Castilla y León contabiliza un total de 96.595 positivos por coronavirus, de ellos 1.355 nuevos, según datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas de este jueves registran, asimismo, 35 fallecimientos en hospitales, mientras que el total en este ámbito es de 2.998 defunciones. Por su parte, las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 13.830, tras sumarse otras 190.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 745 y los casos positivos a ellos vinculados, 6.549. De ellos, Ávila contabiliza 92, los mismos; Burgos, 45, cuatro menos; León, 21, dos menos; Palencia, 69, cinco menos; Salamanca, 97, tres más; Segovia, 87, siete más; Soria, 55, cinco más; Valladolid, 207, 19 más, y Zamora 72, cuatro menos que ayer.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 96.595 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 1.355 más. Según los datos de la Administración regional, 89.964 positivos han sido diagnosticados en test PCR y de antígenos.

LA PROVINCIA DE VALLADOLID SUMA 475 POSITIVOS

Por provincias, Valladolid es la que acumula más positivos, con 475 más y un total de 21.097; seguida de León con 171 y 15.478; Burgos con 184 y 15.351; Salamanca con 178 y un total de 15.081; Segovia con 84 nuevos y 7.086; Palencia con 111 y 6.452; Ávila con 58 y 5.808; Zamora con 72 y 5.694 y Soria con 22 nuevos y 4.548.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 2.998, 35 más que en la jornada anterior. La mayor parte se registra en la provincia de León con 620 --once más--, le sigue Valladolid con 599 --cinco más--; a continuación figura Salamanca, con 518 --dos más--; Burgos, con 326 --seis más--; Segovia se sitúa en 241 --uno más--; Ávila registra 197 --dos más--, Zamora 198 --ocho más--, Soria 144 --uno más-- y Palencia suma tres más, hasta 155.

En el caso de las altas, un total de 13.830, se han computado 3.202 en Valladolid; 2.513 en León; en Salamanca 2.142; en Burgos 1.708; en Segovia 1.104; en Ávila 954; en Zamora 827; en Palencia, 706 y en Soria 584.

UN TOTAL DE 39 HOSPITALIZADOS MENOS

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo del COVID-19 un total de 1.677 personas --39 menos--. Del total, 1.472 pacientes se encuentran en planta --46 menos-- y 205 en unidades de críticos --siete más--.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 65 por ciento de las camas en unidades de críticos, dos puntos porcentuales más.

Así, se informa de 35 ingresados en el Complejo Asistencial de Burgos, 32 en los universitarios de Valladolid y Salamanca, 29 en el Complejo de Salamanca, 26 en el Complejo de León y en el Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana, 21 en el Complejo de Palencia, nueve en el Complejo de Zamora, siete en el de Ávila, seis en el Hospital de El Bierzo y en el Complejo Asistencial de Segovia y cinco en el de Soria.

CATORCE RESIDENTES MÁS FALLECIDOS

Por su parte, la cifra de internos de residencias fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúa en 3.011 --14 más que en el último parte emitido este miércoles-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 1.906 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, 14 más, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, los mismos que en la jornada anterior.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.011 finados, 1.854 personas han perdido la vida en su residencia o centro, cuatro más que ayer, mientras que diez personas más han fallecido en el hospital, hasta un total de 1.157.

Un total de 66 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, tres más, y 1.765 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 128 más.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se mantiene en 260, de ellos 143 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles. Además, se encuentran hospitalizados 37 residentes, uno menos, mientras que suben a 828 los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, 20 más.

Por otro lado, hay dos residentes en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, cuatro menos, y 170 aislados de forma preventiva sin síntomas, 11 menos.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Àngels Ponsa, ha explicado este jueves que la convocatoria para la mayor parte de ayudas al sector cultural se abrirá el 11 de noviembre, y ha subrayado que "en breve" comenzarán a hablar con las diferentes asociaciones para ver cómo retomar la actividad cultural, siempre dependiendo de la situación epidemiológica.

En rueda de prensa, la consellera ha dicho que la distribución de las ayudas --por un total de 17,2 millones-- para paliar los efectos del cierre de parte de la actividad cultural ha contado con la colaboración del sector, y ha señalado que la declaración de la cultura como bien esencial permitió "excepcionar" una parte.

El 11 de noviembre abrirá una línea de prestaciones directas a profesionales de la cultura --artísticos y técnicos--, dotada con 3,7 millones de euros, y con una ayuda de 750 euros para aquellas que hayan tenido un ingreso máximo de 18.555 euros entre enero y septiembre; otra de 4,7 millones de euros para gastos estructurales y de funcionamiento de empresas y entidades culturales; y una de 3,7 millones por la cancelación de espectáculos y actividades culturales.

A estas ayudas se suman una de 2,1 millones de euros para gastos de funcionamiento de equipamientos participados por la Generalitat, otra de 2 millones para asociaciones, entidades y federaciones sin ánimo de lucro --así como otra de 500.000 euros por cancelación de espectáculos y actividades de este tipo de entidades--, y otra de 500.000 euros de apoyo tecnológico para el conocimiento de la lengua, ya abiertas.

El secretario general de Cultura, Lluís Baulenas, ha asegurado que se tenía que "actuar con rapidez", y ha remarcado que estas ayudas son compatibles con otras que puedan ofrecer otras administraciones.

Ante las críticas de trabajadores de la cultura, Ponsa ha dicho que han visto que en ocasiones cuesta que la información llegue a todos los posibles beneficiarios, y ha remarcado que han puesto en marcha un buzón --Bústia Cultura-- para responder a las dudas que puedan surgir.

REANUDACIÓN DE ACTIVIDAD

Preguntada por una posible reanudación de las actividades culturales, ha dicho que "en breve" comenzarán a hablar con el sector porque retomar la actividad no es tan sencillo y cada sector tiene sus características.

Ha dicho que un indicador sería que la velocidad de reproducción (rt) del coronavirus se mantuviera "sostenido" en esa cifra, ya que está muy relacionado con la ocupación de camas UCI y del número de casos diario.

"Se tiene que hacer bien" la reanudación de la actividad cultural, ha remarcado, y ha subrayado que cuando los datos sanitarios sean proclives, se hará enseguida.

La Consejería de Salud del Gobierno asturiano ha notificado al Ministerio de Sanidad 22 nuevos fallecimientos de casos COVID-19 registrados en la jornada de este miércoles. De esa cantidad, doce vivían en residencias de mayores.

Las personas fallecidas son once mujeres de 82, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 93, 94 y 95 años, y once hombres de 63, 65, 72, 75, 86, 87, 88, 88, 92, 93 y 95 años.

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha adelantado el dato de fallecidos a través de sus redes sociales, señalando que es la cifra más alta de muertes en el Principado desde el inicio de la pandemia.

"Tenemos que proteger a nuestros mayores. Por eso hemos adoptado decisiones tan restrictivas porque de ello depende salvar vidas", ha escrito el dirigente asturiano.

Además, la Consejería de Salud, dirigida por Pablo Fernández, ha notificado a Sanidad 16 nuevos brotes de coronavirus detectados en la última semana, con lo que los focos activos en Asturias se elevan a 33, que suman 531 casos.

Se han confirmado 429 nuevos casos de COVID-19 diagnosticados este miércoles, una jornada en la que se produjeron 82 hospitalizaciones de personas con coronavirus en planta y 10 más en UCI.

Actualmente, hay 661 pacientes ingresados con confirmación o sospecha de COVID-19. Además, otras 115 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. El número de altas hospitalarias se situó el miércoles en 96.

Canarias ha registrado un total de 17.946 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, aumentando en las últimas 24 horas en 159, tiempo en el que además ha tenido que lamentar un fallecimiento más en Gran Canaria que elevan a 292 las muertes por este virus en el archipiélago.

Así se desprende de los datos que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias publica diariamente sobre las 14.00 horas. En ellos se comprueba que del total de casos registrados en el archipiélago actualmente, 5.128 se encuentran activos en las islas (-206).

De los casos activos por Covid-19 que tiene Canarias, 38 personas se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivo (las mismas que ayer), 181 se encuentran en planta hospitalaria (-10) y los 4.909 restantes se encuentran en aislamiento domiciliario.

En cuanto a los pacientes que han superado la enfermedad en las islas se sitúan en 12.526, que implican 364 más que hace un día.

Actualmente, la incidencia del virus en Canarias es de 37,5 por 100.000 habitantes en los últimos siete días; mientras que en el periodo de 14 días esta incidencia es de 72,35.

Asimismo, hasta el momento se han realizado 503.832 test PCR en el archipiélago --3.966 en el último día-- de los que 22.634 han dado un resultado positivo, lo que implica el 4,49 por ciento de las pruebas hechas.

LAS ISLAS

Por islas, Gran Canaria ha computado un total de 8.794 casos desde el inicio de la crisis sanitaria (+31), de los que 1.805 están activos (-97), 6.870 han superado la enfermedad y 119 han fallecido (+1).

Le sigue en número de casos Tenerife con 6.723 (+116), de los que 3.182 están activos (-117), 3.387 han recibido el alta médica y 154 perecieron.

Lanzarote, por su parte, es la tercera isla con más casos computados, ascendiendo a 1.286 casos (+2), de los que 70 son positivos activos, 1.207 han superado la enfermedad y nueve han muerto.

Tras ella se encuentra Fuerteventura que registra 788 casos desde el inicio de la pandemia (+10), de los que 60 están activos, mientras que 725 superaron el virus y tres fallecieron.

La Palma registra 196 casos, cuatro de ellos positivos activos, 186 altas médicas y seis muertes; y La Gomera registra 93 casos, de los que seis siguen activos y 87 han recibido el alta médica.

Finalmente, El Hierro se mantiene con 66 casos, de los que uno está activo y 64 han superado el virus, mientras que una persona ha fallecido. De este modo, La Gomera es la única isla que no ha registrado fallecimientos.

El Gobierno de Aragón ha emitido una normativa que posibilita el endurecimiento de medidas ya establecidas y su modulación en función de la evolución de la situación epidemiológica provocada por la COVID-19.

En concreto, se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), por un lado, un nuevo decreto-ley que modifica el decreto 7/2020 por el que se establece el régimen jurídico de la alerta sanitaria para el control de la pandemia; y, por otro, la orden que regula su puesta en marcha en las actuales circunstancias.

Además, el BOA también ha publicado este jueves el decreto por el que se mantienen las restricciones de movilidad entre las 23.00 y las 6.00 horas hasta el 30 de noviembre.

Este decreto de medidas sitúa a Aragón en un nuevo nivel de alerta, denominado "tres agravado", que entrará en vigor este viernes. En este texto también se reconoce que la autoridad sanitaria tiene la capacidad de modular por tramos horarios estas limitaciones, con el objetivo de adecuar el nivel de intervención a las necesidades sanitarias del momento y de reducir lo máximo posible los impactos social y económico de las medidas adoptadas.

