Las asociaciones de familiares de usuarios de residencias de personas mayores, Babestu de Álava y Bizkaia, Gipuzkuako Senideak, Irauli zaintza y familiares de usuarios de residencias y centros de día de Álava, y el Movimiento de Pensionistas de Euskadi, reunidos este viernes en Vitoria, han reiterado su preocupación porque los centros residenciales de atención a la dependencia «siguen sin ser sitios seguros para las personas usuarias y trabajadoras».

En un comunicado, han considerado «incomprensible» que ni el Lehendakari, Iñigo Urkullu, «en su función de director del Comité de Emergencia Sanitaria», ni los diputados generales, les den «una explicación pública» sobre el fallecimiento en agosto y septiembre de «más de 50 personas en las residencias» y del contagio de COVID-19 de «cientos de personas usuarias y trabajadoras».

«Se lo hemos pedido de manera reiterada y lo seguiremos haciendo porque tenemos derecho a saber, y es imprescindible conocer lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal, para poder mejorar», han advertido, para asegurar que ellos son «las personas más interesadas en conocer y participar» en las decisiones que afectan a sus condiciones de vida, como personas mayores y familiares.

Las asociaciones han denunciado que «el déficit de atención personal hacia las personas ingresadas se ha agudizado tras la crisis por la falta de personal, lo que aumenta las cargas de trabajo y la sensación de impotencia de los trabajadores».

Así mismo, han reprochado que «el incremento de los contagios y fallecimientos que derivan en aislamiento y eliminación de visitas de familiares, aumentan la sensación de soledad y abandono en las personas residentes». En muchos centros, han asegurado, «no se realiza un seguimiento eficaz del estado de salud de las personas, ni se están adoptando las medidas de prevención y detección necesarias para las personas que se incorporan a su trabajo.

Tras criticar que «se siguen sin gestionar los espacios y la movilidad de manera adecuada», han asegurado que la inspección «está siendo ineficaz». «Estamos pagando por segunda vez la falta de un plan de choque que dote a los centros de los recursos de prevención y de personal necesarios para evitar la pandemia», han alertado.

Según han advertido, van a seguir «peleando» hasta conseguir que las residencias sean «centros seguros y dignos, en los que las personas usuarias dispongan de la atención, que en todos los aspectos, necesitan», así como para «dignificar el trabajo de las personas cuidadoras y mejorar los ratios de personal y las condiciones de trabajo».

Su objetivo, han subrayado, es «cambiar el actual modelo de atención a la dependencia, construyendo una red de servicios socio sanitarios públicos universales, que garantice el derecho de las personas dependientes a una vida digna».

En ese sentido, han advertido de que, «si no se abordan con decisión las carencias y deficiencias denunciadas», en octubre volverán a salir a la calle y pedirán la colaboración de otros movimientos sociales, especialmente de mujeres y jóvenes, y organizaciones sindicales, para conseguir sus objetivos.

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha expresado su «indignación, decepción y enfado» por las declaraciones del director general de Tráfico, Pere Navarro, que «no ha aportado soluciones al problema de la falta de examinadores» y «ha arremetido contra los profesionales de la formación vial».

«El director de la DGT ha insinuado que los alumnos no están bien formados», ha lamentado el presidente de la patronal de las autoescuelas, Enrique Lorca, tras escuchar este jueves a Pere Navarro ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso.

Asimismo, ha criticado que Navarro «ha señalado el aumento en los exámenes prácticos de este verano con respecto al año anterior, pero ha omitido que durante el estado de alarma se dejaron de realizar 268.000″. «Es evidente que el problema aumenta y no se le da solución», ha lamentado.

Además, ante la advertencia de Pere Navarro, quien se ha negado a «bajar la exigencia» de los exámenes teórico y práctico de tráfico para facilitar la gestión de los mismos durante los meses de pandemia, Lorca ha aclarado que «en ningún momento» las autoescuelas han pedido tal cosa, ni lo harán. «La formación y el examen son piezas fundamentales para garantizar la seguridad vial», ha subrayado.

CNAE ha afirmado que «el único interés» que tienen las autoescuelas es «realizar su trabajo de manera transparente y profesional». «Llevamos más de 17 años con el problema de la falta de examinadores, ahora se ha agravado con la pandemia, pero como hemos señalado en muchas ocasiones, es algo estructural que hay que atajar de manera definitiva», ha añadido.

En la actualidad, hay cerca de 300.000 alumnos con el examen teórico aprobado, que no pueden obtener el permiso de conducir por falta de examinadores, y muchos de estos alumnos lo necesitan para trabajar o para presentarse a una oposición, según avisa CNAE.

«El sector está muy cansado de escuchar siempre, año tras año, excusas, promesas, pero la solución definitiva nunca llega», ha zanjado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que las universidades representan instituciones «tractoras» de una sociedad y ha detallado que el plan de financiación de las tres gallegas para el periodo 2022-2026, que se encuentra en negociación, fijará «sus objetivos básicos en docencia, investigación y transferencia de conocimiento».

Durante el acto de apertura del curso universitario 2020-2021, en el que ha estado acompañado por los rectores de las tres universidades gallegas, entre otras autoridades, y que ha tenido lugar en Vigo, ha insistido en la apuesta del Ejecutivo autonómico por «tres proyectos tractores» —un número que ha indicado que se podría incrementar– para reactivar la economía de la comunidad.

Tras elogiar la capacidad de las universidades para «tender puentes entre gallegos de distinto origen y pensamiento» y su «calidad», el presidente del Gobierno gallego ha llamado a buscar la «excelencia académica» y una «investigación competitiva». Para ello, ha indicado que se ha establecido el pacto para las titulaciones, que incorpora 13 nuevas y ajusta el aumento de plazas a la demanda y la empleabilidad.

Adicionalmente, el presidente de la Xunta ha señalado que «las universidades tienen blindadas las aportaciones por parte de las administraciones» y ha recalcado que desde 2018 superaron la financiación con la que contaban antes de la crisis.

De hecho, Feijóo ha concretado que en 2020 se alcanzaron los 443 millones de euros al tiempo que ha señalado la aportación de 3 millones de euros comprometida por parte de la Xunta para necesidades de las universidades gallegas derivadas de la pandemia. Además, ha destacado la aprobación de planes de contingencia para varios escenarios de la crisis sanitaria y la puesta en marcha de la docencia virtual.

ADAPTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Sobre ese punto, el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, ha puesto en valor la «experiencia adquirida» por las instituciones educativas superiores en su adaptación a las circunstancias derivadas de la pandemia. Además, ha remarcado que el trabajo realizado permitió que los estudiantes pudiesen finalizar el curso pasado de modo telemático, «adquirir las competencias que necesitaban» y «ser evaluados de un modo justo».

Así, Reigosa ha recordado que fue preciso adaptar la docencia a una modalidad en remoto, para lo que se creó «una copia virtual» de despachos, salas y laboratorios de la universidad que permite seguir las clases de modo presencial y ‘online’ al mismo tiempo. A ese respecto, ha afirmado que este servicio representa una «inversión» de cara a un futuro en el que se podría hacer llegar la formación a alumnos de distintos lugares.

