de 0 a 3 años, Tiana ha explicado que el monto ascenderá a 200,96 millones de euros para crear 21.800 plazas de titularidad pública de primer ciclo, especialmente para 1 y 2 años, a través de "adaptación de centros de educación infantil ya existentes".

Respecto a la prevención el abandono escolar, el secretario de Estado ha anunciado 30 millones de euros para crear 618 unidades de acompañamiento al alumnado, con atención personal y familiar en zonas y distritos escolares.

De las cuantías del fondo de ayudas europeo, ha precisado que la secretaría de Estado podrá acceder a 1.010 millones de euros y que el Ministerio aspira a lograr unos 500.000 equipos digitales individuales para préstamos a los alumnos. También emplearán 150 millones adicionales con los que se podrán adquirir 200.000 equipos más y otros 827 millones para el "desarrollo pleno" de la competencia digital de los centros.

Por último, Tiana ha pedido a la oposición que no se dedique a poner "palos en las ruedas" a España en Europa y que "remen en favor del país. "No digo que seamos angelicales, pero sumemos esfuerzos con las discrepancias que haya", ha concluido.

DIMISIÓN DE CELAÁ Y RUPTURA CONSTITUCIONAL

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Marta Martín, ha advertido al Gobierno de que depende de un presupuesto que implica que España respeta el estado de derecho, los valores democráticos, que fomenta la transparencia y que Europa lo va a medir, de modo que "a lo mejor los fondos no llegan".

En ese contexto, ha acusado al Gobierno de llegar tarde y mal a la pandemia con la tramitación de una ley educativa de "preceptos intolerables" y una tramitación "absolutamente vergonzosa".

"Ustedes están demoliendo el sistema educativo a golpes: Han atentado contra los inspectores, contra las familias, contra los profesores, pero lo peor es que están atentando contra los niños en cuestiones muy importantes como la equidad", ha acusado la diputada que también ha acusado al Gobierno de "trampear" las cifras de fracaso y abandono escolar. Por ello, ha anunciado que trasladará a sus compañeros en el Parlamento Europeo varias preguntas para saber si la Comisión Europea está e acuerdo con acabar con el abandono escolar eliminando los suspensos.

Del mismo modo, ha anunciado que pedirá a la comunidad educativa que acuda a la comisión de peticiones de la UE porque el Gobierno "no ha hablado" con la comunidad educativa, "lo mínimo en una reforma educativa". Por ello, considera que la ministra Isabel Celaá "debe dimitir".

Desde Unidas Podemos, el diputado Joan Mena ha celebrado que estos presupuestos dicen "adiós" a la austeridad del PP y abren una "nueva etapa" con unos presupuestos expansivos que ponen un "horizonte de futuro" en España, con cambios estructurales del sistema educativo después de una Ley Wert "retrógrada" y "mercantilista".

Mientras, la diputada de VOX Georgina Trías, ha acusado al Ejecutivo de asestar un golpe de muerte a 500 millones de personas que han nacido hablando español, que lo usan como lengua vehicular y que lo han usado, amado y dejado escritas obras de arte en ese idioma --al retirar la prioridad del uso del español como lengua vehicular en la enseñanza en España en la propuesta de ley de educación debatida este jueves--. No obstante, le ha instado a "no cantar victoria" porque no será fácil acabar con la lengua que "conforma el alma de España".

Así, opina que hacer leyes y derogarlas puede ser "relativamente fácil, pero aniquilar una lengua de tan sólido raigambre, vinculado a lo más íntimo de las personas y a su capacidad de expresión y comunicación. "No va a ser tan fácil y, estos dardos contribuyen a despertar las almas que pudieran estar dormidas y reaccionen y el tiempo nos lo dirá", ha vaticinado.

En cuanto a los presupuestos, opina que están "faltos de credibilidad" para un Ministerio "elefantiásico", con cada vez menos competencias pero que aumenta el gasto y que rezuman "falta de realismo".

Por su parte, la diputada del PP, Sandra Moneo, ha sido también muy crítica con el Ejecutivo y sus presupuestos basados en un "optimismo económico inexplicable". Además, opina que el proyecto educativo del Gobierno no es modernizador, ni transformador ni ambicioso pero que además contará con un presupuesto que "no va a poder ejecutar" porque ha convertido al Ministerio de Educación "en un museo" tras renunciar "total y absolutamente" a las competencias de educación que le otorgan los artículos 27 y 149 de la Constitución.

Sobre la tramitación de la LOMLOE ha dicho que incorpora la "ruptura del pacto constitucional y la ruptura total y absoluta del sistema educativo español". "Se lo digo con absoluta amargura. Siempre ha habido una línea que ningún partido ha cruzado y en este momento el pacto constitucional está roto. Lo ha roto su partido", ha lamentado.

Finalmente, la diputada socialista María Luz Martínez Seijo ha definido como "extraordinario" el presupuesto pero "lamentablemente" la "oposición de la derecha lo único que es capaz de aportar a la educación española es una sarta de mentiras, acusaciones, toxicidad y de rabia contenida sobre una buena política educativa".