El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, cuyo titular es Andrés Lago Louro, ha desestimado los recursos de reforma interpuestos contra el auto que dictó a finales del mes de septiembre y en el que da por cerrada la investigación del accidente del tren Alvia, registrado en Angrois el 24 de julio de 2013.

En el auto recurrido, el juez ordena que la causa se siga contra el maquinista del tren, Francisco José Garzón, y Andrés Cortabitarte, quien era director de Seguridad en la Circulación de Adif en el momento de puesta en funcionamiento de la línea, por si los hechos que les imputa fueran constitutivos de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y de 144 de lesiones por imprudencia grave profesional.

En un auto difundido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el magistrado explica que las últimas investigaciones, realizadas tras la declaración de un extécnico de Talgo que decía haber visto cómo unos responsables de la empresa ordenaban el borrado de registros, carecen de relevancia.

Así, el instructor recalca que "no existe el más mínimo indicio de que el tren no estuviese en condiciones de circular, ni el más mínimo indicio de que los defectos a los que alude el extécnico existieran o no hubieran sido arreglados antes de salir el tren y, menos aún, del pretendido borrado informático.

En cuanto a la imputación del director de Seguridad en la Circulación de RENFE cuando sucedieron los hechos, solicitada por la Plataforma Víctimas del Alvia 04155, el juez asegura que su responsabilidad "se ciñe al material rodante y a la formación del maquinista", aspectos en los que "no consta que hubiere incurrido en incumplimiento normativo y/o técnico alguno".

El magistrado subraya que la Dirección de Seguridad en la Circulación de Renfe "ha cumplido con su cometido, que no era otro que habilitar un material rodante técnicamente adecuado y poner a los mandos del mismo a un maquinista debidamente formado y dotado de las habilitaciones profesionales legalmente exigibles".

"UNA INCORRECTA VALORACIÓN DEL RIESGO POR FALLO HUMANO"

El instructor descarta que en el siniestro "hubiere tenido incidencia un posible defecto del material rodante, de la documentación del tren o de la formación y/o habilitación del maquinista".

"El único elemento que pudo contribuir causalmente al siniestro, además de la imprudencia del propio maquinista, es una incorrecta valoración del riesgo por fallo humano vinculado a la infraestructura de la vía y, más concretamente, al subsistema de control, mando y señalización, pero la gestión de dicho riesgo compete en exclusiva a Adif", entiende el juez, quien indica que, en caso de fallo humano, "realmente no existía una segunda barrera de seguridad". A quien le competía evaluar ese riesgo y adoptar las medidas necesarias, según el auto, era a Adif.

El instructor también rechaza imputar al gerente del Área de Seguridad en la Circulación del Noroeste de Adif. "Es evidente que más allá de la denominación de su cargo, carece de competencia alguna en el ámbito de la evaluación de riesgos", apunta el juez, quien señala que no figura "en ninguno de los documentos vinculados a la seguridad en la circulación y evaluación de riesgos".

LA IMPUTACIÓN DEL MAQUINISTA, JUSTIFICADA

Con respecto al recurso presentado por el maquinista contra su imputación, el magistrado argumenta que está justificada porque "ha incumplido su obligación esencial: respetar el cuadro de velocidades máximas, y ello ha generado un resultado catastrófico".

El instructor señala que el hecho de que otros responsables de ADIF "hayan incumplido también presuntamente su obligación de realizar una correcta evaluación de los riesgos que pudiera comportar mejoras en la infraestructura o en el subsistema de control, mando y señalización, no excluye la responsabilidad del maquinista ni lo exonera de su presunta responsabilidad en la causa del siniestro".

Así, argumenta que si hubiese respetado el cuadro de velocidades "el accidente no se hubiera producido".

Además de los recursos de reforma, que son los que se resuelven en el auto notificado hoy, algunas de las partes implicadas en el procedimiento han presentado recursos de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña. Por ello, el juez instructor ha acordado no tramitar los escritos de acusación hasta que el auto de cierre de la investigación sea firme.

Un total de 177 docentes y 1.666 alumnos permanecen aislados por haber tenido contacto con alguna de las 671 personas --67 docentes y 604 alumnos-- que han dado positivo en Covid-19 en 255 centros educativos de la Región de Murcia desde el inicio del curso escolar, el lunes 14 de septiembre.

Esto supone 19 nuevos positivos con respecto al último balance aportado por la Comunidad este miércoles.

La Consejería recuerda que hay 280.000 alumnos y 27.000 docentes en la Región, por lo que los 177 docentes aislados representan el 0,65% del total, y los 1.666 alumnos, el 0,59%.

En concreto, un total de 3.486 estudiantes y 373 profesores han vuelto ya a las aulas tras superar el periodo de cuarentena.

Así, en las últimas horas, en el IES Floridablanca (Murcia) se ha registrado un alumno positivo y tres aislados (el positivo y dos alumnos); en el IES Sanje (Alcantarilla), un alumno positivo y dos aislados (el positivo y un alumno), y en el colegio público Santa Florentina (La Palma-Cartagena), un alumno positivo y cinco aislados (el positivo y cuatro alumnos).

En el colegio público Sagrado Corazón de Jesús (Lorca) hay tres alumnos positivos, sin relación entre ellos. Por el primer caso 19 personas permanecen aisladas (el positivo, 17 alumnos y un docente, el aula de Infantil); por el segundo, dos (el positivo y un alumno) y por el tercero, 24 (el positivo, 22 alumnos y un docente, el aula de Infantil).

En el colegio concertado Santa Joaquina de Vedruna (Murcia) hay un alumno positivo y seis aislados (el positivo y cinco alumnos); en el colegio público El Mirador (El Mirador-San Javier), hay un alumno positivo y trece aislados (el positivo y doce alumnos) y en el colegio público Hernández Ardieta (Roldán de Torre Pachecho), hay un alumno positivo y 17 aislados (el positivo, 15 alumnos y un docente, el aula de Infantil).

En el colegio concertado Montepinar (El Esparragal-Murcia) hay un alumno positivo y tres aislados (el positivo y dos alumnos); en el colegio público El Recuerdo (San Javier), hay un docente positivo y dos aislados (el positivo y otro docente), y en el colegio público Antonio Díaz (Los Garres de Murcia), hay un alumno positivo y 21 aislados (el positivo, 17 alumnos y tres docentes, el aula de Infantil).

En el Colegio público Mariano Aroca López (Murcia) hay dos alumnos positivos, sin relación, que han dejado cuatro aislados en el primer caso (el positivo y tres alumnos) y tres en el segundo caso (el positivo y dos alumnos), y el colegio público Don José Marín (Cieza), hay alumno positivo y 19 aislados (el positivo, 15 alumnos y tres docentes, el aula de Infantil).

En el centro rural agrupado Alzabara (Cuevas de Reyllo, Fuente Álamo), hay dos alumnos positivos sin relación entre ellos, con un total de cuatro aislados en el primer caso (el positivo y tres alumnos) y cinco en el segundo caso (el positivo y cuatro alumnos).

En el colegio público San Roque (Ceutí) un empleado externo ha resultado positivo y 33 personas permanecen aisladas (el positivo y 34 alumnos); en el colegio concertado Majal Blanco (Santomera), hay un docente positivo y tres aislados (el positivo y dos docentes).

Por último, en el colegio público Suceso Aledo (Ceutí), un trabajador externo ha dado positivo y tres personas permanecen aisladas (el positivo y tres alumnos).

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado una reducción del IBI generalizada a la ciudad al tiempo que se mantienen las deducciones que ya se aplican a sectores como la hostelería.