También ha asegurado que la pandemia conllevó la necesidad de «buscar soluciones a la brecha digital», para lo que ha recordado que se pusieron dispositivos con acceso a Internet a disposición de alumnos. Además, el rector de la UVigo ha destacado las ayudas concedidas a estudiantes cuyas familias habían sido sometidas a ERTE por la crisis y los proyectos de investigación puestos en marcha en el seno de la universidad.

De este modo, Manuel Reigosa ha concluido que los meses en los que se registró el primer pico de contagios supusieron un «aprendizaje» que derivó en la aplicación de sistemas de rastreo y clases virtuales para este curso.

Asimismo, ha destacado el «papel central» que ejercen en las universidades en la docencia y la investigación y ha llamado a apostar por la innovación.

De cara al futuro, Manuel Reigosa ha apuntado a la crisis demográfica y la despoblación y el envejecimiento del rural como los principales retos a afrontar en Galicia.

Por otro lado, ha previsto que el peso de la industria en la comunidad permitirá que su recuperación de la crisis económica sea «rápida» y ha incidido en que para ello se dispondrá de fondos europeos de reconstrucción.

«ACELERACIÓN SOCIAL»

Por su parte, el catedrático de Economía Aplicada de la UVigo Xosé Carlos Arias ha sido el encargado de la apertura del acto mediante una intervención en la que ha abordado «la dinámica generalizada de aceleración social» presente en la actualidad.

En este sentido, ha identificado esta situación como un «fenómeno cultural de primer orden» desarrollado durante el siglo XX y motivado por los «grandes cambios organizativos y gerenciales del capitalismo moderno» y la «revolución tecnológica de los flujos de información».

Además, el catedrático de Economía Aplicada ha destacado que el confinamiento decretado la pasada primavera no afectó a los flujos financieros y digitales, que no se detuvieron. Así, ante la situación actual ha incidido en que resulta «imprescindible reforzar la política de regulación financiera».

El tenor Piotr Beczala y la soprano Sondra Radvanovsky abrirán la temporada 2020-2021 en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona este domingo, acompañados de Camillo Radicke al piano, con arias y dúos de Verdi, Puccini, Giordano y Mascagni con los que «ofrecer esperanza» a los espectadores.

Según ha recordado el director artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, se trata de la segunda vez que los cantantes actúan juntos en la sala, tras su «recordadísima» actuación en el 2019 de la ópera ‘Luisa Miller’ de Verdi.

Para Garcia de Gomar, tener a ambos cantantes en el teatro lírico es «excepcional», y ha asegurado que el dúo ya se ha convertido en una de las parejas más importantes del mundo de la ópera de la historia, junto a Plácido Domingo y Montserrat Caballé, entre otros.

El recital coincidirá con la inauguración de la primera exposición de la temporada en el Balcón Foyer, en la que el fotógrafo Paco Amate hará un recorrido por todos los títulos de la programación de la temporada, con una mirada «onírica y llena de texturas».

COMO EN CASA

Al ser preguntados por su decisión de venir a España, los dos cantantes han asegurado sentirse seguros aquí, y Radvanovsky ha dicho que el Liceu para ella ha sido como su casa, desde que debutó como protagonista de ‘Aida’ en el 2012.

También han explicado que, en la situación profesional en la que están ahora, ninguno ha sufrido especialmente el parón de estos últimos meses –que les ha servido para descansar–, pero han lamentado la situación de los artistas jóvenes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Liceu ha destinado 480.000 euros para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad frente a la pandemia: habrá renovación de aire permanente, los asistentes recibirán una recomendación de la hora de llegada para evitar colas, no habrá servicio de guardarropía ni de venta de entradas físicas, y en su lugar habrá una ampliación del servició de atención al cliente, entre otras medidas.

Abrirá con el aforo limitado a un 50% –lo que suponen 1.144 localidades disponibles en el Liceu–, y los asistentes deberán sentarse en asientos alternos.

Pretenden mantener esta situación durante bastante tiempo para «dar la máxima estabilidad posible en la incertidumbre», aunque esto podría cambiar en el caso de que Barcelona entrara en el nivel tres de control epidemiológico, que pone un límite de 1.000 asistentes.

1.500 ABONADOS MENOS

También han explicado que abren temporada con 1.500 abonados menos, lo que supone un descenso del 11%, aunque han asegurado que en sus estimaciones presupuestarias habían previsto perder el 20% de los abonados.

Este descenso ha sido especialmente pronunciado en los turnos populares.

Con motivo del Día Europeo de las Lenguas que se celebra cada 26 de septiembre, el Gobierno foral ha destacado «el valor del plurilingüismo, la diversidad lingüística y cultural de Navarra y las posibilidades que el conocimiento de idiomas abre a la ciudadanía».

Con los mismos objetivos, el Departamento de Relaciones Ciudadanas, a través de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera, decidió sumarse por segundo año consecutivo al Día Europeo de las Lenguas, que se celebra el 26 de septiembre, con la campaña ‘Con el plurilingüismo llegarás muy lejos’, en la que han participado cientos de personas.

A través de esta iniciativa, el Gobierno de Navarra ha querido destacar el conocimiento de lenguas y sensibilizar, principalmente a la población más joven, acerca de la diversidad lingüística «como elemento de riqueza cultural» y motivando a la población a aprender diferentes lenguas, propias o extranjeras.

La campaña se inició el pasado día 11 en Pamplona, con un stand informativo y la colocación de un mural, ha concluido este viernes tras recorrer otras localidades navarras como Sangüesa, Aoiz o Tafalla. En todas ellas se han elaborado unos murales con palabras escritas en diferentes idiomas enmarcadas en la imagen de unas alas, relacionadas con el spot y el cartel de la campaña.

Además de estas acciones de calle, la campaña se ha difundido a través de emisoras de radio, televisión, prensa escrita y redes sociales.

Durante el desarrollo de esta campaña, Euskarabidea ha contado con la colaboración y participación activa de ayuntamientos, centros escolares o Casas de la Juventud. Así, han sido numerosos los estudiantes, profesorado, jóvenes, familias y ciudadanía en general quienes se han acercado a los murales, creaciones que van a permanecer, salvo el de Pamplona, en el frontón de Aoiz, la Casa de la Juventud La Kolasa de Tafalla y en el instituto de Sangüesa.

El Día Europeo de las Lenguas nació en 2001 como iniciativa de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, que representa a 800 millones de personas de 47 países. Esta efeméride, cada 26 de septiembre, celebra la diversidad lingüística de un continente, en este caso, Europa, con más de 200 lenguas propias.

El Gobierno de Navarra, a través de Euskarabidea, se suma a esta iniciativa común e invita a toda la ciudadanía a participar en esta celebración de la diversidad lingüística.

El Ayuntamiento de Pamplona, dentro de ‘Go Green’, la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático de la ciudad, trabaja en la gestión forestal sostenible de cara a la recuperación de bosques autóctonos para incrementar la biodiversidad del término municipal. El Consistorio tiene en propiedad 15 hectáreas de bosque en diversas parcelas.

