El PSOE ha registrado este jueves en el Congreso una proposición de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, una norma que el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, de Podemos, había anunciado como una medida a impulsar desde su departamento.

La portavoz parlamentaria de los socialistas, Adriana Lastra, ha señalado que los objetivos de esta norma son "garantizar la igualdad de trato de todas las personas, combatir el racismo, reparar y atender a las víctimas de discriminación".

A través de un comunicado, el socio mayoritario del Gobierno de coalición ha indicado que esta norma ya se había presentado en dos ocasiones en el Parlamento, cuando el PSOE no gobernaba, pero en ninguno de los casos se llegó a aprobar. En concreto, recuerdan que esta iniciativa estuvo liderada por el fallecido dirigente socialista Pedro Zerolo. Para Lastra, no habría mejor "homenaje" para él que "dar a la sociedad esta ley por la que tanto luchó".

En cuanto a su contenido, indican que se basa en dos principios fundamentales: el derecho al respeto a la dignidad de la persona y el derecho a la igualdad de trato. De este modo, apuntan, "se da cumplimiento a lo recogido en los últimos programas electorales y a las resoluciones del 39 Congreso Federal".

HABLADO CON UNIDAS PODEMOS

Cabe destacar que la Ley de igualdad de trato y no discriminación es una de las iniciativas a las que se ha referido la ministra de Igualdad entre los objetivos de su departamento para la legislatura. De hecho, Montero cuenta en el ministerio con una dirección de general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, liderada por Rita Bosaho.

En el Plan de Igualdad previo a la crisis generada por la Covid19, el Ministerio incluía, entre otras medidas, seis leyes nuevas a poner en marcha, entre las que se incluyen la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la Ley contra la Trata, la Ley para la Igualdad Social, la Ley Trans, la Ley para la Igualdad de Trato y No Discriminación y la Ley de Tiempo.

Fuentes de la formación socialista han asegurado que se ha puesto al corriente a Unidas Podemos de esta iniciativa y dicen que su texto va más allá de la ley de libertad sexual en la que trabaja Igualdad. El grupo confederal confirma que se le había informado sobre este texto.

EN CONTEXTO DE CRISPACIÓN

Los socialistas destacan, además, que esta norma toma en la actualidad "más fuerza" que en sus presentaciones anteriores ya que, según señalan, el país está en "un contexto de crispación y radicalización" por "la presencia en las instituciones de la ultraderecha, apoyada por la derecha tradicional.

Esto, explican, "hace más necesario que nunca" dotar al país de "herramientas jurídicas que mejoren la convivencia y garanticen el derecho a la diversidad".

"La proposición de ley integral nace con la vocación de convertirse en el mínimo común normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y, al mismo tiempo, albergue sus garantías básicas, conscientes de que, en su estado actual, la dificultad de la lucha contra la discriminación no se halla tanto en el reconocimiento del problema, como en la protección real y efectiva de las víctimas", apunta el PSOE.

El texto registrado

, regula el derecho a la igualdad de trato y nos discriminación en determinados ámbitos de la vida política, cultural y social: empleo, trabajo, educación, atención sanitaria, servicios sociales, acceso a la oferta al público de bienes y servicios, seguridad ciudadana o vivienda, entre otros.

UN ORGANISMO QUE ACTÚE DE OFICIO

Además recoge la incorporación en el marco jurídico español, al igual que en el resto de Europa, de las directrices que la propia UE ya ha adoptado sobre el desarrollo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que en sus artículos garantiza el derecho a la dignidad humana, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la no discriminación y a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.

El PSOE también propone la creación de un comisionado denominado 'Autoridad para la igualdad de trato y la no discriminación', que debe ser "un organismo independiente y unipersonal" y con recursos de la Administración Pública. Este organismo podrá investigar de oficio o por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación.

Del mismo modo, se amplía el concepto de discriminación, al introducir en el derecho antidiscriminatorio español definiciones para la discriminación por asociación o la discriminación múltiple e interseccional.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, mantuvo este jueves una reunión con el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba Pera, a quien trasladó la preocupación del municipio con la migración.

"Este es un municipio que ha acogido históricamente a migrantes que están integrados en el tejido socioeconómico de la ciudad y ahora, la llegada de manera desordenada, teniendo en cuenta que éste no es el destino final, genera un colapso en los servicios de atención y mucha frustración en quienes han iniciado dicho viaje", comenta en una nota del consistorio.

En este particular, Bermúdez le entregó al secretario de Estado un detallado informe del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), en el que se hace constar las diferentes situaciones de vulnerabilidad en que se encuentran los migrantes acogidos en los diferentes recursos, tanto de aquellas personas que salen de los CIE, como aquellas que solicitan asilo en primera acogida, a las que se suman las que usan recursos humanitarios y en dispositivos de acogida de manera integral.

Bermúdez incidió ante González-Barba en que se necesita que el Gobierno de España "tome medidas definitivas respecto al drama de la inmigración, tanto para garantizar una atención digna a inmigrantes a su llegada a Canarias, como para que se produzca una mayor coordinación entre diferentes ministerios implicados y la delegación del Gobierno".

En su opinión, "habría que generar políticas coordinadas con Europa para permitir que el flujo de la migración sea efectivo y se permita alcanzar a los migrantes su destino de manera ordenada", al tiempo que abundó en que, además, se precisa que la UE "genere políticas efectivas en países tradicionalmente emisores de migrantes que mitiguen su necesidad de salida hacia diferentes puntos de Europa.

En otro momento de la reunión, el alcalde adelantó al secretario de Estado para la UE que Santa Cruz "aspira a obtener 619 millones para hacer posible la ejecución de 191 proyectos que pretenden recuperar el municipio y transformar la capital".

QUE LOS FONDOS EUROPEOS PRIORICEN A LAS ISLAS

En este capítulo, argumentó que "el Estado debe tener en cuenta que la situación económica en Canarias es peor que la del resto de España, dado el cero turístico que impide la recuperación de las islas".

Precisamente por ello, señaló que "los proyectos pretenden mejorar la calidad de vida de su ciudadanía, con la intención de convertir el municipio en una referencia por su capacidad para atraer inversiones y hacer de esta una ciudad un lugar más sostenible, tanto para generar riqueza como para vivir".

Bermúdez recordó también que sería fundamental "establecer unos criterios objetivos para la adjudicación de recursos financieros de carácter europeo, apostando por una modificación de la normativa que permita dar mayor flexibilidad a la gestión de dichos proyectos, haciéndola más eficaz".

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha alertado este jueves de que está "en riesgo" el procedimiento electoral después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya acordado mantener de forma cautelar la convocatoria de elecciones al Parlament para el 14 de febrero, después de recibir los argumentos de la Fiscalía y la Generalitat.

Así lo ha manifestado en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, que se ha hecho de forma telemática y sin preguntas, acompañada por el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y por el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, al que el TSJC ha condenado también este mismo jueves por un delito de desobediencia grave el 1-O a un año de inhabilitación y a una multa de 16.800 euros.

Para Budó, la decisión del TSJC sobre las elecciones pone "en riesgo no sólo la salud de los votantes, sino también el procedimiento electoral al quedar alterados los procedimientos reglados".

Así, ha lamentado que el tribunal suspenda el aplazamiento electoral hasta el 30 de mayo teniendo en cuenta que fue una decisión fruto "de la mayoría de los partidos", y pese a ello ha recalcado que el Govern estará a la altura del momento y de los ciudadanos.

El derecho a votar y respetar el resultado y los procedimientos está hoy también en cuestión", ha apuntado Budó, tras asegurar que se ha evidenciado un clamor en otros sociedades democráticas del mundo a la hora de pedir que se respete la voluntad de la gente expresada en las urnas.

En relación al fallo del TSJC sobre Solé por el 1-O, ha reprochado que se intente privar al conseller de su cargo público "legítimo y democrático y de su derecho a la participación política".

RECUERDA A TORRA

"No es la primera vez que pasa. Hace un año, el presidente Quim Torra sufrió la misma represión por defender un derechos fundamental como es la libertad de expresión", ha sostenido la también consellera de Presidencia.

Tras reivindicar que en democracia los presidentes y los consellers los ponen los ciudadanos, ha lamentado "la doble injerencia externa" de los tribunales en la vida política de Cataluña y ha añadido que no están dispuestos a normalizar esta situación.

"No aceptamos estas sentencias injustas, y seguiremos adelante con todos los mecanismos políticos y jurídicos que tengamos para combatirlas. Y nos fortalecemos porque, ante tanta injusticia, nuestras convicciones se reafirman más que nunca", ha zanjado.

La comunidad autónoma de Extremadura ha vuelto a superar el millar de contagios en las últimas 24 horas, con 1.176 nuevos casos positivos de Covid-19 confirmados, mientras que se han registrado 16 fallecidos más.

Además, la presión hospitalaria sigue aumentando en Extremadura hasta alcanzar los 697 hospitalizados con coronavirus, lo que supone 16 más que este pasado miércoles, de los que 74 de ellos están en la UCI, según los datos aportados este jueves por la Junta de Extremadura.

