El pleno del Parlamento europeo ha aprobado este martes las nuevas reglas negociadas con los Veintisiete para ampliar las posibilidades de defensa colectiva de los europeos al crear un modelo armonizado de representación en todos los Estados miembro para reforzar la protección del consumidor frente a fraudes masivos u otros problemas como las acciones legales abusivas.

Las nuevas normas se publicarán ahora en el Diario Oficial de la Unión Europea momento a partir del cual entrarán en vigor, aunque los Estados miembro tendrán un plazo de 24 meses para transponerla a sus legislaciones nacionales y de otros seis meses para aplicarla. De este modo, las reglas solo afectarán a las demandas interpuestas a partir de la fecha de la aplicación de la norma.

Estas reglas obligan a los Estados miembros a establecer un sistema de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores frente a las infracciones del Derecho de la Unión y abarca acciones tanto de cesación como de reparación.

Con el modelo europeo de acción colectiva, sólo las entidades habilitadas (como las organizaciones de consumidores), y no los bufetes de abogados, podrán representar a grupos de consumidores y presentar demandas ante los tribunales en áreas como los servicios financieros, los viajes y el turismo, la energía, la salud, las telecomunicaciones y la protección de datos.

Estas organizaciones tendrán que cumplir los criterios comunes para poder interponer acciones transfronterizas, por ejemplo demostrar estabilidad, que llevan a cabo una actividad pública y que carecen de ánimo de lucro. En el caso de las acciones nacionales, las entidades tendrán que cumplir los criterios establecidos en la legislación nacional, según ha precisado la Eurocámara en un comunicado.

La normativa también introduce medidas de protección contra las acciones legales abusivas mediante el principio de ‘quien pierde, paga’, por el que las costas procesales de la parte vencedora recaen en la parte perdedora.

Para evitar el uso indebido de las acciones de representación, deberán evitarse las indemnizaciones punitivas. Las entidades habilitadas también tendrán que establecer procedimientos para evitar los conflictos de intereses y la influencia externa, en particular si están financiadas por un tercero.

El Tribunal Supremo ha confirmado que los permisos o beneficios a aplicar a Luis Gallego Fernández, conocido como ‘violador del ascensor’, computen sobre los 96 años de cárcel impuestos por las agresiones sexuales que cometió en 2017 dada su «extrema peligrosidad» y al haber cometido los delitos cuatro años después de haber sido puesto en libertad por otras tantas violaciones.

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso, en la que se desestima el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que confirmó su condena de 96 años de cárcel.

Se le condenó por dos delitos de detención ilegal, dos delitos continuados de agresión sexual, otro delito de agresión sexual, dos delitos intentados de detención ilegal, dos delitos de lesiones, y dos delitos de robo con violencia, cometidos entre diciembre de 2016 y 2017 en Madrid y Segovia contra cuatro mujeres a las que atacó en la calle.

La condena se impuso al violador del ascensor por varios delitos de agresión sexual cometidos en Madrid en 2017, cuatro años después de que fuera puesto en libertad por la derogación de la denominada doctrina Parot.

El recurso se dirigía contra la aplicación del artículo 78 del Código Penal, de modo que, aunque el límite máximo de cumplimiento de las penas impuestas es de 25 años de prisión, el cómputo de plazos aplicables a los beneficios penitenciarios, permisos de salida, clasificación en tercer grado y tiempo para la libertad condicional, se hará sobre la totalidad de las penas impuestas, es decir, los 96 años, debido a su peligrosidad.

Según expone el Alto Tribunal, esa aplicación se hizo por expresa petición de la Fiscalía, a la que se adhirieron las acusaciones particulares.

EN CONTRA DE SU REINSERCIÓN

El recurrente afirmaba que ello conculcaba el principio de reinserción social y reeducación de los presos previsto en el artículo 25.2 de la Constitución, al suponer una condena que rebasaba su cronología de vida humana.

AVALA EL CÓMPUTO

El Supremo avala la decisión de aplicar en este caso el artículo 78 del Código Penal al cumplirse los tres requisitos que exige: que la pena a cumplir efectivamente sea inferior a la suma total de las penas impuestas; que el Tribunal haga uso expreso de la facultad discrecional establecida en dicho artículo, y tercero, que lo motive adecuada y extensamente por razones de peligrosidad del condenado.

La sentencia, ponencia del magistrado Andrés Palomo del Arco, recuerda que, entre 1987 y 1996, Gallego Fernández recibió cinco condenas por violación, asesinato y robo, entre otros delitos, antes de los hechos por los que ahora es condenados a 96 años de prisión.

Para el Supremo, «en definitiva, si desde una perspectiva general, la previsión del artículo 78 en los amplios términos que se establece, puede originar lógicas suspicacias; sin embargo, en el supuesto de autos, tras la motivada justificación de su aplicación, dada la patente y extrema peligrosidad del condenado, en orden a la comisión de nuevos delitos contra la libertad sexual desvanece cualquier exceso de desproporción o injustificado desconocimiento de derecho constitucional alguno del penado».

Asimismo, recuerda que precisamente para posibilitar los derechos invocados, en aplicación del artículo 76 del Código Penal, la inicial condena de 96 años, se reduce a 25 años de cumplimiento efectivo. Además de que el artículo 78, según subrayan los magistrados, no impide la reeducación del penado, sino que, por contra, presupone tratamiento al efecto.

En cualquier caso, el Supremo recuerda que el mismo artículo abre la posibilidad al juez de vigilancia penitenciaria para retornar al régimen general, atendiendo no solo a las circunstancias personales del penado, sino también a la evolución del tratamiento reeducador, exigiéndose en ese sentido un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social.

«Lo que impide la colisión con el artículo 25.2 de la Constitución, que exige que las penas privativas de libertad estén orientadas a la reinserción social del delincuente», según recoge la sentencia.

El Gobierno Vasco ha aprobado una declaración institucional con motivo del ‘Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres’ en la que expresa su «firme repulsa» ante todas las expresiones de violencia sexista.

A través de este texto, el Ejecutivo autonómico muestra su compromiso de seguir trabajando para avanzar hacia una sociedad libre de violencia machista.

El Gobierno ha explicado que, desde el inicio de la crisis del coronavirus, ha priorizado el mantenimiento y la adaptación al nuevo contexto de los servicios de atención para los casos de violencia machista y el acceso a dichos servicios de todas las víctimas.

RESPUESTA «INTEGRAL»

Además, ha reafirmado su compromiso con la incorporación de la perspectiva de género de forma «integral» en la respuesta a la pandemia, ya que la crisis sanitaria, económica y social ha incrementado el grado de vulnerabilidad de muchas mujeres.

El Gobierno seguirá trabajando en la «mejora continua» para dar una respuesta adecuada a la violencia «estructural» contra las mujeres. En este sentido, ha recordado que tiene previsto aprobar una modificación de la ley vasca para la igualdad, y que se ha un Departamento de Igualdad en el seno del Ejecutivo.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para que permanezca «atenta» y pueda detectar cualquier expresión de violencia contra las mujeres. Además, considera «absolutamente necesario» recordar que la raíz de la que nace la violencia contra las mujeres es la desigualdad entre sexos, por lo que considera «indispensable» seguir trabajando para impulsar la igualdad.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha afirmado este martes que la Generalitat tomará sus «propias decisiones» sobre el plan que se aplicará para celebrar las fiestas de Navidad ante la pandemia.

