La fundación FAES ha criticado este jueves que la izquierda "reaccione a su fracaso insultado al 45% de los votantes" que decidieron apoyar a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. Tras asegurar que el éxito de la presidenta madrileña "lo es también de Pablo Casado", cree que estos comicios marcan un "punto de inflexión" en la política española porque el Gobierno liderado por Pedro Sánchez y "su agrietada coalición" salen "seriamente debilitados mientras se refuerza el centroderecha".

Así lo sostiene la fundación que dirige el expresidente del Gobierno José María Aznar, quien este miércoles ya felicitó a Ayuso por su "extraordinario triunfo" en los comicios del 4 de mayo y recalcó que esta victoria supone "una gran lección y una gran esperanza para todos". "El modelo de libertad se entiende, funciona y los ciudadanos lo respaldan", añadió.

Apenas dos días después de esos resultados, FAES ha publicado un editorial en el que subraya que produce "estupor que la izquierda clamorosamente derrotada en Madrid reaccione a su fracaso insultando" a los votantes de Ayuso.

En concreto, critica que Podemos eche mano del "apolillado análisis marxista sobre la conciencia alienada que lleva a cientos de miles de trabajadores a votar al PP", mientras que en el PSOE, la vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo, aparte de "pregonar unos delirantes análisis electorales", se refiera a los votantes del PP como "gentes alucinadas sin contacto con la realidad porque, de haberla tenido, habrían votado sin duda a los socialistas".

"Aunque se recomienda que cuando el adversario se equivoca, lo mejor es no distraerle, lo cierto es que la izquierda de la coalición gobernante en España es la que ha demostrado encontrarse fuera de la realidad", dice FAES, para criticar que se dediquen a "abroncar e insultar a los votantes que no han comprado la averiada mercancía izquierdista".

UN FRACASO "CUANTITATIVO" Y "CUALITATIVO"

Según FAES, el fracaso de la izquierda "no es sólo cuantitativo" sino también "cualitativo". Así, considera que el 4M es también "el fracaso de sus grotescas 'alertas antifascistas', de la impostura permanente de líderes como Pablo Iglesias, verdadero depredador de la política democrática que busca hacerse pasar por víctima; es el fracaso de su inconsistencia, que en el caso del candidato socialista pasó de rechazar el pacto con Podemos a convocar a Iglesias a ganar juntos las elecciones".

En resumen, cree que es el "fracaso de la inveterada pretensión de la izquierda de imponer para su ventaja los marcos conceptuales que condicionan el debate político". Frente a ese "despliegue de soberbia y resentido desprecio a los votantes", prosigue FAES, Ayuso ha hablado de "prudencia y compromiso, reconociendo los votos 'prestados' que han contribuido a construir su mayoría, sabiendo dimensionar lo que significa su enorme victoria en función de una tarea de gobierno para la que pidió la confianza de los madrileños".

Además, señala que el 4M ha visualizado la capacidad del PP para articularse como "alternativa a esta conjunción decadente de socialistas comunistas e independentistas" y agrega que el reagrupamiento en el centroderecha tiene que "seguir consolidándose como un proceso de unión de fuerzas, no como una apuesta por la derrota de un adversario que ha ocupado provisionalmente un segmento del electorado que el PP puede legítimamente reclamar".

Tras recordar que Ayuso pidió el voto para poder desarrollar su proyecto político con libertad de acción, destaca que esa libertad tiene que predicarse "frente a todos" porque "se la ha ganado". "El hecho de que el PP sume de largo más que toda la izquierda junta le libera del condicionamiento de escaños que contaban con ser decisivos y que los resultados del 4 de mayo dejan considerablemente devaluados", apostilla, en alusión a Vox.

DICE QUE EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ SALE "DEBILITADO"

Aunque ve "evidente que ningún resultado es extrapolable al 100%", dice que "sería absurdo negar que las elecciones en Madrid marcan una inflexión en la política española en la que el Gobierno de Sánchez y su agrietada coalición salen seriamente debilitados mientras se refuerza el centro derecha en el que el PP afianza su hegemonía y su condición de alternativa de gobierno".

"El éxito de Isabel Díaz Ayuso lo es también de Pablo Casado. No sólo es el presidente del Partido Popular, sino que encabeza esa generación de dirigentes políticos de la que Díaz Ayuso es tan representativa", asegura, para concluir que Casado "tiene ante sí una tarea compleja y exigente, pero ha dado pasos importantes y hoy, desde su liderazgo, esa tarea parece algo más fácil".

Las Comunidades Autónomas han empezado ya a avanzar las medidas que regirán en sus territorios a partir del próximo domingo 9 de mayo a las 00.00 horas. La mayoría de ellas pondrán fin al toque de queda y al cierre perimetral al acabar el estado de alarma, salvo Canarias, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Baleares, que pretenden mantener la limitación nocturna a la movilidad.

No obstante, muchas de estas autonomías están a la espera de un refrendo judicial como ya se ha dado en Baleares, donde su Tribunal Superior de Justicia ha ratificado las medidas del Ejecutivo balear que, entre otras cosas, recogen el mantenimiento del toque de queda.

Por su parte, el País Vasco, Navarra, la Comunidad Valenciana y Canarias han mostrado también su predisposición a seguir con el toque de queda, aunque el Gobierno Vasco, por ejemplo, está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dé una respuesta para continuar tanto como la limitación a la movilidad nocturna como al confinamiento perimetral de la región.

Eso sí, a escasas 48 horas de la finalización del estado de alarma, hay algunas Comunidades que todavía no se han pronunciado sobre el escenario 'post alarma'. En cualquier caso, a las 19.00 horas de este jueves, 6 de mayo, esta es la situación de las CCAA que sí se han pronunciado:

ANDALUCÍA

El 9 de mayo en Andalucía desaparecerá el toque de queda y el cierre perimetral de la región. Sin embargo, sí que mantendrá el confinamiento perimetral de municipios con tasas de incidencia por encima de 500 casos cada 100.000 habitantes. De todos modos, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aún tiene que confirmar las nuevas medidas post estado de alarma.

