La Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados votará el jueves 15 de octubre si hay o no comparecencias de la comunidad educativa sobre el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, conocida como ‘ley Celaá’.

La Comisión votará esta posibilidad después de que PSOE y Unidas Podemos lo rechazaran el pasado martes en una votación de la Mesa y Portavoces de la citada comisión.

Debido a que las decisiones de la Mesa deben ser adoptadas por unanimidad –el PP votó a favor de la celebración de las comparecencias–, esta cuestión tendrá que votarse de nuevo en la Comisión de Educación.

Tras el rechazo a la propuesta por parte PSOE y Podemos en la Mesa, PP, Cs y Vox solicitaron la convocatoria urgente de la Comisión de Educación, para que se celebrara antes del 15 de octubre, cuando está previsto que arranque la Ponencia que analice las enmiendas presentadas al proyecto de ley.

En declaraciones a Europa Press después de la reunión de la Mesa y portavoz, la portavoz de Educación de Cs, Marta Martín, calificaba de «atropello» la actuación de los socios de gobierno y advertía de que, de producirse, sería «la primera vez en la historia» que se tramitase una ley sin contar con las aportaciones de la sociedad civil.

Martín pidió además un informe a los letrados de la Cámara sobre si lo sucedido en la Mesa se ajustaba al reglamento del Congreso. «Animaremos a todas las asociaciones vetadas a que acudan a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que investigue el proceso por el que se está tramitando la Lomloe», añadía.

Por su parte, la portavoz de Vox en la Comisión de Educación y Formación Profesional, Georgina Trías, criticaba que PSOE y Unidas Podemos «tienen prisa por sacar la ley adelante» y agregaba que «no quieren oír a los expertos». «No quieren que se oiga la voz de la comunidad educativa, en desacuerdo con esta ley», insistía en declaraciones a Europa Press.

En rueda de prensa en la Cámara Baja tras la reunión de la Junta de Portavoces, el representante de Ciudadanos, Edmundo Bal, afirmaba que en Cs están «muy preocupados» por la tramitación de la LOMLOE en la Comisión de Educación por parte de PSOE y Unidas Podemos.

«Parece que el Gobierno tiene una prisa enorme», declaraba entonces Bal, para después criticar que «hoy ha vetado las comparecencias de las asociaciones, que son protagonistas del sistema educativo español».

A su juicio, «todo en aras de sacar esta ley con prisas, celéricamente y sin escuchar, y esto es lo grave en un estado democrático, a la comunidad educativa».

«Al final nos vamos a encontrar con una ley que está siendo tramitada en un cuarto oscuro, sin transparencia, cuando no se escucha a los protagonistas del objeto de la ley», zanjaba Bal.

La Audiencia de Málaga tiene previsto iniciar la próxima semana un juicio a la exalcaldesa de la localidad malagueña de Marbella Marisol Yagüe, acusada por los delitos de prevaricación y malversación por designar a su marido, también procesado en esta causa, como coordinador en un área del Ayuntamiento, supuestamente sin seguir los procedimientos legales establecidos.

Según las conclusiones provisionales del ministerio fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, la acusada designó verbalmente a su entonces esposo como coordinador general de Hacienda del Ayuntamiento marbellí «sin ajustarse a procedimiento legal alguno, no siendo autorizado dicho nombramiento por la comisión de gobierno y sin darse cuenta al pleno municipal ni dictarse decreto».

El tercer acusado en la causa, entonces gerente de una sociedad municipal, «cumplió la orden verbal emitida por la procesada» y en julio de 2003 concertó contrato de trabajo con el esposo de Yagüe; una contratación que se hizo «a pesar de conocerse el incumplimiento de los requisitos legales por todos los acusados», según considera la acusación pública en su escrito provisional.

El sueldo neto medio mensual era de 3.194 euros, percibiendo dicha retribución hasta julio de 2004, dice la Fiscalía, apuntando que en agosto de dicho año, la entonces alcaldesa ordenó al gerente de la sociedad que incrementara el salario al acusado hasta un importe neto de 4.808 euros. Ese aumento se hizo, señala el escrito, a petición del marido de Yagüe.

