El Consell ha aprobado este viernes el decreto que regula la concesión directa de subvenciones de carácter excepcional destinadas a entidades que disponen de proyectos de investigación de excelencia para la anticipación y adaptación a situaciones derivadas de la Covid-19.

La finalidad de estas subvenciones es la financiación de proyectos de I+D de excelencia de carácter estratégico que permitan a las administraciones públicas disponer de los mejores instrumentos para la lucha contra el coronavirus, ha explicado la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

Para ello, la Conselleria de Innovación destinará un importe máximo de 950.650 euros, a cargo de los fondos propios de la Generalitat, que además podrán obtener, cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Los beneficiarios de estas ayudas son las universidades públicas de la Comunitat Valenciana donde trabajan los investigadores principales y responsables de la ejecución de cada uno de los proyectos de I+D.

Las subvenciones se destinarán a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo y ejecución de los proyectos de investigación seleccionados.

En el momento actual, teniendo en cuenta el impacto que ocasionaría un nuevo rebrote severo de la Covid-19 sobre la economía valenciana y sobre la red pública de hospitales, "la Generalitat debe potenciar este tipo de proyectos de investigación", ha defendido Oltra.

Por ello, el Consell aprueba de este decreto de concesión directa de ayudas, con carácter excepcional, al existir razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificultan su convocatoria pública, según lo establecido en la Ley de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

PROYECTOS DE I+D DE EXCELENCIA E IMPORTES CONCEDIDOS

La Universitat de València-Estudi General (UV) obtiene una ayuda de 152.000 euros por el proyecto de Simulación Computacional de la Actividad de la Proteasa Principal del SARS-CoV-2, que permitirá, mediante simulaciones computacionales, describir el modo de actuación de una de las enzimas claves del coronavirus.

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha desarrollado nuevos sistemas de diagnóstico de la Covid-19 que contribuyen a la identificación de los pacientes, su cribado y a la detección de personas inmunizadas. El proyecto se basa en el desarrollo de protocolos de reconocimiento rápido y sensible empleando nanosistemas con "puertas moleculares". Para ello, recibe una ayuda de 190.158 euros.

Del mismo modo, la UPV ha creado un proyecto de inversión para la puesta en marcha de un sistema de biofuncionalización y verificación de calidad óptica en circuitos fotónicos integrados, por lo que se le ha concedido un importe de 308.500 euros.

Por su parte, la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha realizado un proyecto de detección del SARS- CoV-2 en aerosol atmosférico en ambientes interiores como herramienta de evaluación de medidas sanitarias de prevención y de alerta de la transmisión de la Covid-19. La ayuda para este proyecto es de 199.992 euros.

Por último, la Universidad de Alicante ha obtenido una subvención de 100.000 euros por su investigación sobre Big Data e Inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico de los afectados por la Covid-19.

Los usuarios de residencias de mayores con coronavirus Covid-19 han descendido ligeramente en Galicia y se sitúan en 426, 13 menos que en la jornada del jueves; mientras que aumentan a 258 --uno más-- los trabajadores contagiados.

Así se desprende de los datos actualizados este viernes por las consellerías de Política Social y Sanidade, que dan cuenta de la existencia de cinco nuevos casos en la residencia DomusVi de Oleiros, (A Coruña).

Además, informan del alta de 13 usuarios. Se trata de una persona de la residencia de mayores de Oleiros, dos de la Hermanos Prieto de O Carballiño, un usuario de la vivienda comunitaria Pepe Isa I y otro de la Pepe Isa II de Entrimo, así como de ocho de la residencia de Salvaterra do Miño. Además, en la jornada del jueves se notificaron cinco fallecimientos de personas con covid-19 relacionadas con estos centros.

Por su parte, hay 14 nuevos casos entre el personal de estos centros. Se trata de tres trabajadores de la residencia Nosa Señora dos Anxos, en Ribadavia (Ourense); uno del Fogar Residencial Bo Día de Nigrán (Pontevedra), nueve trabajadores de la residencia Ballesol de Vigo y uno del CRAPD I de la ciudad olívica.

También han sido dados de alta 13 trabajadores. Se corresponden con dos empleados de la residencia Ballesol de Oleiros, uno de la vivienda comunitaria Entrelimoeiros de As Somozas, otro del hogar residencial La Rectoral de Artes de Ribeira, otro de la residencia Burela, uno de la DomusVi de Barra de Miño, dos de la residencia Val de Monterrei, otro de Virgen Blanca de Ourense, así como cuatro de la residencia Os Gozos, en O Pereiro de Aguiar.

De este modo, los centros con más usuarios contagiados son la Residencia Nosa Señora dos Milagres de Barbadás, con 80; la Residencia de Salvaterra do Miño, con 68; la DomusVi Ribadumia, con 68; la Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, con 42; la Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia, con 32; la de DomusVi Coruña de Oleiros, con 18; la San Cibrao de Cervo, con 17; y con 16 cada una la Santa Olalla de Boqueixón y el Fogar Residencial San Miguel de Silleda.

Le siguen la Residencia As Fragas de Pontedeume, con 12; y la de Viana do Bolo, con 12; la de Os Gozos de O Pereiro de Aguiar, con 9; la Nosa Señora Valvanera de Cambados, con ocho; La Saleta de San Cristovo de Cea, con siete; la Ballesol de Oleiros, con seis; la DomusVi Lugo de Outeiro de Rei, con cinco; y la Hermanos Prieto de O Carballiño, con cuatro.

Con dos casos cada una se incluyen la Residencia San José Hermanitas de Narón y la DomusVi Monforte; mientras que con uno permanecen la Caser A Zapateira de Culleredo y Mi Casa de Ferrol.

TRABAJADORES

Asimismo, un total de 258 trabajadores de estos centros permanecen contagiados con covid. De este modo, destacan los casos de la residencia Nosa Señora dos Miragres (Barbadás - Ourense), con 43 positivos; la de Salvaterra do Miño, con 27; la DomusVi Ribadumia, con 23; la Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, con 19; la Santa Olalla de Boqueixón, con 14; la de Viana do Bolo, con 11; la de Os Gozos de O Pereiro de Aguiar, el Fogar Residencia San Miguel de Silleda, y la residencia Ballesol de Vigo, las tres con diez trabajadores contagiados.

Por debajo de la decena de contagiados se sitúan la Residencia Nosa Señora Valvanera de Cambados y la Nosa Señora dos Anxos, con ocho cada una; la Ballesol de Oleiros, con cinco; la DomusVi Lugo de Outeiro de Rei, con cinco; la DomusVi Coruña de Oleiros, con cuatro; la San Cibrao de Cervo, con tres; el Fogar residencial Vistahermosa de Vigo; y la DomusVi Viveiro, con tres. Además, otros 40 centros de mayores de Galicia registran uno o dos trabajadores con Covid-19.

CENTROS DE DISCAPACIDAD

Además, un total de 30 usuarios de centros de discapacidad permanecen contagiados con covid-19. De ellos 23 en la DomusVi Bóveda; cinco en la San Vicente Paúl de Lugo; uno en la Residencia de Adultos Pai Menni de Betanzos y otro en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad de A Coruña.

En cuanto a los trabajadores, también se mantienen en 25. En concreto, la Residencia DomusVi Bóveda registra 14 trabajadores contagiados; cuatro la San Vicente de Paúl de Lugo; uno el Centro de Atención á Discapacidade de Bergondo; otro la Residencia Souto de Leixa; y otro la Residencia Gravemente Afectados Aspanaes de As Pontes.

Con un caso cada una se sitúan también la Domingo Gómez Freire de Ourense; la Santa María de Ourense; la Residencia Chapela de Redondela y la Residencia Dano Cerebral Adquirido de Vigo.

Vox ha registrado este viernes una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 "en defensa de la dignidad de los españoles", pues consideran que "conducen hacia una ruina económica". "Suponen pan para hoy y hambre para mañana", señala.

Para esta formación, las cuentas proyectadas por el Gobierno "ponen en riesgo la recuperación" con una subida de impuestos "en el peor momento posible", no abordan una reducción de gasto "prescindible" y "se fundamentan en un cuadro económico irreal e irresponsable".

Asimismo, critica la falta de un plan de consolidación fiscal para mejorar la credibilidad de las cuentas y de reformas estructurales. Tras la mayor destrucción del tejido productivo de Europa, con una sangría de paro y destrucción de empleo, no priorizan la vuelta a la recuperación y la creación de empleo", subraya.

Para esta formación, las medidas fiscales previstas en los nuevos Presupuestos y las ya aprobadas "suponen un aumento de los impuestos de 25.570 millones de euros". "Casi tanto como el rescate subvencionado de la Unión Europea", apostilla.

ANTICIPA "POBREZA Y HAMBRE"

A juicio de Vox, los Presupuestos "son imposibles incluso para el más optimista" en función de las proyecciones de recaudación y crecimiento previstas y, por ello, considera que ponen en riesgo el sistema de pensiones, las prestaciones y los subsidios para las personas que más lo necesitan.

"Los 52 diputados del Grupo Parlamentario Vox no quieren ser corresponsables del despropósito de este Proyecto de Ley, que nos conduce a la ruina económica y la destrucción del tejido productivo", concluyen desde la formación.

El Instituto de Política Social Española (IPSE) se ha unido este viernes a las protestas de de la plataforma 'MAS PLURALES' para exigir a la Ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, que "frene" su "caza de brujas" contra las familias y la escuela concertada, y denunciar que su ley está violando "la libertad de los padres y de la enseñanza libre".

La entidad cree que el texto es un ataque "frontal" contra la familia y, especialmente, hacia aquellas "con hijos con distintas capacidades" que "necesitan de una enseñanza especial" o "más acorde a los ideales que quieren transmitirles".

El presidente del Instituto, Pablo Hertfelder, considera "inmediato" tomar la acción social en las calles y demostrarle a la ministra que la concentración de este viernes "es sólo el comienzo de muchas más". En este sentido, alertan a Celaá de que la llevarán "ante los tribunales si fuese necesario" por "atentar contra la libertad de los padres.

DEFENSA DE LAS FAMILIAS NUMEROSAS

"Celaá nuevamente nos muestra que quiere imponer y no escuchar, no ha atendido a la sociedad civil, asociaciones de padres, sindicatos de la concertada ni mucho menos ha escuchado a los padres que tienen niños con capacidades distintas que necesitan una educación especial, es un insulto muy grave y no pensamos tolerarlo", ha declarado.

Del mismo modo, el IPSE alerta de que la nueva ley de Educación de Celaá "tiene previsto cambiar el sistema de admisión preferente en los centros educativos públicos y concertados", dejando de considerar prioritarios como "ser familia numerosa, entre otros".

"Desde IPSE expresamos nuestro rechazo a esta medida (como a otras muchas incluidas en esta reforma educativa). Es necesario la protección de la familia y, en el caso de las familias numerosas, la protección y la ayuda debe verse reforzada", explica la entidad.

El Consell ha autorizado este viernes un convenio de colaboración entre la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), para facilitar el acceso a viviendas públicas en alquiler a mujeres víctimas de violencia de género y sus familias.

Este convenio se podrá llevar a cabo de manera individual o a través de proyectos destinados a la integración, acompañamiento y seguimiento de estas mujeres realizados por ONG u otras entidades sin ánimo de lucro. Hay que tener en cuenta que algunas de estas mujeres proceden de viviendas tuteladas y ahora pasarían a emanciparse a través de un alquiler público.

El convenio incluye el seguimiento y acompañamiento a las mujeres adjudicatarias de estas viviendas, a través de la Dirección General del Institut Valencià de les Dones, integrada en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Se trata de viviendas públicas titularidad de la Generalitat y gestionadas por la entidad, procedentes de entidades financieras u otras formas de colaboración.

EVha ofrecerá a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas las viviendas según las disponibilidades y necesidades, que se analizarán trimestralmente en la comisión de seguimiento y control, para atender las situaciones de urgencia que puedan producirse. Todas las viviendas deberán cumplir las condiciones y requisitos de habitabilidad.

Por su parte, la Conselleria de Igualdad será la encargada de hacer la propuesta de adjudicación en arrendamiento a EVha. Las mujeres propuestas deberán cumplir con los requisitos para ser adjudicatarias de vivienda de promoción pública.

Este convenio de colaboración sustituye al suscrito el 29 de agosto de 2012, entre la Conselleria de Justicia y Bienestar Social y el Instituto Valenciano de Vivienda, S.A hoy EVha, y tendrá una vigencia de cuatro años contados a partir del día de su suscripción. No obstante, una vez transcurrido dicho plazo, podrá prorrogarse por un único nuevo plazo de dos años.

Además de ofrecer trimestralmente las viviendas a Igualdad, la Conselleria de Vivienda mantendrá los 70 inmuebles que actualmente tiene adjudicados a mujeres víctimas de violencia de género reservados para tal fin, de manera que cuando, por cualquier causa, las viviendas adjudicadas se vuelvan a encontrar disponibles, serán propuestas de nuevo para su asignación. Además, se encargará de la gestión de las viviendas.

Por su parte, la Conselleria de Igualdad canalizará los informes y propuestas de necesidad, así como las demás gestiones necesarias para el cumplimiento del convenio. También informará a los servicios municipales correspondientes sobre la situación de la unidad familiar adjudicataria para el correspondiente seguimiento, acompañamiento social y facilitar su inserción.