En este sentido se ha elaborado una orden publicada también hoy, en la que se establecen las nuevas medidas: Los servicios no esenciales pueden mantenerse abiertos con obligación de cierre a las 20.00 horas. Aquí se incluye la hostelería, que podrá mantener su actividad en terraza al 50%, y el comercio minorista. La actividad de comida para llevar podrá estar abierta hasta las 22.00 horas.

En cuanto a las actividades culturales, el horario máximo de comienzo del mismo deberá ser las 20.00 horas. Es decir, dichas actividades podrán acabar más tarde de ese horario, siempre y cuando tengan en cuenta la limitación horaria que sí existe para la movilidad y que está fijada a las 23.00 horas. Los establecimientos que quedan dentro de este punto son: teatros, auditorios, cines, salas de conferencias y exposiciones, museos y bibliotecas.

Las actividades deportivas en el interior quedan suspendidas. En el exterior, pondrán realizarse más allá de las 20.00 horas. Si la actividad no es individual será obligatorio el uso de mascarilla. Quedan excluidos de la norma los equipos de competiciones nacionales.Podrán mantener su actividad los alojamientos turísticos.

Los aforos para todas las actividades permitidas en este nivel serán los mismos que para el nivel tres ordinario.

De esta forma, se activa un nivel que, en última instancia y si la autoridad sanitaria lo considerara necesario, contempla la limitación total de los servicios no esenciales, así como de la actividad de los espectáculos públicos.

ACTIVIDAD ESENCIAL

En el decreto publicado este jueves se establecen cuáles son las actividades esenciales: Alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad y productos higiénicos, incluida los mercados al aire libre y la venta no sedentaria.

Asimismo son actividades esenciales los establecimientos farmacéuticos, centros, establecimientos y servicios sanitarios, servicios sociales y socio sanitarios, parafarmacia y ópticas y productos ortopédicos, centros o clínicas veterinarias y alimentos para animales de compañía.

Los mercados ganaderos, servicios profesionales y financierosPrensa, librería y papelería, floristería, combustible, talleres mecánicos, servicios de reparación y material de construcción, ferreterías y estaciones de inspección técnica de vehículos.

Igualmente, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, comercio por Internet, telefónico o correspondencia y servicios de entrega a domicilio tintorerías, lavanderías, peluquería y centros de estética.

CAMBIOS EN EL NIVEL 3 ORDINARIO

Además de incorporar un endurecimiento en el máximo nivel de alerta, el decreto incluye modificaciones en las medidas del nivel tres ordinario.

Así, se permite un aforo máximo del 50% en el interior de los establecimientos de hostelería y restauración situados en estaciones o áreas de servicio y en polígonos industriales para el uso exclusivo por parte de los transportistas profesionales de mercancías y trabajadores desplazados de su domicilio habitual y de las empresas ubicadas en los mismos.

Permanecerán cerrados los salones recreativos, salones de juego, salas de bingo y casinos y, en general, los establecimientos de juegos y apuestas.

Cambia el aforo en los mercados que realizan su actividad en la vía pública: el número de puestos podrá ser del 100% pero el aforo de público no podrá superar de una persona por cada cinco metros cuadrados.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado este jueves en que con las nuevas restricciones frente a la pandemia, como el cierre de la hostelería en 60 municipios, en principio durante un mes, se intenta "salvar" la campaña de Navidad. Pero ha advertido que, en todo caso, "no se puede garantizar nada" y las limitaciones podrían seguir si lo exije la situación epidemiológica.

"Si hay un momento álgido en la hostelería es en diciembre, y el momento más bajo en noviembre", ha argumentado Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha explicado que, además de tratar bajar ya la presión asistencial y evitar un confinamiento domiciliario, se decidió cerrar ahora bares y restaurantes para tratar de reabrir en diciembre y que puedan mejorar su facturación.

En todo caso, preguntado acerca de si le preocupa que este mensaje pueda favorecer que los ciudadanos se relajen en diciembre y repunten los contagios, el presidente gallego ha esgrimido que las nuevas restricciones buscan lo contrario, que los gallegos "no se relajen". Además, ha subrayado que lo que se ha transmitido es que las medidas están "inicialmente previstas para cuatro semanas".

"Si van a durar más o no, no lo podemos saber ahora. Analizaremos semanal y quincenalmente como funcionan", ha advertido, antes de remarcar que los criterios clínicos que se manejan en la Comunidad serán "los mismos" este mes y el próximo.

Tras insistir en que no es "prudente" anticipar qué va a pasar en diciembre, ha esgrimido que ahora se urgieron las nuevas restricciones porque, entre otras cuestiones, en una quincena los casos activos se multiplicaron por dos. "Si eso se vuelve a repetir, es evidente que no vamos a poder bajar las restricciones", ha ejemplificado, en una intervención en la que ha apelado de nuevo a la responsabilidad de "todos".

¿CERRAR HASTA QUE HAYA VACUNA? "NO ME APUNTO A ESA PROPUESTA"

"¿Que se van a producir más contagios en Navidad? ¿Entonces, cuál es la propuesta? ¿Cerrar todo hasta que haya una vacuna? Yo no me apunto a esa propuesta", ha proclamado, a renglón seguido, para añadir que, a su juicio, la "proporcionalidad" es "un criterio básico entre sanidad, convivencia y economía.

En este punto, ha recordado que en los meses de verano "entraron 800.000 personas en Galicia" y en septiembre ya se registraron "dificultades" en España porque en el conjunto del país pudieron entrar visitantes "de cualquier lugar" a través de aeropuertos y otras vías "sin PCR".

Ha recordado que la Administración autonómica "avisó" de que esto ocurriría, pero también se ha mostrado convencido de que la población es cada día "más consciente" de la situación, por lo que, con las nuevas restricciones, "dolorosísimas para muchísimas familias" y en las que la hostelería "paga" la situación, tendrán un impacto favorable.

Dicho esto, sobre el turismo en Galicia, ha recordado que cualquier persona que visite la Comunidad tiene "la obligación de registrarse" y de cumplir las mismas normas que quienes residan en las localidades a las que se desplace.

En todo caso, ha remarcado que "una persona de cualquier lugar de España no puede venir a hacer turismo a ninguno de los ayuntamientos que están afectados por las restricciones", pero sí al resto.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado 431 inspecciones en centros dependientes de la Consejería de Bienestar Social desde que empezó la pandemia del coronavirus hasta la fecha, y de ellas, 388 corresponden a centros residenciales de personas mayores.

Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante su intervención en el debate general relativo a la situación de las residencias de mayores en Castilla-La Mancha, presentado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

La consejera ha explicado que el plan de inspección de Castilla-La Mancha tiene dos objetivos fundamentales, el primer lugar apoyar e informar a todos los centros residenciales, pero también controlar la gestión para el cumplimiento de las normas, algo que "es clave".

Este plan de inspección a lo largo de las dos olas de afectación del COVID ha pasado por tres fases, ha explicado. La primera fase con un plan de inspección COVID de mayo a junio. Durante esos meses se realizaron 264 inspecciones en las residencias de la región.

La segunda fase del plan ha sido desde julio hasta mediados de octubre y en este tiempo se han hecho 167 inspecciones dentro del plan normalizado anual. Y en este momento, ha señalado Sánchez-- están los dos planes vigentes de forma simultánea: el plan anual de inspección y el plan de inspección COVID.

El plan de inspección COVID en este momento se está dirigiendo prioritariamente a aquellas residencias que tiene algún caso positivo y a aquellas que no han tenido ningún caso positivo en la primera ola y que supone el mayor riesgo para esta segunda ola, ha apuntado.

AUDITORIA

La titular de Bienestar Social ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a garantizar el acuerdo de recuperación post COVID en los centros residenciales de la región, "en todos y cada uno de sus puntos". El primer punto de ese acuerdo --ha dicho-- está referido al plan de diagnóstico y auditoria del modelo residencial.

A ese respecto, ha aprovechado para anunciar que la auditoria referida a la primera ola de la pandemia en centros residenciales de Castilla-La Mancha está realizada y "en próximas fechas" estará a disposición de quien quiera consultarla.

También con relación al plan de diagnóstico, ha manifestado que se está realizando un estudio de todos los centros residenciales de la región para que pueda estar a disposición de quien quiera consultarlo.

Los demás puntos dentro del acuerdo político para la recuperación post COVID también están "muy avanzados", ha apuntado Sánchez, como el decreto de condiciones básicas para centros destinadas a personas mayores que tiene unas novedades importantes con relación a las ratios de personal. "En este momento se están valorando las ratios de personal y el diseño de infraestructuras de los centros sociosanitarios. Tenemos que ir transitando hacia espacios convivenciales muchos mas pequeños, y eso va a estar incluido dentro de ese decreto". También va a incorporar este decreto la aplicación de las normas de calidad UNE.

Asimismo, ha afirmado que este acuerdo de reconstrucción también incluye un punto relacionado con la concertación social. "A este respecto también estamos desarrollando una normativa que es un decreto de concierto social que será de aplicación ya el próximo año para las residencias de mayores concertadas con el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha recalcado.

La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, Carmen Clavo, ha ensalzado este jueves la figura y el pensamiento político y humanístico del expresidente de la II República española Manuel Azaña, citando algunas de sus frases como la que pedía a los ciudadanos que no se separaran de la política porque "es lo único que salvará a todos".

"La desmemoria no es una opción, no es una opción para la vida individual ni para la vida colectiva de un pueblo. España no es diferente a otros países con dificultades con su Historia. Recordar a Azaña es una gran obligación. La Historia no se elige, se acepta y con ella se acepta la dignidad de formar parte del presente", ha comenzado Calvo su discurso en el acto de conmemoración del LXXX aniversario de su fallecimiento, celebrado este mediodía en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

El acto, enmarcado dentro de la programación de las "XI Jornadas Azaña", organizadas por el Foro del Henares, con el apoyo y colaboración de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Universidad de Alcalá, la Fundación General de la Universidad de Alcalá y la Fundación Francisco Largo Caballero, ha tenido lugar en el Salón de Plenos Municipal y contó con la participación de Ángeles Egido León, catedrática de Historia Contemporánea de la UNED, además de la sobrina nieta del político, María José Navarro Azaña.

Allí la vicepresidenta ha recordado que el que fuera fundador de Izquierda Republicana, como indicó antes la académica Ángeles Egido, nació en Alcalá como otras grandes figuras que marcaron la Historia de España, un país "que lleva peleando más de 200 años por su modernidad y estar en Europa.

"Y ahí está la figura de Azaña, que tanto le debemos hoy y siempre. No ha tenido fecha de caducidad de su pensamiento. Hacía política desde los argumentos y reflexión profunda y por eso era creíble. Solo así se puede entregar la vida por una idea. Se puede morir por ideas, pero no matar por ellas", ha apostillado.