Para esta acusación, la intención de los procesados era «apoderarse de fondos públicos bajo apariencia de una mayor actividad laboral, que realmente no se prestó». El incremento salarial se acordó por Yagüe supuestamente «sin ajustarse a procedimiento legal alguno, sin el conocimiento ni consentimiento de la junta de gobierno local ni del pleno y sin ajustarse a convenios colectivos vigentes».

La Fiscalía entiende que se produjo por parte del entonces matrimonio «un apoderamiento de 37.146 euros en los periodos de agosto de 2004 a mayo de 2006»; mientras que el tercer acusado «consintió y ejecutó los pagos con pleno conocimiento de su ilegalidad».

Así, el fiscal acusa a los tres procesados por dos delitos de prevaricación, uno de ellos en concurso con otro de malversación de caudales, pidiendo una pena de cinco años de prisión, multa de 3.600 euros e inhabilitación durante diez años para cada uno de los acusados.

Además, se insta a que solidariamente indemnicen al Ayuntamiento de Marbella en la cantidad de 37.146 euros. El juicio está previsto que comience en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga el miércoles día 14 de este mes de octubre y siga el día 9 de noviembre.

Los agentes de la Policía Local de Alicante han desalojado durante el puente una discoteca, 30 botellones y 64 fiestas en viviendas, en un operativo que se ha saldado además con 225 denuncias por desobediencia.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los agentes de Policía Local han tenido que desalojar en la madrugada de este lunes una discoteca situada en la avenida del Padre Ángel Escapa, abierta y con 17 personas en su interior, todas ellas sin mascarilla, sin guardar la distancia social y consumiendo alcohol. En el establecimiento estaban las luces propias de una sala de fiestas, la música y algunos de los clientes bailando.

Los hechos han ocurrido a las 03.45 horas, cuando varias unidades de Policía Local han comprobado la presencia de varios coches en la zona de parking de una discoteca y las luces, así como ruido de música en el interior y personas.

La Policía ha denunciado al titular del establecimiento por incumplir las medidas de control de la pandemia de coronavirus, que prohíben la apertura de los locales de ocio nocturno como discotecas, y también ha denunciado a los 17 clientes por no llevar mascarilla. Han desalojado el establecimiento, cesado la actividad y cerrado el local.

En la misma noche, la Policía Local ha sancionado dos locales de ocio, ambos por incumplir los horarios de cierre, uno destinado a actividad de cafetería y ubicado en la calle Amadeo de Saboya, y un segundo en la calle Mayor, este último destinado a salón lounge.

Las unidades del servicio Nocturno y Fox han prestado especial vigilancia a las inmediaciones del Instituto Jorge Juan, donde han sido localizados varios grupos de jóvenes, algunos de ellos en el interior de las pistas deportivas y otros en las escalinatas, donde se han levantado cinco actas por tenencia-consumo de drogas y otras cinco por consumo de alcohol en vía pública.

La Policía ha denunciado esta noche a tres inquilinos de viviendas ubicadas en calle Alona, Francisco Verdú y Antonio de Trueba, por perturbar el descanso de los vecinos, al celebrar fiestas con música. En una de las viviendas se encontraban diez personas.

En total han sido 92 las denuncias que la Policía Local ha impuesto durante el puente por consumir alcohol en parques, calles y plazas y se han disuelto 30 botellones. Durante estos cuatro días se ha sancionado a 13 establecimientos por no cumplir horarios de cierre y distancias entre clientes y mesas, a 50 personas por no llevar la obligatoria mascarilla, 15 personas por estar fumando sin mantener las distancias y a otras 15 por consumo de sustancias estupefacientes.

Asimismo, se ha tenido que intervenir en más de 64 fiestas en viviendas por denuncias de particulares con quejas de ruidos y música elevadas. El Ayuntamiento alerta que pueden ser sancionados con hasta 3.000 euros, y recuerda que está prohibida cualquier actividad perturbadora del descanso ajeno en el interior de las viviendas, en especial desde las 22 horas hasta las 8:00 horas como fiestas o juegos, y ya se han tramitado 50 expedientes sancionadores.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha felicitado a la Policía por «el gran trabajo realizado estos cuatro días en las que han controlado intensamente toda la ciudad, con intervenciones muy complicadas poniendo en peligro sus vidas, y logrando con sus operativos protegernos y evitar contagios de Covid en Alicante».

