Fundación ONCE y Crue-Universidades Españolas han convocado por quinto año consecutivo su programa de becas para la realización de prácticas externas para estudiantes universitarios con discapacidad, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020. Gracias a esta iniciativa se podrán beneficiar de las prácticas un total de 300 jóvenes de toda España.

El programa, denominado ‘Becas-Prácticas Fundación ONCE-Crue Universidades Españolas’, pretende mejorar la carrera profesional de los universitarios con discapacidad, a quienes facilita el acceso a una primera experiencia laboral, según detallan sus impulsores.

Cuenta con una inversión máxima de 540.000 euros, con un importe de 1.800 euros por beca. Permitirá, como en los cursos pasados, que al menos 300 estudiantes con discapacidad matriculados en las universidades españolas asociadas a Crue Universidades Españolas y centros adscritos puedan realizar prácticas externas.

El periodo de las prácticas será de tres meses consecutivos, ampliable a seis a instancias de la empresa, y podrá desarrollarse en grandes empresas, pymes, microempresas, entidades de la Economía Social y del tercer sector, así como en otras instituciones y entidades públicas o privadas. Las prácticas podrán desarrollarse en modalidad presencial o virtual, de igual manera que la actividad académica y virtual.

Puesto que la quinta convocatoria del Programa se desarrollará durante el curso académico 2020/2021, el período de prácticas podrá comenzar a partir del día siguiente a la resolución de aprobación de las personas becadas y hasta el 31 de diciembre de 2021.

La colaboración de Fundación ONCE y Crue Universidades Españolas, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pretende promover la realización de dichas prácticas, contribuir económicamente al coste del programa y facilitar la intermediación de las empresas, incentivándolas a la contratación de personas con discapacidad, fomentando nuevos vínculos entre empresa y universidad y una mejor gestión de la diversidad a través de la inclusión.

Podrán beneficiarse de este programa de prácticas en empresas los alumnos universitarios que tengan una discapacidad reconocida igual o superior al 33%; estén matriculados en grado o máster (oficial o propio) en alguna universidad española o centro adscrito, y que hayan superado más del 50% de los créditos de grado y/o master del correspondiente título universitario. Se priorizará a los estudiantes de último curso y no podrán mantener relación contractual de tipo laboral, de prestación de servicios o asimilable en el momento de disfrutar de la beca.

Para participar en la convocatoria, los estudiantes deberán inscribirse a través de la página web que Fundación ONCE tiene habilitada a dichos efectos (https://becas.fundaciononce.es/) hasta el próximo 30 de noviembre.

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha avisado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que si el Gobierno aprueba una reforma legal para poder renovar sin los ‘populares’ el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su partido irá al Tribunal Constitucional y pedirá la suspensión cautelar. Además, ha señalado que el PP también acudiría a las instancias europeas.

El presidente del Gobierno admitió el pasado viernes que su Ejecutivo está estudiando vías para cambiar la ley para renovar el CGPJ sorteando el «bloqueo» del PP. Y esta semana el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha advertido a los ‘populares’ que si no pactan la renovación del Consejo tendrán que modificar la ley.

López, que es también consejero de Justicia e Interior en la Comunidad de Madrid, ha indicado que si el Gobierno quiere llevar a cabo esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para nombrar a los vocales del CGPJ «sin contar con el PP» solo puede realizarlo «bajando la ratio parlamentaria de tres quintos que establece la Constitución» para ocho de sus 20 vocales.

Tras subrayar que el propio Tribunal Constitucional ya se pronunció considerando «una cautela absolutamente necesaria» esa mayoría parlamentaria, ha señalado que esa reforma que quiere acometer el Ejecutivo va en la «línea totalmente contraria» a lo que quiere hacer el PP, dado que en vez de «reforzar la independencia judicial» conduciría a «debilitarla».

Es más, ha dicho que esa reforma legal «colocaría a España a la misma altura de lo que está ocurriendo en Polonia», país que, según ha dicho, ha sido denunciado ante la UE por «transgredir los principios básicos de independencia del Poder Judicial».

Por todo ello, ha avisado que si el Gobierno de Sánchez al final sigue adelante con esa reforma su partido acudirá a las instancias europeas, pero también al Tribunal Constitucional, solicitando además como medida cautelar que suspendiera la eficacia de esta norma.

INSISTE EN DEJAR FUERA A PODEMOS DEL PROCESO

López, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión que el líder de su partido, Pablo Casado, ha mantenido con cuatro exministros de Justicia de Gobiernos ‘populares’ –Ángel Acebes, José María Michavila, Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá–, ha señalado que todos ellos ha mostrado su «preocupación» por la «deriva» del actual Gobierno dirigida a «colonizar» las instituciones.

