La Consejería de Sanidad ha decretado medidas especiales nivel 2 en toda Castilla-La Mancha excepto en los municipios que actualmente tengan medidas nivel 3.

Entre las semanas epidemiológicas 43 y 44 se han declarado en Castilla-La Mancha un total de 2.306 casos de COVID-19 en personas con 65 y más años de edad (21,8% del total) lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 596,7 casos/100.000 habitantes mayores de 64 años, ha informado la Junta en nota de prensa.

La tasa de incidencia acumulada en las semanas 42 y 43 (200 y 300 casos por 100.000 habitantes respectivamente), la incidencia acumulada en los últimos 14 días (próxima a los 600 casos por 100.000 habitantes), la razón de tasas de incidencia con tendencia ascendente de la semana 42 a la 43 (+44%), las elevadas tasas de incidencia en personas con 65 y más años de edad (incidencia acumulada en los últimos 14 días en torno a 600 casos por 100.000 habitantes), el crecimiento tan acusado de la incidencia en este grupo de edad (+78% de una semana a otra), el peso relativo de este grupo de edad sobre el total de casos (21,8%), el elevado porcentaje de pruebas diagnósticas positivas y la situación de los indicadores de ocupación hospitalaria, se sitúan claramente muy por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha.

Estos indicadores ponen de manifiesto que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria, lo que exige la adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.

Por todo ello, se propone aplicar en todos los municipios de Castilla-La Mancha las medidas de Nivel 2 descritas en el documento general de medidas de control en municipios y zonas de Castilla-La Mancha.

Mantener estas medidas durante un mínimo de 10 días a partir de la aprobación de este informe, prorrogables en función de la evolución de la situación epidemiológica.

Los municipios de la Castilla-La Mancha que en el momento de aprobación de esta propuesta se encuentren en un Nivel 1 en las medidas de control pasarán de forma automática al Nivel 2.

Los municipios de la Castilla-La Mancha que en el momento de aprobación de esta propuesta se encuentren en un Nivel 3 en las medidas de control se mantendrán en este nivel hasta que no se observe una mejoría en sus indicadores epidemiológicos.

Es necesario mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos, tanto a nivel regional como municipal y provincial, ante la posibilidad de que, si no se observara una mejoría sensible, hubiera que reforzar las medidas establecidas o, en el caso de que se observara alguna situación de mayor riesgo aplicar medidas específicas.

JxCat proclamará el 29 de noviembre su candidato que "optará a la Presidencia de la Generalitat" en las elecciones catalanas previstas el 14 de febrero, tras haber participado en un proceso de primarias, a la espera de que el expresidente catalán Carles Puigdemont aclare si concurrirá en ellas.

El reglamento, que se aprobará este domingo, establece que las primarias de JxCat se celebrarán en una doble urna: la primera para elegir el "candidato que optará a la presidencia de la Generalitat", y la segunda para designar las personas que ocuparán los principales puestos en cada circunscripción, como los cabezas de lista.

Una vez se apruebe el texto, empezará el proceso de elección del presidenciable, y la presentación de candidaturas para concurrir a la segunda urna no empezará, como mínimo, hasta el día después de dicha proclamación.

Este punto abre la puerta a que los posibles candidatos que no sean elegidos como candidatos a la presidencia de la Generalitat en la primera urna puedan concurrir a las primarias por las circunscripciones.

A la espera de que Puigdemont aclare si se presentará a las primarias para ser el candidato a la Generalitat, hasta el momento en esta carrera se han postulado públicamente la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet.

Sin embargo, Calvet añadió recientemente que no se presentará al puesto si Puigdemont quiere liderar JxCat en las elecciones catalanas, y optaría entonces por presentarse para ocupar otros puestos por debajo de la candidatura.

En el reglamento, JxCat recoge que quieren que el proceso de configuración de las listas sea "democrático y plenamente transparente" en relación a la participación de los afiliados en las decisiones que se tomen, y que se garantice la paridad de género con el sistema de listas cremallera y el equilibrio territorial.

CIRCUNSCRIPCIÓN ÚNICA

Para la elección del presidenciable, la circunscripción será única en toda Catalunya y, además de los afiliados, los simpatizantes que lo soliciten podrán ser candidatos si así lo aprueba la Ejecutiva.

Así, desde el lunes hasta el miércoles podrán presentar su candidatura y deberán lograr 100 avales de afiliados, y una vez los alcancen y se compruebe su validez se cerrará el mecanismo de recepción de nuevos avales.

El 16 de noviembre está previsto que se validen y haya la proclamación de candidaturas, que podrán hacer campaña hasta la votación y proclamación del candidato.

SEGUNDA URNA

En relación a la urna para elegir a los integrantes de las cuatro circunscripciones electorales (Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona), también podrán presentarse a las primarias los afiliados y los simpatizantes que lo soliciten, si lo aprueba la Ejecutiva, pero en este caso no se requerirá presentar avales.

El proceso servirá para elegir las personas que ocuparán los tres primeros puestos para la circunscripción de Lleida y Tarragona, las cuatro primeras posiciones de Girona, y en Barcelona se escogerán, bajo el mismo criterio, las ocho personas inmediatamente posteriores al que haya sido elegido cabeza de lista para presidir la Generalitat.

Según el reglamento, cada afiliado podrá votar un máximo de dos personas en Lleida y Tarragona, tres en Girona y seis en Barcelona, y las candidaturas se ordenarán siguiendo el criterio de mayor a menor número de votos obtenidos, y sólo se podrá modificar por la Ejecutiva de JxCat para garantizar la paridad y la ordenación en cremallera.

La dirección completará la lista en cada una de las circunscripciones una vez se hayan proclamado los resultados de ambas urnas en base a diversos criterios, como son el apoyo que hayan tenido las personas que no hayan sido designadas automáticamente como integrantes de la candidatura, la paridad, la pluralidad ideológica, el equilibrio territorial y la diversidad profesional y generacional, entre otros.

En relación a los dos últimos puestos de cada lista, la dirección se reserva el derecho a incorporar los nombres que considere por ser "posiciones simbólicas" en que se sitúan a personas de especial proyección y prestigio.

SINDICATURA ELECTORAL

El documento también prevé la constitución de la Sindicatura Electoral, que estará integrada por cuatro personas a propuesta de la dirección, y que estará presidida por un miembro de la Ejecutiva que tendrá voto dirimente en caso de empate.

El órgano será responsable de la creación, publicación y cierre del censo electoral, formado por los afiliados al corriente de pago de JxCat, así como del recuento de voto, el archivo de las actas de votación y la proclamación provisional y definitiva de resultados, entre otras funciones.

La votación será secreta, personal e intransferible, salvo la de los presos del 1-O que podrán hacerlo a través de terceras personas.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que la situación actual en los hospitales y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por pacientes con coronavirus "todavía no es grave", aunque ha reconocido que las tasas son "elevadas" para ser una sola enfermedad.

Actualmente, el porcentaje de camas hospitalarias ocupadas por pacientes con Covid-19 se sitúa en el 16,35 por ciento y en las UCI en el 29,20 por ciento, si bien existen diferencias entre comunidades autónomas. Y es que, por ejemplo, en cuanto a las Unidades de Cuidados Intensivos en La Rioja el porcentaje se sitúa en el 56,67 por ciento y en Aragón en el 50,22 por ciento, mientras que en Canarias está en el 10,84 por ciento y en Galicia está en el 11,33 por ciento.

"Parece que los incrementos de casos son más lentos que hace unos días, si bien esto no afecta por ahora a la presión del sistema asistencial, la cual está siendo muy importante. Las tasas de ocupación en UCI son muy elevadas para una sola patología", ha dicho Simón, tras señalar que, hasta ahora, la mayor parte de las comunidades autónomas han conseguido mantener su actividad asistencial rutinaria programada.

Dicho esto, y respecto al perfil de los pacientes que están en una UCI por Covid-19, Simón ha comentado que en las últimas semanas se está produciendo un aumento en la edad media de estos enfermos, al tiempo que ha explicado que entre los fallecidos, la edad es superior a la que se observó en la primera ola de la pandemia situándose en la actualidad en los 86 años, frente a los 83 de los primeros meses de incidencia del virus en España.

Finalmente, Simón ha asegurado que la transmisión del Covid-19 se puede reducir si "entre todos" se hacen "las cosas bien". "Soy optimista en el hecho de que entre todos se pueda reducir la transmisión y, si lo logramos antes de que llegue la vacuna, tendremos menos riesgo de confinamientos domiciliarios o de medidas mucho más drásticas de las actuales", ha zanjado.

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, ha reconocido este jueves que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) tiene una "gran carencia de personal" porque los sueldos que ofrece son muy bajos, hasta el punto de que un 76% de las plazas de responsable de proyectos en el exterior está vacante.

En el conjunto de la plantilla, dentro y fuera de España, ha cifrado las vacantes totales en un 26 por ciento. "Las retribuciones son malas, las retribuciones en el exterior son muy malas, están muy por debajo de las retribuciones de nuestros socios y de otros funcionarios o altos contratados del Instituto Cervantes", ha explicado.

Así lo ha señalado durante una comparecencia en la Comisión de Cooperación al Desarrollo del Congreso de los Diputados para exponer los presupuestos de ayuda al desarrollo para 2021 y en la que, además, ha animado a los diputados a participar en la reforma de todo el sistema de cooperación, incluida la propia AECID y las condiciones de su personal, teniendo en cuenta que el déficit "dificulta la ejecución del presupuesto".

"El problema de sus condiciones laborales no es exclusivamente económico y requiere de apoyo político para dignificar su trabajo en el exterior", ha argumentado. El problema en la sede central en Madrid, ha detallado también, es que los complementos específicos que ofrece son más bajos que otro departamentos de la Administración y no resulta "nada atractivo. De hecho, los gastos de personal de la Agencia caen un 1,9 por ciento en 2021, hasta 42,67 millones de euros.

"No conseguimos retener el talento, cuando están formados se van a otras cooperaciones", ha respondido ante la sugerencia de Sara Giménez (Ciudadanos) de potenciar las becas.