Lo ha dicho en rueda de prensa telemática tras el Consell Executiu, después de que el Gobierno haya propuesto limitar a seis personas las reuniones que se celebren durante las fiestas navideñas y un confinamiento nocturno entre las 1.00 y las 6.00 horas los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja respectivamente.

Budó ha sostenido que esto es un borrador del Gobierno que debe pasar por el Consejo Interterritorial y que el Govern lo escuchará, pero ha defendido que la Generalitat tiene las «competencias» para tomar sus propias decisiones.

«Nosotros iremos, escucharemos y veremos qué se plantea en este borrador, pero nosotros tenemos la capacidad de poder tomar nuestras decisiones», ha argumentado, aunque no ha aclarado si mantendrá su posición de que en Cataluña se puedan reunir 10 personas esas fechas y con un toque de queda hasta las 22.00 horas, en lugar de reuniones de 6 personas y alargar el toque de queda como propone el Gobierno de Pedro Sánchez.

La portavoz del Govern ha subrayado que durante los últimos meses el Ejecutivo catalán ha decidido qué restricciones y qué medidas aplicar en Cataluña para frenar la segunda ola del coronavirus, por lo que considera que también debe poder tomar las decisiones sobre qué limitaciones habrá durante las fiestas navideñas.

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han advertido de que el riesgo de exposición a las violencias machistas y la vulnerabilidad de las mujeres han «aumentado» debido a la crisis provocada por la Covid-19 y han pedido al Gobierno más recursos para «atajar» estas violencias, con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, que se celebra este miércoles 25 de noviembre.

La Cumbre Social Estatal, integrada por más de un centenar de organizaciones, entre ellas UGT y CCOO, ha advertido de que la crisis provocada por la Covid-19, «ha incrementado el riesgo de exposición a las violencias machistas, y ha obstaculizado en mayor medida el acceso de las mujeres afectadas a los recursos de atención y protección en materia de violencia de género».

En todo caso, los sindicatos avisan de que «no es solo la pandemia» y reclaman «la activación y efectividad» de las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra las violencias machistas, fundamentalmente, «las que implican recursos presupuestarios y servicios públicos de prevención y atención integral a todas las víctimas de las violencias machistas».

Asimismo, consideran fundamental «atajar estas violencias desde sus causas, especialmente las que tienen que ver con la educación e igualdad y con mejor acceso de todas las mujeres al empleo y a la autonomía económica».

La Cumbre Social Estatal demanda al Gobierno la aplicación del Convenio de Estambul sobre la prevención y asistencia a las víctimas y la lucha contra todo tipo de violencia contra las mujeres, así como la ratificación de los Convenios de la OIT 189, sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, y 190, sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

También hace un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a la denuncia y repulsa de todos los actos de violencia machista, y participe en el minuto de silencio por las víctimas, las asesinadas y las supervivientes, convocado por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, que tendrá lugar ese mismo día a las 12.00 horas (11.00 horas en Canarias).

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha advertido de un «aumento» de la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género durante la pandemia y ha reclamado «más y mejores medios» en la Administración de Justicia para atender a las víctimas y reducir el tiempo de respuesta en los juzgados.

Además, CSIF ha anunciado que está negociando un protocolo para que la Administración ofrezca asistencia jurídica y psicológica a las empleadas públicas que sufran violencia de género y que los centros de trabajo actúen de enlace con las oficinas de asistencia a las víctimas cuando se detecte un caso entre las trabajadoras.

Este protocolo está incluido en el III Plan de Igualdad de Género para la Administración General del Estado que están negociando, según precisa CSIF, que plantea además que este protocolo pueda servir también en la empresa privada. El Plan también contempla promover la movilidad o el teletrabajo para empleadas públicas víctimas de violencia de género.

Igualmente, CSIF defiende crear en España la figura del delegado sindical especializado en violencia de género para actuar como agentes de prevención, asesoramiento y apoyo a las víctimas.

El Ministerio del Interior ha informado este martes de la «culminación» del proceso de implantación del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) iniciado en 2016 por parte de la Comisión de la Unión Europea como mecanismo para reforzar la seguridad en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave.

El Registro de Nombres de Pasajeros está en pleno funcionamiento desde el pasado viernes a través de la Oficina Nacional de Información de Pasajeros por vía aérea (ONIP), integrada en la estructura del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior.

En su primer día, la ONIP chequeó un total de 165 vuelos (97 de llegada y 68 de salida), que transportaban, entre pasajeros y tripulación, a 7.802 personas.

Según ha explicado Interior, se culmina un proceso que comenzó en 2016 con la aprobación por parte de la Comisión de la Unión Europea de una directiva que obligaba a los estados miembros a iniciar los trámites normativos internos pertinentes con el fin de crear «un instrumento imprescindible» en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave.

El sistema PNR se puso en marcha tras la aprobación el pasado mes de septiembre de la Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y delitos graves.

El tratamiento de los datos del PNR por parte de la ONIP va a suponer, como marca el preámbulo de la Ley Orgánica que lo regula, «una garantía en la protección de la vida y de la seguridad de los ciudadanos, que constituye el objetivo principal del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea».

También se especifica en la propia norma, según recuerda Interior, que «el tratamiento de los datos PNR va a mejorar la respuesta a la amenaza del terrorismo y la delincuencia grave, mediante el cotejo de tales datos con la bases de datos disponibles y pertinentes».

El diputado del PSC en el Parlament Ferran Pedret ha alertado de que «aún existe la brecha digital que por cuestiones de edad, conocimiento y por razones socioeconómicas» podría perjudicar a la solicitud telemática del voto domiciliario de cara a las elecciones en Cataluña el 14 de febrero.

Lo ha dicho este martes en rueda de prensa en el Parlament, después de que el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Bernat Solé, anunciara que los catalanes podrán pedir el voto por correo de forma telemática y entregar su sufragio al cartero inmediatamente después de recibir la documentación electoral en el domicilio, para poder votar sin salir de casa en las próximas elecciones al Parlament.

De este modo, Pedret ha reclamado que se garantice un método de voto «equitativo y que tenga en cuenta que hay dificultades de acceso previas, relacionadas con los conocimientos, accesibilidad y conectividad», además de que se lleve a cabo la petición del PSC de reunir a los grupos parlamentarios para abordar y concretar mecanismos y medidas de cara a los comicios con el mayor consenso posible, en sus palabras.

Por otro lado, ha insistido al Govern en que «no especule y añada incertidumbre» sobre un posible aplazamiento de las elecciones, y ha reprochado que salgan a relucir desavenencias entre socios de Govern, en sus palabras, después de que el viernes la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, cuestionara que los comicios se puedan celebrar el 14 de febrero por la Covid-19.