Lo ha anunciado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que se ha presentado el proyecto de ordenanzas fiscales 2021, junto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo.

De este modo, la propuesta en el IBI a aplicar en toda la ciudad pasaría del 0,483 por ciento al 0,460 para acercarse al tipo mínimo permitido a la Administración municipal, ha indicado Villacís, que ha anunciado que "se mantienen todas las rebajas que se estaban aplicando en la ciudad, como la bonificación a las familias numerosas o para viviendas de protección oficial".

Ante un "escenario más complicado para empresas y autónomos, los que crean empleo, la vicealcaldesa ha remarcado la apuesta del Ayuntamiento por ellos porque el objetivo es "la supervivencia", que "resistan para mantener puestos de trabajo".

Esto se traduce en una reducción impositiva. Así, se mantiene la bonificación al cien por cien en la tasa de terrazas o la ya aplicada reducción en el IBI del 25 por ciento para las actividades hosteleras, comerciales y culturales, aplicable a 65.000 negocios.

La vicealcaldesa ha puntualizado que, dado que muchos de ellos están alquilados, se tendrá que demostrar que esa reducción es repercutida en el arrendamiento, en el local alquilado.

Se mantiene igualmente la bonificación del 25 por ciento en el IAE, con unos 16.000 negocios beneficiados, ampliada hasta el 50 por ciento si estas empresas consigan mantener el empleo. Y se compatibiliza con deducciones existentes que se mantienen, como la bonificación en el IAE para empresas que ganen en contratación indefinida.

Además un total de 118.000 negocios se beneficiarán de la reducción en un 25 por ciento de la tasa de recogida de residuos.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se ha mostrado favorable a cerrar perimetralmente la Comunidad, como ayer anunciaron Castilla-La Mancha y Castilla León, para dar claridad a la ciudad y "para no volver loca a la gente".

En rueda de prensa, y junto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, Villacís ha contestado que lo que pasó anoche, con el anuncio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de escribir al Estado para conseguir un cierre perimetral por días, "seguro" que tiene "una explicación sanitaria".

Pero de fondo "hay una cuestión práctica, que la mayor parte de los ciudadanos no tienen claras las medidas que rigen hoy" y como muestra de ello pone el caso de Línea Madrid, que el pasado fin de semana "batió récord" de petición de información sobre estas cuestiones.

"Tenemos un problema con la información. Estamos cambiando la información casi cada día por la evolución de la pandemia. Apostaría por ir más en la línea de Castilla León y Castilla-La Mancha para no volver loca a la gente", ha declarado mostrándose partidario de una posición más "pragmática" aunque matizando que el Ayuntamiento no es autoridad sanitaria y, por lo tanto, carece de todos los elementos de juicio.

La vicealcaldesa asegura que hay "mucho desconcierto, desinformación, desorientación". "Si queremos normas que se cumplan necesitamos ciudadanos informados y normas más estables en el tiempo", ha diagnosticado.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido este jueves al Supremo que se dirija al Congreso de los Diputados con el fin de solicitar autorización (suplicatorio) para dirigir el procedimiento contra el secretario de Organización de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, que el pasado día 19 rechazó prestar declaración voluntaria como investigado en un presunto delito contra agentes de autoridad durante una protesta en 2014.

En su informe, señala que analizado el contenido de las actuaciones remitidas, se deduce "indiciariamente" la participación de Rodríguez "en hechos que pudiéramos calificar jurídicamente de atentado a agentes de la autoridad y falta de lesiones", por lo que cree necesario que comparezca ante el alto tribunal.

El magistrado Antonio del Moral, que instruye la causa, pidió opinión a la Fiscalía tras la incomparecencia del diputado. El parlamentario no acudió a la cita judicial y explicó que, desde el "respeto a los procesos judiciales establecidos" optó no acogerse al ofrecimiento cursado por el instructor del alto tribunal.

"En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica", según respondió Rodríguez a través del partido.

La Sala de lo Penal del alto tribunal acordó abrir causa al diputado de Unidas Podemos después de que el juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de la Laguna enviase testimonio de un procedimiento seguido contra él en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna en 2014 por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones durante una protesta.

Tras conocer la posición del Ministerio Público, el Supremo previsiblemente emprenderá un procedimiento de imputación formal del diputado solicitando al Congreso un suplicatorio para poder investigarle.

En la misma situación podría verse el líder del partido, Pablo Iglesias, en el caso de que la Sala de lo Penal del alto tribunal acoja la exposición razonada que ha elevado contra él el juez de la pieza 'Dina', que investigó el robo de datos del teléfono móvil de su exasesora Dina Bousselham.

Sobre los hechos atribuidos a Rodríguez el Ministerio fiscal había presentado escrito de acusación calificando su conducta de delito de atentado contra agente de la autoridad y falta de lesiones, hechos por los que solicita la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.

El juzgado de instrucción había acordado la apertura del juicio oral contra él por hechos presuntamente constitutivos del citado delito, pero al acreditar su condición de diputado, acordó la nulidad parcial de dicho auto en la parte que se refería al aforado.

PROTESTA POR LA LEY WERT

Lo hechos a investigar, según la Fiscalía, se remontan a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la LOMCE organizada coincidiendo con la visita a La Laguna (Tenerife) del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral.

Según los atestados, la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos agentes resultaron agredidos. Rodríguez se encontraría en un grupo de personas que habrían participado en agresiones, como 'pancartazos' y puñetazos, y su participación exacta en estos delitos deberá ser aclarada ahora por el Supremo.

Respecto a este mismo diputado, el Tribunal Supremo abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este jueves que en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "hay una respuesta bastante incompleta" al Régimen Económico y Fiscal (REF) del archipiélago.

Así lo ha señalado, en declaraciones a los periodistas, tras tener conocimiento de los primeros datos del proyecto de Ley de los PGE, si bien matizó que son los presupuestos que "más crecen en dotaciones económicas para Canarias de la historia" aunque espera que con las enmiendas se mejore.

Añadió que existen partidas que están en el REF, tales como el agua de riego o las infraestructuras turísticas que "no lo estuvieron en la propuesta del año 2019 incluidas", aunque admitió que hay una respuesta "bastante incompleta al REF que habrá que, en las próximas semanas, con el diálogo, la negociación y el acuerdo político, culminarse pero es un presupuesto que en el capítulo VI aumenta frente al año 2019, el borrador que no caminó, en un 26 por ciento".

El presidente canario puntualizó que se trata de partidas que "no tienen en cuenta los fondos europeos", si bien estas cuentas al igual que las que aprobará el Gobierno canario, "luego se implementan" con los fondos procedentes de Europa.

Por último, consideró necesario que se aprueben los presupuestos porque, dijo, con todos estos convenios incluidos en los PGE, que "en su totalidad suponen la mayor cantidad económica que recibiría Canarias en 2021", luego se genera crédito en los presupuestos del archipiélago.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha advertido de que la situación en Castilla y León es "grave" y la Comunidad se encuentra en situación de "riesgo extremo" con 700,59 casos de COVID por cada 100.000 habitantes.

Casado se ha expresado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que repasado la situación de la Comunidad, donde en la última semana se han contabilizado 10.357 casos de COVID.

Así, se sitúa como quinta comunidad con mayor incidencia, cuya media en España se sitúa en 452,73 casos, con una tendencia creciente en todas las provincias, salvo en Segovia, donde se registra un "leve aumento".

Casado ha explicado que da igual dónde se sitúa la Comunidad porque los datos son "muy preocupantes", no sólo en Castilla y León, sino en toda España y la Unión Europea.