Según ha expuesto que Azaña entendió a este país "y su necesidad de modernidad absoluta, con esa fortaleza de carácter que le caracterizó". "Está al alcance de todos reivindicarlo y tenerlo en nuestras vidas. Una persona quien supo estar en su lugar, en la defensa del orden constitucional y de la democracia que nos abarca a todos, incluida a quien la combate.

Él lo hizo con profundidades insólitas en la política española. Desde la educación y de la cultura, porque solo desde las luces se puede ser ciudadano y convivir en paz. Incluso desde las extremas diferencias de las ideas con el otro", ha manifestado.

Carmen Calvo ha recordado que a Manuel Azaña le tocó convivir con otros intelectuales del momento como Giner de los Ríos, Clara Campoamor o Concepción Arenal y que también él "entendió la complejidad de un país" como España, ya que en sus tiempo en el cargo se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

La ministra para la Memoria Democrática ha afirmado de quien fuera dos veces presidente del Gobierno de España que "nos traspasa en grandeza, coraje y altura", al tiempo que ha citado su frase de "No odiéis, no os separéis de la política porque es lo único que os salvará a todos".

"Nunca más el fascismo, nunca más la destrucción de la democracia. Los más jóvenes tienen que saber que la política es un desarrollo más noble de la personalidad y libertad, que hay que protegerla. Por eso Azaña, en su grandeza casi poética, reivindicó el perdón, incluso en su tragedia del exilio, con el otro grande con el que hizo tándem y del que nos sentimos orgullosos, Antonio Machado.

Para Carmen Calvo "no queda más que defender la democracia, ensancharla, protegerla, no tener miedo de sus novedades, pero siempre con respeto, paz, educación y cultura".

"El gran mensaje de la memoria democrática es que no perdamos el rumbo del presente, es una gran deuda en la que este gobierno no va a parar de trabajar. Hay que proteger el legado de Azaña. Nadie puede derrochar ese capital para el presente y futuro. Aquí la memoria no es pasado, es futuro para las generaciones más jóvenes. Azaña fue un gran español y patriota y aquí le rendimos el más profundo homenaje", ha terminado.

Por último, la vicepresidenta primera del Gobierno, que también firmó en el libro de honor del Ayuntamiento, ha elogiado el compromiso de la ciudad por acoger un acto que es "un deber, porque recordar a Manuel Azaña es una obligación".

RODRÍGUEZ PALACIOS: "AZAÑA ESTÁ EN LA POLÍTICA CON MAYÚSCULAS"

Por su parte, el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha recordado a otros grandes personajes oriundos de la ciudad, como Miguel de Cervantes y el cardenal Cisneros, para luego centrarse en Manuel Azaña y agradecer al Gobierno de España que el homenaje en conmemoración del 80 aniversario de su fallecimiento comience en la localidad complutense.

"Azaña está en la política con mayúsculas. Su muerte prematura fue la muerte de la II República. Fue una persona apasionada, con discursos que hacían vibrar a personas con toda la ideología. Con él se cebaron en injurias, en sacar los pequeños errores personales, en hacer una crítica a todo. Esa política partidista y guerrillera que vale todo la sufrió Azaña, una de las personas más vilipendiada de esa época", ha esgrimido.

Rodríguez Palacios ha señalado que a pesar de que con la Guerra Civil se acabaron los sueños de la II República española, algunos de sus valores "siguen muy presentes, como la valoración de la cultura como motor que moderniza, vacuna, que impide la dictadura". También ha citado la libertad basada en la justicia social, la Sanidad pública o "la necesidad de una democracia amplia y profunda".

Azaña dijo que la patria es el otro, todos y cada uno de los que habitamos en este país que se llama España, que quiso mejorar y que se dejó su salud y su vida. Quiso diseñar un mejor futuro para esta sociedad", ha continuado el primer edil alcalaíno.

Por todo ello, se ha sumado a la necesidad de establecer una fundación o a cualquier proyecto que recuerde a la figura y el pensamiento de Manuel Azaña, un "foro de diálogo" en el que Alcalá de Henares "juegue el papel de ciudad abierta al mundo, que siga la estela de grandes hombres y mujeres que queremos reivindicar como ciudad que mira hacia al futuro".

El primer edil complutense ensalzó la figura de Manuel Azaña, "un apasionado por la palabra", y reivindicó la necesidad de "recordar la historia con actos como el de hoy". "Los valores de la democracia son patrimonio de quienes quieran sumarse a ese proyecto. Tenemos mucho que aprender de su figura no para celebrar un pasado, sino para diseñar un mejor futuro para nuestra sociedad", ha concluido.

Los tres parlamentarios nacionales del PP Teruel, Alberto Herrero, Manuel Blasco y Carmen Pobo, se han mostrado este jueves "desengañados y decepcionados" tras analizar con detalle el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

Acompañados por el presidente del PP turolense, Joaquín Juste, y por el secretario general, Jesús Fuertes, han comparecido ante los medios de comunicación para hacer un análisis pormenorizado de las principales partidas previstas por el Gobierno central para el 2021 en la provincia.

En ese sentido, Herrero se ha mostrado muy crítico con las cuentas por su ínfima dotación en proyectos esenciales para el territorio como es la carretera N-330, la A-68, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo o las variantes en diferentes municipios del territorio.

"Son los Presupuestos de la pedrea porque recogen cuantías mínimas para las infraestructuras turolenses", ha recalcado muy gráficamente, al tiempo que ha criticado el apoyo de Teruel Existe a este Gobierno y a las cuentas de 2020, evidenciando que "nunca un voto afirmativo ha sido más inútil y ha valido tan poco para la provincia".

Especial énfasis ha puesto para ejemplificar esa valoración en la consignación presupuestaria para la N-330 y también para la A-68. Con relación a la primera, ha lamentado que, a pesar de que ya existían partidas en las cuentas de 2018 para su rehabilitación en el primer tramo, "no se ha desarrollado nada y en estos Presupuestos no se incluye partida alguna".

Con relación a la autovía, ha puesto de relieve que todas las partidas que afectan a la provincia cuentan con cantidades "muy reducidas", lo que le ha llevado a declarar que "no podemos entender ese hecho ni tampoco que intenten engañarnos porque los plurianuales posteriores demuestran que no hay interés de construirla a corto plazo".

También ha evidenciado esa realidad que se vive con las variantes en municipios como Calanda, La Mata de los Olmos, Montalbán y Utrillas, sobre las que "contemplan partidas irrisorias que nos dan a entender que no se van a desarrollar", situación contraria a la que se vive con la de Alcorisa o el pantano de Santolea, que según las palabras del diputado calandino "se están ejecutando porque proceden del Presupuesto del 2018 del Partido Popular".

En materia ferroviaria ha subrayado a su vez que "apenas hay nada" con relación al Corredor Cantábrico-Mediterráneo y, en lo que concierne a las obras de la línea convencional, ADIF "da continuidad a lo que el Partido Popular dejó consignado".

Un hecho que no ve Herrero en materia de extensión de banda ancha, debido a que "no se ha desarrollado nada a pesar de que es tan necesario en la actualidad"; en el apoyo a los municipios afectados por el cierre de la Central, ya que "no hay todavía ningún compromiso firme para la instalación de ningún proyecto," y tampoco con el Fondo de Inversiones de Teruel, con el retraso en la firma del de 2020 y con la publicación de las bases de 2019.

SUBIDA DE IMPUESTOS

Muy crítico se ha mostrado también el senador turolense, Manuel Blasco, quien ha lamentado que "mientras todos los gobiernos de Europa están bajando los impuestos, en nuestro país se está haciendo completamente lo contrario. "Con la excusa de que lo hacen a los ricos están ocultando la realidad de estos Presupuestos", ha complementado.

Al respecto de ello ha justificado esa valoración con el incremento de los impuestos a los seguros de coche y hogar, al diésel y a las aportaciones a planes de pensiones. "Supone un incremento del 6 al 8 por ciento en el primero de los casos, de 2,3 euros cada vez que llenemos el depósito de nuestro vehículo y de hasta 2.000 euros en la declaración de la renta por la anulación de las desgravaciones en los planes de pensiones", ha concretado.

Y mientras el Gobierno central se sube los sueldos por segunda vez en 2020 y no paran de colocar a gente", ha incidido el senador turolense, que ha valorado estas cuentas como "malas para los ciudadanos" porque "muchos van a perder el empleo, otros muchos verán congelado su sueldo y no aportan nada nuevo a la provincia de Teruel.

VOTO AFIRMATIVO "MUY BARATO"

"Nos ha defraudado que el voto de Teruel Existe haya salido muy barato al Gobierno", ha complementado la senadora Carmen Pobo. "Se jactan de que mantienen muchas reuniones con ministros y directores generales, pero con este Presupuesto vemos que se les han reído y les han tomado el pelo a ellos y también a los turolenses que confiaron en su trabajo", ha añadido.

Pobo ha advertido de que el voto afirmativo a estos Presupuestos supondrá "una subida del sueldo a los miembros del Gobierno, a los más de 800 asesores que han nombrado y también un incremento de impuestos que afectan a todos los españoles y turolenses".

Y ha puesto el foco en los representantes socialistas en la provincia de Teruel, de los que "esperaba que su impulso fuera más importante". Ha advertido a su vez que el hecho de que tanto el PSOE como Teruel Existe planteen enmiendas a estas cuentas "dejan claro que son muy mejorables".

La vicepresidenta Carmen Calvo ha admitido que el Gobierno "ha llegado a entender" que la opción de la Comunidad de Madrid de plantearse cierres perimetrales sólo en los puentes de noviembre era una medida "adecuada", a la vez que ha dicho percibir un "giro" del PP a la "moderación" y a la "institucionalidad" a la vista de que Pablo Casado abra la puerta a un eventual confinamiento domiciliario en caso de que el coronavirus esté "absolutamente descontrolado" en un área.

"Siempre va a ser bien recibido cualquier giro del PP a la moderación y a la institucionalidad de las que ellos solos se apartaron durante tanto tiempo, incomprensiblemente", ha manifestado Calvo en declaraciones a los periodistas desde Alcalá de Henares (Madrid).

En todo caso, ha destacado que el lugar donde tiene que producirse los debates en torno a la evolución de la segunda ola del coronavirus es el Consejo Interterritorial de Salud, donde ha recordado que este miércoles el Ejecutivo y todas las comunidades autónomas acordaron por unanimidad mantener los plazos establecidos en el decreto del segundo estado de alarma y aplazar las nuevas medidas a adoptar.

La 'número dos' del Ejecutivo sostiene que "todos" deben ser "muy prudentes" sobre los contenidos técnicos, médicos y científicos para trasladar a la población "la mayor tranquilidad y seguridad posibles".