Este viernes por la mañana ha tenido lugar una demostración de un software novedoso que usa la inteligencia artificial para llevar a cabo el inventario forestal. Los desarrolladores han realizado el ensayo en una masa de pino laricio de propiedad municipal y ante 21 alumnos del CI Agroforestal del Gobierno de Navarra.

Partiendo de algo que ya existía, un sistema láser-escáner terrestre móvil, el programa recoge e interpreta datos sobre las masas forestales de forma automática. Así, el láser lanza 300.000 pulsos de luz por segundo.

Los rayos, al rebotar sobre el árbol, generan nubes de puntos, una información que, tras pasar por este software de nuevo desarrollo, devuelve de forma automática una interpretación del diámetro, altura o volumen de tronco de los ejemplares que halla en su radio de acción y, además, los georreferencia.

El programa es capaz, posteriormente, de dar la información de cada árbol, de los valores acumulados por nivel parcela y hectárea y expresar los valores medios de la masa forestal.

Este sistema, que investiga la Universidad de Castilla-la Mancha dentro de un proyecto nacional, busca facilitar más precisión en los inventarios de masas forestales y reducir el coste de la forma tradicional de mediciones manuales, ha destacado el Consistorio pamplonés en un nota.

Esta mañana Francisco Ramón López Serrano, coordinador del proyecto Go Monte Digital en el que participa la Universidad de Castilla-La Mancha y las empresas DIELMO 3D y NATURTEC, ha estado realizando mediciones automatizadas en las parcelas 1.750 y 1.758, propiedad del Ayuntamiento de Pamplona, espacios que albergan tres de las cuatro masas boscosas patrimoniales de la ciudad.

Los resultados de esta particular sesión se compararán con los obtenidos por el método clásico (ya realizados) y servirán, de paso, para testar la tecnología, aún en investigación.

Han asistido a la demostración el concejal delegado de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Pamplona, Fermín Alonso; Elena Baeza, jefa de gestión Forestal del correspondiente departamento de Gobierno de Navarra, así como el director del CI Agroforestales, Miguel Angel Jordán y personal de Guarderío de Medioambiente, entre otras personas.

GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

Pamplona tiene bosque en propiedad en Ezkaba/San Cristóbal y Mendebaldea hasta sumar 15 hectáreas. El manejo forestal, en el que el Consistorio viene trabajando desde 2012 y 2013, daría además cumplimiento al Plan Municipal de Pamplona sobre mejora DE la calidad del bosque y minimizará el riesgo de incendio.

El bosque de Ezkaba/San Cristóbal se corresponde con una masa adulta, en torno a los 45 años de edad, de pino laricio (Pinus nigra) procedente de repoblación. Actualmente presenta una densidad muy elevada impidiendo un correcto desarrollo de los ejemplares existentes.

Por ello, resulta importante intervenir en estas masas aplicando criterios de gestión silvícola que garanticen un correcto estado de conservación y estabilidad de las mismas, al mismo tiempo que permiten ir avanzando en la recuperación a medio plazo del bosque autóctono de quercíneas, favoreciendo la regeneración de roble y encina, han resaltado desde el Consistorio.

La regeneración a su vez, aumentará el índice de biodiversidad del término municipal ya que, según los estudios realizados por el Consistorio, precisamente las zonas de San Cristóbal y Ezkaba, junto con las riberas de los ríos, son los espacios con mayor valor natural de todo el término.

En este paraje se encuentra un 29% de las especies identificadas en el último estudio de biodiversidad de las aves en Pamplona (16 de las 55), además del 70% de los reptiles (7 de 10 especies) y el 43% de las plantas silvestres (82 especies).

En este caso, y gracias a un convenio firmado entre Consistorio y C.I. Agroforestal, los alumnos que estudian Grado Medio y Superior en Gestión Forestal en este centro realizan trabajos prácticos de inventario, marcaje, apeo y saca de madera por medios mecánicos que será contrastado por el Servicio de gestión Forestal y Cinegético y Guarderío Forestal antes de la autorización ambiental.

En espera del análisis de los resultados obtenidos de la fase inventario, se estima pueda extraerse entre un 30-50% de los pies, lo que vendrá a ser del orden de unos 150-200 toneladas métricas por hectárea.

Parte de esa madera se destinará a los trabajos del alumnado de la Escuela Taller de ‘Montaje de muebles y transformación de la madera’ y el resto se destinará a la fabricación de biomasa, generando ingresos para el Ayuntamiento. Toda esta madera ha sido certificada bajo el sistema de gestión forestal sostenible PEFC.

El Papa ha defendido la importancia de promover la salud pública y permitir a todos la atención médica básica al tiempo que ha incidido en la necesidad de «privilegiar» a los pobres y a los vulnerables en el acceso a una vacuna contra la enfermedad originada por el virus SARS-CoV-2.

«Renuevo el llamado a los responsables políticos y al sector privado a que tomen las medidas adecuadas para garantizar el acceso a las vacunas contra el COVID-19 y a las tecnologías esenciales necesarias para atender a los enfermos. Y si hay que privilegiar a alguien, que ése sea el más pobre, el más vulnerable, aquel que normalmente queda discriminado por no tener poder ni recursos económicos», ha manifestado el Santo Padre.

El pontífice ha hecho estas declaraciones por videoconferencia en el marco del septuagésimo quinto aniversario de la ONU, una edición marcada por la pandemia en la que los líderes mundiales se han reunido de forma telemática.

El obispo de Roma ha vuelto a analizar las consecuencias sociales y económicas de la irrupción del coronavirus al señalar que «la solidaridad no puede ser una palabra o una promesa vacía».

Por ello ha reclamado a la comunidad internacional esfuerzos para «terminar con las injusticias económicas» al tiempo que ha vuelto a pedir que se «alivie» la deuda de los países en vías de desarrollo y que se supriman los paraísos fiscales.

«Una nueva ética supone ser conscientes de la necesidad de que todos se comprometan a trabajar juntos para cerrar las guaridas fiscales, evitar las evasiones y el lavado de dinero que le roban a la sociedad, como también para decir a las naciones la importancia de defender la justicia y el bien común sobre los intereses de las empresas y multinacionales más poderosas», ha señalado.

En su discurso también ha afeado los resultados el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático firmado en 2015 han evidenciado «la poca capacidad de la comunidad internacional para cumplir sus promesas». Por ello, ha reiterado su deseo de evitar «toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias». El Papa ha nombrado la peligrosa situación en la Amazonía y sus poblaciones indígenas y ha recordado que la crisis ambiental está «indisolublemente ligada» a una crisis social.

El Papa ha hecho hincapié en las devastadoras consecuencias de la crisis del Covid-19 en «los niños, comprendiendo los menores migrantes y refugiados no acompañados». Así ha lamentado que la violencia contra los niños, incluido «el horrible flagelo» del abuso infantil y de la pornografía hayan aumentado.