Así, de los 16 fallecidos registrados en la última jornada, cuatro de ellos pertenecen al Área de Salud de Mérida, que son dos mujeres de 85 años y 83 años y un varón de 70 años de la capital extremeña, y un varón de 92 años de Alange, mientras que el Área de Badajoz notifica tres fallecidos, que son una mujer de 88 años de Oliva de la Frontera, un varón de 85 años de Montijo y una mujer de 80 años de Badajoz.

Por su parte, el área de Don Benito-Villanueva registra tres fallecidos, que son un varón de 85 años de Villanueva de la Serena, un varón de 83 años de Castuera y una mujer de 73 años de Entrerríos, mientras que el Área de Navalmoral notifica 3 fallecidos, como son dos varones de 87 y 93 años de Navalmoral de la Mata y una mujer de 97 años de Rosalejo.

POr su parte, el Área de Salud de Cáceres registra una mujer de 78 años y un varón de 61 años, ambos de Cáceres, mientras que el área de Coria comunica el fallecimiento de un varón de 76 años de Acebo.

Con estos 16 nuevos fallecidos, el número de muertos con coronavirus se eleva a 1.285 en Extremadura desde el inicio de la pandemia, y además, en la última jornada se han dado 606 altas, lo que equivale a un acumulado de 40.622 altas.

DATOS POR ÁREAS DE SALUD

En cuanto a los datos por áreas de salud, la de Badajoz notifica 454 casos confirmados, y cuenta con 225 pacientes hospitalizados, 24 de ellos en UCI, mientras que la de Cáceres ha notificado 146 casos positivos, y tiene en estos momentos 105 pacientes ingresados, de los que 12 están en UCI.

Por su parte, el Área de Salud de Mérida registra 162 casos confirmados, tiene 132 personas hospitalizadas, de las que 20 están en UCI, mientras que el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 180 casos positivos, y cuenta con 117 pacientes hospitalizadas, de los que 12 están en UCI.

Además, el Área de Salud de Plasencia registra 90 casos positivos, y tiene 50 pacientes hospitalizados, seis de ellos en UCI, mientras que la de Navalmoral de la Mata ha notificado 54 casos confirmados, y cuenta con 24 pacientes ingresados.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra 76 casos positivos, y tiene 29 pacientes ingresados, mientras que la de Coria registra 14 casos positivos, y cuenta con 15 pacientes hospitalizados.

El 95 por ciento de los centros educativos de Castilla-La Mancha ya están abiertos a fecha de hoy tras el paso por la Comunidad Autónoma del temporal de nieve y hielo 'Filomena' y se prevé que se pueda llegar al cien por cien de la docencia presencial, salvo alguna incidencia puntual, este mismo viernes.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en el pleno de las Cortes la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, para detallar la gestión de su departamento durante el temporal.

En concreto, ha señalado que en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara están abiertos la totalidad de los centros educativos a fecha de hoy; mientras que en Toledo tan solo permanecen cerrados 65 centros educativos, la mayoría de la capital, lo que supone que un 85% de la provincia tiene ya sus centros abiertos.

"El que hoy podamos estar hablando de normalidad casi absoluta se debe al esfuerzo de muchas personas que han trabajado de forma coordinada en la puesta en marcha de las medidas adoptadas", ha dicho, para destacar la implicación de más de 1.600 equipos directivos, más de 30.000 docentes, más de 400.000 alumnos, más de 900 alcaldes, personal de diferentes consejerías, 50 efectivos de Geacam y 89 efectivos y 14 máquinas de Tragsa.

CRONOLOGÍA

Rodríguez ha hecho una cronología de la acción llevada a cabo durante el temporal, para indicar que ya el 4 de enero, ante los avisos meteorológicos, se comenzó a trabajar con la Dirección General de Protección Ciudadana, con la Dirección General de Carreteras y con la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Ya el día 5 se decidió suspender el inicio del curso escolar previsto para el 8 de enero por lo que ha defendido que Castilla-La Mancha fue la primera Comunidad Autónoma en tomar esta decisión. "Lo hicimos a fin de que las familias y los docentes pudiesen organizarse con el tiempo suficiente".

El día 9 de enero se tomó la decisión de continuar la suspensión de la actividad lectiva los días 11 y 12 de enero en base a las informaciones del Comité Asesor de Meteocam, comunicándoles a los centros educativos y ayuntamientos que esta prórroga podría ampliarse de forma generalizada a toda la Comunidad Autónoma o bien zonificada, es decir, individualizando localidades o, incluso, centros.

En este periodo, Rodríguez ha dicho que en forma de instrucciones se solicitó a los centros que procurasen las medidas oportunas para el acondicionamiento de los centros educativos, especialmente, la supervisión del estado de las instalaciones y el encendido de calefacciones, coordinado con los ayuntamientos en el caso de los centros de Educación Infantil y Primaria.

El día 12 de enero, la consejera ha indicado que se procedió a la declaración de emergencia, para dar respuesta específicamente en las zonas y centros más afectados por la borrasca, a fin de posibilitar la reanudación de la actividad lectiva presencial de los centros docentes lo antes posible.

INTERVENCIÓN EN 112 CENTROS

"Desde este día, hasta el día de hoy, y sin parar durante el fin de semana, se ha intervenido en 112 centros de secundaria, un 49,77 por ciento del total de centros de la región, y un 93 por ciento de los centros de ESO de las provincias más afectadas, en su mayor parte de la provincia de Toledo, seguida de Cuenca y Guadalajara, con actuaciones puntuales en Ciudad Real y Albacete, como por ejemplo el Colegio Bosco de Albacete", ha argumentado.

Con todo, el 13 de enero se reanuda de forma generalizada la actividad presencial en toda la provincia de Albacete, excepto el IES Beneche de Yeste y la Escuela de Arte; en toda la provincia de Ciudad Real, excepto el centro de la localidad de Los Cortijos; y en toda la provincia de Cuenca a excepción de algunos municipios como Tarancón y Horcajo de Santiago.

De su lado, en Guadalajara solo reanudan la actividad presencial 18 municipios de la provincia y en la de Toledo se reanuda la actividad lectiva presencial en la localidad de Talavera de la Reina y su comarca, es decir, en 68 municipios. "El resto de localidades de la región, comienzan su actividad lectiva de forma no presencial", ha añadido Rodríguez.

Continuando su cronología, ha manifestado que los días 14 y 15 de enero algunas de las localidades, principalmente de la provincia de Toledo y Guadalajara van incorporándose a la actividad lectiva presencial según iban solventándose las incidencias que impedían la misma.

"El día 15, y a la vista de los informes que se iban recibiendo por parte de las unidades técnicas, así como de los Ayuntamientos, se observa la práctica normalidad en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, y la comarca de Talavera de la Reina, por lo que se informa a los centros que aún mantienen la no presencialidad que el lunes, 18 de enero, se reanuda de forma generalizada la actividad lectiva presencial", ha sostenido.

Es por ello por lo que ha explicado que el 18 de enero la apertura en modalidad presencial se dio al cien por cien en Albacete y Ciudad Real, al 99 por ciento en Cuenca y al 98 por ciento en Guadalajara. La provincia de Toledo siguió siendo la de mayor incidencia en sus centros educativos, fundamentalmente, la capital, así como numerosas localidades de la zona de la Sagra y ese día se inicia la actividad lectiva presencial en 223 centros educativos de la provincia.

RUTAS ESCOLARES

También se ha detenido la consejera en las rutas escolares para indicar que el miércoles 13 de enero se suspendieron todas las de las provincias de Cuenca y Guadalajara, por el estado de las carreteras, excepto la que va de Fontanar a Yunquera de Henares en Guadalajara.

En Albacete, se suspenden 22 rutas escolares, principalmente las que circulan por las Sierras de Alcaraz y del Segura. En Ciudad Real, las rutas de la zona de Retuerta del Bullaque y del Molinillo y en Toledo todas aquellas rutas de las localidades que aún no prestan la actividad lectiva presencial.

A lo largo de los días 14 y 15 de enero, en coordinación con las direcciones generales de Carreteras y Protección Ciudadana, así como con las delegaciones de la Junta y, en base a la mejora en los estados de alerta de determinadas carreteras, se fueron reanudando las rutas de transporte que hasta ahora estaban suspendidas, "llegándose a una normalidad prácticamente total a día de hoy".

"En concreto, hoy solamente tenemos incidencias en dos rutas de transporte de la provincia de Cuenca, dos en la provincia de Guadalajara en Iriepal y Brihuega y 88 en la provincia de Toledo, debido en esta última a las localidades que aún mantienen sus centros educativos cerrados", ha manifestado.

Durante su turno de palabra, la diputada de Cs Carmen Picazo ha calificado de "espectáculo" la acción de la Consejería durante el temporal y ha criticado a la consejera que hable de coordinación. "Nos jugamos mucho y no se puede alardear de una gestión que a todas vistas no ha sido todo lo deseable que debería ser".

De su parte, la diputada del PP Lola Merino ha dicho a la consejera que asuma su responsabilidad y no la descargue en los alcaldes, docentes y equipos directivos que son los que "están dando la cara". "Me hubiera gustado que hubiera puesto el mismo empeño que en sacar una ley que atenta contra la libertad de los padres a elegir".

