Las tres universidades gallegas han confirmado que los exámenes del primer cuatrimestre del curso seguirán según el calendario previsto. Por lo tanto, las pruebas presenciales se mantendrán como tal a pesar del paso a la enseñanza telemática decretado por la Xunta para estas instituciones académicas a partir del 8 de febrero.

El rector compostelano, Antonio López, ha remitido una comunicación interna dirigida a la comunidad universitaria en la que confirma el mantenimiento de los exámenes y en la que anuncia que se reforzará la vigilancia en las pruebas presenciales más numerosas para evitar aglomeraciones y garantizar el cumplimiento de las medidas.

López avanza, además, que se dictarán las resoluciones e instrucciones necesarias una vez que el Diario Oficial de Galicia publique las nuevas restricciones, para adaptar la actividad a las condiciones anunciadas por la Xunta.

En todo caso, el rector ha agradecido el "esfuerzo" de alumnos, docentes y personal de la institución para extremar el cumplimiento de las normas "de modo ejemplar", y ha pedido trabajar para mantener la institución "como un lugar seguro".

El rector coruñés, Julio Abalde, ha señalado por su parte que las medidas anunciadas "no cuestionan la seguridad" de los centros, sino que buscan "reducir la movilidad y la interacción social".

Asimismo, ha defendido mantener la presencialidad de los exámenes previstos para asegurar que no se desvirtúan unas condiciones de evaluación "similares" para el alumnado y ha insistido en que "en ningún caso" la autoridad sanitaria ha indicado la necesidad de cambiar estas pruebas a formato telemático, mientras se respeten los protocolos de seguridad.

"La Universidade da Coruña cumple y cumplirá los requisitos de las autoridades sanitarias escrupulosamente y estamos preparados para asumir una docencia telemática de calidad", ha zanjado.

UVIGO

La Universidade de Vigo, por su parte, retrasará el inicio del curso hasta el 9 de febrero y los detalles del inicio de la docencia virtual se publicarán en una próxima resolución rectoral.

El rector, Manuel Reigosa, ha confiado en que alumnos y trabajadores "vuelvan a dar lo mejor de sí" para evitar efectos negativos en esta "situación desfavorable".

Al mismo tiempo, ha considerado que tanto PDI como PDI como PAS podrán acudir a sus puestos de trabajo y no prevé "tomar medidas" en el ámbito de investigación y gestión, debido a que de momento no se contempla el confinamiento domiciliario.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, han asumido este lunes "un primer compromiso" para traspasar "de urgencia" cinco competencias a Euskadi, entre ellas Prisiones y el Salario Mínimo Interprofesional para el próximo mes de marzo, y han coincidido este lunes en la necesidad de seguir favoreciendo el desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika y el autogobierno vasco.

Ambos han mantenido una reunión en La Moncloa, el primer encuentro de ambos que se celebra de forma presencial desde que Urkullu fuera reelegido lehendakari, por tercera vez consecutiva, en las elecciones vascas de julio de 2020.

El encuentro, de dos horas de duración, se ha desarrollado en un "clima de sintonía y máxima colaboración institucional", según ha informado Moncloa. Por su parte, el gobierno vasco ha destacado que la reunión se ha desarrollado en un ambiente "cordial" y ha resultado "fructífera, como corresponde a las relaciones institucionales y políticas" que mantienen Sánchez y el presidente del Ejecutivo de Euskadi.

En este marco, Sánchez y Urkullu han compartido la necesidad de seguir trabajando "de forma conjunta y con ánimo constructivo" para propiciar "un escenario de diálogo y acuerdo que permita dar una respuesta conjunta a los grandes desafíos del actual tiempo político y encarar los retos de futuro compartidos".

El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos cuenta el partido jeltzale como uno de sus socios preferentes desde la investidura y es uno de sus apoyos fundamentales en el Congreso. El Ejecutivo autonómico ha explicado que el encuentro ha contribuido "a reforzar esta relación bilateral" y se enmarca "en una clara voluntad política de resolver las cuestiones pendientes prioritarias de interés para ambos Gobiernos".

En este marco, ambos han coincidido en la necesidad de seguir favoreciendo el desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika y el autogobierno vasco, con el compromiso de impulsar el calendario de traspasos de las transferencias previstas, han indicado desde Moncloa.

Así, han asumido este "un primer compromiso" para traspasar "de urgencia" cinco competencias a Euskadi, entre ellas Prisiones y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para el próximo mes de marzo.

En la reunión de este lunes, han asumido un primer compromiso para resolver, "con carácter de urgencia", las primeras cinco trasferencias para el próximo mes de marzo: Ingreso Mínimo Vital, Gestión de centros penitenciarios, Transporte por carretera, asignación del ISSN-ISBN, y Ordenación y Gestión del Litoral.

CORONAVIRUS, FONDOS EUROPEOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

Además del autogobierno, la reunión ha servido para abordar la lucha contra el coronavirus, los fondos europeos y la agilización de los compromisos institucionales.

El presidente y el lehendakari han analizado en profundidad la evolución reciente de la pandemia y han reafirmado su voluntad de cooperar "desde la máxima lealtad institucional y con pleno respeto al ámbito competencial de ambas administraciones", en el marco de una estrategia de cogobernanza que sitúa la lucha contra el coronavirus como objetivo prioritario de ambos ejecutivos.

Sobre este punto, Urkullu ha planteado "la necesidad de ampliar la capacidad de las Comunidades Autónomas en la toma de decisiones", con el fin de "luchar de la forma más eficaz" contra la covid-19 y evitar la judicialización de las decisiones que puedan adoptar las autonomías, "ofreciendo un marco de estabilidad jurídica y de claridad para la ciudadanía".

Asimismo, el presidente vasco ha insistido, especialmente, en la necesidad de poder adelantar el llamado toque de queda a las 20.00 horas, como se ha establecido en otros países europeos.

Igualmente, ambos se han mostrado de acuerdo en lograr el máximo grado de eficacia y ejecución en la gestión de los fondos europeos. En este sentido, han compartido la necesidad de mantener la plena interlocución entre las dos administraciones y fomentar al mismo tiempo la participación de la iniciativa privada en la gestión de una estrategia basada en la digitalización, la transición ecológica de la economía, la cohesión social y territorial y una perspectiva abiertamente feminista, ha indicado Moncloa.

PETICIONES DE EUSKADI

Durante el encuentro, Urkullu ha presentado a Sánchez el documento 'Euskadi Next', que contiene 188 proyectos, y ha propuesto que, "por razones de eficacia y de agilidad" en su ejecución, se aplique "el mecanismo de gestión multinivel" que se utiliza para los Fondos FEDER.

"Este es un modelo de referencia que se ha demostrado eficaz a lo largo de los últimos años. Compartimos el objetivo de lograr el máximo grado de ejecución de los Fondos europeos y favorecer la interlocución tanto institucional, entre los dos Gobierno y con la Unión Europea, como la colaboración con la iniciativa privada", ha apuntado el Gobierno Vasco.

Durante el encuentro, el Lehendakari ha repasado otros temas sectoriales en proceso de negociación que necesitan un impulso político, y ha entregado al presidente del Gobierno un informe con la relación de asuntos actualmente en trámite y pendientes de resolución en los ámbitos de Infraestructuras, Participación en Europa, Oficialidad de las selecciones vascas, Nueva Ley Audiovisual y concertación pendiente de nuevos impuestos en el marco del Concierto Económico.

Finalmente, Sánchez ha trasladado al lehendakari del Gobierno Vasco el compromiso de agilizar, desde cada ministerio, los encuentros bilaterales con los departamentos competentes del ejecutivo vasco, para seguir avanzando en la resolución de los asuntos pendientes en el marco de las competencias de cada departamento.

SIN CONFRONTACIÓN POLÍTICA

Conscientes del "delicado momento" que se vive, Pedro Sánchez y Urkullu han compartido "la necesidad de superar la etapa de confrontación política que se está dando en el ámbito del Estado y propiciar un escenario de diálogo y acuerdo que permita dar respuesta a los problemas globales que nos afectan por igual".

En este sentido, han coincidido en que la prioridad es "responder con eficacia a la crisis sanitaria y contribuir a superar la crisis económica y de empleo derivada de la misma". Por último, han valorado la nueva etapa iniciada en EE.UU., con Joe Biden en la presidencia. "Abogamos por estrechar las relaciones entre Europa y Estados Unidos para reforzar el papel geoestratégico del Arco atlántico", ha añadido el Gobierno vasco.

El secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente de Podemos, Nacho Álvarez, ha defendido que España necesita una reforma de las pensiones, que no debe suponer un "recorte", y ha desdeñado los planteamientos que implican reducir las futuras prestaciones, como aumentar el cómputo de años para calcularla.

"¿España necesita recortar sus pensiones? No. ¿España necesita una reforma del sistema de pensiones? Sí. Reformar y recortar no es lo mismo.", ha apuntado en un amplio hilo en Twitter para destacar que la clave para garantizar el sistema de pensiones en los próximos años radica en la "suficiencia de las prestaciones y la sostenibilidad del sistema".

Al respecto, Álvarez ha sostenido que ambas son compatibles, "siempre y cuando se aborden algunas reformas". Concretamente, replica las tesis de algunos economistas que plantear "reducir prestaciones" (como "desindexar su crecimiento del IPC" o "ampliar el periodo de cálculo) para garantizar la sostenibilidad del sistema.

A su juicio, esta opción en un sistema en el que el 66% de las pensiones están aún por debajo de 1.000 euros al mes, "comprometería la suficiencia de las prestaciones, y además aumentaría la desigualdad social".

Por tanto, en lugar de "recortar prestaciones presentes o futuras", Álvarez contrapone que Podemos ha defendido "siempre" que deben subir los ingresos de la Seguridad Social para "hacer sostenible el sistema y, al mismo tiempo, garantizar la suficiencia de las pensiones".

También ha explicado que el gasto de España en pensiones se sitúa actualmente en el 11% del PIB. A continuación, detalla que con la jubilación del 'baby boom', actualizando con el IPC y "sin el recorte asociado al factor de sostenibilidad", en 2050 ese gasto aumentaría hasta el 15% (según estimaciones de la AIReF).

"La jubilación del 'baby boom' es un reto, es evidente, pero conviene no olvidar que ya hay países de la UE que actualmente alcanzan niveles de gasto en pensiones del 14%-15% del PIB (Italia, Francia o Austria). Hablamos de un reto, no de un drama ni de la quiebra del sistema", ha reivindicado.

Por tanto y "frente a la vía del recorte", Álvarez ha aseverado que garantizar la sostenibilidad y la indexación "es posible" con una serie de medidas. En primer lugar, con el aumento de ingresos mediante el "destope" de cotizaciones más altas y la reforma del régimen de autónomos. También contribuye la eliminación de los gastos "impropios" del sistema.

"Estas medidas permitirían hacer frente al reto del baby boom sin recortar las prestaciones, y con un nivel de gasto inferior al 13% del PIB en 2050. Es sostenible y justo que una sociedad más envejecida gaste dentro de tres décadas 2 puntos más del PIB en la población mayor", ha desgranado.

PROBLEMA DE LA PRECARIEDAD LABORAL EN LOS JÓVENES

Además, ha destacado que ampliar el periodo de cálculo "no está" en el Pacto de Toledo y --en un contexto de carreras laborales más "erráticas y discontinuas"-- "reducirá las futuras prestaciones de quienes hoy sufren la precariedad". "Es un doble castigo", ha relatado.

"Se ha convertido en lugar común hablar del 'conflicto generacional' para justificar recortes. Pero es un falso dilema: en un sistema de reparto hay intereses comunes entre generaciones, dado que tener empleos decentes para las personas jóvenes permite pagar pensiones dignas", ha zanjado para resaltar que el problema de la juventud es una "vida laboral presente cargada de precariedad".