El índice de reproducción en la Comunidad se sitúa en 1,13 y todas las provincias se sitúan por encima del 1, salvo Palencia y Segovia, que están en 0,97.

En cuanto a las capitales de provincia, la incidencia acumulada se sitúa en Ávila en 677 casos por cada 100.000 habitantes, en Burgos en 1086, en León en 944, en Palencia alcanza los 900, en Segovia 508, en Soria 332, en Salamanca 1.093, en Valladolid 680 y en Zamora se contabilizan 755. En cuanto a los municipios de más de 20.000 habitantes, Aranda (Burgos) se sitúa en 992, Arroyo (Valladolid) en 460, Laguna de Duero (Valladolid) en 790, Medina del Campo (Valladolid) en 341, Miranda (Burgos) en 700, Ponferrada (León) en 755 y San Andrés del Rabanedo (León) en 970.

Ante estos datos, la consejera de Sanidad ha señalado que preocupa el conjunto de la Comunidad y no zonas concretas y ha apuntado que la mitad de casos se detectan en zonas rurales, por lo que existe transmisión comunitaria "generalizada", de forma que ha pedido "limitar al máximo" los contactos, independientemente de donde se viva.

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha garantizado que en la reunión celebrada este miércoles en Ávila "había un acuerdo claro" sobre el confinamiento perimetral de la Comunidad, de Castilla-La Mancha y de Madrid.

Casado ha asegurado que existía este acuerdo en el seno de la reunión a la que acudió y que estuvo encabezada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"En la reunión se acordó el cierre perimetral de las tres comunidades autónomas", ha manifestado Casado, quien ha defendido que se impulsen medidas de la forma "más coordinada posible", por lo que ha eludido en criticar que Ayuso anunciara una postura diferente en su intervención durante la Declaración Institucional Posterior. Parece que no hizo muy evidente el acuerdo", ha matizado Casado sobre la presidenta de Madrid en relación a su intervención pública.

No obstante, la consejera ha insistido en que es vital en una situación de pandemia como la actual que las administraciones "colaboren" y actúen de "manera coordinada". "De nada sirve tomar medidas si estas no poseen el respaldo en su conjunto", ha aseverado.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha considerado que la gente está cansada "del desconcierto" y de la sensación de "desgobierno e improvisación. "Nosotros no somos madridólogos", ha explicado, tras lo que ha defendido que desde Castilla y León se trabaja de forma "intensa" en aplicar criterios uniformes.

"No vamos a criticar a una comunidad o a otra, vamos a trabajar para que haya la mayor unidad posible", ha defendido, tras lo que ha considerado que la postura de Castilla y León en la reunión de ayer fue la "razonable".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un mensaje a la profesión médica con motivo de la 71ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (AMM), Córdoba 2020, en el que ha agradecido la labor de los facultativos durante la pandemia de COVID-19 y se ha fijado como objetivo "invertir en Salud Pública y reforzar los sistemas públicos de salud que han demostrado debilidad en estos tiempos".

"Habéis salvado muchas vidas, pero además nos habéis salvado la vida como sociedad. Por eso me produce un orgullo inmenso que esta Asamblea General tan importante, cuando el CGCOM celebra su centenario, tenga lugar en España", ha expresado el jefe del Ejecutivo.

Sánchez ha explicado que la pandemia "está recordando algo muy importante y es que, sin la ciencia y sin vosotros no somos nada y no podemos hacer nada". "Los médicos habéis sido, sois y seréis punta de lanza en la lucha contra la pandemia, trabajáis sin descanso dando todo lo que tenéis y lo que no tenéis. A veces, incluso, dando vuestra propia vida como desgraciadamente hemos sufrido durante estos últimos meses. Y en muchas ocasiones lo hacéis en condiciones inhumanas, aguantando una presión hospitalaria insostenible que deja atrás a muchos pacientes con otras patologías que también son víctimas colaterales de COVID-19. Y hacéis todo esto aguantando mucha desinformación también y algunos comportamientos negacionistas y acientíficos", ha sostenido.

El presidente del Gobierno ha incidido en que los médicos "no están solos": "Vosotros sois el escudo humano contra la pandemia, pero muchas veces os preguntáis, con razón, que quién cuida de vosotros. Quiero que sepáis que no estáis solos, las instituciones públicas tenemos claro que sin vuestra vocación y entrega no hay futuro posible".

Por otra parte, otra "lección" de la pandemia, a juicio de Sánchez, es que "hay que invertir en Salud Pública, hay que reforzar los sistemas públicos de salud que han demostrado debilidad en estos tiempos y hacerlo con firmeza sin titubeos invirtiendo recursos económicos, dignificado una profesión que quizás es por su servicio a la humanidad, la más digna.

Sánchez ha concluido lanzando un mensaje a todos los participantes de esta Asamblea, pero también "a los millones de profesionales sanitarios a los que representan y que están trabajando ahora mismo en los centros de salud y en los hospitales de todo nuestro país, de todo el continente europeo de todo el planeta". "Mi mensaje no necesita más que una palabra: gracias", ha concluido.

La consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha afirmado en el marco de entrega del premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga, que es "importante dar voz a las mujeres que protagonizan el mundo de la ciencia porque su visibilidad permitirá que las mujeres que vienen por detrás puedan considerar ser científicas" y para que "las chicas jóvenes tengan referentes que les animen a apostar por la ciencia".

La ceremonia de entrega del galardón se ha desarrollado este jueves en el Paraninfo de la Universidad de Deusto y ha contado de nuevo este año con dos galardonadas, en la categoría senior que este año cumple su séptima edición y en la categoría joven para menores de 35 años, creada el año pasado.

La vencedora en categoría senior ha sido Laura Lechuga Gómez. Esta profesora sevillana es licenciada en Ciencia Químicas y dirige el Grupo de Biosensores y Aplicaciones Bioanáliticas en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2). Además, coordina uno de los proyectos europeos para el estudio de la covid-19.

Por su parte, la reconocida con el premio joven es la gallega Susana Ladra González, ingeniera y doctora en Informática, y graduada en Matemáticas.

El acto ha contado con la presencia de la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y de la directora de Emakunde, Izaskun Landaida.

Durante su intervención la consejera ha asegurado que "es importante visiblizar a las mujeres que trabajan en el mundo de la ciencia y la tecnología" para que "las chicas jóvenes tengan referentes que les animen a apostar por la ciencia.

En la misma línea, ha indicado que "es importante dar voz a las mujeres que protagonizan el mundo de la ciencia" en la medida en que su visibilidad permitirá que "las mujeres que vienen por detrás puedan considerar como opciones posibles ser científica, matemáticas, astrónomas, físicas o lo que quieran ser".

Artolazabal ha asegurado que "no es fácil que una chica elija estudios de carácter científico si le han hecho creer que no es un ámbito que corresponde o si no la han animado lo suficiente o si no encuentra en los libros de texto referencias de mujeres científicas".

BRECHA DE GÉNERO

En ese sentido, la consejera ha asegurado que la elección por parte de una estudiante de carreras de carácter científico "no es fácil mientras exista una brecha de género en la elección de los estudios, generada sobre todo por los roles y los estereotipos de género que limitan a chicos y chicas la posibilidad de elegir libremente sus estudios".

Por ello, ha defendido una metodología basada en el "empoderamiento personal" y ha subrayado la importancia del premio concedido este jueves, en la medida en que concede protagonismo todos los años a mujeres que se dedican y que destacan en el mundo de la ciencia, "ayudando a su visibilizarían y su prestigio".

