El Grupo Uvesco, matriz de BM Supermercados y Super Amara, prevé alcanzar una facturación de 910 millones este año, lo que supone 44 millones menos que lo facturado el pasado ejercicio, con la cifra «récord» de 954 millones, pero un 18% más que en 2019. Además, contempla diez nuevas aperturas de supermercados en Cantabria, Euskadi, La Rioja y Madrid a lo largo del presente año, que supondrán la creación de unos 200 nuevos puestos de trabajo.

En rueda de prensa en la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, en San Sebastián, el director general y CEO de Grupo Uvesco, José Ramón Fernández de Barrena, ha realizado balance de 2020, «uno de los ejercicios más complicados», y las previsiones para 2021 que arranca «con prudencia y la prioridad de ofrecer y garantizar el mejor servicio, sean cuales sean las circunstancias, así como el objetivo de que se reactive la economía del entorno».

En cuanto a 2020 ha indicado que, pese a las «dificultades» derivadas de la pandemia de covid-19, Grupo Uvesco ha mantenido su plan de expansión con 38 millones destinados a la apertura de siete nuevos supermercados propios en Santander (Cantabria), Zarautz (Gipuzkoa) y cinco en la Comunidad de Madrid (Majadahonda, Las Rozas, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes y Madrid Centro), donde Grupo Uvesco ha experimentado un crecimiento igualdad-superficie «extraordinario» en 2020 del 30%.

Además, ha renovado distintas tiendas entre las que destacan las reformas de los 11 supermercados adquiridos a la cadena Simply en Bizkaia en 2019 y las reformas de Irun y El Escorial en Madrid, que se suman a cinco nuevas franquicias puestas en marcha en 2020. Grupo Uvesco ha finalizado el pasado año con 240 supermercados propios en País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja, Madrid y Ávila; tienda online, que ha multiplicado por diez sus ventas desde el inicio de la pandemia; cuatro plantas logísticas y 13 franquicias BM Shop. La inversión en aperturas y reformas ha ascendido a 38 millones de euros.

Fernández de Barrena ha destacado el «compromiso» de Uvesco con los proveedores locales, logrando la cifra en compras a los mismos de 237 millones, un 23% más que en 2019 y la colaboración con más de 400 productores locales. Respecto al empleo, Grupo Uvesco ha cerrado 2020 con un total de 5.664 trabajadores, lo que supone la creación de 543 nuevos empleos, y ha invertido 4,6 millones de euros en formación.

El director general de Grupo Uvesco ha destacado las inversiones realizadas el pasado año en compra de material de seguridad para su equipo y los clientes frente al Covid-19, con cuatro millones de euros; así como los siete millones de euros invertidos para reforzar el personal durante la pandemia y los 7,5 millones que se han destinado a bonificar el esfuerzo de la plantilla debido a la situación generada por el covid-19, 500.000 euros de ellos en vales para comidas y cenas para el personal con el objetivo de impulsar la hostelería, «uno de los sectores más castigados».

Asimismo, ha cifrado en 9,5% el aumento en las ventas de supermercados e hipermercados, con un incremento del 1,08% en la cuota de mercado, «el mayor de la historia» y una facturación de 954 millones de euros, un 23% por encima de la de 2019, de la cual tres cuartas partes correponde a Euskadi, según datos de la consultora Nielsen.

PREVISIONES

En cuanto a las previsiones para 2021 se ha mostrado «muy precavido», ya que va a ser un ejercicio «complejo económicamente» y «el futuro es imprevisible». En todo caso ha asegurado que Grupo Uvesco dispone de «medidas» para adaptarse a las «diferentes situaciones cambiantes que se puedan dar» y estimando que la situación sanitaria sea «mejor» se contempla una facturación de 910 millones de euros, lo que supone un incremento del 18% por ciento con respecto a 2019 y 44 millones menos que el pasado año

En este contexto, el Grupo prevé diez nueve aperturas de supermercados propios, con una inversión de 45 millones de euros, en Sopelana (Bizkaia); Castro Urdiales (Cantabria); Logroño (La Rioja); y siete en la comunidad de Madrid (Collado Villalba, Pozuelo de Alarcón, Galapagar y cuatro en Madrid Centro), donde este año prevé facturar unos cien millones de euros. Las nuevas aperturas supondrán la creación de «unos nuevos 200 puestos de trabajo».

Grupo Uvesco seguirá también potenciando el plan de prevención que cuenta, entre otras medidas, con «máquinas de desinfección de carros, ya instaladas en 15 supermercados; sistemas de control de aforos, y material de protección», ha explicado, para añadir que se continuará, asimismo, con la apuesta por la «digitalización de los puntos de venta». Finalmente, preguntado por el incremento del precio de los productos durante la pandemia, ha apuntado que ha sido del 6,5% en productos frescos y del 6,4% en envasados, según datos de Nielsen.

La red ferroviaria española sigue siendo una de las más infrautilizadas de Europa, al obtener un índice de intensidad de uso de 35,2 puntos, frente a los 54 puntos de la media europea o los 78 de Alemania, país que utiliza su red de transporte ferroviario más del doble de lo que lo hace España.