La candidatura 'La Izquierda necesaria', proyecto alternativo al actual coordinador Alberto Garzón, ha criticado que la dirección de IU rechace su petición de aplazar de nuevo la Asamblea Federal de la formación, cuya finalización está prevista a finales de marzo.

En un comunicado, la candidatura alternativa al actual coordinador general de IU, Alberto Garzón, ha reprochado la negativa dada por la dirección a su solicitud, formulada ante la incidencia del coronavirus en el conjunto del país.

Con ello, estiman que "quedará fuera del debate" aproximadamente el 30% de la afiliación de IU, de forma que "la calidad democrática del proceso queda severamente afectada".

Para el cabeza de lista de la candidatura José Antonio García Rubio, quien fuera responsable económico de IU durante el mandato del excoordinador Cayo Lara, "los responsables federales de IU no pueden actuar al margen de la realidad".

"El aplazamiento es una medida necesaria por respeto al derecho democrático que garantice las mismas oportunidades de participación para todos, y por el respeto de IU a las decisiones de las administraciones que debemos ofrecer a la ciudadanía", ha subrayado.

CALENDARIO ACTUAL

La Coordinadora Federal de IU ratificó a finales de noviembre, con el 84,5% de los votos a favor, el nuevo calendario de la XII Asamblea Federal propuesto por la Comisión Colegiada, y que pauta su culminación los días 26 y 27 de marzo.

El calendario marca el 7 de marzo será la fecha límite para debatir los documentos en las asambleas de base, en las asambleas provinciales (o en su defecto, comarcales o insulares) y en las federaciones de IU.

Desde el 15 hasta el 21 de marzo se procederá a la votación por sufragio universal entre toda la militancia del informe de gestión, los documentos y las candidaturas a los órganos de IU federal. Finalmente, la celebración de la XII Asamblea Federal será del 26 al 27 de marzo.

YA FUE APLAZADA POR EL COVID

La Asamblea Federal, que debe elegir la nueva dirección y la estrategia del partido para los próximos años, ya fue aplazada de julio a enero en una decisión que se adoptó en el pasado mes de abril, en pleno confinamiento domiciliario por la primera ola de coronavirus.

La propuesta estratégica de la dirección, consensuada con el Partido Comunista de España (PCE), defiende "fortalecer" la coalición con Podemos, bajo la marca Unidas Podemos, y apostará para ello por "democratizar" este espacio de convergencia, de cara a asentar su "base popular y territorial".

Frente a ello, el documento crítico denominado 'La Izquierda necesaria', confronta con esa visión, pues se opone a la integración con Podemos, una vía que tilda de "fracasada" y reivindica la "soberanía" de la formación.

La Junta de Andalucía ampliará desde las 00.00 horas de este miércoles 27 de enero el cierre perimetral a 489 municipios de la comunidad con una tasa de incidencia del coronavirus Covid-19 superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, entre ellos Sevilla, la última ciudad de más de 100.000 habitantes que faltaba por estar en esta situación, según los datos actualizados este jueves por la Consejería de Salud.

Para 265 de esos 489 municipios, la Junta dictará además el cierre de toda actividad no esencial por superar los 1.000 casos Covid por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El cierre perimetral afecta actualmente a 396 municipios de Andalucía y la prohibición de toda actividad no esencial a otros 185, pero la evolución de la pandemia durante las últimas tres jornadas ha sumado otros 93 municipios con tasa superior a 500 y 80 con tasa superior al millar.

Andalucía en su conjunto ha aumentado su tasa de incidencia de casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días hasta 911,4, cifra que es 115,5 puntos superior a los 795,9 del viernes y 285,5 puntos más que hace una semana (625,9).

Por provincias, Almería está a la cabeza con 1.203,2. Detrás se sitúan Huelva con 1.064,5, Málaga con 999,3, Cádiz con 952,1, Córdoba con 901,4, Granada con 887,4, Jaén con 873,6 y Sevilla con 690,8.

La mayor tasa por cada 100.000 habitantes en 14 días entre las capitales andaluzas la sigue registrando Almería, con 1.020,5, seguida de Málaga con 945,6, Granada con 881,9, Huelva con 871,5, Jaén con 831,9, Córdoba con 816,4, y Sevilla, con 606,5.

De los otros cuatro municipios andaluces de más de 100.000 habitantes, dos superan el límite de 500 casos marcado por la Junta para decretar el cierre perimetral: Dos Hermanas (Sevilla) con una tasa de 948,7 y Algeciras (Cádiz) con una tasa de 703,5, mientras que los otros dos superan la barrera de 1.000 casos para no tener actividad esencial: Jerez de la Frontera (Cádiz) con una tasa de 1.105,1 y Marbella (Málaga) con una tasa de 1.180.

GRANADA A LA CABEZA

Según datos de la Consejería de Salud, la provincia con mayor número de municipios afectados por el cierre perimetral es Granada, que suma 19 nuevos desde el jueves con una tasa superior a 500 (Almuñécar, Motril, Benalúa, Benamaurel, Caniles, Huénejar, Huéscar, Lanteira, Puebla de Don Fadrique, Valle del Zalabí, Atarfe, Cájar, Cíjuela, Domingo Pérez de Granada, Huétor Tájar, Lecrín, Víznar, Zafarraya y Zagra) y dos que superan la tasa de 1.000 sin haber pasado antes un tiempo superando los 500 (Válor y Escúzar).

Además, del grupo de localidades que tenían cierre perimetral pasan a cerrar establecimientos no esenciales Bubión, Capileira, Polopos, Pórtugos, La Taha, Turón, Baza, Alquife, Cúllar, Gorafe, Benalúa de las Villas, Compotéjar, Deifontes, Fuente Vaqueros, Huétor Vega, Íllora, Iznalloz, Láchar, Moclín, Ogíjares, Padul, Pulianas y La Zubia, un total de 23.

Así pues, Granada acumula 110 municipios con cierre perimetral y 65 de ellos además sin actividades no esenciales abiertas.

A continuación figura Málaga, que registra 65 municipios con tasa por encima de 500 tras añadirse once desde el jueves, que son Almáchar, Árchez, Riogordo, Torrox, Casares, Ojén, Antequera, Totalán, Pizarra, Yunquera y Montejaque. Los nuevos con tasa por encima de 1.000 son ocho: Casabermeja, Estepona, Manilva, Marbella, Villanueva del Rosario, Tolox, Alhaurín de la Torre y Benarrabá. Así pues, son 65 los que cuentan con cierre perimetral y 33 con suspensión de la actividad no esencial.

Detrás va Jaén con 64 municipios afectados, siete más (Aldeaquemada, Arquillos, Jimena, Mancha Real, Martos, Peal de Becerro y Torredonjimeno) con una tasa por encima de 500 casos. Además, de los pueblos que ya estaban cerrados seis pasan a superar los 1.000 casos (Villanueva del Arzobispo, Torreperogil, Santo Tomé, Huelma, Jamilena y Valdepeñas de Jaén). Así pues, son 64 las localidades cerradas y 33 sin actividad no esencial.

Almería está con 62 municipios con restricciones a partir del miércoles, seis más desde el sábado. La provincia tenía entonces 34 municipios con su actividad no esencial suspendida. Ahora se suman otros diez, que son la capital, Abla, Gérgal, Armuña del Almanzora, Bacares, Macael, Serón, Turre, Balanegra y Laujar de Andarax --Abla y Bacares entran por primera vez en los márgenes de aplicación de medidas--. Además, cuatro pasarán a estar cerrados perimetralmente, que son Bentarique, Tíjola, Zurgena y Vícar. En total, 62 están con cierre perimetral y 44 sin actividad no esencial.

Por su parte, Sevilla alcanzará este lunes la cifra de 57 localidades con restricciones, 17 nuevos en relación al jueves: Sevilla capital, Tomares, Almadén de la Plata, Gelves, Gines, Isla Mayor, La Puebla del Río, Herrera, Gerena, Pedrera, Villanueva de San Juan, Mairena del Alcor, El Ronquillo, Estepa, El Saucejo, Arahal y Cantillana. Estos cinco últimos lo hacen superando los 1.000 casos sin haber estado un tiempo antes entre los mil y los 500; el resto, superando por vez primera los 500. Así pues, serán 57 los municipios con cierre perimetral y 21 de ellos sin actividad esencial además.

Córdoba acumulará 54 municipios con cierre perimetral, 15 más que son Castro Del Río, Montemayor, Montilla, Palenciana, La Carlota, Doña Mencia, Villaharta, Zuheros, Guadalcazar, Villafranca, Posadas, Almedinilla, La Victoria, San Sebastián de Pedroche y Torrecampo, estos dos últimos superando los 1.000 casos. Además, superan los 1.000 casos viniendo de superar ya los 500 Palma Del Río, La Guijarrosa, Moriles, Fernán Núñez, Fuente Obejuna, Encinas Reales, Obejo y Alcaracejos. Así pues, La provincia tendrá 54 con cierre perimetral y 29 de ellos sin actividad no esencial.

Detrás va Huelva con 40 municipios afectados por restricciones, diez más. En el primer caso se suman siete nuevas localidades en relación al jueves con tasa por encima de 1.000, que son Aracena, San Bartolomé, Villarrasa, Aljaraque, Cartaya, Punta Umbría y Beas, mientras que otras nueve superan los 500 por vez primera (Nerva, Bollullos Par del Condado, Escacena del Campo, Manzanilla, Moguer, Rociana del Condado, Cabezas Rubias, Higuera de la Sierra y Villablanca), con lo que desde el sábado serán 40 los municipios onubenses cerrados y 20 de ellos además sin actividad no esencial.

Finalmente, Cádiz con 35 localidades afectadas ha incorporado desde el sábado cuatro nuevos municipios con tasa superior a 500 (Alcalá de los Gazules, Benocaz, Medina Sidonia y Bornos), mientras que otros ocho ya con cierre perimetral (Chipiona, Rota, Vejer, Jerez, Arcos, Prado del Rey, Setenil y Villamartín) superan la tasa del millar de positivos y Algar también llega a superar los 1.000, cuando el sábado aún no superaba los 500. En total desde el sábado la provincia de Cádiz tendrá 35 municipios con cierre perimetral y 17 de ellos con suspensión de toda actividad no esencial.

Los comités provinciales de la Junta de Andalucía evalúan y comunican cada lunes y jueves la actualización de los municipios que superan la tasa de 500 y 1.000 casos para la aplicación de las medidas restrictivas con una vigencia de 14 días que entran en vigor a las 0,00 horas de cada miércoles y sábado, respectivamente.

Así, si un municipio baja de 1.000 o de 500 casos, se podrán relajar las medidas, siempre que hayan transcurrido 14 días desde que se aplicaron; mientras que si pasa de más 500 a más de 1.000 casos sí se endurecen las medidas aunque no hayan pasado esas dos semanas, comenzando a contar de nuevo ese plazo de 14 días.

Las medidas que se acuerden este jueves por los comités provinciales entrarán en vigor a las 00,00 del miércoles 27 de enero tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 6.409 nuevos casos por infección de coronavirus correspondientes al viernes, sábado y domingo, además de 86 fallecidos. La incidencia acumulada a 14 días ha subido a 1.248,29 casos por cada 100.000 habitantes.

Así, el viernes se registraron 2.395 casos, el sábado 2.179 y el domingo 1.835, ha informado la Junta en nota de prensa, donde indica que, por provincias, Toledo ha registrado 2.655 casos, Ciudad Real 1.465, Albacete 931, Guadalajara 786 y Cuenca 572.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 146.852. Por provincias, Toledo registra 52.622 casos, Ciudad Real 37.929, Albacete 24.229, Guadalajara 17.042 y Cuenca 15.030.

El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 1.632.

