El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya tiene sobre la mesa el informe de la Policía en el que se certifica que la persona que está hospitalizada desde abril en Logroño por Covid es Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Por eso, fuentes jurídicas apuntan que el magistrado se ha decidido poner ya fecha a su declaración como imputado en la Audiencia Nacional, y la ha fijado en principio para el 1 de junio.

Eso sí, esta fecha puede variar porque todo depende del estado de salud de Ghali y de cómo vaya evolucionando con el tratamiento que sigue en el hospital, en el que habría ingresado bajo la identidad de Mohamed Benbatouche.

En una providencia del magistrado de fecha de 13 de abril acordó además, atendiendo al informe de Fiscalía, que en este mes de mayo declaren cinco de los investigados, todos relacionados con el Frente Polisario: Sidahmed El Bellal Hedda, Gali Sidi-Mohamed Adelyelil, Bachir Sayed, Mohamed EL Khalil y Mohamed Salec Abdesamad. Todas las declaraciones se realizaran en principio este viernes dado que las del día 5 se han retrasado por un defecto de forma en la citación.

Estas comparecencias son consecuencia de que en enero de este mismo año el magistrado decidiera estimar un recurso de la representación del activista saharaui con nacionalidad española Fabel Breica. Previamente, en 2020, fue desestimada su querella indicando que la Audiencia Nacional carecía de competencia para la instrucción.

La admisión se produce después de que Breica pusiera de manifiesto que tenía conocimiento de que la residencia de la gran mayoría de los querellados se encontraba en territorio español, pero que no era pública y notoria para evitar poder ser investigados en causas con ésta.

En su auto, Pedraz indica que "la falta de competencia del estado español para conocer de los hechos expuestos en la querella radica única y exclusivamente en la falta de residencia o nacionalidad de los querellados, razón igual por la que estos obstruyen u ocultan la misma".

"Entendemos, dada la entidad de los hechos denunciados, resulta necesario una investigación a fondo respecto de la residencia, estancia o nacionalidad de los querellados en base a facilitar la investigación", señalaba el magistrado en los razonamientos jurídicos. Así, acordaba librar nuevo oficio a la policía y a la Delegación del Frente Polisario en España para recabar datos.

LA QUERELLA DE BREICA

Breica en su querella contra Brahim Ghali y el resto les acusaba de delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad. Afirmaba que en abril de 2019 a su llegada a los campamentos de Tinduf fue sometido a amenazas por parte de agentes del Frente Polisario para que abandonara el lugar y fue acusado de traidor.

Tras organizar varios actos contrarios a la línea oficial del Polisario y tras convocar una manifestación, fue detenido por los militares y trasladado a centros de detención indeterminados. Durante ese periodo, dice en la querella, fue sometido a golpes, descargas eléctricas y se le mantuvo con los ojos vendados y con los pies y manos atados.

El juez José De la Mata, que fue quien archivó la querella que posteriormente Pedraz ha vuelto a estimar, dijo en su auto que si bien los hechos denunciados podían ser delitos de detención ilegal y torturas, no encajaban en el de lesa humanidad porque no se aportaba elemento que supusiera una ataque generalizado a la población civil.

Con todo, tras encomendar a la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional que acreditara la nacionalidad española o su residencia en España de los condenados, y después de que le comunicaran que no les constaba tal extremo, inadmitió la querella y la archivó al entender que eran "hechos cometidos por extranjeros en el extranjero".

LA QUERELLA DE ASADESH

Por su parte, ASADESH presentó el pasado mes de abril un escrito en la Audiencia Nacional solicitando la reapertura de la querella presentada contra el secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, que se archivó en octubre del año pasado, así como su detención y su toma de declaración como investigado.

En dicho escrito, la asociación informó al Juzgado Central de Instrucción número 5, quien ya estudió la querella presentada, que le constaba que el líder del Frente Polisario entró en España bajo "un nombre falso para evitar problemas con la Justicia española por esta causa", a través de un "avión medicalizado".

Así, tras facilitar dicho nombre bajo el que Ghali se habría ocultado, ASADESH pidió al juez instructor Santiago Pedraz que ordenara la comprobación de su verdadera identidad y procediera a la "notificación de la querella".

Asimismo, interesó que se emita una orden de detención y entrega del secretario general del Frente Polisario para que no pudiera "eludir la acción de la Justicia internacional" y que se le tomara declaración a Ghali "en el hospital de Logroño donde está ingresado.

CITADO EN 2016

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata --ahora en Eurojust--, citó a declarar a Ghali en noviembre de 2016 como investigado, aprovechando que éste tenía previsto viajar a España para participar en una conferencia en Barcelona. El presidente del movimiento independentista saharaui es una de las 28 personas contra quienes se querelló la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos.

En la querella, archivada en octubre del año pasado, según recuerda el escrito presentado por ASADESH ante la Audiencia Nacional, se denuncia el trato sufrido en Tindouf "por los prisioneros de guerra, así como por los propios ciudadanos saharauis, especialmente por los de origen español, a manos del Frente Polisario".

La asociación denunciante asegura que cargos del Polisario retuvieron contra su voluntad a miles de saharauis en los campamentos situados en Argelia. Reflejaba casos concretos como el de una mujer cuyo padre sufrió graves secuelas por las torturas sufridas tras años encarcelado.

ENTRADA POR "RAZONES ESTRICTAMENTE HUMANITARIAS"

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, confirmó que el también presidente de la autoproclamada República Árabe Saharui Democrática (RASD), Brahim Ghali, está en España "para recibir tratamiento médico" y se le permitió viajar "por razones estrictamente humanitarias", si bien ha optado por "guardar discrección respecto a los detalles".

Por su parte, fuentes del Frente Polisario indicaron que Ghali viajó con pasaporte diplomático a España y han asegurado que es "rotundamente falso" que lo haya hecho con nombre falso.

Castilla y León fija el horario de cierre de la hostelería a las 00.00 horas tras el fin del Estado de Alarma el próximo 9 de mayo, una fecha a partir de la que se elimina el toque de queda y el confinamiento perimetral de la Comunidad, donde se respetará el semáforo pactado en el Consejo Interterritorial de Salud y se clausurará el interior de bares en localidades con incidencias superiores a 150 casos por 100.000 habitantes.

Así lo ha avanzado el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que no existe "seguridad jurídica" para mantener medidas como el toque de queda o el confinamiento de la Región tras el Estado de Alarma, al tiempo que ha recordado que tampoco se puede limitar el número de personas en reuniones celebradas en domicilios ni los aforos de los lugares de culto porque sería atentar contra los derechos fundamentales.

Sin embargo, la Junta mantiene los aforos marcados en el "semáforo" para acceder a establecimientos de hostelería, casas de apuestas, comercios y demás establecimientos públicos de acuerdo con los niveles de alerta --actualmente todas las provincias de CyL están en nivel 4--.

De este modo, Igea ha insistido en que las provincias irán desescalando cuando cumplan todos los parámetros marcados en cada nivel.

Sobre el incremento de los horarios en los establecimientos hosteleros Igea ha defendido que no es razonable que si no hay toque de queda se mantenga una limitación horaria que, a su juicio, lo único que haría sería trasladar la actividad al interior de los domicilios "sin medidas y sin distancia".

Tras anunciar estas acciones el vicepresidente ha insistido en que se han adoptado tomando como base el marco legal desde un Gobierno "responsable, con ánimo y entereza". Así, ha asegurado que desde la Junta no se tiene "miedo" ni se ha actuado con "resignación" ante el fin del Estado de Alarma.

"No podemos hacer lo que no se puede hacer, somos uno de los gobiernos más decididos en la gestión de la crisis, nuestra decisión no puede traspasar las líneas de la norma", ha insistido, tras lo que ha reiterado que la toma de decisiones está condicionada a la caída del Estado de Alarma.

El vicepresidente ha señalado que el efecto en el número de contagios de la supresión del Estado de Alarma se podrá hacer una vez pasen 15 días y ha asegurado que se analizarán las decisiones que el Tribunal Supremo adopte sobre acciones en otras autonomías, aunque las medidas irán de la mano de la situación epidemiológica de cada una de ellas.

En este punto ha recordado que Castilla y León adelantó a las 20.00 horas el toque de queda, una decisión que fue tumbada por el Alto Tribunal, por lo que ahora, y recordando las palabras del delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, desaparece el confinamiento y el toque de queda. "No voy a ir al TS a preguntar lo que ya contestó", ha garantizado.

"El que debería gobernar en este país es el Gobierno y no subcontratar al Supremo", ha reseñado.

Por último, Igea ha asegurado que por el momento la Comunidad no se plantea confinar municipios, una medida que ya se adoptó en verano de 2020. "Esta Comunidad tiene una distribución municipal diferente y era altamente dificultoso, no vamos a repetir errores", ha zanjado.

Confiamos en la responsabilidad de la gente", ha reconocido Igea.

NIVELES DE ALERTA PARA HOSTELERÍA

En concreto, en el momento en el que el nivel de alerta sea el más bajo --el 1-- no habrá horario de cierre y el consumo podrá realizarse en barra, de pie o en mesa y no podrá superarse el 75 por ciento del aforo con una limitación máxima de ocupación por mesa o agrupación de mesas de 25 personas. En el nivel 2 se establece como horario de cierre de estos establecimientos la 01.00 horas como máximo y el consumo dentro del local no se podrá efectuar en barra o de pie y deberá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, y el 75 por ciento del aforo en mesa en las salas de hasta 40 comensales, en las salas de 41 a 60 comensales el aforo será de 30 personas y en las salas de más de 60 comensales el aforo será del 50 por ciento. La máxima ocupación por mesa o agrupación de mesas será de 10 personas.

En los niveles 3 y 4 se establece como horario de cierre de estos establecimientos las 24.00 horas como máximo, el consumo dentro del local no se podrá efectuar en barra o de pie y deberá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, no pudiendo superarse el 75 por ciento del aforo en el caso de salas de hasta 40; en las salas de 41 a 60 comensales el aforo será de 30 personas, y en las salas de más de 60 comensales el aforo será del 50 por ciento, con una limitación máxima de ocupación por mesa o agrupación de mesas de 6 personas, sin perjuicio de que se puedan adoptar la medida excepcional de suspensión de la actividad en el interior cuando la tendencia sea ascendente en número de casos y presión asistencial.

Por último, en el nivel máximo de alerta, el 4, en el que se encuentra actualmente la Comunidad, el consumo dentro del local no se podrá efectuar en barra o de pie y deberá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, no pudiendo superarse el 33 por ciento del aforo, con una limitación máxima de ocupación por mesa o agrupación de mesas de 6 personas, sin perjuicio de que se puedan adoptar medidas excepcionales como la suspensión de la apertura al público y la suspensión de la actividad.

Además, en el nivel 4 se podrán adoptar medidas sanitarias preventivas excepcionales, entre las que podrá acordarse el adelanto del horario de cierre, la suspensión de la apertura al público y la suspensión de la actividad.

En todos los niveles de alerta se suprimen los bufets o autoservicios salvo cuando el autoservicio solo incluya productos envasados y una persona empleada del establecimiento facilite a los clientes los elementos auxiliares del servicio, como son la vajilla, la cristalería, la cubertería y las servilletas.

En los niveles de alerta 2, 3 y 4 se suprime cualquier actividad de restauración que se desarrolle de pie, como cócteles, o similares.

El que fuera hasta diciembre de 2019 secretario general de Repsol, Luis Suárez de Lezo, ha declarado como imputado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye 'Tándem'. Según fuentes presentes en el interrogatorio, en su comparecencia ha aseverado que él no encargó al jefe de seguridad de la petrolera que contratara a la empresa del comisario José Manuel Villarejo, y ha calificado la operación de Sacyr y Pemex para controlar Repsol de "auténtico concierto hostil".

Suárez de Lezo, que ha respondido a las preguntas tanto de Fiscalía Anticorrupción como de las partes --a excepción de la acusación particular que ejerce el expresidente de Sacyr Luis del Rivero--, declaraba en el marco de la pieza 21, en la que el magistrado Manuel García-Castellón indaga en el encargo que tanto Repsol como Caixabank realizaron al comisario en 2011 como respuesta al intento de Pemex y Sacyr de hacerse con el Consejo de Administración de la petrolera.

El trabajo de Villarejo, a través de su grupo Cenyt, consistió en realizar labores de inteligencia encaminadas a abortar la operación, y en espiar a Luis del Rivero y a su entorno. Se da la circunstancia de que en ese momento aún era funcionario de la Policía.

En el auto por el que el juez imputaba a los directores de seguridad de la entidad bancaria y de la petrolera, explicaba que esos servicios "tendrían como objetivo salvaguardar los intereses de ambos clientes, que aparecen como aliados empresariales, en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en Repsol YPF SA para tomar el control de la compañía".

Hoy el exdirectivo ha indicado que Rafael Araujo, jefe de seguridad de la petrolera, le comunicó que había contratado servicios de inteligencia por el movimiento de Pemex y Sacyr, con el que pretendían evitar una opa y hacerse con el control de una compañía estratégica española, lo que hubiera supuesto que el estado mexicano controlara de facto una gran petrolera multinacional. De hecho, ante el juez ha comentado que incluso el gobierno argentino se interesó por la operación porque de haber cristalizado habría supuesto que México controlara un servicio estratégico en su país.

Según Suárez de Lezo, el objetivo de Sacyr y Pemex era desintegrar la compañía, "robar" la tecnología de Repsol de aguas profundas y quedarse además con profesionales cualificados.

REUNIONES OCASIONALES CON ARAUJO

En ese contexto es donde entra Villarejo, pero el exdirectivo de la petrolera ha subrayado que el presidente, el también imputado Antonio Brufau, no dio orden previa para su contratación, por lo que se deduce que Araujo, según lo sostenido por Suárez de Lezo, partió la iniciativa de contratar al comisario como empresa externa.

Así, el responsable de Seguridad le habría confirmado que se había contratado a Cenyt, que era una empresa reconocida y que trabajaba ya para otras grandes empresas. Ha incidido en que si bien él no sabía ni quién era el comisario ni qué empresa era Cenyt, no planteó ningún obstáculo y no hablaron del objeto del contrato a pesar de que conocía que tenía relación con inteligencia.

Ante el juez ha explicado que mantuvo reuniones sobre el asunto con Araujo, encuentros personales, ocasionales y ejecutivos, pero que la información que trataban era general, por lo que no sabía que hacía exactamente Cenyt.

Dado que en esta pieza declaran este viernes como investigados tanto el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, como Brufau, a Suárez de Lezo se le ha preguntado sobre si ambos presidentes podrían haber tenido conocimiento o parte en el asunto, a lo que ha respondido que puede ser que ellos se comunicaran por la contratación de esa empresa externa. Fuentes consultadas matizan que el exdirectivo ha recordado que dado que Fainé en esa época también era vicepresidente de Repsol, entra dentro de la lógica que ambos hablaran de asuntos varios.