Enrique López ha asegurado que el Partido Popular «asume plenamente sus obligaciones constitucionales y legales» en el proceso de renovación de las instituciones, pero ha recalcado que la situación que ha provocado Sánchez «impide» a su formación llegar en este momento llegar a ese acuerdo.

«Le hemos pedido que Podemos no esté presente en esa negociación», ha resaltado, para añadir que el partido morado «ha solicitado la abdicación del Rey», quiere pactar con ERC para «crear marcos dirigidos a la independencia», defiende acuerdos de gobierno con Bildu y «arremete ferozmente» contra el Poder Judicial.

Además, ha afirmado que la petición de la imputación del vicepresidente Pablo Iglesias en el llamado ‘caso Dina’ es «una razón más» para no tratar la renovación del CGPJ con el Gobierno si Podemos forma parte de la negociación.

Dicho esto, Enrique López ha subrayado que el PP «no bloquea» esa renovación sino que pide a Pedro Sánchez que les «libere de un problema que él mismo ha creado» al incluir al partido morado en el Gobierno de España. «No podemos exigirle que cambie el Gobierno pero sí que Podemos no esté presente en ningún tipo de negociación de órganos tan importantes como el Consejo», ha concluido.

Las fuerzas de seguridad han detenido al menos a 10 personas en un operativo antidroga conjunto de Policía Nacional y Guardia Civil que se desarrolla en varias localidades de Galicia y en el municipio leonés de Ponferrada.

Así, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, la actuación corre a cargo de la Unidad Contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil y la unidad de delincuencia y crimen organizado (Udyco) de la Policía Nacional.

La causa en la que se encuadra esta acción ha sido declarada secreta, y se sigue por los supuestos delitos de tráfico de drogas y organización criminal.

En el marco de este operativo se ha detenido al menos a 10 personas (es posible que el número de arrestos aumente), en localidades de la provincia de Pontevedra, en la de Ourense y en Ponferrada. Asimismo, se han llevado a cabo varios registros en esos lugares (casco urbano de Pontevedra, Marcón, Campelo en Poio, Mos, Ourense, etc.).

Fuentes de la investigación han señalado que este operativo se dirige contra un clan familiar de narcotraficantes conocido como ‘Los Ferrados’, que supuestamente actúa desde distintos puntos de Galicia, si bien su centro de operaciones se localizaría en Poio (Pontevedra).

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha anunciado que el Gobierno Vasco presentará este viernes «el plan de acción» diseñado para continuar con la búsqueda del trabajador que aún permanece desaparecido tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar, que «sigue siendo la prioridad absoluta». Asimismo, ha considerado «una irresponsabilidad abrir investigaciones paralelas parlamentarias» mientras está abierta la investigación judicial.

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, ha recordado que este viernes tiene prevista, junto a la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, una visita al vertedero de Zaldibar, en cuyo derrumbe el 6 de febrero quedaron sepultados dos trabajadores, uno de ellos aún desaparecido.

Según ha avanzado, en esa visita, los consejeros van a «repasar cómo se encuentran los trabajos» que se están realizando y a anunciar también «cuál es el plan de acción diseñado por Gobierno Vasco para continuar con la búsqueda del trabajador desaparecido».

El consejero ha explicado que no se atreven a dar plazos porque ja «muchos factores técnicos» y la meteorología influyen en la marcha de los trabajos, pero sí ha dicho tener claro «cuál es el orden de intervenciones, los lugares en que se tiene que incidir y en qué orden más o menos, porque los responsables de la investigación policial han identificado unas zonas en las que creen que es probable que se encuentren los restos mortales» de Joaquín Beltrán.

«Y eso es lo que vamos a explicar el viernes. El plan para dar respuesta a la prioridad absoluta que todavía sigue siendo la búsqueda de la persona desaparecida y no encontrada», ha señalado.

Preguntado por las peticiones de una Comisión de investigación en el Parlamento Vasco en relación al derrumbe del vertedero vizcaíno, ha afirmado que «el asunto está en sede judicial» y no tiene «duda» de que los jueces van a desarrollar «una investigación profundísima con una instrucción que no va a dejar espacios de oscuridad».

A su entender, «hasta que se conozcan los hechos en sede judicial claramente –porque hay mucho seguramente que aclarar– sería una irresponsabilidad abrir investigaciones paralelas parlamentarias para identificar presuntas responsabilidades políticas».

«Lo primero es claramente la responsabilidad penal judicial que está en marcha ya inexorablemente desde hace ya varios meses», ha insistido.