Por provincias, Toledo tiene 663 de estos pacientes (486 en el Hospital de Toledo y Talavera 177), Ciudad Real 453 (191 en el Hospital de Ciudad Real, 150 en el Hospital Mancha Centro, 45 en el Hospital de Valdepeñas, 32 en el Hospital de Puertollano, 19 en el Hospital de Tomelloso y 16 en el Hospital de Manzanares), Albacete 253 (135 en el Hospital de Albacete, 47 en el Hospital de Hellín, 42 en el Hospital de Almansa y 29 en el Hospital de Villarrobledo), 136 en el Hospital de Cuenca (todos ellos en el Hospital de Cuenca) y 127 en el Hospital de Guadalajara (todos ellos en el Hospital de Guadalajara).

El número de hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador es 215. Por provincias, Toledo tiene 80 de estos pacientes, Ciudad Real 64, Albacete 45, Guadalajara 21 y Cuenca 5.

Durante el fin de semana se ha registrado el fallecimiento de 86 personas por coronavirus. En Toledo se han registrado 37 fallecimientos, en Ciudad Real 19, en Albacete 13, en Guadalajara 7 y en Cuenca 10.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia es 4.894. Por provincias, Toledo registra 1.720 fallecidos, Ciudad Real 1.456, Albacete 778, Guadalajara 494 y Cuenca 446.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Un total de 128 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen algún caso confirmado de positivo por coronavirus.

De los 128 centros, 41 están en la provincia de Toledo, 28 en Ciudad Real, 33 en Cuenca, 11 en Albacete y 15 en Guadalajara.

Los residentes con caso confirmado son 793 y los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 1.843.

La secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari, Idoia Mendia, ha destacado, tras celebrarse esta tarde el encuentro entre el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "abundan los acuerdos y los consensos", y que las discrepancias son consideradas "desde el respeto institucional y la legítima defensa de los intereses de cada ámbito de responsabilidad".

A través de un comunicado, Idoia Mendia se ha felicitado de que el encuentro entre el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya tenido lugar en un clima que constituye "una obligación" para todos los responsables públicos.

Según ha apuntado, los pasos que se han dado respecto al desarrollo íntegro del autogobierno vasco y el traspaso de las competencias pendientes, objetivo del acuerdo de Gobierno firmado por PSE-EE y PNV, constituyen una "buena noticia" para los Socialistas Vascos. "No es casualidad que los avances se estén produciendo con la responsabilidad y participación del Partido Socialista tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno Vasco", ha resaltado.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Euskadi ha subrayado, tras su reunión de esta tarde, que la pandemia de la Covid-19 exige a los representantes públicos un compromiso "decidido" en favor de la cogobernanza y la colaboración entre instituciones.

"Si éstos son términos que deben encontrar un anclaje firme en cualquier circunstancia, en el marco del Estado de las autonomías y en el ejercicio leal del autogobierno vasco, más aún en una situación de emergencia sanitaria con graves consecuencias sociales, sobre la actividad económica y el empleo, que exige soluciones eficaces", ha indicado.

La dirección socialista, que ha reunido a la mayor parte de sus miembros de forma telématica, ha valorado, además, la elaboración del plan Euskadi Next, el programa de inversiones público-privado con el que las instituciones vascas esperan captar 5.700 millones de euros de los fondos del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea para avanzar en procesos de "clara reivindicación progresista", como el desarrollo sostenible, la movilidad saludable, la extensión de las políticas de cuidados o la transformación digital. Ha defendido, además, la participación en la toma de decisiones de las autonomías.

Entre los asuntos referidos a la lucha contra la pandemia, la Comisión Ejecutiva ha querido trasladar su reconocimiento al personal sanitario, por la labor que está desarrollando en momentos "tan difíciles", cuando los efectos de la tercera hora se están trasladando a los hospitales.

TURNOS DE VACUNACIÓN

Del mismo modo, ha considerado "inaceptables" los comportamientos de aquellas personas que, valiéndose de sus cargos, han eludido los turnos de vacunación, "sin ningún respeto a los protocolos establecidos, que, precisamente, tratan de garantizar la salud de las personas más vulnerables.

Por ello, la ejecutiva de los socialistas vascos confía en que, una vez adoptadas las primeras decisiones para depurar las responsabilidades, la investigación abierta por las autoridades sanitarias "aclare todos los extremos de los casos conocidos en Euskadi".

CELEBRACIÓN DE LOS 135 AÑOS

Por otra parte, el PSE-EE celebrará en el primer semestre de 2021 los 135 años de vida del partido en Euskadi, una larga trayectoria que ha llevado a los socialistas de la reivindicación de los derechos de los trabajadores de las minas de finales del siglo XIX, a la lucha contra una pandemia mundial y la búsqueda de soluciones ante sus consecuencias sociales de la actualidad.

La Comisión Ejecutiva de Euskadi ha acordado conmemorar esta fecha en la primera mitad del año con distintas actividades cuyas características dependerán, en buena medida, de la evolución de la Covid-19 y de las posibilidades que permita la misma.

La voluntad de la dirección socialista es, en cualquier caso, recordar la contribución de los Socialistas Vascos "al progreso de esta tierra y del conjunto de España, y centrar la mirada en las transformaciones que deben garantizar un progreso ordenado, que contribuya a reducir las desigualdades, a ampliar los derechos y a generar empleo digno y de calidad".

La atención de los actos previstos se centrará en la acción de gobierno como principal herramienta para la búsqueda de soluciones. El análisis se centrará en ámbitos como el de las comunidades autónomas, aunque también habrá actividades relacionadas con el marco europeo, del que se espera que sea determinante en la recuperación económica y la reconstrucción.

Los Socialistas Vascos fundaron por impulso de Facundo Perezagua la primera agrupación socialista de Bilbao el 11 de julio de 1886 en plaza de La Cantera. Siete años antes, lo había hecho el PSOE y, cinco después, el Partido Socialista obtuvo sus primeros concejales en España, cuatro en Bilbao y uno en la localidad vizcaína de La Arboleda.

En 1900 se constituiría la Federación Socialista de Vizcaya y, cuatro años después, Tomás Meabe fundaría las Juventudes Socialistas. La influencia y la aportación de los Socialistas Vascos al conjunto del socialismo español ha resultado "determinante durante los 135 años transcurridos, así como su papel en la política y la sociedad vascas", ha aseverado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta ha citado a declarar como investigados por un presunto delito de odio al presidente de Vox en la ciudad, Juan Sergio Redondo, y a su compañero de Grupo Parlamentario en la Asamblea, el policía nacional Francisco Javier Ruiz, en el marco de la causa abierta por tras la difusión de varios mensajes de WhatsApp que los líderes locales de la formación se cruzaban repudiando la "mierda de Ceuta de las Cuatro Culturas" y la "islamización" de la localidad y arremetiendo contra los "moros".

Además, en el auto dictado, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso, el magistrado invita a declarar, como testigo y si quiere "voluntariamente", dada su condición de aforada, a la senadora Yolanda Merelo, también de Vox.

La Audiencia Provincial de Cádiz ordenó reabrir el caso tras estimar los recursos presentados contra su sobreseimiento en primera instancia por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MdyC), que judicializó el asunto, y la Fiscalía.

El magistrado ha concluido que debe "agotar la instrucción de la causa" a fin de permitirse "una más fundada decisión" no ya sólo sobre la racionalidad de los indicios de existencia de una infracción penal, sino también "de los que pueda haber de participación en ella de una persona aforada" en las Cortes Generales.

El instructor considera que en este momento procesal no procede su inhibición en favor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo "al existir tan solo suposiciones y conjeturas de la participación de la aforada en los hechos que se le imputan" y que solo "a la vista del curso de la investigación y cuando los indicios sean evidentes y racionales" tendría sentido tal decisión.

En su estrategia de defensa Redondo y Ruiz no han negado la autoría de los mensajes que se les atribuyen, sino que han argumentado que "no presentan indicios de constituir delito de odio" porque "el chat" era "privado". También han alegado que no fue su contenido el que generó "un clima de crispación" en Ceuta, sino su difusión la que dio pie a "amenazas contra Vox".

En los mensajes atribuidos a miembros de la cúpula local de Vox que salieron a la luz hace un año su presidente, Juan Sergio Redondo, repudiaba la "mierda de Ceuta de las Cuatro Culturas" que, a su juicio, ha promovido el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), hasta "negar la propia españolidad" de la ciudad y censuraba que existe una "palestinización" de la localidad.

Otros como Ruiz apuntaban que "la III Guerra Mundial tendrá que comenzar algún día. Y será contra el Islam", y alertaban de que un ejemplo de lo "enferma" que están Ceuta y España es "que haya españoles que digan que tenemos que tragar moros por cojones". "De momento", la "batalla" será "electoral", aunque Redondo advertía que no ve "extraño" que "al final haya que combatir militarmente".

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha denunciado este lunes que el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez siga sin cumplir su promesa de aprobar un fondo Covid municipal en plena tercera ola de coronavirus y ha avisado que sus alcaldes se manifestarán delante del Ministerio de Hacienda si sigue ese "ninguneo" en cuanto la evolución de la pandemia lo permita.

Así lo ha avanzado González Terol tras mantener una reunión con los miembros del PP que forman parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para coordinar actuaciones antes de que este martes se reúna la Junta de Gobierno de ese órgano, que preside el socialista Abel Caballero.

El PP sostiene que en noviembre el Ejecutivo hizo llegar a la FEMP la oferta de que antes de que acabase el año se aprobaría vía real decreto un fondo Covid para los ayuntamientos por valor de 3.000 millones. Sin embargo, denunció que se celebrase el último Consejo de Ministros de 2020 sin que se diera ningún paso en ese sentido.

González Terol ha asegurado que el PP va a retomar su exigencia de que se apruebe ese fondo. "Cuando se levanten las restricciones de movilidad por la pandemia los alcaldes del PP se manifestarán a la puerta del Ministerio de Hacienda porque el fondo Covid es un fondo exigible", ha recalcado González Terol.

"EN LA TERCERA OLA Y EL DINERO SIN LLEGAR"

El dirigente del PP ha señalado que, aunque su partido considera "insuficiente" el importe de 3.000 millones que plantea el Gobierno, "lo que no puede ser es que directamente sea una cantidad inexistente".

"El Ministerio ha incumplido su palabra, ha dejado sin ayuda a los ayuntamientos para hacer frente al Covid", ha manifestado, para subrayar que "ya están en la tercera ola" y "sigue sin llegar dinero" a los alcaldes para afrontar la pandemia.

Por eso, González Terol ha señalado que el PP ha acordado "reactivar la acción" contra el Ministerio de Hacienda y contra el Ministerio de Política Territorial después de que los fondos Covid a los ayuntamientos "sigan siendo inexistentes".

A su entender, es de "justicia reclamar lo que es necesario para ayudar a los ciudadanos". "Necesitamos ese dinero para poder ayudar directamente a la gente que lo necesita, pero también para poder ayudar a los autónomos, a los empresarios y la gente que levanta la persiana todos los días y está viendo un futuro muy negro e incierto con los rebrotes y la mala política del Gobierno", ha concluido.

El sindicato Manos Limpias ha denunciado este lunes ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la situación de indefensión del extesorero del PP Luis Bárcenas y del propio partido ante el número de acusaciones populares personadas --hasta seis-- en el juicio que arranca este 8 de febrero relativo al pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la presunta 'caja B'.

Según el escrito presentado por Manos Limpias, a la par que denuncia esta indefensión, el sindicato de Miguel Bernad --imputado en el caso Ausbanc y cuya representación legal ostenta el abogado José María Bueno-- ha renunciado a ejercer la acusación popular y se retira de la causa.

"Mi cliente, tras repasar íntegra la presente causa, tiene la duda de si el gran numero acusaciones populares personadas en autos podría vulnerar el principio de Igualdad de Armas y podrían producir indefensión a los acusados", dice Manos Limpias, para luego añadir que "un proceso con todas las garantías es aquel en que las partes gozan de idénticos medios de ataques y defensa y análogas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación".