Quiero realizar un llamamiento a la responsabilidad y compromiso individual de todos, es una cifra muy elevada de este tipo de reuniones en las que se juntan sin mascarillas para consumir alcohol poniendo en riesgo su salud y la de sus familias», ha concluido.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido, este lunes, tanto la figura de la monarquía parlamentaria como la labor de Felipe IV, tras las críticas de las últimas semanas, y ha señalado que «un país respetable» no puede «cuestionar las instituciones».

«Esta España tiene que tener una proyección internacional y por eso no hacemos ningún favor cuando entramos en debate sobre las instituciones», ha declarado Robles, en una entrevista en la Cadena Cope, recogida en Europa Press.

Preguntada por las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sobre el Rey, la ministra ha reconocido que no ha hablado con el líder de Podemos sobre el tema.

Aún así, ha indicado que, aunque «las opiniones personales son muy respetables», «en democracia solo valen las normas y las leyes, y no hay duda sobre lo que la Constitución dice».

LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA, CLAVE

En este sentido, ha indicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también «ha sido muy claro» con este tema. «La posición del Gobierno es muy clara, de respeto absoluto», ha declarado, para poner en calor la «pieza clave» que, a su juicio, «es la monarquía parlamentaria representada impecablemente por Felipe VI».

En la entrevista, la responsable de Defensa se ha referido también al artículo de un periódico suizo en el que se consideraba a España como «un Estado fallido», una calificación que Robles respeta pero no comparte.

A su juicio, «en todas partes puede haber críticas», pero, según ha explicado, España cuenta con «un poder legislativo, judicial y ejecutivo eficiente». «Durante la pandemia hemos intentado salvar vidas, con nuestros errores, pero yo he tenido oportunidad de acudir a la OTAN y a encuentros internacionales en los que se ve que España es un país sólido», ha declarado.

Para la ministra, los españoles son, «a veces», un «poco derrotistas», pero le unen muchas cosas, como «la ciencia, la cultura y también la proyección internacional». «Sintámonos muy orgullosos de España», ha concluido.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cazorla ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo del caso del inmigrante temporero, de 31 años, cuyo cadáver fue abandonado en diciembre de 2019 el centro de salud de Pozo Alcón (Jaén), a donde lo trasladó el dueño de la finca de aceituna en la que se encontraba trabajando el fallecido sin que tuviera contrato de trabajo ni documentación en regla.

En el auto al que ha accedido a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la jueza señala que decreta el sobreseimiento provisional «al no existir indicios sólidos y suficientes de la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores».

El archivo de la causa llega después de que el juzgado esperara durante ocho meses el informe de la Inspección de Trabajo en el que se concluía que no ha había habido incumplimientos vinculados a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que por tanto en lo ocurrido no había delito contra la seguridad e higiene en el trabajo.

La juez remitió dicho informe a Fiscalía, que también determinó que también interesó el sobreseimiento y archivo por considerar que no había indicios de la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores.

En virtud a todo ello, la jueza señala en su auto de archivo que, tal y como ha sostenido el Ministerio Fiscal, «no ha quedado suficientemente acreditada la comisión de delito alguno por parte del investigado». También alude al informe de la Inspección de Trabajo en el que se concluye que ‘no se aprecia relación directa entre el fallecimiento y el incumplimiento de la condiciones materiales en aplicación a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales’.

Añade que tanto la Inspección de Trabajo como la Seguridad Social han apreciado por parte del investigado incumplimientos en lo que respecta a derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social por dar ocupación al fallecido sin hacer obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de trabajo.

No obstante, señala la jueza que se trata de «meras infracciones administrativas» que hay que diferenciar de ilícitos penales. Así, apunta que «el llamado Derecho Penal Laboral sanciona fundamentalmente situaciones de explotación» y este caso «no reviste la suficiente relevancia penal para justificar la continuación de las presentes diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado».