Moreno Bau ha presentado en el Congreso un proyecto de PGE que prevé destinar 2.766 millones de euros a ayuda oficial al desarrollo (AOD) en 2021, un 19,5 por ciento más que en las cuentas de 2018. Con esas cifras, el Gobierno estima que, con lo que destinarán comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades, se alcanzarán 3.114,97 millones de AOD, el 0,25 por ciento de la Renta Nacional Bruta (RNB).

AÚN NO SE CONOCE LA APORTACIÓN DE LAS CCAA

Sin embargo, en lo que no procede de la Administración General del Estado, la previsión se basa en lo que estos organismos dedicaron a AOD en 2020 --las comunidades autónomas 241 millones, las entidades locales 97,2 millones y las Universidades 10,2 millones-- porque al no haber aún Presupuestos las comunidades no saben qué transferencias van a tener y qué AOD van a poder aprobar.

Las cifras constan también en un informe remitido a la Cámara sobre la ayuda oficial al desarrollo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

"Creo honestamente que no es un mal dato de partida si tenemos en cuenta que es significativamente superior al de 2018, que fue del 0,22%, y si tenemos en cuenta una vez más la situación en la que nos encontramos", ha defendido Moreno Bau en su presentación. El Gobierno mantiene su plan de alcanzar el 0,5 por ciento de la RNB al final de la legislatura.

De la partida que aporta al Gobierno en los PGE, el grueso corresponde al Ministerio de Hacienda, 1.156,75 millones, el 41,81%, porque es el que canaliza las contribuciones obligatorias a la UE para su presupuesto de cooperación.

En segundo lugar están las partidas del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, 788,29 millones de euros, un incremento de un 22,86% respecto a los PGE base 2020. El de Asuntos Económicos y Transformación Digital aporta 424,11 millones en contribuciones a organismos financieros multilaterales de desarrollo y 2,64 millones a operaciones de alivio de deuda externa.

Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destinará 340,81 millones, mayoritariamente a la atención a los refugiados en su primer año en España, lo que computa como AOD según los criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. El resto de ministerios gestionan 51 millones de euros de AOD.

Moreno Bau ha incidido en la siutación creada por la pandemia, que "está impactando gravemente en las personas, comunidades y países en situación de mayor pobreza, exclusión y vulnerabilidad" y además "puede hacer retroceder lustros" en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

"Aunque estemos aún lejos del objetivo que nos hemos marcado, este presupuesto supone el mayor incremento desde el inicio de la crisis económica", ha remarcado. Sin embargo, tanto ERC como Junts han criticado lo que consideran una ayuda "inflada" por incluir partidas como atención a los refugiados.

Dentro de la partida de Exteriores, el presupuesto de su Secretaría de Estado alcanzará 293 millones de euros, de los que 200 corresponderán a fondos rembolsables del fondo FONPRODE. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo gestionará una AOD de 256,15 millones y el Instituto Cervantes otros 57 millones.

El resto corresponderá a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica (165,2 millones en contribuciones voluntarias y obligatorias a organismos multilaterales), la de España Global (5,21 millones) por su aportación a la red de 'Casas' de diplomacia pública, la Subsecretaría (1,45 millones) y el mecanismo europeo de recuperación, con 9,43 millones.

31,5 MILLONES DEL IRPF Y SOCIEDADES

En el caso de la AECID, Moreno Bau ha detallado que el Estado aportará a su presupuesto 246,65 millones de euros (17,65 millones) más que en 20, de los que 31,56 millones son el presupuesto asignado inicialmente por la liquidación del 0,7% del IRPF para fines sociales y, como novedad en este ejercicio de la liquidación del 0,7% del Impuesto de Sociedades que se destinan a convenios y proyectos para ONGD.

Sin embargo, la AECID gestionará, además, 121,88 millones de euros de "cooperación delegada" europea --que no computa como AOD española-- lo que eleva su presupuesto total a 384 millones de euros, un 15,4 por ciento más. España es el tercer país de la UE que más cooperación europea gestiona, después de Alemania y Francia, a través de AECID, Cofides y FIIAPP.

El Gobierno calcula que de los 114.226 desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura que se estima fueron enterrados en fosas comunes sólo se podrán recuperar restos de entre 20.000 y 25.000 personas, según ha reconocido el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, quien también ha anunciado que se hará una página web sobre el Valle de los Caídos.

Durante su intervención ante la Comisión de Presupuestos para explicar las partidas de su Secretaría de Estado para 2021, Martínez López ha destacado que el presupuesto de 11,3 millones de euros con los que va a contar es "histórico" y demuestra la importancia que este Gobierno da a la memoria democrática.

El compareciente ha dado especial al Plan de Exhumaciones que va a poner en marcha el Ejecutivo, al que se destinará el 60% de esos 11,3 millones, y que, aunque lo liderará el Gobierno, se hará en colaboración con comunidades, ayuntamientos y diputaciones.

MUCHAS HAN DESAPARECIDO

Martínez López ha detallado que si bien los cálculos de organismos de Derechos Humanos estiman que pudo llegar a haber unas 114.226 desparecidas en fosas o incluso más, no se podrán recuperar los restos de todas ellas, entre otras cosas, porque han pasado 80 años y muchos de los enterramientos han desaparecido por causas climáticas.

A esto se añade que casi 500 fosas de republicanos fueron ya exhumadas entre 1959 y 1961 sin permiso de sus familiares para llevar los restos al Valle de los Caídos. Según ha explicado, entre el año 2000 y la actualidad se han abierto 777 fosas "con rigor científico" de las que se han sacado un total de 9.552 cadáveres, habiéndose podido identificar un tercio de ellos.

Martínez López ha indicado que la intención del Gobierno es iniciar los trabajos en las fosas que corren peligro de desaparecer, primar también aquellas para la que está todo el papeleo hecho y sólo falta empezar a excavar y dar prioridad a las más grandes, como la de Pico Reja (Sevilla), donde ya se trabaja, o la del Cementerio de Córdoba, donde hay enterradas entre 4.000 y 5.000 personas.

EXHUMACIONES EN EL VALLE

También ha confirmado que quieren exhumar del Valle de los Caídos los cuerpos que sean reclamados por sus familiares, siempre que sea "técnicamente posible". Además, se continuará con el plan de resignifación de este complejo, que contará con una página web, y se impulsará una investigación sobre el desplazamiento al mismo de 33.800 cadáveres.

Así, ha especificado que se destinarán 750.000 euros en subvenciones para asociaciones, el 60% de los cuales serán para proyectos de exhumaciones y otros 750.000 euros para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en su totalidad para esa finalidad.

Se formalizarán convenios específicos con comunidades autónomas con transferencias por valor de tres millones de euros, se destinarán 895.000 euros a asociaciones sin animo de lucro y 105.000 euros irán directamente a la exhumación de la Gran Fosa de Pico Reja.

Asimismo, está prevista la puesta en marcha del Banco Nacional de ADN, del Censo General de Víctimas, del de edificaciones realizadas con mano de obra forzada y la reactivación de la antigua Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

AZAÑA Y LA 'DESBANDÁ'

Entre las actuaciones divulgativas que prevé el Gobierno están la conmemoración del 80 aniversario de la muerte de Manuel Azaña, una exposición sobre 'La Desbandá' -la huída de 100.000 personas de Málaga ante la llegada de las tropas franquistas-- y la construcción de espacios de memoria.

El discurso del secretario de Estado ha sido cuestionado por el PP y Vox pero también por Ciudadanos. En el PP Jaime Mateu ha acusado al Gobierno de tratar de "demoler" la conciliación entre españoles que trajo consigo el espíritu de la Transición y de estar más "empeñado" en "dividir" con la reciente Ley de Memoria Histórica que, a su juicio, sólo busca "ahondar" en la dos Españas. "En sus manos está no atizar el fuego", ha dicho Mateu.

De "nueva vuelta de tuerca totalitaria" ha tachado esa ley el representante de Vox, Francisco José Contreras, en tanto que 'vende' una versión oficial de la historia "grotescamente sectaria", "jerarquiza" víctimas o "deslegitima" el régimen y la Constitución de 1978. También juzga "indignante" el "dispendio" en memoria democrática recogido en los Presupuestos para 2021 en un contexto de "hecatombe" económica como el que vive España.

NO ES GUERRACIVILISMO, ES HUMANIDAD

Desde Ciudadanos, la diputada María Muñoz ha llamado a cumplir con lo establecido en la Ley de Memoria Histórica, esto es, a buscar desaparecidos o excavar fosas pero a hacerlo "ya" para poder así cerrar un debate que se utiliza "con fines muy políticos" y dejar de una atrás "las dos Españas" y "la pelea por los fantasmas del pasado".

Ante estas críticas, Martínez López ha subrayado que efectivamente los análisis historiográficos corresponden a los historiadores y pero la reparación de las víctimas que no la han tenido hasta ahora corresponde al Estado. En este contexto, ha remarcado que una parte de las víctimas fueron honradas durante 40 años mientras la otra parte estuvo hasta la Transición "criminalizada e invisibilizada".

"La democracia no puede permitirse el lujo de no afrontar las deudas que tenemos con nuestro pasado", ha enfatizado el secretario de Estado, rechazando que este debate se tenga "desde la confrontación guerracivilista" cuando se trata de un asunto de "humanidad".

INVITA A VOX A UNA FOSA

"No se trata de tirarnos los muertos a la cabeza ni de estar con Paracuellos para arriba o para abajo", ha dicho Martínez López, quien ha invitado al diputado de Vox a visitar la fosa sevillana de Picorreja, donde se calcula que hay unos 1.100 fusilados: "Vaya y hable con las señoras que van allí todas las mañanas a ver si les pueden devolver los restos de sus padres para poder darles digna sepultura y así poder morir tranquilas".

"¿Partimos del sentido de la humanidad o de justificar lo que se hizo?", le ha preguntado el secretario de Estado, quien ha negado que las políticas de memoria democrática supongan "romper con los principios de la Transición". "No hagan debates extemporáneos", ha reclamado.

"Desgájense de una vez del rebufo de Vox. Ustedes son un partido demócrata", ha pedido al PP, recordándole que la Constitución no ampara el "olvido".