El coordinador federal de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, participará en la inauguración del European Forum 2020 que comienza este domingo y que congrega a fuerzas políticas de izquierda y ecologistas.

En esta ocasión y debido a la pandemia por el Covid-19 el foro se desarrollará de forma online en jornadas alternas hasta su clausura el próximo día 28, ha explicado IU en un comunicado.

La intervención de Garzón, tal y como le han planteado los organizadores, estará centrada en cómo responder desde la perspectiva de IU a cuestiones de plena actualidad, entre ellas la manera de abordar los "retos fundamentales a los que se enfrentan las fuerzas progresistas para abrir un nuevo camino en Europa" o "cuáles son las principales propuestas sobre las que deben movilizarse en los próximos meses las formaciones vinculadas al European Forum".

De hecho, el lema de esta edición del Foro es 'La pandemia del Covid-19 desafía a la humanidad: Refundando una Europa de la Solidaridad'.

Junto a Alberto Garzón han sido invitados a participar en los diferentes paneles en los que se divide la jornada inaugural dirigentes internacionales como el exprimer ministro griego Alexis Tsipras; Jean-Luc Mélenchon, presidente de La France Insoumise; Catarina Martins, coordinadora del Bloco de Esquerda, de Portugal; Aurélie Maréchal, director de la Green European Foundation; Heinz Bierbaum, presidente del Partido de la Izquierda Europea (PIE), del que también forma parte IU.

Además, el programa que desarrollará el European Forum 2020 durante las tres próximas semanas abarca también la presencia en sus debates de representantes de distintos gobiernos progresistas europeos, parlamentarios, dirigentes sindicales, académicos, así como portavoces y activistas de movimientos sociales.

El ecónomo de la Diócesis de Málaga, Rafael Carmona, ha asegurado este viernes que se ha producido un incremento de los recursos para la acción social debido a la pandemia por el coronavirus, apuntando que, por ejemplo, "Cáritas se ha multiplicado por tres"; al tiempo que ha destacado que para la Iglesia "con mucho o con poco, lo primero es la persona, el ser humano".

Coincidiendo con que el domingo, 8 de noviembre, celebra el Día de la Iglesia Diocesana, cuyo lema es 'Somos los que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo', Carmona ha presentado las cuentas de la Diócesis de Málaga y las actividades desarrolladas en 2019, así como la actualidad de la situación provocada por la pandemia, junto con el párroco de Santa María de la Amargura y capellán voluntario en hospitales durante los meses de marzo a junio, Salvador Gil.

Así, el ecónomo ha incidido en que la Iglesia "no funciona como una empresa, no busca beneficios ni excedentes, presta un servicio que no se vende ni tampoco se patrocina" y ha admitido que la crisis sanitaria y social por el coronavirus ha afectado a las parroquias.

Al respecto, ha señalado, por ejemplo, que "antes una mujer echaba diez euros en la canastilla y ahora a lo mejor su hijo se ha quedado parado": "Lo hemos notado", ha apuntado, señalando, por ejemplo, que en las parroquias de la costa "han bajado casi un 50 por ciento las colectas" en los meses turísticos.

El ecónomo ha indicado que a mitad de la pandemia, por el mes de abril, tuvieron que recurrir a un préstamo del fondo ICO por un millón de euros porque "necesitábamos responder a las demandas" que se presentaban.

Ha indicado que aún es pronto para realizar un balance económico de la cuantía destinada a la acción social este año y ha insistido en que lo importante es "atender a las personas" en estos "momentos difíciles que estamos viviendo", esperando "pronto la vacuna y que las tristezas se conviertan en alegrías".

NO CERRAR LA PUERTA A LOS NECESITADOS

Por su parte, el párroco de Santa María de la Amargura y capellán voluntario en hospitales durante los meses de marzo a junio, Salvador Gil, ha asegurado que durante los meses del confinamiento las parroquias y Cáritas se reformularon: "No podíamos cerrar las puertas a los pobres, aunque estuvieran cerradas al culto público".

"Se reactivó en una acogida creativa de las personas, en el silencio de las calles, cuando estaba todo cerrado, venían para pedir desde una manta para dormir, una ducha o algo de alimento porque no tenían que comer; se había cerrado todo y la gente terminaba tocando a la puerta de la iglesia", ha relatado.

Además, ha indicado que en las parroquias una de las primeras tareas fue "atender a los enfermos"; además de que se activó "el contacto personalizado con personas porque muchas no podían ni salir a comprar y eran población de riesgo.

En cuanto a los hospitales y la labor de los capellanes, muchos de ellos voluntarios ante la situación "de extrema dureza", ha significado que "afrontábamos una pandemia en unas circunstancias en la que todos nos hemos sentido desbordados" y ha destacado la "presencia silenciosa" de los sacerdotes en los centros sanitarios, procurando "sobre todo acompañar para consolar a los enfermos".

Además de acompañar, ha dicho que otra de las acciones propias que han desarrollado los sacerdotes en los hospitales es "rezar, por las personas y con las personas, en algunos casos también con las familias a través del móvil"; apuntando que estas personas "agradecían que su madre, su padre o su hermano hubiera fallecido acompañado".

Otras acciones, ha indicado, han sido "sanar, no con una medicina material sino a través de la confesión y de la unción de enfermos", y también "hemos alimentado a los enfermos, no con un alimento material pero sí espiritual". Asimismo, han consolado a los enfermos, a las familias y también al personal sanitario, "porque nadie podía calcular la velocidad y las consecuencias de este virus".

DATOS DE 2019

En cuanto a los datos de 2019, el ecónomo ha dicho que los ingresos ascendieron a 21.595.457,04 euros, un 0,32 por ciento menos que en 2018, apuntando que el 33,93 por ciento es por patrimonio y otras actividades; el 26,93 por ciento a través de las parroquias; por la Asignación Tributaria, los contribuyentes destinan a la Iglesia marcando la X el 16,86 por ciento de los ingresos que esta recibe; el 11,26 por ciento son aportaciones directas de fieles y el 11,02 por ciento restante de otros ingresos.

Ha indicado que ese dinero, la Iglesia diocesana lo ha utilizado en su totalidad. El 34,28 por ciento va destinado a pagar el sueldo de sacerdotes y seglares que hacen posible la labor de la Diócesis; mientras que el 29,89 por ciento es para obras y conservación de inmuebles; el 18,52% en acciones caritativas; el 7,29 por ciento en acciones pastorales; y el siete por ciento a otros gastos, quedando un remanente de 1,32 y un 1,70 por ciento para hacer frente a gastos financieros.

En Málaga, hay 323 sacerdotes, que ejercen su labor en 251 parroquias. A ellos se suma el servicio de 5.600 catequistas contabilizados, 812 religiosas y religiosos, 16 diáconos permanentes, 167 monjas de clausura y 179 misioneros, aparte de un gran número de agentes de pastoral que sería imposible cuantificar.

Además, hay dos centros de asistencia a emigrantes, refugiados y prófugos, donde se atendieron en 2019 a 591 personas; y 174 centros para mitigar la pobreza, atendiendo a 36.202 personas el pasado año. En el centro de promoción de la mujer y víctimas de violencia fueron atendidas 69 personas; en el de rehabilitación de drogodependientes, donde se atendió a 185 usuarios.

Asimismo, cuenta con 14 casas para ancianos enfermos crónicos y personas con discapacidad y se asistió a 82 personas en su búsqueda de empleo, así como a 2.379 menores y jóvenes en centros de tutela para la infancia.

La labor de la Iglesia en hospitales logró llegar a 1.626 personas en 2019. En cuanto a sacramentos, en 2019 se llevaron a cabo 6.492 bautizos, 7.092 primeras comuniones, 12.551 confirmaciones y 1.162 matrimonios.

En relación con las obras, las más destacadas en parroquias en 2019 fueron la de El Salvador de Málaga, con un presupuesto de 313.957,84 euros; la Encarnación en Casares, con 143.977,90 euros; Nuestra Señora de la Consolación en Villanueva de Algaidas, con 135.290,64 euros; entre otras. En total, 43 parroquias han sido intervenidas por obras menores y hay 16 intervenciones pendientes por falta de recursos.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha confirmado este viernes que su partido acudirá a las instancias europeas por el "ataque a la democracia" que, a su juicio, supone la "orden que va a controlar la información de la prensa y las redes sociales" para combatir la desinformación y las 'fake news". Según ha recalcado, un Ejecutivo que ha "mentido" con los fallecidos por coronavirus y las previsiones económicas "no está para velar por quién dice una mentira" o para "controlar" a los medios.

Así se ha pronunciado Casado desde Barcelona, tras reunirse con la patronal catalana Foment del Treball, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicase este jueves una orden que aprueba un procedimiento de actuación contra las 'fake news' mediante el cual monitorizará la información y podrá pedir colaboración a los medios de comunicación.

El PP ya ha exigido la retirada de esa orden ministerial y ha solicitado además la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta Carmen Calvo y del jefe de gabinete de Presidencia, Iván Redondo, para que informen sobre este plan que, según los 'populares', es un "escándalo". Además, han avanzando que están dispuestos a ir a Europa si el Gobierno no rectifica.

"UN MINISTERIO DE LA VERDAD"

Casado ha recalcado que la orden del Gobierno es "una medida orwelliana". "Es un Ministerio de la Verdad, es un ataque a la democracia que vamos a recurrir en las instituciones europeas", ha manifestado.

En este sentido, el presidente del PP ha subrayado que el Gobierno "no está para decir lo que es mentira" y ha señalado que "lo que tiene que hacer es decir la verdad" y no vetar a los medios de comunicación.

"El Gobierno no está para velar por quién dice una mentira. El Gobierno lo que tiene que hacer es decir él la verdad. Y un Gobierno que ha mentido con la cifra de fallecidos, que ha mentido con las previsiones económicas y con las alertas para luchar contra la pandemia no puede ser él quien tiene que vigilar las redes sociales de los ciudadanos ni controlar a los periodistas y a la prensa libre", ha enfatizado.

Casado ha asegurado que el PP "velará por la libertad de prensa y los derechos fundamentales", igual que hizo ya su partido cuando acudió a Europa para defender la independencia judicial con la reforma expréss de PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria en la elección del CGPJ y está dispuesto a hacer también ahora para "velar por el derecho fundamental a la libertad de educación".

INTENSA AGENDA DE CASADO EN CATALUÑA

Casado, que ha estado acompañado por el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, mantiene una intensa agenda este viernes en Barcelona. Aparte de verse con Foment del Treball, ha visitado la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde ha analizado con el presidente de esta institución, Jaime Malet, las elecciones norteamericanas, las relaciones trasatlánticas y la necesidad de renegociar los aranceles a productos españoles.

Esta tarde, Casado y Fernández se reunirán con diferentes entidades que defienden el bilingüismo en Cataluña, entre las que se encuentran Universitaris per la convivencia, el sindicato AMES, S'ha Acabat, la Asociación Escuela Bilingüe, Impulso Ciudadano y Profesores por el Bilingüismo.

La Comunitat Valenciana ha registrado 13 fallecimientos y 1.078 nuevos casos desde la última actualización, mientras que el número de hospitalizados asciende a 1.352, 19 más que ayer, de los que 227 están en la UCI, según los datos de la Conselleria de Sanidad.

De este modo, los nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos sitúan la cifra total de positivos en 69.625 personas. Por provincias, 195 se localizan en Castellón (7.691 en total); 361 en Alicante (24.018 en total), y 522 en la provincia de Valencia (37.719 en total). Además, el número total de pacientes sin asignar se mantiene en dos.

Asimismo, en las últimas 24 horas se han notificado 13 fallecimientos, por lo que el total de defunciones es de 1.907 personas: 280 en la provincia de Castellón, 655 en la de Alicante y 972 en la de Valencia.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 1.352 personas ingresadas, 227 de ellas en la UCI, cuatro más que ayer. En concreto 117 están ingreadas en la provincia de Castellón, con 21 pacientes en UCI; 462 en la provincia de Alicante, 79 de ellos en la UCI; y 773 en la provincia de Valencia, 127 de ellos en UCI.

Por su parte, desde la última actualización se han registrado 1.386 altas a pacientes con coronavirus, por lo que el total de personas curadas desde el inicio de la pandemia se sitúa en 65.159: 7.306 en Castellón, 22.155 en Alicante y 35.649 en Valencia.

Además, hay 2 nuevas altas sin asignar, por lo que el total es de 49. De esta forma, en estos momentos hay 12.790 casos activos, lo que supone un 16,02% del total de positivos.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus asciende a 1.473.758, de las que 1.316.054 han sido a través de PCR y 157.704 mediante test rápido.

SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

A día de hoy, hay algún caso positivo en 55 residencias de mayores (6 en la provincia de Castellón, 16 en la provincia de Alicante y 33 en la provincia de Valencia), 14 centros de diversidad funcional (4 en la provincia de Castellón, 2 en la provincia de Alicante y 8 en la provincia de Valencia) y 3 centros de menores en la provincia de Valencia. Asimismo, se han confirmado ocho residentes contagiados y 15 Trabajadores y ha fallecido un residente.

Actualmente, 9 se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario residencias en la Comunitat Valenciana: 1 en la provincia de Castellón, 3 en la provincia de Alicante y 5 en la provincia de Valencia.