Se da la circunstancia de que la Sala denegó en diciembre la petición formulada por la defensa del PP de aunar las acusaciones populares bajo un solo letrado en la vista oral. Entonces señalaron que la petición era "extemporánea".

Cabe recordar que el tribunal prevé para esta vista oral más de 40 sesiones que incluirán entre otras las testificales de los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. El tribunal está formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu y María Fernanda García Pérez.

En el banquillo de los acusados se sentarán el extesorero del PP Luis Bárcenas, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión por el delito de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública; y el exgerente 'popular' Cristóbal Páez, que se enfrenta a un año y medio de cárcel por los mismos delitos salvo el de apropiación.

También están acusados los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, para quienes el Ministerio Público solicita tres años y 10 meses por falsedad documental y contra la Hacienda Pública; y su empleada Laura Montero, para quien el Ministerio Público pide el sobreseimiento de la causa.

Asimismo, el juez instructor, José de la Mata, también envió al banquillo al PP al considerarle como responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.

EX SECRETARIOS GENERALES Y EXMINISTROS

Además de Aznar y Rajoy, comparecerán los ex secretarios generales del PP Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, los exministros Federico Trillo, Jaume Matas y José María Michavila; y el expresidente del Senado Pío García Escudero, así como otros ex altos cargos del partido.

Además de esta pieza, existe otra sobre las donaciones que recibió el partido y que aparecen anotadas en los documentos manuscritos conocidos como los 'papeles de Bárcenas'. Esta investigación fue reabierta por el juez De la Mata en marzo de 2017 para seguir indagando sobre la presunta financiación irregular del PP, después de que el 'cabecilla' de la Gürtel, Francisco Correa, revelara que algunas constructoras recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros, a cambio de comisiones.

El Gobierno de Aragón ha comunicado 511 nuevos contagios de la COVID-19, correspondientes a los resultados de 2.445 pruebas diagnósticas conocidas este domingo, 24 de enero, jornada en la que se ha alcanzado una positividad del 20,90 por ciento.

El Portal de Transparencia del Ejecutivo autónomico ha publicado los datos definitivos de este domingo, según los cuáles, en Zaragoza, se han declarado 281 positivos, en Teruel 192 y en Huesca, 31, a los que hay que sumar siete en los que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.

Del total de 2.445 pruebas diagnósticas, 1.884 han sido PCR y 561 test antígenos. El número de asintomáticos ha representado el 55 por ciento del total. Las altas epidemiológicas han sido 160.

Las pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas se han elevado a 1.870, de las que 1.071 han sido PCR, 613 detección de antígenos, 162 pruebas serológicas y 24 test rápidos de anticuerpos.

Por municipos, en Zaragoza, se han declarado 150 contagios; en Calatayud, 42; en Alcañiz, 36; en Teruel, 29, y en Huesca, diez. Por zonas de salud, la de Calatayud Urbana ha sumado 42 positivos, la de Alcañiz, 41; Calamocha, 31; Casetas, 26; Utrillas, 22; Teruel Centro, 17; Calaceite, 14, igual que Teruel Ensanche, mientras que las zonas de Sagasta-Ruiseñores y San José Sur han elevado sus nuevos contagios a once cada una.

Por otra parte, en Aragón, se han administrado 42.655 dosis de la vacuna contra la COVID-19 hasta este domingo, de las que 2.217 han sido segundas dosis.

HOSPITALIZACIONES

Las personas que están ingresadas por la COVID-19 en la comunidad autónoma se elevan a 784, de las que 80 están en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 704 en planta. Aragón posee en estos momentos 1.298 camas libres, de las que 1.205 son de hospitalización convencional, 80 de UCI y 13 de UCI sin respirador.

La distribución por hospitales indica que en la ciudad de Zaragoza, en centros públicos, hay 80 pacientes ingresados en el Hospital Royo Villanova, de los que diez están en la UCI; en el Nuestra Señora de Gracia, 29, seis en UCI; en el Servet, 251, 22 en UCI; en el Militar, 21; y en el Clínico, 148, 24 en UCI.

En centros privados, el Hospital MAZ cuenta con dos pacientes, uno en UCI; la Clínica Montecanal, con dos; la Montpellier, con cuatro, uno en UCI; Nuestra Señora del Pilar, con uno; Hospital Quirón, con 14, dos en UCI; Hospital San Juan de Dios, con 13, y el Hospital HC Miraflores, con tres.

En la provincia, en el C.S. Ejea-Cinco Villas hay seis pacientes con la COVID-19, y en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud, 16. En la provincia de Huesca, en el Hospital San Jorge, 38, tres en UCI; en el Hospital de Barbastro, 34, cinco en UCI; y en el C.S. Fraga-Bajo Cinca, dos. En Teruel, en el Hospital Obispo Polanco cuenta 50 ingresados, seis en UCI; en el Hospital San José, con 14, y el Hospital de Alcañiz, con 53.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado improcedente el despido en 2019 de Manuel Muñoz como subdirector del Palau de la Música de València y condena al organismo autónomo municipal a readmitirlo o indemnizarlo con 24.232 euros.

Así lo establece en una sentencia, en la que estima el recurso de súplica interpuesto por Muñoz, contra una resolución del Juzgado de lo Social número 18 que había dado la razón al Palau. Muñoz había suscrito en julio de 2015 un contrato como Subdirector de Música del Palau, que se prolongó hasta 2019.

La sala entiende que el demandante "no era personal de alta dirección" y su relación laboral con el Palau era "de naturaleza ordinaria" por lo que su cese, al no formalizar la prórroga de la relación laboral en agosto de 2019, se convierte en un despido "improcedente" al tener que haberse considerado esa relación laboral ordinaria como "indefinida".

Según señala la sala, en el caso de optar por la readmisión, se le deberán abonar los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta resolución, en la cuantía diaria de 179,84 euros.

En este caso, se ha considerado probado que Manuel Muñoz, como Subdirector de Música del Palau, se encargaba de la formulación de iniciativas y preparación de la programación de los conciertos de la Orquesta, para someterla al conocimiento de la Junta de Programación; que estaba "subordinado al director del organismo" y ostentaba la Jefatura funcional inmediata de los profesores de la Orquesta.

Asimismo, se encargaba de preparar y elaborar la programaciónmusical del Palau tanto nacional como internacional conjuntamente con el director, para su aprobación por el Consejo de Administración y, previa indicación del presidente, podía asistir a las sesiones del Consejo.

Además, estaba autorizado para contratar temporalmentemúsicos de refuerzo y alquilar material de la orquesta y había representado al Palau, como subdirector, en actividades de la Orquesta de Valencia a nivel nacional como internacional.

Para la sala, de acuerdo con la doctrina existente, el demandante "no formaba parte del órgano de dirección del organismo demandado, pues estaba subordinado al Director, -quien sí pertenece al Consejo de Administración-, y sujeto a la aprobación del mismo en cuanto a sus funciones de elaboración de la programación musical".

NO ERA DEL "CÍRCULO DE DECISIÓN"

Por lo tanto, no formaba parte del "círculo de decisión" del organismo, sin que el hecho de representar al Palau como Subdirector de Música en actividades de la Orquesta "implique ostentar poderes de decisión inherentes a la titularidad del mismo, ni la autorización para suscribir contratos temporales de músicos o material de Orquesta supone ostentar facultades sobre los objetivos trascendentales y nucleares del organismo demandado".

Por ello, considera que, con independencia del contrato formalmente suscrito, el demandante "no era personal de alta dirección, lo que conlleva que, siendo su relación laboral de naturaleza ordinaria, el cese consistente en no formalizar la prórroga de la relación laboral el 14-8-2019, deviene un despido improcedente, dado que dicha relación laboral ordinaria debe considerarse indefinida", de acuerdo con el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha cargado contra las conocidas fiestas realizadas en nuestro país durante el fin de semana y los últimos días, en pleno pico de la tercera ola de la pandemia de COVID-19.

"Nuestro sistema sanitario y nuestros sanitarios vuelven a estar muy cerca del límite. Tenemos responsabilidad las administraciones, pero también cada uno de nosotros. No me parece razonable que, con lo poco que queda para conseguir vacunar a todos nuestros vulnerables y a una gran parte de la población, vayamos a fastidiarla por hacer una fiesta antes de tiempo", ha denunciado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa este lunes.

Pese a la realización de estos eventos en uno de los peores momentos de la pandemia, se ha mostrado contrario al confinamiento estricto, ya que en estos momentos, con las fuertes restricciones impuestas por las comunidades autónomas, "hay pocas opciones más allá de salir a hacer la compra.

"Tenemos que poner medidas colectivas que se puedan controlar. Estamos viendo muchos ejemplos en los que si no hay un control externo, parece ser que la gente no cumple. Lo cual yo creo que es una pena", ha reflexionado.

Simón ha reconocido que "es probable" que el pico de la tercera ola "ya se haya alcanzado", a pesar de que este lunes se ha marcado récord de casos de la pandemia en un fin de semana: 93.822. "Estamos probablemente descendiendo pero necesitaríamos descender más rápido", ha valorado, insistiendo en que el pico de contagios se produjo el fin de semana pasado.

En cualquier caso, ha recordado que las hospitalizaciones y las muertes se producen algunas semanas después del alza de los contagios. "Tenemos una ocupación hospitalaria y de UCI que es la más alta desde la primera ola en abril. Hay hospitales que todavía no han reprogramando el resto de actividad, pero algunos sí. Es una situación crítica pero no tiene nada que ver con lo que pasó en abril. Necesitamos no ya que empiece a bajar, sino que baje muy rápido para que no sufran al nivel que ya están sufriendo", ha indicado.

"Nuestro sistema asistencial está otra vez en una situación de muchísima tensión. Estamos en una situación en la que nuestras UCI no pueden soportar mucho más de lo que están soportando. Tendríamos que hacer un esfuerzo por incrementar las medidas de control", ha reclamado Simón, aunque ha reiterado nuevamente que "la situación no es equiparable a la de la primera ola", aunque sí "un poco por encima" de la segunda.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha subrayado que los esfuerzos internacionales para mejorar y reforzar la respuesta al cambio climático en materia de resiliencia y adaptación son "claves" y que España está preocupada y comprometida.

Durante su intervención ante la Cumbre de Adaptación Climática, auspiciada por Países Bajos, Ribera ha manifestado que estas cuestiones clave son de total preocupación para España porque son fundamentales para evitar las peores consecuencias para las personas.

Así, ha subrayado que mejorar la adaptación al cambio climático es clave porque afecta a las finanzas, a la economía, a los distintos sectores industriales, pero también a las personas.

"Los flujos migratorios humanos y el acceso al agua potable a la comida son absolutamente claves. Sabemos que la frontera entre la miseria y la desesperación están muy cerca de los límites del punto de no retorno de los impactos del cambio climático", ha reflexionado.

La vicepresidenta ha manifestado en un vídeo emitido en la cumbre virtual que la región mediterránea es un punto caliente del cambio climático y que España está totalmente centrada en esta preocupación porque impacta en la forma de vida de los ciudadanos, en la manera que entienden su bienestar así como los riesgos a afrontar.

Por ello, considera necesario invertir en las economías para mejorar la resiliencia de las infraestructuras así como en todos los espacios donde puede impactar, como el turismo, la agricultura o las zonas costeras. En ese sentido, ha añadido que la forma en que las poblaciones se adaptan a los eventos climáticos cada vez más comunes tienen relación con su bienestar y prosperidad o bien en las pérdidas para las sociedades.

Así, ha dicho que España está invirtiendo en un mejor conocimiento para poder anticipar un Plan Nacional de Adaptación que es no solo una cuestión local o nacional sino que va más allá de las fronteras.

"Los esfuerzos internacionales para mejorar y reforzar nuestra respuesta al cambio climático y reforzar la resiliencia y la adaptación son clave", ha concluido.

El que fuera gerente adjunto del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) entre 2005 y 2011, Álvaro de Arenzana, ha señalado este lunes al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica que él como gerente adjunto de esa empresa pública entre 2005 y 2011 desconocía que fuera utilizado para desviar fondos para la financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid.