Por último, la diputada del PSOE Diana López ha dicho a los 'populares' que en lugar de poner "palos en las ruedas" se podían haber puesto a trabajar y podían haber tenido alguna palabra amable y de reconocimiento a la labor y el esfuerzo llevado a cabo por las administraciones durante la borrasca. "No están en disposición de darnos lecciones".

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha requerido a la Conselleria de Sanidad para que vacune contra la Covid-19 a los médicos de la sanidad privada en la provincia en igualdad de condiciones y tiempos que los de la pública.

En este sentido, ordena a la administración que remueva cualquier obstáculo que dificulte la vacunación de todo el personal médico que ejerce en la provincia, sea cual sea su vínculo, con el mismo orden y prelación que el público, y que vacune a los trabajadores sanitarios que trabajan en la privada "sin dilación, discriminación o demora alguna" respecto a los otros, tanto en el caso de los de la primera línea como, posteriormente, en el otro personal sanitario o sociosanitario que va segundo en el orden de prelación.

Así lo acuerda en un auto, de fecha de este mismo jueves, en el que el magistrado resuelve una pieza de medidas cautelarísimas ante un escrito del Ilustre Colegio de Médicos de la Provincia de Alicante, que pidió, a través de este procedimiento, que se exigiera a la administración autonómica que se eliminara "cualquier impedimento que obstaculice o dificulte la vacunación de todo el personal médico" que trabaja en la sanidad privada en la provincia en "las mismas condiciones" que el de la pública.

El magistrado atiende a la urgencia de la petición dado que el proceso de vacunación se inició hace un mes sin que el segundo grupo en el orden de prelación de la vacuna --sanitarios de primera línea-- y, en concreto, los de la privada, hayan accedido a la vacuna. "Casi un mes de demora en un ámbito sanitario donde el número de contagios ha crecido exponencialmente", señala, y añade que la administración no puede "abandonar" ni "dejar a su suerte" al personal de la privada, aunque no se pronuncia sobre si hay discriminación, ya que se trataría de una cuestión del fondo del asunto.

En su resolución, adoptada antes de haber dado traslado a la parte demandada, el magistrado acuerda continuar la pieza separada de medidas cautelares y comunicarlo a la Generalitat Valenciana para que en tres días presente alegaciones en relación con el levantamiento o mantenimiento de esta medida, que afecta únicamente a la provincia de Alicante al no poder dar "extraterritorialidad" a la decisión.

A juicio del juez, con esta decisión "el interés público no solo no se ve perjudicado sino que se ve reforzado en la medida en que la función de cualquier médico situado 'en primera línea' (sea público o privado) es la de salvar vidas ajenas, y ello pasa necesariamente por cuidar la propia salud y vida de quienes deben salvar la de otros".

El magistrado, que reconoce la legitimación de la entidad colegial para plantear su petición, señala que en el documento de estrategias para la vacunación contra la covid-19 de los grupos por etapas se han priorizado cuatro --residentes y personal sanitario y sociosanitario de residencias; personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario y grandes dependientes no institucionalizados--, al igual que en las instrucciones de la Conselleria de Sanidad, que no contienen "diferencias entre el personal".

Para el magistrado, es "una evidencia" que este acuerdo "no distingue" entre personal que ejerza su trabajo en la pública y la privada y señala que, en aplicación de los principios generales del derecho, el trato por parte de la administración autonómica "debe ser el mismo" para los sanitarios de la pública y la privada, máxime cuando en la vacunación de los usuarios de las residencias y el personal no se ha distinguido entre las que son del sector público y el privado.

El juez sostiene que, de no ser así y de no acceder al mismo trato, se estaría ante una "vulneración flagrante" del principio de igualdad, con derivaciones a otros de mayor calado como el derecho a la salud o la vida, "además de la propia responsabilidad personal e incluso penal en la que puedan haber incurrido quienes hayan dado lugar a esta situación".

"Tendría una muy difícil explicación que la administración autonómica valenciana hubiera relegado al personal de la sanidad privada por criterios políticos en una cuestión con implicaciones constitucionales tan evidentes y ante la existencia de una normativa (...) que no contempla esta distinción", apunta el magistrado.

Asimismo, hace referencia a la denuncia del Colegio de Médicos sobre la "absoluta desorganización" en la administración de la vacuna, que ha sido suministrada a algunos alcaldes, para afirmar que aunque el "hastío del personal médico es más que comprensible", no puede hacer pronunciamiento alguno sobre este extremo.

Ante esta decisión, la entidad colegial ha mostrado su satisfacción en un comunicado porque "repone en sus derechos a todos los médicos con independencia del lugar y el modo en el que ejercen la profesión" y aseguran que seguirá "vigilante" para que se lleve a efecto esa resolución.

FORENSES Y PRISIONES

Por otra parte, el Colegio de Médicos de Alicante ha denunciado que tanto los médicos forenses como los de prisiones carecen de protocolos de vacunación no han recibido la dosis, y el abogado de la entidad colegial también ha denunciado que el COMA ha tenido conocimiento de la vacunación en hospitales a médicos jubilados, extrabajadores y familiares de empleados sanitarios y personal administrativo.

La Junta de Castilla y León ha acordado en el Consejo de Gobierno celebrado este jueves suspender toda su actividad presencial y ha solicitado ante las Cortes la comparecencia del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, para dar a conocer la evolución de la pandemia generada por el Covid-19 en la Comunidad.

Así lo ha avanzado el vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, quien ha detallado las medidas que desde este mañana se pondrá en marcha en la Comunidad de forma adicional a las ya existentes con el fin de conseguir reducir la curva de contagios en un momento "especialmente grave" dentro de la tercera ola.

De este modo, desde mañana se cerrarán todos los centros culturales de la Comunidad y se suspenderán todos los actos institucionales presenciales, por lo que el Consejo de Gobierno pasará a ser telemático a partir de la proxima semana.

Además se primará en la administración el teletrabajo, algo que ya desarrollan el 50 por ciento de los empleados públicos, siempre que se garantice el mantenimiento de la actividad en la administración.

El vicepresidente de la Junta ha pedido a los ayuntamientos a que impulsen también este tipo de medidas en la administración local, al tiempo que ha insistido en pedir a los alcaldes que recomienden el autoconfinamiento a sus vecinos, especialmente en aquellas zonas donde se realizan cribados masivos con la acumulación de casos.

"No tengan contacto social, la incidencia está desbocada, los hospitales están al borde de su capacidad, es muy importante que nos ayuden a ayudar a nuestros sanitarios que nuevamente sufren la violencia de esta pandemia", ha reclamado Igea.

Así, ha insistido en la importancia de no mantener reuniones en domicilios al ser posible "con nadie que no sea conviviente" y ha recordado que sólo se pueden realizar reuniones de cuatro personas, algo que él prohibiría. "No podemos prohibir porque necesitamos seguridad jurídica, estamos intentando limitar, en la medida de lo posible, pero hay derechos que no podemos prohibir".

Dada la situación, Igea ha avanzado que el presidente de la Junta ya ha solicitado su comparecencia ante las Cortes para explicar a la ciudadanía la evolución de la pandemia. "No cumpliríamos con nuestra obligación si no dijésemos a los ciudadanos cuál es la realidad", ha señalado.

El Consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Damià Calvet, ha enviado una carta al Gobierno ofreciendo la colaboración del Govern para los trabajos de emergencia en el Delta de l'Ebre (Tarragona), afectado por las borrascas 'Filomena' y 'Gloria'.

Así lo ha indicado en un encuentro telemático con periodistas este jueves, en el que ha recordado que Cataluña no tiene competencias para actuar en emergencias como éstas, y que gran parte de las soluciones que necesita el Delta dependen del Gobierno central.

Calvet ha insistido en que la Generalitat sólo puede actuar en cuestiones de biodiversidad vinculadas a la Xarxa Natura 2000 --que comprende unas 13.000 hectáreas terrestres y 36.000 marítimas del Delta-- y en el Parque Natural, que comprende unas 7.800 hectáreas.

Por lo contrario, ha sostenido, gran parte de los espacios que afectan al Delta, como son el propio río --lo que incluye los caudales, la calidad del agua y los sedimentos-- o el litoral, son competencia exclusiva del Estado español.

"No podemos licitar obras en lo que no es nuestra competencia, si lo hiciéramos estaríamos prevaricando; lo que sí podemos hacer es un convenio con el Estado, que es lo que estamos proponiendo", ha afirmado el conseller.

LA PROPUESTA CATALANA

Con todo, Calvet ha avanzado que propondrá al Gobierno central colaborar en la gestión de la emergencia, aportando tantos fondos como invierta el Estado y que también pondrá a disposición de las acciones conjuntas sobre el Delta una partida de seis millones de euros.

El conseller ha recordado también que la Generalitat se ha ofrecido en múltiples ocasiones a intervenir en soluciones estructurales para el Delta, como la mejora del caudal ecológico del Ebro o la gestión de los sedimentos, que no llegan a la desembocadura a causa de los embalses.