Los dos hombres juzgados este viernes en la Audiencia Provincial por varios delitos de corrupción de menores y de abuso sexual, por presuntamente pagar a menores a cambio de sexo y prácticas fetichistas, se han defendido asegurando que creían que las chicas eran mayores de edad.

La mayoría de las víctimas eran menores tuteladas y residían en centros especiales de acogida. Los acusados son un español de 64 años, procesado por dos delitos de corrupción de menores, y un nigeriano de 39, acusado de varios delitos de corrupción de menores y otro de abuso sexual sobre menor de 16 años con acceso carnal. La Fiscalía pide para ambos penas que suman 23 años de cárcel.

La Fiscalía también reclama medidas de libertad vigilada para los acusados cuando salgan de prisión, órdenes de alejamiento y que se les obligue a someterse a un programa formativo de educación sexual.

Los dos hombres han afirmado en el juicio que las chicas les habían dicho que eran adultas. Incluso, el acusado más joven ha sostenido que una de las víctimas le había enviado una fotocopia de un DNI falso para convencerle de que era mayor de edad. También ha dicho que no tenía "ni idea" de que residían en un centro para menores.

Según este relato, posteriormente la menor admitió que había mentido y él la bloqueó. El hombre ha mantenido que cuando se enteró de que eran menores decidió distanciarse: "Le envié un mensaje muy claro: no quiero verte hasta que tengas 18, entonces podremos hablar".

El hombre nigeriano ha admitido que obtuvo de ellas relaciones de naturaleza sexual mediante regalos y dinero, pero ha rechazado que hiciera una transferencia de 3.000 euros a una menor a cambio de mantener relaciones completas. Según su versión, las relaciones fueron "consentidas". Además ha negado "absolutamente" que forzase a alguna de las chicas en ningún momento.

Este acusado ha consignado el pago de 5.000 euros por las posibles indemnizaciones a las víctimas en caso de que le condenen. En el juicio -donde sólo ha contestado a las preguntas de su letrado- ha afirmado que está "arrepentido".

Por su parte, el hombre español ha admitido que varias veces dio a las víctimas billetes de 20 o 50 euros o les invitó a cenar o al cine, a cambio de prácticas fetichistas en las que él actuaba como 'esclavo' y las chicas como sus 'amas'.

Gracias a esta confesión, se prevé que la Fiscalía rebaje la condena que pide para este acusado. Originalmente se pedían cinco años de cárcel para él, la nueva petición de condena podría implicar no entrar en prisión.

INTERROGATORIO DIFÍCIL A LAS TESTIGOS

Tras la declaración de los acusados ha empezado la testifical de las chicas en calidad de testigos. Varias de ellas son ya mayores de edad. Ha sido un interrogatorio difícil, con respuestas escuetas y confusas. Una de las menores -cuyo testimonio era clave en la acusación por abuso- ha rechazado acudir a la Audiencia y esto ha provocado que se suspenda el juicio hasta diciembre.

Una de las chicas ha declarado por videoconferencia -por petición del centro para evitar riesgos de fuga- y ha preguntado al empezar si podía acogerse al derecho a no declarar. El presidente del Tribunal le ha aclarado que al contrario, tenía obligación de declarar y que podía incurrir en delito si mentía.

Las jóvenes han contestado a muchas preguntas con monosílabos o afirmando que no recordaban los detalles por los que se les preguntaba. Algunas también han aportado versiones que no encajaban con lo que declararon durante la instrucción. Por ello, la Fiscalía, ante las contradicciones de algunas testigos, ha llegado a lanzar advertencias de las consecuencias de incurrir en falso testimonio y ha recordado que no deben "proteger a nadie".

NIEGAN QUE EL DINERO FUERA A CAMBIO DE SEXO

A grandes rasgos, los testimonios de las chicas coinciden en que el hombre les dio dinero, pero sostienen que no era expresamente a cambio de sexo. Aunque algunas han reconocido que mantuvieron relaciones sexuales con el acusado -mientras otras han negado que lo propusiera siquiera-, muchas de ellas han dicho que el dinero y los regalos eran "porque sí", sin ningún motivo, por pura "generosidad" del acusado.

"A él le salía darme 2.000 euros, era así", ha dicho una de ellas, que ha explicado que habitualmente le pedía dinero ella a él, o él se lo daba sin pedírselo. Esta misma chica -que tenía 18 años entonces- ha admitido que el hombre le preguntó alguna vez "cuánto dinero quería por follar", pero ha afirmado que se lo tomó a broma.

Otra chica ha apuntado que "supone" que con estos regalos y entregas de dinero el hombre estaba intentando "conquistarlas".

NIEGAN QUE FUERAN FORZADAS

Otro aspecto en el que han coincidido las chicas es en que nunca fueron forzadas a hacer nada en contra de su voluntad; y en que le conocieron o a través de Facebook o a través de una amiga.

Respecto a si el acusado sabía que eran menores, algunas han declarado que al principio le mintieron diciendo que eran adultas y que posteriormente se lo dijeron; otras han aseverado que desde el principio el hombre supo que eran menores y que a pesar de ello siguió manteniendo encuentros con ellas.

La víctima de abuso, que tenía 14 años en el momento de los hechos, se ha negado a comparecer. Una educadora social del centro donde se encuentra interna ha sido quien ha podido aportar algunas pistas sobre lo que pudo ocurrir aquella noche.

La educadora ha explicado que tras una fuga la víspera de su cumpleaños, la niña volvió al centro "llorando" y con muy mal aspecto, encerrándose en su habitación. "Decía que había pasado una cosa terrible y que no quería hablar", ha explicado la profesional.

Al día siguiente, la menor pidió que le administraran la píldora del día después. No dio muchos detalles más allá de mencionar que había estado "con un chico", pero por sus palabras la educadora interpretó que había ocurrido algo grave.

Además, la profesional ha explicado que la menor no recibía una paga pero a pesar de ello "manejaba mucho dinero", y que era consumidora de marihuana y cocaína. "Le avisábamos en muchas ocasiones de que se ponía en riesgo, estaba prácticamente más tiempo fuera del centro que dentro", ha lamentado.

DABA ALTAS PROPINAS A LOS EMPLEADOS DEL HOTEL

Por otra parte, dos empleados de uno de los hoteles a los que acudía el hombre han confirmado que éste daba altas propinas a los empleados. Uno de ellos ha afirmado que en el hotel, situado en Calvià, estaban todos "muy contentos" con él, que era "muy buen cliente"; de hecho ha admitido que esto propició que nadie intentase averiguar si estaba ocurriendo algo "raro", a pesar de que el hombre iba habitualmente al hotel con chicas muy jóvenes.

Una camarera de pisos sí dio aviso a la Guardia Civil cuando vio a dos chicas salir de la habitación del acusado -que siempre reservaba una suite de lujo-. Las jóvenes le parecieron "crías" y según su versión se notaba "claramente" que eran menores.

"No me cuadraba la historia, ¿qué hacía él con estas dos niñas, si ni hablaban el mismo idioma? No tenían nada que ver", ha explicado. Al entrar en la habitación y ver la escena, dio parte a las autoridades. "Esa noche no dormí", ha dicho la mujer. El hombre fue detenido en este hotel en octubre en compañía de una menor.

Por otra parte, los agentes de la Guardia Civil que examinaron los móviles del acusado han explicado que constataron ofrecimientos de dinero -donde hasta se facilitaba un número de cuenta para hacer el ingreso- y diversas alusiones a que las chicas estaban recluidas en "el centro", de las que se podría deducir que el acusado sabría que eran menores.

El presidente de Cesce, Fernando Salazar, ha destacado la labor del arbitraje comercial y ha asegurado que este mecanismo de resolución de conflictos entre empresas, alternativo a la jurisdicción tradicional, "es rápido, eficaz, aporta certidumbre a los procesos y ahorra costes" especialmente en el caso de las pymes.

Así lo ha señalado el presidente de la aseguradora durante un encuentro sobre arbitraje y competitividad empresarial celebrado esta semana en la Cámara de Comercio de España. En la jornada, inaugurada por el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, también han participado la presidenta de la Corte Española de Arbitraje, Elena Otero-Novas, y la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez.

Salazar ha añadido que este mecanismo proporciona celeridad a los procesos y, en el caso de Cesce, "el tiempo medio de resolución de litigios a través del arbitraje se sitúa sobre los seis meses y medio".

Según explica la compañía, este sistema permite dirimir con rango de firmeza las diferencias derivadas de operaciones comerciales, ya que el laudo arbitral es ejecutivo y produce efectos de res iudicata (cosa juzgada). En este sentido, el presidente de Cesce ha señalado que "la práctica totalidad de los laudos arbitrales que afectan a Cesce se han confirmado y han sido ejecutivos".

Por último, Salazar ha felicitado a la Corte Española de Arbitraje por sus 40 años de experiencia y ha alabado "la profesionalidad en la instrucción, la transparencia, el sistema de selección de árbitros y su especialización" como elementos que aportan confianza a empresas y pymes.

"Los profesionales que integran el máximo órgano de gobierno de la Corte Española de Arbitraje son la mayor garantía de calidad", ha subrayado el presidente, que ha agregado que la compañía es usuaria habitual de este sistema y, de hecho, es su mayor usuario por número de casos.

Un total de 180 docentes y 1.875 alumnos permanecen aislados por haber tenido contacto con alguna de las 863 personas --93 docentes y 770 alumnos-- que han dado positivo en Covid-19 en 302 centros educativos de la Región de Murcia desde el inicio del curso escolar, el lunes 14 de septiembre.

Esto supone 30 nuevos positivos --25 alumnos y cinco docentes-- con respecto al último balance aportado por la Comunidad este jueves.

La Consejería de Educación recuerda que hay 280.000 alumnos y 27.000 docentes en la Región, por lo que los 180 docentes aislados representan el 0,66% del total, y los 1.875 alumnos, el 0,69%.

Además, un total de 4.978 estudiantes y 531 profesores han vuelto ya a las aulas tras superar el periodo de cuarentena.

Así, en las últimas horas, el Colegio concertado Santa María Micaela (Cartagena) ha registrado 1 alumno positivo y un total de 16 aislados: el positivo, 14 alumnos y 1 docente (Aula de Infantil); mientras que el Colegio público Fontes (Torre Pacheco) ha contabilizado 1 alumno positivo y un total de 24 aislados: el positivo, 22 alumnos y 1 docente (Aula de Infantil).

El IES San Juan de la Cruz (Caravaca de la Cruz) ha registrado 2 alumnos positivos (sin relación), con un total de 6 aislados (primer caso): el positivo y 5 alumnos, y un total de 2 aislados (segundo caso): el positivo y 1 alumno.

El IES La Flota (Murcia) ha registrado 1 alumno positivo y un total de 9 aislados: el positivo y 8 alumnos; mientras que el Colegio público Jacinto Benavente (Alcantarilla) ha contabilizado 1 alumno positivo y un total de 6 aislados: el positivo, 4 alumnos y 1 docente; y el Colegio concertado Vega Media (Alguazas) ha contabilizado 1 alumno positivo y un total de 3 aislados: el positivo y 2 alumnos.

El Colegio concertado San Agustín (Fuente Álamo) ha registrado 2 alumnos positivos (sin relación) con un total de 47 aislados en el primer caso: el positivo, 44 alumnos y 2 docentes (2 Aulas de Infantil), y un total de 54 aislados en el segundo caso: el positivo, 50 alumnos y 3 docentes (2 Aulas de Infantil).

El Colegio público Ramón Gaya (Puente Tocinos) ha registrado 1 docente positivo y un total de 2 aislados: el positivo y 1 docente; mientras que el Colegio público Vicente Medina (Los Dolores-Cartagena) ha contabilizado 1 alumno positivo y un total de 8 aislados: el positivo, 6 alumnos y 1 docente (Aula de Infantil).

Asimismo, el Colegio público Luis Costa (Murcia) ha registrado 1 docente positivo y un total de 2 aislados: el positivo y 1 alumno; mientras que el IES Arzobispo Lozano (Jumilla) ha contabilizado 1 alumno positivo y un total de 2 aislados: el positivo y 1 alumno; y el IES Antonio Hellín Costa (Puerto de Mazarrón) 1 alumno positivo y un total de 6 aislados: el positivo y 5 alumnos.

Asimismo, el Colegio concertado Carlos V (Águilas) ha registrado 1 docente positivo y un total de 21 aislados: el positivo y 20 alumnos (Aula de Infantil); el IES Juan Carlos I (Murcia) cuenta con 1 docente positivo y un total de 2 aislados: el positivo y 1 docente; y el IES Floridablanca (Murcia) registra 1 alumno positivo y un total de 8 aislados: el positivo y 7 alumnos.

Por su parte, el IES Sangonera la Verde (Murcia) ha registrado 1 alumno positivo y un total de 3 aislados: el positivo y 2 alumnos; y el Colegio público José Robles (Lorca) ha contabilizado 2 alumnos positivos (sin relación) con un total de 20 aislados en el primer caso: el positivo, 17 alumnos y 2 docentes (Aula de Infantil), y un total de 4 aislados en el segundo caso: el positivo y 3 alumnos.