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha alertado de que el plan del Gobierno contra las 'fake news', mediante el que monitorizará la información y podrá pedir colaboración a los medios, "puede convertirse en censura".

"El periodismo tiene como una de sus principales obligaciones la búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad para difundirla. En este sentido, cualquier propuesta para luchar contra la desinformación es bienvenida y la APM se muestra totalmente de acuerdo con cualquier iniciativa en este sentido", ha explicado la asociación.

En este sentido, la APM pone "serios reparos" a las herramientas anunciadas para esa lucha porque "deja en manos del Gobierno de la Nación una función que debería gozar de independencia frente a los poderes públicos". A su juicio, "el riesgo obvio es que un organismo del tipo que se propone funcione más como censor que como garante de la verdad".

"Los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de información pueden quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos", ha manifestado, para después añadir que la libertad de prensa, consagrada en la Constitución española, es "una condición inexcusable para la supervivencia de cualquier sistema democrático".

Igualmente, ha recordado que "siempre" ha defendido que "la mejor ley de prensa es la que no existe, es decir, que la excesiva regulación supone una merma de libertad, por lo que abogamos por la autorregulación". "La legislación ya tiene establecidos los cauces adecuados para ejercer el derecho de rectificación ante los medios cuando sea necesario", ha concluido.

El Gobierno ha aprobado un procedimiento de actuación contra las conocidas como 'fake news' mediante el cual monitorizará la información y podrá solicitar colaboración a los medios de comunicación para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".

La orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, justifica esta decisión en que "uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas" es el acceso a la información veraz.

Así, para dar cumplimiento a este plan nacional, el Ejecutivo ha elaborado una estructura compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y, por último, el sector privado y la sociedad civil.

Con este último, el Gobierno ha señalado que podrá solicitar la colaboración de los medios cuya contribución se considere "oportuna y relevante" para combatir las 'fake news'. En la orden se argumenta que el sector de la comunicación puede contribuir a este objetivo "con acciones como la identificación y no contribución a su difusión".

Además, en este marco para luchar contra la desinformación quedarán también integrados el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Presidencia del Gobierno y los gabinetes de comunicación de todos los Ministerios.

Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ha acusado al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos de "arrogarse la potestad de decidir" qué es 'fake news' y le ha emplazado a retirar su orden ministerial. Además, ha solicitado la comparecencia urgente en el Congreso de la vicepresidenta Carmen Calvo y de Iván Redondo, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, para que ofrezcan explicaciones sobre este plan.

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha recordado que es el Código Penal el que establece los límites a la libertad de expresión y de prensa, mientras que Vox ha bautizado el plan como "Ministerio de la Verdad" y cree que tiene el objetivo de "controlar" las opiniones de los ciudadanos y "censurar" a aquellos medios de comunicación que no le son afines.

La Consejería de Sanidad, a través de la Delegación Provincial de Sanidad en Toledo, ha decretado elevar las medidas especiales a nivel 3 para frenar la expansión de la COVID-19 en la ciudad de Toledo.

En los últimos 14 días (semanas 43 y 44) se han declarado 640 casos en el municipio de Toledo lo que supone una tasa de incidencia acumulada de 754,1 casos por 100.000 habitantes (que es superior a la de los 14 días incluidos en las semanas 42 y 43 (699,9 casos por 100.000 habitantes), ha informado la Junta en nota de prensa.

La razón de tasas de incidencia entre las semanas 44 y 43 es, con datos todavía provisionales, de 0,83, lo que indicaría, en el mejor de los casos, una tendencia descendente próxima a la estabilidad en un escenario de elevada incidencia.

Asimismo, en la semana 44 los casos con 65 y más años de edad ascienden a 52 (17,9% de todos los casos) con una tasa de 363,2 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años (ligeramente más baja que la de la semana 43 pero superior a la de la semana 42).

Entre las semanas epidemiológicas 43 y 44 se han declarado en Toledo un total de 106 casos de COVID-19 en personas con 65 y más años de edad (16,6% del total) lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 740,4 casos/100.000 habitantes mayores de 64 años.

Asimismo, la tasa de incidencia acumulada en las semanas 42 y 43 (287.5 y 412,4 casos por 100.000 habitantes respectivamente), la incidencia acumulada en los últimos 14 días (750 casos por 100.000 habitantes), la razón de tasas de incidencia con tendencia ascendente de la semana 42 a la 43 (+43%).

Con todo, las elevadas tasas de incidencia en personas con 65 y más años de edad (incidencia acumulada en los últimos 14 días de 740,4 casos por 100.000 habitantes) y el peso relativo ascendente de este grupo de edad sobre el total de casos se sitúan claramente muy por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha.

QUINTANAR DEL REY

De otro lado, la Consejería de Sanidad, a través de la Delegación Provincial de Sanidad en Cuenca, ha decretado prorrogar las medidas especiales nivel 3 para frenar la expansión de la Covid-19 en el municipio de Quintanar del Rey.

Durante la semana epidemiológica número 43 (del 19 al 25 de octubre de 2020), en el municipio de Quintanar del Rey se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 29 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 382,3 casos/100.000 habitantes.

Mientras que durante la semana epidemiológica número 44 (del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2020) se han declarado en este municipio un total de 14 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 184,6 casos/100.000 habitantes.

Así pues, entre las semanas epidemiológicas 43 y 44 se han declarado en Quintanar del Rey un total de 43 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 556,8 casos/100.000 habitantes.

La razón de tasas de incidencia entre las semanas 44 y 43 es de 0,48, lo que indica una tendencia descendente en ese periodo de tiempo en un escenario de elevada incidencia.

La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes) y el elevado número de casos registrados en los últimos 14 días (43 casos) se sitúan por encima de los umbrales de alertas establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes y 10 casos semanales).

Estos datos indican que el municipio de Quintanar del Rey se encuentra en un escenario de riesgo de transmisión comunitaria, lo que exige el mantenimiento de medidas de nivel 3, complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.

Aquí pueden consultar las principales normas a adoptar en el nivel 3:https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus/transicion-hacia-una-nueva-normalidad/medidas-especiales-de-contencion-frente-covid-19/medidas-especiales-nivel-3

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han intervenido en más de 70 servicios relacionados con el episodio de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana, que ha dejado una situación "especialmente complicada" en las Riberas Alta y Baixa, donde se ha establecido la situación 1 por inundaciones. Entre sus actuaciones están los rescates a una docena de personas atrapadas en sus casas y la evacuación de un centro de discapacidad.

Las actuaciones de los Bomberos han llegado a más de 30 localidades de toda la provincia y han sido especialmente intensas en puntos como Cullera y Sueca durante la noche, y Alcudia, Rafelguaraf y Alzira durante el día, según ha informado el Consorcio en un comunicado.

Hasta primera hora de la tarde se ha intervenido en una docena de rescates de personas atrapadas en sus viviendas por peligro de inundación y se ha ayudado a evacuar a algunos escolares y usuarios de un centro de discapacidad.

Además se han llevado a cabo unos veinte rescates de ocupantes de vehículos atrapados por el agua en puntos como barrancos, túneles y caminos. En todos estos rescates han intervenido varias dotaciones de Bomberos y en algunos de ellos además el Grupo Especial de Rescate GERA del Consorcio. Durante la tarde se siguen produciendo situaciones de rescates.

En las localidades de Rafelguaraf y la Alcudia el Consorcio de Bomberos ha apoyado al Ayuntamiento con dispositivos especiales por riesgo de desbordamientos de barrancos e inundación de los municipios. En Alcudia el Consorcio ha constituido un Puesto de Mando Avanzado desde el que dirigir las intervenciones.

Además la caída de ramas y cascotes de muros y fachadas se ha repetido por todo el territorio. Los 24 parques del Consorcio están preparados para atender cualquier emergencia y se recomienda a la población mucha precaución y evitar desplazamientos.

El líder del PP, Pablo Casado, ha subrayado este jueves que la Unión Europea rechaza las "falsas previsiones" que ha presentado el Gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez, al tiempo que ha recalcado que Bruselas sitúa a España como "el peor país en déficit, paro y caída del PIB durante tres años".

Así se ha pronunciado después de que la Comisión Europea haya empeorado sus previsiones sobre la evolución de la economía española y espere ahora un desplome del PIB al cierre de 2020 del 12,4%, frente al 10,9% que contemplaba hace unos meses, lo que supone el mayor desplome de toda la Unión Europea.

España será el único país del bloque con una contracción de su economía este año superior al 10%. La reducción del PIB será así superior a las de Italia (-9,9%), Croacia (-9,6%), Francia (-9,4) Portugal (-9,3%) o Grecia (-9%), los otros socios más afectados por la pandemia.

Casado ha afirmado que esto demuestra que la UE "rechaza las falsas previsiones del Gobierno". Y desvela que seremos el peor país en déficit, paro y caída de PIB durante 3 años", ha manifestado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.

FONDOS EUROPEOS Y RESPETO AL ESTADO DE DERECHO

El líder del PP ha avisado además al Gobierno que Europa "vincula" la recepción de fondos europeos al respeto del Estado de Derecho y ha recalcado que se trata de una exigencia que viene realizando su partido en "independencia judicial" con la retirada de su reforma judicial para renovar el CGPJ y en "control parlamentario" sobre la prórroga del estado de alarma.

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, que ha recordado al jefe del Ejecutivo que los fondos europeos están "condicionados" al cumplimiento del Estado de Derecho, algo que, según ha dicho, está "amenazado" en este momento con las reformas judicial y educativa que el Gobierno ha puesto encima de la mesa, así como con la aprobación de un estado de alarma "desproporcionado".

Gamarra también ha hecho hincapié en los datos que este jueves se han dado a conocer desde Bruselas y que, según ha resaltado, sitúan a España como la economía "peor" en el marco europeo. A su entender, esos datos "reflejan el fracaso de un Gobierno que está impulsando unas medidas económicas que no son las adecuadas en esta situación".