El empresario, un vecino de Hinojares (Jaén) de 34 años, fue detenido por la Guardia Civil que le imputó inicialmente un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y que quedó en libertad a la espera de que lo llamara a declarar la responsable del juzgado. En su momento, se tomó testimonio a los familiares del fallecido y se les hizo el ofrecimiento de acciones por si querían intervenir como parte en la causa, pero no lo han hecho.

Según la Guardia Civil, el suceso tuvo lugar el 14 de diciembre del pasado año cuando el propietario de una explotación olivarera en Pozo Alcón supuestamente abandonó en el centro de salud del municipio el cuerpo sin vida de un inmigrante, de nacionalidad marroquí, que falleció en su finca recogiendo aceituna. El trabajador se desplomó inconsciente mientras colocaba un mantón.

Fue ese mismo sábado, 14 de diciembre, cuando el propietario de la explotación llevó en su vehículo hasta el centro de salud de Pozo Alcón a dos hombres, uno de ellos, el fallecido.

En el centro de salud pidió una camilla para tumbar al que supuestamente necesitaba asistencia médica y abandonó el lugar. Fue el médico el que señaló que el paciente estaba fallecido y que su muerte no se había producido en el centro de salud sino que ya había llegado cadáver.

Tras dar aviso de lo ocurrido a la Guardia Civil, los agentes se hicieron cargo del otro inmigrante que acompañaba al fallecido mientras ponía en marcha el dispositivo para localizar a la persona que los había llevado al centro de salud.

La Guardia Civil concluyó en su atestado que el propietario de la finca los recogió de la calle esa misma mañana y se los llevó a trabajar en la recogida de aceituna. En el tajo, la víctima se desplomó y el empresario lo dejó ya cadáver en el centro de salud.

Con su auto, que no es firme y puede ser recurrido, la jueza cierra la puerta a la vía penal, por lo que este empresario sólo se enfrentaría a las sanciones administrativas que se le impongan desde la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.

El PSOE llevará este martes al Pleno del Congreso una proposición no de ley que busca que la Cámara Baja condene la difusión de vídeos o mensajes de odio por motivos políticos y reafirme su compromiso con la convivencia democrática.

Los socialistas registraron esta iniciativa el pasado junio tras la circulación por redes sociales de una cinta en la que se veía a un hombre disparando contra las fotografías del presidente Pedro Sánchez, el vicepresidente Pablo Iglesias, los ministros Irene Montero y Fernando Grande Marlaska y del portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

Al grito de «¡Sentencia!», el hombre armado escenifica una ejecución entre las risas y aplausos de sus acompañantes tras cada disparo, una acción «vil» y propia de «otros tiempos», según el PSOE, que admite preocuparle los efectos de esta incitación al odio, así como la imitación y el contagio.

RAYAN EL DELITO

«Nos preocupa, sobre todo, que la disensión o el desacuerdo contra cualquier Gobierno se manifiesten fuera de los límites del Estado de Derecho, de la normalidad y de la convivencia, con una exhibición de violencia rayando en el delito», subraya.

El PSOE sostiene que vídeos como éste y otros similares «no pueden pasar de largo sin respuesta tajante y conjunta» de todas las fuerzas democráticas y sin un posicionamiento claro del Parlamento. «Hoy la agresión se dirige al Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, pero mañana la diana podría estar en personas de cualquier otro partido, porque el fanatismo no entiende de colores ni de siglas», apostillan.

Por todo ello, el PSOE llama en su propuesta a que el Congreso condene la difusión de mensajes y vídeos en los que se desea o simula la muerte de una personas por motivos políticos y que manifieste su compromiso con la convivencia y rechace el fanatismo y el odio.

El debate de esta iniciativa llegará al Congreso tan sólo unos días después de que los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) convocasen una quema de retratos de Felipe VI un día antes de su visita a Cataluña y de que se difundieran imágenes de un muñeco del Monarca ahorcado en un puente de una carretera de Girona con una pancarta con el lema (Fora, fuera).