El IES Juan Sebastián Elcano (Cartagena) ha registrado 1 alumno positivo y un total de 2 aislados: el positivo y 1 alumno; mientras que el Centro FP Hostelería y Turismo (Cartagena) ha contabilizado 1 alumno positivo y un total de 14 aislados: el positivo, 11 alumnos y 2 docentes; y el Colegio público Carmen Conde (Jumilla) ha sumado 1 alumno positivo y un total de 23 aislados: el positivo, 20 alumnos y 2 docentes (Aula de Infantil).

El Colegio concertado Nuestra Señora de la Consolación (Caravaca de la Cruz) ha registrado 1 alumno positivo y un total de 4 aislados: el positivo y 3 alumnos; mientras que el IES San Juan Bosco (Lorca) ha contablizado 1 alumno positivo y un total de 3 aislados: el positivo y 2 alumnos; y el Colegio público Conde Campillos (Cehegín) ha contabilizado 1 alumno positivo y un total de 26 aislados: el positivo, 22 alumnos y 3 docentes (Aula de Infantil).

Asimismo, el IES Vicente Medina (Archena) ha sumado 1 alumno positivo y un total 3 aislados: el positivo y 2 alumnos; mientras que el IES Pueblos de la Villa (Fuente Álamo) ha registrado 1 alumno positivo y un total de 3 aislados: el positivo y 2 alumnos; la Escuela Educación Infantil Virgen de las Maravillas (Cehegín) ha contabilizado 1 docente positivo y un total de 2 aislados: el positivo y 1 docente; y el IES Santa María de los Baños (Fortuna) ha sumado 1 alumno positivo y un total de 2 aislados: el positivo y 1 alumno.

Un total de 20.268 personas mayores fallecieron en residencias durante la primera ola de la pandemia por el Covid-19, según el borrador de un informe de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el que califican lo que sucedió en estos centros como una "tormenta perfecta".

De los 20.268 fallecidos, el 51% (10.364 fallecimientos) estaban confirmados mediante prueba o análisis serológico, mientras que 9.904fallecimientos se notificaron como "con síntomas compatibles" con la COVID-19, según el estudio, al que ha tenido acceso Europa Press y adelantado por 'El País', y que se ha elaborado a partir de las aportaciones del Grupo de Trabajo Covid-19 y Residencias.

Además, el documento estima como "plausible" un rango entre el 47% y el 50% de afectación en residencias respecto al total de fallecimientos por la enfermedad COVID-19 en la primera oleada.

Este dato situaría el caso español "en unos parámetros intermedios", similares a los de Irlanda del Norte (52%), Francia (49%), Israel (45%) o Suecia (47%); por debajo de Bélgica (64%), Irlanda (63%) o Canadá (85%) y por encima de Reino Unido (41%), Portugal (40%) o Alemania (39%).

Asimismo, de los datos se desprende que el 6% de los mayores en residencias de España ha fallecido durante la primera ola de la pandemia, un dato que "mostraría una alta afectación respecto a otros países de la OCDE", según el documento.

También señala que de marzo a junio se produjeron 33.848 fallecimientos de personas dependientes beneficiarias del Sistema de Autonomía y atención a la Dependencia (SAAD), lo que supone un exceso de 18.375 con respecto a los 15.473 esperados. En todo caso, la Secretaría de Estado precisa que no se discriminan las causas del fallecimiento.

30 FACTORES PARA UNA "TORMENTA PERFECTA"

Por otro lado, el informe identifica una treintena de factores que estuvieron presentes y que interactuaron en lo que califica como una "tormenta perfecta", como la alta contagiosidad o el desconocimiento sobre muchos aspectos de la enfermedad.

En este sentido, señala que cuando se adoptaron oficialmente medidas de limitación de visitas y salidas en las residencias (entre el 12 y el 18 de marzo dependiendo de territorios), "el patógeno ya se había introducido en muchos centros".

Entre las medidas que se proponen para evitar contagios en residencias, se sugiere "separar antes de la aparición de brotes", si la instalación y los recursos lo permiten, creando "unidades de atención más pequeñas" con dinámicas independientes entre sí y personal propio para evitar contaminación cruzada.

Otros factores que enumera el documento son: la morbilidad, la edad avanzada, los problemas neurodegenerativos o los negativos efectos del aislamiento en los residentes. En este sentido, los autores del estudio aconsejan que la aplicación de medidas de confinamiento solo se mantengan "por el tiempo que sea estrictamente necesario".

También contribuyeron a esa "tormenta perfecta", según el informe, los espacios colectivos en las residencias, el tamaño de estos centros --se apunta que puede existir una correlación entre el mayor número de plazas y el mayor riesgo de diseminación--, la escasez de equipos de protección y las dificultades para un blindaje total.

En cuanto a la derivación de los enfermos, la Secretaría de Estado propone en base a las aportaciones del grupo de trabajo, derivar a los afectados por Covid-19 de las residencias a centros de atención intermedios gestionados por el sistema sanitario en colaboración con los servicios sociales y conectados con el ámbito hospitalario.

Esta estrategia, según asegura, "ha mostrado alta eficacia, reduciendo la carga de trabajo de la atención primaria en salud, permitiendo un mejor triaje si fuera precisa la atención hospitalaria".

FALTA DE PERSONAL Y DE PLANES DE CONTINGENCIA

Además, el estudio señala que existió ausencia de planes de contingencia en la primera ola, que se partía de "ratios insuficientes" de personal, que las residencias no contaban con personal sanitario "suficientemente entrenado" y que hubo "falta de apoyos psicológicos" tanto para el personal como para los residentes y sus familias.

Igualmente, constata que hubo una "enorme dificultad" de acceso a pruebas diagnósticas y reconoce que "la desconexión de las residencias con el sistema sanitario pudo provocar inasistencias en los momentos finales" de la vida.

Además, en cuanto a las medidas que impidieron el acceso a hospitales de enfermos procedentes de residencias o con enfermedades neurodegenerativas, el informe indica que "no se puede dispensar la asistencia sanitaria sobre criterios de esperanza de vida".

En el informe se incluye también una propuesta para monitorizar los datos en las residencias. En concreto, se plantean tres bloques de datos: el primero se reportaría una sola vez y consistiría en una encuesta de centros para hacer un censo residencial (actualmente, se utiliza el dato de una encuesta del CSIC de 2019 que sitúa el número de residencias de mayores en 5.417).

El segundo sería una encuesta a residentes y personal sobre estado epidemiológico, fallecimientos y situación de la plantilla; y el tercero, una encuesta para saber el stock de EPIs. También se propone un sistema de semáforos para conocer cómo es la situación en cada centro residencial y evitar posibles "colapsos asistenciales".

El Gobierno ha anunciado un protocolo de actuación contra las 'fake news' o noticias falsas que busquen "influir en la sociedad con fines interesados y espurios", algo que los juristas observan con preocupación por la ambigüedad de la orden ministerial, que podría dar lugar a un uso de la misma que conduzca a la vulneración de derechos fundamentales como las libertades de información y expresión.

La orden, publicada el jueves en el BOE por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, crea una estructura administrativa para combatir "la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación" y velar por "el acceso a información veraz y diversa", lo cual ha generado un gran revuelo entre la oposición.

Carlos Vidal, catedrático de derecho constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ha explicado que se trata de "una especie de protocolo de actuación frente a las noticias falsas, no de una norma ejecutiva", por lo que no genera por sí misma una vulneración de derechos fundamentales, si bien ha estimado que "apunta en una dirección que no es la adecuada".

Controlar la información errónea o las noticias falsas no me parece un disparate, siempre que se haga para contrarrestarla con una información veraz, pero si se hace para intentar que esa información no se difunda, eso no lo pueden hacer ni el Gobierno ni la administración, sino que tendrán que ser los jueces y tribunales quienes valoren si esa información es dañina", ha expuesto.

Vidal ha aclarado que ese tipo de control de la información debe implicar una intervención judicial, porque de lo contrario podría dar lugar a "una especie de censura previa de algunas informaciones que no está permitida por la Constitución".

"Es inquietante por lo que parece sugerirse, que es una actuación por parte de la administración que puede llevar consigo una violación de derechos fundamentales", ha resumido.

DEMASIADO AMBIGUO

En la misma línea se ha expresado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, quien ha apuntado que "aparentemente es una decisión administrativa frente a injerencias organizadas, sobre todo por parte de otros países en procesos electorales", pero al profundizar en la lectura de la orden ministerial "no está tan claro que se refiera solo a eso".

Al igual que Vidal, ve "razonable" que se vigilen las campañas destinadas a una difusión masiva y artificial (a través de 'bots') de información deliberadamente falsa que afecten a cuestiones de seguridad nacional o a garantías democráticas. "En principio parece que se refiere a eso, pero la ambigüedad (del texto) deja abierta la puerta a usos excesivos", ha alertado.

En este sentido, ha señalado que "cualquier actuación que tenga que ver con la libertad de información y la libertad de expresión y, en general, con la posibilidad de los ciudadanos de estar informados y manifestarse públicamente ha de ser muy cuidadosa, porque son pilares de la democracia".

Fernández Vaquero ha recordado que ningún derecho es absoluto, incluidos los de información y expresión, si bien al mismo tiempo ha recalcado que ya existen mecanismos legales --tanto en el ámbito penal como en el civil-- para reaccionar frente a publicaciones "ilegales o que puedan causar perjuicios".

"UN MAL MOMENTO" PARA LAS LIBERTADES

Desde el Foro Judicial Independiente (FJI), se han mostrado "muy críticos" con el plan del Gobierno contra las 'fake news'. "Lo vemos como una vulneración de derechos fundamentales", ha dicho su portavoz, Concepción Rodríguez, quien ha lamentado que "vivimos un mal momento para los derechos fundamentales".

Rodríguez ha fijado su preocupación en el hecho de que cuáles sean las publicaciones que se consideren desinformación "va a depender de quién esté gobernando en cada momento" sin que haya unos parámetros precisos.

Además, ha incidido en que para combatir las 'fake news' se puede acudir a las herramientas contempladas en el ordenamiento jurídico, tales como el derecho a la rectificación en los medios de comunicación o las acciones legales contra mentiras, calumnias, difamaciones y atentados contra el honor de una persona.

"Prácticamente, la democracia se basa en la libertad para expresar tus ideas, siempre que no vulneres los derechos de otros y, si se vulneran, se va a los tribunales", ha zanjado Rodríguez.

En este punto se ha situado también María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), para quien "claramente pueden verse vulnerados el derecho a la información y la libertad de expresión".

La portavoz de la APM ha subrayado que "los límites a la libertad de expresión solo pueden establecerse por la autoridad judicial, y de manera muy restrictiva, ponderando la proporcionalidad de esta limitación".

Del Barco ha reiterado asimismo que "hay instrumentos legales suficientes" para actuar contra posibles abusos y que "cualquier limitación normativa de un derecho fundamental, de producirse, debe ser por ley orgánica".

Con todo ello, ha avisado de que "se abre un camino muy peligroso". "Dejar en manos de una autoridad gubernativa decidir qué es verdad y qué es mentira supone dejar en manos del gobierno de turno decidir qué es verdad y qué es mentira, impedir que los ciudadanos puedan formarse libremente su criterio", ha apostillado.

UN REMEDIO EFICAZ

En el extremo contrario, y más minoritario, otros expertos han valorado que la iniciativa de Moncloa puede resultar beneficiosa para la protección de los derechos de personas y empresas que ven destruido su prestigio por informaciones falsas.

Según han planteado, los instrumentos legales disponibles en este momento pueden resultar excesivamente lentos --con procesos judiciales de varios meses-- para neutralizar 'fake news', que pueden "hundir" por completo la reputación de una persona provocando un "daño irreparable".

En su opinión, "cualquier actuación que procure la rapidez en este tipo de casos es fundamental", a lo que añaden que "si la información es veraz no habrá ningún problema".

Los brotes de casos de COVID-19 en las residencias de Viana y Sesma han hecho que los casos activos en los centros de Navarra pasen en una semana de afectar a 80 personas a 115, lo que equivale al 1,3 por ciento del total de residentes en centros de la Comunidad Foral, según los datos del Departamento de Derechos Sociales.

Hasta la fecha se han producido un total de 236 altas epidemiológicas, si bien la pandemia afecta a 10 de los 71 centros de Navarra en donde residen personas mayores, con especial incidencia actual en las residencias Nuestra Señora de Gracia en Viana, y Virgen del Carmen, en Sesma.

En este último caso, se ha procedido a realizar pruebas diagnósticas a las 42 personas residentes tras presentar síntomas de la enfermedad una de ellas. Hasta el mediodía el viernes se han confirmado 22 casos positivos y se está a la espera de confirmar la conveniencia clínica de realizar traslados a centros hospitalarios o recursos intermedios.

En el caso del brote detectado en Viana, tras la realización de las pruebas de detección a todo el personal y residentes, además de las religiosas que viven en un ala del mismo edificio. De un total de 66 residentes, 33 han dado positivo, además de 3 personas que trabajan allí y 5 religiosas. Dos personas permanecen ingresadas en el hospital de Logroño y otra al recurso intermedio en San Adrián.

Cabe resaltar que del total de casos activos hasta el jueves 5 de noviembre, únicamente 5 personas están ingresadas en centros hospitalarios; 34 cursan la enfermedad en sus residencias con síntomas y 60 lo hacen asintomáticas. En los recursos intermedios permanecen atendidas 16 personas.