La portavoz del PP ha realizado estas declaraciones tras reunirse en el Congreso, junto a Pablo Casado y la responsable de Educación del partido, Sandra Moneo, con asociaciones de padres, sindicatos y titulares de centros de enseñanza concertada. Después, ha saludado a los profesionales de la educación concertada que se han concentrado frente a la Cámara Baja.

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha pedido este jueves calma sobre las automuestras de PCR sobre coronavirus que se van a solicitar a alumnos de la ESO tras un positivo en el grupo, y ha pedido al resto de fuerzas no discrepar: "Si se propone esto por parte de las autoridades de salud pública es porque se puede hacer".

Lo ha dicho en el pleno del Parlament, en respuesta a una interpelación del diputado Santi Rodríguez (PP), que ha criticado la iniciativa de llevar a cabo automuestras de PCR en los centros de Secundaria: "Yo creo que esto no es serio".

Vergés ha asegurado que antes de dar inicio a estas automuestras se irá presencialmente a los centros para resolver todas las dudas sobre la metodología: "En ningún momento se ha dicho que se fuera a dejar solos a los docentes y alumnos con las muestras".

Para Rodríguez, esto es una "prueba de que no se ha resuelto el problema de los profesionales", a lo que la consellera ha recordado que el Govern ha incorporado desde marzo hasta septiembre --con motivo del Covid-19-- a 3.258 profesionales sanitarios para la atención primaria.

Aun así, Vergés defiende fortalecer y transformar la atención primaria e incorporar las herramientas telemáticas para que los CAP asuman una función más resolutiva: "Es el momento de reorganizar los equipos de atención primaria".

Santi Rodríguez ha puesto en duda la utilidad de la atención telefónica para la gente mayor: cree que es insuficiente y que la atención domiciliaria sería una buena alternativa, "pero tampoco está en sus mejores momentos por la pandemia.

SALUD MENTAL

En otra interpelación sobre salud mental, la consellera ha asegurado que en pocas semanas el Govern tendrá el Plan de Prevención del Suicidio --"al que este Parlament se comprometió"-- y ha destacado su importancia porque, a su juicio, la pandemia está afectando emocionalmente a la ciudadanía y aumenta el riesgo de desarrollar patologías mentales.

Lo ha dicho en respuesta a la interpelación de la diputada de Cs Blanca Victoria Navarro, que ha reprochado al Govern que no se haya desarrollado aún este plan: "Es un acuerdo al que se llegó el año pasado y no se ha cumplido. Están convirtiendo esta cámara en un escenario de palabras vacías".

Vergés ha respondido que para el Govern la salud mental es una prioridad en estos momentos, no solo mejorando la accesibilidad del abordaje actual de los casos, sino también de cara al futuro: "Tendremos mucha más casuística de patología mental, sea por la pandemia o no, y tenemos que estar preparados".

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de crear un "orwelliano Ministerio de la Verdad" con su plan contra la desinformación y las 'fake news', y ha recalcado que se trata de un "ataque intolerable" a la democracia. Dicho esto, ha avisado al Ejecutivo que "si no rectifica" su partido recurrirá a Europa.

El PP ha exigido la retirada de esa orden ministerial, que aprueba un procedimiento de actuación contra las 'fake news' mediante el cual monitorizará la información y podrá pedir colaboración a los medios de comunicación. Además, ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta Carmen Calvo y del jefe de gabinete de Presidencia, Iván Redondo, para que informen sobre este plan que, según los 'populares', es un "escándalo".

La citada orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, justifica esta decisión en "uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas" como es el acceso a la información veraz.

Para dar cumplimiento a este plan nacional, el Ejecutivo ha elaborado una estructura compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y, por último, el sector privado y la sociedad civil.

CASADO: "UNA ORDEN PARA VIGILAR A LOS MEDIOS"

El presidente de los 'populares' ha afirmado que lo que ha aprobado el Gobierno es una orden para "vigilar" a los medios y "perseguir" lo que, a su entender, el gabinete de Sánchez "considere desinformación".

"Atacaban a la prensa crítica, señalaban periodistas y ahora crean un orwelliano 'Ministerio de la Verdad'. Un ataque intolerable a la democracia", ha manifestado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.

En este punto, el jefe del primer partido de la oposición ha exigido explicaciones al Gobierno en el Parlamento sobre este plan contra la desinformación. "Y si no rectifican recurriremos a Europa", ha advertido.

EGEA: "EL GOBIERNO DE LA MENTIRA QUIERE PERSEGUIR NOTICIAS FALSAS"

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, también se ha mostrado crítico con esa orden ministerial: "El Gobierno de la mentira quiere perseguir las noticias falsas...", ha enfatizado.

También se ha pronunciado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, quién ha asegurado que con esta orden el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "se arroga la potestad de decidir qué es una noticia falsa o verdadera".

"¿Van a censurar aquellas noticias que no les gustan? ¿Van a poner multas a los periodistas? El Gobierno tendrá enfrente al PP en defensa de la libertad de información", ha avisado Montesinos, que ha solicitado al Ejecutivo que retire esa orden ministerial que ha aprobado por la "puerta de atrás" y se siente con las asociaciones de periodistas y los profesionales de los medios.

COMPARECENCIA DE CALVO E IVÁN REDONDO

El Grupo Popular ha registrado ya la comparecencia urgente de la vicepresidenta del Gobierno y de Iván Redondo para que ofrezcan explicaciones en sede parlamentaria sobre este plan, que considera un "escándalo".

En su escrito, que ha recogido Europa Press, el PP reclama que Carmen Calvo acuda a la Comisión Constitucional del Congreso para explicar "el contenido de la orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional".

Además, solicita la comparecencia del director de gabinete de la Presidencia para informar de ese mismo plan, pero en el seno de la Comisión para la auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas institucionales y legales.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) calcula, en una primera valoración de urgencia, que la gota fría ha causado en sus primeras 24 horas daños de gravedad en una superficie superior a 800 hectáreas de cultivo en la Comunitat, así como destrozos en infraestructuras agrarias.

La zona más afectada por el temporal de agua, viento y pedrisco es el triángulo formado por Sollana, Almussafes y Benifaió (entre las comarcas de La Ribera Baixa y Alta de Valencia), donde hay campos de caquis, hortalizas y cítricos con un grado de afección que alcanza hasta el 100% de la cosecha.

Este fenómeno, que llega en plena campaña de recolección, da por perdida la temporada para los agricultores más afectados, alerta la organización agraria en un comunicado.

Otro punto castigado por la tormenta es El Perelló (en el término valenciano de Sueca), cuyos invernaderos han sufrido la rotura de plásticos y mantienen hortalizas de temporada totalmente cubiertas por el nivel del agua. Estos daños se suman a los de la DANA de septiembre de 2019 y el temporal 'Gloria' el pasado mes de enero.

La acumulación de precipitaciones en pocas horas de la madrugada también ha ocasionado inundaciones en otras explotaciones, arrastres de tierras y desperfectos en infraestructuras agrarias como caminos rurales, muros, acequias y motas de arroz en el Parque Natural de La Albufera de València.

Precisamente, este exceso de humedad durante varios días concluye "definitivamente" las quemas de la paja del arroz, si bien los testimonios recabados por AVA prevén que no se producirán aguas negras y mortandad de peces debido a las prácticas preventivas realizadas por los arroceros.

Los agricultores reclaman así a Agroseguro que agilice las peritaciones cuando finalice la gota fría y se puedan evaluar los siniestros. También solicitan a las administraciones que establezcan líneas de ayudas y medidas fiscales dirigidas a que más pérdidas han sufrido.

RECARGA DE ACUÍFEROS

Por contra, la gota fría tiene unos efectos beneficiosos para la agricultura en los lugares donde la lluvia cae de una forma más gradual y permite una correcta absorción en el suelo, ya que recarga los acuíferos tras meses de sequía, limpia los árboles y mejora la calidad de los frutos, principalmente cítricos tardíos y aceitunas pendientes de recogida.

La organización Human Right Watch (HRW) ha alertado este jueves de los altos niveles de violencia y acoso escolar que sufren las niñas y niños con discapacidades, menores refugiados y los estudiantes LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transgénero) con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, que se celebra este jueves 5 de noviembre.

La organización ha realizado una investigación sobre las barreras a la educación en más de 15 países que reveló que los niños, niñas y los jóvenes experimentan muchas formas de violencia de género en el ámbito escolar. Según la entidad, los estudiantes a menudo reportan castigos corporales, explotación sexual, abuso y acoso, violencia física e intimidación y los docentes y funcionarios escolares, así como otros estudiantes, son con frecuencia responsables de estos abusos.

Asimismo, según HRW muchos gobiernos todavía no prohíben el castigo corporal, y muchos están rezagados en la protección de los estudiantes contra la violencia sexual, el acoso escolar y la violencia en el ámbito educativo.

"Es indignante que los estudiantes de muchos países sufran violencia grave en la escuela que puede marcarles para el resto de sus vidas", dijo Elin Martínez, investigadora sénior de derechos del niño de Human Rights Watch.

Ante estas situaciones, HRW reclama a los gobiernos adoptar con urgencia políticas nacionales vinculantes que garanticen la protección de los estudiantes en las escuelas y los espacios en línea.

Asimismo, aquellos que ya cuentan con políticas deben asegurarse de que "incluyan protecciones para los niños que son particularmente propensos a sufrir abusos, incluidas las niñas, los estudiantes LGBT y los menores con discapacidades".

En su opinión, las escuelas deben tener orientadores, maestros o funcionarios escolares accesibles y confidenciales que actúen como puntos focales de protección infantil y que estén disponibles para brindar apoyo inmediato a los estudiantes que están amenazados o han sido víctima de abuso.

Asimismo, consideran que las escuelas deberían conectarse con los centros de salud y protección infantil locales para garantizar que los niños, niñas y adolescentes que han sufrido abusos sean escuchados adecuadamente y remitidos a los servicios de salud y de salud sexual y reproductiva adecuados, entre ellos la anticoncepción de emergencia y el aborto cuando sea necesario.

HRW también cree que los gobiernos deben garantizar que las escuelas proporcionen educación sexual obligatoria, científicamente precisa y apropiada para la edad.