Y, por eso, ha aplaudido que el PP haya abandonado la "radicalidad" y la "irresponsabilidad" que ejerció la semana pasada, cuando "incomprensiblemente" decidió abstenerse en el decreto del estado de alarma decidido por el Gobierno cuando se trata de un instrumento jurídico que da capacidad a las comunidades autónomas para proteger a la población de la crisis de salud que una pandemia trae consigo.

TAL VEZ ESTÁN EN EL CAMINO DE LA REFLEXIÓN

"La semana pasada el PP perdió a oportunidad de estar con el Gobierno pero tal vez esté en el camino de la reflexión", ha apuntado Calvo, no sin destacar que las decisiones en el Consejo Interterritorial de Salud se adoptan con "mucho más consenso y equilibrio" de lo que a veces el partido de Pablo Casado traslada al debate político.

Preguntada, en concreto, sobre si seguía pensando que la decisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de cerrar Madrid los dos puentes de noviembre era una "ocurrencia", Calvo ha respondido que el Gobierno ha llegado a entender que esa opción puede ser "adecuada.

La vicepresidenta ha defendido que el Gobierno intenta hacer dos cosas "lo mejor posible", que es cumplir con el decreto del estado de alarma y "cogobernar" con las comunidades, que son las que tienen la competencia de Sanidad.

"Y fíjense hasta que punto somos corresponsables y comprensivos de las situaciones diferentes que se viven en diferentes puntos del país que hemos llegado a entender que la opción de cerrar los dos puentes puede ser adecuada para los objetivos que, desde el punto de vista sanitario, se trazara la Comunidad de Madrid", ha dicho.

Calvo ha abundado que el Gobierno tiene la capacidad de entender y de buscar "lo único que importa, que es parar los contagios, evitar la crisis de salud, que los hospitales puedan dar respuesta y que nadie muera". Y eso, según ha concluido, está "por encima de todo".

ESPERA QUE TODOS CEDAN "UN POCO" CON LOS PGE

En su comparecencia ante los medios, a Calvo también se le ha preguntado por la ronda de contactos que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, han iniciado este jueves con los grupos parlamentarios dispuestos a apoyar los Presupuestos de 2021.

Contactos que la vicepresidenta ha enmarcado en la normalidad --"es lo que toca", ha dicho--, teniendo en cuenta que este viernes concluye el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad de unas cuentas públicas que son, ha dicho, las que España necesita ahora.

"Son unos Presupuestos de país", ha enfatizado la vicepresidenta, quien espera que los apoye "todo el mundo" que lo entienda así y quien ha apuntado que la intención del Gobierno es sentarse con "todos" para sacar adelante "los Presupuestos que España necesita más que nunca en 41 años". "A ver si todos somos capaces de entenderlo y capaces de ceder un poco para que salga ganando España", ha apostillado.

AZAÑA, "LA MEJOR MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA"

Calvo ha hecho estas declaraciones antes de participar del homenaje que el Ayuntamiento de esa localidad madrileña ha rendido al que fuera presidente de la II República Manuel Azaña en el 80 aniversario de su fallecimiento.

La vicepresidenta ha dicho que defender a Azaña es "defender la mejor memoria democrática de España" porque se trata de "uno de los grandes personajes patriotas" de este país que ahora "afortunadamente" vive como él quiso que viviera.

"Fue un auténtico ejemplo de todos los registros posibles de un gran ser humano, un gran intelectual, un gran político y alguien que estuvo a la altura de la exigencia de su país defendiendo la democracia hasta el final", ha resumido.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que los responsables autonómicos deben pedir o impulsar la adopción de medidas para frenar la pandemia en sus territorios en función de la situación epidemiológica --en la pasada jornada reivindicó la "anticipación" tras anunciar el cierre de la hostelería en 60 municipios-- y ha argumentado: "Si no las adoptamos nosotros, no lo hace nadie".

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, tras ser preguntado por el Consejo Interterritorial de Salud y el planteamiento de esperar "dos o tres semanas" antes de poner sobre la mesa confinamientos domiciliarios como han pedido algunos territorios de España.

En el caso de Galicia, Feijóo, quien ha recordado que se mantendrá el toque de queda desde las 23,00 a las 6,00 horas, también ha recalcado que las restricciones nuevas anunciadas este miércoles responden a la triple intención de bajar la presión asistencial en centros hospitalarios, de mayores y discapacitados, tratar de "salvar" la campaña de Navidad y evitar el confinamiento domiciliario.

Pero más allá, ha lamentado que las comunidades no dispongan de documentación previa a los consejos territorios y ha remarcado que estas reuniones tienen, en consecuencia, un carácter sobre todo deliberativo, pero se toman "pocos acuerdos".

Por ello, ha insistido en que las comunidades tienen que dar pasos adelante y tomar medidas de acuerdo con los criterios de salud pública, toda vez que en España, ha lamentado, "no hay un común denominador en muchísimas cosas.

RESTRICCIONES DIFERENCIADAS

En su intervención, preguntado por la confusión que puede generar en la ciudadanía que los ayuntamientos tengan distintas restricciones, ha defendido que no se pueden implantar limitaciones con la misma intensidad en municipios o territorios con una incidencia significativa de la covid-19 que en otros que están "limpios".

"En mi opinión, sería injusto", ha sentenciado y ha añadido que, si un municipio está "limpio" o tiene un nivel de incidencia "aceptable", no puede tener "las mismas restricciones" que otro muy afectado por la pandemia. "No creo que sea proporcional tratar lo que es desigual de forma igual", ha dicho.

TEST EN FARMACIAS Y VENTA ONLINE

Preguntado sobre la posibilidad de que las farmacias puedan poner a la venta test para diagnosticar el virus y la necesidad de regular la venta online, Feijóo ha replicado que, en relación a la primera cuestión, para pronunciarse de forma oficial precisaría una base clínica de la que aún no dispone, por lo que ha apelado a ajustarse a las pautas que determinen los expertos clínicos.

Eso sí, ha agradecido a las farmacias de Ourense el proyecto que se llevó a cabo con los test y que funcionó "bien".

Sobre la venta online sin prescripción, ha advertido que, tanto en el caso de los test como de medicamentos, hay un "problema mundial", ya que hay quien se aprovecha de la pandemia para sacar partido "especulativo", con productos "sin registros" ni "solvencia clínica". "Ese riesgo existe, el e personas que usan la pandemia sin criterio moral ni ético para enriquecerse de forma amoral", ha sentenciado.

La Asamblea de Extremadura, con los votos del PSOE y Unidas por Extremadura, ha rechazado una iniciativa de Ciudadanos que instaba alGobierno de España a modificar de la Ley de Parques Nacionales, de forma que no se prohíba la caza y la pesca con carácter general, sino que sepermita en aquellos enclaves donde estas actividades hayan constituido una actividad tradicional y no sean incompatibles con la gestión y conservación del espacio.

El diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha sido el encargado de defender esta iniciativa en el pleno de la Asamblea de este jueves y que solo ha contado con el apoyo de los diputados de dicho grupo y del PP.

En su intervención, Baselga ha criticado que algunos vean a los cazadores como "depredadores" cuando ha defendido que esta actividad contribuye al control de las especies y ha llamado la atención sobre el hecho de que, si nadie lo impide nadie, la caza será "historia" en Monfragüe en diciembre.

Así, ha defendido que la caza da empleo directos e indirectos en zonas rurales y ha expuesto que su prohibición afectará a la despoblación en la región, a la ganadería, a la fauna, a la flora, además de a la hostelería, el turismo y la restauración.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha recalcado que su grupo no quiere prohibir la caza pero ha insistido en que la gestión cinegética actual es "nefasta", ya que ha considerado que el sistema actual es "ineficaz" para controlar especies cinegéticas.

En esta línea, De Miguel ha insistido en que el objetivo nunca ha sido el control poblacional sino una caza comercial por trofeo, además de considerar que, aunque la caza genera riqueza, no genera el suficiente dinamismo económico en las zonas en las que se asienta.

De esta forma, ha recalcado que Unidas por Extremadura quiere una gestión cinegética que controle a las poblaciones y que sea una "actividad sostenible", ya que la gestión cinegética "no es un deporte".

Por su parte, el diputado del PP Laureano León ha coincidido con Baselga en las consecuencias negativas que podría acarrear prohibir la caza en los Parque Nacionales, entre las que ha incluido el impacto económico negativo derivado de las indemnizaciones por expropiación de uso.

Asimismo, se ha referido al impacto medioambiental, a los efectos negativos sanitarios y al impacto social, ya que la caza genera actividad económica, genera riqueza, puestos de trabajo y turismo en una comarca que tiene un "difícil desarrollo" al margen del turismo y la caza.

Por ello, ha considerado "imprescindible" la moratoria, porque entiende que sería un "error tremendo" no contemplar el carácter antrópico de la caza en Monfragüe.

Finalmente, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Eduardo Béjar ha lamentado que Ciudadanos no mencione Monfragüe en su iniciativa, un parque, ha dicho, que tiene prohibida la caza desde 1991, antes incluso de que fuera declarado Parque Nacional, y por tanto no se puede indemnizar nada a ningún propietario, ha defendido.

Además, ha apuntado que en Monfragüe se hacen acciones de control cinegético de ungulados porque no tiene ningún depredador natural, al tiempo que ha defendido que debe ser un lugar para la protección de las especies.

Asimismo, ha recalcado que los cazadores tienen superficie para cazar en los límites del parque y en el resto de la región y es "bastante razonable" que el Parque Nacional de Monfragüe sea un espacio para la protección y donde se puede disfrutar de una población estable de lince.

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha explicado este jueves que los Mossos d'Esquadra y las policías locales de Cataluña han multado a 15.258 personas y 330 establecimientos en las últimas tres semanas por incumplir las restricciones impuestas para contener el coronavirus.

Lo ha explicado en rueda de prensa telemática desde la Conselleria, en la que también han intervenido la consellera de Salud, Alba Vergés; el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, y el subdirector general de Protección Civil, Sergio Delgado.

De las 15.258 multas, 8.834 las han impuesto policías locales y 6.424 son de mossos, mientras que las sanciones a establecimientos se han repartido entre 243 las policías locales y 87 los mossos.

Durante las últimas tres semanas se han cerrado 13 locales en Catalunya --ocho por parte de Mossos-- y solo durante la noche del jueves ha habido 153 sanciones por incumplir el toque de queda.

Sergio Delgado ha pedido "adaptar los horarios y los ámbitos" de actividades durante el fin de semana que se hagan en el propio municipio, para evitar lugares donde se puedan producir aglomeraciones.

CONFINAMIENTO MUNICIPAL Y MOVILIDAD

El conseller Sàmper ha agradecido "el cumplimiento generalizado" de las restricciones, si bien ha señalado que el jueves aumentaron un 12% las salidas del área de Barcelona, y el lunes huno un 8% más de llegadas de lo habitual, coincidiendo con las horas antes y después del confinamiento municipal de fin de semana.