Así lo han detallado fuentes presentes en la declaración del que exyerno de Raphael, del que han apuntado que habría respondido a las preguntas formuladas durante la comparecencia señalando que él como adjunto era un mandado y que además no formaba parte del consejo de administración de esa empresa.

Al hilo, y preguntado por varios contratos que incluían su rúbrica, Arenzana ha expuesto, según estas fuentes, que él realmente no se enteraba de lo que firmaba y que sólo daba trámite a lo que le ponían delante los técnicos de esa mercantil.

Cabe recordar que Arenzana comparecía en calidad de investigado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 en el marco de la pieza 9 de la causa Púnica, en la que se indaga sobre hechos referentes a la financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid. En lo relacionado a este ex alto cargo, se le preguntaba tanto por el IMADE como por el Mercado Puerta de Toledo, organismos presuntamente utilizados para desviar dinero con el que crear un fondo para sufragar las campañas electorales del PP.

En su caso, si bien el gerente de IMADE y expresidente de Madrid Network Aurelio García de Sola habría descargado sobre su adjunto la responsabilidad, éste ahora ha recalcado que era el gerente el que transmitía las órdenes del consejo de administración y que él sólo daba urgencia a los asuntos para que todo fuera más ágil.

Pero hoy se han visionado con el imputado facturas que él conformaba, ante lo que Arenzana ha sostenido que quien desarrollaba todo era el departamento financiero. No obstante, en varias ocasiones ha incidido en que no se acordaba de nada de esa época y que con el PP no se reunió nunca, que por tanto no recibía instrucciones de la formación política y que jamás asistió a un mitin.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, en las diligencias de principios de septiembre en las que le citaba, también ordenaba recabar de la Comunidad de Madrid la contabilidad de la empresa Mercado Puerta de Toledo S.A., correspondiente a los años 2006-2009, en formato electrónico. Y avisaba de que se deberían incluir tanto las cuentas anuales, presentadas en el registro Mercantil, como el informe de auditoría.

LOS CONTRATOS DE IMADE Y PUERTA DE TOLEDO

También requería la relación de contratos con agencias de medios o de publicidad adjudicados por Mercado Puerta de Toledo durante elmismo periodo, y que se solicitara a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía la relación de contratos adjudicados por las Entidades Públicas IMADE y Puerta de Toledo del 20006 a 2009 así como copia de las facturas abonadas en ejecución de dichos contratos.

Estas diligencias se acordaron por el magistrado después que fueran solicitadas por la Fiscalía tras la declaración en julio del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega en calidad de testigo. En esa ocasión, reconoció contratos fraudulentos siendo él responsable del Mercado Puerta de Toledo.

Por eso, el magistrado también acordaba dar traslado de toda la documentación relacionada con esas dos empresas públicas a Ortega para que pueda analizarla y presentar escrito en que se detalle loscontratos fraudulentos que, conforme a lo expuesto en sudeclaración, habría llevado a cabo en cumplimiento de las órdenesrecibidas.

La Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones, ha estrenado este lunes el nuevo sistema de votación electrónica adquirido por la Cámara a principios de este mes por 3.593,70 euros y lo ha hecho en una sesión en la que el PSOE y Unidas Podemos han cosechado cinco derrotas.

La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha explicado a sus señorías el funcionamiento del nuevo sistema por la mañana, al inicio de la sesión, y también justo antes de que se produjeran las votaciones.

Se trata de un sistema inalámbrico: un ordenador portátil con un software de votación y una antena inalámbrica que recibe, mediante radiofrecuencia, los votos que emiten los miembros de la Diputación Permanente desde unos mandos móviles.

La Diputación Permanente se reúne habitualmente en la Sala Constitucional en la que no existía un sistema que permitiera efectuar las votaciones de forma electrónica. De hecho, hasta ahora sólo se podía votar por esta vía en el Hemiciclo y en otra de las salas donde se reúnen las comisiones. Se trata de la Sala Prim, que se habilitó hace unos años durante la rehabilitación de la planta superior del Palacio del Congreso, obras que se aprovecharon para instalar este sistema.

Pero, a diferencia de estas dos estancias, la Sala Constitucional no cuenta con botones de votación fijos en las mesas que ocupan sus señorías, aunque los miembros de la Diputación Permanente deben dejar los mandos inalámbricos que utilizan para votar en la sala una vez finalice la reunión.

VOTACIÓN DE PRUEBA

Batet ha detallado a los diputados que número debían pulsar en función del sentido de su voto y les ha recalcado que, si se equivocaban, tendrían un total de 15 de segundos --lo que dura cada votación-- para corregirlo.

Tras las explicaciones, la presidenta ha dado paso a la votación del primer punto del orden del día, pero ésta ha tenido que ser anulada porque muchos de los presentes no veían correctamente reflejado su voto en la pantalla correspondiente.

Así las cosas, Batet ha decidido hacer una nueva votación de prueba para asegurar el buen funcionamiento de todos los dispositivos y, después se ha vuelto a votar el primer punto, y el PSOE y Unidas Podemos han cosechado su primera derrota.

LAS CINCO DERROTAS

Se trataba de la petición de comparecencia que había reclamado el PP para que la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, informara en una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Económicos el Plan de Recuperación y la gestión de los fondos europeos. La voluntad de Calviño, verbalizada desde el PSOE, es acudir al Congreso el 4 de febrero, pero finalmente tendrán que citarla esta misma semana.

Pero el PSOE y Unidas Podemos han sumado otras cuatro derrotas, una de las cuales obligará al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a aclarar ya al Congreso si va a ampliar de 25 a 25 años el periodo de cotización de las pensiones.

Las otras tres reclamaban la presencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la evolución del Covid y su incidencia en las elecciones catalanas. Sin embargo, Illa renunciará este martes al Ministerio de Sanidad, por lo que o bien adelanta esa comparecencia o bien deberá hacerlo quien le releve.

La Rioja ha notificado este lunes cuatro nuevos fallecidos por coronavirus en una jornada en la que sigue subiendo la presión asistencial, con 247 ingresados (19 más que ayer), de ellos 49 en la UCI (tres más que ayer domingo).

Por contra, los casos activos han descendido por segundo día consecutivo, y de manera muy acusada, al pasar de los 2.992 de ayer a los 2.817 de este lunes (175 menos).

Además se han notificado 729 nuevos positivos el fin de semana, con lo que desde el inicio de la pandemia se han registrado 23.895.

Según los datos facilitados por el Gobierno de La Rioja, los fallecidos son dos hombres y dos mujeres, todos ellos de edad avanzada y con factores de riesgo. Ninguno de ellos residía en un centro de mayores.

De este modo, desde el inicio de la pandemia han fallecido un total de 626 personas en La Rioja con COVID-19. De esta cifra, 286 pertenecían a centros de mayores.

Por su parte, la presión hospitalaria aumenta sobre la jornada de ayer con 19 ingresos más en los diferentes centros riojanos en las últimas horas. En total, en este día hay 247 pacientes COVID ingresados entre planta y UCI (ayer 228).

En el caso del Hospital San Pedro de Logroño hay 168 pacientes Covid ingresados en planta (17 más que ayer cuando había 151) mientras la UCI cuenta con 49 ingresados por esta enfermedad (tres más que ayer).

En la actualidad, y ante la evolución del virus de nuestra región, el Gobierno de La Rioja ha ampliado el número de camas habilitadas en la UCI hasta las 68.

Por ello, a la vista de las nuevas unidades y sumando a aquellos pacientes ingresados por patologías No-Covid (8 a día de hoy, igual que ayer), la UCI riojana se encuentra al 83,82 por ciento.

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra cuenta con 30 personas ingresadas en planta con COVID-19, uno menos que ayer.

En relación a la incidencia acumulada en los últimos catorce días en La Rioja, ésta se sitúa en 1.239,94 (ayer 1.241,22) mientras que en los últimos siete días está en 638,26 (ayer 695,7). En cuanto a la positividad en La Rioja alcanza un 20,12 frente al 19,71 por ciento de ayer.

A día de hoy se encuentran un total de 14.077 personas en cuarentena frente a las 13.935 de ayer. Por su parte, los positivos en residencias de mayores han bajado en cinco personas (de 76 a 71) con cinco centros que presentan contagios frente a los 32 existentes.

La Comunitat Valenciana ha registrado 96 fallecidos, 8.423 infectados y 439 ingresados más que en el recuento de este domingo, con lo que la cifra de hospitalizados llega a 4.777, 604 de ellos en UCI. Hasta 30 de los 96 últimos muertos eran usuarios de residencias.

Según el balance de la Conselleria de Sanidad, los 8.423 nuevos positivos confirmados por PCR o antígenos elevan la cifra de positivos a 264.392 desde el inicio de la pandemia.

Por provincias, 668 en Castellón (26.990 en total), 3.218 en Valencia (144.305) y 4.537 en Alicante (93.040). Hay 57 casos sin asignar.

Con los últimos 96 fallecimientos, el acumulado de defunciones desde marzo asciende a 4.227 personas en la Comunitat 505 en la provincia de Castellón, 1.500 en Alicante y 2.222 en Valencia.

Los hospitales valencianos tienen a 4.777 personas ingresadas: 459 en Castellón (46 pacientes en UCI), 1.851 en Alicante (221) y 2.467 en Valencia (337).

Paralelamente, desde la última actualización se han notificado 8.459 altas a pacientes con el virus, con lo que 204.312 ya han superado la enfermedad: 21.910 en Castellón, 69.781 en Alicante y 112.528 en Valencia, junto a otras 93 no asignadas.

Ante estas cifras, en la Comunitat Valenciana hay actualmente un total de 67.371 casos activos, lo que supone un 24,42% del conjunto de positivos.

CASI 200 RESIDENCIAS CON CONTAGIADOS

En las residencias hay casos en 190 centros de mayores (16 en Castellón, 60 en Alicante y 114 en Valencia), 36 de diversidad funcional (6 en Castellón, 9 en Alicante y 21 en Valencia) y 11 de menores (1 en Castellón, 5 en Alicante y 5 en Valencia).

Entre los 8.423 últimos infectados hay 278 residentes y 57 trabajadores. Bajo vigilancia activa de control sanitario siguen 61 residencias de la Comunitat: 5 en la provincia de Castellón, 24 en Alicante y 32 en Valencia.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado competencias jurisdiccionales al segundo juez de refuerzo destinado al Juzgado Central de Instrucción número 6 para ayudar a su titular, Manuel García Castellón, en la instrucciones de macrocausas como 'Púnica', 'Lezo' o 'Tándem'.

Según han informado fuentes jurídicas, el órgano de gobierno de los jueces aprobó la semana pasada la petición realizada por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional de incrementar el apoyo al juez García Castellón debido a la carga de trabajo que soporta su juzgado.

De este modo, el órgano de gobierno de los jueces ha otorgado competencias jurisdiccionales al juez Joaquín Elías Gadea Francés, quien se encontraba ya de refuerzo en el juzgado pero sin las mismas. Así, ahora se le permite ahora tomar declaración o sustituir al titular del juzgado cuando éste se encuentre fuera.

El juez de refuerzo ha estrenado este lunes sus nuevas funciones con en el caso 'Púnica', interrogando al ex yerno de Raphael, Álvaro Arnezana en la pieza separada en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid, según han señalado las fuentes consultadas.

Precisamente, este caso es uno de los que el magistrado García Castellón quiere dar un impulso, pues tiene planeado un intenso calendario en las próximas semanas para tomar declaración a más de 50 investigados y testigos, pero constantemente, por diversos motivos, entre ellos los relacionados con la covid-19, sufre alteraciones en las citaciones.