ARAGÓN

Aragón tampoco tendrá toque de queda ni confinamiento perimetral de la comunidad a partir de la madrugada del sábado al domingo. No obstante, el Gobierno regional mantendrá cerradas zonas que ya lo están. Los horarios de cierre en actividades no esenciales y hostelerías se mantienen como hasta ahora: Para lugares con nivel de alerta 3 hasta las 22.00 horas y para las zonas en alerta 3 agravada hasta las 20.00 horas.

BALEARES

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha avalado el mantenimiento del toque de queda en el archipiélago balear, entre otras medidas, tras el estado de alarma. Los desplazamientos a las islas deben justificarse y someterse, en su caso, a un control sanitario. Solo se pueden llevar a cabo reuniones y encuentros familiares y sociales de un máximo de seis personas en el interior o en el exterior.

CANARIAS

El Gobierno de Canarias mantendrá el toque de queda, el control en puertos y aeropuertos y el resto de medidas que están vigentes en cada isla según nivel de alerta en que se encuentran una vez concluya este domingo el estado de alarma.

CANTABRIA

En Cantabria decae el toque de queda y el cierre perimetral de la región a partir del domingo. Sin embargo, el Ejecutivo cántabro adoptará medidas concretas en cada municipio según su evolución. Asimismo, sí que se mantiene el cierre del interior de la hostelería y los aforos.

CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León fija el horario de cierre de la hostelería a las 00.00 horas tras el próximo 9 de mayo, una fecha a partir de la que se elimina el toque de queda y el confinamiento perimetral de la Comunidad, donde además se clausurará el interior de bares en localidades con incidencias superiores a 150 casos por 100.000 habitantes.

CASTILLA-LA MANCHA

El próximo domingo en Castilla-La Mancha decaerá el toque de queda y el confinamiento perimetral de la Comunidad. Además, el Gobierno regional está estudiando la posibilidad de aumentar de 6 a 10 el número de personas que puede haber en locales de hostelería. No obstante, será el sábado cuando se tome la decisión final sobre las medidas a adoptar.

CATALUÑA

La Generalitat ya ha anunciado el fin del toque de queda y el confinamiento regional al decaer el estado de alarma. En cuanto a las medidas de limitar a seis personas las reuniones sociales y a los aforos de actos religiosos y ceremonias civiles, la Fiscalía no se opone a la ratificación judicial.

EUSKADI

El País Vasco pretende seguir con el confinamiento perimetral de la región y el toque de queda más allá del 9 de mayo. Sin embargo, la Fiscalía Superior de la Comunidad se opone a estas medidas, así que en la actualidad el Gobierno Vasco se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le dé una respuesta sobre estas medidas.

EXTREMADURA

A partir del viernes, se acaba el estado de alarma en Extremadura y se establece la medianoche como horario límite para el cierre de la hostelería una vez decaiga el estado de alarma.

GALICIA

La Xunta de Galicia ha anunciado que, a partir de las 00.00 horas del domingo, se elimina el toque de queda y el cierre perimetral autonómico. Además, se amplían los horarios de la hostelería.

LA RIOJA

La Rioja contará a partir del 9 de mayo con un 'semáforo' de tres niveles, basados en una serie de indicadores, que en el "peor escenario posible" serían cuatro. Además, ese mismo día concluye el cierre perimetral de la región y se levantan las restricciones de movilidad nocturna, el denominado 'toque de queda'.

NAVARRA

El Gobierno de Navarra flexibilizará a partir del 9 de mayo las medidas preventivas para hacer frente al COVID-19, una vez decaiga el estado de alarma. En concreto, entre las novedades respecto a las medidas vigentes, se levantará el cierre perimetral de la Comunidad Foral, se recomienda limitar las reuniones en los domicilios a un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales, excepto convivientes, y se permite ampliar a las 22 horas el horario de las terrazas en hostelería. Sí que sigue manteniendo la limitación de la movilidad nocturna entre las 23 y las 6 horas.

COMUNIDAD VALENCIANA

La Generalitat Valenciana está estudiando retrasar el inicio del toque de queda a las 0.00 horas y ampliar el número de personas en reuniones, que podría pasar de las seis autorizadas en la actualidad hasta la cifra de ocho o diez. Sin embargo, el presidente valenciano, Ximo Puig, ya avanzó que planteaba levantar el cierre perimetral.

MELILLA

Melilla no mantendrá el toque de queda a partir de este domingo, pero sí que pretende mantener la limitación de reuniones, privadas y públicas, a un máximo de seis personas y también la limitación de horario en hostelería y comercio y aforo en centros religiosos.

La Xunta de Galicia ha presentado un recurso de reposición por la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que concede un mes a la familia Franco para la retirada de bienes del Pazo de Meirás, según informa.

En concreto, el Gobierno autonómico considera que la diligencia "socava las competencias públicas de protección de patrimonio cultural de Galicia". "Al no especificar de manera explícita que la retirada de bienes de interés cultural precisa la preceptiva autorización administrativa de la Xunta", explica.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sada (A Coruña) ha presentado este jueves dos escritos ante este juzgado. En el primero, se interpone incidente de ejecución a los efectos de que por parte del juzgado se resuelva sobre "la indisponibilidad de retirada de determinados bienes muebles" que, a criterio del ayuntamiento, forman parte del inmueble. El segundo es recurso de reposición por el plazo dado a la familia del dictador.

En el caso de la Xunta, la Consellería de Cultura, Educación e Universidades afirma que el recurso presentado busca "proteger y defender el patrimonio de los gallegos" como, según sostiene, ha hecho desde "el principio" en este proceso. "Apostando por la unidad entre las administraciones, ajustándose al Estado de Derecho y dando pasos firmes con aval jurídico", añade.

En lo que respecta a las estatuas del Mestre Mateo y a la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, "con protección Bien de Interés Cultural (BIC)" --tras la solicitud por parte de la familia Franco para su traslado--, recuerda que fueron solicitados informes "a las principales instituciones culturales del país para ofrecer argumentos técnicos sólidos, respetando las garantías jurídicas del procedimiento".