También ha denunciado que la familia es víctima de colonialismos ideológicos en muchas partes del mundo. «Es triste ver cuán simple y conveniente se ha vuelto, para algunos, negar la existencia de vida como solución a problemas que pueden y deben ser resueltos tanto para la madre como para el niño no nacido», ha señalado después.

Por otro lado, ha reivindicado la contribución única de la mujer en todos los niveles, pero ha lamentado que muchas «quedan rezagadas» como víctimas de la esclavitud, la trata, la violencia, la explotación y los tratos degradantes.

«A ellas y a aquellas que viven separadas de sus familias, les expreso mi fraternal cercanía a la vez que reitero una mayor decisión y compromiso en la lucha contra estas prácticas perversas que denigran no sólo a las mujeres sino a toda la humanidad que, con su silencio y no actuación efectiva, se hace cómplice», ha manifestado.

Ante la Asamblea de la ONU ha arremetido contra «la carrera armamentista» que incluye las armas nucleares y continúa «desperdiciando recursos preciosos» que sería mejor utilizar en beneficio del desarrollo integral de los pueblos y para proteger el medio ambiente natural.

En otro momento del discurso, el Papa ha denunciado la sociedad donde rige «el descarte» en la no se respeta la dignidad humana y hay «un deseo de poder y de control absolutos». Y ha referido: «Digámoslo por su nombre: esto también es un atentado contra la humanidad».

El Papa ha defendido el «fortalecimiento del multilateralismo» frente a las actitudes de «autosuficiencia, nacionalismo, proteccionismo, individualismo y aislamiento, dejando afuera los más pobres, los más vulnerables, los habitantes de las periferias existenciales». De este modo, ha indicado los dos Pactos Mundiales sobre Refugiados y para la Migración como un camino para salir de la crisis si bien ha denunciado que «carecen del apoyo político necesario para tener éxito.

Así, ha dicho que el multilateralismo fracasa por los Estados individuales «eluden sus responsabilidades y compromisos» y ha instado a la ONU a convertirse en un taller de paz «cada vez más eficaz». Para el Papa para lograrlo se requiere que los miembros del Consejo de Seguridad, especialmente los Permanentes, actúen con mayor «unidad y determinación».

En este sentido, ha aprobado la reciente adopción del alto al fuego global durante la presente crisis, que ha definido como «una medida muy noble, que exige la buena voluntad de todos para su implementación continuada». Asimismo, ha reiterado la importancia de «disminuir las sanciones internacionales que dificultan que los Estados brinden el apoyo adecuado a sus poblaciones».

Para el Papa, la erosión del multilateralismo resulta todavía más grave «a la luz de nuevas formas de tecnología militar, como son los sistemas letales de armas autónomas (LAWS), que están alterando irreversiblemente la naturaleza de la guerra, separándola aún más de la acción humana.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no reconoce su voz en la frase «se han pasado tres montañas» que ha sido captada a micrófono abierto nada más concluir el acto de entrega de despachos a los jueces celebrado este viernes en Barcelona, y que varios medios le han atribuido, han señalado fuentes ministeriales.

En este acto, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha exteriorizado el «enorme pesar» que ha supuesto para toda la carrera judicial la no asistencia del rey Felipe VI.

La frase se ha podido escuchar una vez Lesmes dio por concluido el acto, que tuvo como colofón un sonoro ‘Viva el Rey’ que había sido propuesto para ser coreado «con toda moderación y también con toda convicción» por el vocal del CGPJ designado a propuesta del PP José Antonio Ballestero.

En ese momento todos los integrantes de la mesa presidencial, –en la que además de Campo y Lesmes se encontraban la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el director de la Escuela Judicial y el secretario general del Consejo– se estaban levantando de la mesa. Y ha sido en un momento en el que Campos y Lesmes se acercaban el uno al otro con la mascarilla puesta cuando se ha oído la críptica expresión.

COLOFÓN CON LLAMADA DEL REY El acto celebrado en Barcelona, lejos de ser algo meramente formal y protocolario como en otras ocasiones, ha tenido este año un colofón poco habitual, pues el propio rey Felipe VI ha telefoneado a Lesmes para comunicarle que le «hubiese gustado» acompañarle en la entrega de despachos a los nuevos jueces.

Así lo ha comunicado el propio Lesmes a los integrantes de la última promoción de la Carrera Judicial durante un encuentro que ha mantenido con ellos al término del acto oficial, según ha adelantado El Español y ha podido confirmar Europa Press.*

Momentos antes, durante su discurso oficial, Lesmes ha manifestado este viernes su «enorme pesar» por la ausencia de Felipe VI, «sean cuales sean las circunstancias que lo han motivado», en un acto solemne al que había acudido todos los años. Ha subrayado que la propia Constitución señala que la justicia se imparte en nombre del rey, «símbolo de unidad y permanencia» del Estado.

De este modo, Lesmes daba cumplimiento al acuerdo alcanzado este jueves por la Comisión Permanente del órgano que preside, que renunció a hacer público un comunicado institucional sobre el veto al Rey para que fuera el propio presidente del Poder Judicial quien evidenciara el malestar en la Carrera Judicial durante su discurso oficial.

«Nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también, y sobre todo, porque la presencia de Su Majestad el Rey, del Jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial, vinculación que forma parte de nuestra tradición histórica desde la Constitución de Cádiz de 1812, y que sirve además para resaltar la dignidad de nuestra función», ha añadido.

También se ha ausentado del acto de Barcelona el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, alegando problemas de agenda. Si han estado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que han participado en la entrega despachos a los nuevos jueces que han acudido, ya que un grupo de ellos se han ausentado también en protesta por lo ocurrido en relación con el jefe del Estado. Se trata de la primera ocasión en la que Felipe VI, que había confirmado inicialmente su presencia en Barcelona, no acude a este acto institucional.

Entre las incidencias en un acto de carácter tan formal, la ausencia de al menos 15 de los 62 alumnos de la Escuela Judicial convocados para la recogida de sus primeros destinos como jueces no han acudido al acto, nueve de los cuales habrían avisado de su ausencia antes de que se conociera la ausencia del monarca, debido a problemas relacionados con el COVID-19.

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena inclusión España quieren que el Congreso garantice el apoyo en la toma de decisiones de las personas con discapacidad y han entregado a los grupos parlamentarios enmiendas, en este sentido, para mejorar la ley por el que, sobre esta materia, se está tramitando en el Parlamento.

Tal y como han informado ambas organizaciones, estas enmiendas proponen incluir de manera explícita los ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales en los que participen personas con discapacidad, incluyendo la adaptación de documentos a lectura fácil y el apoyo profesional para facilitar su participación en el proceso, con el fin de garantizar su derecho a la accesibilidad y al acceso a la justicia.

Del mismo modo que se insta a dar relevancia al «importante papel que ejercen las organizaciones sociales que prestan apoyos a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y con las que se debe contar para la correcta aplicación de esta reforma», según ha explicado la directora de AEFT, Irene Yepes.

En este sentido, se propone añadir el requerimiento de informes de los servicios sociales públicos competentes y de las organizaciones sociales relacionados con la persona, con el fin de que la autoridad judicial cuente con toda la información posible para establecer las medidas de apoyo que mejor se adecuen a las necesidades de cada persona.