CCOO Y AMPE

Por su parte, CCOO ha propuesto una gestión eficaz del conflicto, una evaluación continuada del impacto de las medidas y los recursos, y la implicación del conjunto de la comunidad educativa para prevenir o abordar casos de acoso.

CCOO reclama la puesta en funcionamiento del Observatorio Estatalde la Convivencia, como el ámbito desde donde analizar y prevenir la violencia escolar y promover a través de acciones definidas una cultura de paz que debe tener el impacto preciso en el día a día de la actividad escolar.

Asimismo, ve necesaria una evaluación rigurosa y sistemática que permita conocer y generalizar las mejores prácticas en un tema tan complejo como es el de la convivencia. Esto exigirá, según el sindicato, una coordinación eficiente entre los distintos observatorios, central y autonómicos, así como con los municipios.

CCOO se suma a la reivindicación de aquellas iniciativas, como las recogidas en documento de trabajo realizado por la Universidad Complutense de Madrid, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, con la colaboración de algunas comunidades autónomas que inciden en las necesidades más urgentes a cubrir. Dentro de estas necesidades, incluyen más recursos humanos con capacidad para trabajar en la mejora de la convivencia; formación del profesorado sobre cómo mejorar la convivencia; equipos de medicación y resolución de conflictos a múltiples niveles; mayor coordinación entre equipos docentes, especialmente con los departamentos didácticos; y crear equipos de alumnos y alumnas a nivel de centro para mejorar la convivencia, así como el desarrollo de programas de prevención de la violencia y mejora de la convivencia.

Por su parte, el sindicato ANPE ha abogado por reforzar el compromiso de la comunidad educativa para erradicar el acoso escolar mediante nuevas estrategias que reduzcan el ciberacoso y el resto de situaciones violencia que se dan en las aulas.

Así lo ha indicado el sindicado en un comunicado, al tiempo que indica que siempre ha velado por un clima de trabajo en libertad y seguridad, especialmente este curso escolar, donde se alternan modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia.

De esta manera, la organización ha resaltado que su compromiso no es solo contra cualquier tipo de violencia o acoso en las aulas, sino también contra el ciberacoso, como consecuencia del aumento de las relaciones a distancia mediante el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales.

Por este motivo, ANPE ha relanzado en todo el Estado los decálogos del buen uso tanto de los grupos de WhatsApp, como del buen uso de las redes sociales en beneficio de toda la comunidad educativa, encaminado a fomentar el desarrollo integral de los alumnos en el respeto y buen uso de las nuevas tecnologías.

Además, ha emplazado a las autoridades educativas, instituciones y asociaciones a seguir trabajando y colaborando con los centros educativos para erradicar cualquier tipo de violencia, acoso y ciberacoso en las aulas y fuera de ellas.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han alertado de que la pandemia está desplazando el bullying de las aulas y los patios del colegio a los ordenadores y móviles del alumnado por lo que el sindicato cuenta con el Servicio CSIF Ayuda Profes, que ofrece asesoramiento y estrategias para ayudar a niños/as, docentes y familias contra el acoso escolar y ante situaciones de violencia. Desde el inicio de este curso, señala que se han recibido casi un centenar de consultas sobre cómo proceder ante este tipo de casos.

Por su parte, desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han instado a tener en cuenta al alumnado con discapacidad en la elaboración y refuerzo de los protocolos de convivencia en el entorno escolar.

La escuela es el primer lugar de convivencia para una persona fuera del ámbito de la familia y, desde esta perspectiva, se hace imprescindible que el alumnado con discapacidad pueda recibir educación en los mismos espacios que el resto de los miembros de la familia humana, para compartir espacios y experiencias; construir afectos, y podamos aprender de todos", ha sostenido el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín Blanco.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha valorado el trabajo realizado por la industria y la ciencia en conjunto para obtener una vacuna "segura y eficaz" contra la COVID-19, un "esfuerzo" del que ha considerado que el Grupo Zendal representa "un ejemplo claro".

Tras una visita en O Porriño (Pontevedra) a las instalaciones del grupo biotecnológico, que producirá la vacuna contra la COVID-19 de la multinacional Novavax para la Unión Europea, Salvador Illa ha destacado el trabajo que llevan a cabo "a contrarreloj" la industria y la ciencia para dar respuesta a la situación actual.

En este sentido, ha recalcado la importancia de que el país juegue un "papel" clave en la futura consecución de una vacuna contra el nuevo coronavirus, lo que representa "un reto" para Europa y España.

Después de acudir a las instalaciones del Grupo Zendal, ha conocido el método 'poooling' para detectar casos de COVID-19 llevado a cabo en el laboratorio de Microbiología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y ha valorado el "magnífico trabajo" del mismo.

En el marco de su visita al hospital, el ministro ha estado acompañado por el conselleiro de Sanidade de la Xunta, Julio García Comesaña, quien le ha trasladado detalles del proceso que estos días recibe el segundo grupo de muestras de trabajadores de residencias sociosanitarias.

En concreto, el conselleiro de Sanidade ha recordado que cada dos semanas se reciben 15.000 muestras que se procesan para garantizar que una residencia se encuentra libre de casos de COVID-19. En caso contrario, se detectan los prepositivos que se analizan en el laboratorio para frenar una cadena de transmisión.

"CONVIVIR CON EL VIRUS"

En otro orden de cosas, Salvador Illa ha apuntado que se ha previsto que el estado de alarma permanezca vigente hasta el próximo mes de mayo, cuando se espera que se alcance "un nivel de vacunación aceptable" en la población, por lo que, durante ese tiempo, será preciso "convivir con el virus". Así, ha resaltado que España se encuentra ante "una situación preocupante" y, en este contexto, ha recalcado la importancia de dar cumplimiento a las medidas establecidas.

En esta línea, ha abogado por evaluar los resultados de las restricciones adoptadas tras dos o tres semanas de su entrada en vigor. "Hay casos concretos de otros territorios que, cuando se ha hecho así, hemos visto como la situación se estabiliza en la primera parte y, en segundo lugar, desciende", ha asegurado.

De este modo, ha destacado la capacidad de las administraciones locales para combatir el avance de la pandemia dado que pueden conocer la situación "en cada calle" y "cada "plaza", lo que resulta "muy importante a la hora de reconocer la efectividad de las medidas" aplicadas. Así, ha resaltado la importancia de que la lucha contra la COVID-19 se lleve a cabo "en colaboración con las comunidades autónomas y el Gobierno de España".

Por otra parte, preguntado por los medios, el ministro de Sanidad ha remarcado que el porcentaje de vacunación contra la gripe se ha incrementado en un 30% respecto al año anterior. Así, ha recordado que, además de las adquisiciones realizadas por las comunidades autónomas, el Gobierno de España compró cinco millones de dosis de tres tipos vacunas contra la gripe en mayo.

A este respecto, ha afirmado que el Ejecutivo central "se anticipó" en su adquisición debido la saturación y que, posteriormente, comenzó a distribuir las dosis "para completar y reforzar" el trabajo hecho por las comunidades autónomas. Así, ha explicado que, en este momento, se reparten las últimas vacunas.

Un total de 1.700 estudiantes y 275 docentes extremeños han dado positivo en coronavirus desde el pasado 1 de septiembre según datos acumulados.

En estos momentos, si se tiene en cuenta el tiempo de incubación y de activación del virus, hay 570 estudiantes y 80 docentes pasando la enfermedad, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Asimismo, y en las últimas horas, las autoridades sanitarias le han comunicado a la Consejería de Educación el inicio de la cuarentena de 16 aulas de 15 centros educativos de la región por casos confirmados de Covid-19 bien entre su alumnado o bien entre su profesorado.

Se trata de una clase del CEIP Ciudad de Mérida y de un aula del CEIP Federico García Lorca, ambos de la capital autonómica; un grupo del IES Alba Plata, de Fuente de Cantos; un aula del CEIP El Rodeo, de Jerez de los Caballeros; una clase del CEIP José Virel, de La Albuera; y un aula del CEIP Juan XXIII, de Zafra.

También una clase del CEIP El Brocense, de Brozas; un grupo del CEIP San Fernando, de Badajoz; un aula del CEIP Alfonso VIII, de Plasencia; una clase del CEIP San Esteban, de Puebla del Prior; un aula del CEIP Maestro Pedro Vera, de Oliva de la Frontera; un grupo del IES Doctor Fernández Santana, de Los Santos de Maimona; dos clases del CEIP Luis Chamizo, de Zahínos; un aula del CEIP Pío XII, de Don Álvaro; y un grupo del IES Valle de Ambroz, de Hervás.

Además, aunque sólo tiene un caso positivo, debido al contacto estrecho entre el alumnado de las dos aulas del CEIP Nuestra Señora de la Candelaria, de Fresnedoso de Ibor, con 20 alumnos matriculados, se ha cerrado preventivamente a la enseñanza presencial.

Ahora estas aulas y este centro seguirán el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera telemática, ha apuntado el Ejecutivo regional.

Las aulas que abandonan este modelo para volver a las clases presenciales son 11 aulas de siete centros educativos extremeños. En concreto, un grupo del Colegio La Asunción-Josefinas-, de Cáceres; un aula del CRA Tras la Sierra, de El Torno; y una clase del IESO Cáparra, de Zarza de Granadilla.

Así como un aula del CEIP Los Arcos, de Malpartida de Cáceres; cinco grupos de la Escuela Infantil Joaquín Ballesteros, de Moraleja; una clase del CEIP José de Espronceda, de Almendralejo; y un aula del CEIP Maestro Pedro Vera, de Oliva de la Frontera.

Además, ya ha reabierto sus puertas el CEIP San Lorenzo, de Mata de Alcántara (7 estudiantes), cerrado preventivamente el pasado 26 de octubre.

De esta forma, teniendo esto en cuenta, hasta ahora hay 95 aulas en el modelo 3 de enseñanza a distancia en Extremadura.

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha instado este jueves a la Junta a demandar al Gobierno central que apruebe de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas, y que refuerce las medidas actualmente existentes en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel penal como administrativo y civil, en virtud de una iniciativa del PP-A.