El juez, en su auto por el que imputaba a este directivo, señalaba que fue a quien reportó el jefe de seguridad del Repsol del primer contacto con Villarejo, que se produjo el 2 de octubre de 2011 en la festividad del patrón de la Policía Nacional. Según el informe interno de Repsol, Araujo "siempre reportó" a Suárez de Lezo la información recibida, a lo que el magistrado añadía que en la declaración judicial de Araujo de diciembre de 2020, éste narró también dicha participación.

EL CONTRATO DE 2014

Hoy, Suárez de Lezo ha reconocido que es posible que le dijera a Araujo que le iba a llamar su homólogo en Caixabank, Miguel Ángel Fernández Rancaño, y que en 2014 no tuvo nada que ver con otro encargo que se le realizó a Cenyt desde la petrolera.

En esa ocasión se le ordenó a la empresa de Villarejo investigar la asistencia de un consejero de Repsol --de Pemex-- a un evento deportivo que se celebraba a la par que una comisión en la que debía participar. Por ese contrato Cenyt les cobró 24.200 euros.

Por otro lado, este jueves también declaraba un segundo directivo de Repsol, Juan de Amunátegui. En su auto, el juez indicaba que fue indiciariamente informado, al igual que Joaquín Uris, sobre el contenido de la investigación de Cenyt y que no solo recibió informes sino que además validó una de las facturas por importe de 45.000 euros en mayo de 2012.

Pero De Amunátegui ha explicado que él no despachó con Araujo y que sólo le comentaba sobre el tema a título de cotilleo. No obstante, sí ha reconocido que autorizó alguna factura que iba destinada a 'seguridad/vigilancia'.

El comisario general de Información de la Policía Nacional, Eugenio Pereiro, ha evitado este jueves hablar de la operación 'Kitchen' por ser algo ajeno a su desempeño tanto en la actualidad como en el pasado, pero sí ha dicho que puede dar fe de que ahora existe "lealtad" en la cadena de mando y que se respetan los protocolos de las unidades de investigación.

En su comparecencia en la comisión 'Kitchen' del Congreso, Pereiro ha contestado que "en la situación actual" no es posible que el director adjunto operativo (DAO) pueda requerir algún servicio sin pasar por el comisario general, como supuestamente ocurrió con Eugenio Pino, el responsable de la Policía en época del primer Gobierno de Mariano Rajoy.

"Por la lealtad de abajo a arriba y de arriba a bajo, mi lealtad a mi jefe inmediato, que es el director adjunto operativo, al que trasladaré las novedades que sean relevantes; y de la misma manera, si él precisa alguna actuación de la Comisaría General de Información, me la va a pedir a mí", ha expuesto.

Los grupos le han insistido sobre el papel de Pino. "No puedo hablar aquí de rumorologías", ha explicado este mando que ya formaba parte de la cúpula de la Policía en el anterior Gobierno del PP, antes de que fuera nombrado en 2018 jefe de Información a propuesta del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Pereiro respondía así a las preguntas relativas a los seguimientos en el marco de la 'operación Kitchen' para sustraer documentación sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas, un operativo que está siendo investigado en la Audiencia Nacional en una de las piezas del 'caso Villarejo'.

"NO TENGO CONSTANCIA OFICIAL"

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, le ha explicado que quería saber cuáles eran los procedimientos en este tipo de seguimientos, también cuando se cruzan investigaciones de diferentes unidades, preguntándole directamente si a él le constaba que Eugenio Pino había requerido la actuación de agentes a espaldas del entonces jefe de Información, Enrique Barón. "No tengo constancia oficial porque no manejo información en ese sentido", ha contestado Pereiro.

El jefe de la lucha antiterrorista ha señalado que "no necesariamente" las órdenes de seguimientos se transmiten por escrito, aunque sí ha añadido que, al menos en la actualidad, siempre queda registro de este tipo de diligencias en las bases de datos policiales.

"Hay protocolos de actuación y los investigadores tienen que ser consciente de los protocolos", ha señalado antes de pedir a los parlamentarios que no le pidieran dar detalles- al ser una cuestión sobre la que pesa la obligación de reserva.

DEFENSA DE LA UDEF A PREGUNTAS DEL PP

El diputado del PP Eloy Suárez Lamata ha vuelto a dudar del resultado de la comisión 'Kitchen' y le ha preguntado por Manuel Morocho, el inspector de la UDEF que investiga la caja B del PP y el caso 'Gürtel'. Pereiro ha evitado pronunciarse sobre esta cuestión al ser ajena a su desempeño policial, pero ha añadido: "Me consta la competencia de los compañeros que están trabajando en la UDEF".

Al ser interrogado por la diputada de Unidas Podemos Sofía Fernández Castañón sobre las tareas que desempeñaba en la Policía Nacional entre 2013 y 2015, cuando se habría desarrollado la 'Operación Kitchen', el comisario ha repasado su trayectoria en diferentes unidades, advirtiendo que en esos años concretos "en ningún momento" tuvo conocimiento de nada relacionado con investigaciones a Luis Bárcenas.

A este respecto, ha aclarado que sólo ha tenido conocimiento del supuesto espionaje a Bárcenas a través de la prensa, precisando --ante la insistencia de la diputada 'morada'-- que si la DAO estaba realizando alguna pesquisa sobre el extesorero en relación a delitos que a su vez fueran competencia de la Comisaría General de Policía Judicial, donde estaba entonces, debería habérselo comunicado a esta última.

Fernández Castañón también ha querido saber el "ambiente" que se vivía entonces en la Policía Judicial, preguntando a Pereiro sobre si notó alguna inquietud por parte de compañeros o mandos o alguna presión, a lo que ha contestado tajante: "No, yo ya tenía bastantes preocupaciones con mi ámbito de trabajo".

VILLAREJO COMO AGENTE ENCUBIERTO

El compareciente ha negado específicamente que tuviera conocimiento sobre la existencia de colaboradores que estuvieran informando sobre Bárcenas y su círculo cercano y, en esta línea, el diputado de Bildu Jon Iñarritu se ha interesado por el tipo de perfiles que trabajan con la Policía Nacional, apuntando en concreto al ex comisario José Manuel Villarejo como "agente encubierto durante décadas".

En este punto, Pereiro ha declarado que no tiene conocimiento de que haya agentes encubiertos de larga duración, más allá de operaciones concretas, apostillando que en la Comisaría General de Información trabajan con dos figuras únicamente: "testigos protegidos y agentes encubiertos".

Iñarritu le ha preguntado además si, a día de hoy, es posible que su comisaría haga operativos solicitados por otras sin que él lo sepa. "No", ha contestado, para añadir que el equipo con el que trabaja está formado por profesionales, "servidores públicos que siguen la cadena jerárquica".

Al hilo de esto, Iñarritu ha ahondado sobre el uso de fondos reservados para saber si una comisaría como la suya requiere el visto bueno de su jefe o se puede acudir directamente al DAO. Aunque no ha querido entrar en detalles sobre los fondos reservados, sí ha subrayado que, en su caso, es el "máximo responsable" del uso que se hace de ellos en la Comisaría General de Información.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha intentado que Pereiro, de quien ha dicho que tenía una trayectoria profesional "aparentemente impoluta" y que parecía un verdadero "patriota", valorara las intervenciones de los mandos policiales, tanto en activo como retirados, que le han precedido en la comisión de investigación sobre 'Kitchen' y el rol que habrían tenido en dicho operativo.

Pereiro no ha querido realizar valoraciones personales, pero sí ha reaccionado para aseverar que su carrera "es impoluta", reivindicándose como "un profesional y un servidor público" cuya única tarea es "velar por la legalidad, cumplir y hacer cumplir la ley". "Ese es mi cometido y no me puedo apartar de ahí", ha concluido.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ve "indicios de actuación irregular" en el Acuerdo Marco para el suministro de libros de texto al exigir que, por cada uno de los lotes, la empresa licitadora deberá disponer de una persona adicional para la atención personalizada.

Para la institución, "hay indicios de actuación irregular en las condiciones del acuerdo marco, por cuanto se ha exigido un requisito de solvencia injustificado y desproporcionado para el objeto del contrato, que restringe injustificadamente la libertad de las pymes para presentar ofertas a todos los lotes".

Así, recomienda a la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid "reconsiderar la procedencia de exigir una persona por lote en el acuerdo marco para el suministro de libros de texto a los centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid".

La actuación del Defensor del Pueblo dimana de las quejas recibidas sobre el acuerdo marco, dividido en 27 lotes, que tiene por objeto la determinación de las condiciones de suministro de libros de texto editados en soporte impreso para el alumnado de los centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria.

El acuerdo trae causa de la Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material Curricular de la Comunidad de Madrid, que opta por un sistema de financiación pública del libro de texto y material curricular que se desarrollará mediante la creación de un banco de libros en cada centro escolar y la puesta en marcha de un sistema de préstamo.

Desde 2017, en los centros públicos de la Comunidad de Madrid, los libros de texto de la etapa obligatoria (primaria y ESO) son gratuitos para las familias, para lo que son adquiridos por los centros educativos, a través de un sistema de préstamo y reutilización.

El sistema implementado por la Comunidad de Madrid tiene dos fases: la selección de las empresas suministradoras de los libros de texto a través del correspondiente acuerdo marco y la posterior adquisición de los libros de texto por los centros educativos.

Se trata de un sistema novedoso en la manera de gestionar la adquisición de libros por parte de la Administración, ya que otras comunidades autónomas (Navarra, Andalucía y la Comunidad Valenciana), lo articulan a través de una ayuda pública a las familias que adquieran los libros, que posteriormente son de titularidad del centro para que puedan ser reutilizados.

QUEJAS DE LAS PEQUEÑAS LIBRERÍAS

Las quejas recibidas provienen de pequeños libreros, agrupados en la denominada plataforma 'Salvad a las pequeñas librerías', que apuntan que los criterios de selección establecidos hacen peligrar la supervivencia de estos establecimientos al orquestar un sistema que prioriza de facto las ofertas de los grandes operadores.

Argumentan que los precios de referencia máximos de venta que se señalan en el acuerdo marco son equivalentes o inferiores a los precios de coste de una librería de proximidad, y que adicionalmente se obliga a aplicar descuentos sobre dichos precios, circunstancia que excluye directamente del acuerdo al ofertante que no tenga la suficiente capacidad de aplicarlos. Asimismo, aducen que se obliga a contratar personal adicional por cada lote optado.

El Defensor del Pueblo señala que estos establecimientos tienen "un papel muy importante en la participación de todas las personas en la vida cultural (principio expresamente previsto en el artículo 9.2 CE) y singularmente en colectivos como la tercera edad por cuyo acceso a la cultura también debe velar el Estado en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 50 de la Constitución".

Asimismo, recuerda que la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) tiene entre sus objetivos el de facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales, en cumplimiento de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

Igualmente, señala que la LCSP, en su artículo 74.2 establece que los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario han de estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo.

Según lo establecido en el acuerdo marco, por cada uno de los lotes a los que licite la empresa licitadora deberá disponer de una persona adicional para la atención personalizada, de manera que si la empresa se presenta a dos lotes deberá disponer de tres personas, si se presenta a tres lotes, deberá disponer de cuatro personas y así sucesivamente.

El Defensor del Pueblo, tras consultar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), informa que a juicio de la misma "esta exigencia va en contra del principio de libertad de auto organización de las empresas, perjudicando especialmente a las librerías de pequeño o mediano tamaño, con menor disponibilidad de plantilla". Y es que "tanto mayor sea la empresa, a más lotes podrá presentarse y más contratos basados podrá adjudicarse, con lo que logrará tener más centros educativos a los que suministrar".

"La CNMC llega a la conclusión de que esta exigencia de contar con una persona por lote es muy cuestionable por diferentes razones", traslada el Defensor del Pueblo, para enumerar que, en primer lugar "va en contra de la libertad de auto organización de los operadores, que podrán llegar a tener niveles de eficiencia muy diferenciados, de forma que podría hacerse innecesaria la proporción exigida", y en segundo lugar "se trata de un requisito de solvencia, no modulable, que perjudica especialmente a las librerías de pequeño o mediano tamaño, con menor disponibilidad de plantilla, así como con menos posibilidad de reordenación de personal desde otros departamentos, a diferencia de las grandes superficies".

Además, la CNMC considera que "su mera exigencia no está relacionada con la posibilidad de prestar mejor el servicio", de manera que recomienda eliminar este requisito, según expone el Defensor del Pueblo.

La Consejería sostiene que las condiciones establecidas no han impedido el acceso del acuerdo marco a las pequeñas y medianas empresas, argumentando que de los 234 licitadores presentados al procedimiento 172 son empresarios personas físicas, lo que representa un 73,5% frente a 62 licitadores personas jurídicas, que representan un 26,5%, si bien entre estas un 11,29% son sociedades anónimas, siendo el 88% sociedades limitadas y el resto asociaciones, tal y como pone de manifiesto el Defensor del Pueblo en su informe.

Sin embargo, la institución apunta que los datos aportados por la plataforma 'Salvad a las Pequeñas Librerías' vendrían a cuestionar las conclusiones de la Consejería sobre esos datos, ya que la cifra de 172 personas físicas presentadas a la licitación representa solo un 25% de las 668 librerías ubicadas en la Comunidad de Madrid, según datos oficiales de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), lo que significa que el restante 75% ha quedado fuera del proceso.

Y además, según los mismos datos, entre los 62 licitadores personas jurídicas, algunas se han presentado a la totalidad de los 27 lotes, cuando las librerías de proximidad solo han podido acceder a 1 o 2 lotes, debido a la obligación de contratar a una persona de atención al cliente para cada lote y durante la duración completa del contrato.

Andalucía ha registrado este jueves 6 de mayo tras la primera semana de movilidad interprovincial un total 1.434 casos de coronavirus, superior a los 1.222 de la víspera pero por debajo de los 1.698 de hace siete días, según datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza diez fallecidos, cinco menos que el miércoles y uno más que el jueves pasado.

Además, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma baja por décimo sexta jornada y se sitúa en 193,2 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 4,6 puntos menos que este miércoles y 32,5 puntos por debajo de la registrada el jueves pasado.

Los 1.434 contagios de este jueves se registran tras los 1.222 positivos del miércoles, los 1.012 del martes, los 1.706 del lunes y domingo, los 1.356 del sábado, los 1.604 del viernes y los 1.698 del jueves anterior.

Por provincias, Sevilla ha sumado nuevamente la mayor cifra de contagios con 378, seguida de Granada con 345, Málaga con 259, Huelva con 120, Jaén con 106, Córdoba con 104 y Cádiz con 100. Por debajo del centenar de casos figura únicamente Almería, con 22.

En cuanto a los fallecidos en las últimas 24 horas, Almería y Granada son las provincias que suman más muertes, con tres en cada una, seguidas de Jaén, Málaga, Sevilla y Cádiz, que han registrado un deceso. Córdoba y Huelva no han contabilizado muertes en esta jornada.