Artolazabal ha subrayado que la importancia de impulsar una sociedad "más justa e igualitaria" en la que todos tengan las mismas oportunidades, independientemente del sexo con el que se haya nacido, para lo cual, según ha dicho, es preciso un "cambio de valores", para que la igualdad llegue gradualmente a las aulas".

La entrega del premio se enmarca en octava edición de la Semana de la Ingeniería y la Tecnología, ForoTech, que este año tiene como lema "¿Nuevos tiempos? Conecta, comparte y participa" y el galardón pretende, visibilizar el trabajo femenino en el campo científico y tecnológico, así como incentivar vocaciones en el ámbito de I+D, y trasladar la importancia de la tecnología para el crecimiento económico y como valor de futuro para la sociedad.

El ForoTech que arrancó este miércoles y se prolongará hasta el viernes, tras el aplazamiento por el covid-19, congrega a universidad, empresa y estudiantes, con el propósito de acercar la ingeniería y la tecnología a la ciudadanía, así como con el objetivo de fomentar las vocaciones hacia la investigación y el desarrollo tecnológico, especialmente entre las mujeres.

El Gobierno del Principado de Asturias ha confirmado este jueves 394 nuevos casos de coronavirus detectados en la jornada del miércoles y el fallecimiento de siete personas, cuatro mujeres de 82, 88, 93 y 98 años y tres hombres de 72, 76 y 93. Dos de los hombres tenían su domicilio en un centro residencial de personas mayores.

La tasa de positividad se eleva al 7,4%, tras haberse realizado durante la jornada un total de 5.322 pruebas PCR. En las últimas 24 horas, se han registrado 72 ingresos por coronavirus en planta y 12 más en UCI.

En total, hay 459 pacientes covid hospitalizados, entre confirmados y sospechosos. Además, otras 69 personas afectadas permanecen en unidades de cuidados intensivos. Por otra parte, se produjeron 61 altas hospitalarias.

RECOMENDACIONES

Las autoridades sanitarias piden a la ciudadanía que limite su vida social y la movilidad para frenar la trasmisión del virus, ya que la situación es crítica por el aumento de ingresos hospitalarios y de personas en estado grave, lo que provoca un incremento de los fallecimientos.

Así, la Dirección General de Salud Pública aconseja a las personas mayores de 65 años o con patologías crónicas que viven fuera de los entornos residenciales que extremen las medidas de protección y seguridad. También les recomienda que renuncien a las actividades grupales y a los encuentros en lugares cerrados.

También insta a la población a formar burbujas sociales para frenar el aumento de los contagios, que se están produciendo especialmente en los encuentros privados entre familiares y amistades.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que, con los últimos datos conocidos --los del miércoles a las 20,00 horas--, no se contempla el cierre total de Galicia y ha sostenido que, "en cierto modo", ya "está con cierre perimetral" dado que las comunidades "colindantes" y Portugal sí optaron por esta medida.

El máximo mandatario autonómico se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por el cierre aprobado por otras autonomías de cara a la festividad de Difuntos en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha asegurado que la su Ejecutivo "va a seguir trabajando" con el mismo "rigor".

Es por ello que se ha remitido a las reuniones que el comité clínico que asesora a la Xunta mantendrá este viernes y la próxima semana para adoptar nuevas medidas toda vez que, conforme ha apuntado, sí "hay un riesgo evidente en todas las ciudades gallegas", "con menor intensidad" en la de A Coruña, en relación a la evolución del virus.

"Por lo tanto, mañana viernes o el lunes adoptaremos las decisiones que la situación epidemiológica nos demande y seremos coherentes con las que tomamos en Ourense y Santiago si el resto de ciudades llegan a datos similares", ha afirmado Feijóo.

En este sentido, el presidente de la Xunta, que ha señalado que Galicia sigue siendo la cuarta comunidad con menor incidencia del virus, ha trasladado que "el hecho de que Galicia esté mejor" se debe a que "adopta medidas anticipatorias".

Por último, preguntado por la decisión de países como Francia de volver al confinamiento, ha afirmado que, con la situación epidemiológica actual, la Xunta tampoco contempla "un confinamiento obligatorio de los 313 ayuntamientos gallegos". "Si mañana o lunes tenemos nuevos datos epidemiológicos tendremos la propuesta que comunicaremos previamente a los alcaldes y después a todos los ciudadanos conforme a lo que viene siendo habitual", ha insistido.

Todo ello en una comparecencia ante los medios en la que ha apostado por seguir trabajando con "rigor, metodología, sin frivolización" e intentando trasladar la información al respecto.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a prisión permanente revisable impuesta a un hombre que en noviembre de 2017 asesinó a la hija de su mujer, que tenía dos años de edad, en su domicilio familiar de Alzira (Valencia), después de que esta le anunciara que iba a divorciarse de él.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.30 horas del 12 de noviembre cuando el acusado, de 28 años en ese momento, se dirigió a la habitación donde dormía la niña, que no era hija biológica suya, en un momento en el que no había nadie más en la casa, y la degolló con un cuchillo de cocina. El jurado declaró probado que lo hizo para causar un "menoscabo psíquico grave y un perjuicio irreparable a su esposa", después de que le comunicara su intención de separarse.

Con esta confirmación, la sala desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que confirmó esta misma pena de prisión en aplicación del veredicto dictado por un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Valencia por un delito de asesinato, con la agravante de parentesco, y otro de lesiones.

El condenado motivó su recurso, entre otras razones, en un informe pericial que confirmó que a los 19 meses de los hechos, estando en prisión, se le detectó un brote esquizofrénico, que alegaba que podía estar latente en el momento del crimen.

Sin embargo, la sala señala que la sentencia afirma la existencia de prueba que acredita que cuando ocurrieron los hechos el acusado no presentaba enfermedad alguna que alterara su capacidad y su voluntad, en contra de lo que se sostiene en el recurso.

Así, indica que la prueba tenida por válida por el jurado es la del "informe médico forense que, de manera clara, asevera que al momento de los hechos el acusado no presentaba enfermedad que alterara sus facultades intelectivas y volitivas", por lo que postular vía casacional que debe optarse por otra pericial --que para la sala tampoco contradijo a los forenses-- no tiene cabida en la vía del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Sala considera que no se demuestra con claridad y de modo definitivo e irrevocable que, a la fecha de los hechos, el recurrente padeciera enfermedad psíquica con afectación de sus facultades mentales, pues la doctora que en su informe indicó que si bien a los 19 meses de su ingreso en prisión se le detectó esquizofrenia paranoide, también manifestó que no puede decir la fecha de inicio de la enfermedad.

"Las demás periciales médicas, complementadas por pruebas testificales, sustentan la tesis contraria, la asumida por el Jurado y ratificada en la sentencia impugnada: que el acusado no padecía enfermedad psíquica con afectación de las bases psicobiológicas de la imputabilidad apreciable al momento de los hechos", subraya la sala.

Del mismo modo, la Sala rechaza el segundo motivo del recurso en relación con la inaplicación de la atenuante analógica de alteración psíquica.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha insistido en que no es "entendible" que la Comunidad de Madrid no se sume a la región y a Castilla y León decretando un cierre perimetral de 14 días.

Así se ha pronunciado desde un acto con empresarios en Albacete minutos después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ordenara el cierre de la autonomía solo los días que corresponden al Puente de Todos los Santos y de La Almudena.

Para el líder autonómico, no tiene sentido que a un paciente con positivo en COVID se le confine durante 14 días mientras se plantean "acuartelamientos de media hora" en la comunidad vecina.