Respecto a las bajas de profesionales, se han producido 68 casos positivos: 43 personas padecen síntomas y 25 permanecen asintomáticas.

Desde el pasado 1 de julio han fallecido 55 personas mayores procedentes de centros residenciales, 36 en centros hospitalarios y 19 en la propia residencia. El pico en esta segunda ola se cifró en 169 personas infectadas el 12 de octubre.

23 CASOS ACTIVOS EN CENTROS DE DISCAPACIDAD

Respecto a los centros de personas con discapacidad se mantiene la tónica de estabilidad. Este jueves se contabilizaban 23 casos activos, en 3 de los 53 centros existentes, ha indicado el Gobierno.

De las 23 personas afectas, 5 se encuentran hospitalizadas, 3 permanecen en su residencia con síntomas, y 10 están asintomáticas. En los recursos intermedios cursan la enfermedad 5 personas, procedentes de estos centros.

Han recibido el alta epidemiológica 52 personas y han fallecido 3 residentes desde el pasado 1 de julio.

Respecto a las trabajadoras de estos centros, han causado baja laboral a 33 personas por COVID-19; 18 sintomáticos y 15 no padecen síntomas.

1,3% DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN RESIDENCIAS NAVARRAS

Sobre la situación en centros navarros, la consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu, considera que "aunque en Navarra la situación en los centros en la segunda ola de la pandemia es muy distinta a la primera, no hay que bajar la guardia porque la situación puede dar un giro en cualquier momento".

Así, Maeztu ha informado de que en esta segunda fase de la epidemia las personas contagiadas en las residencias de mayores representan un porcentaje menor que en la primera ola respecto al conjunto de la población. "Es un indicador de que las medidas preventivas están siendo efectivas, a pesar de lo duro que puede resultar el cierra de los centros a las visitas y salidas", ha afirmado. También se ha comprometido a relajar las medidas en función de la mejora de la situación epidemiológica general en Navarra.

Si en la primera ola se contabilizaron 1.396 casos en residencias de mayores y 5.464 en el conjunto de Navarra, ahora son 365 casos frente a 27.411, ha indicado el Ejecutivo.

Es decir, Navarra ha pasado del 26% de personas contagiadas en residencias del total, en la primera ola, al 1,3% en segunda, tomando en cuenta las pruebas diagnósticas realizadas y con resultado positivo.

En términos de tasa de mortalidad, un 16% de las personas mayores de residencias que se contagian terminan falleciendo, frente al 33% en la primera ola.

Maeztu ha apelado, una vez más, en la responsabilidad ciudadana para cumplir con las indicaciones y recomendaciones que desde Salud se realizan: "Nuestros actos no nos afectan únicamente a nosotros y nosotras porque, en este caso, una persona contagiada se convierte inmediatamente en contagiadora y puede propagar el virus con mucha rapidez, con consecuencias nefastas espacialmente en personas mayores", ha concluido.

El Rey Felipe VI viajará este sábado a Bolivia para asistir a la toma de posesión del presidente, Luis Arce, y mantendrá reuniones con él y también con los presidentes de Colombia, Iván Duque, y Argentina, Alberto Fernández.

El jefe del Estado viajará este sábado a La Paz, acompañado por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias y la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, que participarán también en las reuniones. Con ellos viajará desde Madrid la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan.

Para el Rey, será la cuarta vez que acude como jefe de Estado en representación de España a la toma de posesión de un presidente iberoamericano, después de los de México en 2018, Panamá en 2019 y Uruguay a principios de 2020. Como Príncipe de Asturias acudió a 69 ceremonias entre 1996 y 2014.

El viaje supondrá en sí mismo una normalización y una manera de "reiniciar" las relaciones con Bolivia, según ha explicado González Laya en TVE, después del "paréntesis, ciertamente un poco complicado" vivido durante el último año a raíz de las elecciones, la renuncia de Evo Morales y el incidente con el Gobierno interino de Jeanine Áñez.

La ministra ha señalado que el de Luis Arce es un gobierno que "sale de un proceso democrático, que llega elegido por las urnas" y que gobernará un "país amigo" y con el que España tiene una relación cercana como con toda Iberoamérica.

El mismo sábado, tras llegar a La Paz, el Rey mantendrá un encuentro con Luis Arce y después verá a una representación de la colectividad española en Bolivia. No está prevista, porque se trata de un Gobierno interino, entrevista formal de Don Felipe con la actual presidenta del país, Jeanine Áñez.

El domingo, antes de la ceremonia de traspaso de mando presidencial, que está prevista a las 10.00 horas --las 15.00 horas en España peninsular-- el Rey reunirá con el colombiano Iván Duque y por la tarde, después de la ceremonia, con el argentino Alberto Fernández.

En diciembre de 2019, el Rey no pudo acudir a su toma de posesión, como había previsto inicialmente el Ejecutivo, porque coincidió con el proceso de consultas para formar gobierno en España.

Sin embargo, ambos se han reunido ya en dos ocasiones, en enero en Israel, donde ambos asistieron al V Foro Mundial sobre el Holocausto, y en febrero en el Palacio de la Zarzuela, con motivo de una gira europea del mandatario argentino.

La Confederación Hidrográfica del ha recibido los datos obtenidos en la última campaña de mediciones para obtener el balance de masa y movimiento del hielo en el glaciar de La Maladeta (Huesca), con el que se cumplen 29 años de observación de las variaciones de este glaciar pirenaico, periodo en el que se ha constatado una disminución de la superficie del 60% del glaciar --de las 50 hectáreas de 1991 a las 20 actuales--.

La CHE estudia así la evolución y la relación con el factor nieve y el cambio climático y los datos obtenidos se incorporan a la base de datos mundial del World Glacier Monitoring System (WGMS).

A pesar de que este año continúa la tendencia descendente tanto de acumulación como en balance de masa, es de destacar que en 2020 los retrocesos han estado por debajo de la media de estas casi tres décadas de estudio.

En concreto, el balance de masa indica una pérdida en este ejercicio de 212 milímetros de agua equivalente. Si se analizan los espesores de hielo, este año el hielo glaciar se ha reducido 24 centímetros de espesor medio llegando a casi 3 metros en el frente del glaciar.

El espesor medio perdido desde el año 1992 es de 23 metros, mientras que en el frente del glaciar, la pérdida de espesor alcanza los 50 metros desde 1992.

Por su parte, las balizas instaladas en el hielo glaciar han avanzado una media de 2,66 metros y han perdido una media de 0,92 metros de espesor respecto a 2019.

La superficie ha disminuido en 0,28 hectáreas respecto a 2019, quedando una superficie glaciar de 20 hectáreas frente a las 50 medidas en 1991, lo que supone una pérdida del 60% de la superficie.

El frente del glaciar ha retrocedido unos 350 m desde 1991.La acumulación medida en el año hidrológico 2019-2020 es de 2.383 milímetros de de agua equivalente, lo que se corresponde con el 10º mejor año de los 29. Ese dato se corresponde con espesores de nieve medidos sobre el hielo glaciar comprendidos entre 330 a 500 centímetros. Respecto a ablación, se ha detectado una pérdida de 2.596 milímetros de agua equivalente, que se corresponde con el13º mejor año de los medidos.

Además de los datos concretos, las campañas anuales permiten sacar conclusiones generales como que en la masa del glaciar tiene mayor incidencia la ablación (la pérdida de hielo y nieve) que la acumulación nival. Y también que esa ablación, no tiene relación únicamente con las temperaturas, sino que depende también del número de días con precipitación directa.

El hecho de que este verano se haya registrado más precipitación de la habitual ha reducido la pérdida de hielo por debajo de la media.

TRABAJOS DE CAMPO

Anualmente se realizan dos campañas de medición. La primera dedicada a la acumulación invernal, midiendo espesores nivales, que en esta ocasión se realizó el 8 de junio, y la segunda dedicada al estudio de la ablación y de balance de la masa, que se desarrolló el 30 de septiembre.

El balance anual de masa expresa la variación sufrida por el volumen de hielo de un glaciar a lo largo de un periodo hidrológico anual. Para ello se mide la superficie inicial al comienzo del periodo invernal, el perfil de máxima acumulación nival y el perfil final tras el periodo de ablación (fusión nival y hielo).

Si no se funde toda la nieve acumulada en invierno y por tanto, el perfil final se sitúa intermedio entre el inicial y el máximo, el balance es positivo y se da ganancia de masa.

Por el contrario, si desaparece toda la nieve invernal e incluso funde parte del hielo glaciar, hay pérdida de masa preexistente. El balance es nulo cuando el valor de la fusión equivale al de la acumulación.

En el estudio del glaciar de La Maladeta se ha utilizado un método que se apoya en los datos obtenidos a partir de una red de balizas instaladas en el hielo a distintas altitudes, así como de medidas topográficas sobre la superficie.

EBRO SOSTENIBLE

Estos trabajos tienen como objetivo fundamental la mejora del conocimiento de la demarcación y de la biodiversidad, básicas para alcanzar el buen estado/potencial de las masas de aguas, que responden a los ejes 1 mejora del conocimiento y 3 alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua de los ejes principales degestión del Organismo para un Ebro Sostenible.

Junto a estos, los otros tres ejes son: eje 2 mejora general de la gestión, eje 4 renovar la visión de la dinámica fluvial y eje 5 garantizar el suministro de los usos esenciales.

El líder del PP, Pablo Casado, ha confirmado este viernes que el Partido Popular recurrirá ante el Tribunal Constitucional la llamada 'Ley Celaá' y ha avanzado que su formación también está dispuesta a ir a Europa "si hace falta" para defender la libertad de educación que, a su juicio, conculca la reforma educativa que se ha aprobado en el Congreso.

Así se ha pronunciado tras reunirse con la patronal catalana Foment del Treball, si bien esta tarde se verá en Barcelona con entidades que defienden el bilingüismo en Cataluña, entre las que figuran Universitaris per la convivencia, el sindicato AMES, S'ha Acabat, la Asociación Escuela Bilingüe, Impulso Ciudadano y Profesores por el Bilingüismo.

Ese encuentro se produce justo un día después de que la Comisión de Educación del Congreso haya aprobado eliminar el castellano como lengua vehicular en la denominada 'ley Celaá'. Se trata de una enmienda conjunta del PSOE, Unidas Podemos y ERC que suprime de la ley educativa la referencia al castellano como "lengua oficial del Estado", así como de "lenguas vehiculares" tanto al castellano como las demás lenguas cooficiales.

El presidente del PP ha afirmado que su partido va a recurrir al Tribunal Constitucional "la Ley Celaá en su ataque a la libertad de elección y a que el castellano sea la lengua vehicular en toda España".

Y acudiremos si hace falta a Europa, que ya dijo este jueves que va a vincular los fondos de recuperación europeos al cumplimiento del Estado de Derecho", ha advertido Casado, que está acompañado en su programa de actos en Barcelona por el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.

DICE QUE EL PP VA A VELAR POR LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN

Casado ha recalcado que Estado de Derecho es "la independencia judicial" y también el respeto a las "libertades fundamentales, también educativas". En este punto, ha criticado las últimas medidas del Gobierno como su reforma judicial para renovar el CGPJ o la aprobación de un estado de alarma para seis meses por la pandemia que, a su juicio, "intenta eludir" el control parlamentario

"Hay que velar por la libertad de prensa y los derechos fundamentales. Igual que hicimos cuando fuimos a Europa a velar por la independencia judicial e igual que vamos a velar por el derecho fundamental a la libertad de educación", ha concluido Casado, en alusión también a su anuncio de que el PP acudirá a las autoridades europeas si Pedro Sánchez no rectifica la orden para combatir la desinformación y las 'fake news'.

La Guardia Civil ha detenido en Melilla a un menor de edad que supuestamente se dedicaba a pasar a Marruecos medicamentos psicotrópicos a través de un dron por encima de la doble valla de seis metros de altura cada una.

Según ha informado este viernes la Comandancia, el joven de 17 años de nacionalidad española y natural de Melilla ha sido acusado de un presunto delito contra la salud pública al "ser sorprendido traficando con medicamentos sin prescripción médica desde Melilla a Marruecos haciendo uso de un dispositivo aéreo no tripulado, conocido como dron".

Un portavoz policial ha explicado que los hechos tuvieron lugar a finales del pasado mes de octubre, cuando agentes de la Guardia Civil vinieron observando en la zona próxima a la carretera del aeropuerto dirección Marruecos el vuelo de un aparato cerca del vallado perimetral sin poder localizar al operador del mismo.

Los agentes, a raíz de este hecho, dispusieron un dispositivo para la prevención de posibles lanzamientos de sustancias prohibidas y vuelo de drones, dado que se trata de unas de las pocas vías -la otra es por mar-, después del cierre todos los puestos fronterizos terrestres con Marruecos desde el 13 de marzo por la crisis sanitaria del Covid-19.

DISPOSITIVO POLICIAL

La Comandancia ha detallado que, una vez establecido el dispositivo de vigilancia, los guardias civiles pudieron constatar que cerca del lugar donde se observaba el vuelo del aparato había una persona que ante la presencia de los agentes intentó huir del lugar montado en una bicicleta y portando una mochila abultada a su espalda.