EL ESTADO, "CONDICIÓN DE DUEÑO"

Mientras, el Ayuntamiento de Sada explica que en sus escritos alega que la sentencia de este mismo juzgado que ordenó la devolución al Estado del inmueble "ampara la consideración de bienes de dominio público de los bienes muebles, tanto de los que formaban parte del pazo en 1938, objeto de transmisión en la escritura de compra-venta de ese año, como de aquellos otros instalados por el Estado".

"Y que, en ambos casos, formaban parte y estuvieron afectos al servicio público de la residencia de la jefatura del Estado detentada por el dictador". "La sentencia consideró que el Estado ostentó su condición de dueño, a todos los efectos, desde 1938 hasta la muerte del dictador, lo que extiende la posesión no solo al inmueble (continente) sino a los bienes muebles (contenido)", argumenta.

Además, el letrado considera que el hecho de que dicha sentencia no resolviera expresamente sobre dichos bienes muebles "no supone impedimento legal a que el juzgado ordene, en ejecución de sentencia, que forman parte, indisociable, del bien inmueble".

OTRAS ACCIONES JUDICIALES

Por otra parte, el Ayuntamiento de Sada defiende que el recurso de reposición contra de la diligencia de ordenación de retirada de bienes, dictada por el letrado del juzgado, es "necesario, pero no suficiente" por lo que entiende que el Estado "debe ejercitar de inmediato, y a la mayor brevedad posible, otras acciones judiciales".

"Mientras los Franco anuncian la empresa y personal de cambio, Estado y Xunta, y viceversa, deben ejercitar suas competencias, judiciales y administrativas", adoptando, apostilla, "todas cuantas medidas sean procedentes para evitar el expolio del pazo y que este quede vacío de contenido", señala el alcalde, Benito Portela. Además, les insta a hacer efectivo el acuerdo del Parlamento gallego a este respecto.

Asimismo, insiste en que es la Xunta "quien ostenta las plenas competencias para incluir los bienes muebles en el Decreto BIC de Meirás, pero esa cuestión competencial no puede ser disculpa para que ni Xunta ni Estado resuelvan dotar de la tutela BIC al conjunto de los bienes de un sitio histórico como es el pazo".

ARGUMENTOS DEL ESTADO

En su recurso de reposición, la Abogacía del Estado argumenta que el plazo de retirada de bienes dado a los Franco se ha hecho "sin haber dado traslado a esta parte del escrito presentado por la contraparte --los Franco-- a efectos de poder formular alegaciones sobre dicha petición y sobre las concretas condiciones en que deba efectuarse la retirada de los bienes solicitada".

"Lo cual constituye una clara conculcación del principio de contradicción que debe presidir el desarrollo de todo proceso, causando de esta manera indefensión a esta parte", sostiene.

Por otro lado, la Abogacía del Estado pide que se garantice el contenido del inventario de los bienes que se encuentren en el pazo antes de su posible retirada.

PLAN DE ACTUACIÓN

Por ello, insta a que se permita concluir el inventario comenzado por auto judicial de diciembre de 2020. Para garantizar que los bienes retirados son los mismos sobre los que se constituyó el depósito judicial, afirma que es preciso adoptar "una serie de cautelas que permitan verificar fehacientemente que la Administración del Estado ha cumplido fielmente con su condición de depositaria durante el tiempo en que el depósito judicial ha surtido efecto".

En caso de producirse el traslado, argumenta que se debe "garantizar la seguridad del inmueble, catalogado BIC". Por ello, en el recurso especifica que "es necesario que, con carácter previo a la retirada, los demandados concreten el plan de actuación que pretenden llevar a cabo, indicando las concretas personas, vehículos y empresas que realizarán la retirada, para poder adecuar los planes y medidas de seguridad que se han establecido sobre el inmueble".

La Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados acogerá este viernes, por la tarde, la celebración de las solemnes vísperas pontificales, organizadas por el Cabildo de la Catedral de Valencia, con las que dan comienzo los actos oficiales con motivo de la fiesta de la Virgen de los Desamparados este fin de semana.

Las solemnes vísperas fueron compuestas por José Climent, canónigo prefecto de Música Sacra de la Catedral de Valencia fallecido en 2017, y serán interpretadas por la Escolanía de la Virgen, alternadas con el Cabildo Catedralicio y el clero de la Basílica, según ha informado el Arzobispado en un comunicado.

Los actos previstos con motivo de la fiesta de la patrona de Valencia incluyen la misa que tendrá lugar este viernes, a las 13 horas, en la Basílica, cantada igualmente por la Escolanía, a intención de la Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia, y la misa ofrecida por la asociación Lo Rat Penat, a las 20.30 horas. No se celebrará este viernes el Rosario que se reza en la Basílica, todos los días de mayo, a las 16.45 horas.

Las celebraciones continuarán el sábado, 8 de mayo, con la misa conmemorativa del LX Aniversario del Patronazgo Regional de la Virgen de los Desamparados, a las 9.30 horas; la misa cantada por la Escolanía a intención de la Corte de Honor de la Virgen, a las 10.30 horas; y la eucaristía conmemorativa del XCVIII aniversario de la Coronación Pontificia de la imagen de la patrona, a las 13 horas.

El sábado la Basílica acogerá, a las 20 horas, la Salve solemnísima, a puerta cerrada y sin asistencia de fieles, con la participación de la Escolanía y antiguos escolanes, que podrá ser seguida en directo por La Ocho TV.

MISSA D'INFANTS

El día de la Fiesta de la Mare de Déu, el domingo 9 de mayo, se celebrará la tradicional Missa d'Infants, a las 8 horas, en la Plaza de la Virgen, adaptada "escrupulosamente" a las medidas sanitarias vigentes a causa de la pandemia, y con acceso restringido, de forma que sólo podrán acceder las personas con acreditación oficial.

Por ello, desde la Basílica se realiza un llamamiento "invitando encarecidamente a los fieles a que no se aproximen a la plaza ni a sus calles adyacentes, a que eviten aglomeraciones y a seguir la misa desde sus hogares por televisión".

El domingo 9 de mayo, después de la Missa d'Infants tendrá lugar, a las 12 horas, la Misa Pontifical en la Catedral de Valencia, con aforo limitado al 50 ciento siguiendo las restricciones marcadas por las autoridades. Después de la misa tendrá lugar una procesión claustral, por el interior de la Seo. Ese mismo día, por la tarde, la imagen de la patrona de Valencia recorrerá algunas calles de la ciudad en su 'maremóvil' "sin anunciar el recorrido para evitar aglomeraciones".