Además, pese a que ha evitado posicionarse sobre la petición que ha hecho este martes la Mesa del Parlament –al reclamar el indulto para las ocho personas condenadas por un delito contra las instituciones del Estado por el bloqueo de la Cámara catalana en 2011–, Pedret ha asegurado que el PSC «en principio estaba en una posición concordante con el resultado final de la posición de la Mesa».

El transporte público madrileño contará con un total de 7.200 láminas de 18 autores, entre los que destacan algunos como Benito Pérez Galdós, Miguel Delibes o Mario Benedetti, que se instalarán en Metro de Madrid y los autobuses de la EMT e interurbanos con la iniciativa cultural ‘Libros a la calle’.

La consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera, junto con el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, y el presidente de la Asociación de Editores de Madrid (AEM), Manuel González Moreno, han presentado hoy en la estación de Chamartín esta iniciativa que celebra su vigesimotercera edición.

Rivera de la Cruz ha destacado que «las calles han estado siempre vinculadas a la literatura». «Son fuente de inspiración y escenario donde se desarrolla la vida de los personajes que viven en los libros», ha expresado.

Durante la campaña ‘Libros a la Calle’, la consejera ha señalado que los medios de transporte son además «centro y difusión de la lectura, invitando a los madrileños y visitantes a un doble viaje: mientras se mueven por Madrid en transporte público tienen la oportunidad de adentrarse en las increíbles historias narradas en los fragmentos literarios seleccionados».

Por su parte, Garrido ha destacado que esta iniciativa «es un ejemplo de fomento de la lectura y de acercamiento de la cultura a los millones de usuarios que utilizan Metro en sus desplazamientos.

«Además, ‘Libros a la calle’ no solo nos permite recordar a los autores clásicos y las grandes obras de la literatura sino que apuesta por ofrecer nuevas perspectivas sobre autores y géneros menos conocidos», ha apuntado.

El consejero madrileño ha aludido también a la seguridad en el transporte, en el que ha asegurado que no se ha conocido ni un solo brote de casos, y ha lanzado un «mensaje de tranquilidad» en un transporte que recoge más de tres millones de viajes cada día.

Por su parte, González ha resaltado que a través de la lectura «el tiempo pasa» y permite evadirse a una «dimensión distinta». Además, ha subrayado el «aprecio» que le tienen los madrileños a esta iniciativa.

En la presentación ha participado también el director gerente de la EMT, Alfonso Sánchez, que ha defendido que se trata de una iniciativa «magnífica» para fomentar la lectura entre los usuarios, especialmente en los autobuses municipales ya que ha señalado que casi 2.000 circulan todos los días por las calles de la capital.

También, ha incidido en que el transporte de viajeros en Madrid es «seguro», algo que ha asegurado que hay que resaltar porque han perdido 600.000 usuarios en la EMT y son «lectores que faltan».

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

El objetivo de esta iniciativa es «despertar la curiosidad y generar la inquietud lectora» de los madrileños y visitantes que utilicen los transportes públicos, al compartir los textos de los autores galardonados en el último año, además de conmemorar las efemérides y abrirse a géneros, autores y perspectivas menos conocidas.

Cada texto está acompañado por el trabajo de una ilustración. En esta ocasión, la campaña ha contado con un grupo de artistas como Fernando Vicente, Al Sánchez, Marga Lliso del Hoyo, Lara Lars, Andrea Reyes, Enrique Robles, Elena Pancorbo o Jorge Arranz.

Además, en esta edición se ha intentado llevar esta iniciativa a todos los lectores. Por ello, se han incluido textos de literatura infantil y juvenil en un año en el que han destacado que la lectura ha tenido «especial importancia» para las generaciones más jóvenes permitiéndoles «imaginar, reflexionar, aprender y jugar en los momentos más complicados».

Uno de los objetivos de ‘Libros a la calle’ es despertar la curiosidad por la lectura. Así, la población madrileña cuenta con el índice lector más alto del país: un 72,8% frente a la media nacional de 62,2%, según el informe ‘Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2018’, realizado por la Federación de Gremios de Editores de España.

UNIÓN CON EL CENTENARIO DE GALDÓS Y MIGUEL DELIBES

Por otro lado y entre los seleccionados en esta edición han resaltado algunos de los autores reconocidos con los principales premios de literatura en el último año: Joan Margarit, Premio Cervantes 2019, con su poema ‘Libertad’; Bernardo Atxaga, Premio Nacional de las Letras 2019 con ‘Obabakoak’, y Pilar Pallarés, Premio Nacional de la Poesía 2019, con ‘Tiempo Fósil.

En 2020, ‘Libros a la calle’ se une a la celebración del centenario del escritor Benito Pérez Galdós con un fragmento de ‘Napoleón’ en Chamartín, quinta novela de la primera serie de los Episodios Nacionales.

La presencia del escritor en la campaña se suma a la acción conjunta de la Asociación de Editores de Madrid y Metro de Madrid, también en colaboración con CEDRO, con la que el pasado 13 de noviembre se engalanó el Metro de Galdós, cubriendo la estación de Ríos Rosas con la obra completa de ‘Fortunata y Jacinta’.

‘Libros a la Calle’ se une también a la conmemoración de los centenarios de Miguel Delibes, con un fragmento de ‘Señora de rojo con fondo gris’; Mario Benedetti con el poema ‘No te salves’; Joan Perucho, con unos versos de ‘Rosas, diablos y sonrisas’, y el bicentenario de Carolina Coronado con el poema ‘Libertad’.

También está representada la poesía en los versos de Gabriela Mistral y Pedro Salinas, la nostalgia de María Victoria Atencia y Cristina Peri Rossi y el surrealismo de Concha Méndez.

La narrativa cuenta en esta campaña con la participación de Soledad Puértolas con un fragmento de ‘Gente que vino a mi boda»; el relato del Madrid de la guerra en Juego Limpio’, de María Teresa León, y ‘Relámpagos de agosto’, de Jorge Ibargüengoitia.

Finalmente, la literatura infantil y juvenil encuentra su espacio con un fragmento de ‘Biografía de un cuerpo’, de Mónica Rodríguez, y con una página del comic ‘Esther y su mundo’ de Purita Campos.

A través del QR que figura en los textos, se puede acceder a la web https://www.editoresmadrid.org/libros-a-la-calle/ para conocer más información sobre cada obra, su autor y el ilustrador que ha trabajado en la lámina.

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha asegurado este martes que Cs en las elecciones catalanas del 14 de febrero será de cara a todos los electores «la casa común del constitucionalismo» en Cataluña y que representarán la reconstrucción y futuro económico tras la pandemia.

En rueda de prensa en el Parlament, Carrizosa se ha hecho eco del anuncio hecho este lunes por la líder de Cs, Inés Arrimadas, de que la formación naranja se presentará en solitario al 14F, y ha dicho que lo hacen después de ver que «el PSC está por el tripartito y que el PP parece más interesado en mejorar los resultados y subir a lo mejor dos escaños más».