Este punto ha contado con el apoyo de Ciudadanos y Vox, mientras que el PSOE-A se ha abstenido y Adelante Andalucía y los ocho diputados no adscritos que pertenecían a ese grupo han votado en contra.

El Parlamento ha expresado, con los votos de PP-A, Cs, PSOE-A y Vox, mientras que Adelante y los diputados no adscritos han votado en contra, su "firme compromiso con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas", un compromiso que es compatible "con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentren en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda".

Se ha instado también a la Junta, en virtud de una enmienda de Cs, a potenciar la coordinación y cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ámbito de sus competencias, que suponga en su caso la anticipación de éstos ante situaciones de ocupación ilegal que atenten contra la seguridad y convivencia ciudadanas.

Asimismo, otra demanda al Ejecutivo andaluz, de acuerdo con una enmienda de Vox, consiste en que cumpla los compromisos adquiridos y ponga en marcha antes de la aprobación del Presupuesto andaluz para 2021 un programa de apoyo a los propietarios de vivienda de titularidad propia que sean objeto de ocupación ilegal, donde se les informe de los derechos que les asisten, posibilidades y organismos de reclamación, trámites jurídicos y judiciales, así como a dar el asesoramiento legal a fin de lograr que las personas condenadas por delitos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas no puedan acceder a ayudas o subvenciones públicas.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A José Ramón Carmona ha indicado que con esta iniciativa se está poniendo de manifiesto que hay andaluces, gente honrada, que se encuentran desprotegidos al ver que se están vunerando sus derechos cuando se ocupan sus viviendas de manera ilegal. Ha dicho que este es un debate que va más allá de ideologías, porque se trata de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Ha añadido que los datos evidencian que la ocupación ilegal es un problema creciente tanto en Andalucía como en el conjunto de España, que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española, sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de las personas y bienes.

Ha expuesto que esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.

Según ha explicado, en los últimos años, se han producido avances legislativos en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas como ocurrió en 2018 a través de la Ley 5/2018 que modificó la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas acortando plazos y agilizando procedimientos.

No obstante, ha considerado que a la vista de como está creciendo el problema en este momento, es necesario "reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y para proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica, además de luchar activamente contra la mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio".

ALARMA SOCIAL

Por su parte, el diputado del PSOE-A Javier Fernández ha mostrado su preocupación por que en los últimos meses, con la mediatización de ciertos casos, con el problema de la ocupación ilegal se esté generando una "alarma social" y se esté contribuyendo a crear un clima "de miedo" que no se corresponde directamente con un incremento de los casos denunciados ni con la realidad de este problema en todo el país. Ha indicado que el Gobierno central no va a caer en la "inacción" ante el problema de la ocupación y ya se están empezando a adoptar medidas desde la Fiscalía General del Estado, mientras que también tiene como una prioridad fomentar el acceso de colectivos vulnerables o de los más jóvenes a una vivienda digna, a través de planes nacionales de vivienda.

El diputado de Ciudadanos Francisco Carrillo ha considerado pertinente esta proposicion no de ley del PP-A, porque hoy hay muchos españoles que se sienten desamparados ante una justicia lenta y ante esa impunidad de los delincuentes que se meten en casas ajenas a ocuparlas, y provocan que esa vivienda además sea objeto de conficto. En su opinión, es compatible proteger a los colectivos más vulnerables que han sido víctimas de ejecuciones hipotecarias o de desahucios con perseguir a aquellos que ocupan de manera ilegal una vivienda. Ha señalado que Andalucía es la segunda comunidad de España con más ocupaciones ilegales y hay que luchar contra ello.

El parlamentario de Vox Rodrigo Alonso ha manifestado que la ocupación de viviendas se tiene que tipificar como un delito y "echar al ocupa de forma inmediata". Ha dicho que el fondo del problema no es otro que se tiene que garantizar el derecho constitucional a la propiedad privada y ha indicado que no atajar este problema desde hace años desde las administraciones ha llevado a que hoy tengamos alarmantes cifras de ocupación. Ha indicado que la iniciativa popular, en términos generales, es "aceptable", aunque ha puesto matices a algunos puntos que parecen más bien "mera propaganda" y un "postureo".

El diputado de Adelante Andalucía Ismael Sánchez ha advertido de que el tema de la ocupación hay que abordarlo desde un punto de vista "serio y no se pueden contar medias verdades ni mentir ni utilizar este problema", que es cierto que existe, para traer "falsos debates". Ha dicho que aquí hay un "conflicto de intereses, entre los que defienden los intereses del capital y los que defienden el derecho constitucional a la vivienda" de las clases trabajadores. Ha indicado que esta iniciativa del PP-A persigue crear "alarma social" sobre un problema que existe, pero que no tiene la proporción que se intenta trasladar a la ciudadanía.

La comunidad autónoma de Extremadura ha experimentado un nuevo incremento en el número de contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas, en las que se han confirmado 485 positivos, con respecto al día anterior, cuando la cifra se situó en 415.

En cuanto a los fallecidos, se han producido ocho en la última jornada en la comunidad, seis menos que el miércoles, y también ha descendido ligeramente el número de pacientes ingresados en los hospitales de la comunidad, que ascienden a 386, dos menos. Sin embargo, hay tres pacientes más en las UCI, hasta un total de 38. Además, se han dado 173 altas, lo que eleva la cifra global a 14.453 pacientes curados.

Con estos últimos fallecimientos, la comunidad alcanza la cifra de 780 víctimas mortales provocadas por la pandemia de Covid-19 desde su inicio. Tres de ellos pertenecen al Área de Salud de Badajoz, todos ellos varones. Se trata de dos vecinos de Alconchel de 92 y 87 años y un varón de 70 de Olivenza.

El Área de Salud de Llerena-Zafra comunica un fallecido, una mujer de 84 años de Fuente de Cantos, y la de Plasencia registra dos fallecidos, un varón de 89 años de Zarza de Granadilla y una mujer de 97 años de Hervás. Finalmente, el Área de salud de Cáceres notifica dos fallecidos, un varón de 76 años de Puerto de Santa Cruz y un varón de 87 años de Cáceres.

En cuanto a los brotes, el balance de este jueves es positivo, en tanto que se comunican tres y se cierran ocho. Los tres nuevos se sitúan en Alcuéscar, con cinco positivos y cuatro contactos; Cáceres, con cuatro positivos y 13 contactos; y otros que se distribuye en dos localizaciones, Plasencia y Hernán Cortés, con tres positivos y contactos en estudio.

Los brotes que se cierran son dos de Cáceres; otro de Cáceres y Zarza de Montánchez; otro de Ceclavín; Puebla de Argeme; Moraleja; Zarza la Mayor y Jaraíz de la Vera.

En cuanto a la distribución de nuevos casos por áreas de salud, la de Badajoz notifica 150 casos confirmados y tiene 98 pacientes hospitalizados, 15 de ellos en UCI. Acumula 79 fallecidos y 3.081 altas.

La de Cáceres ha notificado 75 casos positivos y tiene 68 pacientes ingresados, de los que cinco están en UCI. Acumula 320 fallecidos y 3.044 altas. A su vez, la demarcación de Mérida registra 71 casos confirmados y tiene 94 personas hospitalizadas, de las que cinco están en UCI. Acumula 75 fallecidos y ha dado 2.005 altas.

En Don Benito-Villanueva de la Serena se notifican 17 casos positivos y hay 35 pacientes hospitalizadas, de los que seis están en UCI. Acumula 75 víctimas mortales y 2.047 pacientes curados.

Por su parte, Plasencia registra 43 casos positivos y tiene 48 pacientes hospitalizados, de los que siete están en UCI. Ha registrado un total de 97 fallecidos y ha dado 1.354 altas; mientras que en Navalmoral de la Mata se han notificado 37 casos confirmados. Tiene cuatro pacientes ingresados. Ha registrado 63 fallecidos y 1.168 altas.

Finalmente el Área de Salud de Llerena-Zafra registra 86 casos positivos y tiene 36 pacientes ingresados. Ha registrado un total de 37 fallecidos y ha dado 1.026 altas; y en Coria se han comunicado seis casos positivos y tiene tres pacientes hospitalizados. Un total de 34 personas han fallecido y se han dado 728 altas.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este martes el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración, los centros comerciales, establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados y los centros deportivos desde las 00.00 horas del próximo viernes e inicialmente durante 14 días naturales.

Mañueco ha realizado este anuncio mediante una Declaración Institucional pronunciada tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario y de acuerdo con las recomendaciones realizadas por el Comité de Expertos ante el incremento de casos de Covid-19 en la Comunidad.

Así, el presidente ha detallado que se cierra la actividad de hostelería y restauración, que únicamente podrá trabajar para dar servicio a domicilio, a lo que ha sumado el cierre de centros comerciales y establecimientos individuales de más de 2.500 metros cuadrados.

Del mismo modo, cierran también las instalaciones y centros deportivos y queda prohibida la asistencia de público a eventos deportivos. A estas medidas se suma la suspensión de visitas a los centros de ancianos y de protección de menores.

No obstante, permanecerá abierto el comercio minorista en todos los casos con medidas de higiene y seguridad.

Como ha explicado Fernández Mañueco todas estas medidas entrarán el vigor a las 00.00 horas del próximo viernes 6 de noviembre, ya que tienen que ser sometidas a una ratificación judicial y ha explicado que la competencia de las autonomías durante este Estado de Alarma no permite "ir más allá", por lo que ha exigido al Gobierno central que "asuma su responsabilidad" y "decrete las medidas que requiera la situación".

El presidente ha defendido que desde la Comunidad se ha asumido en todo momento el liderazgo que "corresponde" desde la "planificación y la unidad" y con medidas basadas en las recomendaciones científicas del Comité de Expertos.

PRINCIPIO DE ACUERDO PARA EL PLAN DE CHOQUE

En este sentido, Fernández Mañueco ha pedido que no se "demonice" un sector como el hostelero y ya reclamado que se garanticen los apoyos a los sectores productivos afectados por el cierre con la extensión de los ERTEs y la aplicación de carencias en los créditos ICO.