Además, el 9 de mayo no se celebrará ninguna misa en el interior de la Basílica "para evitar el colapso en las puertas y la aglomeración de los fieles en la plaza" y el templo permanecerá abierto desde las 10:30 horas hasta las 21 horas, ininterrumpidamente, para facilitar que los fieles visiten y veneren a la Mare de Déu.

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha decidido dimitir de su cargo tras los malos resultados que ha obtenido el partido en las elecciones del 4 de mayo, con Ángel Gabilondo a la cabeza, ha adelantado la 'Cadena Ser' y han confirmado fuentes socialistas.

Ayer la Ejecutiva regional del PSOE-M se reunió y acordó comenzar a trabajar para lograr una transición ordenada en el próximo Congreso Regional que se celebrará a finales de año, pero asumiendo sus "pésimos resultados" en estas elecciones que han dado la victoria a la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, e incluso Más Madrid ha superado a los socialistas en número de votos.

En el encuentro telemático, además de hacer hincapié en la necesidad de realizar un profundo análisis tras los "pésimos" resultados en las elecciones a la Comunidad de Madrid se decidió escuchar, en las próximas semanas, tanto a los órganos del partido, como a la militancia para analizar y tomar las medidas "necesarias" que permitan volver a conseguir "la confianza de la ciudadanía madrileña".

Asimismo, asumen sus "errores" y "no haber estado a la altura de lo que se esperaba" de ellos, pero este es el primer paso para "comenzar de nuevo el camino, para conseguir en breve, una Comunidad de tintes progresistas que no deje a nadie en el camino y que apueste por la sociedad del bienestar".

Franco fue en 2017 elegido secretario general del PSOE-M en unas primarias con más del 70% de los votos y está considerado como uno de los hombres de confianza en Madrid del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. No obstante, el socialista sí seguirá en su puesto como presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD)

Gabilondo, por su parte, ya dijo ayer que no se planteaba dimitir y que recogería su acta de diputado pese a haber perdido 13 escaños con respecto a los comicios de 2019.

Pese a ello, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reunido este jueves a la Permanente de la Comisión Ejecutiva Federal de su partido, por lo que quizás pueda haber algún cambio más.

Las voces más críticas del PSOE, con la rama de militantes de la Izquierda Socialista, ya pedían la cabeza de Franco y de Gabilondo, por "la falta de autonomía" que, a su juicio, "han tenido con Moncloa". Además, querían "un proceso de renovación de cargos y de políticas, tan necesario para los socialistas, pero sobre todo para la ciudadanía madrileña".

La Comisión Ejecutiva Federal se reúne esta tarde para analizar la derrota histórica que el PSOE ha sufrido en las elecciones autonómicas de Madrid. En esta reunión la dirección federal del PSOE activará además el proceso de primarias en Andalucía para el próximo mes de junio para elegir al candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas andaluzas, previstas inicialmente para finales de 2022.

La Universidad de Almería (UAL) ha detectado tres casos positivos de covid-19 entre alumnos extranjeros que participan en el programa Eramus cuyos contagios se han producido "fuera del campus" como consecuencia de "amistades externas" al recinto universitario, si bien otros cuatro estudiantes procedentes de otras universidades europeas permanecen en cuarentena a causa de "contactos estrechos".

Así lo han especificado fuentes del órgano académico tras los cinco positivos entre sus estudiantes registrados la pasada semana, que elevan a 86 los alumnos que a lo largo del curso ha comunicado haberse infectado por covid-19 a los que se unen otros 66 profesores, investigadores o trabajadores del personal de administración y servicios del campus de La Cañada, tres de ellos en la última semana.

El vicerrector de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable de la UAL, Francisco Javier Lozano, ha detallado en una nota que "afortunadamente, a pesar de las olas que ha habido, sobre todo la tercera que ha sido muy potente en Almería, en la UAL el efecto de la pandemia no ha sido grande porque hemos podido solventar con antelación la problemática".

Así, ha considerado que aunque ha habido casos, pocos de ellos han sido "graves" puesto que la mayoría se han mostrado "asintomáticos", de modo que los afectados los han podido "superar en sus domicilios o en el hospital, pero en planta". "También ha habido algún caso que ha requerido ingreso en la UCI, pero por fortuna no hemos tenido que lamentar ningún fallecimiento", ha especificado.

"La gestión de casos ha sido complicada, pero hemos procurado adelantarnos a las situaciones, de tal manera que, por ejemplo, cuando no era imprescindible la presencialidad se optó por el sistema telemático", ha recordado el vicerrector, quien ha subrayado el esfuerzo efectuado para la adquisición de mascarillas, pantallas y "todo lo que hemos entendido que era necesario para minimizar todos los efectos que esta pandemia podía tener", lo que también ha implicado la desinfección de edificios en verano y la creación de hasta nueve equipos covid.

A LA ESPERA DE LA VACUNACIÓN DE LA JUNTA

Desde la Universidad de Almería están pendientes de que "al pasar parte de la docencia al modo presencial, la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía nos tenga en cuenta como personal tan de riesgo como el de Enseñanza Media o Bachillerato" a la hora de establecer la vacunación.

"Vamos a ver si podemos vacunar a la mayor celeridad tanto al Personal de Administración y Servicios como al Personal Docente e Investigador y, por supuesto, a todos los trabajadores que tienen contrato con la UAL, que no son personal directo sino empresas que colaboran con nosotros, como personal de cafeterías, copisterías, etc., que irán en los listados para su vacunación correspondiente", ha adelantado el vicerrector.

La dedicación "casi en exclusiva" del Vicerrectorado a la pandemia ha hecho que se hayan "aparcado provisionalmente" otras actividades previstas en torno a la promoción y educación para la salud. "Estamos a la espera de que pase todo esto para retomar las propuestas que teníamos desde un principio para promover un estilo de vida más activo y saludable, que ayude a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad universitaria", ha explicado Lozano.