Según el último de informe de supervisión del mercado de transporte ferroviario de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la intensidad de uso de la red en España incluso descendió en 2019 respecto al año anterior en una décima.

Esta intensidad es la relación que existe entre la actividad anual medida en los kilómetros recorridos cada día por los trenes españoles en comparación con la longitud total de la red nacional, es decir, el grado de utilización de la red.

Se prevé que este año esta situación comience a revertirse con la liberalización de la Alta Velocidad el pasado mes de diciembre y que se traducirá a partir de mayo en la entrada de nuevos operadores en los principales corredores, ahora en uso exclusivo de los AVE de Renfe, empresa pública que en junio lanzará su propio tren ‘low cost’, Avlo, para rivalizar con el primer servicio privado, el de Ouigo.

En total, a finales de 2019 había en España 15.358 kilómetros de vías ferroviarias –34 kilómetros más un año atrás–, de los que el 73% son utilizados tanto para transportar viajeros como mercancías. Asimismo, un 18% de la red española pertenece a vías de alta velocidad, en concreto, 2.760 kilómetros. La mitad de toda la actividad que se desarrolla en la red española de vías se concentra en tres corredores, los que transcurren de Madrid a Barcelona, a Valencia y a Irún.

De esta forma, la suma de los servicios de mercancías y de viajeros arroja una ratio de intensidad de uso de 35,2 puntos, casi 19 puntos menos que la media europea. En Países Bajos o Reino Unido, este uso de la red llega hasta los 146 puntos y los 96 puntos, respectivamente. En Alemania, asciende a los 78 puntos; en Italia, a los 55 puntos, y en Francia, a los 43 puntos. De todos ellos, solo Francia y España bajaron la intensidad en 2019.

RECORTE EN LA INVERSIÓN

El informe de la CNMC también concluye que el número de pasajeros de tren apenas creció un 0,7% y alcanzó los 511 millones de personas durante 2019, siendo el trayecto entre Madrid y Barcelona el más demandado, con casi 4,5 millones de viajeros.

El uso de la red ferroviaria generó a Adif y Adif Alta Velocidad unos ingresos de 1.275 millones de euros, un 4% más que en 2018. Tras varios ejercicios de crecimiento, los gestores redujeron sus inversiones en nuevas infraestructuras un 6,5%, destinando 1.141 millones, frente a los 1.220 millones de 2018.

Los servicios comerciales generaron unos ingresos de 1.503 millones de euros en 2019 y desplazaron un total de 34,5 millones de personas, dos de cada tres en Alta Velocidad. Los servicios de larga distancia convencional desplazaron un total de 12,1 millones de viajeros, el 35,2% del total.

Por su parte, los servicios sujetos a obligaciones de servicio público (OSP) representaron el 37,2% del total de los kilómetros recorridos por viajeros, de los que los servicios de cercanías representaron el 87%, mientras que la media distancia absorbió el 7%.

En términos de ingresos, los servicios OSP superaron a los servicios comerciales, con algo más de 2.002 millones de euros, de los que el 39,8% tuvieron su origen en la venta de billetes.

Abengoa ha procedido a extender de nuevo, hasta el próximo 19 de febrero, el plazo para el cierre de la operación de reestructuración del grupo y ha convocado Junta General Extraordinaria para el próximo mes de marzo, en la que se someterá el cese del actual consejo de administración y el nombramiento de la candidatura de Abengoa Shares, la plataforma de accionistas minoritarios, liderada por Clemente Fernández.

En un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Abengoa indica que, una vez obtenidos los consentimientos necesarios al efecto, se ha procedido a extender de nuevo el plazo para el cierre de la operación de financiación (‘long stop date’) hasta el 19 de febrero.

De esta manera, la empresa alarga por enésima vez el cierre del acuerdo que alcanzó el pasado mes de agosto con sus bancos acreedores para culminar el que sería su tercer rescate, que concluía, en un principio, este 1 de febrero.

El grupo alcanzó el pasado 6 de agosto un acuerdo para que Abengoa Abenewco 1, que según el plan está previsto que pasará a ser sociedad cabecera de todos los negocios de la empresa, suscribiera un préstamo a cinco años por importe de hasta 230 millones de euros para el que solicitó la garantía del ICO al amparo del Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes y extraordinarias contra el impacto social y económico el Covid-19.

Al préstamo de 230 millones sumaba Abengoa una línea de avales revolving a cinco años por importe de hasta 126,4 millones de euros, ampliable hasta 300 millones de euros, calificada como nueva línea de avales.

El cierre de la operación estaba pendiente de la contribución de la Junta de Andalucía a ese rescate en unos 20 millones de euros adicionales, que no se terminó de concretar.

El pasado 23 de diciembre, el nuevo consejo de administración de Abengoa, presidido por Juan Pablo López-Bravo, ya consideró que la refinanciación convenida el 6 de agosto de 2020 era «la mejor y única solución para el grupo».