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado este lunes el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el Covid-19 y ha señalado que España tiene con ellas «una deuda de gratitud» por estar «siempre a la altura de las circunstancias».

Con motivo del Día de la Hispanidad, Robles ha felicitado por videoconferencia a los militares desplegados en el exterior, en un acto que se ha celebrado desde la sede del Ministerio Defensa.

La ministra ha señalado en su intervención que «muchos contingentes» están en «situación de aislamiento» y con «más dificultades» como consecuencia de la crisis sanitaria y ha señalado que es «de agradecer» lo que están haciendo.

«España tiene una deuda de gratitud con sus Fuerzas Armadas que siempre están a la altura de las circunstancias y lo han demostrado durante la pandemia y en estos más de 30 años de misiones en el extranjero», ha declarado.

AGRADECIMIENTO A LAS FAMILIAS

Robles ha agradecido a las Fuerzas Armadas, también, por su «presencia en el mundo para defender la paz, la libertad» y «los valores» del país.

Además, les ha llamado a pasar el día «lo mejor posible» y ha asegurado que los españoles y especialmente sus familias, se acordarán de ellos durante la jornada. «Mi agradecimiento infinito por lo que estáis haciendo en representación de España a vosotros y a vuestras familias», ha concluido.

Tras su intervención, la responsable de Defensa ha establecido contacto, uno por uno, con los diferentes destacamentos españoles en el exterior, a los que ha dedicado palabras de ánimo en su trabajo y ha deseado que celebren la Fiesta Nacional allí donde estén.

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha afirmado hoy en los micrófonos de RNE que «los ciudadanos son los que pierden» en el pulso que está sucediendo en Madrid y ha defendido que «la colaboración entre las instituciones tiene que ser sincera y honesta ante la pandemia, con un objetivo científico».

Para Andreu, «la única política que nos debe preocupar ahora es la prioridad de salvar vidas y mejorar la vida de las personas», ha subrayado en la entrevista en ‘Las Mañanas de RNE’ con Meritxel Planella.

Ante la situación en la limítrofe Comunidad Foral de Navarra, Andreu ha asegurado que está en diálogo continuo con la presidente de Navarra, María Chivite, con quien comparte el enfoque de anticipación y detección precoz. «Navarra está realizando numerosas pruebas PCR y tomando decisiones según datos científicos y de manera quirúrgica donde los índices son elevados».

Andreu ha incidido en que la colaboración de los gobiernos autonómicos con las administraciones locales es esencial. «Los ayuntamientos están siendo muy responsables, compartiendo información con el Gobierno regional y, nosotros, por nuestra parte, en contacto continuo con el Gobierno central y con el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, que está siempre a nuestra disposición». En este sentido, ha ahondado en que «cuando las instituciones colaboran con un objetivo común, el resultado es muy satisfactorio».

SITUACIÓN EN LA RIOJA

En referencia a la situación epidemiológica de La Rioja, Andreu ha insistido en la apuesta del Gobierno de La Rioja por «la realización de un alto número de PCR para, en función de los datos, tomar medidas restrictivas quirúrgicas que sean efectivas». La presidenta ha recordado que «el virus avanza. Tenemos un índice de positividad considerable, por lo que no debemos bajar la guardia», ha señalado.

En este sentido, ha informado de que «el 50 por ciento de las personas son asintomáticas y las detectamos en un nivel alto para poder frenar a tiempo la cadena de contagios».

Andreu ha enfatizado que «se toman medidas concretas en zonas concretas» y ha valorado que «se está actuando muy bien en los colegios». La vigilancia se está focalizando en mayor medida «en el ocio y las reuniones familiares. Ahí está nuestra atención prioritariamente», ha resaltado.

Sobre los instrumentos jurídicos a disposición de las autonomías para hacer efectivas sus medidas, ha comentado que «en La Rioja todas las medidas puestas en marcha han sido avaladas por la justicia riojana» y ha destacado que «hay suficiente margen para implantar medidas y frenar la curva de contagios».