Andalucía registra una nueva bajada de hospitalizados hasta los 1.234, lo que supone 85 menos que la víspera y 216 menos que hace una semana, mientras que los ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) también descienden en diez y se sitúan en 333 tras caer también este miércoles en cuatro personas.

Granada es la provincia con más hospitalizados con 347 y también con más pacientes en UCI con 94, seguida de Sevilla con 266 y 79 en UCI; Málaga con 141 y 29 en UCI; Cádiz con 121 y 28 en UCI; Jaén con 117 y 16 en UCI; Córdoba con 114 y 39 en UCI; Almería con 104 y 36 en UCI; y Huelva con 64 y 12 en UCI.

MÁS DE 270 NUEVOS INGRESOS EN UN DÍA

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 555.586 casos confirmados --1.434 más en 24 horas-- y ha alcanzado las 9.806 muertes tras sumar diez. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 45.436, 271 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 4.919, tras sumar 34, y el número de curados es de 492.704 después de añadir 3.002.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 9.806 fallecidos desde el inicio de la pandemia --diez más--, Sevilla con 1.943 --uno más-- se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Granada con 1.697 --tres más--; Málaga con 1.629 --uno más--; Cádiz con 1.455 --uno más--; Jaén con 961 --uno más--; Córdoba con 940; Almería con 817 --tres más-- y Huelva con 364.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 555.586 desde el inicio de la pandemia --1.434 más--, liderados por Sevilla con 119.812 casos --378 más--, seguida de Málaga con 95.408 --259 más--, Granada con 83.007 --345 más--, Cádiz con 78.848 --100 más--, Almería con 53.171 --22 más--, Córdoba con 50.159 --104 más--, Jaén con 46.579 --106 más-- y Huelva con 28.602 --120 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 45.436 --271 más--, con Sevilla a la cabeza con 9.942 --96 más--, seguida por Málaga con 7.815 --17 más--; Granada con 7.582 --45 más--; Cádiz con 5.537 --70 más--; Córdoba con 4.363 --diez más--; Jaén con 4.364 --cuatro más--; Almería con 3.744 --19 más-- y Huelva con 2.089 --diez más--.

MÁS DE 30 PACIENTES INGRESAN EN UCI

De ellos, 4.919 han pasado por la UCI en Andalucía --34 más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 959 --siete más--, seguida de Granada con 923 --siete más--; Málaga con 728 --cuatro más--; Almería con 624 --nueve más--; Cádiz con 609 --dos más--; Córdoba con 533 --uno más--; Jaén con 399 --uno más-- y Huelva con 144 --tres más--.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 489.704 en toda la región, 3.002 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 103.482 --693 más--, seguida de Málaga con 88.749 --344 más--; Cádiz con 71.855 --405 más--; Granada con 69.792 --512 más--; Almería con 48.856 --214 más--; Córdoba con 44.312 --414 más--; Jaén con 41.201 --227 más-- y Huelva con 24.457 --193 más--.

GRANADA Y JAÉN SIGUEN CON LAS TASAS MÁS ALTAS

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 193,2 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Granada a la cabeza con 368,7. Detrás se sitúan Jaén con 224,7; Sevilla con 222,4; Huelva con 212,8; Córdoba 173,4; Almería con 161; Málaga con 127,6 y Cádiz con 113,9.

POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL

Andalucía ha registrado 16.323 casos en los últimos 14 días con una tasa de 192,84 por cada 100.000 habitantes --inferior a la media nacional de 202,20--, y 6.728 en los últimos siete días con una tasa de 79,49, inferior a la nacional de 84,89.

El Ministerio de Sanidad contabiliza 1.241 pacientes Covid en hospitales andaluces, con una ocupación del 6,85 por ciento de camas, algo por debajo de la media nacional situada en el 7,07 por ciento, y 325 en UCI, que registran una ocupación del 17,13 por ciento de las camas, inferior a la media nacional del 22,10 por ciento. Además, registra 147 ingresos por Covid en las últimas 24 horas y 192 altas.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa echará a andar finalmente este domingo, con un año de retraso motivado por la pandemia y por la falta de acuerdo entre Consejo, Comisión Europea y Eurocámara sobre su funcionamiento, con el objetivo de escuchar lo que tienen que decir los ciudadanos sobre cómo quieren que sea la UE aunque con unas conclusiones que no serán vinculantes.

"Es un instrumento que nace con el objetivo de escuchar a la población y conectarla con la política europea", ha sostenido el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, en su comparecencia ante la Comisión Mixta para la UE para hablar sobre la conferencia, en la que ha reconocido que aún hay flecos por cerrar.

En su intervención, ha defendido la necesidad de llevar a cabo un ejercicio de este tipo en el contexto actual que atraviesa la UE, que ha venido encadenando varias crisis en los últimos años y a la que la pandemia situó frente a un "desafío existencial" del que ha logrado salir con el plan de recuperación y con la gestión unificada de la vacunación, entre otras cuestiones.

La conferencia, cuya labor culminará en la primavera de 2022, se vertebrará en torno a una estructura que apuesta por ir de "abajo a arriba" y que pasa por una plataforma digital multilingüe, paneles y un plenario, que funcionarán de forma simultánea y se retroalimentarán entre ellos, ha explicado a diputados y senadores González Barba.

La plataforma digital ya está en marcha y en ella los ciudadanos podrán plantear propuestas y opinar de otras formuladas por otros ciudadanos. Esta herramienta interactiva está disponible en las 24 lenguas oficiales de la UE lo que facilitará el "debate transnacional" y además el Gobierno español, con colaboración con las comunidades autónomas, se ha acordado un mecanismo para la traducción de las aportaciones hechas en las lenguas cooficiales, ha precisado.

En este aspecto, ha expresado el deseo del Gobierno de dar una "amplia difusión entre la ciudadanía" a la conferencia, apostando por la descentralización de los debates con la celebración de actos y actividades en relación con la misma en toda la geografía española, no solo en las grandes ciudades, para lo que ha pedido la colaboración tanto de las Cortes como de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

PANELES DE CIUDADANOS ELEGIDOS ALEATORIAMENTE

Por lo que se refiere a los paneles, está prevista la celebración de al menos cuatro, uno por trimestre, el primero de los cuales tendría lugar en junio, antes de que termine la presidencia de turno que ostenta actualmente Portugal, ha indicado.

Los participantes en dichos paneles serán seleccionados de forma aleatoria por una empresa, buscando garantizar su representatividad con respecto a la ciudadanía europea en términos de paridad, niveles socioeconómicos y aspectos geográficos, con la intención de que al menos el 30 por ciento de ellos sean jóvenes de menos de 30 años, ha precisado el secretario de Estado.

Los elegidos deberán aceptar este compromiso, siendo las instituciones europeas las que correrán con los gastos de sus desplazamiento y logísticos para garantizar su participación, si bien González-Barba no ha descartado que también los Gobiernos nacionales tengan que asumir una parte de dicho coste.

Está previsto que los paneles tengan lugar en Estrasburgo (Francia), donde tiene su sede el Parlamento Europeo, así como en las dos sedes del Colegio Europeo --en Brujas (Bélgica) y Nantolin (Polonia)-- y en la del Instituto Universitario Europeo, en Florencia (Italia). De ellos saldrán una serie de recomendaciones que se trasladarán al pleno.

Tanto en este caso, como en el del pleno, aún están por ultimar los detalles respecto a su composición y funcionamiento. "Se trata de un mecanismo de democracia participativa totalmente innovador que nunca ha tenido lugar a escala europea", ha incidido el secretario de Estado.

COMPOSICIÓN DEL PLENO

Precisamente la composición del pleno ha sido una de las que más debates ha generado y aún no está cerrada, según ha reconocido, si bien ha confiado en que pueda hacerse antes de este domingo, cuando tendrá lugar en Estrasburgo la ceremonia inaugural de la conferencia.

No obstante, ha adelantado que los representantes de los parlamentos nacionales y de la Eurocámara serán la delegación más numerosa del pleno, que contará con unos 400 representantes de las distintas instituciones, así como de Bussiness Europe y de la Asociación Europea Sindical, además de ciudadanos que participen en los paneles.

Así, ha indicado que la previsión es que haya 108 representantes de la Eurocámara y otros 108 de los parlamentos nacionales. Según ha dicho, el Consejo, que tendrá 27 representantes, uno por estado miembro, finalmente habría accedido a este nivel de representación parlamentaria para garantizar el "equilibrio" respecto a los parlamentos nacionales, en general bicamerales, y el que pudiera haber por cada uno dos representes, uno de ellos de la oposición.

Otro de los aspectos que más disputas ha generado es quién elabora las conclusiones finales que se harán llegar a la Comisión Europea, el Consejo y la Eurocámara. En este sentido, finalmente se ha optado por que sea el consejo ejecutivo de la conferencia --compuesto a partes iguales por representantes de las tres instituciones-- el que las elabore "en concertación con el pleno" y las recoja en un informe, ha señalado González Barba.

LAS RECOMENDACIONES NO SERÁN VINCULANTES

Las recomendaciones no serán vinculantes pero las tres instituciones se han comprometido a darlas seguimiento, lo que podría dar lugar a "cambios tangibles" antes de las siguientes elecciones europeas en 2024, ha resaltado, animando nuevamente a la mayor participación posible en todo el proceso.

En este sentido, ante el malestar expresado por algunos portavoces por el hecho de que las conclusiones no vayan a ser vinculantes, como inicialmente se había planteado, el secretario de Estado ha incidido en que la estructura de la conferencia podría llegar para quedarse, como ya ocurrió en su momento con la fórmula de la convención. "A lo mejor nos gusta tanto que decidimos que lo repitamos cada década", ha subrayado.

Por lo que se refiere al hecho de que a priori no se prevea plantear una reforma de los tratados, González-Barba ha recordado que este ámbito son los estados miembro y sus parlamentos nacionales los que "tienen la voz cantante", ya que estos últimos son los que deben ratificar cualquier eventual cambio.

A este respecto, ha destacado que tanto en el Consejo como en la Eurocámara "hay una mayoría que no son favorables a llevar a cabo reformas de los tratados".

Por lo que se refiere al Gobierno español, ha precisado que figura entre los que están "abiertos" a reformas "si gozan del necesario consenso y sirven para reforzar el proyecto europeo" y se encaminan hacia "más Europa", pero también hay otros, ha incidido, en que "quieren reformar pero para recuperar competencias.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández-Marugán, considera constitucional que las comunidades autónomas acuerden medidas que limitan derechos fundamentales sin que exista declaración de estado de alarma.

En este sentido, entiende que las autoridades sanitarias autonómicas, en un contexto de emergencia sanitaria, pueden acordar medidas de protección de la salud pública que supongan limitaciones temporales de derechos fundamentales de alcance general, siempre que justifiquen adecuadamente, en cualquier caso, su necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

Así lo recoge el informe de la institución para 2020, que ha presentado este jueves en el Parlamento de forma telemática, en el que establece que estas decisiones están amparadas especialmente por el artículo 3 de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública (LOMESP).

El Defensor es consciente de que existe un debate doctrinal al respecto y recalca que una situación como la actual no se había planteado nunca bajo la vigencia de la Constitución.

Puede estimarse, ciertamente, que la LOMESP requiere del legislador una más amplia precisión de su contenido, para con ello evitar dudas jurídicas e interpretaciones divergentes de los distintos Tribunales Superiores de Justicia --reflexiona--. Hay también quien estima, entre las opiniones doctrinales conocidas, que lo más acorde con el espíritu constitucional es el estado de alarma sostenido en el tiempo".

Asimismo, apunta que otros creen que la exigencia de proporcionalidad y la dispar incidencia de la epidemia, según los momentos y algunos territorios, aconsejan no reconducir todo el sistema de adopción de medidas al cauce del estado de alarma, salvo que se revele estrictamente indispensable para lograr los fines propuestos.

Por otro lado, el Defensor señala que la eficacia en general de la restricción de la interacción social como medio para detener la propagación de una epidemia ha quedado comprobada nuevamente con el covid-19.

En todo caso, afirma que las restricciones de la movilidad, tanto el confinamiento domiciliario como los cierres perimetrales de territorios, han sido uno de los temas que más quejas han generado ante la institución, en especial, por su insuficiente flexibilidad o las confusiones que generaban. Las restricciones a la hostelería y otros ámbitos de ocio y deporte han sido también objeto de queja pero menos numerosas.

"El conocimiento acumulado en estos meses de pandemia va permitiendo que las medidas de limitación de la movilidad y de la interacción entre personas puedan aplicarse de forma que causen un menor perjuicio y, por tanto, con una menor afectación a la esfera de los derechos fundamentales, sin perder eficacia", añade.

Como ejemplo, señala que si hay necesidad de un nuevo confinamiento domiciliario, éste podría conciliarse con las salidas a las vías y espacios al aire libre.

La obligación del uso de mascarillas también ha suscitado muchas quejas, "la mayoría presentadas por personas negacionistas" y otras que consideraban que no había suficiente aval científico. La institución considera que, aunque "no existe consenso científico indiscutible" sobre el uso de mascarillas al aire libre, esta medidas "no puede considerarse desproporcionada" en sí misma.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha admitido este jueves que los votos a su partido el 4 de mayo son "prestados" pero se ha mostrado convencido de que con el trabajo que van a realizar a partir de este momento ese voto se va a "mantener". Tras asegurar que la victoria de estos comicios es "un éxito absoluto del Partido Popular", ha subrayado que estos resultados "validan" la estrategia de Pablo Casado de reunificar el centroderecha.

"Creo que todos los votos son prestados. Son prestados el día de las elecciones. Te dan su confianza y tienes que mantenerla con tu acción de gobierno", ha manifestado García Egea, coincidiendo así con las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que ella tiene la sensación de que en estas elecciones ha contado con "mucho voto prestado".

García Egea cree que el PP no perderá esos votos. "Estoy seguro que con el trabajo que se va a hacer más adelante, ese voto se va a mantener", ha proclamado, para comparar esta situación con la que se produjo en 2011, cuando el partido "ganó con una mayoría muy importante en Madrid" --en alusión a la victoria de Esperanza Aguirre con mayoría absoluta-- y posteriormente "se ganaron también las generales".

El 'número dos' del PP ha indicado que ahora se trata de "aprovechar también el trabajo que se ha hecho durante estos tres años desde que Casado llegó a la Presidencia del PP" porque encontraron un PP que estaba "tercero en intención de voto" y ahora hay "algunas encuestas" que lo sitúan "por encima del propio PSOE".

"Estamos viendo una reunificación en torno al único proyecto que puede ganarle a Sánchez, que es el PP", ha proclamado, para añadir que Sánchez y su coalición de gobierno "radical" está "en problemas" después de "obviar a los ciudadanos y a su propio partido".

"OCUPAR EL ESPACIO FRONTERIZO CON EL PSOE"

En una entrevista en Telemadrid, García Egea ha señalado que la victoria de Madrid ha "desbordado de ilusión a todo el partido a nivel nacional" y, por tanto, es un "éxito absoluto del PP". "Recogimos un espectro electoral divido en tres y ahora mismo está dividido en dos", ha señalado, tras quedar fuera Cs de la Asamblea de Madrid.