«Esperamos merecer la confianza de todos aquellos que no queremos participar en este proyecto rupturista. Nosotros seremos aquellos que defiendan el constitucionalismo, el carpetazo al ‘procés’ y la reconstrucción y futuro de Catalunya» en las elecciones del 14 de febrero, ha concluido.

Por lo que respecta a la posibilidad de atrasar las elecciones, Carrizosa ha dicho que «si las elecciones se atrasan debe ser atendiendo al estado de la pandemia, y no al estado de las encuestas» –en referencia al CEO de la semana pasada que indicaba que ERC ganaría las elecciones catalanas si se celebraran ahora, y JxCat quedaría en segunda posición–.

«La fecha de las elecciones no la deben decidir ni la señora Budó ni el señor Sàmper. Se tiene que hacer de acuerdo a criterios sanitarios», ha dicho, y que en caso de que se tenga que posponer, Carrizosa defiende que se haga con el consenso de todos los partidos y con el visto bueno de la Junta Electoral Central (JEC).

Sobre la facilitación del voto por correo para evitar aglomeraciones en los colegios electorales de cara al 14F, Carrizosa ha dicho que le parece correcto y lo apoyan, pero dice que no están a favor de «otros inventos que sean supuestas modificaciones parciales de la ley electoral».

PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN

Por último, sobre el plan nacional de vacunación del Gobierno, Carrizosa ha dicho que está bien pero exige al Ejecutivo central que acuerde su implantación junto con las comunidades autónomas, que son las «que han tenido que gestionar a lo largo de la pandemia».

Ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que debería haber tenido una mayor intervención y liderazgo durante la gestión de la pandemia: «Nosotros hemos echado en falta que haya un plan nacional para combatir la pandemia, y no 17 planes nacionales. Hemos echado en falta el liderazgo de Pedro Sánchez, y no esconderse tras las comunidades autónomas».

Iberia ha diseñado nuevos menús basados en la dieta mediterránea y en elaboraciones con materias primas de gran calidad y productos locales de temporada disponibles mientras sigue recuperando los servicios en sus vuelos.

La aerolínea ha renovado toda su propuesta gastronómica garantizando las medidas de seguridad, higiene y prevención, en colaboración con el nuevo proveedor de catering DO & CO.

Esta nueva propuesta gastronómica también tiene una cuidada presentación de los platos y de todos los detalles, como la vajilla y mantelería, que también se han renovado. Este servicio se ha implementado ya en todos los vuelos de corto y medio radio, en EEUU y se irá incorporando paulatinamente en el resto de los destinos

En la clase business de todos sus vuelos de corto y medio radio, Iberia ofrece un desayuno que incluye una tortilla caliente, croissants de mantequilla, fruta fresca de temporada, un bowl de yogur artesano con semillas y frutos rojos, café, té y zumos. Además, en los vuelos más largos, se añade un plato de embutidos y quesos españoles.

A partir de las 10.30, en la clase business de los vuelos nacionales y con Portugal se ofrece un refrigerio con un plato principal, además de fruta fresca.

Cuando los vuelos tienen una duración de más de una hora y media y a partir de las 10.30, en clase business se ofrece un almuerzo o cena caliente, con una ensalada como entrante y un plato principal a elegir que incluye siempre una opción vegetariana. En los vuelos de mayor duración se sirve, además, un aperitivo con quesos nacionales.

En los vuelos de corto y medio radio de más de cuatro horas y media, Iberia también ha diseñado un servicio para los clientes de clase turista que consiste en una selección de ‘wraps’ acompañados de un postre dulce y una selección de bebidas frías y calientes, con té y café recién hecho.

LARGO RADIO

En la clase business de los vuelos de largo radio, Iberia ha incluido en su servicio principal una ensalada fría, tres opciones de plato caliente y una opción vegetariana, además de postres y un plato de quesos españoles.

Antes de aterrizar, en función del horario y el destino del vuelo, se ofrece un segundo servicio de desayuno o merienda en los que se han incluido opciones frías y calientes. Adicionalmente, en los vuelos más largos, los clientes disponen de un servicio entre horas que incluye ensaladas, fruta fresca y aperitivos dulces y salados.

En la clase turista de los vuelos de largo radio, los clientes de Iberia también disfrutarán de una comida principal con dos opciones de plato caliente con postres.

Próximo a la llegada a destino, en clase turista se ofrece también un segundo servicio con opción de una pieza de fruta o dulce en los vuelos más cortos, o una selección de wraps y postres dulces en los de mayor duración, servido junto con zumos y bebidas calientes. En los vuelos más largos, además se ofrece un servicio entre horas que, dependiendo del vuelo, podrá ser una cajita de tapas, sándwiches, aperitivos dulces y salados, agua y zumos.

Otro de los servicios que Iberia ha recuperado es el de la Sala Premium Dalí en la T4 del aeropuerto de Madrid, con protocolos para garantizar la seguridad como mamparas o gel hidroalcohólico.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha analizado este martes con la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, la cooperación entre ambos países en materia económica, social y frente al terrorismo yihadista, pero sobre todo ante la inmigración ilegal.

La reunión de Casado con la embajadora marroquí, en la sede del Partido Popular, se produce en plena crisis migratoria en Canarias por la llegada masiva de personas a las islas y la situación en el Muelle de Arguineguín (Gran Canaria).

El líder de los ‘populares’, que el sábado viajó a Gran Canaria para conocer de primera mano la situación que se vive en las islas, considera que Pedro Sánchez es el responsable de esta crisis «por el efecto llamada de la demagogia del PSOE con el Aquarius» y de la apelación de Podemos al «papeles para todos» para 600.000 inmigrantes que hacen que las mafias pongan como destino «esta puerta de entrada de España y de Europa».

Tras asegurar que España atraviesa la «peor crisis migratoria» desde 2006, cuando también gobernaba el PSOE, Casado ha defendido públicamente estos días la repatriación de los migrantes que permanecen en Arguineguín a sus respectivos países de origen.

Así, y dado que «la mayoría» de los casi 600 migrantes de Arguineguín son «marroquíes» que han llegado «documentados», el presidente del PP ha pedido al Gobierno que los devuelva a su país de origen. Además, los ‘populares’ han solicitado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

UNA REUNIÓN PARA «FORTALECER LA RELACIÓN»

En ese contexto, el líder del PP ha mantenido este martes una reunión con la embajadora marroquí en España con el objetivo de «fortalecer la relación» entre ambos países, que son «vecinos y aliados».

«Hemos analizado la cooperación en materia económica, social y frente al terrorismo yihadista y la inmigración ilegal en el marco de la Unión Europea», ha señalado Casado en un mensaje de Twitter, que ha recogido Europa Press, sin ofrecer más detalles sobre ese encuentro y si ha defendido ante la embajadora la repatriación de los migrantes de Arguineguín.

LA EMBAJADORA DICE QUE TAMBIÉN SUFREN LA PRESIÓN MIGRATORIA

A la salida de la reunión con Casado, la embajadora de Marruecos ha señalado a la Sexta que ha mantenido una entrevista institucional con el presidente del PP para hablar de temas de actualidad y ha subrayado que Marruecos es un país aliado, responsable y amigo de España, que sufre también la presión migratoria en sus fronteras.