En cuanto a la movilidad por la noche, en el área metropolitana de Barcelona ha caído un 34% respecto a lo habitual este año, y un 44% respecto al mismo día del año pasado, con la máxima diferencia entre las 22 y las 0 horas.

Sàmper ha advertido de que este fin de semana habrá de nuevo 5.000 mossos dedicados a controlar el confinamiento municipal, con unos 200 puntos de control desplegados en las carreteras.

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha pedido calma a la comunidad educativa con las automuestras PCR que se harán los alumnos y profesores a partir de la ESO cuando haya un positivo de coronavirus en su grupo estable de convivencia y ha asegurado que "serán capaces".

Lo ha explicado en rueda de prensa en la que también han participado el conseller de Interior, Miquel Sàmper, director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, y el subdirector de Protecció Civil de la Generalitat, Sergi Delgado.

Vergés ha defendido que han realizado una prueba piloto en institutos de Girona, que está todo "protocolizado", que ofrecerán la formación necesaria a los profesores y que revisarán los circuitos las veces que haga falta.

La consellera ha concretado que son automuestras nasales y no nasofaríngeas, por lo que el procedimiento a seguir es, con un escobillón, cinco segundos en cada orificio de la nariz, y ha matizado que las pruebas serán PCR y no de antígenos y deberán ir a un laboratorio.

Así, Vergés ha reivindicado que "si una propuesta está encima de la mesa es porque se puede hacer" y ha pedido a la comunidad educativa que no se posicionen en contra de iniciativas que todavía no se han desplegado.

Asociaciones de padres y madres y sindicatos de profesores recibieron con "inquietud" el miércoles esta decisión de la Generalitat de que los propios alumnos hagan la toma de muestras para hacer pruebas PCR a partir de la ESO.

IMPACTO ASISTENCIAL

Sobre el impacto de la pandemia de coronavirus en la actividad asistencial, Comella ha alertado de "dificultades" para mantener la recuperación de aquellas intervenciones pospuestas durante la primera ola en algunos centros hospitalarios de Catalunya.

Ha matizado que, en el ámbito quirúrgico, los centros más grandes todavía ejercen el 100% de su actividad habitual mientras que en aquellos medianos y pequeños el índice de las actividades desprogramadas está alrededor de un 10 y un 12%.

Sobre el impacto asistencial en los centros de atención primaria, Comella ha recordado que los profesionales de este nivel asistencial "no han podido descansar" este verano al asumir también tareas de control epidemiológico como los cribados poblacionales.

Con todo, el director del CatSalut ha subrayado que "la tensión actual es esperable que siga creciendo en los próximos días" porque las medidas impulsadas por el Ejecutivo catalán, a su juicio, tardarán unas semanas en tener efecto sobre el número de casos y el número de hospitalizaciones.

SIGUE LA SEGUNDA OLA

Vergés ha subrayado que, pese a mejorar la cifras epidemiológicas y bajar la velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) por debajo de 1 --un hecho que no pasaba desde septiembre--, Catalunya "no ha doblegado la curva epidemiológica" ni ha superado la segunda ola.

Ha precisado que el objetivo es llegar a una rt de 0,8 --lo que implicaría que por cada 100 personas infectadas se infectan 80--, volver a la cifra de 1.000 casos diarios y rebajar la presión asistencial a todos lo niveles: la atención primaria, los hospitales y las unidades de cuidados intensivos (UCI).

La dirección de IU analizará el lunes si debe aplazarse de nuevo la asamblea federal del partido, prevista en enero, debido a la situación sanitaria y el impacto en el debate previo de las restricciones en las distintas comunidades autónomas, motivadas por la segunda ola de la pandemia del coronavirus.

Fuentes del partido han explicado que será la Comisión Colegiada de IU, en su reunión ordinaria, la que evaluará y decidirá si el proceso previo de debate en asambleas locales repartidas en las distintas federaciones autonómicas puede llevarse a cabo con soluciones intermedias o, por el contrario, se ve afectado por la crisis sanitaria y debe posponerse.

En este sentido y a instancias del coordinador federal de IU, Alberto Garzón, se ha procedido a recopilar información en las 17 federaciones autonómicas del partido para que opinen sobre si son viable estos trabajos previos, labor que ejerce el secretario de Organización de IU, Ismaal González, quien llevará todos los datos recopilados al examen de la Comisión Colegiada.

El propio Garzón se ha referido a este asunto en su perfil de Facebook, al subrayar que ha solicitado este análisis dada la situación sanitaria y la "dificultad de las asambleas locales para debatir en buenas condiciones".

GARZÓN: "QUIZÁS CONVENGA ESPERAR"

El también ministro de Consumo ha enfatizado que la asamblea federal decide sobre la estrategia política para los próximos años, así como la renovación de la dirección política de la organización, algo que "exige un debate sereno y riguroso entre miles de militantes y es difícil de llevar a cabo exclusivamente de manera telemática.

Las nuevas tecnologías de la comunicación facilitan la toma de decisiones y la democratización de las instituciones, pero son incapaces de sustituir con plenitud el encuentro y debate físico entre personas. Por eso, quizás convenga esperar a que se den las condiciones", ha detallado el líder de IU.

EL SECTOR CRÍTICO RECLAMA EL APLAZAMIENTO

Mientras, el sector crítico a la dirección de IU, liderado por el precandidato José Antonio García Rubio, ha remitido un escrito a la comisión colegiada para solicitar un aplazamiento de la asamblea federal, al entender que "no se va a poder cumplir con el mandato estatutario de poder garantizar el máximo de participación por el endurecimiento de las normas anti Covid19 que restringen movimientos y reuniones".

En ese documento, al que ha tenido acceso, García Rubio incide en que debe garantizarse "la posibilidad real de que toda la afiliación pueda participar, si lo desea, en los debates asamblearios". De no ser posible, demanda la necesidad de aplazar el proceso.

"Esta participación insoslayable, parece ser imposible salvo en Canarias por las normas adoptadas por la autoridad delegada del estado de alarma y por el previsible endurecimiento de las mismas. Es más, en el caso de Madrid, y es sólo un ejemplo, donde existe un confinamiento por zonas de salud, mucho más pequeñas que el barrio de las Asambleas, las normas aprobadas por la Federación ni se ocupan de abrir mecanismos para esa participación, lo que pone en cuestión en el interno y en el externo (no olvidemos que ese proceso está abierto también a personas no afiliadas) la legitimidad de los resultados del debate", ha remachado.

La asamblea federal ya fue aplazada de julio a enero en una decisión que se adoptó en abril, en pleno confinamiento domiciliario por la primera ola de coronavirus.

Tras presentarse los dos documentos político-organizativos impulsados por los dos sectores, el debate sobre las dos propuestas debe completarse el 20 de diciembre. A su vez, el día 22 de ese mes finaliza el plazo para formalizar candidaturas a dirigir la organización.

ESTRATEGIAS ANTAGÓNICAS

Finalmente, la votación de los documentos asamblearios y las candidaturas presentadas se fijó del 4 al 10 de enero, en el que Garzón volverá a optar a la reelección en una lista consensuada con el denominado sector mayoritario.

La propuesta estratégica de la dirección, consensuada con el Partido Comunista de España (PCE), defiende "fortalecer" la coalición con Podemos, bajo la marca Unidas Podemos, y apostará para ello por "democratizar" este espacio de convergencia, de cara a asentar su "base popular y territorial".

Frente a ello, el documento crítico denominado 'La izquierda necesaria', confronta con esa visión, pues se opone a la integración con Podemos (una vía que tilda de "fracasada) y reivindica la "soberanía" de la formación.

El senador de ERC Xavier Castellana ha reclamado este jueves al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, que frente a los "ultras fanáticos" de la Guardia Civil en operaciones como la reciente con detenciones de empresarios por desviar fondos para el 'procés' al sostener que estos arrestos son "castigos para criminalizar al adversario" dentro de una "agenda política para imposibilitar el diálogo".

Aprovechando la comparecencia en el Senado del 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, Castellana ha lanzado una dura crítica a la investigación de la Guardia Civil bajo la dirección del Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona.

Rafael Pérez le ha dicho que la operación se bautizó como Voloh, y no Volhov, negando cualquier referencia a la División Azul y a una batalla del ejército nazi, algo que habría sido "inadecuado". Acto seguido ha insistido, como ha hecho Interior estos días, que es una operación judicializada y que no puede opinar sobre la misma. También ha pedido que se respete a la Guardia Civil como "un Cuerpo de todos" al que apoya porque actúa "dentro de la legalidad y con exigencias éticas".

VINCULA A LOS AGENTES CON EL FASCISMO

Xavier Castellana antes le había pedido que desde su "lugar estratégico en el organigrama" del Ministerio del Interior "purgara y eliminara los elementos que utilizan la agenda política contraria a la democracia para imposibilitar el diálogo". "Quieren dinamitar la convivencia", ha enfatizado.

Admitiendo que hay agentes ejemplares, Castellana se ha referido a los que lanzan operaciones que afectan a partidos independentistas, a los que ha vinculado con el fascismo. "Tienen una idea muy peculiar de eso que llaman España o unidad nacional", ha comentado, antes de añadir que estos funcionarios tienen "sueños húmedos" en los que querrían ver "dos metros bajo el suelo" a todo el que no comparte su idea de España.

Sobre la operación Voloh, el senador independentista ha dicho que registraron viviendas donde "una familia desayunaba" con el objetivo de buscar información que se podía obtener por el portal de transparencia de la Generalitat, además de apurar el máximo de 72 horas de detención "cuando las comprobaciones no superaron las 24 horas".

"Se saltan el protocolo que prohíbe detenciones como castigo y recogen infinidad de datos privados que no tienen que ver nada con la causa. Cualquier policía estaría obligada a destruirlo, pero lo incorporan para hacer espionaje político", se ha quejado.

Desvían recursos de la seguridad para la destrucción de un adversario político", ha continuado el senador de ERC, que también se ha quejado de que estos agentes de la Guardia Civil "maquinan y fabular compadreando con el Poder Judicial y algunos medios de comunicación. Es más, le ha pedido al secretario de Estado que combatan este tipo de operaciones dentro de la estrategia de "lucha contra la desinformación".

Desde las 00.00 horas de este viernes hasta las 00.00 horas del martes 10 de noviembre volverá a limitarse la entrada y salida de la región, con el fin de contener los contagios que podrían incrementarse con motivo de la movilidad que podría producirse por la festividad de La Almudena, que se celebra el día 9 de noviembre.

Las limitaciones entrarán en vigor conforme al decreto aprobado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el pasado 29 de octubre, para evitar la "excesiva movilidad" asociada al puente de Todos los Santos (del 31 de octubre al 2 de noviembre), y al de La Almudena, que abarca los próximos 7, 8 y 9 de noviembre.