DESAFÍOS

Por otro lado, el consejero de Seguridad ha situado entre los principales «desafíos» de su Departamento «la renovación generacional» en la Ertzaintza, un asunto que está «planificado» pero en el que la pandemia está provocando una ralentización de los procesos de formación en la Academia de Arkaute de los nuevos agentes.

En este sentido, ha apuntado que la Ertzaintza «no se puede permitir operar en la sociedad vasca con una dotación demasiado inferior a lo establecido como contingente normal», que se cifra en unos 8.000 ertzainas.

También ha citado la digitalización como otro «desafío importante» ya que, según ha indicado, «los equipos hay que modernizarlos y, además, la persecución de los nuevos tipos de delitos va a requerir también una fuerte inversión en el ámbito digital. Según ha explicado, porcentualmente la mayoría de los delitos que se producen en Euskadi son hurtos o estafas a través de internet.

Por tanto, ha insistido en que «dotar a la Ertzaintza de los recursos tecnológicos necesarios para poder afrontar con eficacia esos delitos es muy importante».

Entre otros asuntos de su competencia, el vicelehendakari ha aludido a la negociación del traspaso de transferencias pendientes y ha explicado que se están «estableciendo contactos para continuar en un proceso que yo creo que tiene que llegar hasta el final».

«Vamos a avanzar en esas transferencias pendientes», ha señalado Erkoreka, que ha indicado que, entre los gobiernos vasco y central, «hay acuerdo, hay consenso en que es un camino que se tiene que recorrer, que no podemos posponerlo más».

«ACERTANDO»

Finalmente, Erkoreka, que forma parte del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil (LABI), ha destacado, aunque «con toda la prudencia», que los datos de incidencia de la covid-19 son «razonablemente positivos» en Euskadi en «prácticamente todos los indicadores relevantes» durante las últimas semanas.

«Parece que estamos conteniendo bastante la curva de la pandemia, tanto en las tasas de positividad como en las tasas de incidencia durante 14 días, como en las tasas de ocupación de los hospitales, estamos razonablemente bien, y estamos gestionando las cosas de manera que ninguna de estas tasas, de estos tres indicadores fundamentales, se tuerza y empeore», ha añadido.

Por ello, ha considerado, «con toda la prudencia», que se está «acertando y, sobre todo, el plan de rastreo de casos y contactos que viene implementando el Departamento de Salud desde el verano está dando frutos y está arrojando resultados positivos que ahora sí se ponen de manifiesto, en contraste con otros territorios colindantes que atraviesan mayores dificultades.

En todo caso, ha augurado que «vamos a tener que convivir con las restricciones y con esta normalidad durante mucho tiempo». Asimismo, ha explicado que «no está previsto por ahora establecer una directriz homogeneizante» en relación a la celebración de cabalgatas en Navidades porque las circunstancias son «muy distintas» en cada municipio.

«No es lo mismo la concentración humana que se produce en Bilbao con la que pueda producirse en un pueblo mucho más pequeño», ha señalado Josu Erkoreka, que ha agregado que se seguirán, en cualquier caso, «siendo rigurosos y exigentes en la adopción de las medidas de distanciamiento social, de limpieza, de higiene, y de protección» para que el virus no se propague.

La diputada de Vox Rocío de Meer ha acusado al Gobierno de «importar miles de africanos» y de «trabajar para más invasión» y el ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, le ha afeado que intente «espolear los instintos más xenófobos de algunas partes de la sociedad».

«¿Creen que importar a miles de africanos para ponerlos a deambular por las calles no iba a aumentar la criminalidad?», ha indicado De Meer este miércoles durante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La diputada de Vox ha comenzado su intervención señalando que «solo hoy han llegado a las costas de Almería casi 50 migrantes ilegales» y ha propuesto «meterlos a todos en un autobús y llevarlos a casa de la señora Carvalho», refiriéndose a la diputada de Esquerra Republicana.

Para De Meer, la situación de la migración a la que se refieren desde otros grupos «no se ajusta realidad que viven miles de familias». «Me alegro de que cerca de sus casas no haya un piso patera, que no pasen miedo cuando sus hijos van al colegio y tienen que atravesar un centro de menas, o que en sus urbanizaciones no hayan detenido a ningún yihadista», ha señalado.

Además, ha criticado que el Gobierno «venda un multiculturalismo» que, a su parecer, «ha fracasado» y ha añadido que «la izquierda se ha convertido en los tentáculos del sistema económico mundial haciendo que el feminismo, el multiculturalismo y el apocalipsis climático sean consumo de masas.