La reorientación del Plan de Universidad Saludable de la UAL para centrarse en minimizar los efectos del coronavirus en el campus ha dado lugar a la acreditación del sello covid-19 por parte de Aenor; una distinción con la que "solo cuenta otra universidad española y que se entregará en las próximas semanas".

La Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha iniciado este jueves el juicio contra un vecino de Vilanova de Arousa por los delitos de maltrato habitual, lesiones, coacciones, hurto, amenazas graves, acoso y abuso sexual, de los que el acusado ha negado su autoría. En la sesión el procesado ha negado haber maltratado, amenazado o abusado sexualmente de su pareja.

La Fiscalía demanda que sea condenado a 19 años de prisión por considerar que este hombre maltrató física y psicológicamente a su pareja, y también pide el alejamiento a más de 150 metros de la víctima durante los tres años siguientes al cumplimiento de la pena que se le imponga además de la prohibición de mantener toda clase de comunicación con su ex pareja.

El acusado ha defendido su inocencia ante el tribunal provincial al asegurar que "nunca" la obligó "a hacer nada que no quisiera" y añadió a continuación que "siempre" que hicieron "algo, fue cosa de los dos". También ha apuntado que ella le denunciaba cuando rompían la relación. "Si me iba, me decía que me iba a poner una denuncia; volvíamos y me la quitaba", ha añadido.

A preguntas de su abogado reconoció que en esa relación "hubo discusiones", pero insistió en que nunca le pegó, ni le robó, ni la insultó, ni la amenazó, al contrario dijo que él sí sufrió lesiones y que tuvo arañazos en su cuerpo varias veces ocasionados por ella. "Me da vergüenza, pero sí llegó a agredirme", ha dicho atribuyéndole un mal carácter a su exmujer, "con nada de chispa, se alteraba".

El acusado mantuvo durante ocho años una relación sentimental con una mujer y, según el escrito de acusación de la Fiscalía, durante ese tiempo el procesado ejerció sobre ella "constantes y reiterados actos de violencia física y psíquica, llegando a insultarla, menospreciarla, amenazarla y agredirla físicamente, con el ánimo de controlarla y someterla a su voluntad, e incluso, se dedicó a revisar su teléfono y controlar sus amistades".

A PUERTA CERRADA

La víctima declaró a puerta cerrada y cuando se retomó la audiencia pública se pudo escuchar el testimonio de una amiga que relató durante la vista oral que nunca presenció una agresión, pero sí que ella la llamó muchas veces para que fuese a buscarla y, al llegar, le notaba la ropa rota o "su cuerpo mazado".

El relato del Ministerio Público recoge distintos episodios en los que el acusado golpeó a la mujer, en una ocasión sirviéndose de una pala, así como constantes insultos y amenazas graves.

Unas dos semanas después de interponer la víctima su primera denuncia, el procesado se presentó en el domicilio de ella y, aprovechándose del estado adormilado en el que se encontraba tras haber ingerido tranquilizantes, "y sin que esta prestase consentimiento en ningún momento", abusó sexualmente de ella.

Los especialistas del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) ratificaron en Sala que la mujer presenta "sintomatología compatible con estrés postraumático", además de un "trastorno adaptativo", "angustia" y "ansiedad" y todas las situaciones que relata respecto a la actuación de ex marido son compatibles con esta situación actual.

El juicio quedó suspendido hasta nueva fecha por la ausencia de una perito psicóloga, que la defensa considera imprescindible para completar el proceso.

Juana Ruiz, la ciudadana española detenida el pasado 13 de abril por las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania, ha conocido finalmente este jueves los cargos de los que se le acusa y que, según ha asegurado su abogada, no tienen que ver con financiación del terrorismo.

Ruiz, de 60 años y que reside desde hace más de 35 en Cisjordania, donde trabaja como coordinadora de proyectos en la ONG palestina Health Work Committees (HWC), fue detenida el 13 de abril en su casa en Beit Sahur, cerca de Belén, por más de 20 soldados israelíes.

Hasta este jueves había comparecido en varias ocasiones ante un tribunal militar, sin que se supiera en concreto de qué se le acusaba hasta que finalmente se le ha informado de que hay cinco cargos en su contra, según ha indicado Gaby Haski.

En concreto, ha precisado, se le acusa de tres cargos en relación con su trabajo en HWC, organización a la que Israel considera ilegal, así como de haber introducido dinero en los territorios palestinos y de haber recibido fondos con falsas pretensiones. "No hay ningún cargo oficial de financiación del terrorismo", ha recalcado.

La abogada ha precisado que está prevista para el próximo lunes una nueva audiencia, en la que se presentarán formalmente los cargos y en la que el Ejército israelí pedirá que siga detenida a la espera de que concluya el juicio y la defensa solicitará su puesta en libertad.

Por otra parte, respecto a la acusación por parte de las autoridades israelíes de que HWC tiene vínculos con el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), una organización que tanto la UE como Estados Unidos consideran como terrorista, la abogada ha asegurado que es algo que se está intentando crear, al tiempo que ha sostenido que si HWC es una organización ilegal no debería seguir trabajando, como continúa haciendo.

EXTERIORES OFRECE ASISTENCIA CONSULAR

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores han evitado pronunciarse sobre los cargos de los que se acusa a Ruiz, subrayando que es algo que corresponde al juez. En todo caso, fuentes diplomáticas han asegurado que como ha venido ocurriendo desde que se produjo el arresto se seguirá ofreciendo asistencia consular a la española.

En este sentido, las fuentes han explicado que tanto la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, como su 'número dos', han hecho gestiones personalmente ante las autoridades israelíes para pedir la mejora de las condiciones de la detenida, en especial, la alimentación, la higiene y el cuidado y que todas las fases del proceso se celebren con plenas garantías.

"Seguiremos atentamente el caso, insistiendo y trabajando con las autoridades israelíes en todo momento", han asegurado las fuentes ante la nueva fase que se abre ahora después de que se hayan dado a conocer los cargos.

DESVÍO DE FONDOS PARA EL FPLP

Entretanto, el Shin Bet --el servicio de seguridad interior de Israel-- ha desvelado que el FPLP ha usado la organización para la que trabaja Ruiz y otras para defraudar varios millones de euros a organizaciones y países europeos en los últimos años.