De esta forma, la región estará cerrada perimetralmente salvo para los desplazamientos, "adecuadamente justificados", que se produzcan por asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; por cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil. También se contempla el retorno al lugar de residencia habitual o familiar, el cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Asimismo, se podrá salir o entrar en la región si se trata de desplazamientos a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes; actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales; renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables; la realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables; o por causa de fuerza mayor. Por otro lado, los trayectos en tránsito a través de la región quedan permitidos.

Según el Gobierno regional, con el cierre de la región durante el puente de Todos los Santos se evitó el millón de desplazamientos que se registró el año pasado por esas fechas.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha advertido a la Comunidad de Madrid que si bien el Gobierno central ha aceptado el confinamiento perimetral para los dos puentes, "a partir de ahora tienen que tener una duración mínima de siete días.

El ministro ha insistido en que siete días es un plazo mínimo necesario para estudiar los efectos de las medidas y ha señalado que, de solicitar una restricción de menos días como en el caso madrileño, deberá acordarse bilateralmente con el Ministerio de Sanidad.

Ayuso sostiene que la duración total de la medida es de ocho días, "con lo que se da cumplimiento" al Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, de 25 de octubre, que establece que la eficacia de la medida no podrá ser inferior a 7 días naturales.

A este respecto, el texto del decreto aprobado por Ayuso argumenta que "el carácter discontinuo de dicho período se ampara en la facultad concedida a las autoridades competentes delegadas por el artículo 10" del Real Decreto, que permite "modular, flexibilizar y suspender la aplicación" de estas medidas a nivel territorial.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha reconocido que "por ahora no está demostrado" que el confinamiento perimetral "tenga una relación directa sobre los contagios".

RESTRICCIONES POR ZBS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que la Consejería de Sanidad aprobará este viernes una nueva orden con nuevas medidas para "hacer de noviembre un mes todavía más seguro".

Por otro lado, el Decreto 29/2020 de 26 de octubre continúa en vigor y, con él, todas las medidas recogidas, como la prohibición de permanecer en la vía pública entre las 00.00 horas y las 06.00 horas, o el mantenimiento de zonas básicas de salud con restricciones de movilidad, horarios y aforos.

Asimismo, sigue limitada a un máximo de seis personas la participación en reuniones para el desarrollo de cualquier actividad o evento de carácter familiar o social.

La 3ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS), organizada por la OMS, ha instado a los países a garantizar que todos los países estén mejor equipados para detectar y responder a los casos de Covid-19 y otras enfermedades infecciosas peligrosas.

Hasta ahora, se han notificado a la OMS más de 47 millones de casos de Covid-19 y más de 1,2 millones de personas han perdido la vida. "Aunque se trata de una crisis mundial, muchos países y ciudades han logrado prevenir o controlar la transmisión con un enfoque integral basado en pruebas", ha dicho la organización.

Y es que, por primera vez, el mundo se ha unido a un plan para acelerar el desarrollo de las vacunas, los diagnósticos y la terapéutica que se necesita, así como para garantizar que estén disponibles para todos los países sobre la base de la equidad.

"La pandemia de Covid-19 es un recordatorio aleccionador de que la salud es la base de la estabilidad social, económica y política. Nos recuerda por qué las metas de los '3.000 millones' de la OMS son tan importantes y por qué los países deben perseguirlas con aún más determinación, colaboración e innovación", ha dicho el organismo.

Además, ha recordado que desde mayo, los estados miembros han adoptado una serie de decisiones como, por ejemplo, la Agenda de Inmunización 2030, la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030, así como iniciativas para abordar el cáncer de cuello uterino, la tuberculosis, la atención ocular, la seguridad alimentaria, la propiedad intelectual y la preparación para la influenza.

Precisamente, en la reunión se va a discutir también un plan decenal para abordar las enfermedades tropicales desatendidas, así como los esfuerzos para abordar la meningitis, la epilepsia y otros trastornos neurológicos, la nutrición maternoinfantil y del niño pequeño, la salud digital y el Código de prácticas mundial de la OMS sobre Contratación internacional de personal de salud, adoptado en 2010.

Ocho reconocidas feministas españolas, entre ellas una exdiputada socialista, han registrado este jueves en el Congreso una carta abierta al Gobierno para denunciar las propuestas incluidas en la Ley trans y que, a su juicio, "vulneran los derechos de las mujeres" al "reconocer el género como identidad".

Esta misiva llega días después de que el Ministerio de Igualdad, que lidera la 'morada' Irene Montero, abriera el trámite de consulta pública de esta norma, previa a la realización del proyecto normativo.

Estas expertas en feminismo consideran que la Ley trans del Ejecutivo necesita un "debate amplio y veraz sobre los términos y supuestos" que debe contener para "preservar la distinción y no confusión de los conceptos de sexo y género".

Según explican, para el feminismo, el género ha sido siempre esa construcción jerárquica de los estereotipos sexuales que ha fundamentado la desigualdad y la opresión de las mujeres.

Es por eso que, expresiones como 'género sentido' o 'sexo sentido', que aparecen en el texto de Montero, "aluden a algo esencializado y subjetivo, inverificable en sus consecuencias jurídicas, más allá del sentimiento interno".

LIBERTAD DE SENTIMIENTO Y EXPRESIÓN

En el documento, recogido por Europa Press, explican que "el respeto a la diversidad es condición necesaria para una justa convivencia" y creen que esto "solo será posible aboliendo el género, no con su perpetuación o diversificación.

"No puede hablarse de 'autodeterminación del sexo' como ejercicio de la libre voluntad. Abogamos por la libertad de sentimiento, de expresión, de elección sexual, estética o de comportamiento, y por la garantía del derecho a la no discriminación a causa de ello", recogen.

"Pero pretender que el ser mujer u hombre es una mera elección desdibuja la realidad material del sexo, justo aquello que determina el género en que se nos socializa", critican.

OTRAS CRÍTICAS

Del mismo modo, apuntan que "minimizar los condicionantes que el sexo comporta, sobre todo de opresión para las mujeres, secularmente utilizadas como objetos sexuales y reproductivos, (prostitución y vientres de alquiler), es hacerle el juego a la visión patriarcal ymisógina, así como perpetuar dicha opresión".

No es la única crítica que tienen hacia esta norma que prepara el Ejecutivo. Este grupo de feministas también llama a incluir el acompañamiento psicológico a los menores disidentes de la normativa de género; o a mejorar el lenguaje inclusivo que, a su juicio, invisibiliza a las mujeres llamándolas "cuerpos feminizados" o "cuerpos menstruantes", entre otros términos. Tambiém critica su uso de conceptos "ambiguos y jurídicamente inseguros".

"Todo lo que venimos señalando constituye un debate trascendental, ético y político, que no se puede hurtar a la opinión pública porque tiene graves consecuencias prácticas", reclaman las expertas, que piden no dar "pasos en falso" que "ponen en peligro la garantía de los derechos LGTBI". En este sentido, pide a Igualdad que se reúna con losa actores implicados en esta ley.

Las firmantes son activistas, escritoras, ensayistas y filósofas como Laura Freixas, Marina Gilabert, Alicia Miyares, Rosa María Rodríguez Magda, Victoria Sendón de León, Juana Serna, Amelia Valcárcel y Ángeles Álvarez, esta última, exportavoz de Igualdad del PSOE en la XII legislatura.

La Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno que convoque la comisión mixta de seguimiento del protocolo firmado por ambas administraciones en 2011 para actuar conjuntamente en el paraje del Algarrobico, en Carboneras (Almería), y le ha instado a "ayudar" a "arreglar el desaguisado" medioambiental que supone el hotel de Azata del Sol.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Carmen Crespo, ha indicado en el pleno de este jueves en el Parlamento andaluz que "ya ha remitido" la carta al ministerio que dirige Teresa Ribera solicitando la convocatoria de un órgano que no se reúne desde septiembre de 2018.

"El presidente, Juanma Moreno, y el gobierno andaluz actual tienen muy claro que el objetivo es la recuperación integral de la playa a su estado original y esperamos, estamos seguros de que sí, que el Gobierno de España ayude con el mismo objetivo común de cerrar el tema de una vez por todas y acabar con esta aberración medioambiental en Andalucía", ha dicho.

Crespo ha remarcado que la Junta está actuando "para tener certezas y garantías" a la hora de cumplir el protocolo de actuación suscrito con el Gobierno frente al "ecopostureo" de anteriores gobiernos "que decían una cosa, y hacían todo lo contrario".

"Vamos a hacer que se cumpla ese protocolo porque, además de voluntad, hay hechos", ha afirmado para señalar la partida de 1,1 millones de euros consignada en el proyecto de ley de presupuestos para 2021 y que se destina a la "redacción del proyecto" y las "gestión de los residuos" generados por el desescombro tras la demolición que, según el citado acuerdo, corresponde al ministerio.

La consejera andaluza ha lamentado a pregunta de su grupo parlamentario que "no se pueda poner fecha al derribo, porque no depende de nosotros", pero ha destacado que la Junta "está trabajando para estar preparados cuando concluyan los trámites judiciales" aún activos en torno al hotel de Azata del Sol.

"Podemos dar más pasos y por eso tenemos tres líneas de actuación; hemos pedido la convocatoria de la comisión mixta, hemos incluido el Algarrobico en los presupuestos del año que viene y vamos a ejercitar las acciones judiciales pertinentes para hacer valer el derecho de retracto y recuperar el suelo", ha resumido.

Crespo ha asegurado que el Gobierno andaluz está "actuando con coherencia en este asunto" y ha subrayado que "la revolución verde es incompatible" con lo que ha repetido es una "aberración" al tiempo que ha concluido trasladando que mantienen "abiertas las línea de diálogo pleno" con la promotora del establecimiento.

DEMANDA CIVIL

Para llegar hasta la demolición del hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones, la Junta debe tomar posesión de las fincas sobre las que se alza en ejecución del derecho de retracto por 2,3 millones de euros que el Gobierno andaluz ejerció en 2006 y que, después, ha sido validado en varias sentencias judiciales.

Los servicios jurídicos de la consejería han determinado la "conveniencia" de emprender el retracto de acuerdo al artículo 249.17 de la Ley de Enjuciamiento Civil. Así, previa solicitud de las notas simples actualizadas de las fincas afectadas del sector ST-1 o El Algarrobico, la Junta ha iniciado los trámites para interponer la oportuna demanda en la jurisdicción civil y "solicitar la anotación preventiva de dicha demanda" de conformidad con el artículo 42.5 de la Ley Hipotecaria.

Desde el Gobierno andaluz han hecho referencia, asimismo, que ha habido "varios intentos infructuosos desde 2016" para proceder a la ejecución del retracto por vía administrativa.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo sentenció en diciembre de 2017 que la Junta debía acudir a la vía civil contra las mercantiles Azata del Sol y Azata Patrimonio para poder inscribir registralmente a su nombre las fincas de El Algarrobico y desestimó su recurso por el que solicitaba una "autorización de entrada" para tomar posesión de los terrenos.