SE INCORPORÓ A LA AUDIENCIA NACIONAL HACE UN AÑO

Gadea ha sido juez decano de Tarragona hasta septiembre de 2018 y fue uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condenó a un año y medio de inhabilitación al expresidente de la Generalitat Joaquim Torra por desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) al no retirar los lazos amarillos de la fachada del Palau de la Generalitat durante la campaña de las elecciones municipales de 2019.

Se incorporó como apoyo al Juzgado Central de Instrucción número 6 a principios de enero de 2020, pero sin funciones jurisdicciones, por lo que su labor se centraba en la agilización de resoluciones.

Así, se sumaba al otro refuerzo con el que ya contaba, y aún sigue, el titular del juzgado. Se trata de Alejandro Abascal, que desde 2019 ha asumido la investigación del caso DIA, diversos fraudes de hidrocarburos a nivel nacional, causas relativas a terrorismo y tráfico de drogas, o la causa relativa a Tsunami Democratic.

Ante la dedicación que exigen estos procedimientos y el persistente nivel de entrada de nuevos casos, el magistrado Manuel García Castellón insistió el pasado noviembre en mantener ambos refuerzos, solicitud que recibió el visto bueno de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que a su vez remitió al CGPJ.

Un estudio de la Universidad de Sevilla (US), publicado en la revista científica Children and Youth Services Review, analiza la evolución cognitiva de un grupo de niños que fueron adoptados cuando tenían tres años y sus resultados, obtenidos siete años después de su llegada a España, muestran una mejora en la atención selectiva, mayor capacidad de planificación y resolución de problemas, así como un mejor desarrollo de su memoria de trabajo, tras la adopción.

"Se trata de niños que sufrieron casos de maltrato, desatención y/o institucionalización, y para los que la adopción ha supuesto la oportunidad de una nueva vida. Y, en efecto, los datos muestran que los resultados han sido muy favorables. Pero los datos muestran también que la adversidad temprana deja una huella observable todavía siete años después de la adopción. Como es un grupo al que seguimos estudiando, esperamos que sus progresos continúen, con el apoyo tanto de sus familias como de su profesorado", explica el profesor de la Universidad de Sevilla Jesús Palacios.

En un comunicado, la US indica que las bases de la capacidad para aprender y para relacionarse se adquieren en los primeros meses y años de la infancia. Cuando en ese tiempo ni los hábitos cotidianos, ni la estimulación recibida favorecen un buen desarrollo al crecer en ambientes familiares o institucionales gravemente inadecuados, se sientan las bases para algunas de las limitaciones que después se observan en niños que han sido adoptados.

Para paliar esta situación, los expertos ponen el punto de mira en el tiempo. "Cuanto antes se intervenga y las deficiencias se sustituyan por enriquecimiento, mucho mejor". "Para niños que viven en situaciones de abandono o de maltrato del tipo que sea, la prolongación de esas circunstancias sólo sirve para acumular daño y consecuencias negativas. Una vez que se integra a estos niños en otras familias, hay que detectar las limitaciones que puedan existir y actuar en sentido contrario, enriqueciendo y estimulando, tanto en la familia como en la escuela", agrega.

"Los profesionales de la adopción están ahí para ayudar, de modo que es fundamental recurrir a ellos ante cualquier duda o dificultad, y hacerlo lo antes posible. Además, debemos ser consciente de que estos niños no superan sus dificultades en el 'modo salto con pértiga', es decir, con grandes saltos en poco tiempo, sino más bien en el 'modo senderismo', es decir, avances continuados, con subidas y bajadas. Y buscando un compromiso entre lo soñado y lo posible. Todo ello con un fondo de cariño y entrega al proyecto de filiación que la adopción supone", añade la profesora de la US Maite Román, responsable de la investigación.

LA ADOPCIÓN EN ESPAÑA

Desde 1996, año desde el que se cuenta con estadísticas consolidadas de adopción nacional e internacional, se han adoptado unos 80.000 niños en España. El tiempo de espera depende estrictamente de la edad de los pequeños que se pretende adoptar y de sus características personales. El número de bebés adoptables es muy bajo y hay una larga lista de personas en espera, lo que se traduce en un proceso de muchos años, mientras que este plazo se acorta cuando se trata de la adopción de un niño/a mayor de 5 años, de una pareja de hermanos, de un niño o una niña con algún tema de salud o comportamiento habitualmente no graves, entre otros.

"Estos niños están ahí, esperando una familia en la que crecer y desarrollarse. Su potencial es enorme", agrega. El grupo de Investigación Procesos de Desarrollo y Educación en Contextos Familiares y Escolares de la US lleva trabajando más de 12 años en este proyecto en estrecha colaboración con asociaciones de adoptantes, con familias y con los departamentos de adopción y acogimiento de la Junta de Andalucía.

Las clases universitarias en Galicia se reanudarán el próximo lunes 8 de febrero, pero serán únicamente en formato 'online' hasta el miércoles 17. Sin embargo, la enseñanza en colegios, institutos y escuelas infantiles continuará siendo presencial.

Así lo ha explicado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, este lunes en rueda de prensa tras la reunión del comité clínico que ha aprobado nuevas restricciones para hacer frente a la pandemia de la covid-19 en el conjunto de Galicia.

En su comparecencia, Feijóo ha concretado que mientras la educación no superior seguirá operando, las tres universidades gallegas --Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo-- "no reanudarán las clases hasta el día 8 de febrero".

Eso sí, "por lo menos" hasta el miércoles 17, cuando pase el Carnaval, la docencia será exclusivamente telemática. A partir de entonces, "se intentará" retomar la presencialidad, ha añadido el presidente de la Xunta.

Sin embargo, estas restricciones no tendrían por qué afectar a los exámenes que todavía quedan por celebrarse esta semana. A falta de lo que decidan finalmente las universidades, fuentes del Gobierno gallego han asegurado que las pruebas que sean presenciales se mantendrán con los protocolos previstos hasta el momento.

EL RESTO DE NIVELES, SIN CAMBIOS

En cuanto a la docencia no universitaria, Feijóo ha garantizado que seguirá en modo presencial en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, por lo que colegios e institutos continuarán operando con normalidad. Además, preguntado al respecto por los medios, ha asegurado que las escuelas infantiles y guarderías seguirán recibiendo niños "como hasta ahora".

De acuerdo con los últimos datos ofrecidos por la Xunta --el sábado--, los centros cuentan con 2.754 casos activos de coronavirus, una cifra de récord.

Aunque Feijóo ha reconocido que los contagios se han incrementado "después de Navidad", ha explicado el porcentaje de afectados es del 0,54 por ciento, teniendo en cuenta que la comunidad educativa gallega es de unas 500.000 personas. Al hilo de esto, el presidente de la Xunta se ha marcado el reto de que las aulas "tienen que seguir siendo un lugar seguro".

Las aulas con formación telemática en Extremadura por casos de Covid-19 entre su alumnado o profesorado llegan a las 165, tras sumar este lunes 37 aulas más de 31 centros educativos de la región.

Estas aulas están en Mérida, dos de ellas en los CEIP Trajano, y en Miguel de Cervantes y Maximiliano Macías, en los Colegios Santa Eulalia-Escolapias y María Auxiliadora-Salesianos- y en la Escuela Infantil Nuestra Señora de la Paz, con una en cada caso.

Asimismo, en Navalmoral de la Mata, en los CEIP Campo Arañuelo y El Pozón; en Miajadas, en el CEIP García Siñeriz, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y María Inmaculada y en la Escuela Infantil Arco Iris; en Cáceres, en el CEIP Alba Plata y en el Colegio María Auxiliadora y en Plasencia, en el CEIP Alfonso VIII y en el Colegio Santísima Trinidad.

Además de en el CEIP Virgen de Barbaño, de Montijo; en el CEIP Cervantes, de Alange; en el Colegio Nuestra Señora de los Dolores, de Arroyo de la Luz, con dos aulas; en el CEIP Miramontes, de Azuaga; en el CEIP Hernando de Soto, de Barcarrota y en el CEIP Divina Pastora, de Eljas, con una en cada caso.

Así como dos aulas en la Escuela Infantil Joaquín Ballesteros, de Moraleja; en el CEIP General Navarro y Alonso de Celada, de Valencia de Alcántara; en el CEIP Nuestra Señora de Sopetrán, de Almoharín; en el CEIP San Fernando, de Badajoz, con un aula en cada centro; y en el CEIP José Virel, de La Albuera, con dos aulas.

También un aula en el CEIP Virgen de la Antigua, de La Haba; en el CEIP Nuestra Señora de la Soledad, de Aceuchal; en el CEIP Francisco Montero de Espinosa, de Almendralejo; en el CEIP Francisco de Zurbarán, de Fuente de Cantos y tres aulas en el CRA Riscos de Villavieja, de Barrado, debido al positivo de una docente especialista que ha dado clase en esas tres aulas.

Por su parte, las que retoman la enseñanza presencial son 43 clases más de 21 centros educativos de la región, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Estas aulas se localizan en Badajoz, en los CEIP San Fernando, Juan Vázquez y Los Glacis, Arias Montano y San José de Calasanz y en el Colegio Santa Teresa de Jesús; en Mérida, en los Colegios Nuestra Señora de Guadalupe-Josefinas- y Docente Atenea y en el CEIP Suárez Somonte y en Almendralejo, en los CEIP Antonio Machado y Ortega y Gasset .

Así como tres aulas del CEIP De Gabriel, de Gévora; cuatro aulas en el CEIP Las Américas, de Trujillo; otra aula en el Colegio Paideuterion, de Cáceres; y otra más en el CEIP Nuestra Señora del Pilar, de Don Benito; en el CEIP Alcalde Paco de la Gala, de Granja de Torrehermosa y en el CEIP Nuestra Señora de los Remedios, de Hornachos.

También otra más en el Colegio de Educación Especial Jenara Carrasco, de Llerena; en el CEIP Sebastián Martín, de Montehermoso; en el CEIP Campo Arañuelo, de Navalmoral de la Mata y en el CEIP Inés de Suárez, de Plasencia.

Además de tres aulas en el CRA Sierra de San Pedro, de Solorino; dos en el CEIP Santísimo Cristo de la Cañada, de Acehúche; cuatro en el CEIP Nuestra Señora de la Soledad, de Arroyo de San Serván; dos en el CEIP Fray Alonso Fernández, de Malpartida de Plasencia y tres en el CEIP Ángel Santos Pocostales, de Alburquerque.

Finalmente, los CEIP Pedro Vilallonga Canovas, de San Vicente de Alcántara, el Colegio Nuestra Señora de los Dolores, de Arroyo de la Luz y el CEIP Nuestra Señora de Chandavila, de La Codosera, incorporarán a la enseñanza presencial un aula en cada caso.

Además, este martes, 25 de enero, reabre ya sus puertas el Centro de Educación Especial Casa de la Madre, de Mérida, con 39 estudiantes.

La ministra de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado que España ya está tomando medidas en la línea que recomienda Bruselas para contener los desplazamientos y evitar una mayor propagación de nuevas variantes del coronavirus, al tiempo que ha llamado a los ciudadanos a "evitar todo viaje no necesario" en las próximas semanas, coincidiendo con las vacaciones de carnaval.

En declaraciones a los medios tras una reunión en Bruselas con sus colegas europeos, González Laya ha recordado que las Comunidades Autónomas o provincias y municipios con mayores tasas de contagios están imponiendo medidas severas como el confinamiento perimetral para "limitar la movilidad" entre regiones.

También se ha referido a la exigencia de presentar una PCR negativa a los viajeros que llegan a España como otra de las medidas que las autoridades españoles aplican desde hace "semanas" y que el Ejecutivo comunitario ha incluido en las recomendaciones para pedir a los Veintisiete más límites a la movilidad para entrar o salir de las zonas de mayor riesgo.

La Comisión Europea ha planteado la incorporación de una cuarta categoría en el mapeo de las zonas de riesgo en la Unión Europea para colorear de rojo oscuro aquellos lugares en donde la tasa de contagio supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes en las dos semanas anteriores, algo que está por consensuar con los Estados miembro pero que supondrá que la mayor parte de España pase estar clasificada en esa nueva gama de "muy alto riesgo".