Sin embargo, ha explicado que la Cuenca Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Estado han desoído sus recomendaciones y propuestas, y que han desestimado las alegaciones que presentaron al nuevo Plan Hidrológico del Ebro, que debe aprobarse próximamente para el período 2021-2027.

En concreto, Calvet ha resumido las propuestas de la Generalitat para mejorar la situación del Delta a medio y largo plazo en tres: aumento de los caudales ecológicos, movilización de sedimentos, y mejora de la calidad del agua.

LA SITUACIÓN DEL DELTA

El conseller ha explicado que el Ebro llega actualmente a Catalunya con un 30% menos de caudal del que llegaba en el pasado, y que el río aporta ahora "sólo un 10% de los sedimentos" que había llegado a aportar; a lo que se suman las consecuencias del cambio climático.

Para Calvet, "el Delta se forma de la tierra al mar, y no se pude hablar del Delta sin el Plan Hidrológico", por lo que ha pedido al Estado que, además de abrirse a colaborar con el Govern en la emergencia, permita su participación en las soluciones a largo plazo.

El conseller ha indicado que la Generalitat participa en la CHE a través de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y la Conselleria de Agricultura, pero reclama una mayor coordinación y colaboración en sus ámbitos de acción, y en otras competencias estatales como el litoral.

El número de usuarios de residencias de Galicia diagnosticados de covid-19 experimenta un repunte después de registrarse 53 nuevos positivos, 12 de ellos en un brote en Bande (Ourense), que elevan a 422 el total de residentes con enfermedad activa, 36 más que hace 24 horas.

Así figura en el último balance ofrecido por las autoridades sanitarias este jueves, en el que se contabilizan 53 nuevos casos que afectan a una docena de residencias.

De este modo, Política Social informa de tres nuevos brotes que afectan a centros residenciales de mayores. El más grande, por el momento, es el de la residencia de Bande, que notifica 12 infectados; seguida por O Casón de Moeche, con 6 positivos; y Asunción de Caldas de Reis, que informa de 5 casos entre sus residencias.

Además, la residencia de Santa María de Verín notifica otros 8 casos y la Virxe da Clamadoira de Verín, 4 nuevos positivos. Asimismo, tres residencias informa de dos nuevos casos entre sus usarios: Residencia e Apartamentos de Arzúa, San José de Ourense y Vivienda comunitaria de Vilar de Santos. Por último, el centro MiCasa de Ferrol y la Stella Maris de Nigrán informan de un nuevo positivo cada una.

A estos casos que se incorporan al cómputo hay que restar un total de 11 usuarios de residencias que dejan de figurar como casos activos por negativizar. Seis de ellos son residentes en la de Ribeira, cuatro lo hacen en A Pastoriza y los dos restantes en La Saleta de San Cristovo.

A ello hay que añadir los cinco fallecimientos relacionados con geriátricos notificados en la noche del miércoles por las autoridades sanitarias que eran residentes en A Pastoriza, Paz y Bien de Tui, Santa María de Verín y DomusVi Vimianzo.

Con estas variaciones, la DomusVi Ribeira continúa como la residencia con más casos activos entre los mayores, con un total de 64. Siguen a esta la residencia Paz y Bien de Tui --intervenida por la Xunta la semana pasada--, con 60 casos activos; la DomusVi Carballo, con 42, y la DomusVi Vimianzo, con 39.

También cuentan con grandes grupos de usuarios contagiados el Fogar Santa María de Verín, con 36; la residencia Quercus de Leiro, con 27; la San José de Arzúa, con 21; y la de A Pastoriza, con 20.

La residencia San Bartolomeu de Xove tiene 16 casos, Mi Casa de Pazos de Borbén contabiliza 15, la Santa Teresa de Jornet 13, mismo número que tiene la residencia de Bande. La residencia de Vilardevós cuenta con nueve casos, la Virxe de A Clamadoira de Muíños con ocho y el Hospital Asilo San Sebastián e San Lázaro de Ribadeo tiene siete.

Con cinco contagiados está la Asunción de Caldas de Reis, cuatro tiene la residencia Las Angélicas de Vigo y tres la vivienda comunitaria de Vilar de Santos. Asimismo, dos casos la residencia de Burela, San José de Ourense, Stella Maris de Nigrán, la Campolongo de Pontevedra y la Modelo de Vigo. Con un único caso, están la Ballesol de A Coruña, la DomusVi de San Lárazo, Mi Casa de Ferrol y Nuestra Señora de Los Dolores de Forcarei.

TRABAJADORES INFECTADOS

En cuanto a los trabajadores de las residencias gallegas, el cómputo global experimenta también un ascenso en los datos de este martes hasta colocarse en los 212, diez más que en la jornada anterior.

Esto se debe a que en las últimas horas se han detectado 17 nuevos positivos: tres en la DomusVi de Carballo, dos en la DomusVi de Chantada, dos en la de Bande, otros dos en la Quercus de Leiro, dos en la San José de Ourense y uno en otros siete centros distintos --DomusVi Oleiros, DomusVi Laraxe de Cabanas, Vilar de Santos, Santa Teresa de A Cañiza, Stella Maris de Nigrán y Paz y Bien de Tui--.

Por contra, se retiran del cómputo por negativizar en las pruebas otros siete trabajadores de los siguientes centros: residencia y apartamentos de Arzúa (2), DomusVi Vimianzo (1), San Bartolomeu de Xove (2), Asunción de Caldas (1) y DomusVi Barreiro (1).

Según la última actualización de la Xunta, la plantilla más afectada por la pandemia sigue siendo la de la residencia Paz y Bien de Tui, con 30 positivos; seguida de la de A Pastoriza, con 23; DomusVi Ribeira, con 21; DomusVi de Carballo, con 13; DomusVi Vimianzo, con 12; y la San Bartolomeu de Xove, con 10, mismo número de empleados contagiados que tiene el Fogar Santa Margarita de Verín.

El resto de centros que figuran en el listado tiene menos de una decena de casos entre los trabajadores.

CENTROS DE DISCAPACIDAD

En los centros de atención a la discapacidad (CAPD) de Galicia, se han detectado cinco nuevos casos en los dos centros más afectados: el Pai Menni de Betanzos (41) y Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey de Crecente (29). Además, también hay casos de covid-19 en la residencia de Bergondo y en la DomusVi de Bóveda.

Los trabajadores de centros de discapacidad contagiados ascienden a 29 tras registrarse dos casos en la Pai Menni de Betanzos --que tiene 14 empleados positivos--, y cuatro en en la Nuestra Señora Fátima y Cristo --seis en total--.

La Aspace de Sada se mantiene con dos casos en su plantilla, hay tres en la residencia de Bergondo y uno en el CAPD de A Coruña, la Casa Lamastelle de Oleiros, la DomusVi Bóveda y la RPD Aseme de Chantada.

Obispos de diferentes países del mundo, entre ellos el español Joan Enric Vives Sicilia, arzobispo de Urgell, --en nombre de la Conferencia Episcopal Española-- han pedido a la comunidad internacional que urja a Israel a que las vacunas contra la Covid-19 sean accesibles para los palestinos que viven en Cisjordania y Gaza, porque consideran que es una "responsabilidad moral y legal".

"La comunidad internacional debe urgir a Israel sobre la responsabilidad que tiene, moral, legal y humanitaria, de hacer que las vacunas contra el Covid-19 sean accesibles para los palestinos en Cisjordania y Gaza, prestando atención al mensaje del Papa Francisco de que 'ante un desafío que no conoce fronteras, no podemos levantar muros'", subrayan los prelados en un comunicado.

Así lo reclaman en el mensaje final de la reunión de la Coordinadora de los obispos de Tierra Santa, que ha tenido lugar como cada año por estas fechas aunque, en esta ocasión, por primera vez, los obispos no han podido encontrarse en Tierra Santa debido a la pandemia.

En todo caso, aunque el encuentro se ha celebrado de forma virtual, los prelados han escuchado testimonios de cristianos de Cisjordania, Gaza e Israel y han concluido que queda "dolorosamente claro que hoy se dan menos motivos para la esperanza que en cualquier otro momento de la historia reciente".

En primer lugar, los prelados advierten de que los desafíos para la salud del Covid-19 "se ven agravados" en la zona "por el conflicto, la ocupación y el bloqueo. Además, ponen de manifiesto que "la ausencia de peregrinos ha agravado las dificultades económicas generalizadas, ha incrementado el desempleo y ha empujado a muchas más familias a la pobreza".

Por otro lado, señalan que "la falta de progreso político, junto con la implacable expansión de los asentamientos ilegales y el impacto de las leyes del Estado-Nación de Israel continúan erosionando cualquier esperanza de una solución pacífica con dos estados".

En este contexto, hacen un llamamiento a "fortalecer la solidaridad" con las personas que viven en Tierra Santa y piden "a los dirigentes israelíes y palestinos que se comprometan nuevamente con las negociaciones directas".

Igualmente, instan a los demás gobiernos a "renovar su participación activa en la búsqueda de una paz justa, apoyando las negociaciones directas entre todas las partes, defendiendo el derecho internacional y reafirmando la pluralidad de Jerusalén, dada su importancia única para judíos, cristianos y musulmanes.