La Junta pidió estas medidas ante la "actitud" de las mercantiles que, según remarcaba en su escrito, habían "impedido la entrega voluntaria" de las fincas del sector ST-1 adquiridas en 2006 por la Administración autonómica por un importe de 2,3 millones de euros en tanteo y retracto.

"La toma de posesión, que es para lo que se solicita la autorización de entrada, está subordinada a la titularidad registral de las fincas, lo que exige acceso al Registro de la Propiedad de la adquisición de la Junta", concluía el Alto Tribunal.

El derecho de retracto se avaló también judicialmente en firme "dado el notorio interés ambiental" de los terrenos y su calificación como zona C1 en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

El portavoz del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón, Jesús Guerrero, ha defendido este jueves la ejecución provisional de la sentencia de los 111 bienes de las parroquias de Barbastro-Monzón que se encuentran retenidos en el Museo de Lérida.

Así lo ha manifestado Guerrero (PAR) tras conocer que la Generalitat de Cataluña ha recurrido la sentencia que ordena la devolución de las obras de arte a las parroquias aragonesas.

Guerrero ha señalado que las "maniobras dilatorias" de la Generalitat "tienen los días contados" y ha recordado que el Tribunal de Conflictos rechazó, el pasado 24 de septiembre, la competencia de la Generalitat para dirimir sobre las obras de arte retenidas en Lérida dando la razón al Juzgado de Barbastro que ordenó su devolución.

El obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, ya adelantó el 25 de septiembre su intención de solicitar la ejecución provisional de la sentencia.

Cataluña, "quiera o no quiera" tendrá que proceder a la entrega de los bienes a Aragón", ha declarado Guerrero. El portavoz parlamentario ha reiterado que confía en que los bienes "puedan volver a casa cuanto antes". "Tengo esperanza en la pronta resolución del conflicto", ha dicho.

Jesús Guerrero ha lamentado que durante décadas la Generalitat ha venido utilizando "maniobra dilatorias" para frenar la ejecución de la sentencia que ordena la "inmediata devolución" a las parroquias de la diócesis de Barbastro-Monzón.

Ha vuelto a reclamar con fuerza el "retorno de todos los bienes de Aragón pendientes de devolución" y ha manifestado que la recuperación de todo el patrimonio aragonés expoliado "es una prioridad para el Partido Aragonés".

"Todas las obras pendientes de entrega tienen que ser devueltas a Aragón. Además de su inmenso valor artístico suponen "una cuestión de dignidad para todos los aragoneses y aragonesas", ha finalizado diciendo.

Los televisores y altavoces inteligentes, o los asistentes virtuales han dejado de estar fuera de la norma en lo que respecta a equipamientos tecnológicos de un edificio. 'PHOENIX', un proyecto financiado por la Comisión Europea, liderado por la Universidad de Murcia (UMU) y con un presupuesto de más de 5 millones de euros, va a investigar sobre los cambios que están haciendo a los edificios inteligentes.

El proyecto estudiará las diferentes formas en las que se puede acelerar la transición de no-inteligente o casi-inteligente a totalmente inteligente e integrado, pero asegurándose de que esa transformación se haga hacia edificios que creen un ambiente confortable y seguro para las personas.

El proyecto está liderado por el grupo de investigación de la UMU Sistemas inteligentes y telemática, con el profesor Antonio Skarmeta como investigador principal, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

El proyecto introduce el concepto de 'Adapt&Play', que se ha concebido como la posibilidad de adaptar los aparatos que existen en los edificios para hacerlos 'conectables' a internet, y que así formen parte del entorno del Internet de las Cosas (IoT) que comunican a una plataforma integral de control y actuación (esto es el 'Adapt'). Esto permite entonces que se pueda controlar su uso para reducir la energía y optimizar su operación (esto es el 'Play').

Con más dispositivos conectados a internet, el edificio gana en inteligencia, pero esto podría llevar a hacerlo más vulnerable a ciberataques. Dentro del equipo de trabajo de PHOENIX hay expertos internacionales en ciberseguridad que asegurarán que las modificaciones que se hagan al edificio contribuirán siempre a una mayor ciberseguridad y no lo contrario, lo que pasaría si esta 'smartización' se hiciera de manera no controlada.

'PHOENIX' tiene una visión global sobre el nuevo paradigma en el que viviendas inteligentes ('smart homes') serán la norma en un futuro cercano. Una entidad inteligente (lo que serán los edificios según este enfoque) puede establecer un dialogo con sus semejantes. Para esto, parte del proyecto, se dedicará a estudiar cómo los edificios pueden comunicarse con los proveedores de energía y con los ocupantes.

La comunicación entregará recomendaciones en una y otra dirección para que los ocupantes tengan espacios interiores llevados a los máximos estándares y por otra parte los proveedores de energía puedan crear una infraestructura más optimizada.

El proyecto ha sido definido como puramente centrado en las personas, y además está perfectamente alineado con el 'Smart Readiness Indicator', un indicador de inteligencia en edificios diseñado dentro de la normativa de la Unión Europea y que pronto será integrado por los países miembros.

Ser 'smart ready' significa que los edificios puedan integrar servicios para vivir mejor en ellos. Varios ensayos pilotos en cinco países diferentes de Europa probarán las tecnologías del proyecto. Todos ellos involucrarán ocupantes, usuarios y encargados técnicos, para asegurar que los desarrollos que se hagan vayan dirigidos a hacer los edificios espacios mejores para los humanos, y mejores negociadores con el sistema energético, para hacer así en conjunto una comunidad, sana, segura y eficiente energéticamente.

El proyecto PHOENIX está financiado por la Unión Europea y los socios que participan en este proyecto son la UMU, Odin Solutions S.L. (España); My Energia Oner S.L. (España); Kataskevastiki Makedonias (Grecia); Elin Verd Anonymi Etairia Aeiforonproionton Kai Ypiresion (Grecia); Gioumpitek Meleti Schediasmos Ylopoiisi Kai Polisi Ergon Pliroforikis Etaireia Periorismenis Efthynis (Grecia) Suite5 Data Intelligence Solutions Limited (Chipre).

También participan Arden Energy Limited (Irlanda); Siemens Aktiengesellschaft Oesterreich (Austria); Merit Consulting House - Integrated Business Consulting Services Private Company (Grecia); SKEBIT AB (Suecia); y Lule university och technology (Suecia).

La Audiencia de Málaga ha condenado a 15 años de prisión al hombre acusado de matar a golpes en septiembre de 2018 a un vecino de la localidad malagueña de Algarrobo, con el que se había enfrentado un año antes a causa del arreglo de un TDT. Además, deberá indemnizar a la familia con 90.000 euros.

Esta sentencia, se dicta después de que un jurado declarara la pasada semana al hombre culpable de un delito de asesinato, tras haber reconocido el procesado los hechos ante el Tribunal popular.

Según la resolución se declara probado que el acusado mantenía malas relaciones con la víctima y, de hecho, un año antes de los hechos, en septiembre de 2017, ambos y la pareja del fallecido tuvieron un enfrentamiento por motivos económicos.

Aproximadamente un año después de dicho enfrentamiento, "tras una vigilancia previa para planificar los hechos y asegurar su propósito, anulando o reduciendo la posibilidad de defensa y huida de la víctima", dice la sentencia, el acusado fue a buscarla a la carpa en la que se celebraban actos festivos por 'La quema de Algarrobo' y donde la víctima hacía labores de vigilancia.

Una vez allí se entabló una discusión entre ambos en la cual se produjo un forcejeo, cayendo al suelo, y cuando el procesado tuvo al otro hombre "a su merced en esa posición de inferioridad", decidió "acabar con la vida de su oponente sin dejarle ninguna posibilidad de incorporarse o defenderse".

Para ello "le pateó con una violencia extrema, totalmente desproporcionada con el enfrentamiento inicial, golpeándole de forma reiterada con gran brutalidad, llegando incluso a saltar varias veces sobre la cabeza de la víctima". El hombre sufrió 17 heridas que le provocaron la muerte.

El jurado tuvo en cuenta para su veredicto de culpabilidad las declaraciones de testigos y peritos y para la magistrada-presidenta del Tribunal popular en este caso "la intención de matar resulta clara tanto en número de golpes propinado a la víctima como por la intensidad de los mismos y la zona del cuerpo en que se inflige".

Al menos 1.000 personas se han concentrado este jueves en la plaza de las Cortes de Castilla y León ante la decisión del Gobierno regional de decretar el cierre de la hostelería a partir de las 00.00 horas de este viernes y han reclamado ayudas directas y el pago del 100% de los ERTE, ya que el sector considera que "no es el problema, sino la solución".

Los asistentes, con representación de las asociaciones provinciales y locales de muchas provincias y municipios de la Comunidad, han estado respaldados por el presidente estatal de Hostelería España, José Luis Yzuel, y los presidentes regional y local de la patronal, Santiago Aparicio y Ángela de Miguel. Ellos han estado al frente de la concentración junto al presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, Ángel Blasco, y la presidenta de la Asociación Provincial de Valladolid, María José Hernández.

Junto a ellos, al menos 1.000 hosteleros procedentes de Valladolid y de distintos puntos de Castilla y León, que han mantenido su concentración durante una hora ante la sede del Parlamento regional, acompañados de pancartas y con el ruido que producían sus bocinas, bombos, cacerolas y silbatos.

Asimismo, varias decenas de vehículos de distribuidores que trabajan con la hostelería han dado vueltas por las calles aledañas de las Cortes para hacer sonar sus cláxones en señal de apoyo al sector.

La concentración ha transcurrido durante cerca de una hora sin que se produjeran incidentes hasta que un grupo de asistentes ha tratado de iniciar un recorrido en manifestación por la avenida de Salamanca, algo que no se había solicitado en la convocatoria tramitada en la Subdelegación del Gobierno que solo hacía referencia a una "concentración".

Por ello, la Policía Nacional ha tenido que intervenir para reconducir, con algún forcejeo, a estos manifestantes y se ha tenido que cortar durante unos minutos el carril de la avenida de Salamanca más próximo al Parlamento regional.

Todos ellos han levantado la voz al grito de 'queremos trabajar' y han proclamado que 'no somos el problema, somos la solución', mientras los dirigentes sectoriales se dirigían a ellos para mostrar un emocionado agradecimiento y mensaje de ánimo, además de recordar las principales reivindicaciones, que pasan principalmente por que el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León aporten "ayudas directas", que se establezcan moratorias para el pago de alquileres e hipotecas y que la Administración pague el 100% de los ERTE que han declarado y que tendrán que declarar los empresarios hosteleros.