Ha recordado que muchas comunidades autónomas, "del PSOE, del PP, nacionalistas o regionalistas" están tomando la decisión de cerrar durante al menos dos semanas, al tiempo que ha abundado en la contradicción de que para el PP esté bien visto "perimetrar España" y por el contrario no lo esté cerrar Madrid. Entones, en Madrid, ¿el jueves no puedes salir, el viernes sí, y el lunes otra vez en casa?", se ha preguntado.

Ha puesto como ejemplo que a diferencia de Madrid sí se ordenan cierres en Murcia, Castilla y León y Andalucía, también gobernadas por el PP, a lo que ha sumado que los confinamientos selectivos ordenados por Isabel Díaz Ayuso a varias localidades y barrios de la capital se establecieron para dos semanas.

"La situación exige seriedad. Todos tomamos medidas dolorosas. En Madrid, confinar un barrio vale para 14 días pero la autonomía no... Es inentendible", ha afirmado, agregando que tras la reunión de este miércoles entre los gobiernos de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha queda patente el giro entre lo que Díaz Ayuso expuso a sus homólogos y lo que trasladó posteriormente en rueda de prensa. "Salí de la reunión con una idea y me he levantado con otra. Igual es cosa de la edad, pero creo que a Mañueco le pasaba lo mismo", ha zanjado.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se han enzarzado este jueves en el Pleno de la Cámara Baja a cuenta de la disposición de la formación naranja a negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2021 con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante el debate en el que el Ejecutivo ha pedido el apoyo de la Cámara Baja a un nuevo estado de alarma para tomar medidas de contención del coronavirus, Echenique ha empleado sus dos intervenciones para arremeter contra el PP y Cs.

El portavoz parlamentario ha dicho que ve "imposible" contar con estos dos partidos para lograr la unidad en la lucha contra la pandemia porque Vox les mantiene "encerrados en la Plaza de Colón", donde rige el "¡a por ellos!" contra el Gobierno.

En relación con los Presupuestos, ha indicado que el proyecto presentado por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos incrementa el gasto público, una política que antes a la formación naranja le parecía "socialcomunista", según ha señalado. En cambio, cree que ahora Cs afirma ver los PGE "con buenos ojos" porque trata "desesperadamente" de "escapar del mordisco de Vox".

ARRIMADAS CREE QUE EN PODEMOS ESTARÁN "CABREADOS"

Al responder a esta alusión de Echenique, Arrimadas le ha dicho que entiende que esté "enfadado" porque Podemos había prometido derogar la reforma laboral del PP, aplicar un 21% de IVA a la educación concertada y elevar al 15% el tipo efectivo mínimo al que tributarían las grandes empresas.

"Me imagino que están cabreados", ha comentado tras enumerar algunas de las cuestiones que Ciudadanos pidió al Gobierno que se reflejaran en el proyecto de Presupuestos.

Al constatar que sus condiciones se cumplen, Cs ha anunciado que votará a favor de la tramitación del proyecto en el Congreso y negociará las cuentas con el Ejecutivo, aunque aún no puede avanzar si los aprobará.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido este jueves al juzgado de instrucción número 31 de Madrid que archive la investigación que lleva a cabo contra varios funcionarios por la escala que hizo el pasado mes de enero en el aeropuerto de Barajas la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La parte del 'Delcygate' que se instruye en los juzgados de Madrid se basa en querellas y denuncias presentadas por el PP, Vox y Laócratas por presuntos delitos de prevaricación contra los funcionarios o autoridades que no arrestaron a Rodríguez, a pesar de que la sanciones de la UE la prohíben entrar en el espacio Schengen.

En concreto, Vox se querelló contra Koldo García Izaguirre y otros funcionarios por cuatro delitos: prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia y usurpación de atribuciones.

La Fiscalía ha indicado que "no existe duda" de que la 'número dos' del Gobierno de Nicolás Maduro "no debía entrar o transitar por España", debido a dicha prohibición.

Sin embargo, ha precisado que Rodríguez se limitó a permanecer en la sala de la terminal de aviación ejecutiva, "que como todos los espacios cerrados que preceden al paso por los controles policiales de frontera tiene la consideración de zona de tránsito aeroportuario", según se desprende del oficio remitido por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Además, ha esgrimido que la dirigente venezolana "no manifestó su intención ni hizo acción alguna encaminada a entrar en territorio nacional".

Sobre García Izaguirre, al que describe como "una de las personas que acompañaba a la autoridad de mayor grado que se encontraba esa noche en el aeropuerto", el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha valorado que requirió a la tripulación para que el vuelo despegase lo antes posible llevándose con ellos a los pasajeros.

A este respecto, ha apuntado que Julio San Miguel Mateos --otro funcionario-- contó ante notario cómo vio a García Izaguirre solicitar a la tripulación que el vuelo saliese cuanto antes y que le contestaron que no era posible antes de las 14:00 horas.

El Ministerio Público ha aclarado igualmente que, a pesar de que en las querellas y denuncias se hacía hincapié en lo irregular de que no se hubiesen sellado los documentos a Rodríguez y en que la misma no disponía de visado, lo cierto es que el Reglamento (CE) 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo incluye a Venezuela como país cuyos nacionales están exentos de la obligación de visado.

ZONA DE TRÁNSITO

Con todo ello, la Fiscalía no ha apreciado el requisito de resultado materialmente injusto para imputar un delito de prevaricación porque le resulta "indiferente" que Rodríguez hubiese permanecido durante el tiempo indispensable en unas instalaciones del aeropuerto que tienen la consideración de zona de tránsito aeroportuario "o en otras".

Tampoco ha apreciado el delito de desobediencia porque se exige la existencia de un mandato directo "que, en el supuesto que nos ocupa, se nos oculta cuál podría ser y quién podría haberlo emitido".

Asimismo, ha descartado el delito de usurpación de atribuciones a las personas denunciadas porque "en el presente caso es palmario que no ha sido suspendida con carácter general ninguna disposición legal".

No obstante, ha recordado que el Ministerio Fiscal no puede investigar a personas aforadas, como Ábalos, "por lo que, constando la existencia de querellas interpuestas ante el órgano judicial competente para el conocimiento del presente asunto con las personas que resulten ser aforadas, corresponderá a éste la correspondiente resolución".

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado este mediodía que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) tienen preparado, "aunque se lo comuniquen con cierto retraso", el dispositivo policial para controlar el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid que previsiblemente entrará en vigor mañana viernes.

"La Policía Nacional y la Guardia Civil siempre están preparadas para cualquier eventualidad. Estaban ya preparados no solo para el cierre perimetral, sino también para los cierres de las áreas de salud (establecidas por la Comunidad) y están de hecho colaborando en ello. En este aspecto no hay ningún problema", ha indicado en una entrevista en 'RNE'.

Como ya apuntó esta mañana en Twitter, Franco ha insistido en rogar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que tome la misma decisión que sus homólogos cercanos y que otras comunidades y que extienda el cierre hasta acabado el puente de la Virgen de la Almudena, hasta el día 9 de noviembre incluido.

"Creo que lo más correcto, lógico y lo que generaría menos confusión y dudas entre los madrileños sería que se actuase hasta el día 9. No es una crítica, sino un ruego, porque ahora mismo el único enemigo es el virus. O trabajamos juntos o tardaremos en superarle, en ganarle la batalla", ha manifestado.

DUDAS A LA FÓRMULA DE AYUSO

El representante del Gobierno central en Madrid tiene dudas de que sea legalmente posible cerrar como quiere Ayuso, solo los días correspondientes a los dos puentes, y no todos seguidos. "Sería posible si en el Congreso se introdujese una enmienda al estado de alarma para que fuera por días aislados, pero como no han introducido ninguna enmienda sigue vigente con todas las condiciones en vigor", ha esgrimido.