Además, Karima Benyaich ha señalado que su país trabaja estrechamente con el Ministerio del Interior de forma permanente y que mantiene «excelentes» relaciones con España, también en el terreno político, económico y social.

Diferentes ONG han advertido de que se ha «disparado» la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia, tanto a nivel nacional como internacional, durante la pandemia, debido las mayores dificultades económicas o a la interrupción de procesos de recuperación o prevención.

Así lo han avisado las organizaciones en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este miércoles 25 de noviembre.

En concreto, Cáritas ha detectado un «agravamiento» de la situación de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia, a las que acompaña a través de los 30 proyectos de Mujer desarrollados por 22 Cáritas Diocesanas en toda España.

En concreto, la labor social de la Iglesia Católica señala las dificultades económicas, relacionadas con la pérdida de ingresos, situación de desempleo e imposibilidad de acceso a las ayudas sociales.

Además, advierte del «retroceso» en sus procesos de recuperación pues «las limitaciones impuestas por la pandemia han obligado a muchas mujeres, por razones económicas, a volver a depender de sus parejas»; y del «deterioro de su situación emocional».

Cáritas apela a «la responsabilidad personal y colectiva». «Urge tomar conciencia y dar visibilidad a las violencias ejercidas contra las mujeres y trabajar de manera activa en la eliminación de conductas, lenguajes y prácticas discriminatorias contra las mujeres, abordando las violencias machistas desde la esfera pública y no sólo desde el ámbito privado o doméstico», subraya.

Por su parte, Save The Children centra el foco en las menores y recuerda que el 41% de las adolescentes de 16 y 17 años que tienen o han tenido pareja han sufrido violencia psicológica de control, según datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2019).

La ONG de infancia avisa de que estas cifras no tienen en cuenta el impacto de la pandemia y apunta a que «la violencia psicológica de control ha podido crecer durante el confinamiento de manera online».

«En un momento en el que la infancia y la adolescencia pasan tanto tiempo frente a los dispositivos móviles, debemos recordar que la educación en igualdad, así como la prevención, la detección temprana y la notificación de la violencia son herramientas fundamentales para poner freno a estas situaciones», ha subrayado la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo.

Save the Children también hace hincapié en la realidad que viven los menores en contextos de violencia machista y recuerda que, desde enero de 2013, 37 niños y niñas han sido asesinados en casos de violencia de género y 301 menores se han quedado huérfanos. «Es intolerable que la infancia pague las peores consecuencias de la violencia machista», ha zanjado Perazzo.

MATRIMONIOS TEMPRANOS Y MUTILACIÓN GENITAL

En el ámbito internacional, Ayuda en Acción ha advertido del aumento de las violencias contra las mujeres y niñas en todo el mundo y ha mostrado su preocupación, especialmente, por el aumento de matrimonios tempranos, el abandono de programas contra la mutilación genital femenina y la violencia sexual durante el confinamiento.

«La pandemia está aumentando las desigualdades y colocando a millones de niñas y mujeres en posición de desventaja para hacer frente a posibles situaciones de violencia», ha señalado el director de Advocacy de Ayuda en Acción, Alberto Casado.

Por ello, la ONG insta a incorporar programas a largo plazo contra la violencia de género en los paquetes de recuperación durante y después de la emergencia de la COVID-19.

Asimismo, Manos Unidas denuncia que es «intolerable» que el 30 por ciento de las mujeres y niñas del mundo vivan con miedo a ser agredidas y recuerda que en 2013, la Organización Mundial de la Salud definió la violencia contra las mujeres como «un problema de salud global de proporciones epidémicas.

La ONG de la Iglesia Católica pone algunos ejemplos como el de Sierra Leona, donde «las mujeres y niñas se enfrentan no solo a la violencia física –las palizas a las esposas son algo generalizado–, sino a la violencia doméstica y a las privaciones económicas, una violencia que se ampara en la cultura del silencio.

«Con nuestro trabajo de formación y de sensibilización intentamos poner freno a actitudes que violentan y degradan a las mujeres, como la trata de personas para su explotación laboral o sexual o la utilización de las mujeres y niñas como arma de guerra», explica el secretario general de Manos Unidas, Ricardo Loy.

En 2019, la ONG aprobó 69 proyectos por importe de 3,8 millones de euros destinados a promover, específicamente, los derechos y oportunidades de más de 170.000 mujeres.

Las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos tendrán transporte gratuito en la red pública de la Comunitat Valenciana –Metrovalencia, TRAM de Castelló y Alicante y Metrobus– a partir del primer trimestre de 2021, según ha anunciado este martes el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, en un acto celebrado junto con la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

Ambos han presentado la iniciativa el autobús y el metro ‘Libres de violencia de género’, con motivo de la celebración el 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Según ha concretado España, la medida estará vigente en el primer trimestre para todo el transporte público de la Comunitat Valenciana y se calcula que podrán hacer uso de ella unas 10.000 mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, a quienes se les reconocerá un derecho y será «un refuerzo positivo» para todos ellos.

Este es uno de los compromisos recogidos en el Pacto contra la Violencia de Género que impulsó la Vicepresidencia del Consell, que se hará efectivo a partir del primer trimestre del próximo año. Según han precisado a Europa Press fuentes del departamento que preside España, la iniciativa se concretará a través de un bono que se gestionará y tramitará a través de la red de centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género en la Comunitat Valenciana, con una duración anual y posteriores renovaciones.

Además, dentro de los actos del 25N, Arcadi España ha anunciado que el transporte público de la Comunitat Valenciana se suma a la campaña de concienciación que está impulsando la vicepresidenta del Consell «porque una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia sexual y no podemos dejar de recordarlo y actuar».

En este contexto, por primera vez, el TRAM de Castelló y Alicante, Metrovalencia y Metrobus irán rotulados en color morado con el mensaje ‘Libres de violencia de género’. A juicio del conseller, «es fundamental la campaña con este material móvil para recordar la necesidad de actuar con firmeza y no dar por normal actitudes que no lo son».

«Hay frases y expresiones que nos parecen normales, están asumidas en el contexto habitual y tenemos que luchar contra estas cosas porque se comienza por normalizar lo que no es y se acaba en muchas tragedias», ha resumido España.

«TRANSVERSALIDAD»

Por su parte, la consellera Oltra ha recalcado que en el marco del 25N «reivindicamos que queremos una sociedad libre de violencia contra las mujeres, una sociedad de relaciones respetuosas e igualitarias», y ha subrayado la importancia de la «transversalidad» de las políticas de igualdad en todo el Consell, no solo de su departamento.

En este caso, Territorio se ha sumado a los actos «sensibilizando con la rotulación de vagones de tren y autobuses de la red de transportes en la Comunitat Valenciana con el color característico del feminismo» y también con medias concretas como el que la movilidad como derecho sin coste para las víctimas de la violencia de género «sea una realidad a partir de 2021, como es uno de los compromisos del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género», ha recalcado Oltra.