Una vez interceptado el joven, tras varios intentos de que se detuviera, los agentes fiscalizaron el contenido de la mochila descubriendo que en su interior se encontraba un dron de color blanco de ocho hélices y una batería adicional a la instalada. Los guardias civiles observaron que en la parte inferior del aparato se encontraba una manipulación de fábrica, consistente en un sistema de suelta a distancia.

MEDICAMENTO USADO COMO DROGA

Junto al dron hallaron una bolsa negra que en su interior contenía varias cajas de medicamentos legalizados de una reconocida marca, resultando un total de 40 blister de 15 pastillas de antidepresivos cuyo principio activo es el clonazepam.

La Guardia Civil ha advertido del peligro que entraña el consumo de medicamentos sin prescripción médica, mezclándolo con alcohol u otro tipo de drogas como el hachís, "ya que pueden llegar a multiplicar por cuatro sus efectos dándose casos gravísimos de alucinaciones, aumento de la agresividad y en definitiva, poner en riesgo su vida e integridad física.

El detenido es un joven de nacionalidad española y residente en Melilla de 17 años de edad, a quien se le aprehende también un teléfono móvil y en el que los agentes ven indicios de utilizar para el contacto con las personas en Marruecos, posibles receptores de las sustancias.

El joven ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores como supuesto autor de un delito contra la Salud Pública en su modalidad de Tráfico de Medicamentos, quedando en libertad con cargos.

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, a través de la dirección general de Calidad y Educación Ambiental, ha conseguido la retirada de más de 25.000 de las 30.000 toneladas de residuos plásticos que se almacenaban de manera ilegal en las instalaciones ubicadas en el polígono 33 del término municipal de Utiel (Valencia).

Según ha indicado la Generalitat en un comunicado, "debido a un uso indebido de una antigua autorización de almacenamiento de residuos, se generó un acopio de restos de plásticos no autorizados, que trasladaban hasta ese lugar ocho empresas". A mediados del año 2018 el ayuntamiento de Utiel procedió al precintado de la planta.

En enero de 2019, tras informar a la Comisión de Coordinación nacional en materia de residuos en el actual Ministerio para la Transición Ecológica, dado que se trataba de residuos de diferentes procedencias de España, la Conselleria de Emergencia Climática, en coordinación con el ayuntamiento de Utiel, actuó de oficio imponiendo un plan de retirada del plástico y se abrieron varios expedientes y diligencias sancionadoras, uno municipal y varios autonómicos, tanto a la empresa local de Utiel como al resto de empresas de ámbito nacional que llevaron el material ilegalmente a la planta.

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha destacado la "rápida y eficaz" actuación por parte de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, que "ha logrado una actuación y diligencias sin precedentes, con un coste para las empresas inicialmente depositarias de más de un millón y medio de euros dada la obligación de retirar todo el material que llevaron", así como su transporte y gestión a otras instalaciones autorizadas para los residuos y rechazos de residuos plásticos.

La retirada de materiales ha sido periódicamente controlada tanto por el Ayuntamiento de Utiel como por los servicios de inspección ambiental y residuos de la dirección general de Calidad y Educación Ambiental. Asimismo, en estas labores de control han colaborado adicionalmente el Seprona y la Policía Autonómica.

"Actualmente, quedan por retirar unas 5.000 toneladas de residuos plásticos, que se espera que sean evacuados hasta final de este 2020 y con ello se concluirá la retirada total de los residuos que se acumulaban, situación que claramente se aprecia ya en las imágenes aéreas tomadas por la policía autonómica de la Generalitat", ha señalado Mollà, al tiempo que ha agregado que "la industria debe aprender de este caso que las buenas prácticas medioambientales y la economía circular deben ser reales y efectivas y no pueden ser solo un lavado de cara.

A partir de 2021, según prevé el proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos para 2021, en la Comunitat Valenciana este tipo de actuaciones de acopios ilícitos, a parte de las correspondientes diligencias sancionadoras y de retirada de los materiales, vendrán grabadas adicionalmente con un canon económico de penalización al vertido y abandono, en virtud de las previsiones del nuevo Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, estatal.

Los positivos por PCR detectados en miembros de la comunidad educativa han obligado a la Consejería de Educación a cerrar 15 nuevas aulas en siete provincias de Castilla y León.

La medida afecta este viernes a un grupo de Ávila, tres aulas en Burgos, dos de León, una en Palencia, tres de Soria, cuatro en Valladolid y una de Zamora.

En concreto, en la provincia de Ávila se ha puesto en cuarentena a un grupo del CEIP Los Arevacos de Arévalo; en Burgos a dos de Primaria de los centros concertados Sagrada Familia y Sagrado Corazón de Jesús y a otro de Infantil del CEIP Fernando de Rojas, todos ellos en la capital; en Palencia a un grupo de convivencia estable del CEIP Tello Téllez; y en León a un grupo del colegio Nuestra Señora del Carmen, en la capital, y otro en el colegio de La Asunción, de Ponferrada.

Por su parte, en Soria la medida afecta a tres grupos de segundo de Educación Infantil del CEIP Los Doce Linajes, en la capital; en Valladolid a dos aulas del CPrEE El Pino de Obregón y a una de los CEIP Antonio García Quintana y Profesor Tierno Galván, todas ellas en la ciudad; y en Zamora a un aula en el CEIP Valle de Guareña en Fuentesaúco.

Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas PCR a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos. En estos momentos, hay un total de 167 aulas en cuarentena en Castilla y León.

En concreto, de las 167 aulas cuarentenadas, 11 son de Ávila; 38 de Burgos; 27 de la provincia de León; 17 de Palencia; 13 de Salamanca; siete de Segovia; nueve de Soria; 35 de la provincia de Valladolid y 10 de Zamora.

En cuanto a los resultados de las pruebas PCR realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena, desde que empezara el curso se han confirmado 250 casos de alumnos y 27 de trabajadores con PCR positiva, 13 de las cuales se han confirmado en la última jornada y corresponden a 12 alumnos y un trabajador.

La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PCR que no los lleven a su centro educativo hasta que no termine el periodo de cuarentena.

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha acordado un Pacto por la Ciencia y la Innovación con más de 30 de organizaciones españolas representativas de la ciencia, la universidad, la empresa y los sindicatos, hasta el momento.

Según ha informado este viernes el departamento de Pedro Duque, este documento "refleja el acuerdo de la sociedad civil sobre el papel de la ciencia y la innovación en España" y contempla una serie de compromisos concretos en cuanto a recursos, organización del sistema y Recursos Humanos, principalmente, para incrementar de forma sostenible la inversión pública en I+D+I.

Asimismo, ha indicado que Duque mantuvo, a principios de octubre, una serie de reuniones con organizaciones científicas, académicas, empresariales y de representación de los trabajadores.

"Como resultado de estos contactos, el Ministerio ha propuesto un texto de mínimos centrado en tres acuerdos para los próximos años", ha señalado.

De este modo, ha apuntado que se trata de asegurar la financiación pública a medio y largo plazo para converger con la media de la inversión pública a la I+D+I en la Unión Europa, con objetivos concretos en 2024 y 2030.

También, ha añadido que se pretende dotar de independencia y de los recursos y medios suficientes a las agencias financiadoras de la I+D+I, --la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el CDTI y el Instituto de Saludad Carlos III (ISCIII)--.

Por último, ha manifestado que el pacto propone consolidar una carrera investigadora pública estable y promover una mayor incorporación de personal científico en las empresas.

Se han adherido al pacto la Asociación de Empresas de electrónica, tecnologías de la información, telecomunicaciones y contenidos digitales (AMETIC), Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI), Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), y Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE).

También han suscrito el pacto la Asociación Española de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE), Asociación Española de Start-Ups Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC), Asociación Española para la Digitalización (DigitalES), Asociación Ciencia en el Parlamento Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (FarmaIndustria), Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH).

La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), Cámara de Comercio de España Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), Conferencia de Consejos Sociales de Universidades (CCS), Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME) también han firmado el acuero.

Igualmente, la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT), Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Foro de Empresas Innovadoras, Fundaciones Areces, Fundación COTEC, Fundación Cre100do, Fundación Gadea, Fundación Instituto Roche, Fundación I+E, Fundación Lilly, Fundación Luzón, Fundación Pasqual Maragall, Fundación Telefónica, Instituto de España - Reales Academias, Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX), Red Innpulso y la Unión General de Trabajadores (UGT).

Renfe ha informado de que mantiene desde este jueves el plan alternativo de transporte por carretera para todos los servicios con origen y destino Algeciras (Cádiz), al permanecer interrumpida la circulación entre Almargen y Campillos, en la provincia de Málaga.

En una nota, ha señalado que en tanto continúe suspendido el tráfico ferroviario en la zona, Renfe ofrecerá un plan alternativo de transporte para los trenes afectados con el objetivo de garantizar el servicio a sus clientes.

Así, en trenes Intercity Madrid-Algeciras los viajeros realizan el recorrido entre Madrid y Málaga en tren Ave y son encaminados en autobús en el tramo Málaga-Algeciras (en ambos sentidos). Por su parte, viajeros con origen o destino Ronda realizan transbordo por carretera entre Ronda y Antequera y tren Ave entre Antequera y Madrid. En cuanto a los trenes Media Distancia Algeciras-Antequera, los viajeros realizan transbordo por carretera entre Ronda y Antequera.

El tráfico ferroviario quedaba interrumpido a las 17,10 horas de este jueves al descarrillar el tren Intercity Algeciras-Madrid de las 15,03 horas como consecuencia del estado de la vía debido al temporal de lluvia que afecta a la zona. Cuatro personas, incluida el supervisor del tren, resultaron heridas leves y fueron atendidas por los servicios sanitarios desplazados hasta el punto de la incidencia.

El resto de viajeros fueron trasladados en autobús hasta Antequera para retomar el viaje en tren desde allí. La llegada a la estación de Atocha se produjo a las 00,20 horas, donde Renfe dispuso taxis para aquellos clientes que lo precisaran.

Por su parte, Adif, responsable de la infraestructura, continúa trabajando para valorar los daños producidos en la vía por el temporal, así como para encarrilar y retirar el tren descarrilado. Previamente, será necesario acondicionar la infraestructura para poder acceder al punto de la incidencia. Una vez retirada la composición se podrá determinar y valorar los daños para comenzar los trabajos para el restablecimiento.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar crear un "Ministerio de la Verdad" y ha asegurado que serán "implacables con las cacicadas" del Ejecutivo, entre las cuales también ha mencionado la pretensión de eliminar el castellano como lengua vehicular en los colegios de algunas comunidades autónomas. Al mismo tiempo, ha defendido que esta postura es compatible con pactar medidas frente a la crisis del coronavirus y ha adelantado que lo seguirán haciendo.

Refiriéndose al plan contra la desinformación detallado en una orden ministerial publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado, Arrimadas ha indicado que un Gobierno que ha dicho una "sarta de mentiras" pretende crear un "Ministerio de la Verdad".

"Quieren controlar a los jueces, controlar la información y cargarse por ley el castellano en las escuelas, porque ya se lo cargaron hace mucho tiempo ellos (el PSOE) y el PP con mayoría absoluta", ha denunciado en un encuentro telemático con afiliados de Cs junto al líder del partido en Cataluña, Carlos Carrizosa, y al portavoz en las Cortes Valencianas, Toni Cantó.

PACTAR PARA "SALVAR VIDAS Y EMPLEOS"

Arrimadas ha subrayado que Ciudadanos seguirá denunciando ese tipo de cuestiones y, a la vez, pactando con el Ejecutivo medidas para "salvar vidas y empleos" durante la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia.

"No hay ningún otro partido que esté haciendo las dos cosas", ha afirmado, añadiendo que los españoles "no quieren tener que elegir" entre una cosa y la otra y por eso Cs tampoco va a elegir entre "ser contundentes y firmes con el nacionalismo y con las cacicadas" del Gobierno y llegar a acuerdos sobre medidas concretas. "Estamos donde tenemos que estar, en el centro, en la política útil", ha insistido.

En su opinión, Ciudadanos ha actuado de forma "responsable" durante la pandemia "mientras otros se borraban de medidas que sabían que eran necesarias para salvar vidas". Según ha afirmado, convencieron al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos para que prolongara los ERTE y para garantizar una prestación por cese de actividad a los autónomos.

Ahora, según Arrimadas, Cs ha logrado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado no incluya un IVA del 21% para la educación concertada y la sanidad privada o que no se fije un mínimo del 15% en el tipo efectivo que pagan las grandes empresas en el Impuesto sobre Sociedades, y también ha reclamado ayudas directas para pymes y autónomos.

Mientras otros partidos "se quejan pero no consiguen nada" y "se indignan con gritos pero están pensando en votos", "nosotros, con seriedad" y "con un trabajo discreto, de hormiguita, ya hemos conseguido frenar muchas locuras en los Presupuestos", ha argumentado.

EL PP NO GARANTIZÓ LA ESCOLARIZACIÓN EN CASTELLANO

A continuación, ha arremetido contra el PP por su posición ante la enmienda que el PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han promovido en el Congreso al proyecto de ley de educación del Gobierno para permitir la eliminación del castellano como lengua vehicular en los colegios de las comunidades que tienen otro idioma cooficial.