"Ayudas sí o sí, queremos ser franceses o alemanes, no ser la hostelería arruinada en la que nos quieren convertir", ha aseverado Yzuel en unos discursos en los que ha estado muy presente que en otros países europeos ya se han anunciado aportaciones de ayudas a los negocios de hostelería.

Yzuel, que ha enfatizado que el sector se encuentra en "el peor momento" de la historia ha cifrado la cantidad que necesitaría la hostelería española en unos 8.500 millones de euros en todo el país.

Así, ha recalcado que aunque "algún ministro y algún sector del Gobierno de España ningunee" a la hostelería, el sector es "la envidia del mundo", pues es "clave" para la gastronomía y el turismo y, en definitiva, para "la felicidad" que ofrecen hoteles y playas en España.

"NOS HAN FALTADO AL RESPETO"

El representante estatal había comenzado su discurso, con el que se ha cerrado la concentración, con un agradecimiento a los asistentes y con una petición de disculpas ya que ha apuntado que él es responsable de que se respete al sector, pero considera que se les está "faltando al respeto con decisiones arbitrarias" que han causado la "ruina" a muchos negocios.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid (Apehva), además de sumarse a la reclamación de "soluciones inmediatas" al pago de los ERTE y a las "ayudas directas", ha querido lanzar un mensaje de esperanza.

Vamos a salir de ésta, vamos a volver a abrir todos, nadie se quedará atrás. Que no caiga nadie en el desánimo", ha enfatizado Hernández.

Por su parte, el representante regional ha incidido también en ese mensaje de ánimo al sector y ha reclamado que se alce la voz "todos los días" para reclamar la solución al problema.

De hecho, se ha apuntado que, desde que se produjeron las primeras movilizaciones de la hostelería con las medidas restrictivas que se adoptaron en ciudades como Valladolid y Salamanca el pasado mes de septiembre ya ha tenido que cerrar sus puertas "un 10%" de los negocios de la ciudad vallisoletana.

Y, mientras tanto, han defendido que se han producido "muchos más contagios" de coronavirus en los "botellones" y en fiestas celebradas en casa que en los bares y terrazas. Así, han destacado nuevamente un documento del Ministerio de Sanidad que señala que "solo" el 3,5% de los contagios se han producido en la hostelería.

En la concentración se han visto pancartas de diferentes asociaciones del sector y próximas, como los hosteleros de Ávila, Segovia y Palencia, entre otras provincias, o de localidades como Laguna de Duero (Valladolid) o Saldaña (Palencia).

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha avisado de que los Mossos d'Esquadra desplegarán controles ante la convocatoria de manifestación la tarde de este jueves, como ya hicieron el sábado, para evitar altercados tras lo ocurrido la noche del viernes, cuando se saquearon dos tiendas del centro de Barcelona y hubo "violencia gratuita", según lo ha definido.

En rueda de prensa telemática ha afirmado que "esto no pasó el sábado y no pasará hoy" porque habrá controles policiales en la zona, y ha explicado que está convocado un Cecor con grado de riesgo 3 para las 18 horas, cuando se prevé que empiece la protesta.

Ha detallado que la manifestación está convocada por sectores contrarios a las medidas adoptadas para contener el coronavirus, como el toque de queda y el cierre de algunos establecimientos, y cree que "el riesgo es que se añadan otros grupos, como el viernes, de entornos de extrema derecha, del independentismo radical, del anarquismo, radicales del fútbol".

Sàmper ha comentado la reunión que mantuvo el miércoles con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mandos de Policía Nacional y de Guardia Civil, y los consejeros de Interior del País Vasco y Navarro para prevenir posibles disturbios en las próximas protestas contra las restricciones.

"Llegamos a la conclusión de que el modus operandi es prácticamente el mismo, la confluencia de grupos no violentos con grupos violentos tan incompatibles como la extrema derecha y la extrema izquierda", ha valorado, y ha advertido de que ese mismo riesgo estará en todas las protestas que se convoquen de ahora en adelante contra las medidas para contener el coronavirus.

Ha criticado que los que causaron los altercados "se aprovechaban de conseguir una masa importante de personas" concentrándose en un lugar donde ya había una manifestación pacífica convocada, y al haber muchas más personas resultó más complicada la actuación policial.

El juez Dennis Bailey, que presidió el último juicio contra Pablo Ibar, de nacionalidad española y ascendencia vasca, en el que fue condenado a cadena perpetua por un triple asesinato cometido en Florida el 27 de junio de 1994, ha dejado de ser magistrado después de haber perdido las elecciones en las que se enfrentaba a George Odom, que ha obtenido su plaza en el Condado de Broward County.

En mayo de 2019, tras repetirse por irregularidades el juicio contra Ibar --sobrino del histórico boxeador guipuzcoano José Manuel Ibar 'Urtain'-- en el que había sido condenado a pena de muerte, se le impuso la cadena perpétua. El tribunal del jurado encontró, de nuevo, culpable al procesado de los asesinatos del empresario de un establecimiento norturno, Casimir Sucharski, y de dos bailarinas, Sharon Anderson y Marie Rogers, en la localidad de Miramar, al norte de Miami.

Pablo Ibar estuvo condenado a la pena capital durante 16 años, entre 2000 y 2016, que cumplió en el Corredor de la muerte en la prisión estatal de Florida, en Raiford, hasta que en 2016 el Tribunal Supremo anuló la pena y ordenó repetir el juicio, al considerar que había tenido una defensa "ineficaz" y que las pruebas contra él eran "escasas y débiles".

Durante la repetición de la vista oral, presidida por Dennis Bailey, los miembros del jurado no se pusieron de acuerdo sobre su condena a muerte, que requería de unanimidad, y seemtiór un veredicto de cadena perpetua.

En este juicio, el propio Ibar perdió los nervios, se levantó del banquillo de los acusados para acusar al juez de ir contra él y de favorecer "constantemente"a la Fiscalía, que pedía para él la pena de muerte.

En las elecciones de jueces en el Condado de Broward County, en Florida, el Juez Dennis (Daniel) Bailey, juez que presidió el último juicio de Pablo Ibar en el que fue injustamente hallado culpable y condenado a la cadena perpetua, ha perdido las elecciones por escaso margen.

En septiembre se produjo la primera vuelta de dichas elecciones y Bailey y el Juez George Odom fueron los dos candidatos que obtuvieron más votos. Ahora, en la votación final, coincidente con las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, Odom ha ganado la plaza de juez que ocupaba Bailey y este deja de ser juez.

El presidente del PP de Baleares, Biel Company, ha calificado este jueves la 'ley Celaá' como un "ataque frontal" a la escuela concertada así como a la libertad de los padres a escoger el centro escolar para sus hijos.

Company se ha reunido este jueves con representantes de la plataforma Schola Libera en defensa de la educación concertada y privada para escuchar sus reivindicaciones y su preocupación ante la tramitación de la nueva Ley de Educación del Gobierno central.

El líder del PP ha criticado, además, que la ley pretende eliminar el número máximo de suspensos para poder pasar de curso, trasladando así un mensaje contrario a la cultura del esfuerzo, la meritocracia y la superación.

Además, Company ha lamentado que se pretenda eliminar el castellano como lengua vehicular en las comunidades bilingües, en una concesión a los partidos nacionalistas y que supone una vulneración de la Constitución.

"Frente a una mala ley en un momento excepcional" -ha apuntado el dirigente popular- "desde el PP defendemos una educación en la que convivan escuela pública, concertada y privada.

Company ha trasladado su apuesta por una educación garantista y el derecho a elegir el modelo educativo que quieren los padres para sus hijos, una educación que premie el esfuerzo y la superación del alumno y una educación bilingüe, sin inmersiones.

INTERPELACIÓN SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA

En este sentido, según han recordado, el PP defenderá el próximo martes en el Parlament una interpelación en relación a la modificación de la ley educativa que pretende realizar el Gobierno central, al considerar que la 'ley Celaá' es un ejemplo de "sectarismo e imposición".

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa 'Tándem' ha rechazado la petición de la defensa del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo y de la defensa de uno de los investigados en la pieza de Iberdrola, que interesaban que se investigara si la Fiscalía filtró información al partido político Podemos en las piezas relativas al BBVA y a la eléctrica cuando aun estaban secretas.

En la providencia del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, se fundamenta esta negativa explicando que "el objeto de ambos escritos es valorar la actuación del Ministerio Fiscal". Añade el juez que él "carece de facultades para interferir en la actuación y defensa de las partes".

Así, el magistrado da respuesta en primer lugar al escrito del abogado Antonio José García Cabrera, de la firma Lemat Abogados, que solicitaba en el marco de la pieza 17 (Iberdrola) de la macrocausa librar un exhorto al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid para recabar los mensajes aportados por el que fuera abogado de Podemos José Manuel Calvente, y de los que infiere que hubo filtraciones entre el Ministerio Fiscal y los abogados del partido 'morado.

En ese Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, su titular Rosa María Freire abrió diligencias tras la interposición de una querella por parte de la abogada de Podemos Marta Flor contra José Manuel Calvente por supuesto acoso sexual y laboral, hostigamiento, coacciones y lesiones. La juez acordó el archivo de las mismas en julio de 2020.

En el escrito del abogado de Villarejo, aporta además un artículo publicado por El Confidencial bajo el titular de 'Los fiscales filtraron a Podemos las causas secretas de BBVA e Iberdrola meses antes', y recuerda que diversas informaciones "podrían evidenciar la revelación de datos de una causa que estaba declarada secreta para preordenar y dirigir interesadamente la causa, coordinando una estrategia conjunta de acusación en perjuicio de determinados investigados.

DICE NO A UNA PIEZA SEPARADA

Asimismo, la defensa de Villarejo pedía unir a la pieza de Iberdrola la declaración de Calvente prestada el pasado día 10 de septiembre en calidad de testigo en el marco de la pieza 'Dina' "en tanto que fue preguntado por los mencionados mensajes y se ratificó directamente en el contenido de algunos de ellos".

Pero el magistrado rechaza todas estas peticiones, y responde también a la defensa de Antonio Asenjo, quien fuera jefe de Seguridad de Iberdrola, que tampoco acuerda ni "la apertura de una pieza separada para el esclarecimiento de los hechos", ni la declaración del abogado de la representación de Podemos, ni el requerimiento al periódico digital El Confidencial.

Por otro lado, en un auto del magistrado con fecha de 3 de noviembre, también rechaza la solicitud de la defensa del socio de Villarejo, Rafael Redondo, de revocar a Podemos la condición de Acusación Popular en todas las piezas de 'Tándem' en las que estuviera personado.

García-Castellón desestima esta solicitud "al no constatar motivo alguno que lo justifique, más allá de las genéricas alegaciones del solicitante".

Y recuerda que la posibilidad de personarse en el proceso como acusación popular trae causa del artículo 125 de la Constitución Española que establece que "los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.