La consellera ha recordado que la campaña del 25N de este año del Consell se centra en la violencia sexual, «que es una parte de las violencias contra las mujeres», pone el foco en que «esas actitudes no son bienvenidas» y busca concienciar a la sociedad de que «no podemos ser neutrales ni mirar hacia otro lado porque eso nos convierten en cómplices».

Vox considera necesario imponer sanciones para los responsables de los organismos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas que incumplan reiteradamente las recomendaciones del fiscalizador de manera que esta actitud no quede impune, sino que tenga consecuencias, y «derive en una responsabilidad real sobre quienes deliberadamente gestionan los fondos públicos sin el rigor y la diligencia adecuada».

Esta es una de las propuestas de resolución planteadas por Vox al informe de fiscalización relativo a la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el ejercicio 2016 y precedentes y que se someterá a votación en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

En concreto, los de Santiago Abascal demandan que las Cortes insten al Gobierno a establecer «mecanismos que obliguen a llevar a cabo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas» y, en última instancia, «a imponer un régimen sancionador adecuado al reincidente para que el incumplimiento reiterado de las recomendaciones derive en una responsabilidad real sobre quienes deliberadamente gestionan los fondos públicos sin el rigor y la diligencia adecuada».

En sus propuestas, recogidas por Europa Press, Vox incluye otra para instar al Tribunal de Cuentas realizar una «fiscalización recurrente y sistemática» del CIS, así como un seguimiento de las recomendaciones planteadas.

MÁS CONTROL INTERNO

De su lado, el PSOE quiere que las Cortes insten a la Administración General del Estado a tomar las medidas regulatorias y organizativas necesarias para proceder a la «laboralización de la red de campo de CIS» y que se emplace al propio centro a reforzar su sistema de control interno y a establecer procedimientos adecuados en la gestión de su red de campo también con vistas a su laboralización.

Siguiendo las recomendaciones del propio Tribunal de Cuentas, el PSOE pide al Gobierno que «adecue la capacidad operativa del CIS en cuanto medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado con capacidad suficiente para actuar». La misma petición han registrado el PP y Vox que especifican en este apartado que el CIS debe adaptarse «a los requerimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público».

Vox y el PP también coinciden en que el CIS debe reforzar su sistema de control interno y superar las deficiencias de gestión observadas, y en particular, elaborar manuales de procedimiento en materia de becas y ayudas, convocatoria y celebración de cursos, venta de publicaciones y gestión de la red de campo y, en este sentido, plantean que revise su sistema de distribución de funciones en la tramitación de becas y otras transferencias.

CONTRATOS DETALLADOS Y POR ESCRITO

Además, los de Abascal consideran necesario que se garantice «un procedimiento adecuado de selección de los adjudicatarios» y que se formalicen por escrito los contratos en los supuestos procedentes, «definiendo adecuadamente el objeto, las obligaciones de las partes, el precio o la duración» de los mismos, «a fin de ajustar la gestión de los trabajos encargados al personal de la red de campo a su configuración legal de contratos de servicios sujetos a la legislación de los contratos del Estado».

Asimismo, PSOE, PP y Vox emplazan al centro que preside José Félix Tezanos a tomar medidas para superar la situación de desequilibrio financiero detectada por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio 2016.

El secretario general de Cultura, Javier García Fernández, ha asegurado que la autorización del Ministerio a la nueva sociedad de autores SEDA está «justificada» con documentación que entregó después del informe poco favorable que la Administración realizó semanas antes.

Durante su comparecencia en la comisión del ramo en el Congreso, García Fernández ha señalado que el primer informe no suponía el fin del procedimiento administrativo de la sociedad. Además, ha recordado que la organización administrativa de España «se basa en la capacidad de los ministros», mientras que los funcionarios sólo tienen «capacidad de propuesta».

Así, ha señalado que «a partir de la información inicial y otra documentación que demostraba que está justificado el reconocimiento», el ministro «llegó a la conclusión de que estaba justificado que pudiera funcionar».

«Como por razones políticas se entiende que debe haber pluralidad y no monopolio en las entidades de gestión, el ministro llegó a la conclusión de que estaba justificado que pudiera funcionar de esta manera», ha declarado García Fernández, quien ha insistido en que la «documentación posterior» justificaba que SEDA tenía «la solvencia suficiente como para actuar en este campo».

«Eso puede molestar a alguien porque rompe monopolios, pero si somos liberales, somos liberales para todos», ha señalado.

EL PP PIDE EXPLICACIONES

El secretario general de Cultura respondía así a una pregunta parlamentaria de la portavoz de Cultura del PP, María Soledad Cruz-Guzmán, en la que le pedía explicaciones por esta decisión del Ministerio.

La diputada ponía en duda la decisión del Ejecutivo después de que el Ministerio publicara un informa de 33 páginas con referencias poco favorables para la autorización de SEDA, mientras que en agosto un nuevo documento explica que los estatutos de la sociedad «no cumple con los mínimos» que se exigen, que su plan de viavilidad «no es válido», que «no pueden asegurarse eficientemente» la administración de derechos o que «no favorece a los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual».

Cruz-Guzmán ha preguntado al secretario general si ha habido nuevos documentos después y por qué estos no se han hecho públicos como se hizo con el anterior informe. La diputada ha mostrado su temor a que «los autores de SEDA no esté protegidos correctamente».

La Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana ha abierto una investigación por un presunto trato humillante de varios policías de Paterna (Valencia) a dos mujeres migrantes que acudieron a Comisaría a pedir el DNI para sus bebés.

Según ha podido saber Europa Press, la delegada del Gobierno, Gloria Calero, tras conocer los hechos, ha requerido un informe interno para depurar posibles responsabilidades y ha abierto una investigación. Ha recordado, además, que las comisarías deben dar un trato digno a las personas y ser espacios seguros para todos.

El asunto parte de una denuncia de Valencia Acull en la que aseguraba que varios funcionarios de la comisaría de la Policía Nacional de Paterna habían tratado de forma «humillante e intimidatoria» a personas migrantes que acudían a solicitar el DNI para sus hijos. Advirtió de que se les dificultaba los trámites y, además, les incoaban un procedimiento de sanción o expulsión por estancia irregular.

En concreto, en su denuncia, la entidad se refería a la situación sufrida por dos mujeres de nacionalidad colombiana que, tras reunir toda la documentación requerida, fueron a pedir el DNI para sus hijos a la comisaría de Paterna.

Uno de los incidentes tuvo lugar el 3 de noviembre, cuando una mujer migrante fue a la comisaría con la inscripción de su hijo en el registro donde figuraba el reconocimiento por presunción de la nacionalidad española para su hijo.

La mujer explicó que el padre de su hijo también era colombiano y había solicitado asilo porque era desplazado por guerrilla. En ese momento, un policía le recriminó que se aprovechara de la legislación: «La ley española dice que no debería ser así que tu hijo sea español, pero tú te aprovechas de una vez más de la ley de tu país, pues es lo que hay, ahora tienes que pagar una multa», le comentó.