LA PERSONA EN EL CENTRO

En relación con las garantías, desde ambas organizaciones solicitan que se incluya una periodicidad mínima de un año para presentar el informe sobre la situación personal o patrimonial de la persona apoyada en línea con las salvaguardas establecidas en la Convención en cuanto al derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley.

Además, también se recoge en las enmiendas un refuerzo a la importancia de mantener a la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo en el centro de las decisiones sobre las medidas de apoyo que se consideren adecuadas en su caso y su participación real en el proceso judicial.

Por ello, indican las organizaciones, en puntos concretos del articulado, se propone resaltar que estas medidas pueden derivar de una resolución judicial o de lo que decida la propia persona.

Para el presidente de Plena inclusión España, Santiago López, «esta reforma representa un avance significativo en el respeto de los derechos de las personas con discapacidad gracias a la eliminación de la modificación total de la capacidad jurídica y la garantía de un modelo de provisión de apoyos».

«Esperamos que se dote de los mecanismos y herramientas que garanticen dicho modelo, así como de una sensibilización y formación adecuadas a los profesionales del Poder judicial y de la abogacía en el espíritu de la Convención de Naciones Unidas y el de la reforma de esta legislación», ha concluido.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este viernes ante la Junta de Gobierno de la Policía Nacional la elección de una cúpula seleccionada «con criterios estrictamente profesionales» y dentro del «ejercicio de normalidad institucional».

Grande-Marlaska ha presidido en el Complejo de Canillas la toma de posesión de tres nuevos comisarios principales miembros de la Junta de Gobierno en un acto sin cobertura de prensa y con aforo limitado por los protocolos sanitarios para evitar la propagación del Covid-19.

Se trata de Agustín Alonso-Carriazo López como subdirector general de Recursos Humanos y Formación, Rafael Pérez Pérez como comisario general de Policía Judicial y de Alicia Malo Sánchez, jefa de la División de Cooperación Internacional.

El ministro ha defendido que estos nombramientos ratifican «el diseño estratégico de dotar a la Policía Nacional de una estructura orgánica más operativa y de un equipo directivo seleccionado con criterios estrictamente profesionales». Para Grande-Marlaska, la toma de posesión celebrada este viernes «es un ejercicio de normalidad institucional por el que podemos felicitarnos» porque «muestra el estado de buena salud del que goza el cuerpo.

Los nuevos miembros de la Junta de Gobierno son tres profesionales que «por sus propios méritos acceden a la cúpula de mando de la Policía Nacional, a la que llegan como culmen de una trayectoria en la que han atesorado experiencia, conocimientos y méritos suficientes para alcanzar esta alta responsabilidad», ha añadido el ministro.

En el acto han participado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, el director general de la Policía, Francisco Pardo, y el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha resaltado que las nuevas incorporaciones a la Junta de Gobierno completa un «equipo rodado, muy cohesionado, experimentado y muy profesional» que debe gestionar el futuro del cuerpo, que pasa por la mejora de la formación de los agentes, la modernización y la transformación digital, la consolidación de su presencia internacional, y la mejora de la eficiencia operativa sin desatender a los colectivos más vulnerables.

El Gobierno español defiende la decisión del alto representante de la UE, Josep Borrell, de enviar a Venezuela una misión diplomática para explorar la posibilidad de facilitar un diálogo entre gobierno y oposición que permita convocar elecciones democráticas en una fecha posterior al 6 de diciembre.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación han subrayado, además, que el envío de esta misión se enmarca en el mandato que le dio del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, que se reunió la semana pasada, y en las conversaciones que mantuvo el lunes el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

Las fuentes consultadas señalan que es evidente que en la actualidad no se dan las condiciones para que las elecciones del 6 de diciembre sean democráticas, libres y transparentes y que tampoco hay tiempo para que la UE envíe una misión de observación electoral.

Sin embargo, también defienden que no se debe perder la oportunidad de explorar si es posible un aplazamiento electoral que permita una convocatoria democrática, con garantías pactadas entre el Gobierno y la oposición.

La misión la forman el vicesecretario general de Asuntos Exteriores de la UE, Enrique Mora, y el director para América del Servicio Europeo de Acción Exterior, Javier Niño Pérez. Estarán en Venezuela hasta el lunes y entre sus contactos podrían verse con Nicolás Maduro, según han informado fuentes europeas. Su objetivo es reunirse también con la oposición, con agentes sociales y con representantes de la Iglesia.

Antes del viaje, el Secretariado del Grupo Internacional de Contacto informó de él a todos los países que forman este grupo y también lo hizo con los Estados de la UE el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que lidera Borrell, que lo transmitió a los directores políticos de los Ministerios de Exteriores.

Las fuentes no se han pronunciado sobre si la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, estaba informada ni sobre si debía estarlo y se remiten al SEAE para los procedimientos. Recuerdan, eso sí, que Borrell es vicepresidente de la Comisión.

Argumentan, en cambio, que Borrell tiene un mandato expreso de todos los países que forman el Grupo Internacional de Contacto de explorar las posibilidades de que se celebren elecciones democráticas. Con todo, no dan pistas de su hay indicios que permitan aventurar movimientos y se limitan a señalar que precisamente una de las funciones de la misión enviada por Borrell es hacer ese diagnóstico.

Las fuentes insisten en que no corresponde a la UE fijar la fecha de las elecciones ni tampoco las condiciones para que sean democráticas, sino que eso es algo que deben decidir los propios venezolanos en un diálogo.

Por lo pronto, el G4 ha transmitido que quiere liberación de presos, la posibilidad de que en las elecciones participen todos los partidos y que cesen las causas políticamente motivadas contra los líderes de la oposición, la devolución de la titularidad de los partidos, un calendario electoral y una observación de los comicios que sea independiente.

CUARTA MISIÓN DEL GRUPO

Recuerdan, además, que es la cuarta misión del Grupo de Contacto a Venezuela. La primera fue en marzo de 2019, recién creado el grupo, para analizar el sistema electoral; la segunda en abril, para evaluar la situación humanitaria y la tercera en mayo del mismo año, aunque en esta ocasión fue de nivel político –participó el entonces secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia–.

Después comenzó un diálogo entre Gobierno y oposición auspiciado por Noruega que hizo a la UE y el Grupo de Contacto dar un paso a un lado. Sin embargo, este diálogo no consiguió todos los resultados esperados y, a partir de ese momento, según estas fuentes, los actores venezolanos buscaron contactar con Borrell.

De hecho, contactaron con él tanto el llamado G4 de la oposición –Primero Justicia, del que forma parte Henrique Capriles; Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López y los socialdemócratas Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo– como el régimen, que invitó a observar las elecciones, y también los sectores que se alinearon con Henrique Capriles cuando éste se desmarcó del boicot a las elecciones del 6 de diciembre.

Con la información de todos los ámbitos, Borrell convocó el Grupo de Contacto a nivel ministerial y preguntó si debía retomar el proceso de hace un año para explorar la posibilidad de conseguir condiciones para unas elecciones democráticas y tanto el Grupo como el Consejo de Ministros lo autorizaron.