Las instituciones del FPLF engañaron a varias organizaciones de ayuda en Europa a través de varios métodos como proyectos ficticios, transferencia de documentos falsos, falsificación y facturas infladas, desvío de licitaciones, falsificación de documentos y firmas bancarias, salarios inflados y más", ha indicado el Shin Bet, según informa 'Times of Israel.

Todo este dinero, según el servicio de seguridad, se usó para pagar a las familias de miembros del FPLP abatidos, para reclutar a nuevos combatientes y para difundir la propaganda del grupo en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este.

Entre 2014 y 2021, los gobiernos de Países Bajos, España, Bélgica, Italia, Suecia, Dinamarca, Irlanda, Alemania, Francia, Noruega, Suiza y la UE concedieron más de 200 millones de euros a la red de ONG del FPLP, incluida la organización para la que trabaja Ruiz, de acuerdo con datos de NGO Monitor, un 'think-tank' israelí que analiza las fuentes de financiación de las organizaciones de la sociedad civil y su uso, citadas por 'Jerusalem Post'.

ACUSACIONES DEL DESVÍO DE FONDOS

Respecto a estas acusaciones, fuentes diplomáticas han reiterado el compromiso "firme y constante" del Gobierno con la lucha contra el terrorismo, al tiempo que han defendido que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) "ha reforzado los procedimientos de concesión de subvenciones de cooperación para evitar cualquier desvío" de fondos.

En todo caso, desde el departamento que dirige González Laya se ha mostrado disposición para "examinar cualquier información" que Israel quiera compartir en este sentido.

Además de Ruiz, la campaña de apoyo a la española informó en su momento de que también han sido detenidos por las autoridades israelíes Tayseer Abu Sharbak, responsable actual del Departamento de Contabilidad de HWC y Saeed Abbad, anterior responsable del mismo hasta hace dos años.

En declaraciones, una de las integrantes de la plataforma en favor de la liberación de Ruiz, Sandra Barrilaro, ha defendido que las acusaciones contra la española son "fácilmente desmontables" ya que en todos los proyectos de cooperación financiados por países europeos, entre ellos España, "hay que justificar hasta el último céntimo".

En su opinión, con esta acción "Israel va a por la cooperación internacional" ya que es "un testigo incómodo" de la vulneración a diario de los derechos de los palestinos para los que estas organizaciones son además un "soporte tanto emocional como en su día a día".

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández-Marugán, ha solicitado ayudas, subvenciones y planes de apoyo para el mundo de la cultura, al considerar que se trata de un sector que "se ha visto muy severamente afectado por la pandemia".

En su informe anual correspondiente al año 2020, y que se ha publicado este jueves 5 de mayo, el Defensor realiza esta petición ya que "espectáculos de todo tipo han tenido que cancelarse o ver muy limitado su aforo, de manera que los profesionales del sector, así como el empleo derivado o dependiente de estas actividades, ha quedado en una situación de vulnerabilidad".

A su juicio, las ayudas, subvenciones y planes de apoyo no solo lograrán la "pervivencia presente y futura" de estas actividades, sino que además permitirán el acceso a la cultura de todos los ciudadanos.

El informe también hace referencia a la cancelación de actividades y de visitas a monumentos durante 2020, lo que ha dado lugar "a cierto número de quejas, bien sea por la ausencia de previsión o de información al respecto, o por el retraso en la devolución de las entradas abonadas con carácter previo a la cancelación o cierre de la instalación".

El documento también aborda la protección frente al expolio y subraya que "las actuaciones de las administraciones en materia de protección de estos bienes deben ser diligentes y someterse a los principios de celeridad y eficacia, ya que, de no ser así, los daños en los bienes culturales pueden ser, y de hecho son, en muchos casos irreversibles".

En este punto menciona las actuaciones llevadas a cabo ante la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte y la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia, en relación con el inmueble denominado Villa Calamari, en Cartagena, declarado Bien de Interés Cultural en 2012, "cuando ya sufría un importante deterioro, actuaciones de las que ya se dio cuenta en el informe de 2018 y a las que ha debido darse continuidad".

Como relata el informe, los datos contenidos en los informes de la Administración autonómica evidenciaban el incumplimiento reiterado por parte del titular responsable del Bien de Interés Cultural (BIC) de las obligaciones de conservación desde 1992 y, al menos desde 2016, el incumplimiento de las medidas de protección acordadas.

Sin embargo, prosigue, no es hasta abril de 2020 que el Servicio de Patrimonio Histórico estudió proponer a la Dirección General de Bienes Culturales la incoación de un procedimiento sancionador contra la empresa titular de Villa Calamari por la comisión de una presunta infracción grave en la obligada custodia y protección de este inmueble BIC.

A juicio del Defensor, "la lentitud en la tramitación administrativa, la falta de seguimiento de las medidas de protección y la ausencia de una respuesta inmediata y coordinada están permitiendo el deterioro continuo del bien cultural, sin que se adopten las medidas correctoras y sancionatorias que prevé la legislación para la defensa del patrimonio".

El informe menciona otros casos relativos a la falta de protección debida al patrimonio histórico como la edificación incluida en el Entorno de Protección de la Plaza Mayor de Ocaña (Toledo), declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico.

En este caso, recuerda que, iniciada la actuación, la Viceconsejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, informó del requerimiento, en febrero de 2018, a la propiedad para la remisión de un proyecto de ejecución redactado por técnico competente para la adopción de las medidas urgentes a realizar, a fin de frenar el deterioro del inmueble, así como una propuesta constructiva por parte del promotor al Ayuntamiento de Ocaña para su conocimiento y la emisión de las licencias correspondientes.

Dado que tras sucesivos informes la situación no parecía mejorar, el informe recuerda que se formuló a la consejería la Sugerencia de adoptar las medidas necesarias, previstas en caso de incumplimiento del requerimiento de actuación, para asegurar la integridad del bien, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, y, en su caso, con el régimen administrativo sancionador en materia.