Tras asegurar que esto "valida" la estrategia de aglutinar el centroderecha que defendió Pablo Casado desde que llegó a la Presidencia del PP, ha subrayado que la "obligación y el objetivo del PP era ocupar ese espacio fronterizo con el PSOE". A su entender, eso ha hecho que este 4 de mayo su partido haya "recibido algún voto que en algún momento había podido ir al PSOE pero que ahora va al PP".

"Ocupar ese espacio era clave para ahora conseguir reunificar el centroderecha. Y eso valida la estrategia de Casado", ha abundado, para recalcar que el líder del PP se marcó como reto un PP "grande y amplio" en el que todos tengan cabida.

García Egea ha indicado que su partido quiere "unir por la base" a través de "ideas comunes" que han compartido "siempre" como "la libertad", "bajar impuestos" o "un gobierno austero". "Por eso en estas elecciones también se han confrontado dos tipos de gestión", ha enfatizado, aludiendo al Gobierno de Sánchez que tiene "23 ministros" y sube impuestos frente al Ejecutivo regional de Ayuso que "reduce consejerías y ofrece bajada de impuestos".

¿ADELANTO ELECTORAL EN ANDALUCÍA?

Al ser preguntado si se podría producir un adelanto electoral en Andalucía tras el éxito en Madrid, ha indicado que Juanma Moreno tiene una "mayoría estable" y él mismo ha dicho que ahora deben seguir cumpliendo sus compromisos. A su entender, es "muy necesario que haya estabilidad y que la gente gobierne.

"Lo que no puede ser es que estemos continuamente entre mociones y elecciones, porque alguien tiene que gobernar", ha señalado, para añadir que hay dos formas de gobernar: la de los que "pretenden mociones de censura" y la de los que quieren "servir a los ciudadanos".

Cantabria está elaborando un nuevo modelo de actuación frente al Covid-19 una vez que, a las 00.00 horas del domingo 9, decaigan las medidas de cierre perimetral de las comunidades y toque de queda amparadas por el estado de alarma, que estará centrado en el control de la evolución de cada municipio, para adoptar medidas concretas en cada caso.

Un modelo que estará publicado antes del 11 de mayo y que sustituirá al decreto vigente hasta entonces, que incluye el cierre de algunas actividades como hostelería o deporte en interiores, que en municipios con baja inicidencia podrían retomarse a partir de esa fecha.

El nuevo modelo supondrá "ampliar el zoom" sobre cada municipio con el objetivo de evitar llegar al cierre perimetral de los mismos implantando, en caso necesario, medidas de reducción de la movilidad.

Así lo ha informado hoy el vicepresidente y portavoz del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, que ha indicado que desde Sanidad se está trabajando en adaptar las medidas que se vienen implementado para seguir garantizando la asistencia hospitalaria.

Ha explicado que se trata de un "modelo diferente" del actual, que ya aplican otras comunidades, con la mirada puesta no en la globalidad de la comunidad autónoma sino en cada uno de los municipios, de forma que se establezcan umbrales en función de la evolución de los diferentes parámetros del Covid, como la incidencia acumulada, la positividad, etcétera, para, en cada caso, y también en función del tamaño --"habrá diferencias" en este sentido--, permitir el desarrollo de actividades, tanto en interior como en exterior.

Respecto a si la comunidad se plantea pedir autorización de medidas al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Zuloaga ha explicado que la región aplicará las necesarias para contener la evolución del virus y garantizar la capacidad hospitalaria y la "eficacia" de sus trabajadores, pero "siendo conscientes de que el escenario ha cambiado" con el decamiento del estado de alarma, y "permitiendo el desarrollo de actividades", teniendo en cuenta la evolución de cada municipio.

"Lo que Cantabria va a hacer es ampliar el zoom sobre cada uno de los municipios, estudiando en cada caso la evolución, para tomar medidas concretas en cada uno", ha explicado, precisando que el nuevo modelo fijará las limitaciones en la movilidad en los municipios en función de la incidencia y otros parámetros y teniendo en cuenta la capacidad hospitalaria, "que imperará en todo momento".

De este modo, en función de las ratios que se fijen para pasar de un umbral a otro, habrá municipios que puedan tener actividades abiertas en interior y exterior; otros que al superar un umbral intermedio tendrán que cerrar su actividad en el interior manteniéndola en el exterior; y otros que, habiendo rebasado el umbral superior, tendrán que tener completamente cerrada su actividad interior y exterior.

El cierre de municipios, como se hizo en etapas previas en Cantabria en Santoña, Colindres o en barrios como La Inmobiliaria, es una potestad de la Dirección General de Salud Pública, si bien el modelo pretende evitar llegar a ello marcando umbrales que limitan la movilidad antes de llegar "al último recurso que es limitar la movilidad de un municipio, de un barrio o de un bloque de pisos", ha indicado Zuloaga.

Respecto a si Cantabria se plantea alguna fórmula legislativa, como la del Gobierno vasco, el vicepresidente ha asegurado que el Ejecutivo seguirá arbitrando los dictados de Salud Pública a través de los decretos y órdenes de la Consejería y la Dirección General de Pública.

Cuestionado sobre la apertura del cierre perimetral con el País Vasco, dada su alta incidencia, Zuloaga ha afirmado que "la incidencia del País Vasco ya nos repercute" pues si Cantabria no ha conseguido contener la curva de casos como esperaba ha sido por la cercanía con Euskadi y la necesidad "de miles de cántabros y vascos de pasar diariamente de un territorio a otro por necesidades laborales".

"Todos somos conscientes de las intenciones del Gobierno vasco pero también las limitaciones legislativas que tenemos las comunidades en el momento que decae el estado de alarma", ha dicho, reiterando que Cantabria trabaja en una norma que sea diferente para cada municipio en función de su tamaño atendiendo a la evolución del coronavirus.

No obstante, ha recordado que el 9 de mayo habrá más de cinco millones de personas vacunadas en todo el país, y en Cantabria, un tercio de la población ha recibido al menos una dosis, de modo que el avance en la campaña de vacunación es "la principal necesidad para garantizar que después del estado de alarma podamos mantener una cierta actividad para recuperar la economía, el empleo".

Preguntado si es partidario del cierre perimetral de Cantabria ante la incidencia en comunidades vecinas como el País Vasco, Zuloaga ha subrayado que no es una cuestión personal sino "de legalidad y de norma". Tras defender la utilidad del estado de alarma y matizar que se decretó cuando no había vacunas, ha recordado la intención era que decayera cuando la vacunación fuera una realidad.

"El estado de alarma se creó con una finalidad, esa finalidad se ha cumplido y ahora hay una campaña de vacunación avanzando a gran ritmo y esa es la principal garantía", además de que "es necesario avanzar ya en ese escenario de la recuperación económica de Cantabria dado el avance de la campaña".

Por otra parte, Zuloaga ha avanzado que se publicará hoy la prórroga durante otros 14 días de las medidas de la última resolución de la Consejería de Sanidad, incluido el cierre del interior de la hostelería y los aforos, que anunció ayer el director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann.

El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro, ha secundado este jueves a los regantes y los agricultores murcianos en la concentración que han realizado frente a la Delegación de Gobierno como señal de protesta ante el "maltrato" del Estado por el cambio de reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y el incremento de los caudales ecológicos en el río Tajo, propuestos por el Gobierno socialista.

Estas decisiones, "adoptadas de forma arbitraria por parte del PSOE, provocarán que los agricultores tendrán que pagar un 48% más por el agua para riego y un 30% más por el agua para abastecimiento".

Entiende el PP que el Gobierno de Pedro Sánchez, de forma unilateral, "pretende recortar los envíos del trasvase Tajo-Segura y elevar los caudales ecológicos, lo que evidencia su objetivo de 'secar' una infraestructura de la que depende el sustento de miles de murcianos".

Al respecto, Navarro ha explicado que "el Gobierno del PSOE quiere rebajar en 11 hectómetros cúbicos al mes la cantidad de agua trasvasada en nivel 2, lo que supondría un ataque que perjudicaría gravemente a los agricultores y los regantes murcianos".

El Tajo-Segura genera 110.000 empleos directos cada año y su agua da de beber a 2 millones de habitantes de Murcia, Alicante y Almería. Esta infraestructura "también contribuye al crecimiento de la industria y el transporte, sectores en los que tiene un impacto positivo, generando hasta 30.000 puestos de trabajo", defiende el PP.

En el Pleno de abril, recuerda, el Ayuntamiento de Murcia aprobó una moción en defensa del trasvase a propuesta del Grupo Municipal Popular.

Para Navarro, "los planes del PSOE demuestran que tiene una hoja de ruta muy peligrosa porque apuesta por cerrar el trasvase, lo que constituye un ataque sin precedentes al consenso en materia hídrica, causando un grave perjuicio para los españoles que residen en el Levante español".

DEPURACIÓN DE LA CUENCA DEL TAJO

El concejal Navarro ha lamentado que "el PSOE prefiere atentar contra el trasvase en lugar de apostar por la depuración y el saneamiento de la cuenca del Tajo, algo que reportaría importantes beneficios medioambientales sin necesidad de acometer otro descenso del volumen de agua a trasvasar".

El Partido Popular, advierte, "no va a permitir que se produzcan más ataques contra el trasvase y siempre abogará por su defensa con argumentos sólidos y ante quien sea necesario para preservar los intereses de los miles de murcianos que dependen de esta infraestructura".

En la misma línea, el PP "no permitirá que se orquesten campañas que vayan en contra del sector agrícola, con el consiguiente perjuicio que producen para los productos de la huerta murciana".

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, se ha ofrecido este jueves a liderar un proyecto "revulsivo" para el PSOE-A, a través de "un gran proyecto regional donde se escuche la voz de lo local", y ha subrayado que unas primarias no suponen "una confrontación entre compañeros, sino un debate de ideas y de propuestas".

"Ahí me van a encontrar. Gracias por haber tenido algunos la paciencia para esperar a que esta decisión se produjera. Pueden contar conmigo para ello", ha dicho Espadas, a preguntas de los periodistas, en el marco de un acto celebrado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), tras conocerse que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, va a solicitar este jueves a la Comisión Ejecutiva Regional de su partido que, a su vez, pida a la dirección federal que adelante la convocatoria de primarias para elegir a la persona que encabezará la candidatura de los socialistas andaluces para las próximas elecciones autonómicas, previstas inicialmente para finales de 2022, al tiempo que ha confirmado su intención de concurrir a las mismas.

"Cuando las primarias se convoquen, serán el revulsivo que necesita el PSOE para centrarse en el proyecto para Andalucía. Como dije hace año y medio, los compañeros del partido me tendrán siempre a disposición de construir, de escuchar, de conseguir convertir los proyectos políticos que los socialistas estamos desarrollando desde cada municipio de Andalucía en el gran proyecto regional, para que se escuche la voz de lo local, las necesidades de los ciudadanos, un gran proyecto municipalista que sea el proyecto regional de Andalucía. En ese proyecto va a estar Juan Espadas", asevera, tras incidir en que "la fuerza del cambio es imparable".

En este sentido, ha subrayado su disposición a trabajar con los compañeros, al contar con "la ilusión de conseguir convertir esto en el revulsivo que necesita Andalucía". Además, ha mostrado su satisfacción porque "se haya escuchado a la militancia y el debate que durante estas semanas se ha mantenido" en diversas agrupaciones andaluzas sobre el adelanto de las primarias. "Que se debata no genera ruido, sino que justamente genera ilusión", recalca.

El regidor hispalense pone en valor la "ilusión" que ha visto estas semanas en muchos compañeros, lo que le ha transmitido que "la fuerza del cambio ahora mismo en Andalucía es imparable y el PSOE tiene que liderar ese cambio en la sociedad, un cambio que nos haga adaptarnos a la realidad que se está viviendo y que permita la recuperación económica y social".

"Trabajamos para ser útiles y debatimos para proponer. Hay que abandonar cualquier tipo de confrontación, ya que unas primarias no es confrontación entre compañeros, sino un debate de ideas y de propuestas y ahí me van a encontrar", concluye.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha vuelto a insistir en que no hay justificación técnica que avale la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, de forma que "vamos a patalear hasta la última hora, hasta las últimas consecuencias".

Jiménez, que ha asistido a la protesta del Círculo por el Agua, que se ha concentrado a las puertas de la Delegación de Gobierno de Murcia, ha criticado también la "ironía cabreante" del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que dice que entiende que hoy en el Levante "estén cabreados". "Llevamos razón y por eso no nos entiende", ha dicho el presidente del Scrats.

Y es que, con esta modificación, "se nos viene encima un recorte al trasvase de aproximadamente el 40 por ciento de los que venimos recibiendo actualmente, lo que significa que los regadíos muchos años no tendrán disponibilidad de agua, los de abastecimiento lo pasarán mal y los precios aumentarán para abastecimiento y regadío".

A su juicio, "lo lamentable es que se hará sin justificación técnica alguna, eso lo sabe el Ministerio y la CHS, saben que la cuenca del Segura no es viable sin aportes de la cabecera del Tajo y se hace por una decisión política que persigue satisfacer los afanes de supremacía de Page y los líderes políticos de C-LM y a esto se enfrenta el Levante".

Los regantes, dentro de su calendario de movilizaciones, tienen previsto concentrarse este sábado en ayuntamientos de Murcia y Almería y el día 24 llevarán su protesta a Madrid en lo que entienden que será "el último sprint para evitar que el Ministerio lleve a cabo una decisión sectárea y política sin ninguna justificación técnica que nos condenará durante una serie de años a una travesía difícil a la que no le encontramos un final razonable".

La Mesa del Agua de Almería ha participado este jueves en la movilización en defensa del trasvase Tajo-Segura que ha tenido lugar en Murcia, frente a la sede de la Delegación del Gobierno.

A la convocatoria han acudido, entre otros, el portavoz del colectivo almeriense y presidente de la Federación de Regantes de Almería, José Antonio Fernández Maldonado; Fernando Rubio, de Aguas del Almanzora; y el presidente de Asaja Almería, Antonio Navarro. También ha participado la delegada territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín Moya.

Fernández Maldonado ha lamentado "la actitud del Gobierno de España de cambiar de manera unilateral las reglas del trasvase, lo que va a perjudicar de manera muy seria a los regantes de la Comarca del Almazora".

La Mesa del Agua de Almería, que participa en el 'Círculo por el Agua' que conforman los regantes de la provincia, la Región de Murcia y la provincia de Alicante, ha recordado que el aumento de caudales en Aranjuez (Comunidad de Madrid), pasando de 6 m3/s a 8,52 m3/s de media, y que supondría un aumento de los volúmenes a desembalsar desde Entrepeñas y Buendía de 78 hm3/año, "no está debidamente justificado".

Este incremento de desembalses, advierte, "perjudicaría fundamentalmente a los regadíos, ya que los abastecimientos tienen asegurado un volumen de 7,5 hm3/mes, en los Niveles 2 y 3, a suministrar con prioridad a los regadíos".