Y el agente prosiguió –según la denuncia–: «Has estado trabajando, no has estado cotizando, no has estado pagando una Seguridad Social, si te has puesto enferma has ido al médico* al final es lo que hay, tú te vas aprovechando de las cosas, no te juzgo, pero te has estado aprovechando de unos beneficios, pues oye, ahora te toca pagar 500 euros (…) Llora todo lo que quieras, di que esto es racismo, es xenofobia, lo que tú quieras, pero te has estado aprovechando de aquí durante equis tiempo y es lo que hay». La mujer se tuvo que ir sin el DNI de su bebé porque el policía le dijo que ya era «muy tarde» y volvió al día siguiente a por el documento.

Una situación similar vivió otra mujer días antes en la misma comisaría. Tampoco la atendieron la primera vez y tuvo que ir al día siguiente, 30 de octubre, a tramitar el DNI de su hijo. Directamente se la llevaron para incoarle el expediente por estancia irregular no sin antes espetarle que «tú eres colombiana, tu hijo también y no puede tener DNI español», a pesar de mostrarle al policía la inscripción del registro de presunción de la nacionalidad española, relata la entidad.

Valencia Acull denunció que estas actuaciones «no sólo suponen un trato humillante para las víctimas y una conculcación de sus derechos, sino que vulneran la intención de las reiteradas recomendaciones del Defensor del Pueblo al Ministerio del Interior para que las personas migrantes en situación irregular puedan acudir a denunciar delitos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin miedo a que se les incoe un expediente sancionador».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este martes a la prudencia y a no «generar falsas expectativas», pero también ha reconocido que confía en dar «alguna buena noticia» en el mes de diciembre, en relación al alivio de algunas restricciones por la covid-19, que han derivado en los peores casos en el cierre perimetral y de la hostelería en casi 70 municipios de la Comunidad.

En un acto en A Estrada (Pontevedra), preguntado por el plan de desescalada que prevé aplicar la Xunta con la vista puesta en el Puente de la Constitución y las fiestas de Navidad, Feijóo ha advertido que lo «fundamental» para poder diseñar dicho protocolo es que se den «los resultados adecuados» desde el punto de vista epidemiológico, que son los que permitirán «ir abriendo lo que estaba cerrado, que es básicamente la hostelería» en algunas localidades.

Según ha explicado, «lo primero» será concretar cuáles son los parámetros que se aplicarán para «ir abriendo paulatinamente la hostelería». Y alcanzados dichos parámetros, definir cómo serán los aforos y los horarios cuando se proceda a la reapertura. En ambas cuestiones trabaja esta semana, ha dicho, la Consellería de Sanidade y el comité clínico que asesora a la Xunta.

«Tanto en las reuniones de este martes como el viernes y probablemente el martes de la semana que viene, en el orden del día estarán esos dos protocolos: qué medidas y parámetros son necesarios para poder abrir los territorios que los cumplan y cómo sería la amplitud proporcional y sucesiva de aforos si se reabre la hostelería», ha relatado.

Dicho esto, ha apuntado que ya hay «un caso práctico», el del municipio ourensano de O Carballiño, que se ha reabierto. Y en la línea de lo ya avanzado por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, el presidente ha agregado que, «si nada se tuerce», es «probable» que el comité clínico «dé el visto bueno a Verín».

Feijóo ha añadido que, desde el punto de vista epidemiológico, el área de Santiago tiene una buena evolución y «va bajando bastante razonablemente», al igual que las zonas de Ourense y A Coruña. En el polo opuesto, la Xunta sigue con «mayor preocupación» las áreas de Vigo, Lugo y Pontevedra.

DEJAR TRABAJAR AL COMITÉ

A la espera de que el comité clínico determine los parámetros, Feijóo ha apuntado las hipótesis que se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones: la incidencia de la infección, la ocupación de camas y UCIs y la edad media de los pacientes contagiados de covid-19.

«La segunda cuestión, si se cumplen los parámetros, es cómo reabrir», ha insistido, para remarcar que en ambas trabaja el comité clínico. «Prefiero dejar trabajar al comité esta semana y empezar a dar información la semana que viene», ha apostillado.

MEJORA DE LA SITUACIÓN

Preguntado acerca de si hay una mejoría de los datos se reabrirían los municipios cerrados, Feijóo ha replicado que, en el caso de cumplir los parámetros que decidan los expertos, «sí». De igual modo, si hay un ayuntamiento dentro de la almendra perimetral que cumpla podría reabrirse con independencia de que el resto de la zona siga aislada.

El presidente ha subrayado que «lo importante es no crear falsas expectativas ni dar nada por conseguido», pero ha reivindicado mejoras y que se consiguió «parar» el aumento exponencial de casos activos registrado a finales de octubre.

«Y no solo eso, también redujimos las cifras. Esa tendencia es adecuada y nos permite albergar esperanzas. Estamos hablando de esperanzas, no de hechos definitivos, de que podamos dar alguna buena noticia en las primeras semanas del mes de diciembre. Y nos gustaría llegar a Navidad con una situación incluso mejor de la que tenemos en este momento», ha zanjado.

El portavoz parlamentario del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido este martes al Gobierno que comunique a las comunidades autónomas antes que a los medios de comunicación las iniciativas que va a plantear en el Consejo Interterritorial de Salud, por ejemplo sobre el plan de vacunación o las restricciones que habrá que aplicar en Navidad.

Esteban se ha alienado de esta forma, en rueda de prensa desde la Cámara Baja, con las quejas vertidas este lunes por el lehendakari, Íñigo Urkullu, ante las políticas de comunicación que lleva adelante el Ejecutivo.

En concreto, Urkullu cuestionó que el presidente, Pedro Sánchez, anunciara a estrategia de vacunación única para toda España sin hablarlo antes con las autonomías. «No me acabo de acostumbrar a esta forma que tiene el presidente de anunciar planes, en algo tan serio como las vacunas, sin contar con las comunidades autónomas», dijo.

ES LO LÓGICO

En este sentido, Esteban ha añadido que habría estado «bien» que Sánchez hubiera comunicado a los presidentes autonómicos antes que a la prensa su estrategia de vacunación porque al fin y al cabo son las administraciones sanitarias de cada comunidad las que tendrán que aplicarla. «Es lo lógico», ha comentado.

Pero el nacionalista vasco también ha cuestionado que, al menos él, se haya enterado este martes por los medios de comunicación de cuál podría ser el plan del Gobierno con vistas a las fiestas de Navidad.

En todo caso, espera que en el próximo Consejo Interterritorial de Salud el Gobierno pueda explicar ambas cuestiones a los representantes autonómicos para que pueda haber cierta coordinación entre los distintos territorios.

PLAN DE NAVIDAD «LO MÁS HOMOGÉNEO POSIBLE»

Singularmente, sobre la Navidad Esteban entiende que lo que hará el Ejecutivo en ese cónclave es «sugerir» o «recomendar» a las comunidades las medidas a tomar porque son ellas las que deben aplicarlas, recordando en este punto que si el Gobierno quisiera aplicarlas él directamente tendría que reformar el decreto del estado de alarma.