Franco también ha enjuiciado que la Comunidad de Madrid permita ahora las reuniones nocturnas de no convivientes hasta 6 personas entre medianoche y las 6 de la mañana, en pleno toque de queda, siempre que no haya movilidad, pese a que antes de la declaración del estado de alarma el Gobierno regional había prohibido las reuniones de no convivientes tanto en lugares públicos como privados en dicha franja horaria.

"Las FCSE tienen que controlar que no exista movilidad a esas horas. No sé como pueden reunirse seis personas no convivientes, tendrán que desplazarse las que no vivan allí normalmente. Es bueno, conveniente e imprescindible que todas las administraciones implicadas demos instituciones claras, concretas y no generemos confusión. Porque si no llegará un momento en que los madrileños no sabrán a que atenerse y eso, sinceramente, no nos lo podemos permitir", ha apostillado el delegado.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, han reclamado al Gobierno que ponga en manos de las autonomías herramientas jurídicas que permitan acometer un confinamiento domiciliarios si crece el número de contagios por COVID-19 y se produce un incremento de la presión hospitalaria que puede llevarla a un colapso.

Ambos dirigentes autonómicos han informado de esta petición en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde Casado ha asegurado que le pidió al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de forma "clara y rotunda" la puesta en marcha de este instrumento para poder actuar a partir del 9 de noviembre, fecha en la que se acaba el actual Estado de Alarma.

Casado ha explicado que el actual Estado de Alarma no contempla el confinamiento domiciliario programado, algo que sería necesario "si la tendencia" siguiera siendo mala. "Pedimos herramientas para que, si fuera el caso, utilizarlo", ha exigido la consejera, quien ha recordado las medidas adoptadas en Alemania con una incidencia media acumulada de 156,2 casos por 100.000 habitantes y Francia con 659,9 casos.

En concreto, tanto Casado como Igea han insistido en que no se trata de una decisión que ya se haya tomado en Castilla y León sino que ha sido una recomendación apuntada por el Comité de Expertos de la Comunidad, por lo que es necesario contar con esta herramienta para atajar el número de contagios si se mantiene la tendencia actual y la presión hospitalaria aumenta.

De este modo, el vicepresidente de la Junta ha señalado que actualmente Castilla y León, junto con La Rioja, Aragón, Cataluña y Navarra se colocan en situación de riesgo extremo con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes.

De este modo, Igea ha apuntado al confinamiento domiciliario programado como la última medida ante una situación en la que, la cifra de contagios y la presión hospitalaria provocara que "no hay otra manera de contraer la incidencia".

Así, ha insistido en la necesidad de que se impulsen medida homogéneas en el conjunto del país. "Hay que tomar decisiones, no podemos permitir que los hospitales se colapsen y que haya más muertes de las que ya va a haber", ha aseverado.

Por último, la consejera de Sanidad ha explicado que el confinamiento que propone la Comunidad no sería tan estricto como el que se vivió en marzo en el conjunto del país, sino algo similar a Francia o Alemania, donde se permiten hacer actividades esenciales para el mantenimiento del país.

RECOMENDACIONES DE LOS EXPERTOS

Finalmente, Verónica Casado ha detallado las recomendaciones de los expertos en la última reunión con el Gobierno celebrada el pasado martes donde, además de abordar la cuestión de confinamiento domiciliario, se recomendó la concentración de los recursos asistenciales para dar respuesta a la patología Covid y no Covid, se respaldó el toque de queda de 22.00 a 6.00 horas en la Comunidad y el confinamiento perimetral y se aconsejó mantener la actividad en colegios, FP y universidades.

Al mismo tiempo, para la hostelería, el Comité de Expertos pidió que se dé más visibilidad al aforo en los locales, incrementar las sanciones en casos de incumplimiento y mantener la actividad hostelera para evitar reuniones en las casas.

Por último, se pidió que se favorezca el deporte individual en el exterior y, ante la festividad de Todos los Santos, no cerrar cementerios y pedir el "confinamiento inteligente" de los ciudadanos para evitar reuniones posteriores con familiares o amigos tras estas visitas.

El presidente del grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha manifestado su preocupación de que exista un "brazo policial" que actúe contra al Gobierno y ha cuestionado la "oportunidad" de emprender un operativo con varios detenidos de la órbita independentista catalana.

En declaraciones en el Congreso, Asens ha llamado la atención sobre el momento en que se despliega esta operación, que afecta a políticos y empresarios por el presunto desvío de fondos públicos y posibles vínculos con la plataforma Tsunami Democrátic, algo que se en pleno contexto negociador sobre los PGE y cuando existe una "voluntad clara" del Gobierno de "desjudicializar el conflicto en Cataluña".

También ha exigido explicaciones tras conocer que esta intervención se ha bautizado como 'operación Volhov', que hace referencia a una batalla de la Segunda Guerra Mundial en Rusia en la que participó la División Azul.

Al respecto, el dirigente de En Comú Podem ha demandado que se depuren las responsabilidades pertinentes al elegir una denominación del operativo que ofende a la lucha antifranquista y que es "impropia" de un país democrático.

Y es que lo ocurrido, a su juicio, es "preocupante" al poner un nombre a una operación judicial y policial que evoca a la División Azul, cuando España tiene un Gobierno de coalición "comprometido con la recuperación de la memoria democrática".

Somos el hazmerreír de Europa", ha recriminado el parlamentario de la formación morada al apuntar que la embajada Rusa ya ha reaccionado ante este episodio "delirante.

HAY ANTECEDENTES DE "SESGO IDEOLÓGICO" EN LA GUARDIA CIVIL

Asens ha insistido en su preocupación por la posible existencia de "un brazo policial, al igual que el judicial, que trabaje en contra del Gobierno" y ha enfatizado que existen "antecedentes" para sospechar de sectores con "sesgo político" en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para ello, ha aludido a la "policía patriótica" y el caso Kitchen, que indaga sobre presunto espionaje a rivales políticos durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior.

Por tanto, apela a la responsabilidad del teniente coronel que es instructor de esta investigación para que se disculpe con todos los españoles por la elección del nombre del operativo, especialmente a los que tienen "familiares en las cunetas" o los que "lucharon contra el fransquismo".

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado que la fórmula del Gobierno regional para cumplir con los siete días de plazo mínimo de la aplicación obligatoria del confinamiento perimetral de la comunidad autónoma es dividirlos entre los dos próximos puentes, de manera que "lógicamente serán 4 y 3 días" respectivamente.

En una entrevista en 'Telecinco' recogida por Europa Press, Escudero ha destacado que es una decisión "jurídica", que "están estudiándolo los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid", y que va "asociado a un decreto que firma la presidenta".

"Entendiendo que son dos puentes, lógicamente serán 4 y tres días, pero exactamente, como todavía no está cerrado, no quiero pronunciarme al detalle, pero va a ser así", ha manifestado.

Asimismo, ha apostillado que "el decreto saldrá hoy y hoy será cuando se marque exactamente cuáles son los días de cada uno de los puentes".

"También hay que dejar claro que la recomendación que hemos establecido en las últimas órdenes siempre era de hacer los desplazamientos cuando sea absolutamente necesario", ha recalcado.

En este sentido, ha insistido en la recomendación de "evitar los desplazamientos al máximo", pero ha agregado que "hay una realidad y en este caso a esa realidad hay que darle solución".