Por su parte, José Luis Escrivá ha respondido que España es «un país ejemplar en contra de la xenofobia», ha defendido el multiculturalismo y ha afeado a la diputada de Vox que «intente espolear los instintos más xenófobos de algunas partes de la sociedad con ejemplos de aquí y de allá» que ha preferido «no calificar».

Los diputados de algunos grupos como Joan Baldoví de Compromís o Isabel Franco de Unidas Podemos han expresado su «bochorno» por la intervención de la diputada de Vox cargada, según han dicho, de «bulos».

«¿Sabe, en 1910, la tasa bruta de emigración más grande cuál era? La de Almería. ¿Sabe que, en 1930, 300.000 españoles emigraron al norte de África? ¿De dónde eran? Principalmente de Almería, Murcia, Alicante… ¿? No, a buscarse un futuro», ha apuntado Baldoví.

En la misma línea, la diputada de Unidas Podemos, Isabel Franco, ha calificado el discurso de De Meer de «atroz» y ha dado las gracias al ministro de Inclusión «por desmontar con datos» la «mentira de la ultraderecha».

Además, el diputado del PSOE Luc Diouf, que según ha precisado, tiene la nacionalidad española desde 1991, ha pedido a la diputada de Vox que no hable de su continente, África, porque le queda «inmensamente grande».

El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha archivado las diligencias derivadas de la querella del PP contra personas vinculadas a MÉS per Mallorca, a quienes se acusaba de presunta corrupción en el que fue conocido como ‘caso Contratos’.

La magistrada Victoria Pelufo acuerda el sobreseimiento provisional considerando que no ha quedado acreditada «la comisión de ilícito alguno por parte de ninguno de los querellados», de quienes dice que «explicaron de manera coherente» el procedimiento en los contratos.

Es la segunda vez que se archiva la investigación del ‘caso Contratos’. En 2017 se abrieron diligencias en otro Juzgado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, y fueron archivadas en marzo de 2019. Al margen de ese procedimiento, el PP había presentado, en agosto 2018, una querella contra varios de los investigados.

En particular, la querella incluía al ex coordinador de la campaña electoral de MÉS, Jaume Garau, y dos de sus empresas, CPC y Regioplus; la exconsellera de Transparencia y Cultura, Ruth Mateu -quien dimitió cuando se abrió la primera investigación-; el exdirector general de Cultura, Jaume Gomila; el exdirector del IEB, José Ramón Cerdà; el exdirector de la Agencia de Turismo, Pedro Muñoz; y el expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer. Les imputaba presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude.

La magistrada recalca en su auto que, después de que comparecieran los investigados en el Juzgado y contestasen a todas las preguntas que se les formularon, el PP no ha solicitado ninguna otra diligencia de investigación.

«En sus respectivas declaraciones explicaron de manera coherente cual era el objeto de sus contratos, el motivo de su participación en la licitación de los mismos, y porqué consideran que el precio fijado para licitar a los mismos era el de mercado», apunta.

Asimismo, la juez declara acreditado que las ofertas de los contratos «se llevaron a cabo dentro del marco legal». «No se ha constatado que se hubieran fraccionado los contratos para evitar o eludir requisitos de publicidad, para de este modo favorecer a las empresas investigadas», incide.

Tras conocerse el archivo, el actual portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha celebrado la decisión de la juez y ha considerado demostrado que la querella del PP «sólo era una maniobra partidista y un intento de volver a instrumentalizar la Justicia».

Ensenyat ha lamentado que el PP intentase «reavivar un caso que nunca ha existido, estirando unas acusaciones sin fundamento», y buscando «una red o nexo» entre administraciones diferentes supuestamente para beneficiar a personas de MÉS. «No todos somos iguales», ha zanjado el diputado.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha condenado a una multa de 360 euros a la joven de 18 años que okupó hace más de un año la vivienda de su abuelo en la calle Atocha por un delito de usurpación de un inmuble.

En una sentencia, el juez acuerda el desalojo de la vivienda en concepto de responsabilidad civil, advirtiendo de que si no se lleva a cabo las Fuerzas de Seguridad desalojarán a cualquier persona que se encuentre en el interior de la vivienda.

La condena llega después de que el pasado 29 de septiembre se repitiera el juicio tras ser anulado por la Audiencia de Madrid y cuya sentencia absolvió a la joven y su pareja. Tras la nueva vista, Paula ofreció las llaves del piso «sin condiciones» casi once meses después de la okupación.

La sentencia señala que Vicente Moreda, de 87 años, se vio privado de la posesión de un inmueble que, como propietario tenía el derecho de usar y disfrutar, dando por acreditada «la nula relación entre abuelo y nieta sin que desprenda ningún interés en conseguir la reconciliación familiar».