El consejo de administración, con dos integrantes de los tres iniciales tras la dimisión de Jordi Sarrias, advirtió de que demorar su ejecución más allá del día 31 de este mes «conduciría a la liquidación del grupo, a la pérdida de miles de empleos y a la destrucción total de valor para Abengoa SA y para sus accionistas».

JUNTA CONVOCADA A PETICÓN DE ABENGOA SHARES.

Por otra parte, el consejo de administración de Abengoa, atendiendo a la solicitud de la plataforma de accionistas minoritarios Abengoa Shares, ha acordado la convocatoria de una Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo 3 de marzo, en primera convocatoria, o el 4 de marzo, en segunda convocatoria, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

En el orden del día de esta nueva Junta de Abengoa se abordará, además de informar sobre la situación de la compañía, la reprobación y cese de los miembros del actual consejo de administración.

Igualmente, se someterá el nombramiento de nuevos miembros para su órgano rector, entre los que figuran Clemente Fernández González, José Alfonso Murat Moreno y José Joaquín Martínez, miembros propuestos por Abengoa Shares.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que amplía la cobertura y prorroga el plazo de solicitud de las moratorias financieras para paliar los efectos económicos del Covid-19.

Los hogares, trabajadores autónomos vulnerables y empresas de los sectores de turismo y transporte podrán aplazar hasta un total de nueve meses el pago del principal y los intereses de sus préstamos hipotecarios y de consumo.

Asimismo, se extiende hasta el 30 de marzo el plazo para solicitar moratorias. Las moratorias ya concedidas no se verán alteradas, si bien quienes se hayan beneficiado de un aplazamiento anterior podrán solicitar uno adicional por un periodo máximo acumulado entre ambos de nueve meses.

Según ha comunicado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros, estas medidas complementan al resto de iniciativas ya aprobadas para paliar los efectos del coronavirus.

La moratoria de créditos hipotecarias podrá solicitarla quienes estén pagando cuotas hipotecarias por la adquisición de su vivienda habitual, local en el que desarrollan su negocio o vivienda destinada al alquiler en la que hayan dejado de percibir cuotas de su inquilino debido al estado de alarma.

De su lado, la moratoria de créditos al consumo permite la suspensión temporal de las obligaciones derivadas de préstamos o créditos al consumo, créditos asociados a tarjetas de pago, leasing, factoring o cualquier tipo de contrato de financiación con cuotas o liquidaciones periódicas al que esté haciendo frente cualquier consumidor o autónomo que se encuentre en situación de vulnerabilidad.

Para considerar que una persona o autónomo se encuentra en situación de vulnerabilidad, deben concurrir de forma conjunta las siguientes condiciones: que pase a estar en desempleo o que haya sufrido una caída en sus ventas superior al 40% si es autónomo, que el conjunto de los ingresos no supere el límite de tres veces el Iprem en el mes anterior a la solicitud (se incrementa cuando concurren circunstancias como la tenencia de hijos), que la cuota de préstamos hipotecarios más los gastos y suministros básicos supere el 35% de los ingresos netos de la unidad familiar y que el esfuerzo que representa la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos un 1,3 como consecuencia de la pandemia.

«Lo que pretendemos es que las personas en situación de vulnerabilidad o aquellos entornos empresariales que se han visto más afectados con motivo de la restricción de movilidad puedan tener suficientes instrumentos que les permitan atender a sus obligaciones y ser capaces de racionalizar los compromisos de pago», ha explicado la portavoz del Gobierno.

Según los datos del Banco de España, hasta el 31 de diciembre de 2020 se han concedido 1.380.585 moratorias, incluyendo tanto las del Gobierno como las que otorga el sector financiero al amparo de sus convenios.

El Gobierno ya prorrogó desde julio hasta el 29 de septiembre del año pasado la moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual y sobre los créditos al consumo, en ambos casos por una duración de tres meses, si bien desde entonces se había estudiado su recuperación, tal y como se demandaba desde Unidas Podemos.

EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO Y DE TRANSPORTE

Por otro lado, las empresas del sector del turismo podrán solicitar una moratoria de los préstamos con garantía hipotecaria de los inmuebles destinados al desarrollo de su actividad como hoteles, alojamientos turísticos y locales de agencias de viajes.

Igualmente, las empresas dedicadas al transporte público de mercancías y transporte discrecional de viajeros en autobús podrán aplazar los pagos del principal de las cuotas de sus préstamos, leasing o renting de vehículos.

Las moratorias del sector turístico y de transporte fueron aprobadas a principios de julio por real decreto, si bien los datos del Banco de España muestran que el número de solicitudes y concesiones ha sido muy inferior para estos dos tipos de moratorias.

En concreto, el número de solicitudes de moratoria legislativa para créditos hipotecarios de inmuebles correspondientes a una actividad turística se situaron hasta diciembre en 1.570, de las cuales se ha dado curso a 1.362, con un saldo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos superior a 2.000 millones de euros.

De su lado, las solicitudes de moratoria legislativa referida al transporte han ascendido a 1.836, habiéndose dado curso a 1.661, alcanzando el saldo pendiente de amortización de estos préstamos suspendidos los 125 millones de euros.