La presidenta del Gobierno de La Rioja, que asiste hoy en Madrid a la recepción ofrecida por SSMM los Reyes con motivo del Día de la Fiesta Nacional, ha abogado por «el respeto y la confianza plena en las instituciones que conviven en un modelo democrático.

Para Andreu, «las instituciones que nos rigen no están en riesgo, aunque sí hay que revitalizarlas». Y ha instado a la unión: «Si la cuestión que nos ocupa es cómo salir fuertes de la crisis sanitaria y económica que nos acompaña, todos a una.

Ciudadanos exigirá la próxima semana al Gobierno en el Pleno del Congreso que tome medidas para «garantizar el cumplimiento de los principios de neutralidad e imparcialidad institucional» de las universidades en Cataluña, después de que una jueza anulase la aprobación, por parte del claustro de la Universidad de Barcelona (UB), de un manifiesto de apoyo a los condenados por el proceso independentista de 2017.

La formación naranja interpelará al Ejecutivo sobre esta cuestión el próximo miércoles, durante la sesión de control, donde se referirá a la sentencia dictada el lunes pasado por el Juzgado contencioso administrativo número 3 de Barcelona.

En esa resolución, la jueza Ana Alonso estima la demanda interpuesta por cuatro profesores de la UB contra el respaldo del claustro al ‘Manifiesto de rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y de la judicialización de la política’ en octubre de 2019, y condena a la universidad a pagar las costas del proceso judicial.

Según la jueza, la universidad forma parte de la Administración Pública y no es una institución de representación política, por lo que está sometida al deber de neutralidad y «no puede asumir como propia una posición política determinada, y tanto menos cuando esa posición es manifiestamente contraria a los valores y principios del ordenamiento jurídico vigente».

VULNERACIÓN DE LA LIBERTAD IDEOLÓGICA

Tras conocer la sentencia, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, la calificó como una «victoria de la libertad frente al separatismo» y afirmó que, «por suerte, el Estado de Derecho funciona».

En su iniciativa parlamentaria, la formación naranja destaca que la Universidad de Barcelona ha sido condenada por vulnerar los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de sus profesores y su alumnado, así como el derecho a la educación.

Además, señala que el Defensor del Pueblo, en respuesta a la queja presentada por el colectivo Universitaris per la Convivència en relación con las actuaciones impulsadas por las diferentes universidades en Cataluña y la aprobación del referido manifiesto por los claustros de profesores universitarios –tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del ‘procés’–, ha instado a estas instituciones a «respetar el principio de imparcialidad» como parte de las Administraciones Públicas que son.

El Defensor del Pueblo ha recordado que «las universidades, como instituciones vinculadas al cumplimiento de los fines que les asigna el ordenamiento jurídico, están integradas por personas con amplia diversidad ideológica, por lo que sus órganos de gobierno deben respetar esa diversidad cuando ejercen sus funciones, sin asumir o presentar como propia de la institución una determinada posición ideológica».

Según Ciudadanos, la sentencia del juzgado de Barcelona «choca frontalmente con la posición defendida hasta el momento» por el Gobierno de Pedro Sánchez, que, «a través de documento oficial, ha afirmado que ‘la universidad pública no está sometida al principio de neutralidad, sino al principio constitucional de pluralismo'».

El Pleno del Congreso decidirá este martes si tramita una proposición de ley enviada por el Parlamento catalán para reformar la Ley de Memoria Histórica con el objetivo de establecer medidas para resarcir a los particulares (o sus herederos) a los que el régimen franquista incautó papel moneda y otros signos fiduciarios republicanos.

Esta iniciativa está pendiente de debate en el Congreso desde abril de 2017. Entonces el Gobierno de Mariano Rajoy vetó que se discutiera con el argumento de que su aprobación supondría un aumento de los créditos presupuestarios. Después de la moción de censura, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez revocó ese veto, pero se convocaron las elecciones de abril de 2019 y la reforma decayó. Tampoco dio tiempo a debatirla en la legislatura corta y ahora por fin llega al Pleno.