Por ello, entiende el juez que la acción llevada a cabo por Paula se realizó «abusando de la vulnerabilidad del denunciante debido a la gran diferencia de edad entre ambos».

El pasado julio, la Audiencia de Madrid anuló el juicio y ordenó devolver las diligencias. En la anterior vista, la joven manifestó que entró en la vivienda porque «no tenía a dónde ir» con su «chica» y explicó que usó una copia de una llave que tenía su padre, negando haber cambiado la cerradura.

OKUPACIÓN

La okupación se remonta al verano de 2019 cuando Vicente Moreda, de 87 años, recibió estando en Cartagena (Murcia) una llamada de un vecino alertando de que una chica había entrado en su casa. El afectado llevaba dos meses en esta localidad al estar ingresado en un hospital y estar su mujer ingresada en una residencia al sufrir Alzheimer.

La familia contrató tras interponer la denuncia a la empresa Desokupa para lograr sin éxito la salida de la joven. En la vista salieron a la luz los problemas familiares y la madre llegó a denunciar que habría sufrido agresiones de su hija.

Pese al testimonio de la madre y de su abuelo, la primera sentencia absolvió a la chica alegando que la difícil situación que se vive, «con un proceso de divorcio entre los padres que afecta al consentimiento», impedía dictar una sentencia condenatoria «ya que no todo lo practicado no consigue quebrar el principio de presunción de inocencia que ampara el artículo 24 de la Constitución».

Además mantuvo que a lo largo del procedimiento no se ha acreditado la legitimación del abuelo de la denunciante de ejercer acciones penales en nombre de su esposa, quien sufre un Alzheimer avanzado. La magistrada da «especial relevancia» a este extremo, ya que antes de la okupación la joven vivía en esta casa junto a su padre con el consentimiento de sus abuelos maternos.

INFRACCIÓN

Sin embargo, los magistrados de la Audiencia de Madrid consideraron que hubo «una infracción» en la valoración de la prueba a instancias de un recurso del fiscal. En la argumentación jurídica, la Sección entendía que de la declaración de las acusadas se deduce la infracción del artículo 245.2 del Código Penal sobre la ocupación de un inmueble sin autorización previa.

Dicho artículo establece que «el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses».

La segunda edición de Trafic Latinoamérica Smart Mobility, Sustainability & Innovation, organizada por Ifema y Plaza Mayor, y que se celebrará los próximos 1 al 3 de diciembre, en la ciudad colombiana de Medellín (recinto Plaza Mayor), abordará la movilidad, la seguridad vial, y la sostenibilidad de las ciudades.

Asimismo, según ha informado Feria de Madrid en un comunicado, la Feria vuelve a coincidir por segundo año consecutivo con el foro de las ciudades diálogos Medellín, que reunirá a responsables de 45 ciudades iberoamericanas, españolas y europeas.

Ambas convocatorias, que cuenta con el renovado apoyo de la Alcaldía de Medellín y su Secretaría de Movilidad, tendrá un carácter presencial, siguiendo todos los protocolos y medidas de seguridad y sanitarias, y virtual para atender a las jornadas y encuentros profesionales.

Los visitantes de Trafic Latinoamérica podrán conocer, presencialmente o de forma virtual, previa inscripción, gratuita, la oferta presentada por las empresas en sus stands, articulada en torno a los sectores de Planificación Urbana (Equipamiento Urbano; Infraestructuras viarias, Alumbrado y Señalización; Urbanización Vial y Servicios; Rehabilitación, mantenimiento y ornamentación, y Parques y Jardines); Movilidad (Sistema de regulación de tráfico; Vehículos eléctricos e instalaciones relacionadas; Gestión y emplazamiento de aparcamientos; ITS – Sistemas Inteligentes de Transporte), y Nuevas Tecnología (Sistemas de control de tráfico, y Seguridad Vial).

Por su parte, el Foro de las Ciudades integrará la programación de las 15 sesiones plenarias, y 10 talleres temáticos preparatorios, que se celebrarán previamente los días 23 al 27 de noviembre, en los que participarán más de 80 organizaciones, expertos, redes de ciudades, universidades, empresas.

Entre las cuestiones que se abordarán en el Foro, figuran la movilidad limpia, segura y sostenible; la innovación que impulsa procesos de mejora en la gestión urbana y en los modelos de organización humana; la gestión del urbanismo como eje planificador; el emprendimiento y la participación como palanca de transformación; el espacio público de calidad y «seguro» que permita la relación social, y la ciudad verde y renaturalizada para la mejora de la calidad del aire, la salud y el bienestar ciudadano.