Las nuevas moratorias se suman a las medidas aprobadas la semana pasada, que incluyeron la ampliación, hasta el final del actual estado de alarma (9 de mayo), de la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, con objeto de atender a determinadas situaciones de vulnerabilidad que puedan producirse más allá del 31 de enero, actual fecha de finalización del referido plazo.

Asimismo, se extendió hasta esa misma fecha, 9 de mayo de 2021, los contratos que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses de los alquileres de vivienda, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, siempre que no se hubiese llegado a un acuerdo distinto entre las partes y que el propietario, persona física, no hubiese comunicado la necesidad de la vivienda para sí, en cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

l secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha señalado este martes que su Ministerio convocará a los agentes sociales la próxima semana para tomar una decisión definitiva sobre la Ley de trabajadores de plataformas digitales, conocida como Ley de riders, y que aunque su propósito es alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social, «la iniciativa legislativa no puede depender de alcanzar o no un acuerdo».

Así lo ha señalado en la rueda de prensa para valorar los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social, donde ha insistido en que en el caso de que no haya acuerdo, «aunque es un escenario al que no le gustaría enfrentarse», el Gobierno tendrá que asumir la responsabilidad legislativa de clarificar la situación entorno a la naturaleza jurídica de los trabajadores conocidos como riders.

El pasado 20 de enero, el Ejecutivo pidió a patronal y sindicatos que se fuese cerrando el texto de la ley de plataformas digitales. En el último encuentro que se celebró, el Ministerio que dirige Yolanda Díaz presentó un nuevo documento y pidió que la próxima reunión que se celebrara fuera para cerrar ya el texto de esta normativa.

Como novedad, en el texto presentado se propone una modificación del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores para dar derecho de información a los representantes sindicales en las implicaciones laborales que tienen los algoritmos con los que se organizan los turnos.

Además, en la redacción sigue presente que se establezca una condición de laboralidad, conforme se plasmaba en la sentencia del Tribunal Supremo. La norma establece los criterios que deben cumplir las plataformas digitales para ajustarse al marco laboral español y a las sentencias que han venido dictando distintos tribunales de justicia, entre ellos el Supremo, que ha considerado falsos autónomos a los repartidores de empresas como Glovo o Deliveroo.

También se mantiene el observatorio tripartito de las plataformas digitales. Esta medida, propuesta por las organizaciones sindicales, será un órgano de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el que estarán representados sindicatos y empresarios.

Este observatorio será informado mensualmente de los datos obtenidos del registro de plataformas digitales, y seguirá la evolución de la actuación de éstas, «constituyéndose en el órgano de interlocución permanente en esta materia entre la Administración General del Estado y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas», señaló el Gobierno en su última propuesta.

La composición, la forma de designación de sus miembros y su régimen de funcionamiento se establecerá mediante una orden ministerial.

LA LEY DE ‘RIDERS’, LA PRÓXIMA NORMATIVA QUE SE APROBARÁ

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolada Díaz, apuntó hace unas semanas que ley de plataformas digitales será la próxima reforma en materia laboral que aprobará el Gobierno y confirmó que esta normativa forma parte del paquete de reformas que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas.

Díaz insistió en que espera que la ley sea capaz de abordar la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan los trabajadores de las plataformas digitales.

Además, Yolanda Díaz considera que ahora era el momento legislar sobre los trabajadores de plataformas digitales acatando las sentencias del Tribunal Supremo.

Además, afirma que los riders son «autónomos sin autonomía», personas por cuenta ajena a quienes debe aplicarse la norma laboral incluida en la legislación. «Las personas transportistas de plataformas no son emprendedores», considera, tras afirmar que la intervención del Supremo a este respecto llega en un momento «clave» y tiene «un alcance de enorme interés».

EXISTE RELACIÓN LABORAL

El pasado mes de septiembre el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró que la relación existente entre un repartidor (‘rider’) y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En concreto, el alto tribunal estimó el primer motivo del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el demandante, argumentando que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad.

Así, el Tribunal Supremo sostuvo que Glovo no es una «mera intermediaria» en la contratación de servicios entre comercios y repartidores.

El Tribunal Supremo se pronunció de esta forma después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determinara el pasado mes de febrero en una sentencia que la empresa Glovo es una plataforma de reparto y no de comercio, por lo que «el sistema de prestación del servicio no se acomoda al ámbito funcional del convenio colectivo que la empresa demandada pretende aplicar».

El Ibex 35 ampliaba sus ganancias al 1,68% en la media sesión de este martes, conquistando la cota de los 7.900 puntos, impulsado por los valores turísticos en una jornada marcada por la presentación de resultados y la publicación de datos macroeconómicos.

El PIB de la zona euro sufrió una contracción del 0,7% en el cuarto trimestre de 2020 como consecuencia del impacto de la segunda ola de la pandemia de Covid-19, después de rebotar un 12,4% entre julio y septiembre, lo que llevó a la economía de la región a registrar una contracción del 6,8% en el conjunto de 2020.