El texto, consta de tan sólo dos artículos para reconocer «el derecho de resarcimiento a los particulares afectados por la incautación de papel moneda u otros signos fiduciarios» republicanos. Se trata de compensar a los particulares cuyos ahorros fueron incautados, igual que se hizo en su momento con los sindicatos y los partidos políticos a los que se requisaron bienes y derechos.

En la exposición de motivos de la proposición de ley se recuerda que en noviembre de 1936 las autoridades franquistas decretaron que dejaban de ser válidos los billetes puestos en circulación por el Banco de España después del 18 de julio de 1936 y que los anteriores a esa fecha sólo podían circular si habían sido estampillados por las autoridades franquistas.

CONDICIONES IMPOSIBLES

Después, se ordenó cambiar la moneda republicana por papel moneda válido en la zona nacional y se establecieron unos plazos y requisitos para su canje. El dinero anterior al alzamiento que no pudo canjearse por decisión de los tribunales se depositó en una cuenta especial del Banco de España, denominada «Billetes de canje desestimado», mientras que los billetes posteriores al 18 de julio de 1936 emitidos por las autoridades republicanas se depositaron en un «Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo.

Para canjear los billetes anteriores al 18 de julio de 1936, muchos ciudadanos hubieran requerido el aval de personas de renombre y afectos al nuevo régimen dictatorial, una condición imposible de cumplir para muchos de ellos que «se vieron forzados a entregar los ahorros respectivos simplemente a cambio de un recibo, ya que no podían optar al cambio de los billetes».

«Su incautación, y la de los signos fiduciarios y billetes republicanos posteriores al 18 de julio de 1936, tenía un doble objetivo: la obtención de recursos para un régimen en grave situación de crisis a raíz de la guerra y la aplicación de una medida más de represión contra los vencidos en la confrontación civil», argumenta la iniciativa.

En este contexto, la ley aprobada por el Parlamento catalán plantea modificar la Ley de Memoria para reconocer el derecho de resarcimiento a los particulares afectados por la incautación de papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas en la cuenta «Billetes de canje desestimado» o en el «Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo».

La norma establece que también tendrán derecho a resarcimiento sus «derecho habientes», en los términos que se establezcan mediante un reglamento en el que también se concretará el «método de cálculo del resarcimiento».

La iniciativa sobre cuya tramitación decidirá el martes el Pleno también recoge la inclusión de una disposición adicional para que el Gobierno central y el catalán estudien y habiliten medidas para resarcir los bienes depositados en las cajas de alquiler de bancos y cajas de ahorros que fueron incautados durante la Guerra Civil amparándose en disposiciones del Gobierno de la República y del Gobierno de la Generalidad, siempre que estas incautaciones se hicieran «de manera ilegal».

El proceso electoral interno de PNV arranca este lunes para renovar su Ejecutiva, en la que se prevé que el actual presidente Andoni Ortuzar siga al frente otros cuatro años, y que culminará los días 12 y 13 de diciembre con la celebración de la Asamblea General del partido.

La renovación del Euzkadi Buru Batzar (EBB) y de sus cinco Consejos Territoriales, en la que pueden participar todos los afiliados jeltzales, se inicia hoy mismo y se prolongará por espacio de dos meses, hasta la celebración los días 12 y 13 de diciembre de la Asamblea General, en la que se elegirá al presidente y a ocho miembros de la dirección.

Con la remisión de la documentación a las Organizaciones Municipales y Extraterritoriales, el Euzkadi Buru Batzar activó el pasado 28 de septiembre la cuenta atrás para el inicio del proceso interno de renovación de la Ejecutiva Nacional de EAJ-PNV.

La primera vuelta se celebrará entre los días 12 y 25 de octubre, y en ella cada organización municipal propondrá un candidato o candidata a la presidencia del EBB y los aspirantes a burukide. En la segunda vuelta, que se celebrará del 2 al 18 de noviembre, las organizaciones municipales deberán elegir un candidato o candidata a presidir el EBB y ocho burukides, de entre todos aquellos que, en primera vuelta, hayan sido propuestos por al menos tres organizaciones municipales.