Tanto los talleres como las sesiones plenarias del foro de las ciudades diálogos Medellín podrán seguirse gratuitamente y de manera virtual, en una plataforma digital habilitada al efecto. El horario del Foro será de 8 a 13 (hora colombiana) y de 14 a 21 (hora española).

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ratificado la prórroga de las medidas sanitarias contra la Covid-19 que afectan a derechos fundamentales, aprobada por la Conselleria de Sanidad Universal para el conjunto de la región el pasado 25 de septiembre.

Esta resolución establecía una segunda prórroga, de 21 días desde las 00 horas del 29 de septiembre, de la orden publicada el 17 de agosto que incorporaba las medidas adoptadas en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En concreto, en el auto notificado este miércoles se ratifica la realización de PCR a todos los nuevos ingresos y reingresos, a empleados que regresen de permisos y vacaciones y al nuevo personal que se incorpore en las residencias de mayores, personas con discapacidad y tratamiento de adicciones dependientes de la Generalitat, informa el alto tribunal valenciano en un comunicado.

El TSJCV también avala la realización de cribados por PCR en grupos específicos, en casos de brotes epidémicos y en poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas. Todas esas medidas, a su juicio, están justificadas y son proporcionales.

Otras medidas ratificadas son las tendentes a limitar las salidas de los residentes de esos centros sociosanitarios dependientes de las consellerias de Igualdad y Sanidad. No obstante, el auto matiza que la ejecución de esas restricciones ha de quedar condicionada «en función de la situación epidemiológica del área geográfica de incidencia y de las características serológicas» que presente cada centro.

En cuanto al resto de medidas incluidas en la resolución que no afectan a derechos fundamentales, el TSJCV inadmite su ratificación, pues no requieren de un control previo de legalidad ni jurisdiccional al tratarse de recomendaciones –sin fuerza normativa– o de intervenciones en el ejercicio de actividades económicas.

Cs ha registrado este miércoles una propuesta de resolución en la que pide al Govern reconocer la necesidad de establecer un complemento retributivo extraordinario a favor de los jueces que ejercen en Cataluña, con la finalidad de «cubrir las plazas vacantes que se han dejado de cubrir en los últimos años».

En el texto, apuestan por hacer de Cataluña «un destino atractivo para los jueces de carrera» y piden al Govern instar al departamento de Justicia a promover un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el compromiso del departamento de financiar dicho complemento.

También piden al Ejecutivo catalán manifestar su apoyo a los jueces y magistrados que desempeñan sus funciones en los juzgados catalanes y que –a su juicio– han sufrido en los últimos años «el acoso y el señalamiento de determinados grupos callejeros separatistas».

Asimismo, han solicitado al Govern que se reconozca el «ingente trabajo» que realizan los jueces y magistrados en Cataluña ante la situación de colapso generada por la pandemia y ante la falta de medios materiales y humanos adecuados para realizar con plenas garantías su trabajo, han asegurado.

Por último, han urgido al Ejecutivo catalán destinar los recursos presupuestarios suficientes durante el ejercicio de 2020 «mientras la situación de plazas vacantes de jueces y magistrados sin cubrir y la situación de colapso de los órganos judiciales persista».

APLICACIÓN RADAR COVID

En otra propuesta de resolución, instan al Govern a promover la utilización masiva de la aplicación ‘Radar Covid’ entre la ciudadanía catalana, para hacer «un control y seguimiento más eficiente» de la propagación del Covid-19.

El partido naranja ha pedido al Ejecutivo catalán conectar la red sanitaria de Cataluña «al sistema de seguimiento y rastreo» que se utiliza en otras comunidades autónomas, y piden aprovechar que Barcelona y su área metropolitana son ‘hubs’ de conocimiento tecnológico avanzado.

«Seamos sensatos, pensemos en el bien común y colaboremos con el resto de administraciones, utilicemos las herramientas que se han desarrollado y que mejoran mucho su funcionamiento si incluyen los principales centros demográficos», han zanjado.

El Banco Central Europeo (BCE) considera necesario evitar la retirada prematura de las medidas de apoyo adoptadas para hacer frente al impacto de la pandemia, aunque ha señalado que, a nivel nacional, estas deberían ser temporales y estar dirigidas al apoyo de empresas estructuralmente solventes, según ha señalado la presidenta de la entidad, Christine Lagarde.

«Debemos protegernos contra la retirada prematura de estas medidas de apoyo», advierte la banquera central en una entrevista con ‘Harvard International Review’, donde afirma que el paquete de medidas implementado por las autoridades nacionales, europeas y el BCE han contribuido a evitar una recesión aún más profunda y una crisis de crédito que habría dejado profundas y duraderas cicatrices en la economía.