En Estados Unidos, a la espera de conocer este viernes el informe de empleo, continúan las negociaciones entre demócratas y republicanos para sacar adelante el paquete de ayuda económica valorado en 1,9 billones de dólares (1,5 billones de euros) para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia anunciado por Joe Biden.

En España, la Seguridad Social perdió en enero una media de 218.953 cotizantes respecto al mes de diciembre (-1,1%) y el paro subió en 76.216 personas (su menor alza en este mes desde 2018), hasta alcanzarse un volumen total de parados de 3,96 millones (+21,8% respecto al año anterior).

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, dijo ayer que la reanudación de los viajes y el turismo para Semana Santa «será posible si se dan las condiciones de seguridad sanitaria», lo que a su vez depende de acelerar el proceso de vacunación, cuyo ritmo se espera reactivar esta semana tras los retrasos.

De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronosticó que el proceso de vacunación permitirá «la recuperación total de la movilidad en los próximos meses» y, con ello, la recuperación económica.

En este escenario, el Ibex 35 cotizaba en 7.929,2 puntos en torno a las doce del mediodía, con la mayoría de sus valores en positivo. Las mayores subidas las presentaban Aena (+4,88%), IAG (+4,35%), Amadeus (+3,54%), Sabadell (+3,33%), Santander (+2,92%), Santander (+2,92%), Acerinox (+2,89%), Solaria (+2,69%) y CIE Automotive (+2,65%).

Por el contrario, solo cotizaban en ‘rojo’ Red Eléctrica (-0,73%), Telefónica (-0,39%), PharmaMar (-0,35%) y Enagás (-0,08%).

En el Mercado Continuo, las acciones de Unicaja Banco se impulsaban un 2,72% y las de Liberbank un 3,64% tras presentar sus resultados de 2020.

El resto de bolsas europeas mantenían avances del 0,7% en Londres, del 1,8% en París, del 1,37% en Fráncfort y del 1,41% en Milán, tras la subida del 0,76% en el Dow Jones de Wall Street.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 54,79 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 57,6 dólares.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,20737 ‘billetes verdes’, mientras que la prima de riesgo española se situaba en 60 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,105%.

OHL se ha adjudicado dos nuevos contratos en Perú para la ampliación del sistema de autobuses de tránsito rápido de Lima por 53,7 millones de euros y para la mejora y rehabilitación del Hospital de Apoyo Chulucanas, al Noroeste del país, por otros 27,5 millones de euros.

En total, las nuevas adjudicaciones para la constructora española alcanzan los 81,2 millones de euros, lo que supone consolidar su presencia en este país, sobre todo en el ámbito de las infraestructuras de transporte y hospitalarias, según informa el grupo participado por los hermanos mexicanos Amodio.

En concreto, OHL realizará, bajo una Unión Temporal de Empresas (UTE), las obras de ampliación del tramo norte del ‘COSAC I’, desde la estación Naranjal hasta la Avenida Chimpu Ocllo, en virtud del contrato otorgado por la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima (Emape).

La obra comprende la construcción de un corredor segregado de 10,2 kilómetros de longitud, 17 nuevas estaciones, de las cuales 13 serán regulares con un embarque y las cuatro restantes integradoras con dos embarques, una terminal en Chimpu Ocllo y un patio de maniobras para 120 vehículos.

El proyecto incluye, además, la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, la adecuación de más de 180.000 metros cuadrados de áreas verdes y la instalación de más de 600 unidades de iluminación LED, señalética, cámaras de videovigilancia y fibra óptica para la monitorización de vías, entre otros trabajos.

Los beneficios derivados de esta ampliación se refieren, por un lado, al incremento en más de 790.000 viajes en todo el sistema metropolitano, la mejora de la movilidad y calidad de vida de más de 350.000 personas de cuatro distritos de Lima Norte, así como el acceso a un servicio de transporte «de calidad, más accesible y moderno».

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL

Respecto a la mejora y ampliación del Hospital de Apoyo de Chulucanas, contrato adjudicado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), los trabajos afectarán a una superficie de 24.953 metros cuadrados, disponiendo de 92 camas hospitalarias, 18 consultorios, 16 cunas, dos salas de operaciones y una sala de parto, entre otras instalaciones.

OHL suma así este proyecto a su experiencia en la construcción de hospitales, que se traduce en más de 150 instalaciones de nueva planta –equivalentes a cerca de seis millones de metros cuadrados y más de 60.000 camas–, cerca de 100 centros sanitarios y más de 200 actuaciones de renovación y rehabilitación.

La actuación en el Hospital de Apoyo de Chulucanas se suma a otras en Latinoamérica como el Hospital Militar de la Reina, en Santiago de Chile, el Hospital de Curicó o el Hospital Gustavo Fricke.

En Perú está presente desde hace más de 20 años, donde destaca la construcción de la Red Vial N° 4, dentro de la carretera Panamericana Norte; el proyecto de rehabilitación y mejora de la carretera Ayacucho-Abancay, con un total de 122 kilómetros,; así como los trabajos en el proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima.