"Pero si con vosotros gobernando con mayoría absoluta ya se violaban los derechos de nuestros hijos en Cataluña y en otras comunidades", ha espetado a los 'populares', recordando que cuando el Ejecutivo de José María Aznar pactó con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, "ese atropello ya se empezaba a hacer de manera extraoficial" y actualmente "se produce cada día".

Según Arrimadas, lo que pretende hacer ahora el Gobierno de Sánchez junto a Esquerra es blindar por ley que en determinados lugares no se pueda escolarizar a los niños en castellano. Ciudadanos, ha agregado, peleará "hasta el final" para que no se incluya en la 'ley Celaá' y, si se aprueba, acudirá al Tribunal Constitucional y a la Unión Europea.

Tras recalcar que Cs es "el único partido que no claudica ni claudicará ante el nacionalismo", ha dejado claro que, en lo que se refiere a la defensa del castellano, nunca han "blandeado" ni se han "vendido por cuatro votos".

La también portavoz en el Congreso de los Diputados ha rechazado la reforma educativa de la ministra Isabel Celaá porque, a su juicio, solo contiene "concesiones al separatismo, ideología y una gran sombrilla para tapar el fracaso escolar", en vez de combatir este problema, acabar con la brecha digital o garantizar la calidad de la educación.

JUSTIFICA EL APOYO AL ESTADO DE ALARMA

Por otro lado, ha asegurado que Ciudadanos es una formación política "coherente" que ofrece desde la oposición la misma colaboración que pide a otros partidos en los lugares donde gobierna, como comunidades autónomas y ayuntamientos.

Asimismo, "somos útiles en Europa", donde "vamos a frenar muchas de las cacicadas del Gobierno", ha resaltado, apuntando que ya denunciaron el intento de reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial.

La presidenta del partido naranja también ha justificado el apoyo que dieron al estado de alarma en la votación de finales de octubre en el Pleno del Congreso, defendiendo que fueron responsables porque estaban en juego "vidas humanas", mientras otros "ni están ni se les espera".

¿Os imagináis que votamos en contra o nos abstenemos, poniendo en peligro que pueda salir adelante el estado de alarma, cuando los presidentes autonómicos estaban pidiendo una herramienta para actuar porque el Gobierno de España no actúa?", ha planteado, volviendo a reclamar al Gobierno central que "tome el toro por los cuernos" estableciendo medidas para toda España que frenen al virus.

CARRIZOSA Y CANTÓ RESPALDAN LA ESTRATEGIA

Por su parte, Carrizosa y Cantó han expresado su respaldo a la estrategia liderada por Arrimadas y han afirmado que la búsqueda de acuerdos es algo que caracteriza la actuación de Ciudadanos en toda España.

El líder de Cs en el Parlament y candidato a las próximas elecciones catalanas ha reivindicado "la sensatez, la moderación y el sentido de la utilidad" y ha subrayado que en Cataluña seguirán luchando contra las "lacras" del nacionalismo, la corrupción de los partidos independentistas y la exclusión del castellano en la educación.

Además, ha aprovechado para insistir en una coalición electoral de fuerzas "constitucionalistas" con el PP y el PSC como alternativa al nacionalismo para superar la crisis económica, "volver a unir a los catalanes y restablecer los vínculos con el resto de españoles".

El portavoz en las Cortes Valencianas ha dicho que le satisface pertenecer a un partido que tiene "un lenguaje duro contra el nacionalismo y el populismo y que denuncia la corrupción y lo que hace mal Sánchez" y, al mismo tiempo, es capaz de pactar medidas con los gobiernos para que "no se suban los impuestos o los autónomos reciban ayudas".

En relación con la política lingüística, Cantó ha censurado que en la Comunidad Valenciana se exija el conocimiento del valenciano a quienes quieren ocupar una plaza de médico. A su modo de ver, lo único que consiguen las "imposiciones" del nacionalismo es "empobrecer" a la sociedad.

El secretario general de Salud de la Generalitat, Marc Ramentol, ha asegurado este viernes que su departamento "asistirá de cerca" a los centros educativos en el proceso de automuestras de las pruebas PCR que se realizarán los alumnos a partir de la ESO cuando se detecte un caso positivo de coronavirus en su grupo burbuja.

Lo ha explicado en rueda de prensa junto al coordinador de la unidad de seguimiento del Covid-19 en Catalunya, Jacobo Mendioroz, poco después que el conseller de Educación, Josep Bargalló, afirmara que habrá sanitarios presentes en los centros cuando los alumnos y profesores se hagan las pruebas.

Ramentol ha concretado que este acompañamiento será por profesionales sanitarios, no necesariamente médicos o enfermeras, y ha añadido que estará supeditado a la transición que "requiera el ámbito educativo para tener plena seguridad" en el proceso.

De hecho, esta supervisión está "orientada al desarrollo de la técnica" entre alumnos y profesores a partir de la ESO, mientras que en los ámbitos educativos de Infantil y Primaria se mantendrán los cribados como hasta ahora.

Ha defendido que es una técnica de "realización sencilla", con la introducción del escobillón --dos centímetros-- en cada una de las fosas nasales, y que mantiene tanto el mismo proceso de obtención (frotis nasal) como el mismo tipo de prueba (PCR).

Ramentol ha argumentado que, dada la situación actual de mitigación franca --en la que no se puede garantizar la trazabilidad de casos y de sus contactos debido al impacto asistencial-- y al aumento de contagios en entornos "mucho más vulnerables", ha obligado a reorientar profesionales para la detección de casos.

Sin embargo, ha reivindicado que para el departamento "es una práctica que tiene un valor importante" por lo que para continuar realizando los cribados en las burbujas han tenido que hacer este cambio organizativo.

Castilla y León contabiliza un total de 98.800 positivos por coronavirus, de ellos 2.198 nuevos, según datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas de este viernes registran, asimismo, 28 fallecimientos en hospitales, mientras que el total en este ámbito es de 3.026 defunciones. Por su parte, las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 13.994, tras sumarse otras 164.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 754 y los casos positivos a ellos vinculados, 6.597. De ellos, Ávila contabiliza 96, cuatro más; Burgos, 51, seis más; León, 29, ocho más; Palencia, 66, tres menos; Salamanca, 93, cuatro menos; Segovia, 86, uno menos; Soria, 57, dos más; Valladolid, 216, nueve más, y Zamora 60, 12 menos que ayer.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 98.800 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 2.198 más. Según los datos de la Administración regional, 92.162 positivos han sido diagnosticados en test PCR y de antígenos.

LA PROVINCIA DE VALLADOLID SUMA 732 POSITIVOS

Por provincias, Valladolid es la que acumula más positivos, con 732 más y un total de 21.832; seguida de León con 343 y 15.821; Burgos con 375 y 15.729; Salamanca con 242 y un total de 15.323; Segovia con 60 nuevos y 7.146; Palencia con 111 y 6.563; Ávila con 127 y 5.935; Zamora con 129 y 5.823 y Soria con 79 nuevos y 4.628.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 3.026, 28 más que en la jornada anterior. La mayor parte se registra en la provincia de León con 627 --siete más--, le sigue Valladolid con 602 --tres más--; a continuación figura Salamanca, con 525 --siete más--; Burgos, con 328 --dos más--; Segovia se sitúa en 241 --los mismos--; Ávila registra 198 --uno más--, Zamora 204 --seis más--, Soria 145 --uno más-- y Palencia suma uno más, hasta 156.

En el caso de las altas, un total de 13.994, se han computado 3.319 en Valladolid; 2.547 en León; en Salamanca 2.165; en Burgos 1.737; en Segovia 1.108; en Ávila 959; en Zamora 854; en Palencia, 718 y en Soria 587.

UN TOTAL DE 16 HOSPITALIZADOS MÁS

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo del COVID-19 un total de 1.693 personas --16 más--. Del total, 1.479 pacientes se encuentran en planta --siete más-- y 214 en unidades de críticos --nueve más--.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 65 por ciento de las camas en unidades de críticos, dos puntos porcentuales más.

Así, se informa de 40 ingresados en el Complejo Asistencial de Burgos, 34 en el Clínico Universitario de Valladolid, 29 en el Complejo de Salamanca, 26 en el Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana, 25 en el Complejo Universitario de León, 22 en el Complejo de Palencia, diez en el Complejo de Zamora, nueve en el de Ávila, ocho en el Hospital de El Bierzo, seis en el de Soria y cinco en el Complejo Asistencial de Segovia.

QUINCE RESIDENTES MÁS FALLECIDOS

Por su parte, la cifra de internos de residencias fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúa en 3.026 --15 más que en el último parte emitido este jueves-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 1.921 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, 15 más, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, los mismos que en la jornada anterior.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.026 finados, 1.858 personas han perdido la vida en su residencia o centro, cuatro más que ayer, mientras que 11 personas más han fallecido en el hospital, hasta un total de 1.168.

Un total de 54 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, 12 menos, y 1.606 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 159 menos.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se mantiene en 260, de ellos 143 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles. Además, se encuentran hospitalizados 34 residentes, tres menos, mientras que suben a 851 los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, 23 más.

Por otro lado, hay dos residentes en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, los mismos, y 194 aislados de forma preventiva sin síntomas, 24 más.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha afirmado este viernes durante un encuentro con la prensa que no se siente "concernida" ni cree que personalmente deba apartarse por afectación directa o indirecta en el caso 'Tándem' -que investiga las supuestas actividades irregulares del excomisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo--, por la relación que mantiene con Baltasar Garzón, cuyo bufete defiende a varios imputados en esta causa.

Delgado ha sido preguntada directamente por esta cuestión, dado que participó en el Consejo Fiscal tras el cual se apartó a uno de los fiscales del caso, Ignacio Stampa, tras no poder formalizar su plaza en Anticorrupción.

Como respuesta, se ha limitado a explicar que ella no interviene directamente como fiscal en ninguna causa, aunque despache habitualmente con los fiscales jefe como es el caso de Alejandro Luzón, jefe de Anticorrupción. "Eso no quiere decir que yo intervenga en modo alguno", ha dicho.

Durante el encuentro con la prensa, Luzón ha anunciado la incorporación de un nuevo fiscal, César de Rivas, que formará parte junto Miguel Serrano, del equipo que asume todas las piezas de 'Tándem', que investiga las actividades presuntamente irregulares del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.

Sustituirá así al defenestrado Stampa sin perjuicio de que los equipos puedan contar con refuerzos puntuales de otro casos a fin de que las próximas celebraciones de juicios orales en las distintas piezas separadas no interfieran en la tramitación de otras causas.

El pasado día 27, la fiscal General del Estado rechazó otorgar una las nuevas ocho plazas fijas en Anticorrupción Stampa, lo que supuso dejarle fuera de esta fiscalía especial y de todos los casos en los que estaba participando hasta el momento.

Stampa, cuestionado por su presunta relación con una de las abogadas de Podemos en la pieza 'Dina' de la macrocausa sobre Villarejo, ejercía en comisión de servicios y ahora deberá abandonar esta investigación y volver a sus puestos en la Fiscalía de Madrid.

La decisión de Delgado vino respaldada por el Consejo Fiscal, que se había reunido este martes para estudiar estás y otras plazas clave en la cúpula fiscal. Ninguno de los vocales de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal apoyó a Stampa ni a su compañero en el 'caso Villalrejo' Miguel Serrano, si bien éste se queda finalmente en Anticorrupción al haber obtenido el aval de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Por esta razón, Delgado le incluyó en la propuesta de ocho nuevos fiscales que obtienen plaza.

Ni Stampa ni Serrano eran titulares de una plaza fija del departamento dirigido por Alejandro Luzón, por lo que la decisión del Consejo era de gran trascendencia, ya que iba a suponer que pudieran seguir o no investigando a Villarejo.

Delgado apareció en una de las grabaciones realizadas por el propio Villarejo encontradas en registros enmarcados en el sumario de 'Tándem' . Por este motivo fuentes fiscales opinaban que ésta debería abstenerse en el Consejo de cualquier decisión que pueda afectar a los fiscales del caso, algo que no ocurrió finalmente.

El diputado de Teruel Existe al Congreso, Tomás Guitarte, ha destacado este viernes que con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 "conseguimos desbloquear toda esa línea de proyectos estratégicos para la provincia que va a permitir, progresivamente, mejorar la accesibilidad al territorio y, también, las telecomunicaciones".

Guitarte se ha reunido con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para negociar sobre los PGE. Ha señalado que "dan cumplimiento al acuerdo de investidura que Teruel Existe firmó con el PSOE", resaltando que las inversiones previstas en la provincia aumentan un 20 por ciento.

Teruel Existe ha reclamado al Ministerio de Hacienda más inversión en el reequilibrio territorial y la lucha contra la despoblación, ya que solo hay 19 millones en partidas específicas para el Reto Demográfico, de los cuales 2 son para el funcionamiento de la Secretaría General de Reto Demográfico y quedarían solo 17 para proyectos.

Guitarte ha transmitido que "es una cantidad muy insignificante". El diputado ha señalado que van a estudiar el presupuesto para contrastar "lo que se nos comenta, que no sólo son estas partidas sino que cada Ministerio, a su vez, tiene acciones transversales contra la despoblación".