"En un escenario optimista de estabilidad en los envíos, con mantenimiento del Nivel 2 durante todo el año, y 27 hm3/mes a trasvasar, los regadíos recibirían en las tomas de las Comunidades de Regantes un total de 210,6 hm3, la mitad de su volumen otorgado por la ley, incumpliendo sistemáticamente los niveles de garantía establecidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica", ha recordado Fernández Maldonado.

Con este volumen "optimista", los regadíos seguirían estando obligados a pagar las componentes de amortización y gastos fijos de funcionamiento del Tajo-Segura, "con el consiguiente aumento de las tarifas a abonar por metro cúbico finalmente recibido".

Y en el caso de darse situaciones de Nivel 3, los volúmenes para los mismos "se verían reducidos aún más, incrementándose el coste por metro cúbico derivado de la obligación de abonar íntegramente las cantidades fijas de la tarifa".

Este hecho "se agrava por la incertidumbre de los envíos mensuales, pues el regante no sabe a priori el agua que recibirá hasta que finaliza el año hidrológico".

El incremento de caudales ecológicos mínimos que por ahora se propone "de nada servirá para mejorar el estado de las masas de agua en Toledo y Talavera, debiendo por el contrario acometerse las actuaciones necesarias para la regeneración de las aguas que reciben a partir de la confluencia con el Jarama mediante un exhaustivo control y corrección de la calidad de todos los vertidos que reciben, y con especial énfasis sobre los correspondientes a los efluentes urbanos".

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, considera "claramente lesiva" para una comunidad con la extensión y los kilómetros de carreteras de Castilla y León el cobro por el uso de las autovías como contempla el Gobierno de España.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea ha subrayado que se trata de una medida "absolutamente perjudicial" para Castilla y León, región con 94.000 kilómetros cuadrados y más de 30.000 kilómetros de carretera.

En este sentido, el vicepresidente ha enfatizado la importancia de abaratar el coste del transporte para facilitar que la población pueda residir en ella y hacer frente así al reto demográfico, lo cual ha relacionado con otras peticiones de la Junta como el establecimiento del "tren de madrugadores" para facilitar el desplazamiento a centros de trabajo desde la Comunidad.

"No es que te quitan el tren de madrugadores, es que si vas en coche te calzo otros 200 euros para que esto siga repoblándose", ha ironizado Francisco Igea, quien considera que con esto el Ejecutivo central "preocupado por el reto demográfico" penaliza "nuevamente" a Castilla y León.

Al hilo de esto, ha recordado que el mantenimiento de las infraestructuras se realiza "por kilómetro cuadrado", mientras que la financiación a las comunidades autónomas se hace "por población", lo que penaliza a una región con la extensión y la baja densidad de población de Castilla y León.

Por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha defendido que el mantenimiento de estas infraestructuras "tiene que hacerse en el marco presupuestario", tras lo que ha advertido de que incrementar los costes de la movilidad por carretera supone incrementar los costes de la actividad económica, con el correspondiente impacto "negativo" para la economía.

"INJUSTA" PARA RENTAS "MÁS MODESTAS"

Asimismo, ha advertido de que esta medida "no es justa" para las personas con rentas "más modestas", a las que penaliza. "A los ricos probablemente a lo mejor les da igual pagar un poco más, un poco menos", ha sentenciado el consejero.

En cuanto a la posibilidad de que el Ejecutivo pretenda también imponer el cobro de una tasa por el uso de carreteras de la red autonómica, Suárez-Quiñones ha advertido de que sería "mucho más infamante" todavía por la "penalización" que supondría para quien viva en los pueblos y ha advertido de que en ese caso la Junta lucharía contra esta imposición por afectar al "patrimonio viario de Castilla y León" cuyas competencias son autonómicas.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha recalcado la "total oposición" del Ejecutivo autonómico a esta opción "francamente gravísima" que "no va a favor del reto demográfico", sino que va "en contra de la demografía de los pueblos".

Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que pretende que todos los grupos parlamentarios se pronuncien sobre la presencia de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, en un mitin del candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo.

El pasado 25 de abril, después de que el Ministerio del Interior denunciara cartas con balas dirigidas a su titular, Fernando Grande-Marlaska, y a la máxima responsable del Instituto Armado, Gámez acudió a un acto electoral de Gabilondo.

De hecho, tomó la palabra para trasladarle su apoyo: "Hoy tenemos que rechazar más que nunca los discursos de odio, hoy más que nunca tenemos que decir que el que siembra vientos recoge tempestades, así que mucho cuidado con jugar con esto. Mucho cuidado con no denunciarlo, con no recriminarlo. Ángel (Gabilondo), presidente, necesitamos palabras y no balas. Necesitamos tu palabra. Tu ejemplo, presidente. Ánimo".

INCUMPLIÓ LA LEY

El partido que capitanea Santiago Abascal considera que estas palabras suponen "un flagrante incumplimiento del principio de neutralidad política" que debe regir en la Guardia Civil y en todos sus miembros y que se recoge en el artículo 18 de la Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de este cuerpo.

Es por ello que han registrado una proposición no de ley en la que instan al Gobierno a que adopte "todas las medidas necesarias" para precisamente "garantizar el principio de neutralidad política de todos los miembros de la Guardia Civil, especialmente de los altos cargos que dirigen el Instituto Armado".

En el texto, Vox recuerda que el régimen disciplinario de la Benemérita tipifica como falta muy grave "la violación de la neutralidad o independencia política o sindical en el desarrollo de la actuación profesional" y como falta grave "efectuar con publicidad manifestaciones o expresar opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad política o sindical, pronunciándose o efectuando propaganda a favor o en contra de partidos políticos o sindicatos o de sus candidatos".

NO HAY PRECEDENTES

Y aunque recalcan que el cargo de Gámez, "de carácter meramente político", no está sujeto a este régimen disciplinario, los de Abascal consideran "de justicia que sea de aplicación analógica los mismos límites que se imponen a todo agente de la Guardia Civil a los altos cargos que dirigen el Instituto Armado y, especialmente, a la Dirección General de la Guardia Civil, al ser esta la cabeza jerárquica de esta institución".

Vox subraya que no existe en la historia del Instituto Armado ningún precedente de que el cargo más representativo del mismo se haya utilizado "con fines partidistas", como ocurrió con su participación en el citado mitin del PSOE, que califica como "una auténtica falta de respeto y decoro" hacia el cuerpo de la Guardia Civil y a sus más de 78.000 subordinados.

"La directora de la Guardia Civil debe dar ejemplo, manteniendo y respetando una de los principios básicos y estandarte del Instituto Armado, como es el principio de neutralidad política", insisten en Vox, que apuntan a que "este mal uso de su cargo" la inhabilita para continuar al frente de la institución.

El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha reconocido que el informe de la Fiscalía por el que se rechaza que se decreten confinamientos o se mantenga el toque de queda en Euskadi, más allá del próximo domingo, cuando concluye el estado de alarma, "complica" la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ratifique estas restricciones que se recogen en el borrador del decreto del Ejecutivo vasco.

Uriarte ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación ante el Palacio de Justicia de la capital vizcaína, donde la Sala de lo Contencioso administrativo del TSJPV delibera sobre las restricciones que contiene el borrador del decreto que le trasladó el pasado martes el Ejecutivo autonómico para solicitar autorización previa a su aprobación.

El magistrado, que no ha querido prejuzgar lo que pueda decir el Tribunal --mañana se conocerá la decisión--, cree "complicado" que este pueda aceptar medidas que puedan vulnerar derechos fundamentales en una situación de fin del estado de alarma. "Si se declaró para poder restringir unos derechos fundamentales, parece muy complicado que, sin él, se puedan mantener esa restricción general", ha añadido.

No obstante, ha apuntado que "hay una situación de pandemia, unos motivos sanitarios y se han puesto sobre la mesa de la Sala de lo Contencioso administrativo del TSJPV", por lo que serán los magistrados que la integren los que decidan.

Sin querer interferir en la decisión que estos adopten, se ha preguntado: "¿Si se declaró el estado de alarma para algo, ese algo se puede hacer sin estado de alarma?".

Aner Uriarte ha apuntado que el Gobierno Vasco, que pretende mantener unas medidas más allá del próximo domingo, "está haciendo lo que le corresponde". "Si la Sala lo deniega, que yo no quiero adelantarlo porque no sé lo que va a hacer la Sala, la única vía que le queda es recurrir en casación. Y si el Tribunal Supremo lo vuelve a denegar, esas medidas no son posibles", ha añadido.

En todo caso, ha recordado que medidas, como el toque de queda o confinamientos, sin la existencia de un estado de alarma, precisan de un aval judicial. "El Gobierno Vasco ha hecho lo que tenía que hacer, que es pedirlo", ha insistido.

POSICIÓN DE LA FISCALÍA

Uriarte ha admitido que el informe elevado al TSJPV por la Fiscalía vasca, en la que se opone a los confinamientos y el toque de queda, al considerar que vulnera derechos fundamentales, "pone más complicado" la posibilidad de que se ratifiquen estas restricciones por el tribunal.

En este sentido, ha recordado que la Fiscalía es "un órgano público que se pronuncia sobre la legalidad". "Obviamente, si se hubiera pronunciado a favor, sería más fácil (el aval del TSJPV), pero, si se ha pronunciado en contra, lo tiene más difícil, porque ya tiene una opinión cualificada de un órgano público defensor de la legalidad, que dice que esto no cabe sin un estado de alarma", ha remarcado.

Por ello, en todo caso, el Ejecutivo solo podría realizar recomendaciones sobre estas medidas rechazadas por el ministerio público, pero no se podría impedir que los ciudadanos entren o salgan de Euskadi ni se podría establecer de forma obligatoria un toque de queda.

RECURSO EN EL TRIBUNAL SUPREMO

El juez decano de Bilbao también se ha referido a las críticas del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa, al decreto del Gobierno Pedro Sánchez por el que deja en manos de la Sala de lo contencioso administrativo del alto Tribunal refrendar o rechazar las medidas de las comunidades autónomas para frenar la covid-19 a partir de que decaiga el estado de alarma el 9 de mayo, si los tribunales superiores de justicia las rechazan. "Los jueces no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos", aseguró.

Aner Uriarte ha dicho que este es un comentario de Tolosa que tampoco conoce en profundidad, y él considera que la reforma legal impulsada por el Ejecutivo "permite que una eventual denegación" de las restricciones por los TSJ, pueda ser recurrida de manera urgente en casación ante el TS.

"Si esto llega, les tocará a ellos decidir. Obviamente, a los jueces no nos corresponde ser legisladores y tampoco creo que se pretenda esto con ello. Vivimos una situación muy complicada, se acaba la alarma, parece que no se va a renovar, y la situación se complica más", ha añadido.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel a un hombre acusado de conducir sin carné, huir "a gran velocidad" de los agentes de la Policía Nacional que le dieron el alto, uno de los cuales tuvo que apartarse para evitar ser atropellado por el vehículo conducido por el investigado, y allanar una vivienda en la capital hispalense, donde fue detenido.

El acusado iba a ser enjuiciado por un jurado popular, pero la vista oral por estos hechos no se celebrará finalmente tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía, la defensa y el propio encausado, que ha sido condenado a un año y tres meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad; a seis meses de cárcel y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de un año y seis meses por un delito de conducción temeraria; a tres meses de cárcel por un delito de allanamiento de morada; y a 28 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de conducción sin permiso, señala el auto facilitado por el TSJA.

Por conformidad de las partes, la Audiencia considera probado en la sentencia que los hechos tuvieron lugar sobre las 15,45 horas del día 30 de enero de 2019, cuando el acusado, "pese a carecer" de permiso, conducía un vehículo por una calle de Sevilla hasta que se encontró con un control rutinario practicado por agentes de la Policía, que le dieron el alto.

El acusado aminoró la marcha en un primer momento, pero cuando los agentes se le acercaron, y "con claro desprecio hacia el principio de autoridad que los mismos encarnaban, aceleró bruscamente, viéndose obligado" uno de los policías nacionales a apartarse para evitar ser atropellado.

Seguidamente, y "lejos de obedecer reiteradas órdenes de alto mediante señales luminosas y acústicas que le realizaban los agentes", el condenado emprendió la huida "a gran velocidad" por diversas calles de Sevilla, "saltándose varios ceda el paso, con el consiguiente peligro tanto para el resto de los usuarios de la vía como para varios transeúntes".

Tras acceder a una calle en sentido contrario al de la marcha, el acusado se bajó del coche y continuó la huida a pie hasta que, finalmente, se introdujo en una vivienda aprovechando que la puerta se encontraba abierta, todo ello "sin que conste que tuviera el consentimiento" de las moradoras del inmueble, siendo detenido por la Policía en una de las habitaciones del mismo.

A la fecha de los hechos y desde hacía varios años, el acusado era adicto a diversas sustancias estupefacientes, con varios intentos fracasados de rehabilitación, lo que afectaba de manera moderada a sus facultades intelectivas y volitivas, por lo que se le aplica la atenuante muy cualificada de drogadicción en los delitos de allanamiento, atentado y conducción sin permiso.

El Ayuntamiento de Barcelona controlará el aforo en las playas de la ciudad a través de informadores y prescindirá de los videosensores y cámaras que instaló el año pasado, y que actualizaban la información en tiempo real en una página web para que los usuarios pudieran consultarlo.

La eliminación de los videosensores y cámaras no impedirá que los usuarios puedan consultar la ocupación de las playas a través de la página web, que seguirá operativa para que los ciudadanos puedan seguir el nivel de ocupación de cada una, ha explicado la directora de Platges, Patricia Giménez, en declaraciones a los periodistas este jueves.

El consistorio ha activado esta semana el control de aforo de playas como medida contra la Covid-19 para evitar aglomeraciones, un servicio que estará integrado por ocho informadores y 24 controladores de accesos que estarán a pie de playa y dos coordinadores repartidos en dos turnos, que trabajarán de lunes a domingo en temporada media --el mes de mayo-- de las 10.00 a las 19.00 horas.

En temporada alta, a partir de finales de mayo, el dispositivo se ampliará con un total de 22 informadores, 24 controladores de accesos y dos coordinadores repartidos en dos turnos, que estarán operativos de lunes a domingo de 10.00 a 20.00 horas.

Los datos de afluencia que recojan los informadores se trasladarán a la página web, donde se informará a través de categorías basadas en porcentajes y en colores: de verde a rojo en función de la afluencia en cada momento; el verde corresponde a un aforo inferior al 40%, amarillo de hasta 60%, naranja de hasta el 80% y rojo más del 80%.

El protocolo prevé, en caso de una ocupación muy alta que no permita garantizar las distancias, cerrar los accesos el menor tiempo posible para distribuir a los usuarios y, en caso que sea necesario, se pedirá el apoyo de la Guardia Urbana.