La compañía participa, además, en la minería peruana a través de proyectos para las mineras Antamina, Quellaveco, Las Bambas y Yanacocha. En el ámbito de la edificación, destaca la construcción del Museo Nacional de Arqueología (MUNA), en Lima, y el Polideportivo de Villa el Salvador para los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Volkswagen Navarra ha batido en 2020 el porcentaje histórico de distribución de coches por vía ferroviaria. En total ha sido un 56% el índice de vehículos transportados en tren, superando por primera vez a la distribución por carretera.

Según ha informado la compañía en un comunicado, el compromiso del Grupo Volkswagen en la reducción de las emisiones de CO2 ha propiciado que la tendencia en el transporte de los vehículos por tren continúe al alza.

Por primera vez en la historia, ha añadido, la distribución anual de coches de Volkswagen Navarra inclina su balanza en favor del ferrocarril respecto al transporte por carretera. Se confirma así en 2020 la tendencia al alza de los últimos años en la utilización de este medio de transporte, al superarse en 7 puntos el porcentaje de coches distribuidos por tren en 2019.

En cifras absolutas, la fábrica distribuyó el año pasado un total de 137.362 vehículos en tren, más de la mitad de los 243.875 enviados desde Pamplona a otros destinos. El 93% de los coches producidos en 2020 en Volkswagen Navarra se ha exportado a 43 países.

Alemania ha sido el primer destino de los vehículos de la factoría navarra con un 25% de la producción, seguido de Italia con un 16% y de Francia con un 15%.

Para Pablo Mendívil Landa, gerente de Programación y Control de la Producción/Distribución de Volkswagen Navarra, estos datos confirman que la empresa «continúa apostando por el tren como medio de transporte ecológico, contribuyendo a una mayor fluidez de las carreteras y a la mejora del tráfico en general, lo que redunda en beneficio de todos los ciudadanos».

DESTINOS POR TREN

En 2020, Volkswagen Navarra distribuyó directamente por vía ferroviaria 25.446 coches con destino a Austria, Suiza y Alemania. Además, el tren ha sido también el medio de transporte utilizado para trasladar 111.916 vehículos desde Pamplona hasta los puertos de Barcelona, Santander y Tarragona, con destino final en Alemania, Australia, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Japón, Letonia, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Taiwan, Sudáfrica, Italia, Eslovenia, Gran Bretaña, Grecia, Turquía, Israel y Palestina.

Transfesa y Pecovasa son los operadores logísticos ferroviarios que operan en Volkswagen Navarra y que han posibilitado el aumento del envío de coches por tren. Participan también en el proceso la compañía Berge, responsable de las maniobras ferroviarias dentro de la fábrica, y Renfe y Adif, así como los puertos de Barcelona y Santander.

«Si bien todavía tenemos margen de mejora respecto a la flexibilidad y capacidad de adaptación del transporte ferroviario a las necesidades del sector de automoción, este año tan complicado todos los agentes involucrados hemos hecho un importante esfuerzo. Como resultado, hemos alcanzado un equilibrio entre el transporte por carretera y el ferroviario que pretendemos mantener en el futuro», ha valorado Pablo Mendívil.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, considera que Europa debe mantener un «perfil elevado» para acelerar la acción climática en el ámbito doméstico para ser «líder de la transición verde».

Durante su intervención en la sesión inaugural de la novena edición de la Global Annual Energy Meeting, organizada por EsadeGeo, la Representación de la Comisión Europea en España y EIT InnoEnergy, Ribera ha manifestado que la ambición climática de un país o región puede «moldear su capacidad de liderazgo multilateral».

«Europa necesita más que nunca mantener su postura elevada y acelerar la acción en el ámbito doméstico si queremos seguir siendo un referente mundial y un líder de la transición verde», ha manifestado.

En la jornada online ‘The Geopolitics of the Green Deal’ ha participado también la comisaria de Energía de la Comisión Europea, Kadri Simson, que ha analizado las implicaciones geoestratégicas de la transición energética, así como el liderazgo de Europa en la acción climática.

Simson ha destacado las dos prioridades estratégicas en este sentido que son el objetivo de que los Veintisiete sean climáticamente neutros en 2050 y su aspiración de ser un actor global más fuerte.

El Pacto Verde Europeo no es solo una agenda para transformar la economía y la sociedad de Europa. Tiene un impacto más allá de nuestras fronteras; es por eso que también debe ser un foco de nuestra acción exterior», ha manifestado.

La comisaria ha señalado además que garantizar el suministro de energía «no es solamente un elemento fundamental» para el desarrollo económico y social, sino también, un asunto que forma parte de las dinámicas de poder mundiales.

«El Pacto Verde no es solo una agenda para transformar la economía y la sociedad de Europa. Tiene un impacto más allá de nuestras fronteras, sobre todo, con nuestros socios más cercanos y en nuestro vecindario. Es por eso que también debe ser un foco de nuestra acción exterior: para que Europa pueda liderar esta carrera, necesitamos que otros nos sigan», ha indicado.