Asimismo, ha considerado necesario evaluar y contrastar las partidas con un análisis transversal en cada departamento, de forma que se puedan conocer, con rigor, qué recursos se va a destinar en estos presupuestos a uno de los ejes que el Gobierno identifica como prioritario porque se "plantean cuatro ejes transversales prioritarios y uno de ellos es la cohesión territorial y social; creemos que debe constar esa inversión presupuestaria en proporción a la importancia que tiene".

Además ha recordado que en junio el Congreso aprobó la moción de Teruel Existe, sin ningún voto en contra, para impulsar dos medidas: el Plan de Reactivación de las zonas despobladas y el Pacto de Estado 'Hacia una España vertebrada. Por el equilibrio territorial, la sostenibilidad y el reto demográfico, en la España Vaciada'.

El Ministerio de Hacienda le ha transmitido que gran parte de la inversión para la lucha contra la despoblación vendrá de los proyectos de recuperación, de los cuales se destinará 2.500 millones al Reto Demográfico, y Guitarte ha incidido en que "si eso es así serán medidas adicionales importantes, pero este presupuesto debe contar ya con acciones suficientes".

Guitarte ha concluido informando de los próximos pasos que van a dar: "La mayoría de nuestras enmiendas irán encaminadas para apoyar el destino de fondos a la lucha eficiente contra la despoblación porque todos estamos convencidos de que hay que pasar ya de las palabras a los hechos y se han de producir inversiones reales encaminadas a solucionar uno de los problemas más graves que tiene el país en las últimas décadas".

SALTO CUALITATIVO

El diputado de la agrupación de electores ha puesto de relieve que los PGE de 2021 suponen "un salto cualitativo", indicando que "todo había quedado tan bloqueado en las pasadas legislaturas que, ahora mismo, la paralización impedía avanzar en la planificación y por ello era prioritario reiniciar el procedimiento de muchos proyectos".

Desde Teruel Existe "perseguimos que se entienda como una cuestión de todo el Estado, en conjunto, la necesidad de implicarse de lleno en la lucha contra el problema de la despoblación, así como la responsabilidad política de apostar por el reequilibrio territorial, tanto a nivel nacional como intrarregional".

En la reunión también han dialogado sobre las medidas especiales, a través de ayudas estatales, que permite la Unión Europea para las dos provincias más afectadas por la despoblación en España: Teruel y Soria.

Guitarte ha agradecido el compromiso de la ministra, en el Senado, para que en 2021 puedan concederse ayudas de funcionamiento a las empresas en las provincias reconocidas por la Unión Europea y ha recordado que "Soria y Teruel, por su baja densidad de población, fueron reconocidas ya hace años por la Comisión Europea al mismo nivel que las demarcaciones septentrionales despobladas de Europa, como Laponia en Finlandia o Escocia en Reino Unido, con objeto de poder recibir ayudas que dinamicen su desarrollo.

SOLUCIONES

Ha subrayado que Teruel Existe lleva 20 años trabajando en la búsqueda de soluciones, recordando que en 2001 viajaron a Bruselas para comunicar a la Comisión Europea que en España había un grave problema de despoblación que no se estaba corrigiendo y que los Fondos de Cohesión de la UE "podrían estar produciendo una convergencia de España con respecto a Europa más aparente que real".

El diputado ha recordado que conseguir ese reconocimiento a nivel europeo "es una lucha de todos los afectados y están trabajando por ello las tres comunidades autónomas --Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha-- más afectadas, las organizaciones empresariales y entidades".

A su juicio, "entre todos debemos hacer ese camino, de forma que el reconocimiento que hay ya a nivel de Europa, de un problema en el Sur igual de grave que en el Norte, se traduzca en ayudas realmente importantes, imprescindibles y apremiantes para el desarrollo de estos territorios".

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este viernes que es necesario "un centro que combata las 'fake news'" pero que este no puede depender "de quien más sabe de desinformación, Iván Redondo (director del Gabinete del presidente del Gobierno), que dirige y coordina los bulos".

Para Almeida, "es necesario un centro que combata a las 'fake news' en redes sociales, pero no puede depender ni del Gobierno ni de Iván Redondo, es intolerable". "Es quien coordina y dirige los bulos y por tanto quien mejor conoce lo que es la desinformación", ha manifestado tras acudir en la Real Casa de Correos al acto en homenaje a la Hostelería.

A este respecto ha reiterado que "no hay tanto que poner en duda generar mecanismos contra las 'fake news' como el mecanismo establecido por este Gobierno".

El Boletín Oficial del Estado publicaba este jueves una orden ministerial que recogía un procedimiento de actuación contra las conocidas como 'fake news' mediante el cual el Ejecutivo monitorizará la información y podrá solicitar la colaboración de los medios de comunicación para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiga influir en la sociedad con fines interesados y espurios.

El también regidor madrileño ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "tiene cierta tendencia al nepotismo" y que "los principios de mérito y capacidad no son los que han guiado a su personal directivo",

"Ahora, eso sí. Han tirado de profesionalidad y han elegido a un experto para saber cómo se tiene que llevar. De ningún sitio han salido tantos bulos en el último año como del Palacio de la Moncloa", ha lanzado a continuación.

Entiende Almeida que se trata de un Gobierno "que cuando ve que puede haber una institución que ejerza de contrapoder van a por ella; está intentando nombrar a miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al margen de las mínimas exigencias democráticas, y ahora pretende amordazar a la prensa".

Vox ha registrado este viernes ante el Tribunal Constitucional su recurso al estado de alarma aprobado por el Gobierno y la prórroga de seis meses avalada por el Congreso de los Diputados, que ve como "la punta del iceberg" de una deriva "totalitaria y dictatorial" del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

El líder del partido, Santiago Abascal, y la secretaria general del grupo parlamentario en el Congreso, Macarena Olona, han sido los encargados de llevar el recurso al Tribunal Constitucional, en cuyas inmediaciones se agolpaban unas decenas de simpatizantes acompañados de banderas de España.

Abascal ha advertido de las consecuencias de este estado de alarma "con pretensiones de perpetuidad", que cree que solo es un paso más en la "deriva totalitaria" de un Gobierno "de socialistas y comunistas que cuenta con el apoyo de terroristas y el golpismo separatista".

En concreto, Vox ha presentado ante el Tribunal Constitucional dos recursos --de inconstitucional y de amparo-- para que el segundo de ellos permita la suspensión inmediata del estado de alarma sin necesidad de esperar a la resolución del recurso de inconstitucionalidad.

ESTADO DE DESCONCIERTO Y CAOS

En el texto, según ha explicado Olona, los diputados de Vox aseguran ser conscientes de la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para responder a la emergencia sanitaria generada por el coronavirus, pero sostienen que nunca puede hacerse al margen de la Constitución. "La lucha contra la pandemia en ningún caso puede suponer la derogación de la democracia y una degradación de la misma", ha defendido.

Entre otras cuestiones, el recurso rechaza la decisión del Gobierno nombrar a los presidentes autonómicos como autoridad delegada, generando a juicio de Vox "un auténtico estado de desconcierto y caos".

El partido considera que el Ejecutivo central es el único competente y no puede quedar en manos de las comunidades autónomas las medidas a aplicar ni su ámbito territorial, permitiendo que cada presidente aplique el estado de alarma "a su libre albedrío" y generando con ello una situación de "inseguridad jurídica" a los ciudadanos.

RODILLO PARLAMENTARIO

Además, rechaza la prórroga de seis meses aprobada por el "rodillo mayoritario" del Congreso y la decisión de que el presidente del Gobierno solo comparezca cada dos meses ante el Pleno de la Cámara para dar cuenta de su evolución y el ministro de Sanidad lo haga mensualmente ante la Comisión de Sanidad.

En concreto, Vox señala que este nuevo estado de alarma vulnera los artículos 17, 19, 21 y 25 de la Constitución, relativos a derechos como los de libre circulación y residencia, derecho de reunión y manifestación o libertad y seguridad.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha confirmado este viernes que su partido acudirá a las instancias europeas por el "ataque a la democracia" que, a su juicio, supone la "orden que va a controlar la información de la prensa y las redes sociales" para combatir la desinformación y las 'fake news". Según ha recalcado, un Ejecutivo que ha "mentido" con los fallecidos por coronavirus y las previsiones económicas "no está para velar por quién dice una mentira" o para "controlar" a los medios.

Así se ha pronunciado Casado desde Barcelona, tras reunirse con la patronal catalana Foment del Treball, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicase este jueves una orden que aprueba un procedimiento de actuación contra las 'fake news' mediante el cual monitorizará la información y podrá pedir colaboración a los medios de comunicación.

El PP ya ha exigido la retirada de esa orden ministerial y ha solicitado además la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta Carmen Calvo y del jefe de gabinete de Presidencia, Iván Redondo, para que informen sobre este plan que, según los 'populares', es un "escándalo". Además, han avanzando que están dispuestos a ir a Europa si el Gobierno no rectifica.

"UN MINISTERIO DE LA VERDAD"

Casado ha recalcado que la orden del Gobierno es "una medida orwelliana". "Es un Ministerio de la Verdad, es un ataque a la democracia que vamos a recurrir en las instituciones europeas", ha manifestado.

En este sentido, el presidente del PP ha subrayado que el Gobierno "no está para decir lo que es mentira" y ha señalado que "lo que tiene que hacer es decir la verdad" y no vetar a los medios de comunicación.

"El Gobierno no está para velar por quién dice una mentira. El Gobierno lo que tiene que hacer es decir él la verdad. Y un Gobierno que ha mentido con la cifra de fallecidos, que ha mentido con las previsiones económicas y con las alertas para luchar contra la pandemia no puede ser él quien tiene que vigilar las redes sociales de los ciudadanos ni controlar a los periodistas y a la prensa libre", ha enfatizado.

Casado ha asegurado que el PP "velará por la libertad de prensa y los derechos fundamentales", igual que hizo ya su partido cuando acudió a Europa para defender la independencia judicial con la reforma expréss de PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria en la elección del CGPJ y está dispuesto a hacer también ahora para "velar por el derecho fundamental a la libertad de educación".

INTENSA AGENDA DE CASADO EN CATALUÑA

Casado, que ha estado acompañado por el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, mantiene una intensa agenda este viernes en Barcelona. Aparte de verse con Foment del Treball, ha visitado la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde ha analizado con el presidente de esta institución, Jaime Malet, las elecciones norteamericanas, las relaciones trasatlánticas y la necesidad de renegociar los aranceles a productos españoles.

Esta tarde, Casado y Fernández se reunirán con diferentes entidades que defienden el bilingüismo en Cataluña, entre las que se encuentran Universitaris per la convivencia, el sindicato AMES, S'ha Acabat, la Asociación Escuela Bilingüe, Impulso Ciudadano y Profesores por el Bilingüismo.

La Asociación nacional de estudiantes Con la Libertad se ha presentado públicamente este viernes 6 de noviembre ante la sede del Ministerio de Educación en Madrid para "suspender" la gestión de la ministra del ramo, Isabel Celaá, y la ley orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como 'ley Celaá', por "cargarse" la libertad de elección de centro de los padres y por "vender" el castellano "por trece votos" al eliminarla como lengua vehicular.

En declaraciones, el coordinador de la asociación, Pablo Arévalo, ha criticado que la ministra haya aprovechado el confinamiento para tramitar una ley "sin contar con la comunidad educativa". Una ley que, según sus palabras, mata a los centros privados de 0-3 años pero también a los colegios concertados para "generar división en la sociedad".

El coordinador también ha arremetido contra la 'ley Celaá' por la promoción de los estudiantes de primaria, ESO y bachiller que podrán pasar de curso con alguna asignaturas suspendidas. "¿Qué futuro puede tener España si no se educa correctamente a las generaciones futuras?", ha lamentado Arévalo.

Sobre la eliminación del castellano como lengua vehicular, ha asegurado que "esto no se puede permitir" porque ha "vendido una lengua de más de 580.000 millones de hablantes por trece votos de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)". Por ello, ha especificado que se ha puesto en marcha esta asociación, para que los estudiantes sean "el altavoz de estas reivindicaciones".

"Estamos hartos de estar representados por los de siempre. Creemos que es el momento de dar voz al resto de universitarios que tenemos como objetivo la libertad en todas sus vertientes", ha subrayado.

El coordinador también ha señalado que la ley no soluciona la peculiaridad de la Prueba de Acceso a la Universidad, que "continúa siendo diferente según la comunidad autónoma en la que se viva". Asimismo, Arévalo ha responsabilizado a la ministra Celaá de implantar nuevas asignaturas de "carga ideológica" con el objetivo de "cultivar votantes".

CASTELLS, "FALTA DE ASISTENCIA"

Por otra parte, también ha denunciado la gestión del Ministro de Universidades, Manuel Castells, al que también han "suspendido" y "puesto falta de asistencia" porque, a su juicio, tras el confinamiento "ha abandonado a los universitarios" y, según Arévalo, solo se le ha podido ver durante la moción de censura contra el Gobierno.

Antes de abandonar el Ministerio de Educación, Pablo Arévalo y sus compañeros de la asociación han podido charlar con la portavoz del grupo popular, Cuca Gamarra, y la portavoz de educación del PP, Sandra Moneo, a las que les han asegurado que han nacido porque la "crispación viene de lejos" y porque van a luchar por "combatir la ley Celaá en primer lugar" y hacer frente a "cualquier ataque que se produzca contra la educación".