ZONAS DELIMITAS PARA DEPORTE

Por otro lado, el consistorio delimitará cuatro zonas para hacer deporte sin límite de horario para compatibilizar los usos del espacio público, que serán las playas de Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icária y Bogatell, donde se pueden montar las pistas de voleibol en zonas señalizadas.

Además, el Ayuntamiento recuerda que las áreas deportivas de calistenia ubicadas en las playas de Sant Sebastià, el espigón del Gas en la playa de la Barceloneta y en el paseo de la playa de la Nova Mar Bella no se pueden usar, por prevención.

OTRAS ACTUACIONES

Antes del inicio de la temporada alta, entre el 10 y 17 de mayo se realizarán actuaciones de estabilización y perfilado en la playas y el transvase de arena de zonas donde se acumula hacia zonas deficitarias de sedimentos.

En concreto, se harán movimientos de arena de la playa de Sant Miquel y la Barceloneta, esperando a hacer el transvase de arena de la bocana del Port Olimpic, hasta la playa de la Barceloneta y Somorrostro.

También durante este mes de mayo se empezará a montar la valla perimetral del área de perros en la playa de Levante y los módulos y equipamientos de baño asistido en las playas de Sant Miquel, Nova Icària y Zona de Banys del Fòrum, servicios que se pondrán en marcha en el inicio de la temporada alta.

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha anunciado este jueves que no contestará al Triubnal Supremo (TS) sobre las peticiones de indulto porque cree que no es un trámite preceptivo y que tiene unos intereses detrás: "Lo que quieren es humillarnos".

"Personalmente no voy a responder porque no sé a qué motivo obedece que me hagan a mí esa pregunta cuando en los otros casos no se ha hecho", ha sostenido en una entrevista, después de que el Supremo diera el miércoles cinco días de plazo a los presos del 1-O para que expresen lo que consideren conveniente acerca de las peticiones de indulto formuladas a su favor, de cara a que el TS elabore su informe al respecto.

Forcadell ha afirmado que nunca se había pedido a presos manifestarse sobre peticiones de indulto que han hecho terceras personas, por lo que ha defendido que no contestar es la manera de "no entrar en su juego y en su relato".

"Esto no se hace, ni es preceptivo ni es necesario ni se ha hecho en otros casos. ¿Por qué se hace ahora? Precisamente entiendo que es para humillarnos. Por eso creo que no hay que contestar, no hay que entrar en su relato ni en su juego", ha añadido.

Considera que no contestar no debería obstaculizar el trámite de los indultos, porque cree que está en su derecho y que la decisión de conceder el indulto es del Gobierno central "independientemente de lo que opine el Tribunal Supremo", y ha expresado su respeto por lo que puedan hacer otros presos, como el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, que sí que ha contestado diciendo que su prioridad no es salir de prisión y que prefiere la amnistía.

De hecho, Forcadell también ha insistido en que lo que debería aplicarse es la amnistía y no el indulto porque es una solución colectiva y no individual, y "demostraría la voluntad del Gobierno de solucionar el conflicto y llegaría a todos los represaliados" independentistas, no solo a los presos del 1-O.

"NO ME QUIERO AVANZAR"

Preguntada por si le gustaría recibir el indulto para mejorar su situación personal aunque considera que no es una solución al conflicto, la expresidenta de la Cámara catalana ha contestado que solo se pronunciará si llega: "No quiero hablar porque también afecta mucho a nuestras familias. Si nos oyen mucho hablar, cuando las llamas se hacen ilusiones, intento ser realista. Cuando llegue me pronunciaré, de momento no ha llegado todavía. No me quiero avanzar".

"El ministro de Justicia dijo que antes de final de año llegaría una propuesta de reforma del Código Penal. Estamos a mes de mayo y no ha llegado nada", ha criticado, de manera que ha rechazado posicionarse sobre el indulto ni otras medidas por el momento.

Además, ha responsabilizado al Supremo y no al Gobierno central el retraso del indulto porque es el tribunal el que se ha demorado con el informe preceptivo que debe remitir antes de que el Ejecutivo de Sánchez dicte el indulto, pero cree que el TS también se ha guiado por criterios políticos y ejemplo de ello es que haya anunciado este nuevo paso de la tramitación una vez se han celebrado las elecciones de la Comunidad de Madrid: "Es un tema político".

MEJORAR EL SISTEMA PENITENCIARIO

Forcadell publicó hace unos meses el libro 'Escrivim el futur amb tinta lila' --Escribamos el futuro con tinta lila-- (Destino), en el que relata su experiencia en prisión y narra las acciones que ha llevado a cabo dentro de la cárcel para mejorar las condiciones de las mujeres presas, y espera que sirva para que la sociedad conozca la situación de estas mujeres.

A partir de su experiencia en prisión, la expresidenta del Parlament ha apostado por que el sistema penitenciaro sea más abierto, de manera que los internos puedan tener un trabajo en la sociedad durante el día y pasar la noche en la cárcel, ya que considera que esto ayudaría a que estén "más en contacto con la sociedad a la que se tienen que reincorporar".

Esta es una de las propuestas que ha trasladado a la consellera de Justicia, Ester Capella, y ha afirmado que la Conselleria también está de acuerdo con abrir el sistema penitenciario pero que es una "cuestión de presupuesto" y espera que la nueva cárcel de mujeres que la Generalitat construirá en la Zona Franca de Barcelona para sustituir la de Wad-Ras, donde está actualmente Forcadell, se adapte a este modelo de prisión que propone.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha vuelto a insistir en que no hay justificación técnica que avale la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, de forma que "vamos a patalear hasta la última hora, hasta las últimas consecuencias".

Jiménez, que ha asistido a la protesta del Círculo por el Agua, que se ha concentrado a las puertas de la Delegación de Gobierno de Murcia, ha criticado también la "ironía cabreante" del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que dice que entiende que hoy en el Levante "estén cabreados". "Llevamos razón y por eso no nos entiende", ha dicho el presidente del Scrats.

Y es que, con esta modificación, "se nos viene encima un recorte al trasvase de aproximadamente el 40 por ciento de los que venimos recibiendo actualmente, lo que significa que los regadíos muchos años no tendrán disponibilidad de agua, los de abastecimiento lo pasarán mal y los precios aumentarán para abastecimiento y regadío".

A su juicio, "lo lamentable es que se hará sin justificación técnica alguna, eso lo sabe el Ministerio y la CHS, saben que la cuenca del Segura no es viable sin aportes de la cabecera del Tajo y se hace por una decisión política que persigue satisfacer los afanes de supremacía de Page y los líderes políticos de C-LM y a esto se enfrenta el Levante".

Los regantes, dentro de su calendario de movilizaciones, tienen previsto concentrarse este sábado en ayuntamientos de Murcia y Almería y el día 24 llevarán su protesta a Madrid en lo que entienden que será "el último sprint para evitar que el Ministerio lleve a cabo una decisión sectárea y política sin ninguna justificación técnica que nos condenará durante una serie de años a una travesía difícil a la que no le encontramos un final razonable".

La Mesa del Agua de Almería ha participado este jueves en la movilización en defensa del trasvase Tajo-Segura que ha tenido lugar en Murcia, frente a la sede de la Delegación del Gobierno.

A la convocatoria han acudido, entre otros, el portavoz del colectivo almeriense y presidente de la Federación de Regantes de Almería, José Antonio Fernández Maldonado; Fernando Rubio, de Aguas del Almanzora; y el presidente de Asaja Almería, Antonio Navarro. También ha participado la delegada territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín Moya.

Fernández Maldonado ha lamentado "la actitud del Gobierno de España de cambiar de manera unilateral las reglas del trasvase, lo que va a perjudicar de manera muy seria a los regantes de la Comarca del Almazora".

La Mesa del Agua de Almería, que participa en el 'Círculo por el Agua' que conforman los regantes de la provincia, la Región de Murcia y la provincia de Alicante, ha recordado que el aumento de caudales en Aranjuez (Comunidad de Madrid), pasando de 6 m3/s a 8,52 m3/s de media, y que supondría un aumento de los volúmenes a desembalsar desde Entrepeñas y Buendía de 78 hm3/año, "no está debidamente justificado".

Este incremento de desembalses, advierte, "perjudicaría fundamentalmente a los regadíos, ya que los abastecimientos tienen asegurado un volumen de 7,5 hm3/mes, en los Niveles 2 y 3, a suministrar con prioridad a los regadíos".

"En un escenario optimista de estabilidad en los envíos, con mantenimiento del Nivel 2 durante todo el año, y 27 hm3/mes a trasvasar, los regadíos recibirían en las tomas de las Comunidades de Regantes un total de 210,6 hm3, la mitad de su volumen otorgado por la ley, incumpliendo sistemáticamente los niveles de garantía establecidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica", ha recordado Fernández Maldonado.

Con este volumen "optimista", los regadíos seguirían estando obligados a pagar las componentes de amortización y gastos fijos de funcionamiento del Tajo-Segura, "con el consiguiente aumento de las tarifas a abonar por metro cúbico finalmente recibido".

Y en el caso de darse situaciones de Nivel 3, los volúmenes para los mismos "se verían reducidos aún más, incrementándose el coste por metro cúbico derivado de la obligación de abonar íntegramente las cantidades fijas de la tarifa".

Este hecho "se agrava por la incertidumbre de los envíos mensuales, pues el regante no sabe a priori el agua que recibirá hasta que finaliza el año hidrológico".

El incremento de caudales ecológicos mínimos que por ahora se propone "de nada servirá para mejorar el estado de las masas de agua en Toledo y Talavera, debiendo por el contrario acometerse las actuaciones necesarias para la regeneración de las aguas que reciben a partir de la confluencia con el Jarama mediante un exhaustivo control y corrección de la calidad de todos los vertidos que reciben, y con especial énfasis sobre los correspondientes a los efluentes urbanos".

Más de 10.000 profesionales del mundo de la música (autores, intérpretes, compositores, etc), tanto a título individual como a través de las distintas asociaciones que les representan, se han sumado a la campaña #soloesmúsica con la que se busca sensibilizar tanto a la ciudadanía como a las administraciones públicas sobre la trascendencia y el peso que la música tiene en las vidas de los ciudadanos, concebida también como una "vacuna emocional".

Como argumentan sus impulsores --la Unión de Músicos (UdM) como partícipe de la Mesa de Federaciones de Músicos, que representan a más de 25 asociaciones profesionales, y con el respaldo de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE)-- la música es "generadora de emociones y sentimientos, como protección y compañía frente a la adversidad, como elemento de cohesión de toda la comunidad, como banda sonora de nuestros recuerdos, imaginario e ilusiones, como vacuna anímica en estos tiempos tan inciertos". "Porque, sin duda, la música es vida y sin ella todo sería muy diferente", apostillan.

Martirio, Rosendo, Manolo García, Fito Cabrales, Carlos Goñi, Esperanza Fernández, Nacho Campillo, Aurora Beltrán, Jorge Pardo, Nacho Tarrés, Najla Shami, Nacho García Vega, Eliseo Parra, Diego Vasallo, Jordi Savall, Susana Seivane, José María Guzmán, Gerardo Núñez, Max Suñé, Carlos Segarra, Joan Albert Amargós, Pablo Novoa, Gontzal Mendibil o Cantores de Híspalis son algunos de los músicos que se han sumado a la iniciativa.

Con #soloesmúsica se busca poner en valor la música como elemento integrador que forma parte de las vidas de todos. La iniciativa, que propone una reflexión en torno a la figura y el papel del músico, y paralelamente sobre la consideración y el respeto que la sociedad otorga a su trabajo, se canaliza a través de la página web 'www.soloesmusica.com' y se desarrollará también a través de las redes sociales.

El manifiesto difundido argumenta que "los músicos no somos ni más ni menos que nadie", para pasar después a enumerar algunos de los motivos por los que se han decidido emprender esta iniciativa: "respirar, trabajar, cobrar lo justo para pagar las facturas a tiempo, disfrutar de buena compañía en la terraza del bar de al lado, ayudar a reconstruir este país extraordinario, emocionarnos y emocionar, sorprender, y llorar de alegría sabiendo que compartimos más de lo que soñamos nunca".

A partir de ahí, el texto se completa con una serie de demandas clave para intentar paliar la terrible situación que atraviesa el sector de la música: desarrollo y aprobación en el menor plazo posible de tiempo del Estatuto del Artista; regulación del ámbito digital para que los creadores musicales reciban una justa remuneración por su trabajo; y, finalmente, apoyos efectivos que cubran las necesidades reales de los músicos mientras los escenarios sigan callados.

TESTIMONIOS

Entre otros materiales, la campaña cuenta ya con vídeos grabados por numerosos músicos en los que estos profesionales desvelan algunos de sus más íntimos recuerdos musicales, apelan a la conciencia ciudadana y gubernamental para que se ayude al sector a superar esta complicada situación originada por la pandemia de la COVID-19 o, incluso, explican lo que la música ha supuesto para sus vidas.

En esa línea, por ejemplo, el compositor e intérprete Diego Vasallo confiesa que tras casi cuatro décadas de trayectoria profesional todavía sigue intentando "descifrar porqué la música nos conmueve tanto y porqué nos acompaña durante toda la vida".

La cantante, guitarrista y compositora Aurora Beltrán, por su parte, desvela cómo su primera guitarra, que le regaló su padre, le salvó la vida tras contraer con sólo siete años una extraña enfermedad que la mantuvo totalmente inactiva durante dos largos años: "Me salvó, me salvó de esos ratos interminables. Quizá sólo fuera música, pero qué no es música".

En otro vídeo, el músico y divulgador Eliseo Parra apunta al meollo de la cuestión: "La música forma parte de la vida del género humano desde tiempo inmemorial. Eso la sabe todo el mundo. Pero habría que recordar que para que haya música se necesita al músico".

Por otro lado, el veterano José María Guzmán aprovecha su intervención para infundir ánimos a sus compañeras y compañeros de profesión que están sufriendo con especial rigor las consecuencias de las medidas sanitarias adoptadas en todo el país contra la COVID-19. Y, en esa línea, concluye categórico: "Un país sin cultura y sin música es un país inerte, un país muerto. Un país sin cultura no es nada".

Najla Shami señala que el suyo es un "sector que teje afectos muy necesarios a través de la música", un sector que atraviesa un momento muy difícil debido a "problemas endémicos que se han intensificado con la pandemia". Por eso, la vocalista y compositora reclama: "Necesitamos con muchísima urgencia que nuestra situación se arregle y que podamos vivir de una forma digna de lo que más nos gusta hacer".

Desde su doble vertiente de intérprete y profesora, Diana Tarín asegura que nada es "más reconfortante que ver a un alumno cuando empieza a volar solo musicalmente", y, a modo de despedida, añade unas notas de optimismo que hoy son más necesarias que nunca: "Esto no va a ser eterno. Todo esto que está sucediendo pronto será historia". Será entonces cuando la música volverá a los escenarios y las salas a vibrar con los aplausos y la emoción del público. Más pronto que tarde, que así sea.