El presidente ha anunciado que desde la Junta, por su parte, se espera cerrar cuanto en el seno del Diálogo Social las medidas de un Plan de Choque con 73 millones para el sector después de que este martes se haya alcanzado un principio de acuerdo que incluye el acceso a financiación con interés 0 y dos años de carencia.

Fernández Mañueco ha defendido que la hostelería ha cumplido con su "responsabilidad" en los últimos meses pero ha justificado la medida de cierre en la necesidad de limitar los contactos sociales, algo que ha extendido también al ámbito privado.

"Son medidas duras pero necesarias", ha defendido el presidente quien ha pedido trabajar para atajar la pandemia "todos juntos, concienciados y unidos".

En su Declaración Institucional Fernández Mañueco ha recordado que desde el principio de la pandemia se han adoptado decisiones "difíciles" pero "necesarias" con el fin de proteger la vida de las personas y con la unión de "política y ciencia" con las recomendaciones del Comité de Expertos.

Así, ha recordado que los datos son "alarmantes", ya que desde mediados del mes de octubre el número de ingresos, de contagios y defunciones "han crecido", lo que ha llevado a decretar un Estado de Alarma en el ámbito nacional.

La propagación de la Covid afecta a todo el territorio y con igual virulencia en zonas urbanas y rurales, estamos en nivel de riesgo máximo según los niveles acordados Consejo Interterritorial de Salud", ha manifestado Fernández Mañueco, quien ha hecho un llamamiento a la concienciación "social" y a la "responsabilidad individual", ya que "está en juego la vida de muchas personas.

Por último, en su intervención el presidente de la Junta ha recordado que en el ámbito sanitario el sistema en Castilla y León se ha reforzado con más test, más camas de UCI, más equipos de protección individual y respiradores. "Los profesionales se dejan la piel para proteger y atendernos con una presión nunca antes conocida Atención Primaria y centros hospitalarios", ha concluido.

El Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha asegurado este jueves que los migrantes llegados a al puerto de Arguineguín (Gran Canaria) están allí "el tiempo imprescindible" para que la Policía realice la reseña y que "puedan ser acogidos "por el sistema". Sin embargo, el PP le ha acusado de inacción en los últimos meses.

Los de Pablo Casado han preguntado a Pérez sobre esta situación, durante su comparecencia en la comisión del ramo del Senado. En concreto, el senado Asier Antona, ha preguntado al secretario de Estado cuáles eran las medidas previstas por el Ejecutivo para frenar la llegada de pateras a las costas canarias.

En su intervención, Antona ha reprochado al representante del Gobierno que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acuda este viernes al archipiélago, después de que en febrero prometiera actuar para paliar el problema.

Desde entonces, ha denunciado el 'popular', el desembarco de pateras ha crecido en Canarias hasta el 664%, con respecto a 2019, en los 10 primeros meses del año, en los que se han contabilizado más de 12.000 llegadas.

Además, le ha reprochado esta inacción cuando miles de inmigrantes, según ha indicado, están "tirados en el muelle de Arguineguín con altas temperaturas de calor y frío". "¿Este es el escudo social de la izquierda?", le ha preguntado, antes de acusarles de llevar a cabo una política migratoria "inhumana, desoladora e insostenible".

SOBRE EL PP: "NO HICIERON NADA"

Para el secretario de Estado, el PP está "en una posición difícil para hablar de política migratoria" porque, a su juicio, esta "llegó" con el nuevo Gobierno. "Las cifras no dejaban de incrementarse y no hicieron absolutamente nada", ha señalado.

En cuanto a la situación de los migrantes del puerto, ha declarado que se han implementado protocolos de Policía y de inmigrantes para garantizar "una llegada correcta" y ha insistido en que los agentes allí desplazados "hacen la reseña en los plazos establecidos". "Si están más tiempo del debidamente correspondiente no es porque estemos exigiendo, incluso con las llegadas que se pueden estar produciendo, mayores tiempos de reseña de estos migrantes".

Aún así, ha indicado que, "conscientes de que el lugar en el que se realizan estas reseña tiene que cumplir unas exigencias de dignidad" para migrantes y policías, están realizando "las inversiones pertinentes para mejorar las instalaciones" y están "en búsqueda de concretar un lugar adecuado" para realizar reseñas en un lugar "que no sea el muelle de Arguineguín".

Del mismo modo, Pérez ha defendido las "acciones concretas" llevadas a cabo desde el departamento que dirige Grande-Marlaska, como viajes a Mauritania y contactos con Senegal, desplazamientos de barcos de la Guardia Civil a la zona, contactos con FRONTEX o aviones para labores de prevención.

EL PP PIDE QUE MARLASKA NO HAGA "UN ESCRIVÁ"

A estas declaraciones el PP ha respondido mostrándole críticas a su labor del presidente socialista de Canarias, o del magistrado responsable de los CIE. También ha lamentado la actitud del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que, según ha explicado, visitó Canarias para decir que el problema migratorio 2era complejo" y hacerse una foto.

En este sentido, el senado ha pedido a Pérez que Grande-Marlaska no se haga "un Escrivá" este viernes y haga algo sobre este problema, como "levantar el campamento" de Arguineguín o "poner unos cuarteles" de la zona "a disposición" del sistema de acogida.

"Somos poco de foto", ha respondido el secretario de Estado, quien ha recordado al senador 'popular' que el ministro acude a Canarias con la comisaria europea de Interior, Yvla Jhansson. "Es implicación de la comisión europea, cosa que no hicieron nunca", ha insistido.

Los casos activos de coronavirus se han disparado un 40% en Palma en el último mes, un 61% en Ibiza y hasta un 253% en Manacor, los tres municipios que acumulan más contagios a fecha 4 de noviembre.

Así se desprende de un análisis de los datos por municipios que publica el Servicio balear de Epidemiología, recogidos por Europa Press. Palma (con 1.564 casos activos), Ibiza (327) y Manacor (265) suponen conjuntamente casi el 58% del total de casos activos en la Comunidad.

En los últimos tres días, Palma ha ganado diez casos activos, Ibiza 49 y Manacor 19. También han aumentado en los últimos días en Inca, que sin embargo se mantiene igual que hace un mes (111).

En el último mes, entre los municipios con más casos, los contagios activos han crecido en Marratxí (+57%, hasta 110 casos a 4 de noviembre), Calvià (+41%), Santa Eulària (donde se han duplicado y ya se supera el centenar), Sant Antoni de Portmany (+77%) y Llucmajor (+14%).

De entre los municipios con más casos activos, el único en el que han bajado en el último mes es Sóller (-27%), que actualmente tiene 72.

Actualmente hay ocho municipios sin ningún caso activo de COVID-19: Es Mercadal, Búger, Santa Eugènia, Es Migjorn Gran, Escorca, Estellencs, Petra y Fornalutx. De ellos, ni Petra ni Fornalutx han registrado un solo caso de coronavirus durante toda la pandemia.

Por Islas, Mallorca supera los 3.000 contagios activos (3.024), Ibiza se sitúa en 583, Menorca contabiliza 101 y Formentera, 16.

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades destinará en 2021 1.516 millones de euros procedente de los Presupuestos de la Junta de Andalucía a financiar las universidades públicas andaluzas, una partida que supone un incremento del 3,37% -49,4 millones adicionales- con respecto a la consignación aprobada en las cuentas del presente ejercicio.

Así se lo ha trasladado Rogelio Velasco a los rectores andaluces, con quienes se ha reunido para avanzarles los recursos autonómicos con los que contarán el próximo año, así como las principales líneas de actuación que guiarán la política del Ejecutivo autonómico en esta materia, ha informado la Consejería por medio de una nota.

En su intervención, Velasco ha destacado que estos fondos constituyen la partida de mayor peso de la Consejería y ponen de manifiesto "el compromiso del Gobierno autonómico con la sostenibilidad del sistema público andaluz de universidades, al que se continuará reforzando teniendo en cuenta que desarrolla una actividad de alto interés para la comunidad y constituye la base del sistema andaluz del conocimiento".

De esa cuantía global, el grueso, equivalente a 1.379,3 millones, se corresponde con la financiación operativa, capítulo con el que se sufragan las actuaciones y servicios asociados al funcionamiento de estas instituciones educativas superiores.

A esta cuantía se suman otros 136,7 millones, que tendrán como destino la compensación de bonificaciones de matrículas por rendimiento académico, que para 2021 incrementa su asignación un 7,81%, con un total de 41,4 millones; y los PECAS (Planes de Excelencia, Coordinación y Apoyo universitarios), que contarán con 43,7 millones y no sufren variación.

También se nutren de ese montante las actividades de investigación (37,7 millones) y las dedicadas a inversiones (11,3 millones), que se mantienen en los mismos niveles en 2021. Asimismo, se incluyen los programas de excelencia para másteres (1,5 millones) y los consejos sociales de las universidades (1 millón).

Al margen de esta financiación, para el próximo año las universidades públicas andaluzas podrán continuar disponiendo de los fondos recogidos en el Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023, dotado con 165 millones de euros para el impulso o adecuación de infraestructuras.

Este plan incluye actuaciones de equipamiento, adecuación de edificios e instalaciones o implementación de iniciativas relacionadas con las TIC.

NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN Y ORDENACIÓN DE ENSEÑANZAS

El consejero de Transformación Económica también ha expuesto las principales líneas estratégicas que guiarán el trabajo de su departamento el próximo ejercicio, poniendo el acento en la finalización del nuevo modelo de financiación de las universidades públicas, así como en el decreto de ordenación de las nuevas enseñanzas, "dos compromisos adquiridos que podrán ver la luz en 2021", según ha remarcado.

En lo que respecta al nuevo sistema de financiación, que busca asignar recursos de manera equitativa y fomentar la excelencia, la Consejería de Transformación Económica remitirá en breve a los rectores el nuevo borrador que recoge sus aportaciones para continuar trabajando en un documento que califica de "crucial" para el futuro de la enseñanza superior.

Sobre la ordenación de las nuevas titulaciones, se ultima el borrador del decreto con los nuevos criterios para su implantación, teniendo en cuenta que la nueva programación deberá responder a las necesidades socioeconómicas globales de la región haciendo un uso eficiente de los recursos.