También destacan la importancia "vital" de las escuelas católicas, las clínicas, los hospitales y otros proyectos sociales, incluido el trabajo de Cáritas, aunque afirman que "se encuentran bajo una fuerte presión".

Finalmente, los obispos dicen esperar "con impaciencia el momento en que los cristianos de todo el mundo puedan volver a realizar peregrinaciones a Tierra Santa".

Para llegar a estas conclusiones, los prelados han asistido a diversos diálogos con el responsable del Patriarcado latino de Jerusalén, Sami el-Youseff, con el patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, el nuncio apostólico en Israel y Chipre y delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, Leopoldo Girelli, con la comunidad cristiana en Gaza, y con jóvenes israelíes y palestinos.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este jueves contra la "falta de rigor" del Gobierno central por no acceder a la petición formulada por varias comunidades, entre ellas la gallega, de adelantar el toque de queda. Además, se ha preguntado si la negativa del Ejecutivo central está vinculada con las elecciones catalanas, en las que el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, es candidato del PSC.

"Ni gestiona ni deja gestionar", ha afeado, antes de esgrimir que el comité clínico que asesora al Ejecutivo autonómico en la pandemia veía clave esta "herramienta".

Tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, Feijóo ha confesado "sorpresa y frustración" por comprobar que, pese a que "la mayoría" de autonomías pidieron "formalmente" en el Consejo Interterritorial de la Salud esta "flexibilidad" en el adelanto del toque de queda, el Gobierno que dirige Pedro Sánchez impide "trabajar con herramientas" que las comunidades "necesitan" para hacer frente a la covid-19.

El presidente gallego ha esgrimido que comunidades con gobiernos de distintos colores políticos (nacionalistas, socialistas o populares) se sumaron a la petición, por lo que no "hay diferencia ideológica" en la solicitud. Enfrente, sí ha constatado "falta de rigor" por parte del Gobierno central y, en concreto, del Ministerio de Sanidad.

"No podemos más que lamentar públicamente la falta de rigor ya no de quién gestiona la pandemia porque no lo hace, sino de quien no la deja gestionar. Estamos acostumbrados a que no hagan cosas, pero pedimos que nos dejen trabajar", ha exigido, antes de incidir en que, a la vista de la opinión de los expertos, no adelantar el toque de queda es "un error" cuyas consecuencias "se están pagando".

"NO PIDO QUE LO HAGA, SINO QUE ME LO DEJE HACER"

En el turno de preguntas, el presidente gallego ha incidido en la "irresponsabilidad" de esta decisión y ha insistido en su "estupefacción" por ello, antes de recalcar que para ningún presidente es "plato de gusto" decirle a los ciudadanos que tienen toque de queda a las 20,00 horas.

"Ninguno lo hace por capricho, por sus colores políticos o para desgastar al Gobierno central", ha afirmado y se ha vuelto a remitir a la recomendación de los expertos. De hecho, ha subrayado que, de haber algún "desgaste", será el del Ejecutivo autonómico que adopta la decisión.

"Yo ya no pido que el Gobierno fije un toque de queda en España a las 20,00 horas. Le pido que me lo deje hacer y yo asumo mis responsabilidades y las consecuencias de esas decisiones", ha sentenciado, para insistir que tanto él como el resto de autoridades autonómicas que han pedido dar este paso lo hacen con el ánimo de "acertar, salvar vidas y proteger el sistema sanitario".

"¿QUÉ HAY DETRÁS?"

"Somos responsables y no podemos entender qué está pasando, qué es lo que hay detrás para negar lo que se pide", ha advertido, antes de preguntarse "si hay algún interés" en negarse a acceder a lo que piden "la mayoría" de autonomías porque "alguna otra Comunidad" está en medio de un proceso electoral --los comicios en Cataluña están previstos para el 14 de febrero--.

Feijóo también se ha preguntado si "realmente" se va a "mezclar la pandemia" con procesos electorales en otra Comunidad que "beneficien o perjudiquen" a un determinado partido, antes de concluir que "no" entiende la actitud del Gobierno y de incidir en que este tipo de actitudes ponen en cuestión la denominada "cogobernanza".

MANTIENE SU RECHAZO AL TÉRMINO "TOQUE DE QUEDA"

Por otra parte, preguntado al respecto, ha defendido que no considera que se le deba "reprender" por pedir ahora el toque de queda y ha incidido en que, en su día, lo que dijo (y en lo que se ha reafirmado) es que ve "un error" hablar de "toque de queda" y de "estado de alarma" en España.

A su modo de ver, debería haber una ley para gestionar la pandemia y el uso de "determinados conceptos" tiene "costes reputacionales" para España. Así, ha concluido que no le gusta la terminología de "toque de queda" o "estado de alarma", pero "es la que hay".

La Plataforma per la Llengua ha impulsado un decálogo de iniciativas y propuestas para el audiovisual en Cataluña que busca que las formaciones políticas se comprometan a garantizar una mayor presencia del catalán en el sector audiovisual, algo que consideran "imprescindible para el pleno desarrollo" de la cultura catalana, en una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Acadèmia del Cinema Català y el Clúster Audiovisual de Catalunya, entre otras entidades.

Lo han explicado en rueda de prensa este jueves la vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, Mireia Plana; la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, el exconseller de Cultura de la Generalitat Joan Manuel Tresserras, y el presidente del Clúster Audiovisual de Catalunya, Miquel Rutllant.

Plana ha alertado en su intervención de la situación de la lengua catalana, que considera particularmente grave en el caso de los jóvenes --ha dicho que solo el 19,6% de la población barcelonesa de entre 15 y 29 años usa hoy el catalán como lengua habitual, mientras que en 2013 era el 30%--, y en este sentido considera el audiovisual como un sector "estratégico" para acercarse a los jóvenes.

Ha remarcado también que en el decálogo piden una ley de cine actualizada, pero ha dicho que por el momento por lo menos "querrían hacer cumplir la que tienen", que determina que la cuota de cine en catalán que se exhibe en las salas tiene que ser del 50% --una cuota que el Tribunal Constitucional redujo al 25%--, pese a que en 2018 este porcentaje fue del 2,1%, según ha dicho.

Asimismo, considera que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) está infrafinanciada --piden que cada ciudadano pague 60 euros, frente a los 32 que han explicado que pagan ahora--, así como el acercamiento del audiovisual a todos los territorios de habla catalana: "Hay que recordar que tenemos un mercado potencial de 10 millones de personas", ha dicho.

El exconseller Tresserras ha dicho que no hay "proyecto político que se precie que no considere la adaptación a la era digital como un tema capital", y considera que en Catalunya no se ha estado lo suficientemente atento a la relevancia del audiovisual ni a lo que su juicio es una descapitalización en el sistema de información, comunicación, educación y cultura.

"RESOLVER EL TEMA DE TV3 Y EL DE LOS PRESUPUESTOS"

Passola ha dicho sentirse indignada y avergonzada por la situación de la lengua catalana --la cuota de cine producido en catalán ha pasado del 7% al 0,3% en diez años, según ha explicado-- y ha dicho que el decálogo para ella se resume en dos ideas principales: "Hay que resolver el tema de TV3 y hay que resolver el tema de los presupuestos", ha dicho.

Considera que TV3 ya no funciona como "un motor de normalización lingüística", y que el audiovisual catalán no está lo suficientemente financiado.

EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

A su vez, Rutllant ha destacado el papel que a su juicio debe tener el desarrollo de la industria del audiovisual en catalán: "Si hay industria, habrá contenido en catalán", ha dicho.

En este sentido, destaca dos iniciativas del decálogo: la creación de un parque audiovisual en el que "se puedan hacer producciones de gran nivel", y la de un parque tecnológico para que la industria sea más competitiva en las nuevas tecnologías.

LA RESPUESTA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Al ser preguntados por la respuesta que han obtenido de momento de los partidos políticos, Plana ha respondido que en los partidos que a su juicio "son de tradición democrática", la respuesta ha sido positiva, exceptuando el PSC que todavía no se ha decidido.

Tresserras ha cerrado el acto diciendo que aunque el decálogo presente una lista de problemas y sea un grito de alerta, también "existe la posibilidad de revertir las cosas si se consiguen amplios consensos políticos".

Los hospitales de Castilla y León tienen a fecha de este jueves 337 pacientes en las unidades de críticos --201 de ellos con COVID-19--, con lo que ya se supera la capacidad inicial que tenían estas áreas al comienzo de la pandemia --331 camas--.

Así se recoge este jueves en el portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León, donde se indica que el conjunto de los hospitales de la Comunidad presentan una ocupación del 102 por ciento con respecto a la capacidad inicial de las unidades para pacientes críticas y del 66 por ciento si se tienen en cuenta las camas que se han habilitado en otros servicios, las cuales provisionalmente no se dedican al tipo de pacientes a los que originalmente atendían.

Seis de los once hospitales con unidades de críticos tienen ya sobrepasada la capacidad inicial de sus UCI y el caso más acusado es el del Hospital Del Río Hortega de Valladolid, que tiene 47 pacientes críticos que superan en un 42 por ciento de su capacidad inicial de 33 camas.