Un total de 138 refugiados sirios, 53 de ellos niños, aterrizaron este jueves en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas para iniciar su proceso de reasentamiento en España, según ha informado la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

Los refugiados llegan al país en el marco del programa nacional de reasentamiento de España y suponen la reanudación del mismo después de su suspensión temporal el pasado marzo, debido a las restricciones de movilidad global impuestas por la crisis sanitarias generada por el Covid19.

«Estamos encantados de que el grupo haya llegado a salvo a España y nos enorgullece especialmente esta operación, que se coordinó estrechamente con el Gobierno español en una clara demostración de cumplimiento de los compromisos internacionales», ha declarado la jefa de la Oficina de la OIM en España, María Jesús Herrera.

Herrera ha destacado que este acuerdo entre España y Líbano supone que ambos siguen apoyando «vías seguras en tiempos difíciles» y muestra «un creciente reconocimiento de la importancia de mejorar las herramientas comunes e integrales de gobernanza de la migración, como los programas de reasentamiento».

AGRADECIMIENTO AL GOBIERNO

Su homólogo en el Líbano, Fawzi Alzioud, ha celebrado la reaundación del programa, así como «el apoyo humanitario» de los países anfitriones. En este sentido, ha agradecido al Ejecutivo de Sánchez su «eficiencia, efectividad y cooperación para recibir y acoger a estas familias vulnerables».

«También extendemos nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno libanés, la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y todas las organizaciones asociadas por su excelente colaboración y facilitación durante todo el proceso de reasentamiento», ha añadido.

La OIM apunta que España fue, a principios de 2020, uno de los primeros países en considerar y utilizar las «misiones de selección virtual», en el Líbano, que han permitido identificar a los refugiados para el reasentamiento durante la época de restricciones y distanciamiento físico por la pandemia.

La organización ha explicado que, a su llegada a Madrid, los refugiados fueron recibidos por un equipo de la OIM en España, junto con ONG españolas, ACNUR y autoridades nacionales.

200 REFUGIADOS SIRIOS EN 2020

Ahora, las ONG españolas están ayudando a los refugiados recién reasentados con su alojamiento en diferentes regiones del país y trabajadores sociales les apoyarán en su nuevo entorno durante los primeros 18 meses, con un enfoque especial en los primeros seis meses.

En este periodo, ayudarán a los refugiados a acceder a los derechos y la atención médica, mientras adquieren las herramientas para una integración exitosa en España.

Con este nuevo viaje, España ha recibido en 2020 un total de 200 refugiados sirios a través de este programa que está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración de España. El programa nacional también incluye el reasentamiento de refugiados de Turquía y Egipto.

Los análisis de la presencia del coronavirus en las aguas residuales de València reflejan que la ciudad se encuentra en una «fase estable» después de transcurridas varias semanas desde que se inició el curso escolar.

Así lo ha explicado la concejala de Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía, que ha presentado este viernes en rueda de prensa los resultados del análisis, según ha explicado el Ayuntamiento de València en un comunicado. La edil ha apelado a «la responsabilidad y el esfuerzo de la ciudadanía, porque en cuestión de propagación del virus, en un período de 7-10 días» la situación puede variar.

Por zonas, Nou Campanar, Ciutat Vella y Quatre Carreres son las de mayor incidencia de COVID-19 en la última semana. El Palmar «también ha registrado un aumento significativo», por lo que desde el consistorio estarán «muy pendientes», si bien se trata de un área «geográficamente bien aislada y se pueden acotar bastante bien las medidas», ha explicado Valía.

«Estamos también pendientes de los sectores que tienen algún hospital, porque podría desvirtuar evidentemente los resultados», ha detallado, antes de explicar que se está desarrollando «toda una metodología para interpretar los resultados, que no siempre son fáciles», ya que hay que tener en cuenta «la fisionomía de la propia red de alcantarillado, porque hay algunas zonas que tienen más caudal que otras y, por tanto, un mismo valor en un punto y en otro puede representar diferentes cosas».

La edil ha destacado como «hito fundamental» en el estudio de restos de coronavirus en las aguas residuales de la ciudad el 7 de septiembre, «cuando se inició la actividad escolar» y «se iniciaban también otras muchas actividades». «Hemos estado muy pendientes durante las dos semanas posteriores de cómo se desarrollaban los análisis y los resultados para ver la incidencia y la propagación del virus».

En ese sentido, ha asegurado que la ciudad está «en una fase estable». «Nos encontramos en una fase de cierta estabilidad, dentro de que nos encontramos en una fase de magnitudes más altas, de valores más altos si tenemos en cuenta desde el inicio del estudio», que comenzó a realizarse el pasado 12 de mayo.

Así, ha asegurado que «la magnitud está siendo relativamente estable» y que, aunque hay «unos días con mayor incidencia que otros», se regustran «incrementos espectaculares o significativos que supongan un indicio de que pueden incrementarse los números de PCR de la ciudad», ha señalado.

De hecho, los datos de la Conselleria de Sanidad sobre PCR confirmados en el municipio de València «reflejan una situación similar a la que reflejan los análisis de aguas residuales», ha indicado. «Ahora mismo estamos en un momento en que podemos decir que la cantidad de PCR que se van confirmando día a día están estabilizados, tenemos unos resultados que por lo menos demuestran un control de la situación», ha añadido.

EVOLUCIÓN DE LOS DATOS DESDE MAYO

Valía ha ofrecido una «visión general sobre la evolución de los datos» sobre restos de coronavirus en las aguas residuales de València desde que comenzó a realizarse este estudio el 12 de mayo. «En la desescalada teníamos algunos incrementos en algunos días, pero más o menos se mantenía en un rango determinado, pero a partir de mediados de julio hemos pasado a otras magnitudes de datos en el conjunto de la ciudad», ha explicado.

El «pico» en el mes de julio, «lo hemos considerado, no un rebrote desde el punto de vista epidemiológico, pero sí un punto de inflexión desde el punto de vista de nuestro estudio».

En cuanto al mes de agosto, tras decretarse el cierre del ocio nocturno y la restricción de horarios de algunos establecimientos, «se ve que sí que se consiguió controlar el aumento significativo de agosto».

«Conseguimos reducirlo a finales de agosto, algo muy positivo, puesto que en septiembre, al margen de los colegios, se iniciaban también muchas otras actividades, y para nosotros era muy importante iniciar el mes de septiembre con unos niveles lo más bajos posibles para poder tener más garantías de que ese período se iba a desarrollar con normalidad», ha detallado.

SEGMENTAR LOS RESULTADOS POR ZONAS

Una «de las potencialidades más importantes» de la herramienta de detección de coronavirus en aguas residuales es la posibilidad de segmentar los resultados por zonas.