Por eso, ha insistido en la cooperación con los vecions del este y del sur de la UE: los Balcanes occidentales, el Mediterráneo y África. Sin embargo, ha advertido de que el liderazgo y las alianzas con otros actores deben ir de la mano con el fortalecimiento de la autonomía estratégica de Europa. «Debemos ser capaces de adaptarnos a los nuevos desafíos que se plantean en nuestra seguridad y resiliencia energética», ha comentado la comisaria que ha recordado que hasta ahora Europa ha sido un importador de gas y petróleo.

En ese sentido, defiende que la UE debe asegurar que su dependencia de combustibles fósiles no sea reemplazada por una nueva dependencia de materias primas. A su juicio, para hacer posible el nuevo sistema energético, se debe garantizar un acceso seguro, transparente y diversificado a las materias primas críticas.

En esa línea, Ribera ha apuntado que si se quiere que la transición energética sea sostenible es «necesario» aplicar un modelo de explotación global de los recursos naturales responsable, más racional, transparente y justo.

No obstante, ha reconocido que la transición energética implica cambios en el equilibrio de poder y plantea preguntas en materia de paz, estabilidad y seguridad. Asimismo, considera que es importante seguir de cerca la sostenibilidad de las materias primas y, a la vez, poner atención en los países cuyas economías dependen de la exportación de combustibles fósiles.

«Europa debe velar por mejorar la consistencia en esta transición, tanto en el ámbito interno como en el externo, fortaleciendo la cooperación para que entre los distintos actores podamos construir un futuro mejor para todos», ha valorado.

En la sesión han participado también el presidente del Centro de Geopolítica y Economía Global de Esade (EsadeGeo), Javier Solana, y el CEO de EIT InnoEnergy, Diego Pavía.

La compañía de software de negocio IFS ha cerrado 2020 con unos ingresos netos de 7.211 millones de coronas suecas (710,5 millones de euros), lo que representa un aumento del 14% en comparación con el año anterior, según ha informado la empresa en un comunicado.

En esta línea, IFS también destaca que los ingresos recurrentes ascendieron a 4.081 millones de coronas suecas (402,1 millones de euros) en su último ejercicio fiscal, lo que supone un incremento del 43% frente a los datos registrados en 2019.

Asimismo, detalla que los ingresos por software alcanzaron los 5.092 millones de coronas suecas (501,7 millones de euros), con un aumento del 26% respecto a 2019, mientras que la facturación en la nube aumentó un 60% en el mismo periodo.

La compañía también apunta que los ingresos por licencias para el área de servicios crecieron un 105% en comparación con 2019, mientras que los ingresos por licencias en aeroespacial y defensa se incrementaron un 37%.

IFS destaca que esta nueva mejora de sus resultados financieros en el ejercicio 2020 supone además el séptimo trimestre de crecimiento consecutivo de sus ingresos, con una mejora de entre el 5% y el 10% en los ingresos relativos a su área de gestión de servicios.

Así, agrega que, a pesar de la interrupción generalizada del mercado debido al Covid-19, se ha producido un aumento en la necesidad de adoptar modelos de negocio digitales en tiempo récord, «lo que ha jugado un papel decisivo en los excelentes resultados financieros de la compañía, que ha reforzado aún más su compromiso de ofrecer beneficios medibles a sus clientes y, si es posible, en lograrlo aún más rápido».

El consejero delegado de IFS, Darren Roos, se ha mostrado «muy satisfecho» de ver que una parte importante de los ingresos por licencias de la compañía procede de la apuesta de nuevos clientes que se han alejado de su anterior proveedor, lo que combinado con sus ingresos recurrentes, «consolida su negocio».

De cara al futuro, Roos ha incidido en que 2021 será un año «muy importante» para la empresa de software de negocio, con el lanzamiento de IFS Cloud el próximo mes de marzo.

Por su parte, la directora financiera de IFS, Constance Minc, ha destacado que 2020 es el tercer año consecutivo que la compañía anuncia un crecimiento de ingresos de dos dígitos y ha incidido en que, durante este período, ha aumentado los ingresos recurrentes en un 250%.

Esta consistencia, junto con la combinación de ingresos mejorados, revela un negocio fuerte que cuenta con todos los resortes necesarios para capitalizar el actual ciclo de inversión. Tenemos una clara fortaleza en nuestra propuesta de servicio, demostrada por los ingresos por licencias, que crecen un 105%, así como un enfoque en industrias concretas, como la aeroespacial y de defensa, que garantizan a nuestros clientes la continuidad», ha subrayado.

McDonald’s ha anunciado la puesta en marcha de la instalación de cargadores rápidos para vehículos eléctricos en los aparcamientos de sus restaurantes distribuidos por España, gracias a un acuerdo con Iberdrola y Endesa X.

Actualmente, McDonald’s cuenta ya con 46 puntos de recarga instalados y más de 90 adicionales en proyecto. La compañía prevé continuar con estas instalaciones y superar los 150 puntos de recarga a finales de este año 2021.