Para garantizar la atención este centro tiene ya habilitadas otros 19 puestos de otros servicios y aun así la ocupación efectiva, contando estas camas habilitadas, es del 90 por ciento.

El Complejo Asistencial de Palencia, con 27 pacientes críticos, supera en un 35 por ciento la capacidad inicial de sus UCI (20 camas), por lo que ha tenido que habilitar ya otras 20.

En el Hospital Clínico de Valladolid, con 65 pacientes en unidades de críticos, ven superada su capacidad inicial --57 camas-- en un 14 por ciento. Este centro tiene habilitados actualmente 83 puestos para pacientes de gravedad.

Lo mismo sucede en el Hospital Comarcal del Bierzo, en Ponferrada, que alberga 16 pacientes críticos y tenían una capacidad inicial de 14 camas. Para dar esa atención ha habilitado nueve puestos más hasta llegar a los 23.

También supera la capacidad inicial de las UCI el Complejo Asistencial de Segovia, con 17 pacientes críticos sobre un punto de partida de 16 camas, si bien ha recurrido a otros servicios para contar con 28 puestos habilitados.

En el Hospital Universitario de Burgos la situación es similar, con 44 pacientes críticos sobre una capacidad inicial de las UCI de 42 camas, si bien actualmente cuenta con 89 plazas después de extender la atención de críticos a otros servicios hospitalarios.

No están tan apurados los hospitales de Soria, con 13 pacientes críticos sobre una capacidad inicial de 14 camas --con 17 habilitadas--; León, con 39 críticos sobre una disposición inicial de 44 puestos --con 68 habilitados--; Ávila, con 12 pacientes críticos sobre una capacidad de 14 camas --con 18 habilitadas--; y Zamora, con nueve pacientes críticos sobre una capacidad inicial de 17 camas.

150 CAMAS MENOS EN 'PLANTA'

En cuanto a la ocupación en planta, los hospitales de la Comunidad acogen actualmente a 4.674 pacientes --1.401 de ellos con COVID-- lo que representa una capacidad del 74 por ciento con respecto a la inicial y del 75 por ciento con respecto a la situación real, ya que con motivo de la extensión de las unidades de críticos la capacidad de los centros hospitalarios en planta ha perdido casi 150 camas.

En estas cifras se incluye el 'Edificio Rondilla' de Valladolid, habilitado el pasado mes de octubre para albergar a pacientes con COVID-19 y que dispone actualmente de 45 camas habilitadas, que se podrían ampliar, de las cuales 41 están ocupadas.

Una granja de visones situada en el municipio coruñés de A Baña, en A Coruña, ha registrado un foco de positividad del SARS-CoV-2, un caso que la Xunta ha comunicado este mismo jueves al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Se trata del segundo caso de infección por SARS-CoV-2 en visón americano en España, tras el detectado en el pasado mes de junio en una granja de la provincia de Teruel.

La Consellería do Medio Rural ha informado de este foco que, según detalla, fue detectado en aplicación de los vigentes protocolos de vigilancia de esta enfermedad en este tipo de explotaciones de visón americano en España.

La Xunta ha detallado que la explotación, en la que se confirmó "circulación viral SARS-CoV-2, permanece inmovilizada y sometida a vigilancia y control oficial por los Servicios Veterinarios Oficiales de la Consellería do Medio Rural tras la detección del foco en los controles que se realizan en el marco del plan de prevención en este tipo de explotaciones.

Además, en los próximos días, "en aplicación del a normativa legal vigente y con el objtivo último de preservar la salud pública, la Xunta ha informado de que se llevará a cabo el sacrificio de todos los animales de la explotación, que cuenta con 3.100 visones (2.500 hembras y 600 machos), así como de medidas de desinfección y control del brote.

UN TOTAL DE 25 GRANJAS ACTIVAS EN GALICIA

En la actualidad hay un total de 25 granjas activas de visones en Galicia, con un censo de 69.186 reproductoras. Con estos datos, cuenta con la mayor parte del volumen de negocio del sector en el Estado toda vez que "tres cuartas partes" del total de explotaciones se ubican en la Comunidad gallega.

La Consellería do Medio Rural ha explicado que, desde las primeras informaciones recibidas procedentes de los Países Bajos en relación con explotaciones infectadas con el SARS-CoV-2, la Xunta mantuvo contacto permanente con el sector peletero gallego y le trasladó información actualizada sobre la situación.

Además, el foco será notificado de forma oficial por parte del Ministerio a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Comisión Europea.

Precisamente, tras el caso registrado en Teruel y después de que el Gobierno de Dinamarca ordenase el sacrificio de millones de animales, asociaciones ecologistas gallegas como Adega pidieron el cierre de estas instalaciones por el alto riesgo de propagación de la COVID-19.

SANIDAD ANIMAL

Precisamente, este mismo jueves, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publica la orden de la Consellería do Medio Rural por la que se convocan las ayudas a las entidades reconocidas como agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSG) de Galicia para el periodo 2021-2022.

El presupuesto para esta convocatoria asciende a un total de 2,15 millones de euros. El objetivo de estas subvenciones es mejorar el estatus sanitario de las explotaciones ganaderas gallegas mediante la ejecución de programas zoosanitarios comunes para la prevención y control de enfermedades de los animales.

Estos programas de planificación zoosanitaria deberán realizarse entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2022.

La Reina Letizia ha mantenido este jueves por primera vez una reunión con miembros del Patronato y el equipo directivo de Fundación Telefónica para conocer de primera mano el trabajo que realiza la entidad a través de sus cuatro áreas de actuación: empleabilidad, educación, cultura digital y voluntariado.

Además, se le ha informado de todas las iniciativas acometidas durante la pandemia para ayudar a la sociedad y del fuerte compromiso para seguir haciéndolo en el plan estratégico de 2021.

A su llegada a la sede de Fundación Telefónica, en la Gran Vía de Madrid, donde se ha celebrado la reunión, al mismo tiempo presencial y en remoto, la Reina ha sido recibida en primer lugar por el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, y por el presidente de Fundación Telefónica, César Alierta.

Posteriormente, la han saludado el director de Estrategia y Asuntos Públicos de Telefónica, Eduardo Navarro, y la directora general de Fundación Telefónica, Carmen Morenés. Una vez en la sala de reuniones, la Reina ha podido saludar en remoto al equipo directivo al completo de Fundación Telefónica.

Al inicio de la sesión de trabajo, la directora general, Carmen Morenés, ha intervenido agradeciendo el interés de la Reina Letizia por querer conocer de primera mano la labor de la entidad.

Carmen Morenés también ha querido poner en valor el trabajo que ha realizado la institución durante la pandemia.

El pasado 2020, el propósito de Fundación Telefónica cobró más sentido que nunca y la entidad se anticipó a las necesidades impuestas por el confinamiento gracias a la digitalización de sus proyectos.

De esta forma, contribuyó a que la formación y la educación para la nueva empleabilidad no parasen, impulsó la reflexión de ideas y soluciones que ayudarán a comprender el futuro y sumó fuerzas con otras entidades, a través de su voluntariado, para estar al lado de quienes más lo necesitaban.

A continuación, los responsables de los proyectos en los que trabaja la Fundación han contado en detalle las líneas estratégicas más relevantes en empleabilidad, educación, voluntariado y cultura y conocimiento, que se llevarán a cabo en 2021.

Así, le han trasladado a la Reina que Fundación Telefónica seguirá apostando por la educación como la principal palanca de cambio para la autonomía de las personas, que continuará adaptando la formación a los nuevos perfiles que reclama el mercado laboral; que continuará impulsando un hub de conocimiento que lidere la reflexión y el debate de las ideas que están cambiando el mundo y que seguirá sumando fuerzas con otras instituciones y entidades para lograr una sociedad más inclusiva, justa y solidaria.

Por ello, Fundación Telefónica seguirá poniendo la mirada en el futuro y trabajará para conectar a las personas con las competencias digitales y el acceso al conocimiento, necesarios para afrontar en igualdad de condiciones los retos de esta era digital.

De este modo, durante este 2021, continuará trabajando para desarrollar proyectos con 'alma' digital, proyectos con vocación global y proyectos inclusivos.

Ciudadanos ha pedido al Gobierno que aclare varias cuestiones relativas al principio de acuerdo entre España y Reino Unido sobre Gibraltar que considera que la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, no dejó claras durante su comparecencia en el Congreso, en particular en lo relativo al cumplimiento de la ley y en materia fiscal.

En una pregunta al Gobierno presentada en el Congreso de los Diputados, Cs pide conocer los mecanismos que habrá "para garantizar que las autoridades gibraltareñas cumplen con la armonización fiscal que deben realizar, tanto en IVA e impuestos especiales como en sociedades o IRPF y qué consecuencias o medidas correctivas tendrá un posible incumplimiento en este sentido".

Asimismo, los de Inés Arrimadas quieren que el Gobierno aclare las medidas previstas para "asegurar el cumplimiento de la legalidad por parte de las autoridades de Gibraltar, especialmente en lo relativo a la protección medioambiental y al respeto de soberanía española sobre las aguas territoriales que rodean el Peñón".