En este sentido, Lagarde destaca que los cálculos del banco central apuntan a que unos 13,5 millones de personas se encuentran actualmente acogidas a distintos programas de retención de empleo en la zona del euro, lo que supone alrededor del 8% de la población activa de la región y por encima de los 12,8 millones de desempleados en julio, el 7,9% de la población activa.

«Estos esquemas han evitado con éxito un aumento a gran escala del desempleo», celebra la francesa, aunque admite que «el ajuste del mercado laboral aún no se ha completado» y se espera un aumento significativo de la tasa de desempleo durante los próximos trimestres, en particular en los sectores más afectados por la crisis.

Según las proyecciones macroeconómicas más recientes del BCE, publicadas el pasado mes de septiembre, la institución prevé que el desempleo aumente del 7,3% en el primer trimestre de 2020 hasta el 9,5% en 2021 antes de descender al 8,8% en 2022.

Asimismo, la ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) subraya que, a pesar de que la pandemia es un shock global, su impacto local será desigual, como refleja que la pérdida de PIB en el primer semestre de 2020 haya oscilado en la zona euro entre más del 22,7% en España y menos del 11,5% en Alemania como consecuencia tanto de la gravedad del brote, como del diseño de la respuesta nacional, de la estructura económica, de la actividad sectorial, así como de la capacidad de absorción fiscal y de la resiliencia de los sectores empresarial y financiero.

Por esta razón, ya hemos anunciado que mantendremos nuestra ‘red de seguridad’ hasta que consideremos que la fase de crisis del Covid-19 ha terminado, pero en cualquier caso no antes de finales de junio de 2021″, añade la presidenta del BCE, para quien sigue siendo necesaria una postura fiscal ambiciosa y coordinada ante la fuerte contracción de la economía y de las grandes incertidumbres que siguen existiendo en torno a las perspectivas.

En este sentido, Lagarde subraya que el paquete de recuperación de la UE tiene el potencial de apoyar significativamente a las regiones y sectores más afectados por la pandemia, fortalecer el mercado único y alentar una recuperación duradera y uniforme.

Sin embargo, en cuanto a las medidas de carácter nacional, la presidenta del BCE insiste en que «deben ser temporales y estar dirigidas a garantizar que solo se apoyen las empresas estructuralmente sólidas», ya que así se permite que la estructura de las economías se ajuste donde sea necesario, de modo que el capital y la mano de obra fluyan hacia las empresas más productivas.

Depende de los gobiernos nacionales establecer los incentivos adecuados para la inversión y la innovación que mejoren la productividad y que ayuden a rejuvenecer la economía europea», apostilla.

El hombre acusado de asesinar a su hijo de ocho años para causar daño a su mujer ha reconocido ante el jurado popular los hechos de los que le acusa la Fiscalía y ha admitido que le dio muerte dándole un corte en el cuello por la espalda.

En la primera sesión de la vista oral, I.M., quien se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable, ha respondido con un escueto «sí» cuando el fiscal le ha preguntado, tras lo que no se han formulado más preguntas ni por parte del Ministerio Público, ni de la acusación particular o defensa y se ha dado por concluido el interrogatorio.

La admisión expresa tanto del asesinato del pequeño como de los delitos de violencia de género sobre su mujer ha llegado después de que la defensa y la acusación particular hayan alcanzado un principio de acuerdo por el que la segunda retiraría dos de los delitos que le imputa al margen de los recogidos en la calificación del fiscal.

A la espera de conocer cómo iba a responder el procesado, las distintas partes han intervenido para exponer sus escritos y, en esta fase, la abogada de I.M. ha trasladado al jurado popular que su patrocinado «está diagnosticado de diferentes patologías psiquiátricas» y ha destacado que, desde un primero momento, «confesó el crimen».

«Él no ha negado los hechos, pero tampoco los planeó. Ese día se levantó así y una vez más escuchó voces que le decían: mátalo, mátalo, y lo hizo», ha dicho para añadir que dos años antes estuvo en tratamiento «por la Seguridad Social por un trastorno psicótico de la personalidad».

Por su parte, la acusación particular ha remarcado que I.M. cometió «un asesinato atroz» cuando su esposa y madre del menor «quiso terminar con años de dominación» y aludido a la «crueldad extrema» que mostró «con el único objetivo de causar mayor sufrimiento» cuando le enseñó al hijo mayor el cuerpo sin vida de su hermano «diciendo que era culpa de su madre».