«Hemos elaborado un plano de la ciudad con la sectorización que hemos utilizado y hemos grafiado más oscuro los barrios, los sectores que más incidencia tienen, y más claro los que menos, para que se pueda ver de forma muy rápida cómo va evolucionando la incidencia en todos los sectores de la ciudad», ha precisado la edil. A partir de ahora, este será el tipo de gráfico utilizado para comunicarse con la ciudadanía sobre cuál es la situación en su contexto.

El ex prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Cardenal Giovanni Angelo Becciu, quien cesó de su cargo este jueves en un gesto insólito en el que le fueron también cancelados sus «derechos relacionados con el cardenalato» ha señalado que no entiende la decisión del Papa al tiempo que ha negado su implicación en el escándalo financiero de Londres.

«No entendí bien por qué el Papa me hizo esto. Quiero saber más por qué esta gravedad para mí no está bien. Cómo él me presentó las cosas me parece que no está bien», ha asegurado en una rueda de prensa el purpurado que de momento, según las informaciones de la prensa, no ha sido imputado por la fiscalía del Vaticano.

Becciu, que ha reconocido que su dimisión forzada le ha causado «sufrimiento», ha defendido en todo momento su posición como Sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano entre 2011 y 2018, periodo que coincide con la compra opaca de un lujoso edificio en Londres, en Sloane Avenue, y con operaciones de malversación de fondos en torno al Óbolo de San Pedro que recoge los donativos de los fieles para las obras de caridad del pontífice.

«Para el edifico de Londres, el Óbolo de San Pedro no se tocó, no se usó», ha aseverado sobre la investigación de la fiscalía vaticana de la compraventa de un inmueble de lujo en Londres con fondos reservados de la secretaría de Estado que acabó con la detención el agente inmobiliario italiano, Gianluigi Torzi, que fue puesto en libertad con cargos.

Según ha publicado la revista italiana ‘L’Espresso’, el ex cardenal italiano tejió a su alrededor una red de corrupción para pilotar inversiones vaticanas hacia fondos especulativos con sede en paraísos fiscales. La revista le acusa de haber transferido hasta 100.000 euros del mismo Óbolo de San Pedro, sobre el que tenía autoridad directa como Sustituto de la Secretaría de Estado, hasta la cooperativa cooperativa Spes, cuyo representante legal es su hermano, Tonino Becciu. Esta suma estaría vinculada, según su versión, a obras de reforma en la sede de Cáritas Ozieri (provincia de Sácer, en Cerdeña).

Becciu se ha mostrado sorprendido ante estas acusaciones y ha señalado que se ha usado esa suma para la reconstrucción tras un incendio y adaptación de las infraestructuras para acoger a inmigrantes. En concreto, ha señalado que se usaron en la «reforma de puertas y ventanas» así como en programa para ayudar a las personas en paro en Cerdeña.

«Sé que en mi diócesis hay una emergencia, sobre todo por el desempleo y quise destinar esos 100.000 euros a Cáritas. Es un dinero que todavía está allí, no sé por qué me han acusado de malversar fondos», ha asegurado.

Por otro lado, ha defendido que la cooperativa de su hermano trabajaba «con los pobres» y por tanto no fue entregada a «él» directamente, sino que era una ayuda «destinada a la Cáritas».

La revista ‘L’Espresso’ también le acusa de haber aprovechado su cargo en la Curia para obtener financiación a fondo perdido. Según las investigaciones periodísticas, el ex cardenal consiguió hasta 600.000 euros de los fondos que la Conferencia Episcopal Italiana recibe del Estado a través de los impuestos donados a la Iglesia.

Para hacer frente a estos escándalos financieros, el Papa aprobó una nueva ley de transparencia para regular las contrataciones públicas en el Vaticano.

La nueva normativa hace suyos los principios de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 e impide así la participación en los concursos públicos del Vaticano a las empresas condenadas por fraude o corrupción, a aquellas que tengan sede en paraísos fiscales o evadan impuestos y también a las que no respeten el medio ambiente.

María Victoria Zingoni, directora general de Negocios Comerciales y Química y presidenta de Electricidad y Gas de Repsol, ha sido nombrada este viernes presidenta del Club Español de la Energía (Enerclub) para los próximos dos años, informó la asociación.

En su discurso de toma de posesión, Zingoni, que es miembro del comité ejecutivo de Repsol, agradeció a los órganos rectores salientes de Enerclub y a sus asociados el trabajo tan destacado que han realizado durante estos dos últimos años.

Asimismo, subrayó que es «un verdadero honor tener la oportunidad de estar al frente de esta asociación que tanto aporta al sector energético español y a la sociedad en su conjunto». «Es también una gran responsabilidad, en la que pondré todo mi esfuerzo y entusiasmo», destacó.

Además, Zingoni aludió al actual momento, repleto de incertidumbres, que a corto plazo «obliga» a centrar los esfuerzos en paliar el impacto de la pandemia. No obstante, defendió que no se puede «perder de vista» que hay que seguir avanzando de forma acelerada en la transición energética para cumplir con los objetivos climáticos.

«Los retos son enormes. Debemos seguir implantando tecnologías bajas en emisiones que hoy, afortunadamente, ya son competitivas, pero también nuevas tecnologías que hoy no son comerciales, algunas ni las conocemos. Para ello, necesitamos innovación, creatividad e ingenio», afirmó.

PLAN DE TRABAJO PARA EL PERIODO

Zingoni también presentó su propuesta de plan de trabajo para este periodo, estructurado en cuatro áreas fundamentales: afianzar la posición del club como punto de encuentro del conocimiento energético para la sociedad civil; consolidarse como embajador del sector energético a nivel europeo e internacional; ofrecer una formación a la carta, y aspectos transversales como la adaptación, la flexibilidad y la digitalización.

Por su parte, el presidente saliente de Enerclub, Miguel Antoñanzas, agradeció a todos los asociados el apoyo recibido, gracias al cual se han conseguido «cumplir los propósitos que nos planteamos en estos dos años».

Zingoni gestiona en Repsol los negocios de Química, Movilidad, Mayorista & Trading de Gas, GLP, Lubricantes, Asfaltos y Especialidades, Renovables y Electricidad y Gas. Desde mayo de 2015 hasta diciembre de 2018 fue directora general de ‘Downstream’, liderando la expansión y transformación de sus negocios, etapa que termina con la entrada en el negocio eléctrico.

Desde noviembre de 2018 es presidenta de Repsol Electricidad y Gas, donde tiene el reto de avanzar en la consecución de los ambiciosos objetivos que el grupo se ha marcado en el desarrollo de un negocio operado de bajas emisiones en el sector eléctrico, tanto en la generación como en la comercialización.

María Victoria Zingoni es Contador Público Nacional por la Universidad del Comahue (Neuquén, Argentina). Se graduó en Executive MBA por el IAE Universidad Austral de Buenos Aires y en Advanced Management Program por la Universidad de Chicago Booth School of Business.

El Gobierno de Cantabria se ha ofrecido para personarse como acusación popular en la causa por la muerte por violencia de género de Nancy Paola Reyes, la joven de origen guatemalteco y residente en Ciudad Real, cuyos restos aparecieron la semana pasada en bolsas de basura en Santander.