González Laya compareció el miércoles ante la Comisión Mixta para la UE para dar a conocer a los grupos parlamentarios el principio de acuerdo sellado entre Madrid y Londres el 31 de diciembre sobre Gibraltar, el cual deberá servir de marco ahora para un acuerdo entre Reino Unido y la UE sobre el Peñón, que se espera que esté listo en seis meses y que una vez alcanzado haría que este territorio entrara a formar parte de Schengen.

En Ciudadanos consideran que la ministra "dejó sin contestar algunos asuntos que son de especial relevancia para evitar la competencia desleal de Gibraltar con la comarca andaluza de Campo de Gibraltar".

En este sentido, piden también que se aclare la legislación que se aplica a la circulación de personas y mercancías mientras se negocia el acuerdo entre la UE y Reino Unido y por tanto "se cumplan los requisitos necesarios del Espacio Schengen y pueda caer la Verja".

Además, solicitan detalles sobre los "obstáculos" que deben esperar en los próximos meses y hasta que se produzca la caída de la Verja "los andaluces que tengan que cruzarla cada día para trabajar". En su intervención, la ministra dijo que durante este periodo se apostará por "la flexibilización de los controles" dentro de la legalidad con vistas a "evitar una situación traumática".

DETALLES SOBRE EL FONDO DE COHESIÓN

Por otra parte, Ciudadanos ha presentado otra segunda pregunta parlamentaria en relación con el acuerdo sobre Gibraltar interesándose por saber "cómo y cuándo se conformará el Fondo de Cohesión para las inversiones en el Campo de Gibraltar previsto en el preacuerdo alcanzado".

Igualmente, solicitan que se especifique de dónde procederán las aportaciones económicas a dicho fondo, más allá de fondos de la UE, y "qué cuantía" aportaría el Gobierno al mismo.

Además, piden que se expliquen las prioridades que defenderá el Gobierno en lo que se refiere a "la toma de decisiones sobre cómo, cuánto y en qué se invierte" el dinero de dicho fondo y qué instituciones españolas participarían en dicha toma de decisión.

El Ministerio de Justicia ha abierto este jueves la fase de audiencia e información públicas del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, una iniciativa legislativa que ha definido como una "apuesta firme" por la mediación y otros medios adecuados de solución de conflictos.

El departamento que dirige Juan Carlos Campo ha publicado el borrador en su página web, coincidiendo con los actos de celebración por el Día Europeo de la Mediación, iniciándose así el trámite de audiencia e información públicas.

Como novedad, se ha elaborado un formulario con el que Justicia pretende "facilitar y animar a la participación en esta fase de la tramitación del anteproyecto, que supone la apuesta firme del Ministerio por la mediación y otros medios adecuados de solución de conflictos", según ha informado en un comunicado.

El Ministerio ha confiado en que esta fase de audiencia pública "permitirá mejorar el texto mediante las aportaciones que se formulen por la ciudadanía, así como por las organizaciones o asociaciones legalmente establecidas".

Campo ya avanzó el miércoles, durante el acto inaugural del Día Europeo de la Mediación, que este 21 de enero se abriría a audiencia pública el anteproyecto de ley, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de diciembre.

En dicho acto, incidió en que se buscará la "cogobernanza" para mejorar el texto actual. "La primera palabra la tiene el Ministerio, pero la palabra final la tienen el resto de ministerios, las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias y, por supuesto, los actores del sector justicia", dijo, invitando a todos estos agentes a hacer sus aportaciones con "rigor", para lograr la "excelencia", y con "complicidad", para reconocer "cada sensibilidad, necesidad y capacidad".

El ministro explicó que este anteproyecto de ley persigue un "doble objetivo": "aumentar la sostenibilidad y reducir la litigiosidad", por un lado, y "promover la cohesión social a través de nuevas fórmulas para solucionar determinadas controversias desde el diálogo y la negociación", por otro.

Se trata, contó Campo, de que un tercero ajeno a las partes en conflicto las ayude a encontrar una solución "más ágil, más eficiente y más satisfactoria", impulsados también por "incentivos económicos y procesales". Si se consiguiera resolver así uno de cada cuatro conflictos, se podrían ahorrar 380 millones de euros, calculó.

APOYO DEL CGPJ A LA MEDIACIÓN

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha querido reiterar este jueves su apoyo a la mediación como medio alternativo de resolución de controversias, recordando que es también una forma de administrar justicia y apuntando a esta vía como "respuesta idónea" ante la creciente litigiosidad por la pandemia de coronavirus.

Con ocasión del Día Europeo de la Mediación, ha ratificado en un comunicado "la relevancia y la trascendencia social que tiene la misma para la resolución de conflictos mediante el acuerdo voluntariamente alcanzado por las partes con la intervención de un mediador".

El órgano de gobierno de los jueves ha aclarado que "la mediación es justicia", ya que se trata de "una nueva vertiente del derecho de acceso a la justicia". "No se trata de una justicia sin jueces, sino de una herramienta de los jueces al servicio de la justicia", ha afirmado, abogando por "introducir mecanismos que faciliten y reconozcan la labor del juez en la búsqueda de acuerdos".

Además, ha considerado que, ante "el más que previsible incremento de la litigiosidad y, por ende, de los procedimientos judiciales que se vislumbra como consecuencia de la pandemia", la mediación puede ser "una respuesta idónea en no pocos supuestos", razón por la cual ha avanzado que seguirá fomentando su uso con "entusiasmo e intensidad" en el marco de sus competencias.

No obstante, el CGPJ ha advertido de que, trece años después de la directiva europea sobre mediación y nueve años desde las primeras leyes españolas al respecto, aún queda un "amplísimo camino" por recorrer hasta lograr "una implantación normalizada de los medios de solución de las controversias". En este sentido, ha citado los informes de la UE que reflejan un desconocimiento generalizado en los estados miembros sobre estos métodos.

En este contexto, ha considerado necesario "hallar y establecer nuevas fórmulas para incentivar la mediación desde el punto de vista social, profesional, económico y fiscal", así como "reconocer el uso de esta herramienta en la valoración y el reconocimiento de la carga de trabajo, los rendimientos y la actividad profesional de la carrera judicial". En concreto, ha propuesto promover un modelo para evitar la "actual dispersión de modelos" y crear servicios o unidades funcionales de mediación.

UN MANDATO "MÁS QUE VENCIDO"

En otro orden de cosas, el Consejo General del Poder Judicial --que lleva más de dos años en funciones-- ha aprovechado la oportunidad para recordar que su mandato "a día de hoy está más que vencido".

A este respecto, ha señalado que, "agotado con creces su mandato, es precisa para los próximos años una estrategia de largo plazo para reorientar e impulsar con nuevas iniciativas el funcionamiento de la justicia, así como su actividad en favor de la mediación y de los medios adecuados de solución de controversias".

"Por ello resulta imperiosamente necesario que las Cortes Generales y los grupos parlamentarios, los diputados y senadores, y los miembros del Gobierno cumplan de manera urgente con su obligación constitucional de renovar el CGPJ", ha reclamado.

El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido este jueves que se permita confinar áreas sanitarias de salud para hacer frente al cononavirus, al tiempo que ha recalcado que no hace falta que tenga que votarse en el Congreso una modificación del decreto del estado de alarma para ampliar el toque de queda.

En una entrevista en La Sexta, Casado ha reclamado al Gobierno un "marco nacional" contra el Covid-19 dando "un margen" de actuación a las autonomías. Sin embargo, ha acusado al "el capitán del barco", que es Pedro Sánchez, de haber "huido el primero".

"La clave es dar un margen a las autonomías dentro de un plan nacional, con una responsabilidad y liderazgo que tiene que hacer el presidente del Gobierno", ha abundado el presidente del PP, que ha recalcado que él no quiere "hacer política con la pandemia" sino que "esto vaya bien".

Sin embargo, se ha quejado de que Sánchez no llama al primer partido de la oposición y ha subrayado que el PP ha apoyado al Gobierno "hasta la cuarta prórroga" del estado de alarma, "cuándo había en España 40.000 muertos".

"PARA EL TOQUE DE QUEDA NO HACE FALTA VOTAR"

Al ser preguntado si apoyaría una modificación del decreto de alarma en el Congreso para cambiar el toque de queda como plantean varias autonomías si el Gobierno lo propone, Casado ha afirmado que para el toque de queda "no hace falta".

Según ha explicado, el decreto de estado de alarma aprobado hace tres meses incluía una disposición adicional que "se podría modificar para ampliar los presupuestos que hay ahí". "Es decir, para el toque de queda no hace falta que se vote. De hecho, no se puede votar porque es un real decreto que se tiene modificar por Consejo de Ministros", ha apostillado.

El presidente del PP ha dicho que Pedro Sánchez optó por delegar la responsabilidad en las autoridades autonómicas y puede "recuperar la competencia cuando quiera". Dicho esto, ha defendido de nuevo hacer un plan jurídico que permita a las autonomías "tener más margen" y ha recordado que el PP ya lo planteó en mayo pero el Gobierno "no lo ha hecho", a pesar de que Pedro Sánchez "se comprometió" con Ciudadanos y también lo apoyaban los ministros Carmen Calvo y Juan Carlo Campo.