El Defensor del Pueblo ha advertido de la "excesiva demora" de algunas autonomías, como la valenciana, para asumir la tutela de menores extranjeros no acompañados.

Así se desprende del 'Informe Anual' de la institución relativo al ejercicio 2020, en el que recoge que según los datos facilitados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a 31 de diciembre de 2020 se encontraban inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados 9.030 menores --869 niñas--.

Andalucía con 2.507 menores, Canarias con 1.849 y Catalunya con 1.168 eran las tres comunidades autónomas con más menores, seguidas por Melilla, con 798; Ceuta, con 496; y la Comunitat Valenciana, con 473.

En su informe, el Defensor indica que al igual que en años anteriores, han continuado las intervenciones con los distintos servicios de protección de menores en relación con la falta de declaración de desamparo y asunción de la tutela, o la "excesiva demora" en su adopción.

En este sentido, pone el ejemplo de que se ha reiterado a los servicios de protección de la Generalitat Valenciana dicho deber legal de declarar el desamparo y asumir la tutela de los menores a su cargo.

Así mismo, a la vista del "elevado" número de menores afectados en la autonomía por esta situación, se dio traslado de este asunto a la Fiscalía General y se solicitó información sobre las medidas adoptadas por dicho organismo.

Además, el Defensor señala que han sido "numerosas" las quejas recibidas procedentes de jóvenes extutelados en la Comunitat que no han podido acceder a un recurso de la red de apoyo a la emancipación tras su mayoría de edad.

Al respecto, señala que en las actuaciones iniciadas con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, tanto en relación con las medidas adoptadas en cada uno de los casos como sobre la suficiencia de las plazas ofertadas, este órgano valenciano informó de que su red para jóvenes extutelados disponía de un total de 122 plazas en hogares de emancipación que contaban con una ocupación del 100 por cien, así como con jóvenes en lista de espera.

Cuentan también --según se trasladó-- con las oficinas mentoras desde las que se realiza acompañamiento a los jóvenes hasta los 25 años, de carácter ambulatorio, que abarca la atención legal y administrativa, residencial, solicitud de la renta valenciana de inserción, orientación hacia otras alternativas habitacionales y recursos, así como apoyo psicológico, asesoramiento y acompañamiento sociolaboral en la búsqueda de empleo.

El Defensor indica que han continuado las actuaciones con la Conselleria "dando cuenta de la insuficiencia de plazas para dar respuesta a las necesidades de estos jóvenes". A 31 de diciembre de 2020, eran 473 los menores extranjeros no acompañados dados de alta en el Registro.

En relación con las cuestiones relacionadas con las autorizaciones de residencia, en el informe se indica que se observa "con preocupación" el elevado número de menores que acceden a la mayoría de edad sin contar con la autorización.

La mayoría de actuaciones por esta cuestión se concentran en cuatro comunidades autónomas: Madrid, Andalucía, Valencia y Canarias. Durante 2020 se les ha tenido que recordar en varias ocasiones el deber legal de instar la tramitación de la autorización de residencia de los menores a su disposición. Así mismo, se ha dado traslado a Fiscalía de este asunto.

CIE DE VALENCIA

Por otro lado, el informe recoge un aparto al Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia (CIE) y alude al caso del fallecimiento de un joven marroquí que se suicidó en el centro en 2019.

Al respecto, recuerda que la Audiencia de Valencia sobreseyó las actuaciones al considerar que ni el personal sanitario ni de custodia del centro tenían responsabilidad penal por esa muerte. Sin embargo, se señalaba en la resolución que ello no significaba que la atención recibida por el interno fuera intachable ni que pudiera derivarse alguna clase de responsabilidad como consecuencia de esa atención o de su fallecimiento. Por este motivo, se han reabierto las actuaciones, de cuyo resultado se dará cuenta en el próximo informe anual.

Por otro lado, el informe recoge que con motivo de la repatriación de varios internos, el 29 de febrero de 2020 se produjeron varios incidentes. Una asociación formuló una queja en la que exponía que dos de los internos se habían autolesionado, con múltiples cortes en cabeza y barriga, y que su intención era provocar su traslado al hospital y evitar, así, su repatriación.

Sin embargo, alegaban que fueron asistidos por los servicios médicos del CIE y, finalmente, fueron repatriados. En la respuesta recibida, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras comunicó que las lesiones fueron de carácter leve y que los servicios médicos estimaron que no era necesario la derivación de los autolesionados al hospital de referencia por tratarse de cortes superficiales. En el momento de elaboración de este informe no constaba que se iniciaran actuaciones judiciales por estos hechos.

Los casos de Covid-19 en residencias de mayores del conjunto de Galicia se mantienen en 13, de ellos 11 usuarios y dos trabajadores, todos concentrados en un brote en un centro en Chantada (Lugo).

Según los datos actualizados este jueves por las consellerías de Política Social y Sanidade, el brote de la residencia DomusVi Chantada se mantiene con 11 contagios entre usuarios y dos trabajadores.

El brote en la residencia DomusVi de Chantada rompió el pasado viernes 30 de abril 14 días consecutivos sin casos activos en centros de este tipo, desde que el 16 del mismo mes se diese de alta al último trabajador infectado.

En el caso de los usuarios, hay que remontarse más atrás para los últimos contagios, vinculados al brote de la residencia Coviastec de Silleda de mediados de marzo.

Después de conocerse el brote detectado en la residencia DomusVi de Chantada, fuentes de la Consellería de Política Social señalaron que todos los mayores estaban vacunados ya con la pauta completa frente a la Covid-19.

Sin embargo, una de las personas que trabajan en el centro todavía no había recibido su segunda dosis al no haber completado el periodo protocolario entre la primera y la última.

Los últimos contagios registrados entre los usuarios de las residencias de mayores gallegas se produjeron entre el 17 y el 21 de marzo, cuando se detectó un brote en un centro de Silleda, que llegó a tener 46 casos activos. Posteriormente, dieron positivo algunos trabajadores, aunque desde el 16 de abril no había ningún usuario o empleado con PCR positiva.

Durante la tercera ola del coronavirus, las residencias gallegas registraron un pico de 466 usuarios infectados. Esto ocurrió el 24 de enero, un día antes de cumplirse los siete días necesarios desde la administración de la segunda dosis de la vacuna para generar inmunidad, dado que este proceso arrancó de forma generalizada en estos centros el 18 de enero.

Desde el día 25, y aún a pesar de algunos brotes, las residencias de mayores gallegas han ido experimentando un progresivo descenso en la cifra de usuarios afectados. De este modo, el 27 de enero, un mes después del inicio de la vacunación en la Comunidad gallega, eran 445 los usuarios positivos, mientras que el 27 de febrero la cifra se situaba en los 50.

El 21 de marzo se notificaron los últimos contagios en usuarios hasta los detectados en el centro de Chantada y desde el 16 de abril los centros permanecían sin ningún caso activo hasta el 30 del mes pasado.

Euskadi ha registrado 673 nuevos contagios de coronavirus este pasado miércoles, lo que supone tres más que el día anterior y un descenso de la tasa de positividad al 6%. La incidencia acumulada sigue la tendencia descendente, 15 puntos menos en un día, y se sitúa en 478,97 casos en 14 días por 100.000 habitantes, pero se mantiene la presión en las UCI, con 183 pacientes ingresados, dos menos que el martes.

Según los datos aportados este jueves por el Departamento vasco de Salud, durante este pasado miércoles se han realizado 11.268 pruebas diagnósticas (7.101 PCR y 4.167 test de antígenos), por encima de las 10.929 del día anterior, con resultado de 673 positivos. Con estos indicadores, la tasa de positividad en relación a las pruebas practicadas se ha reducido en una décima, del 6,1% al 6%.

La trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días del 53,7%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 34,5% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

La tasa de casos positivos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes ha bajado este pasado miércoles en Euskadi, continuando con su tendencia descendente, y alcanza los 478,97 casos, lo que supone 15 puntos menos que el martes (494,43).

Guipúzcoa continúa siendo el territorio con una tasa acumulada más alta, con 592,54 casos (621,13 en la jornada anterior), mientras que Vizcaya presenta una tasa acumulada de 443,85 casos (453,16 el día previo) y Álava de 320,71 casos (330,70 el martes).

En cuanto a las capitales vascas, la incidencia acumulada baja también en las tres y este indicador se sitúa en Bilbao en 527,88 casos por 100.000 habitantes (543,47 el día antes), en 574,04 en San Sebastián (588,30) en la jornada previa), y en 311,58 en Vitoria (326,50 el martes). De esta manera, el territorio de Álava y su capital, Vitoria, se mantienen fuera de la 'zona roja'.

Por otro lado, la razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) también ha bajado este miércoles y se sitúa en 0,89 para el conjunto de Euskadi (era de 0,91 en la jornada previa), mientras que el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo también ha descendido a 0,87 (era de 0,88 el martes).

Por territorios, se han detectado 358 casos positivos en Vizcaya este pasado miércoles, ocho menos que el martes. Bilbao suma la mayor parte, con 124 nuevos contagios, 16 menos que el martes. Le siguen Barakaldo con 39, Getxo con 21, Basauri con 20 y Mungia con 15.

En Guipúzcoa se han contabilizado 237 contagios (uno más). Del total, en San Sebastián se han contabilizado 63 positivos más (ocho más que el martes), en Errenteria 18, Irún 17 y en Oñati once.

Por su parte, Álava ha sumado 66 nuevos contagios, cinco más que el día previo. La mayoría de los nuevos positivos se han detectado en Vitoria, un total de 46 (dos menos que el martes), once en Llodio y cuatro en Amurrio.

A ellos se añaden 12 positivos en coronavirus entre personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, frente a los siete de la jornada previa.

Junto a las capitales de Bilbao y San Sebastián, superan los 400 casos acumulados otras 43 localidades de más de 5.000 habitantes, la mayoría en Guipúzcoa. En concreto, son Aretxabaleta, Arrasate-Mondragon, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, Bergara, Deba, Errenteria, Hernani, Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, Legazpi, Lezo, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Orio, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Usurbil, Villabona, Zarautz, Zumaia y Zumarraga.

A ellas, se suman las vizcaínas de Barakaldo, Basauri, Derio, Erandio, Galdakao, Leioa, Lekeitio, Mungia, Muskiz, Ondarroa, Santurtzi, Sestao, Sopela y Trapagaran, así como las alavesas de Amurrio y Llodio.

HOSPITALES

En los hospitales de Euskadi, han ingresado en planta 50 personas con covid durante el miércoles, 25 menos que el día anterior. En total, permanecen hospitalizados en planta 425 pacientes con coronavirus, 38 menos que el martes.

Por su parte, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales vascos se mantiene la presión, con 183 camas de críticos ocupadas, solo dos menos que el martes.

EDADES

Por edades, el mayor número de nuevos contagios se sigue produciendo en las personas de entre 40 y 64 años (268 nuevos positivos), seguidas de la franja de edad de 19 a 39 años (175) y de los menores de 18 años (149). Los mayores de 65 años contabilizan 78 casos, de los que 14 superan los 80 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada se da entre los menores de 18 años (668,74) y la más baja es la de la población mayor de 80 años (con 204,68).

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha solicitado este jueves a la Comisión Ejecutiva Regional de su partido que, a su vez, pida a la dirección federal que adelante y active la convocatoria de primarias para, conforme a los plazos y procedimientos que marcan los estatutos, elegir a la persona que encabezará la candidatura de los socialistas andaluces para las próximas elecciones autonómicas, previstas inicialmente para finales de 2022, al tiempo que ha confirmado su intención, "por supuesto", de concurrir a las mismas.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A ha acordado posteriormente por unanimidad este planteamiento de Susana Díaz que la líder andaluza ha enmarcado en un ejercicio de "responsabilidad" y para atajar un debate interno que estaba "erosionando la imagen" del partido en Andalucía, según ha argumentado la propia secretaria general en una rueda de prensa previa a dicha reunión de la dirección de la federación andaluza en la que ha solicitado que el proceso de primarias sea "sobre todo transparente y con garantías".

Esta decisión se produce horas antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha convocado para este jueves por la tarde, donde está previsto que se convoque dicho proceso de primarias en Andalucía.

Susana Díaz ha dicho no ser "ajena al ruido incesante que se ha generado" en su partido y que "impide" que sus mensajes "lleguen con nitidez a los ciudadanos", así como que ella habría preferido que "primero", antes de las primarias, "se hubiese hecho un debate sobre las ideas, los proyectos, sereno, reflexivo, que hubiese permitido participar a muchos ciudadanos, dirigentes de la izquierda andaluza, y que se incorporaran nuevas ideas", pero "no ha sido posible", según ha lamentado.

La dirigente socialista ha subrayado que "los debates internos interesan muy poco a los ciudadanos, por no decir nada", así como que ella entiende su "militancia y responsabilidad como secretaria general del PSOE-A como vocación de servicio", y durante los últimos meses ha entendido que, "en una situación excepcional" como la derivada de la "pandemia mundial" de la Covid-19, "la única prioridad tenía que ser la gente" y "volver cuanto antes a la normalidad.

De igual modo, ha señalado que ha defendido "respetar los calendarios" aprobados "por unanimidad" en el Comité Federal del PSOE "para renovar las direcciones de todos los órganos del partido".

"He respetado esos tiempos orgánicos", ha remarcado Susana Díaz, quien ha defendido que su "única obsesión es mejorar la vida de los andaluces aportando mi pequeño grano de arena", así como que no le interesa "el poder por el poder, como tampoco ascender en mi trayectoria política", y que su "compromiso es con los andaluces y con Andalucía", y por eso decidió hace ya tiempo que es en esta comunidad donde estaba "ligado" su "futuro político".

Susana Díaz también ha puesto de relieve que ha respetado que el PSOE "afrontara unas elecciones muy complicadas" en la Comunidad de Madrid en las que "nos jugábamos plantear una alternativa de izquierda al gobierno de derechas, y hacerlo además sin distorsionar".

"Lamentablemente no ha podido ser, por más que me pese", ha dicho la líder del PSOE-A antes de agregar que, "mientras unos compañeros hemos mantenido esa posición de respeto, otros compañeros a los que también respeto han decidido plantear un debate para adelantar las primarias al futuro candidato a la Junta cuando ni tan siquiera estaban convocadas las elecciones" en Andalucía.

QUE LOS MILITANTES VOTEN "SIN IMPOSICIONES Y CON AUTONOMÍA"

Al hilo, ha sostenido que ella "nunca" va a negarse "al debate sereno de mi partido, y menos a que sean los militantes, los verdaderos protagonistas, quienes tomen la decisión en libertad, sin imposiciones y con autonomía".

"Son ellos a quienes les toca decidir quién les representa en unas futuras elecciones", ha subrayado Susana Díaz, quien ha defendido que "una decisión colectiva, participativa, compartida, es infinitamente mejor que una decisión personal".

