113.000 españoles nacionalizados por la ley de nietos se han quedado sin voto a quince días de las elecciones del 29N. Lo decidió el Tribunal Supremo el pasado 10 de septiembre y solo afecta a quienes están inscritos en el CERA, el censo de los españoles que viven en el exterior y votan desde allí.
A ver, vamos por partes, porque aquí hay dos resoluciones y no una. La primera suspendió cautelarmente el voto de quienes obtuvieron la nacionalidad por la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, la que abrió la conocida como ley de nietos. La segunda, dictada hace unos días, rechazó ampliar la suspensión a los hijos de esos nacionalizados.
Los números que el Supremo dio por buenos no cuadraban
La sala partió de las cifras que le facilitaron Vox, que hablaba de 375.027 nuevos electores, e Iustitia Europa, que elevaba la horquilla a 408.262. La Oficina del Censo Electoral, tras revisar inscripción por inscripción, ha rebajado el impacto real a 113.000 inscripciones atribuibles a la ley de nietos.
Los datos oficiales tampoco sostienen el incremento excepcional del voto exterior que alegaron los demandantes. El mayor crecimiento del CERA se produjo entre 2009 y 2014, con subidas anuales de entre el 5,72% y el 7,93%. Desde la ley de nietos, el incremento interanual ha oscilado entre el 2,41% y el 5,50%; a 1 de agosto era del 3,11%, y esas cifras ya estaban disponibles cuando el tribunal adoptó la suspensión.
¿Cuánto pesa ese voto en el resultado? Poco, en términos aritméticos. Aplicando a esos 113.000 electores la participación que el CERA registró en las generales de julio de 2023, salen unos 9.800 votos repartidos entre 52 circunscripciones, el 0,04% de los casi 25 millones de sufragios contabilizados entonces.
La sala suspendió el voto sin conocer cuántos afectados había. El censo habla de 113.000; las cifras que el tribunal aceptó triplicaban esa cantidad.
Quién puede votar y quién no dentro del mismo censo
El resultado es un censo con dos velocidades. Un español nacionalizado por la ley de nietos que reside en el extranjero no puede votar; su hijo, nacionalizado por el mismo procedimiento, sí puede hacerlo. Y quien obtuvo la nacionalidad por esa vía pero está empadronado en España también, porque la suspensión no alcanza al censo de residentes. Los hijos de los afectados suman más de 189.000, según el auto que les dejó participar.
Contra ese criterio se han pronunciado la Junta Electoral Central, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y la única magistrada progresista de la sala. Los tres primeros sostienen que nacionalidad y derecho al voto van unidos y que no cabe privar del sufragio a quien lo obtuvo conforme a la ley. La LOREG reserva a la Fiscalía la defensa de la legalidad si el resultado se impugna.
El precedente que la sala no tuvo en cuenta
Hay una comparación obligada. El proceso masivo anterior, el de los descendientes de los judíos sefardíes expulsados en 1492 que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy, terminó con más de 74.000 nuevos ciudadanos y, por tanto, con 74.000 votantes potenciales. Nadie cuestionó entonces ese derecho.
Tampoco se valoró, según las resoluciones conocidas, que el artículo 115 permite al presidente disolver las Cortes en cualquier momento. Pedro Sánchez lo hizo el 5 de octubre, una posibilidad que la sala no contempló al fijar la suspensión y que, según sus críticos, añadió un factor más de inseguridad jurídica al censo.
Las dos lecturas siguen abiertas. El tribunal sostiene que su intervención busca la 'pureza' del proceso electoral. Frente a esa tesis, la Junta Electoral Central, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo y la magistrada discrepante advierten de inseguridad jurídica y de trato desigual entre ciudadanos con el mismo título habilitante.
Los informes internacionales no han puesto en duda el sistema electoral español. España figura entre las 'democracias plenas' del índice de The Economist y ni la UE ni el Consejo de Europa han cuestionado la regularidad de sus comicios, según la información publicada por infoLibre.
El calendario manda ahora. La cita es el 29 de noviembre; después se abre la vía del contencioso electoral ante la Junta Electoral Central y, en su caso, ante los tribunales. Ahí se medirá el alcance de una decisión que ya ha cambiado el censo con el que se vota.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Supremo suspendió el 10 de septiembre el voto de los nacionalizados por la ley de nietos inscritos en el CERA, un colectivo que el censo cifra en 113.000 personas.
- Por qué te importa: Son españoles con nacionalidad legal que no podrán votar el 29N, mientras sus hijos y los nacionalizados residentes en España sí podrán.
- A quién afecta: A 113.000 inscritos en el censo exterior, a sus más de 189.000 hijos y a los nacionalizados por la misma ley que viven en España.
- Hacia dónde vamos: Las elecciones se celebran el 29 de noviembre y después puede abrirse un contencioso electoral ante la Junta Electoral Central y los tribunales.