Escudero ha dicho que el planteamiento de Madrid "es una interpretación del Estado de alarma que ya han hecho otras comunidades autónomas", así como que le consta que lo han estudiado los servicios jurídicos del Ministerio.

Según Escudero, ese planteamiento de "esos 7 días que son de aplicación obligatoria dividirlos en los dos puentes", va en la línea del plan de la Comunidad de Madrid de "actuar en los momentos que realmente uno tenga rendimiento en el sentido de disminuir el número de contactos".

"Esa es la estrategia que se ha marcado y en ese sentido es en el que vamos a actuar", ha apostillado.

Escudero ha reiterado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, le llamó después de la reunión de Ávila y le expresó "que se podía aplicar en los días que eran festivos", y que "cuando hace esa recomendación, lógicamente se puede hacer, y de hecho hay estudios por parte de los servicios jurídicos tanto del Ministerio como de otras comunidades autónomas, no solo de Madrid".

CONFINAMIENTO PERIMETRAL "EN DÍAS QUE SEA ESTRICTAMENTE NECESARIO"

Además, ha asegurado que Ayuso en la reunión con los presidentes de Castilla y León y Casilla La Mancha, Alfonso Fernández Mañueco y Emiliano García-Page, "fue bastante clara".

"Dijo que iba a enviar esa carta al presidente del Gobierno en el sentido de decir que nosotros creemos que lo mejor para los madrileños y sobre todo por la repercusión que tiene a nivel nacional para los españoles es que si tenemos que hacer ese confinamiento perimetral lo hagamos los días que sea estrictamente necesario", ha detallado.

Asimismo, ha precisado que "la llamada del ministro fue posterior al envío de la carta por parte de la presidenta", y que entendieron que contaban con el "aval" de Illa para hacer lo que creen que es "lo mejor para disminuir el número de contagios, siempre contando que esa perimetración de toda la Comunidad a nivel interno, fruto de la experiencia del puente del 12 de Octubre, produjo un aumento de la movilidad".

Por otro lado, Escudero ha apuntado que no hubiesen tenido la necesidad de celebrar la reunión de Ávila si el Ministerio de Sanidad hubiese liderado las decisiones sobre la movilidad, para agregar que "una vez que no se ha producido ese liderazgo del Ministerio" la Comunidad ha tomado una decisión con "un respaldo técnico", en alusión al confinamiento por días, y se pronunció en ese sentido.

Agentes de la Policía Nacional han intervenido recientemente a Sergio Ríos, el que fuera chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, teléfonos móviles y un pendrive en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional sobre el 'caso Kitchen', han informado fuentes de la investigación.

La intervención de este material se llevó a cabo hace unos 15 días y ya obra en poder del juez instructor del 'caso Kitchen', una de las piezas de la macrocausa del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional abierta a raíz de la detención del excomisario José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde su arresto en noviembre de 2017.

El juez instructor del caso, Manuel García-Castellón, ha tomado declaración este jueves al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que ha señalado que el entonces ministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz le preguntó por Sergio Ríos, el chófer de Luis Bárcenas que era confidente en la operación 'Kitchen' y que luego ingresó en la Policía Nacional.

Francisco Martínez, que aportó a la causa mensajes de Fernández Díaz, ha manifestado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que el exministro le pidió que se interesara por el asunto del confidente y que trató sobre este asunto con el director Adjunto de la Policía (DAO) Eugenio Pino, según han señalado fuentes jurídicas.

La intervención de este material de Sergio Ríos se suma a las últimas diligencias practicadas en otra de las piezas del 'caso Villarejo', y que llevaron a la detención de cinco personas, entre ellas la mujer del excomisario, Gemma Alcalá, en relación con un supuesto intento de vender información confidencial.

El sumario del 'caso Kitchen' acredita que se utilizaron fondos reservados en un operativo parapolicial para espiar en 2013 tanto al extesorero del PP como a su mujer, con el objetivo de sustraer, al margen de las causas judiciales ya abiertas entonces, documentación sensible que afectaba a la cúpula 'popular' presidida por Mariano Rajoy.

La provincia de Granada ha registrado este jueves sus peores cifras desde el inicio de la pandemia con 1.382 nuevos positivos en coronavirus en las últimas 24 horas y 17 fallecidos, lo que la sitúa a la cabeza de Andalucía en ambos parámetros y también en nuevas hospitalizaciones, tras haber sumado otras 34, según los últimos datos actualizados de la Consejería de Salud y Familias, consultados por Europa Press.

El mayor número de contagios hasta ahora se contabilizó el pasado domingo, con 1.361 en un solo día, sin embargo hacía meses que no se registraba un número tan elevado de fallecidos, desde que el pasado 28 de marzo se produjeran 15 muertes.

La presión hospitalaria sigue creciendo en los hospitales del conjunto de la provincia, donde hasta este jueves se han contabilizado 569 pacientes con Covid-19, de los que 74 están en la Unidad de Cuidados Intensivos. Solo la provincia de Sevilla supera estas cifras dentro de la comunidad.

En la última semana se han declarado en la provincia de Granada 21 brotes que suman 139 casos en los diferentes distritos sanitarios. La capital acumula la mayor parte de ellos, un total de doce. De la pasada semana siguen activos otros 34 y este mismo jueves la Consejería de Salud y Familias informa de uno nuevo declarado en la residencia Camino de Santiago de Alhendín, con once casos confirmados.

En la Residencia N.S. Misericordia de Loja los casos ya se elevan a 77 (51 residentes y 26 trabajadores) y se han notificado dos muertes en las últimas 24 horas, con lo que ya han fallecido tres personas residentes en estas instalaciones. En la Residencia San Jaime de Huéscar se mantienen 62 casos y se ha notificado un fallecimiento, por lo que en total ya ha sumado cuatro.

Los datos acumulados desde el inicio de la pandemia arrojan 22.621 positivos en la provincia de Granada, 2.116 hospitalizados --175 de ellos en UCI de los que dos se han sumado este jueves--, 441 fallecidos y 5.709 personas recuperadas, de ellas 269 lo han hecho en las últimas 24 horas.

La prórroga del estado de alarma que se vota este jueves en el Congreso va a provocar, por primera vez, que los independentistas catalanes de Junts y el PDeCAT voten distinto, ya que, mientras los cuatro diputados de la formación del expresidente Carles Puigdemont han decidido abstenerse, los cuatro del PDeCAT apoyarán al Gobierno.

El PDeCAT, la formación heredera de la antigua Convergència, ya anunció su voto a favor el pasado lunes y los de Laura Borràs han concretado que se abstendrán durante el debate que está teniendo lugar en el Congreso, consumando así la división.

El PDeCAT y Junts rompieron el pasado mes de septiembre, cuanto el todavía presidente catalán Quim Torra destituyó a los consejeros del PDeCAT. Poco después, las dos formaciones anunciaron que concurrirían por separado a las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero.

Ambas formaciones sí continuaron compartiendo grupo en el Congreso y, aunque tenían libertad de voto, han venido manteniendo las mismas posiciones hasta este jueves. Está por ver si también se dividen durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

POR RESPONSABILIDAD

Desde la tribuna del hemiciclo, Borràs ha justificado la abstención de los suyos alegando que el decreto del estado de alarma no se aprobó en los términos que habían hablado con el Gobierno y que finalmente no incluye las medidas de apoyo a la actividad económica y laboral que reclamaban desde su formación.

"Por responsabilidad nos abstendremos, pero no dejaremos de exigir las herramientas que necesitamos", ha dicho, denunciando por ejemplo que la norma no recoja la posibilidad de que las comunidades "regulen el teletrabajo" para limitar al máximo la movilidad o que se puedan tomar "medidas asimétricas" en los territorios o incluso levantar la alarma si la situación mejora.