Para Susana Díaz, "seguir con este debate de primarias ya o primarias más tarde sólo está consiguiendo erosionar la imagen del PSOE-A, y eso no debemos permitirlo en ningún caso", porque "no hay más salida que la unión, recuperar ese partido que tiene ser el PSOE de Andalucía, de altura de miras, sin empujones" que "nunca llevan a nada bueno".

Ahora "la última palabra le corresponde ya a los más de 44.000 afiliados del PSOE-A si así lo entiende la Ejecutiva Federal en la tarde de hoy", ha manifestado Susana Díaz, quien confía en que los militantes "tomarán la mejor decisión para el conjunto de la comunidad" autónoma, "a quien le tenemos que dar siempre soluciones y respuestas", según ha subrayado.

A LA ESPERA DE HABLAR CON PEDRO SÁNCHEZ

A preguntas de los periodistas, Susana Díaz ha explicado que se enteró de la intención de Ferraz de activar este jueves el proceso de primarias "por un medio de comunicación que en la tarde de ayer (este miércoles) dio la noticia.

Ha revelado que "por la mañana" mandó un mensaje al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero "no he podido hablar con él", y que recibió "una llamada del secretario de Organización" del PSOE, José Luis Ábalos, "que en ningún momento me habló de convocatoria de primarias en Andalucía", según ha indicado antes de apostillar que espera "en las próximas horas poder hablar con el secretario general del PSOE de España".

Susana Díaz ha opinado que "cuantos más compañeros se presenten, más rico será el proceso", así como que respeta "profundamente a todos" los que "libremente deseen dar ese paso", y ha incidido en que "la votación tiene que ser en libertad, con autonomía y con mucho respeto de unos a otros".

También ha señalado que la convocatoria de la reunión de la Ejecutiva del PSOE-A de este jueves "se hizo el martes por la mañana, mucho antes del cierre del proceso electoral en Madrid y antes del anuncio de que iba a haber una Ejecutiva federal" este jueves.

REGLAMENTO DE PRIMARIAS

El artículo 225 del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales del PSOE, aprobado en febrero de 2018, establece que "el procedimiento de elecciones primarias, ya sean con participación de la ciudadanía o entre militantes y afiliados/as directos/as, es de aplicación a la elección del candidato o candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de España, de los candidatos y candidatas del PSOE a las presidencias de las comunidades autónomas, de las ciudades autónomas, de los cabildos y consejos insulares, de las juntas generales y las alcaldías de los municipios con más de 20.000 habitantes o que sean capitales de provincia".

Se precisa además que "sólo se procederá a la celebración de elecciones primarias" en "el caso de las candidaturas a la presidencia de comunidades autónomas, cuando lo acuerde el respectivo comité autonómico o así lo soliciten la mayoría de sus miembros o más del 40% de la militancia y la afiliación directa del ámbito territorial correspondiente".

El reglamento establece también, en su artículo 227, que "la convocatoria del proceso de elecciones primarias, para cualquiera de los ámbitos donde vaya a celebrarse, es competencia del Comité Federal", pero apostilla que, "sin perjuicio de lo anterior, con carácter excepcional, si las específicas circunstancias políticas, así lo aconsejen, la Comisión Ejecutiva Federal podrá proceder a convocar el proceso de primarias de oficio o a solicitud de la respectiva Comisión Ejecutiva regional o de nacionalidad".

Dicha convocatoria "deberá ser ratificada en la primera reunión del Comité Federal que se produzca", aclara el Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales del PSOE.

El PSOE ha pedido "consenso" para aprobar el Proyecto de Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, "una ley transversal, pionera y muy participada" que sí contará con el voto a favor de Ciudadanos, mientras que el PP no ha desvelado su posición.

El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que la ley de despoblación de Castilla-La Mancha llega a las Cortes regionales después de "un intenso" trabajo en el que se ha escuchado a expertos, instituciones y organizaciones ligadas al desarrollo del mundo rural.

"Es una ley transveral, pionera y muy participada que marca el punto de inflexión en el objetivo de revertir la actual tendencia demográfica en diversas zonas de nuestro territorio", ha apuntado.

Martínez Guijarro ha pedido a Ciudadanos y al PP que apoyen esta ley porque "no es una ley ni del PSOE, ni de Ciudadanos ni del PP, es la ley que necesita esta región para poner freno al despoblamiento".

Además, ha afirmado que la lucha contra la perdida de habitantes de la que ahora se oye tanto hablar en todos los foros "no es algo nuevo" para el Gobierno de Emiliano García-Page, que, según ha recalcado, desde el año 2015 inició un trabajo de reconstrucción "tras el paso de un gobierno --en referencia a la legislatura del PP-- que durante cuatro años se cebó con sus recortes, precisamente con el medio rural".

Ha indicado que la pandemia provocada por el coronavirus "lo ha cambiado todo" y "si en algo estamos empeñados es en cómo convertir esta crisis en una oportunidad para las zonas afectadas por la despoblación". Todo ello reside en el espíritu de esta norma, "para la que hemos tratado de escuchar a todos", ha dicho.

Así, ha explicado que el texto incluye por primera vez en España la política fiscal y contempla conceptos novedosos como la estancia efectiva o el impacto demográfico. También pone el acento en el apoyo a las empresas que se ubican en zonas despobladas y garantiza la sanidad, la educación y la asistencia sociosanitaria a sus vecinos y vecinas. Se trata de una norma --ha apuntado-- "con la que Castilla-La Mancha marca el rumbo para legislar en beneficio del mundo rural", convencido que será imitada por otros territorios con desafíos demográficos similares a los de Castilla-La Mancha.

El vicepresidente ha destacado, además, que la implementación de políticas contra la Despoblación exige unidad para poder afrontar la lucha contra la misma toda vez que ha explicado que el principal instrumento será la Estrategia contra la Despoblación cuya elaboración está ya muy avanzada, y que tendrá una vigencia mínima de una década, con revisiones cada cuatro años.

En la misma línea se ha pronunciado la diputada socialista María Jesús Merino, ponente del proyecto de ley, quien se ha mostrado segura de que, "en un asunto de este calado" y cuando se está poniendo sobre la mesa el futuro de una gran parte del territorio de la región y sus habitantes, "hoy si vamos a sumar fuerzas para sacar adelante esta ley".

Por parte del PSOE también ha tomado la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, quien ha aseverado que el texto recoge el 90 por ciento de las medidas que se abordaron en la comisión de despoblación, por lo que se ha mostrado confiada en que pueda ser aprobada con el voto favorable de todos los grupos.

CS PIDE UNA LEY DE TODOS

Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, ha asegurado que durante mucho tiempo "la clase política no ha sabido, no ha querido o no ha podido frenar ese éxodo rural que está condenando a muchos municipios a la desaparición".

Ha celebrado que este jueves se traiga a esta Cámara este proyecto de ley, y que "por fin" Castilla-La Mancha "se tome en serio" este reto demográfico y que "no sea solo un anuncio y un eslogan".

Para Picazo, "lo que hace diez años era un problema, hoy es ya un drama", razón por la cual ha defendido que "desde el consenso pongamos en pie una ley que no sea del PSOE, ni de Ciudadanos, ni del PP, sino una ley de todos". Por ello ha expresado el deseo de que "no sea papel mojado, sino un mecanismo real de cambio".

"Si no actuamos rápido y no nos lo tomamos en serio será el final de muchos de estos municipios. Estamos a tiempo de ponernos de acuerdo y de pactar en igualdad de condiciones porque es necesaria una estrategia que trascienda a una legislatura o un programa de gobierno", ha abundado.

PP: "ALGO NO SE HA HECHO BIEN"

De su lado, el diputado del PP Benjamín Prieto ha dicho que con discursos como el de Martínez Guijarro "poco se colabora" para que estas Cortes hoy lleguen "al consenso que es necesario" en un tema como éste. "Se busca culpar a los otros de lo que ustedes (PSOE) han provocado y han hecho durante años porque usted se sentaba antes del 2011, por tanto algo tendrá que ver en lo que esta pasando en la Castilla-La Mancha de hoy", ha espetado al vicepresidente.

"Hemos escuchado alguna vez que la despoblación está de moda. Espero que éste no sea el motivo por el que hoy las Cortes están trabajando en esta norma", ha añadido Prieto, quien ha advertido de que contra la despoblación "no sirve una varita mágica, pesa más la voluntad política".

Ha recordado que desde el PP se ha venido reclamando durante estos años "mayor sensibilidad" con el mundo rural y "dada la avanzada situación de gravedad y de dificultad de mantener la actividad y la vida en los pueblos, buscar un refuerzo con medidas legislativas que, posiblemente, si desde hace años se hubieran tratado hoy los asuntos serían de otra manera", ha asegurado.

Algo no se ha hecho bien en los casi 40 años de estado autonómico para que hoy en un territorio, eminentemente rural, haya que legislar de manera in extremis para evitar la sangría demográfica y casi la desaparición de muchos núcleos de población", ha afirmado Prieto, quien ha lamentado que no vayan a salir adelante ninguna de las 36 enmiendas 'vivas' al pleno de las Cortes. "No estamos por la labor de no contribuir en la mejora de nuestro mundo rural", ha indicado.

El diputado de Unidas Podemos en el Congreso Antón Gómez-Reino, ha interpuesto una denuncia ante la Policía por un presunto delito de odio y amenazas vertidas en redes contra él y otros miembros de la formación morada en A Coruña.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, el parlamentario y representante de Galicia en Común ha explicado que, ante recientes casos similares de amenazas, ha acudido a la Policía dado que "no es el momento de dejar ningún tipo de resquicio" a los que "quieren erosionar las libertades, los derechos y la democracia".

"No es el momento de mirar hacia otro lado", ha proseguido Gómez-Reino para recalcar que, en su tarea de cargos públicos, es "visibilizar" este tipo de cuestiones para atajar "esta intolerable escalada de acoso y matonismo" que acomete "la extrema derecha" en España.

Por tanto, espera "contundencia" a la hora de investigar estas amenazas y ha exhortado a "acabar con el clima de tensión que ha generado la extrema derecha en este país desde que ha llegado al ámbito institucional".

"Hay que combatir con firmeza, con calma pero con firmeza democrática esta amenaza", ha insistido el diputado para dejar claro que "no se van a amedrentar" a Unidas Podemos "ni van a dejar de hacer política" que llegan de "forma insistente" a cargos públicos, y que "no hay que frivolizar".

"VIGILAD VUESTRAS ESPALDAS"

Según consta en la denuncia registrada en el Congreso de los Diputados, los hechos se circunscriben en la red social Twitter tras la publicación por parte la agrupación coruñesa de Podemos en la ciudad de A Coruña de una serie de fotografías que reflejaba a varios miembros del partido habían acudido a la manifestación del 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo.

A raíz de ello, recibieron respuesta de una cuenta en dicha red con el mensaje 'Vigilad vuestras espaldas, puede haber una pequeña sorpresa dentro de poco', texto al que acompañaba una bandera española cubriendo una mesa en primer plano, un fusil de asalto Cetme modelo C y calibre 7,62, arma que se solía utilizar por las Fuerzas Armadas a inicios de la década de los 90.

También se apreciaban tres cargadores de 30 proyectiles y un cargador de cinco cartuchos para el propio fusil, aparte de tres cajas de munición de la propia arma y otros 20 cartuchos sin percutil del citado calibre. También aparecía un machete o una bayoneta, acoplable al arma y un cinturón reglamentario de determinadas unidades del Ejército.

Por tanto, el parlamentario constata en su denuncia que el texto y las imágenes tienen "una clara y evidente intención amenazante" al instarles a "vigilar sus espaldas", expresión que en el argot común policial alude a una posible agresión o atentado.

En medio de la campaña madrileña el candidato de Unidas Podemos y hasta ahora secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, recibió dos cartas amenazantes con balas. En una de ellas, los proyectiles también correspondían al fusil Cetme.

"El autor pretende demostrar que está en posición del arma y de munición de guerra hábiles para cometer un atentado, mediante disparos de gran potencia, contra la vida e integridad física de los integrantes de la agrupación coruñesa de Podemos, entre los que se encuentran el diputado, y su compañera concejala de A Coruña, representantes públicos con cargo institucional", describe el texto presentado en comisaría.

EL AUTOR TRASLADA QUE ESTÁ DISPUESTO A USAR EL ARMA "CON FIN PATRIÓTICO"

También alude a que se producen en un contexto de anteriores amenazas a cargos públicos de "mayor relevancia institucional", como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, a través de cartas con munición de Cetme "idéntica a la fotografiada".

En el caso presente, prosigue en su denuncia, se pretende demostrar "que el autor está en posesión del arma en condición útil" y "está dispuesto a usarla con fin patriótico" al que "sería contraria, según su percepción la actividad política o institucional de los destinatarios de la amenaza"

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha manifestado que el cobro en autovías "alejaría más a Galicia" del resto de España y ha criticado "mensajes tan poco claros" sobre asuntos "de tanto calado", en respuesta a preguntas de los periodistas tras reunirse con representantes de la patronal coruñesa.

Vázquez consideró que es una propuesta que el Gobierno "no concreta" y que tampoco "dialoga" con el resto de comunidades autónomas que tienen competencia en materia de autovías.

Para la Xunta, la "máxima prioridad" es la bonificación de los peajes en la AP-9, según declaró la conselleira. Afirmó también que "no parece adecuado" incrementar las peajes sin haber abordado todavía el asunto de las bonificaciones.

La conselleira recordó las palabras del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, de hace unos días en las que declaró que no había "una propuesta concreta". Vázquez instó, por ello, al Gobierno a "aclararse" y pidió que las comunidades tengan "voz y voto" en este asunto.

Por último dijo que la Xunta "no va a permitir" una alternativa que empeore todavía más "la situación periférica de Galicia". Al hilo de ello, argumentó que esta autonomía está "en el córner de España" y medidas como esta la "alejarían" aún más del resto del país.

POSTURA DEL GOBIERNO

Sobre esta cuestión, y también a preguntas de los periodistas, el delegado del Gobierno, José Miñones, ha dicho que no hay "un posicionamiento ni una declaración" sobre este asunto. "Lo que tenemos es un documento que se manda a Bruselas dentro de un conjunto de un plan de recuperación, no hay ninguna planificacion, ningún proyecto, nada al respecto".

Con todo, ha afirmado que se "tendrá que estudiar en base a los dictamenes de Bruselas", pero ha considerado que "no tiene sentido" hablar sobre ello sin saber "ni cómo ni cuándo ni la estructura del mismo".

RECHAZO DE LA DIPUTACIÓN CORUÑESA

Por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha manifestado que confía en que no haya "nuevos recargos tributarios en las autovías" y que esta cuestión no deje de ser "un globo sonda".

"Este país lo que menos necesita son globos sonda sobre temas tan sensibles", ha recalcado el también secretario provincial de los socialistas coruñeses, para quien hay que ser "muy cuidadoso con este tipo de anuncios" que pidió también alejar de "localismos".

"El mantenimiento de las carreteras, el establecimiento de peajes y el rescate de concesiones tienen que responder a criterios de lógica de Estado y no a criterios ocasionales y localistas", ha sentenciado.