"NO ES LO MISMO" CONFINAR VALLECAS QUE PALENCIA

Casado ha dicho que está "a favor de que se permitan confinar áreas sanitarias de salud" y ha agregado que en este extremo hay "plena coherencia" en su partido. Según ha explicado, "el área sanitaria de salud es clara" y "no es lo mismo" confinar Vallecas que Medina del Campo o Palencia al hablar de "términos poblacionales distintos".

Casado ha destacado que este miércoles "15 autonomías" pidieron al Gobierno más medidas y ha achacado el rechazo del ministro Salvador Illa a la campaña catalana porque si se puede confinar, ERC podrá "justificar mejor" el aplazamiento.

Además, el presidente del PP ha pedido un plan nacional de vacunación y ha calificado de "muy grave" que este miércoles no se supiera "cuál iba a ser el segundo grupo de vacunación". Ante este tipo de hechos, ha pedido de nuevo la dimisión de Illa, que está "más pendiente del PSC que de las PCR".

VE AL GOBIERNO "ROTO" TRAS LAS DIVERGENCIAS EN PENSIONES

Ante las divergencias en materia de pensiones entre José Luis Escrivá y Pablo Iglesias, ha señalado que se está viendo que están "rotos" y ha aprovechado para recordar que la semana pasada "se rompieron en Europa tres gobiernos de coalición: Holanda, Italia y Estonia.

"Un Gobierno con la peor pandemia y con cinco millones de desempleados en España no puede estar en los líos internos", ha enfatizado, al tiempo que ha criticado que el vicepresidente Pablo Iglesias pueda comparar la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con la de los exiliados republicanos.

Además ha afeado a Pedro Sánchez que sus prioridades de legislatura sean "la Ley de Memoria Democrática, la ley de eutanasia y el aborto" cuando en España hay una alta tasa de paro y "83.000 muertos en la pandemia". A su juicio, es una "agenda ideológica" y a él "le preocupa" porque evidencia que el Gobierno de coalición "no está en la realidad de la gente", que está pendiente de los impuestos, la educación o la 'okupación' en viviendas.

"Lo digo con pesar, no con acritud, el Gobierno está en babia, no está en la realidad, no sabe lo que está pasando en España, no asume los problemas, no coge el toro por los cuernos", ha aseverado el presidente del PP.

INSISTE EN DEJAR A PODEMOS FUERA DEL CGPJ

En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Casado ha revelado que en la última charla que tuvo con Sánchez le dijo: "Pedro, solo depende de ti. Esto es un acuerdo entre dos grupos parlamentarios, PSOE y PP".

Así, el presidente del PP ha añadido que Sánchez "solo tiene que hacer con Podemos lo que hizo con Caixabank" y ha subrayado que la condición del PP para renovar el CGPJ es "reforzar la independencia del Poder Judicial".

DIFERENCIA ENTRE JUAN CARLOS Y FELIPE VI

Tras la defensa de la Constitución y la monarquía que ha realizado el presidente del Gobierno, Casado ha pedido que "se lo diga a Podemos" porque su vicepresidente dice que la monarquía es "una institución corrupta y franquista y que hay que cambiar a la república". "Que no nos tomen el pelo, que en el Gobierno está Podemos", ha exclamado.

Preguntado si le inquieta que Juan Carlos I no haya pagado impuestos y tenga fortunas en paraísos fiscales, ha indicado que "hay que diferencia lo que ha hecho el Rey Juan Carlos con lo que ha hecho el rey Don Felipe, que se ha comprometido con la ejemplaridad y los valores éticos y morales desde el mismo día en que fue proclamado por las Cortes Generales".

COMISIÓN KITCHEN

Ante el hecho de que Podemos no pida la comparecencia del excomisario José Manuel Villarejo en la comisión Kitchen pero sí al presidente del PP, ha respondido que se puede intuir que a los que no quieren llamar "algo saben" y "habrá que preguntar por qué no les quieren llamar".

"Se puede imaginar lo que sé yo de esa operación", ha enfatizado ante el hecho de que se solicite su comparecencia. De hecho, ha añadido que "a lo mejor" da "igual el tema" pero "intentan perjudicar" al PP, que ha hecho "un ejercicio de transparencia y ejemplaridad absolutamente inédito e incomparable con lo que hace Podemos con sus temas de Neurona y el PSOE con los ERE".

SOBRE VOX Y LA VICTORIA DE BIDEN

Preguntado por las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, afeando a Casado que haya elegido la confrontación, Casado ha afirmado que el PP es un partido "moderado, centrista, europeísta", y rechaza los radicalismos y los extremismos.

"Los extremos se retroalimentan porque al final la existencia de Vox hace que gobierne Sánchez y yo quiero que nos reencontremos los españoles en la centralidad para sacar a Sánchez del Gobierno", ha señalado el presidente del PP.

Finalmente, Casado ha elogiado el discurso de Joe Biden y su referencia a la "transparencia y la verdad". Además, ha destacado que reconociese a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Como Sánchez quiere estar muy bien con Biden, sería muy bueno que siguiera esta línea y dejara fuera a Iglesias de la política internacional", ha apostillado.

Castilla y León registra otros 2.968 nuevos positivos, que sitúan la cifra global hasta le fecha en 169.960, al tiempo que suma 28 nuevas víctimas mortales (25 en hospitales y tres en residencias), así como un total de 20.850 altas médicas, de ellas 117 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

Las estadísticas publicadas este jueves registran 25 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 4.436 la cifra total de defunciones en estos centros.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 1.337 y los casos positivos a ellos vinculados aumentan hasta 8.078. De ellos, Ávila contabiliza 134 --ocho nuevos--; Burgos, 105 --ocho más--; León, 43 --diez menos--; Palencia, 95 --dos más--; Salamanca contabiliza 291, 22 más; Segovia, 332, 15 más; Soria tiene 74 --siete más--; Valladolid se sitúa en 147 --20 más-- y Zamora 116, nueve más.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 169.960 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de que se hayan sumado 2.968 en la última jornada. De esa cifra total, 163.165 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

VALLADOLID A LA CABEZA, CON 711 NUEVOS POSITIVOS

Por provincias, Valladolid es la que suma más positivos notificados en esta jornada, con 711 casos y un total de 39.326, seguida de León, con 592 y un global de 28.004; Salamanca, con 441 y un global de 23.373; Segovia, con 299 y 12.181; Palencia, con 250 y un total de 12.798; Zamora, con 219 y 10.562; Burgos, con 211 y 26.998; Ávila, con 145 y 9.939, y Soria, con 100 y 6.779.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 4.436, 25 más que ayer. La mayor parte se registra en la provincia de León con 907 --ocho más--, le sigue Valladolid con 874 --seis más--; a continuación figura Salamanca con 656 --dos más--; Burgos con 596 --dos más--; Zamora anota 357 --dos más--; Palencia se sitúa en 317--dos más--; Segovia llega a los 283--tres más--, mientras que Ávila registra 260, los mismos, y Soria se mantiene en 186.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman 20.850, de las que se han computado 5.044 en Valladolid; 3.710 en León; en Burgos 3.048; en Salamanca, 2.850; en Zamora, 1.475; en Palencia, 1.381; en Segovia 1.301; en Ávila, 1.247 y en Soria 794.

CASI 1.500 HOSPITALIZADOS

En cuanto a las hospitalizaciones, se han disparado un día más hasta sumar un total de 1.608 personas, 128 más que en el anterior parte. De estos pacientes, 1.401 se encuentran en planta --112 más que ayer--, mientras que los hospitalizados en unidades de críticos (UCI) se elevan hasta 207, 16 más que en el anterior parte.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 63 por ciento de las camas en unidades de críticos, cinco puntos más que en el anterior parte emitido.

Así, se informa de 34 hospitalizados en el en el Río Hortega de Valladolid, 32 en el Clínico Universitario de la misma ciudad; 27 en el Complejo Universitario de Burgos; 26 en el Complejo Asistencial de Salamanca; 22 en el de Palencia; 19 en el Complejo Asistencial de León; 13 en el Hospital Comarcal de El Bierzo; 12 en el de Segovia; ocho en Zamora y siete en Ávila y Soria.

OCHO RESIDENTES FALLECIDOS

En cuanto a las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la cifra de fallecidos relacionados con el COVID-19 se sitúa en 3.809 --ocho más-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 2.704 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, ocho más, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.809 finados hasta el momento, 2.099 personas han perdido la vida en su residencia o centro, tres más, mientras que otras 1.710 lo han hecho en hospitales, cinco más.

Un total de 14 residentes está aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, siete menos, y 1.631 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 21 más.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se eleva en una persona hasta los 291, de ellos 174 con positivo confirmado, uno más, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles.

Además, se encuentran hospitalizados 23 residentes, cuatro más que en el último parte, y se sitúa en 991 el número de los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, tres más.

Por otro lado, no hay ningún residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19; mientras que otros 175 permanecen aislados de forma preventiva sin síntomas, uno menos.