En ambos casos, Velasco ha trasladado que avanzará en ambas líneas con el consenso con los rectores.

La dotación para universidades también contempla la puesta en marcha para el próximo curso académico, en coordinación con las universidades, de un programa de becas para movilidad en estudios de máster con un presupuesto de 1,5 millones.

Esta iniciativa estará destinada a estudiantes que, habiendo obtenido un alto rendimiento académico en los estudios de grado, se matriculen en másteres de excelencia impartidos por una universidad pública andaluza ubicada en un lugar distinto al de su domicilio familiar.

En 2021 se culminará el cumplimiento del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de 2018 al contemplar el abono del último tramo del complemento autonómico y consolidar la dotación presupuestaria necesaria para atender la limitación de la dedicación docente máxima a 24 créditos. También el año próximo se abonarán los complementos retributivos derivados de los nuevos sexenios de transferencia concedidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

El secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, ha afirmado este jueves que la pandemia de la Covid-19 ha demostrado "la necesidad de impulsar las políticas de juego responsable y seguro" para evitar ludopatías y prácticas adictivas o problemáticas del juego.

Así lo ha puesto de relieve Escudero durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de Diputados, para informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 relacionados con su departamento.

En este sentido, el secretario general ha dicho que "la sobrexposicón de la población, especialmente de las personas más jóvenes, a la publicidad y el aumento de la cifra de nuevos jugadores 'online' durante las primeras semanas del Estado de Alarma han mostrado la necesidad de regular la publicidad del juego".

De este modo, ha subrayado la relevancia de la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego que regula la publicidad del sector de las apuestas y juegos de azar 'online' en España.

A este respecto, ha argumentado que el sector del juego 'online' ha tenido un crecimiento acumulado del 300% en los últimos siete años, lo cual exige un "esfuerzo importante" para llevar a cabo las tareas de control del mercado. También ha destacado la futura aprobación de un real decreto de juego seguro.

Asimismo, ha detallado que la partida asignada a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) en el proyecto de presupuestos para el año 2021 alcanza los 6,8 millones de euros, lo que supone un 7% más con respecto a su dotación anterior.

RETORNO SOCIAL Y EFECTO MULTIPLICADOR

En su intervención, el secretario general de Consumo y Juego ha defendido que "cada euro puesto" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el Ministerio de Consumo "produce un retorno social y un efecto multiplicador" en los derechos de los consumidores y en la promoción de un ocio y un consumo saludable.

Según ha destacado su departamento, Escudero ha afirmado que el Ministerio "quiere fomentar un modelo de consumo responsable, sostenible y garantista" para la ciudadanía en línea con estrategias de la Unión Europea y del Gobierno de España sobre sostenibilidad económica y medioambiental.

Para ello, ha pedido a los diputados el apoyo a las cuentas del Gobierno para "proteger los derechos de consumidores y usuarios, con especial intensidad en las personas y colectivos en situación o riesgo de vulnerabilidad".

"Es necesario articular, como se hace en estos Presupuestos, una visión general ambiciosa que garantice derechos en un contexto de incertidumbre, grandes transformaciones socioeconómicas y amenazas medioambientales", ha señalado Escudero.

En este contexto, ha aclarado que "la filosofía y el diseño" de los PGE para el Ministerio que dirige Alberto Garzón "están enfocados" a paliar los efectos que la pandemia ha producido en la sociedad y a "las enseñanzas" que se puedan extraer de ella. Así, ha dicho que el estado de alarma ha motivado "la necesidad de reforzar los instrumentos jurídicos de protección a los derechos de los consumidores".

Por otro lado, ha defendido que la pandemia ha mostrado "la fortaleza" del sistema de seguridad alimentaria español y ha puesto en valor el "ejemplar comportamiento" que todos los actores de la cadena alimentaria han tenido durante periodo de crisis sanitaria. "Eso nos obliga a un trabajo y un esfuerzo continuo de refuerzo de los mecanismos de control y seguridad de la cadena alimentaria, lo cual tiene su traducción presupuestaria", ha enfatizado.

Castilla y León contabiliza un total de 96.595 positivos por coronavirus, de ellos 1.355 nuevos, según datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas de este jueves registran, asimismo, 35 fallecimientos en hospitales, mientras que el total en este ámbito es de 2.998 defunciones. Por su parte, las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 13.830, tras sumarse otras 190.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 745 y los casos positivos a ellos vinculados, 6.549. De ellos, Ávila contabiliza 92, los mismos; Burgos, 45, cuatro menos; León, 21, dos menos; Palencia, 69, cinco menos; Salamanca, 97, tres más; Segovia, 87, siete más; Soria, 55, cinco más; Valladolid, 207, 19 más, y Zamora 72, cuatro menos que ayer.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 96.595 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 1.355 más. Según los datos de la Administración regional, 89.964 positivos han sido diagnosticados en test PCR y de antígenos.

LA PROVINCIA DE VALLADOLID SUMA 475 POSITIVOS

Por provincias, Valladolid es la que acumula más positivos, con 475 más y un total de 21.097; seguida de León con 171 y 15.478; Burgos con 184 y 15.351; Salamanca con 178 y un total de 15.081; Segovia con 84 nuevos y 7.086; Palencia con 111 y 6.452; Ávila con 58 y 5.808; Zamora con 72 y 5.694 y Soria con 22 nuevos y 4.548.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 2.998, 35 más que en la jornada anterior. La mayor parte se registra en la provincia de León con 620 --once más--, le sigue Valladolid con 599 --cinco más--; a continuación figura Salamanca, con 518 --dos más--; Burgos, con 326 --seis más--; Segovia se sitúa en 241 --uno más--; Ávila registra 197 --dos más--, Zamora 198 --ocho más--, Soria 144 --uno más-- y Palencia suma tres más, hasta 155.

En el caso de las altas, un total de 13.830, se han computado 3.202 en Valladolid; 2.513 en León; en Salamanca 2.142; en Burgos 1.708; en Segovia 1.104; en Ávila 954; en Zamora 827; en Palencia, 706 y en Soria 584.

UN TOTAL DE 39 HOSPITALIZADOS MENOS

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo del COVID-19 un total de 1.677 personas --39 menos--. Del total, 1.472 pacientes se encuentran en planta --46 menos-- y 205 en unidades de críticos --siete más--.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 65 por ciento de las camas en unidades de críticos, dos puntos porcentuales más.

Así, se informa de 35 ingresados en el Complejo Asistencial de Burgos, 32 en los universitarios de Valladolid y Salamanca, 29 en el Complejo de Salamanca, 26 en el Complejo de León y en el Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana, 21 en el Complejo de Palencia, nueve en el Complejo de Zamora, siete en el de Ávila, seis en el Hospital de El Bierzo y en el Complejo Asistencial de Segovia y cinco en el de Soria.

CATORCE RESIDENTES MÁS FALLECIDOS

Por su parte, la cifra de internos de residencias fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúa en 3.011 --14 más que en el último parte emitido este miércoles-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 1.906 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, 14 más, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, los mismos que en la jornada anterior.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.011 finados, 1.854 personas han perdido la vida en su residencia o centro, cuatro más que ayer, mientras que diez personas más han fallecido en el hospital, hasta un total de 1.157.

Un total de 66 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, tres más, y 1.765 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 128 más.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se mantiene en 260, de ellos 143 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles. Además, se encuentran hospitalizados 37 residentes, uno menos, mientras que suben a 828 los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, 20 más.

Por otro lado, hay dos residentes en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, cuatro menos, y 170 aislados de forma preventiva sin síntomas, 11 menos.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Àngels Ponsa, ha explicado este jueves que la convocatoria para la mayor parte de ayudas al sector cultural se abrirá el 11 de noviembre, y ha subrayado que "en breve" comenzarán a hablar con las diferentes asociaciones para ver cómo retomar la actividad cultural, siempre dependiendo de la situación epidemiológica.

En rueda de prensa, la consellera ha dicho que la distribución de las ayudas --por un total de 17,2 millones-- para paliar los efectos del cierre de parte de la actividad cultural ha contado con la colaboración del sector, y ha señalado que la declaración de la cultura como bien esencial permitió "excepcionar" una parte.

El 11 de noviembre abrirá una línea de prestaciones directas a profesionales de la cultura --artísticos y técnicos--, dotada con 3,7 millones de euros, y con una ayuda de 750 euros para aquellas que hayan tenido un ingreso máximo de 18.555 euros entre enero y septiembre; otra de 4,7 millones de euros para gastos estructurales y de funcionamiento de empresas y entidades culturales; y una de 3,7 millones por la cancelación de espectáculos y actividades culturales.

A estas ayudas se suman una de 2,1 millones de euros para gastos de funcionamiento de equipamientos participados por la Generalitat, otra de 2 millones para asociaciones, entidades y federaciones sin ánimo de lucro --así como otra de 500.000 euros por cancelación de espectáculos y actividades de este tipo de entidades--, y otra de 500.000 euros de apoyo tecnológico para el conocimiento de la lengua, ya abiertas.

El secretario general de Cultura, Lluís Baulenas, ha asegurado que se tenía que "actuar con rapidez", y ha remarcado que estas ayudas son compatibles con otras que puedan ofrecer otras administraciones.

Ante las críticas de trabajadores de la cultura, Ponsa ha dicho que han visto que en ocasiones cuesta que la información llegue a todos los posibles beneficiarios, y ha remarcado que han puesto en marcha un buzón --Bústia Cultura-- para responder a las dudas que puedan surgir.

REANUDACIÓN DE ACTIVIDAD

Preguntada por una posible reanudación de las actividades culturales, ha dicho que "en breve" comenzarán a hablar con el sector porque retomar la actividad no es tan sencillo y cada sector tiene sus características.

Ha dicho que un indicador sería que la velocidad de reproducción (rt) del coronavirus se mantuviera "sostenido" en esa cifra, ya que está muy relacionado con la ocupación de camas UCI y del número de casos diario.

"Se tiene que hacer bien" la reanudación de la actividad cultural, ha remarcado, y ha subrayado que cuando los datos sanitarios sean proclives, se hará enseguida.