Los días 27 y 28 de noviembre deberán celebrarse las Asambleas Territoriales, y de cada una de ellas saldrá un candidato o candidata a la presidencia del EBB y ocho aspirantes a burukide. Finalmente, será la Asamblea Nacional, en el marco de la Asamblea General, la encargada de elegir al presidente o presidenta y a ocho burukides del EBB de entre aquellos candidatos y candidatas propuestos por las Asambleas Territoriales.

El proceso para la renovación de los cinco Consejos Territoriales de Bizkaia, Gipuzkoa, Álava, Navarra e Iparralde, discurrirá en paralelo con el del EBB. No obstante, las Asambleas que proclamarán presidentes o presidentas y burukides del Araba Buru Batzar (ABB), Bizkai Buru Batzar (BBB), Gipuzko Buru Batzar (GBB), Ipar Buru Batzar (IBB) y Napar Buru Batzar (NBB) deberán celebrarse en una fecha diferente a la de la Asamblea General, que fijarán las respectivas organizaciones territoriales.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

Esta misma semana el propio Andoni Ortuzar ha destacado que, «probablemente, no haya un partido que tenga un procedimiento tan abierto» como el de su formación, ya que, con que tres organizaciones municipales de más de 200 que existen propongan a un candidato a presidir el EBB, ese aspirante pasaría a primera vuelta, por lo que podría haber más de uno.

En todo caso, ha admitido que esa situación, con varios candidatos, «se suele ver venir y normalmente responde a periodos de conflictividad dentro de los partidos», algo que ahora mismo no se produce en el PNV.

La celebración del proceso electoral interno del PNV y el lugar en el que se pueda celebrar la Asamblea General se verán condicionados por la pandemia del coronavirus. La covid-19 ya obligó a aplazar la renovación de los órganos de dirección del PNV, que estaba previsto que culminara este pasado verano.

«Va ser un proceso muy especial y muy raro», admitió Ortuzar, que explicó que llevan un tiempo sin «actividad ordinaria» de partido, con bastantes batzokis cerrados, con dificultades para juntarse, porque las salas no cumplen los aforos, etc».

Por ello, señaló que los procedimientos tendrán que ser «más especiales» que en anteriores ocasiones, aunque «respetando el sentido de las asambleas». Confío en que la gente se anime a participar y, sobre todo, se anime a proponer, porque también llevamos la posibilidad de cambios en los estatutos, etc. Es un proceso que hacemos cada cuatro años de puesta a punto del partido», concluyó.

Patrimonio Nacional celebra este lunes, 12 de octubre, una jornada de puertas abiertas en sus Reales Sitios y Reales Patronatos con motivo de la Fiesta Nacional.

Según ha informado el organismo, el público puede acceder de forma gratuita al conjunto de estos monumentos en cuatro comunidades autónomas con el horario propio de un día festivo y con la particularidad añadida de ser lunes, día habitualmente no abierto al público en la mayoría de estos espacios.

Patrimonio Nacional ha remarcado que se mantendrán todas las medidas sanitarias implantadas desde la reapertura de los Reales Sitios y Reales Patronatos en julio y acatando las normas de prevención frente al Covid-19 que adoptan los diferentes gobiernos autonómicos donde están ubicados.

La jornada de puertas abiertas en el Palacio Real de Madrid comienza a las 15.30 horas y se prolongará hasta las 20 horas, con el último acceso a las 19. El público puede acceder gratuitamente a la Plaza de la Armería, y visitar la Real Armería y la exposición temporal ‘La otra Corte’, si bien los interiores del palacio permanecerán cerrados. El mismo horario se aplica a los Jardines del Campo del Moro.

El resto de Reales Sitios (Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Palacio Real de El Pardo, Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, Palacio Real de Riofrío, Palacio Real de La Almudaina, Monasterio de San Jerónimo de Yuste y el Palacio Real de Aranjuez) están abiertos de forma gratuita en horario de 10 a 18 horas, con el último acceso a las 17 horas.

Por su parte, los Reales Monasterios de las Huelgas, en Burgos, y de Santa Clara, en Tordesillas, abren gratuitamente de 10.30 a 15 horas, con acceso hasta las 14 horas.