La ministra ha restado importancia a ese cambio ya que considera que una gran parte del territorio de la Unión Europea estará en situación igual y, sobre todo, porque sostiene que en España las autoridades competentes "ya han estado tomando medidas y no han esperado al mapa" revisado del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC).

Además ha advertido de que la propuesta de Bruselas, que este mismo lunes empieza a negociar con los Veintisiete a nivel técnico para tratar de consensuar ese refuerzo de medidas, es el resultado de la última cumbre que los líderes de la UE celebraron el pasado jueves y en la que, ha dicho, varios mandatarios abogaron por el cierre del espacio sin fronteras Schengen.

González Laya ha expuesto que la Comisión aboga por "buscar más granuladidad" en el mapa de la UE y "empoderar a las regiones con mayor incidencia para tomar medidas" que limiten el contagio, para evitar llegar a los cierres más extensos que impusieron los Estados miembro al principio de la pandemia.

"La Comisión no ha dicho a cada región qué tiene que hacer ni ha prescrito medidas, lo que sí ha dicho es que es importante limitar la movilidad y, sobre todo, evitarla en el caso en que no sea esencial", ha continuado González Laya, quien ha añadido que España irá modulando las medidas para adaptarlas a cada cambo de la situación epidemiológica.

La CGT ha denunciado ante la Fiscalía que "numerosos directivos y personal de confianza" de empresas de ambulancias con servicio concertado con el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) presuntamente se han vacunado antes que los trabajadores que prestan el servicio.

La denuncia, presentada este lunes al servicio de Anticorrupción de la Fiscalía Superior de Catalunya, afirma que directivos de cinco empresas supuestamente "se están vacunando impropiamente", lo que contravendría la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad, que da prioridad al personal sanitario de primera línea.

El sindicato sostiene que los hechos suponen incumplir las medidas acordadas para la gestión de las vacunas, y señalan los presuntos delitos de tráfico de influencias y de abuso de poder para beneficio propio.

Afirman que la empresa de ambulancias Falck vacunó a cuatro directivos el 18 de enero en el Hospital de Bellvitge (Barcelona); Transport Sanitari de Catalunya a cinco "directivos, cargos de confianza o de Recursos Humanos sin contacto con enfermos"; Ambulancias Domingo a siete; Ambulàncies La Pau a cinco; y Ambulàncies Lázaro a personal de dirección.

Sobre la orden que anunció el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, para vacunar a todos los sanitarios, incluyendo los mandos, han expresado que "puede ser un intento de regularización de conductas impropias, pasando por encima de las instrucciones de vacunación" que se aplican en toda España.

La CGT ha pedido seguir la priorización que fijó el Ministerio de Sanidad y la Conselleria de Salud, por lo que ha pedido al fiscal "las investigaciones y actuaciones necesarias para frenar este comportamiento en el sector de ambulancias de Catalunya".

La Diputació de Castellón y la Fundación Caixa Castelló firmarán un convenio para ampliar el servicio de Educación Ambiental a las poblaciones de más de 5.000 habitantes. Gracias a esta acción, la provincia será la primera en tener educadoras y educadores ambientales en todos sus municipios con un total de 25 profesionales.

Esta iniciativa sumará dos personas más a las otras 18 que desarrollarán sus acciones en las localidades de menos de 5.000 habitantes y a las cinco educadoras y educadores ambientales que han llevado a cabo la sensibilización a pie de calle en la capital de la Plana, según ha informado la Diputación en un comunicado.

El diputado de Sostenibilidad, Ignasi Garcia, ha trasladado su agradecimiento a la fundación "por su compromiso con el territorio y con la generación de ocupación verde" y ha recordado, en la víspera del día mundial de la Educación Ambiental, que la ley obliga a acompañar a los municipios en la implantación de la recogida selectiva y a poner a disposición de la ciudadanía este servicio in situ para llevarla a cabo de la manera más eficaz posible.

"La reducción y el reciclaje de los residuos que generamos es un hábito que debemos adquirir como ciudadanas y ciudadanos implicados con la justicia climática y el futuro del planeta", ha dicho.

Así, la tarea de las educadoras y educadores ambientales será integral, según ha explicado, y se centrará a concienciar e implicar al vecindario, establecimientos y asociaciones en reducir la cantidad de residuos que generan en su actividad diaria mediante la adquisición de hábitos de consumo más sostenibles.

Igualmente, se incidirá en el reconocimiento de cada tipo de residuo para su correcta separación y ubicación en los contenedores de colores y también se darán a conocer servicios complementarios como el de los ecoparques y la recogida de voluminosos para promover su uso.

SOSTENIBILIDAD

Con motivo del hito del 26 de enero, día mundial de la Educación Ambiental, Garcia ha reivindicado la implicación de la Diputación de Castellón con la transición ecológica. La sostenibilidad aparece de manera transversal en todas nuestras políticas porque ya no podemos concebir una sociedad y una economía apartadas del cuidado del medio ambiente", ha subrayado.

En este sentido, ha hecho referencia a varios proyectos de promoción de la economía circular que lleva a cabo la institución supramunicipal, como por ejemplo el de agrocompostaje, para revalorizar el residuo agrícola y ganadero, o las pruebas piloto de recogida selectiva puerta a puerta que se iniciarán en 2021 y que cuentan con un presupuesto de 200.000 euros.

'Soy Raphaelista', la última biografía del cantante de Linares escrita por la periodista Marina Bernal, será traducida al ruso dada la alta demanda que la obra ha obtenido en ese país. Los fans rusos de Raphael se han convertido en uno de los principales demandantes de esta biografía editada por el sello sevillano Sevilla Press.

El cantante Raphael que cumple este 2021 su 60 aniversario sobre los escenarios sigue siendo un ídolo de masas en Rusia donde actuó por primera vez a finales de los 60 cuando España no tenía relaciones diplomáticas con Rusia. Pese a ello, se alcanzaban pequeños acuerdos comerciales como el intercambio de películas. En este contexto, dos distribuidoras cinematográficas intercambiaron películas y 'Digan lo que digan', dirigida por Mario Camus y protagonizada por Raphael, fue doblada al ruso y exhibida en aquel país.

El éxito fue tan clamoroso como inesperado. El cantante se convirtió en una referencia con decenas de miles de fans. "Aquellos años hubo un 60 por ciento de estudiantes que eligieron el español", ha señalado en alguna ocasión el propio Raphael, quien realizó varias giras en los años 70 en lo que todavía era un régimen comunista gracias a un permiso especial.

Según han explicado los editores de 'Soy Raphaelista', cuentan que la ministra de Cultura soviética era una de sus fans, lo que facilitó la llegada del cantante en un país en el que estaba prohibida la música extranjera. "Se sabían todas mis canciones de memoria", explica el cantante jiennense, "me enterraron en flores". En 1980, Raphael recibió un Disco de Uranio por haber vendido más de 50 millones de discos en la URSS.

Han pasado cincuenta años pero el tiempo no ha enfriado la admiración rusa por Raphael, quien ofreció en 2019 el que hasta ahora es su último concierto en aquel país. El último episodio de esta singular relación es el libro 'Soy Raphaelista'.

"A pesar de que la campaña de presentación se ha limitado a nuestro país, la noticia de la publicación del libro ha llegado a Rusia, donde ha generado una notable expectación", han dicho. Varios periódicos de aquel país han realizado reportajes sobre la obra y la petición de ejemplares ha sorprendido a los propios editores. "Vamos a presentar el libro en San Petesburgo, nos han invitado para cuando mejore la situación de la pandemia", ha explicado el director de Sevilla Press, el periodista Miguel Gallardo.

"Estamos gestionando la traducción al ruso porque la demanda lo justifica. También vamos a presentar el libro en Santo Domingo, porque la República Dominicana es otro país en el que el impacto de Raphael es enorme", ha explicado.

Por su parte, la autora del libro ha señalado que Raphael es "un auténtico fenómeno digno de estudio sociológico porque cuenta con seguidores de todo el mundo y, además, es un artista intergeneracional que gusta a personas de todas las edades y que conserva la fidelidad de su público a través de las décadas".

'Soy Raphaelista', además de un libro en el que su autora Marina Bernal intenta desvelar las claves del Raphaelismo, es una declaración de principios, una forma de entender la vida.

En 2021, el artista español más completo de todos los tiempos celebra sus 60 años de profesión con la presentación de Raphael 6.0. Manuel Alejandro ha tenido un papel fundamental en su carrera artística.A lo largo de seis décadas su público ha ido creciendo, renovándose en todo el mundo. Cuenta con seguidores que llevan más de cuarenta años consecutivos haciendo giras completas con él.

Este libro es un reconocimiento a ellos, a los Raphaelistas. Porque son quienes han sostenido al artista desde atrás, sin buscar nunca el protagonismo, desde su butaca y la oscuridad. Raphael visto por los Raphaelistas.

El libro saldrá a todas las librerías españolas la próxima semana y cuenta con prólogos de Joan Manuel Serrat, Pastora Soler, Mariola Agujetas, Ángel Antonio Herrera, Beatriz Cortázar y Enrique Miguel Rodríguez.

Es el cuarto libro en el mercado de la periodista sevillana Marina Bernal, que ya tiene publicados 'Anónimos Infinitos', 'Canta Rocío canta' dedicado a Rocío Jurado y 'Anónimos Infinitos 2'.

La polémica sobre las vacunaciones en las Fuerzas Armadas llegará este martes previsiblemente al Consejo de Ministros con el nombramiento del nuevo Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) en sustitución del general Miguel Ángel Villarroya, que este sábado anunció que había pedido su cese a la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras conocerse que había recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Pese a que fuentes del Ministerio apuntaron que la petición de cese había sido aceptada, debe ser el Consejo de Ministros el que formalice su baja y apruebe el nombramiento de su sucesor. Fuentes militares esperan que este paso tenga lugar este mismo martes para no alargar más la polémica.

Una norma no escrita de las Fuerzas Armadas estipula una rotación entre los dos Ejércitos y la Armada en el puesto más alto de la cúpula militar. Villarroya es general del Ejército del Aire y su antecesor, Fernando Alejandre, lo era del Ejército de Tierra, por lo que sería el turno de un almirante de la Armada.

Sin embargo, dado que el mandato de Villarroya como JEMAD ha durado apenas un año, fuentes militares apuntan que su relevo podría venir de nuevo del Ejército del Aire entre alguno de sus tenientes generales o su Jefe de Estado Mayor (JEMA), el general Javier Salto.

Esto abre la puerta a una posible renovación de toda la cúpula militar, ya que los jefes de los dos Ejércitos y la Armada tienen ya más de 65 años y su sustitución estaba ya próxima. Los tres fueron además nombrados por la ministra de Defensa del PP María Dolores de Cospedal y mantenidos por Robles el cargo.

Esta renovación podría tener lugar este mismo martes o dentro de algunas semanas para que la ministra de Defensa y el nuevo JEMAD tuvieran algo de tiempo para confeccionar su equipo más allá de la polémica por las vacunaciones.

PETICIÓN DE RESPONSABILIDADES

Pero además, partidos de la oposición como Vox o Ciudadanos han pedido que las responsabilidades por el protocolo de vacunación en las Fuerzas Armadas no queden en el JEMAD y han exigido que sean asumidas por su responsable político.

Vox ha señalado directamente a la ministra Margarita Robles y ha sostenido que un jefe debe asumir las responsabilidades de las órdenes que da. "Si no, es un jefe desleal", ha calificado el portavoz del partido de Santiago Abascal, Jorge Buxadé.

Por su parte, Ciudadanos ha pedido saber quién dio la orden para que más de 300 militares del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) recibieran la vacuna del coronavirus tras la "correcta" dimisión del general Villarroya.