Lo ha anunciado este viernes el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, que ha recordado que las víctimas cuentan con recursos públicos para salir de ese «infierno en el que viven cada día» y asegura que para el Ejecutivo el fin de la violencia machista es una «prioridad absoluta»

«No vamos a parar hasta acabar con la violencia machista, vamos a intensificar nuestros esfuerzos para que las víctimas confíen en las instituciones y se apoyen en nosotros, vamos a continuar reforzando el sistema público de protección y atención a las mujeres y a sus hijos e hijas, y vamos a actuar con determinación para que cada maltratador y cada asesino pague por los crímenes que comete», ha asegurado.

En una carta remitida esta mañana por la directora general de Igualdad y Mujer, Consuelo Gutiérrez, a la familia de la joven se ofrece «la posibilidad de que el Gobierno de Cantabria se persone en los juicios correspondientes a los procedimientos penales iniciados», acogiéndose a la posibilidad prevista en el artículo 18 de Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas.

En ese artículo se establece que la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de la Dirección General del Servicio Jurídico, previa evaluación de los hechos por parte de la Consejería competente en materia de la Mujer y a requerimiento expreso de ésta y, también previo informe de viabilidad del Servicio Jurídico, ejercerá la acción popular en la forma y condiciones establecidas por la ley en procedimientos penales por violencia de género «en toda su extensión, en que por las secuelas de la misma se produzca la muerte, lesiones graves o incapacitación definitiva de la víctima».

Además, en esa carta el Gobierno ofrece a los familiares los recursos y servicios que tiene a disposición de las víctimas y de sus hijos.

Zuloaga ha recordado a las víctimas que «cuentan con todo el apoyo y recursos públicos para salir de»ese infierno en el que viven cada día» y ha confirmado que para su departamento el fin de la violencia machista es una «prioridad absoluta».

«La democracia no será plena hasta que consigamos acabar con esta cruel y brutal violencia que sufren miles de mujeres y sus hijos e hijas».

La diputada del PP por Asturias en el Congreso de los Diputados, Paloma Gázquez, ha lamentado la «obsesión» del presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, por la gestión sanitaria en Madrid y por «atacar» a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (PP).

Gázquez, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha dicho que no tiene sentido que una comunidad autónoma «ataque» a otra en el actual contexto y ha añadido además que Asturias tiene más fallecidos por habitantes que cualquier otra comunidad autónoma en las últimas ocho semanas. Por el contrario, en esta segunda ola de contagios, ha añadido, Madrid es la que menos tiene.

En cualquier caso, Gázquez ha indicado que las críticas de Barbón no tienen ningún sentido, sobre todo porque las circunstancias de las dos comunidades autónomas no tienen nada que ver.

La parlamentaria ha explicado que frente a la pujanza económica de Madrid , donde «todo el mundo se desplaza para hacer negocios y buscar su crecimiento», Asturias presenta un crecimiento negativo y está «a la cola» de la cifra de negocio industrial.

Por fortuna para Asturias, ha señalado, la orografía y la dispersión de la población le ha permitido luchar mejor contra el virus SaRS-CoV-2. «Pero los sistemas, y lo sé por propia experienia, no han funcionado y siguen sin funcionar», ha dicho la diputada, que ya pasó la enfermedad COVID-19.

A Asturias, ha añadido, no se desplaza ni mucho menos tanta gente que pueda dispersar y transmitir el virus como sí ocurre en Madrid. Una de las razones, ha indicado, es la «impresionante» red de Metro que impulsó el PP en la Comunidad. En Asturias, por el contrario, los gobiernos socialistas tienen «parado» el proyecto del metrotrén. «Es imposible que la gente se contagie en el metro en Asturias, cuando es algo que lo tienen parado los socialistas», ha comentado.

También ha argumentado que en Madrid cuentan con un aeropuerto internacional en el que los viajeros entran «sin control, sin medidor de temperaturas y sin control de pruebas PCR», una gran infraestructura de la que Asturias carece.

A juicio de Gázquez, los socialistas hacen bien todo lo referido a la «propaganda», pero ha señalado que la realidad es que la incidencia de mortalidad en esta segunda ola es en Asturias la peor. En cualquier caso ha considerado absurdo competir entre comunidades autónomas y ha criticado los «continuos ataques» del PSOE a Ayuso.

El PP de Almería ha criticado este viernes el «descontrol» y la «falta de coordinación» por parte del Gobierno en la gestión de la inmigración tras la «avalancha» de pateras en las últimas semanas a la costa de Almería, ante las que acusa al Ejecutivo ha estado «echando balones fuera», a pesar de que han reclamado más medios policiales.

Para los populares, el Gobierno ha «abandonando a su suerte» a los ayuntamientos de los municipios «con más presión migratoria», entre los que sitúan a los de Almería, El Ejido y Roquetas de Mar, ante la gestión que realiza de los inmigrantes que son rescatados en el mar y conducidos hasta el centro de atención temporal del extranjeros (CATE) del Puerto de Almería, donde pasan un máximo de 72 horas.

En una reunión encabezada por el presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, los cargos de su formación han acordado reclamar al Gobierno «que cumpla con sus competencias en materia de inmigración» para evitar «repetir la situación del pasado fin de semana, cuando once inmigrantes, contacto directo de un positivo, quedaron en las calles de la capital».

En este sentido, han recordado que la autoridad sanitaria emitió una resolución el mismo día de los hechos por la que se acordaba el aislamiento en recurso habitacional de los once contactos estrechos, lo que conllevaba su traslado a un centro habilitado a tal fin por la Junta. Dichos traslados no se ejecutaron, toda vez que la resolución, ya válida de por sí, fue ratificada por un juez dos días después.

La salud de los almerienses y de las personas que llegan en patera es una prioridad», han manifestado los populares en una nota, en la que reclaman al Gobierno que «dé la cara y que de una vez por todas» y «abra los centros de internamiento de inmigrantes que se cerraron tras la declaración del estado de alarma.

Desde el PP creen que el Gobierno ha estado «incumpliendo sus obligaciones», por lo que creen que es el momento de que «abra los CIE» y que «se ocupe de los inmigrantes que llegan a nuestras costas diariamente». «Si hay una orden de la autoridad sanitaria ratificada por un juez, y aún así los inmigrantes quedaron en la calle, es algo que no podemos consentir y que no se puede volver a repetir», han afirmado.

Los populares han señalado también la necesidad de que desde el Gobierno se refuercen las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en la provincia de Almería, así como que cuenten con más medios para poder luchar contra las mafias de tráfico de personas.

«Desde el PP consideramos absolutamente necesario que el Gobierno apruebe urgentemente un protocolo para el tratamiento de la migración irregular durante la pandemia del covid-19 y para que se dote a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al resto de los funcionarios desplegados, que recepcionan inmigrantes, de equipos de protección individual completos y suficientes», han añadido.

Del mismo modo, han interesado que se garantice la llegada legal y ordenada de la inmigración a España luchando en particular contra las mafias que trafican con personas, y que se incrementen los medios técnicos y humanos para «combatir la avalancha de pateras que llegan a las costas almerienses», han concluido.