A septiembre de 2020 el inmueble seguía, según el Defensor, salvo algunas actuaciones puntuales de apuntalamiento, sin que se acometieran las obras de protección necesarias. Por su parte, el ayuntamiento requirió a la propiedad para que realizase los trabajos y obras necesarias para mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y seguridad de la edificación, bajo la dirección de un técnico facultativo. Por ello, se prosiguen las actuaciones hasta tener constancia de su realización.

PROTECCIÓN DE BIC Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Se prosiguen también actuaciones respecto de la protección y conservación de la las Salinas de Marchamalo y las instalaciones de Salinera Catalana de Cabo de Palos, en el término municipal de Cartagena (Murcia), respecto de las cuales la solicitud de incoación de declaración como BIC, con categoría de Sitio Histórico o Lugar de Interés Etnográfico, registrada el 14 de agosto de 2019, sigue sin resolverse y, por lo tanto, sin la protección que tal declaración conlleva.

En este entorno se sitúa un molino de sal (molino 100) declarado BIC, cuyo mal estado de conservación fue denunciado por los agentes medioambientales de la Dirección General de Medio Natural de la Región de Murcia, en diciembre de 2017.

Sin embargo, en el informe se denuncia que no ha sido hasta enero de 2020 y pese a disponer de informes relativos al mal estado de conservación, que se ha requerido a los propietarios la restitución del molino a un estado de conservación que garantice la integridad del inmueble mediante la realización de obras que habrían de ser autorizadas por la Dirección General de Bienes Culturales, instándose a este fin la remisión de la documentación pertinente, suscrita por técnico competente, en un plazo máximo de dos meses.

Las actuaciones de esta institución continúan, toda vez que una nueva comunicación del promovente inicial de la queja parece acreditar que ni por los propietarios ni por la Administración de forma subsidiaria se había efectuado trabajo alguno o se había tomado medida de ningún tipo para frenar el deterioro del molino.

En junio de 2020, se ha solicitado nueva información a la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia, que se ha reiterado a finales de año, y que hasta el presente no ha sido atendida.

Otras actuaciones relativas al patrimonio histórico hacen referencia a las actuaciones del Defensor del Pueblo llevadas a cabo en este ámbito del patrimonio histórico, en concreto, ante la situación en que se encuentran la Ermita de Santa María de la Antigua de Madrid, el Teatro Fleta de Zaragoza y el dolmen de Guadalperal (Cáceres).

El fiscal del juicio por la presunta 'caja b' del PP, Antonio Romeral, ha afirmado este jueves que los denominados 'papeles de Bárcenas' "sí son reales", pese a carecer de valor contable, "porque recogen al menos en parte ciertas anotaciones de información veraz".

En este sentido, aunque ha indicado que el testimonio del ex tesorero del PP en este procedimiento genera dudas, ha subrayado que él fue uno de los responsables para que la reforma de la sede nacional de la formación política se pagara en parte con dinero negro.

Así se ha expresado el fiscal Anticorrupción durante su exposición de sus conclusiones finales en este juicio, en el que rechaza la aplicación a Luis Bárcenas de atenuantes y pide que sea condenado a cinco años de prisión.

Romeral ha iniciado su informe defendiendo su acusación, después de que algunas de las acusaciones populares le reprocharan que tuviera una actitud "timorata", poco "expansiva" y no atribuyera los mismos delitos a los acusados. Así, se ha dirigido directamente hacia la acusación ejercida por IU, que en la sesión de este miércoles anunció que retiraba los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y delito electoral.

Entrando ya en el análisis del objeto de enjuiciamiento, el fiscal ha señalado que "hay un hecho clave" por el que se está celebrando este juicio: la publicación de los denominados 'papeles de Bárcenas'. "Y nos preguntamos lógicamente si esos documentos son reales, si su existencia temporal es compatible con la información que contienen y, de serlo, nos preguntamos, si esos datos son reflejo de hechos y acontecimientos reales y cual es su trascendencia penal", ha explicado.

"Vaya por delante que la convicción del Ministerio Fiscal es que esos documentos sí son reales", ha afirmado, porque en ellos se expresan "en letra y guarismo, las anotaciones de Luis Bárcenas", a lo que se suman los contenidos digitales que éste aportó a la causa, que reflejan "una serie de acontecimientos" que se han comprobado que "al menos una parte si son reales".

En cuanto al testimonio del extesorero del PP, sin embargo, al fiscal le genera dudas "porque nos ha dado distintas explicaciones sobre un mismo hecho en distintos momentos de tramitación de la causa". La Fiscalía, por lo tanto, da valor a lo que ha podido corroborar a través de testigos, de los inspectores de la UDEF y los peritos de Hacienda, como que algunas "salidas" de dinero de la caja 'b' anotados por Bárcenas se ingresaron posteriormente en cuentas bancarias del PP, es decir, en "la caja 'a'".

Eso sí, cree que los 'papeles de Bárcenas' no tienen ningún valor contable, y por ello acoge los argumentos expuestos por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que tildaron los documentos de "chapuceros".

APUNTES DE BÁRCENAS

Durante su intervención, el fiscal también ha hecho referencia a las anotaciones de Bárcenas sobre el supuesto pago de 'sobresueldos' a altos cargos del PP o presuntas donaciones al partido a cambio de adjudicaciones públicas.

Sobre el primer extremo, Romeral ha apuntado que, aunque pueda existir "sospecha", no ha sido objeto de examen ya que el juez instructor delimitó los hechos de enjuiciamiento; mientras que sobre las donaciones finalistas, ha recordado que, no sólo siguen instruyéndose en el Juzgado Central de Instrucción número 5, sino que algunos testigos han negado haber hecho tales aportaciones.

Asimismo, ha subrayado que los peritos de Hacienda ya expusieron sus dudas sobre si el PP debe tributar por la caja 'b', puesto que se desconoce el origen de los fondos y que algunas de las donaciones están no superaban el límite legal establecido.

En este sentido, el fiscal Anticorrupción ha destacado que por ello el tribunal va a tener que hacer un pronunciamiento limitado sobre algunos aspectos, a lo que se suma la dificultad de valorar la pena que podría imponerse a Bárcenas con respecto a la presunta apropiación indebida del dinero de la caja 'b' para que el también extesorero Álvaro Lapuerta adquiriera acciones de Libertad Digital.