Precisamente este martes comparecerá en el Congreso la 'número tres' del Ministerio, Amparo Valcarce, subsecretaria de Defensa y responsable del protocolo de vacunación en el seno de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, su comparecencia, fijada días antes de la polémica, tiene por objeto informar a la Cámara de las medidas adoptadas en relación con los militares que deben abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años, tanto en formación como salidas para facilitar su reinserción en el mercado laboral civil.

El PSOE, Unidas Podemos, el PP, Vox y Ciudadanos han rechazado este lunes la petición de Esquerra Republicana (ERC) y Bildu de convocar un Pleno extraordinario esta semana para que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, explique los gastos que supone para las arcas públicas la estancia de Juan Carlos I en Emiratos Árabes.

Tanto Esquerra como Bildu han criticado que el Gobierno abone, con cargo a Patrimonio Nacional, el sueldo de los ayudantes de "un corrupto fugado de España", en palabras de la portavoz adjunta de ERC Carolina Telechea, quien se ha preguntado por qué ese dinero no sale de la partida que los Presupuestos destinan anualmente a la Casa del Rey.

Telechea ha subrayado la necesidad de que el Gobierno detalle al Congreso el gasto que supone para los españoles la estancia del emérito en Abu Dabi porque, según ha apuntado su homólogo de Bildu, Oskar Matute, el proceso de regeneración democrática de la Monarquía "no puede pasar por ocultar debajo de alfombras" todo lo que se está conociendo del que fuera Jefe del Estado. "Si Patrimonio Nacional se ocupaba de cuestiones valiosas pero del pasado, el lugar (para el Rey) igual es un museo y no tanto Emiratos", ha apostillado.

Sin embargo, esta solicitud de los independentistas vascos y catalanes se ha topado con el rechazo de los cinco grupos nacionales, que no han ahorrado críticas hacia ERC y Bildu por sus acusaciones contra el que fuera Jefe del Estado durante cuatro décadas.

NO PATRIMONIALIZAR A LA MONARQUÍA

En el PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha defendido que no es urgente celebrar un Pleno por esta cuestión y ha enfatizado que el Gobierno cumple con la normativa vigente a la hora de sostener a la Casa de Rey. Además, ha cuestionado que a ERC y Bildu en plena tercera ola por el Covid les corra prisa hablar sobre el rey emérito y ha criticado que la derecha trate de "patrimonializar" la Monarquía.

Pero también se ha dirigido a "parte de la izquierda" para recriminarle que haga lo propio con las ideas republicanas "para azuzar de manera artificial un debate sobre el futuro de la Monarquía que hoy por hoy no está en la sociedad española".

Así se ha expresado el diputado socialista después de que Enrique Santiago, portavoz adjunto de Unidas Podemos, asegurase que "el Gobierno defiende la retirada" del título de Rey emérito a Juan Carlos I y que, además, "no es legal" que Patrimonio Nacional sufrague los gastos que genera su estancia en Emiratos Árabes, contradiciendo unas recientes declaraciones de Carmen Calvo.

Después, desde su formación se ha puntualizado que Santiago ha cometido un error y que quien es partidaria de quitar a Juan Carlos I el título que le otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy es Unidas Podemos, y no el Gobierno que comparten con el PSOE.

En cualquier caso, y aunque ha vuelto a pedir una comisión de investigación sobre las actividades del padre de Felipe VI, Santiago ha rechazado apoyar la petición de ERC y Bildu argumentando que Unidas Podemos es un "espacio político serio" que cumple sus "compromisos" del pacto de coalición, que incluyen no citar a miembros del Ejecutivo si no se pacta con ellos.

QUE LE PREGUNTEN EN FEBRERO

Además, ha dicho a quienes piden cuentas por esta cuestión que Calvo estará a su disposición para responder a sus preguntas en las sesiones ordinarias que arrancan en febrero.

De su lado, El PP ha confirmado su rechazo a una solicitud que ni es urgente ni está justificada porque Juan Carlos I tiene un estatus con el que ya cuentan otros expresidentes y ex jefes del Estado en otros países de nuestro entorno por un legado que, según el diputado José Antonio Bermúdez de Castro, "merece un reconocimiento".

Dicho esto, ha recalcado a los proponentes que el rey emérito "no ha huido de España" sino que ha decidido residir fuera aunque a disposición de la Justicia, a diferencia de lo que ocurre con el expresidente catalán Carles Puigdemont.

En esta misma línea, José María Sánchez García, de Vox, ha tachado de "desfachatez" que los "especialistas en golpismo", en referencia a ERC, y el partido "sucesor de un grupo terrorista", en alusión a Bildu, realicen una petición que, en su opinión, es un "insulto" al Congreso, además de "anticonstitucional", y les ha remarcado que Juan Carlos I no es "fugado" sino una persona a la que el Gobierno le ha "impuesto" su salida de España.

DEPLORABLE UTILIZAR AL REY

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha señalado que "la rendición de cuentas es fundamental" pero que su formación no va a ser "cómplice" de una estrategia que, a su juicio, sólo busca "perjudicar" a la Corona. "Es deplorable utilizar al Rey emérito para intentar cargarse la figura de Felipe VI", ha denunciado.

Desde UPN, Carlos García Adanero, ha recriminado a ERC y Bildu que primero aprueben los Presupuestos del Gobierno y luego pregunten en qué se gasta ese dinero. Además, ha señalado que es "normal" que quien ha sido jefe del Estado pueda pagar su seguridad con cargo a las cuentas públicas.

La única de las intervinientes que sí ha verbalizado su apoyo a la petición de ERC y Bildu ha sido la diputada de la CUP, Mireia Vehí, quien ha denunciado que la "Monarquía es un pozo sin fondo y una ruina" y ha cargado contra el PSOE por "impedir sistemáticamente" que se pueda hablar de ello en el Congreso y por "acompañar al Rey emérito" en su "fuga" el país.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en la última jornada 510 casos positivos de Covid-19 confirmados, en una jornada en la que se han registrado 19 muertes y en la que en los hospitales se encuentran ingresadas un total de 777 personas, 48 más que las de este pasado domingo.

Del total de personas ingresadas, 92 permanecen en UCI, seis más que en la última jornada, y se han dado 881 altas, lo que equivale a un acumulado de 44.139.

Asimismo, con los 19 fallecimientos, Extremadura acumula desde el inicio de la pandemia un total de 1.356 muertes, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En concreto, el Área de Salud de Mérida ha comunicado el fallecimiento de una mujer de 94 años de Villafranca de los Barros, mientras que el Área de Salud de Badajoz ha notificado el fallecimiento de un varón de 77 años y una mujer de 86 años, ambos de Badajoz; un varón de 75 años de Puebla de la Calzada, una mujer de 80 años de Villar del Rey y una mujer de 92 años de La Albuera.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva ha notificado las muertes de un varón de 63 años de Don Benito, dos varones de 57 y 76 años de Villanueva de la Serena, un varón de 77 años de Siruela, una mujer de 80 años de Talarrubias, una mujer de 90 años de Puebla de Alcocer y una mujer de 89 años de Peñalsordo.

Asimismo, el Área de Salud de Plasencia ha comunicado los fallecimientos de una mujer de 96 años de Aldeanueva del Camino y una mujer de 77 años de Ahigal y la de Cáceres el de una mujer de 90 años de Aldea del Cano.

Asimismo, el Área de Salud de Coria ha notificado el fallecimiento de un varón de 90 años de Acebo y el de Navalmoral de la Mata el de una mujer de 88 años de Pueblonuevo de Miramontes y una mujer de 96 años de Viandar de La Vera.

DATOS POR ÁREAS DE SALUD

El Área de Salud de Badajoz ha notificado 203 casos confirmados, tiene 270 pacientes hospitalizados, 34 de ellos en UCI, y acumula desde el inicio de la pandemia 199 fallecidos y 12.279 altas.

El Área de Salud de Cáceres ha notificado 31 casos positivos, tiene 119 pacientes ingresados, de los que 15 están en UCI, y acumula 407 fallecidos y 6.446 altas.

El Área de Salud de Mérida ha registrado 76 casos confirmados, tiene 123 personas hospitalizadas, de las que 19 están en UCI, y acumula 173 fallecidos y 8.639 altas.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha notificado 68 casos positivos, cuenta con 118 pacientes hospitalizados, de los que 14 están en UCI, y acumula 166 víctimas mortales y 5.565 pacientes curados.

El Área de Salud de Plasencia ha registrado 69 casos positivos, tiene 60 pacientes hospitalizados, de los que 10 están en UCI, y ha registrado un total de 164 fallecidos y 3.083 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado cuatro casos confirmados, tiene 20 pacientes ingresados y ha registrado 96 fallecidos y 2.710 altas.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha registrado 47 casos positivos, tiene 46 pacientes ingresados y ha registrado un total de 85 fallecidos y 3.470 altas.

El Área de Salud de Coria ha registrado 12 casos positivos, tiene 21 pacientes hospitalizados y, desde el comienzo de la pandemia, un total de 66 personas han fallecido y se han dado 1.947 altas.

Canarias ha registrado un total de 253 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, de tal forma que el acumulado de personas que han padecido el virus en las islas desde que comenzó la pandemia en marzo del pasado año alcanza las 33.750, mientras que los fallecidos se sitúan en 510, siete de estos óbitos se han producido en el último día, según los datos que facilita la Consejería regional de Sanidad diariamente pasada las 14.00 horas.

Respecto a las siete muertes que se han contabilizado en las últimas horas, uno de ellos ocurrió en Lanzarote y se matiza desde la Consejería que fue informado ayer. Asimismo, hay que sumar otro fallecimiento en Lanzarote, que si bien no está en la estadística oficial de este lunes se incorporará en los próximos días tras su validación.

Así del total de personas que han tenido el virus, 8.418 se encuentran activos (-247), de los que 64 están en una Unidad de Cuidados Intensivo (+4) y 330 en planta hospitalaria (+13), mientras que 24.822 han superado la enfermedad.

En cuanto a la Incidencia Acumulada (IA) a siete días sube en Canarias a los 94,83 casos por cada 100.000 habitantes y a los catorce días está en los 189,1 casos por 100.000 habitantes. Además hasta el momento se han realizado 765.877 pruebas PCR en las islas, de las que 39.348 fueron positivas, un 5,14 por ciento.

Por islas, Gran Canaria es la que más casos sigue sumando, en concreto en el último día añade 140 a su acumulado que alcanza los 13.368, de los que 2.952 se encuentran activos (+60). Lanzarote, por su parte, suma 78 nuevos casos, con 3.163 acumulados y 990 activos epidemiológicamente (-77).

En cuanto a nuevos casos, les sigue Tenerife que suma 36 nuevos casos y su acumulado llega a los 15.184, de los que 4.259 están activos, mientras que Fuerteventura tiene 1.361 casos acumulados (+1), de los que 186 están activos (-61).

La Palma cuenta con 331 acumulados, dos menos que ayer después de que se hayan validado dos de los que sumaron este domingo, y tiene un caso activo (-1). La Gomera, sin nuevos casos, y se mantiene en los 208 acumulados y un activo; y El Hierro continúa con 135 acumulados, de los que 28 están activos (-2).

BROTE EN EL HOSPITAL DE LANZAROTE

Por otro lado, en relación al brote registrado en la planta de Medicina Interna del Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, la Consejería canaria de Sanidad ha informado que este lunes se ha repetido el screening a todos los pacientes ingresados, así como a todos los que recibieron el alta 48 horas antes de detectarse dicho brote en la unidad, así como al personal sanitario que trabaja en el área.

En este sentido, apuntan que hasta el momento, y según los estudios realizados, incluido el de los contactos estrechos, han detectado siete positivos: dos entre los familiares de los afectados, tres más entre los pacientes, habiendo recibido uno de ellos el alta el día anterior a la detección del brote, y dos profesionales sanitarios de la planta.

Así, hasta el momento se ha procedido al aislamiento de 31 profesionales de esta unidad.