«El hermano, de solo 11 años, llamó a su madre para decirle que no fuera a casa, que también la mataría a ella y está en tratamiento por estrés postraumático con una vida de miedo y pesadillas», ha dicho para añadir que ella «en años de desprecios, humillaciones, machismo y sometimiento jamás pudo imaginar que sería capaz de hacerle daño a su hijo».

La vista oral con tribunal de jurado contra I.M., el hombre acusado de asesinar a su hijo menor de ocho años en abril de 2019 en El Ejido (Almería), arranca este miércoles en la Audiencia Provincial en siete sesiones que está previsto concluyan el día 19 con la entrega del objeto de veredicto.

I.M., al margen de la pena de prisión permanente revisable, se enfrenta a una pena de 13 años de cárcel como presunto autor de un delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género contra su mujer.

El Ministerio Público interesa, además, que se le impongan otros dos años de prisión por sendos delitos de lesiones psíquicas derivados del comportamiento que mostró tras el crimen tanto hacia su esposa como hacia su hijo mayor, al que exhibió el cadáver.

Los hechos tuvieron lugar el 20 de abril del pasado año, entre las 15,00 y las 15,15 horas, cuando el hombre estaba solo en la vivienda con sus dos hijos ya que su mujer había salido a trabajar a los invernaderos y su cuñado, que vivía con ellos, había ido a dar un paseo.

El fiscal explica el plan bajo el que el acusado habría actuado con la «firme intención» de dar «una muerte cierta» a su hijo menor, para lo que pidió al hermano de la víctima, de once años, que les «dejase a solas».

Así, de acuerdo con el escrito, el hombre pidió al pequeño de ocho años que le acompañase al sótano de la casa, del que «solo se puede salir subiendo unas escaleras hacia la vivienda», mientras que «llevaba escondido un cuchillo.

Una vez a solas en la habitación, donde el menor se encontraba «confiado al estar con su padre y sin posibilidad de huida», el hombre habría sacado «sorpresivamente» el cuchillo con el que, de forma «intencionada», le habría realizado un corte desde atrás, de modo que el pequeño no tuviera posibilidad alguna de repeler la agresión, según el documento.

La Fiscalía expone en un duro relato de los hechos la «gran desproporción de fuerzas entre la víctima y el agresor», del que el menor habría tratado de «soltarse» aunque sin conseguirlo, por lo que falleció por la pérdida de sangre entre las 15,15 y las 15,30 horas.

QUISO HACER DAÑO A LA FAMILIA

El escrito de acusación incide además en la actuación posterior del presunto asesino con respecto a su mujer, a la que habría llamado por teléfono para confesar los hechos, y con respecto a su otro hijo, al que «condujo al lugar del crimen», le mostró el cuerpo y le dijo que «lo había matado porque su madre tenía un amante» al tiempo que le aseguró que a él no lo iba a matar.

Para el Ministerio Público, el acusado actuó sabedor de que la visión del cuerpo del menor iba a producir en su hermano «un profundo desgarro emocional y psíquico» dada su «cruel e inhumana forma de actuar» que ha creado lesiones psíquicas en él por las que aún se encuentra bajo tratamiento.

«Guiado por el mismo ánimo de causar un daño psíquico», el acusado llamó a su mujer y le contó lo que había hecho, por lo que acudió rápidamente al domicilio.

Al llegar a la vivienda, el acusado «persistiendo en su intención de producirle una lesión psíquica», la culpó de la muerte del menor «por no querer irse a Rumanía con él», de forma que ahora podía «quedarse con su amante porque él iba a la cárcel».

EPISODIOS DE PRESUNTOS MALOS TRATOS

La Fiscalía sostiene que, en los años previos al día del crimen y, en concreto, desde que la pareja contrajo matrimonio en octubre de 2006, tuvieron lugar diferentes episodios de violencia de género, ya que el acusado «sometió progresivamente a su esposa a un control cada vez mayor, obsesionado con que tenía un amante».

Según la calificación del Ministerio Público, el presunto maltratador la llamaba «reiteradamente por teléfono para saber qué hacía cuando no estaba junto a él», le miraba el teléfono y controlaba varios aspectos de su vida, como sus salidas, sus gastos o cómo vestía, hasta el punto que la mujer renunció a salir sola de casa para no tener más discusiones con él, según la acusación.

El Ministerio Público recoge además un episodio concreto en el que el hombre habría agredido a la mujer y le habría fracturado un hueso del antebrazo, lo que se sumó a la situación de «menoscabo psíquico y psicológico» de la víctima, que presenta síntomas compatibles con el trastorno por estrés postraumático.