En todo caso, no cree que ésta sea la intención del Gobierno, sino trasladar a las autonomías una serie de medidas con la idea de que puedan aplicarse «lo más homogéneamente posible», algo que considera que es «perfectamente discutible».

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este martes que la crisis migratoria que sufre Canarias «es más grave» que la de 2006 –cuando llegaron más de 30.000 personas– debido al cierre de fronteras por la pandemia, lo que complica las repatriaciones, por lo que ha vuelto a exigir al Estado que active derivaciones a la Península y Europa.

«No podemos solos», ha comentado en la sesión de control en el Pleno del Parlamento a preguntas de Sí Podemos, Cs, PP y NC, advirtiendo al Estado de que debe realizar las derivaciones a la Península. «Si se pretende que toda la inmigración se quede en Canarias, nos tendrán enfrente», ha agregado.

Además, ha apuntado que «es clave» que se activen las repatriaciones a los países de origen –en 2006 fueron más de 6.000 senegaleses– por lo que espera que fructifiquen las relaciones diplomáticas del Gobierno central, con recientes visitas de ministros a Marruecos y Senegal, más la participación del presidente, Pedro Sánchez, en una cumbre en Marruecos el 17 de diciembre.

Torres ha apuntado que hay que «trabajar en origen y evitar que salgan» de los países africanos y con las repatriaciones también se lanza el mensaje de que «hay que perseguir a las mafias» que «son las culpables» del fenómeno de la inmigración irregular.

El presidente canario ha apelado a «hablar menos y hacer más» en materia migratoria, y por ello, no ve mal el plan de construcción de 7.000 plazas para acoger a migrantes en el archipiélago porque va en línea de «acabar» con el muelle de Arguineguín. «Es una cuestión ética y urgente», ha destacado.

No obstante, ha avisado de que el Gobierno de Canarias y el Parlamento van a responder «sin fisuras» ante cualquier intento que «imposibilite» el libre tránsito de las personas que tengan derecho hacia la Península y Europa.

«Canarias no puede ser vía de entrada para la inmigración irregular pero tampoco puede ser el muro», ha destacado.

Torres ha agradecido las últimas visitas de ministros al archipiélago pero ha dejado claro que su Gobierno va a salvaguardar los intereses de las islas. «Estamos a defender nuestra tierra», ha apuntado.

Además, ha afeado al PP que desmantelara toda la red de acogida tras la última crisis migratoria, recordando como el CIE de El Matorral, en Fuerteventura, estaba cerrado y recibía fondos que están bajo investigación, si bien sí ha valorado que la portavoz del PP, Australia Navarro, se haya desmarcado del discurso de Pablo Casado y defienda las derivaciones a la Península.

El presidente ha defendido también el trabajo de su Gobierno desde que se inició la crisis, pues fue el primero en avisar del «repunte» en la llegada de pateras, puso instalaciones a disposición y se encarga de la tutela de los menores, unos 2.000, en lo que se ha invertido este año unos 12 millones de euros, más otros ocho millones que aportan los cabildos.

PODEMOS RESPONSABILIZA A LA UE Y EL ESTADO

El portavoz de Sí Podemos, Manuel Marrero, ha comentado que a la UE y el Gobierno español le corresponde «ponerle solución» a la crisis migratoria que padece el archipiélago, ya que aunque «el pueblo de Canarias es solidario», sostuvo que «nadie puede esconder la cabeza bajo el ala».

Ha comentado que el Ejecutivo regional «debe ser aún más exigente» con el cumplimiento de los derechos humanos, si bien dijo que le «consta» la exigencia del presidente, cuestión en la que tiene el «apoyo» de su grupo.

Ha dicho también que el campamento del muelle de Arguineguín «es un símbolo» de la migración forzosa en África y recordó que en la crisis de 2006, con más de 30.000 migrantes llegados a las islas, se realizó una «acción de cooperación multilateral» con convenios y acuerdos diplomáticos.

Marrero ha subrayado que ha habido «miles de muertos» en la ruta canaria y tanto la UE y como el Gobierno español «tienen la obligación de compatibilizar el control de fronteras y salvaguardar los derechos humanos».

En esa línea, ha señalado que no se puede aceptar el «continuo chantaje de Marruecos» y «negociar con firmeza» para mejorar la atención a los migrantes e impulsar las derivaciones a la Península y el resto del continente.

CS ESPERA LA REPROBACIÓN DE MARLASKA

Vidina Espino, portavoz del Grupo Mixto (Cs), ha comentado que sigue sin saberse «quien dio la orden» del desalojo de 227 migrantes del muelle de Arguineguín la semana pasada y «nadie ha asumido responsabilidades».

En su opinión, «fue la gota que colmó el vaso», y también del propio presidente, que a partir de ese episodio «se ha mostrado más exigente».

Espino ha dicho que el PSOE «se tiene que aclarar» porque el presidente Pedro Sánchez ha hablado de «solidaridad» y los ministros Marlaska y Ábalos han cerrado la puerta a las derivaciones.

«Hay que acabar con el colapso por la ineficacia de los ministerios, no baje el tono y siga siendo firme, no nos pueden dejar a nuestra suerte, somos Europa», ha indicado, mostrando su deseo de que todos los grupos de la Cámara apoyen la reprobación al ministro del Interior que solicita su formación.

EL PP VE «INTOLERABLE» QUE LAS ISLAS SEAN «UN GUETO»

Australia Navarro, del Grupo Popular, ha comentado que el Gobierno central ha diseñado en Canarias «el plan Lampedusa» pues su «verdadera estrategia» es que el archipiélago «cargue en solitario y en pleno abandono» con la inmigración ilegal.

A su juicio, «han decidido convertir las islas en un gueto y una cárcel», algo «intolerable» y con la permisividad del presidente Torres pues «poco o nada le hacen caso en Madrid», ya que se están levantando «campamentos de lona y retretes portátiles» para atender migrantes.

Navarro ha insistido en que «nada» impide trasladar a los migrantes a la Península y Canarias «no es una colonia del siglo XIX» de la que el Gobierno central pueda «disponer» para hacer «experimentos migratorios».

Según Navarro, las islas deben «ser noticia» por ser un destino turístico de primer nivel y libre de coronavirus y se «abren informativos» con la llegada y atención de migrantes.

NC AVISA DE QUE SE CREARÁ «UN TAPÓN» EN LAS ISLAS

Luis Campos, portavoz de NC, ha cargado contra Marlaska por distorsionar el ‘plan Canarias’ al negarse a realizar derivaciones «de manera tajante» y «sin hablar» con las autoridades canarias pues las 7.000 plazas «van a provocar un tapón» de migrantes y convertirán al archipiélago «en una cárcel» donde «se deslegitiman» los derechos humanos y la legislación europea.

Frente a eso, ha dicho que la actitud del presidente canario «es elogiable» pues, entre otras cosas, «levantó la voz» ante el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, a diferencia de lo que hicieron los representantes del PP canario en la visita de Pablo Casado.

Con todo, Campos cree que «se abre una vía» para activar las derivaciones con las últimas declaraciones de Pedro Sánchez en las que aludía a la solidaridad.