"Se debía haber enjuiciado este hecho de manera conjunta en Gürtel --donde Bárcenas ya fue condenado por este delito-- o aquí", ha lamentado el fiscal, al tiempo que ha apuntado que, debido a que el PP renunció a reclamar los 209.000 euros invertidos, solicita el decomiso del dinero "porque procede de un delito". Lapuerta no devolvió al partido dicha cantidad tras vender dichas participaciones.

LAS MENTIRAS DE BÁRCENAS

Entre otros aspectos, el fiscal ha cuestionado que Bárcenas tratara de "disimular" su cuerpo de escritura la primera vez que fue a declarar a la sede de la Fiscalía, si bien "no sirvió el engaño en la medida que los expertos se percataron de ello.

Se ha referido igualmente al testimonio del hoy director de El Español, Pedro J. Ramírez, que declaró como testigo en este juicio e incidió sobre la personalidad de Bárcenas al presumir éste de "lo bien que mentía" tras ver la declaración que prestó ante el entonces juez instructor del caso Pablo Ruz.

También ha aludido el fiscal al hecho de que Bárcenas afirmara que los documentos se entregaron a la prensa sin su consentimiento, atribuyendo a su defensa de entonces, el exjuez Javier Gómez de Liaño, la entrega, lo que para Romeral "es otra forma de "faltar a la razón". A ello se une que el extesorero no aclarara la existencia de dos versiones en 2008, la última etapa de los apuntes, en la que en una aparece el nombre del expresidente del gobierno Mariano Rajoy mientras que en la segunda no.

REFORMA DE LA SEDE DEL PP

Sobre la reforma que se llevó a cabo en la sede del PP entre 2005 y 2010, el fiscal ha recalcado que los acusados "negociaron" el pago en negro de parte de la reforma y que el partido es responsable civil subsidiario de ello porque "fue quien se benefició de estos hechos al pagarse en 'b'".

Así, ha señalado que los socios de Unifica --que desarrolló la remodelación--, Gonzalo Urquijo y Belén García, eran "conscientes, conocían y sabían que se manejaba dinero b", como "administradores mancomunados" que eran de la sociedad, y, por tanto, cometieron un delito fiscal por el Impuesto de Sociedades correspondiente al año 2007 al ocultar estos ingresos. Y por otro lado, que el extesorero 'popular' "apoyó al ejecutor" del delito como cooperador necesario.

De hecho, sobre Bárcenas ha dicho que el delito no se habría cometido si él no hubiese permitido la elaboración de facturas "falsas, que no concuerdan con la realidad". En cuanto al exgerente del PP Cristóbal Paéz, quien controló las obras, le atribuye el papel de "cómplice" al entender que no tenía autoridad para impedir la comisión del delito.

Asimismo, ha incidido en que hay "prueba suficiente" para demostrar el fraude, como que Unifica emitía dos certificaciones finales de obra --documento que sirve para hacer la factura por los servicios prestados-- y que declaraba a Hacienda la de "menor importe". La diferencia de cuantía, fue abonada por Bárcenas, previa aplicación de un descuento, con dinero procedente de la caja 'b', ha apostillado.

UNIFICA TAMBIÉN TENÍA CAJA 'B'

Con todo ello, el fiscal también ha abundado en que Unifica también tenía una contabilidad 'b'. Por tanto, tras repasar todos los indicios sobre este hecho, no ha dado credibilidad a las explicaciones ofrecidas por los socios de la misma, ni de testigos, que afirmaron que eran una caja para hacer frente a pequeños gastos.

Una vez que ha apuntado que ha visto en decena de asuntos de delitos fiscales la operativa de repartir el IVA para generar dinero negro como en este caso, ha enfatizado "que cuando hablamos con la gente en la calle, todo el mundo entiende lo que es dinero b o dinero negro (...) es un concepto vulgar que todos entendemos".

La Generalitat Valenciana baraja retrasar el inicio del toque de queda en la Comunitat a las 0.00 horas y ampliar el número de personas en reuniones, que podría pasar de las seis autorizadas en la actualidad en mesas o grupos de mesas salvo que sean convenientes, hasta la cifra de ocho o diez.

De esta forma, el toque de queda pasaría de las 22.00 horas de ahora a las 0.00 y se mantendría hasta las 6.00, igual que en la actualidad, una vez finalice el estado de alarma por el coronavirus, que acaba el 9 de mayo.

Este retraso del toque de queda podría llevar aparejado una ampliación del horario de apertura de los establecimientos de hostelería, que está establecido en este momento en las 22.00 horas, según las medidas anunciadas el pasado 25 de abril y vigentes desde entonces.

Estos son algunos de los planteamientos que se estudiarán en la reunión de la Mesa Interdepartamental de la Generalitat en la que se valorarán las medidas a adoptar en la Comunitat ante el levantamiento del estado de alarma, y para la que no se ha fijado fecha aunque la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, señaló el pasado martes que previsiblemente se celebrará el próximo sábado, para estudiar tanto los informes jurídicos como los epidemiológicos.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ya avanzó el lunes que planteaba levantar el cierre perimetral de la Comunitat a partir de decaer el estado de alarma y esperaba igualmente retrasar el toque de queda.

La Comunitat Valenciana, según los últimos datos de este miércoles del Ministerio de Sanidad, se situaba en 42,10 casos por cada 100.000 habitantes en tasa de incidencia de la covid, 1,14 puntos menos que el día anterior, lo que significa estar en riesgo bajo y ser la autonomía con la tasa más baja del país, muy alejada de los 205,52 casos de media nacional.

La Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur) propone ante la reunión de ese órgano que se avance en la desescalada en la región, que se amplíe el aforo interior en los establecimientos y se prorrogue el cierre a las 0.00 horas para poder dar servicio completo de cenas.

En concreto, plantea la ampliación del aforo interior de los establecimientos de hostelería y restauración a dos tercios de la capacidad; la ampliación del horario de cierre de los establecimientos de hostelería a las 00.00 horas para recuperar el servicio de cenas y la utilización progresiva de las barras, con la distancia de seguridad y señalización adecuada.