De su lado, en declaraciones ante los medios, el diputado del PDeCAT Ferrán Bel ha explicado que también su formación habló con el Ejecutivo antes de la aprobación del decreto y que, más allá de las críticas que se le pueden hacer, decidió votar a favor "por responsabilidad".

A su juicio, la situación de los catalanes va a ser "mejor" y el margen de la Generalitat para luchar contra la pandemia va a ser más amplio, con estado de alarma que sin él. "De eso se trata esta votación y no ha lugar a otro voto que no sea el afirmativo", ha dicho, protestando por la decisión de Sánchez de delegar en el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la defensa de la prórroga en el Pleno.

ERA PREVISIBLE, NO PASA NADA

Rodeado de sus compañeros Sergi Miquel, Genís Boadella y Concep Cañadell, Bel ha quitado importancia al hecho de haber votado distinto de Junts, recordando que esto ya ha pasado en el Parlament y que, tras la decisión "unilateral" de sacarles del Govern, ya habían avisado de que no tenían por qué coincidir siempre.

En este contexto, ha negado que esa disparidad en el voto se pueda interpretar como una "ruptura del subgrupo" que tienen con Junts dentro del Grupo Plural y ha indicado que su relación con sus compañeros o con ERC "se va a mantener" como en las últimas semanas.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha aplazado la declaración en calidad de investigado del exgerente de la extinta Convèrgencia Democrática de Cataluña (CDC) Germà Gordó prevista para este viernes al próximo 3 de noviembre en relación al presunto blanqueo de capitales en pequeñas cantidades del partido que se investiga dentro del caso conocido como '3 por ciento', según han informado fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acordó el pasado 23 de octubre imputar a Gordó después de que el extesorero del partido Daniel Osàcar le apuntara como el responsable que controlaba el sistema de blanqueo en pequeñas cantidades.

Así, aceptó la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que considera que la declaración de Osàcar puso de manifiesto que "el sistema de afloramiento de dinero en efectivo", que ya se había descrito en anteriores informes de la Fiscalía en esta pieza separada, "fue ideado por Germà Gordó".

Para conocer su versión de los hechos, el juez le emplaza al próximo 3 de noviembre, a las 11.00 horas, para que comparezca por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona.

VÍAS DE "ALLEGAMIENTO DE RECURSOS"

En la resolución, el juez explica que en esta causa se investiga la presunta estructura puesta en marcha y las distintas vías ilegales de "allegamiento de recursos". Una primera vía serían los pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de fundaciones vinculadas a CDC, CATDEM y Fundació Forum Barcelona.

La segunda forma, sería mediante la recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo y, por último, mediante la triangulación con empresas que asumían pagos directos a terceras personas por servicios prestados al partido.

"Algunas de estas vías de acceso no fueron sino la evolución sofisticada de otras anteriores más elementales, pasándose de modo paulatino de un sistema basado en mayor medida en la entrega de cantidades en metálico a un sistema más complejo, en el que se beneficiaba ilícitamente a CDC mediante el abono directo de facturas por parte de determinadas empresas a terceros, por servicios prestados a CDC y no desde luego a estas empresas pagadoras", indica el magistrado.

Añade el auto que mediante esos manejos CDC generaba y poseía cantidades de dinero en efectivo, no declarado, procedente de empresas que buscaban, al entregarlas, ser beneficiadas en la contratación pública o congraciarse con los jerarcas del partido.

EL 'PITUFEO' CON SUPUESTOS DONANTES

Dado que esas cantidades de dinero debían aflorar de alguna manera, señala de la Mata que los directivos del partido buscaron la colaboración de personas próximas a CDC, y pusieron en marcha una operativa de blanqueo de capitales mediante un clásico sistema de 'pitufeo' que, aplicado al caso, consistiría en que cada una estas personas ingresaba en la cuenta del partido político CDC una cantidad de dinero equivalente a la que previa o posteriormente el propio partido le entregaba al, en principio, supuesto donante voluntario, con conocimiento de su origen ilícito.

"Una conducta como la descrita, de quedar acreditada, tiene sin duda relevancia penal, en cuanto los supuestos 'donantes' realizan esta actividad exactamente para ocultar el verdadero origen del dinero ingresado en la cuenta del partido", concluye el instructor.

En su escrito, De la Mata destaca también que, tal y como indica el fiscal, en las declaraciones de las personas investigadas se ha expuesto de manera coincidente que las donaciones se realizaron a solicitud tanto de Osàcar como de Viloca, quienes ostentaban la condición de tesoreros de CDC.

Para el juez, el avance de la instrucción ha permitido establecer que las donaciones podían ser actos de afloramiento de dinero que les había sido entregado por CDC, procedente del delito.

Entre los elementos que lo sustentan, expone que las cantidades tenían una "sorprendente homogeneidad", de 3.000 euros, que las fechas en que se producen son próximas, que las cantidades no eran cuotas de afiliados, que tampoco eran pagos por aportaciones al partido realizadas por sus cargos electos con cargo a sus salarios públicos o que tampoco se correspondían con una campaña de donaciones que hubiera llevado a cabo CDC, solicitando un esfuerzo extra a sus militantes.

OSÀCAR, DECLARACIÓN CLAVE

El instructor apunta que a todo esto se añade la declaración de Osàcar, quien efectivamente confirma que "la operativa descrita correspondía a una operativa diseñada con la finalidad de lavar dinero generado por CDC de forma ilícita".

De esta forma, gracias a las donaciones conseguidas, lograban "cuadrar los déficits presupuestarios que cada año se generaban por la diferencia existente entre los ingresos previstos con los realmente generados por el partido".

"Afirma en su declaración que la persona que directa y personalmente ideó esta operativa, la planeó y dirigió su implementación fue el entonces Gerente del Partido, Gordó Aurabell", añade el juez.

Explica además el magistrado que Osàcar contó que con este afán, Gordó identificó cada año (al menos 2008 y 2010), una lista de potenciales "donantes" de entre miembros y simpatizantes de CDC, y le encomendó que les llamara personalmente, proponiéndoles que efectuaran una donación de tres mil euros al partido CDC mediante cheque bancario nominativo, a cambio de recibir la misma cantidad en dinero en efectivo de procedencia ilícita, que les entregaría en mano el propio Osàcar.

LISTA DE PARTICIPANTES EN LA OPERATIVA

Para llevar a cabo la maniobra se facilitó a Osàcar, por una persona del Departamento de Contabilidad y Finanzas de CDC, que no ha sido por el momento identificada, una cantidad en efectivo equivalente aproximadamente a tres mil euros por cada una de las personas incluidas en la lista.

Una vez recibida esta cantidad, el tesorero procedió conforme a lo ordenado por Gordó a las personas incluidas en la lista, recibió los cheques nominativos por importe de tres mil euros de aquellas que aceptaron participar en la operativa, y les entregó a cambio, a cada una, tres mil euros en efectivo.

Se extendieron y firmaron recibos por la entrega del cheque nominativo y no se hizo lo mismo con la entrega de la cantidad en metálico, que no se documentó en forma alguna. Seguidamente, Osàcar entregó personalmente y en mano la cantidad sobrante a Gordó, según el auto.

La declaración de Gordó tendrá lugar una semana después de que el sucesor de Osàcar en la tesorería, Andreu Viloca --también investigado en esta causa--, declarase ante el juez que no tenía constancia de ningún sistema de blanqueo de capitales, al menos desde 2011, año en el que accedió al cargo.