El proyecto se basa en cargadores rápidos, que van desde los 25 kilovatios (kw), 50 kw y 150 kw, hasta los ultrarrápidos de 350 kw, de los cuales hay pocos en España. Esto significa que, de media, en menos de media hora un usuario podría cargar hasta el 80% de la batería de su vehículo en McDonald’s.

Además, la compañía quiere promover el uso del coche eléctrico entre todos los usuarios y, por ello, ofrece este servicio a cualquier persona que se acerque hasta los aparcamientos en los que esté disponible, sin obligación de consumir en el restaurante.

En este sentido, McDonald’s destaca que cada instalación requiere de una importante inversión, que ronda los 80.000 euros.

Esta iniciativa forma parte de los compromisos de sostenibilidad de la compañía, y al mismo tiempo, se enmarca dentro del movimiento colaborativo «Happy Change», que McDonald’s presentó hace un año y que continúa impulsando con distintas iniciativas, entre las que se encuentra la instalación de electrolineras.

COMPROMISO CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

En materia de energía, McDonald’s lleva más de una década implementando medidas de eficiencia energética. Desde 2007, la compañía diseña sus restaurantes incorporando medidas constructivas e instalaciones eficientes en todo lo que respecta a equipos de cocina, iluminación y climatización.

Desde 2009, McDonald’s monitoriza el consumo eléctrico de sus restaurantes, instalando sistemas autómatas programables capaces de optimizar el uso de la energía.

En esta línea, más del 95% de sus restaurantes ya funcionan con energías renovables, así como también sus oficinas corporativas y las Casas de la Fundación Infantil Ronald McDonald.

La crisis sanitaria ha acelerado algunas de las tendencias que ya se vislumbraban en años anteriores en el ámbito inmobiliario, como el teletrabajo o el comercio electrónico, lo que provocará el auge de determinados sectores, principalmente el de la logística, durante los próximos años.

Según el informe ‘Tendencias del mercado inmobiliario en Europa’, presentado este martes por PwC y Urban Land Institute, pese a que el 44% de los agentes del sector encuestados cree que caerá la rentabilidad este año, el inmobiliario continuará siendo atractivo para la inversión.

«El Covid-19 ha transformado la forma que trabajamos y ha tenido un impacto brutal en el sector inmobiliario, pero más que crear nuevas situaciones ha acelerado tendencias como el teletrabajo y el comercio ‘online’, que avanzan de forma exponencial durante la crisis», ha asegurado el socio responsable del sector Construcción y Servicios de PwC, Antonio Sánchez Recio.

No obstante, los encuestados consideran que la recuperación del sector no será tan rápida como lo inicialmente esperado, sino que será «lenta y frágil» y haciendo frente a un doble desafío, los aspectos relacionados con el arrendamiento por una parte y la situación internacional por otra, como el Brexit, la inestabilidad política o la crisis comercial entre Estados Unidos y China.

En este sentido, el consejero delegado de Aliseda Inmobiliaria y Anticipa Real Estate, Eduard Mendiluce, cree que habrá oportunidades en la logística, las residencias de estudiantes o incluso en el ámbito hotelero, pero remarcado la necesidad de contar con un marco jurídico «muy claro».

También el consejero delegado adjunto y director financiero de Neinor Homes, Jordi Argemí, se ha referido a la «estabilidad gubernamental» como uno de los factores decisivos, ya que considera que la regulación en el sector es «alta e incluso excesiva», lo que se traduce en ocasiones en un modelo «rígido e incluso improductivo».

«El inversor pide una mejor gestión de la crisis sanitaria en todos los países y estabilidad gubernamental. Si la hay, existirá apetitivo inversor, si no, decrecerá, lo que se traduce en una bajada del valor de activos. Por ejemplo los bonos españoles siempre han tenido una rentabilidad menor a los de Portugal y, sin embargo, ahora ocurre lo contrario como efecto de lo que el inversor tiene en su cabeza», ha añadido Argemí.

ALQUILER

Respecto al mercado de ‘Build to rent’, el presidente de Tectum, Gonzalo Ortiz, cree que ha costado que las entidades financieras entren en este sector, pero que ya han reaccionado «favorablemente» y considera que ya asumen que van a pasar a ser una parte importante de su cartera de productos.

El informe también sitúa a Madrid como la única ciudad española dentro del ‘top 10’ de Europa para invertir actualmente en inmobiliario, en el octavo puesto, mientras que Barcelona este año queda relegada al puesto 13 «por la inestabilidad política y el intervencionismo regulatorio», según Sánchez Recio.

Berlín ocupa la primera posición, seguida de Londres y París. A partir del cuarto puesto se encuentran Frankfurt, Ámsterdam, Hamburgo, Munich, Madrid, Milán y Viena.

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado este martes que sin «el factor estacional» tan marcado del mercado laboral, el paro hubiese bajado en enero.

«El patrón negativo se repite en enero de 2021, pero es destacable que este enero sea mejor que el de 2020, antes de que el país empezase a sufrir la crisis del Covid», ha remarcado Pérez Rey durante la rueda de prensa para presentar los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de enero.

Así, ha señalado que, en enero, con los efectos de la pandemia y las restricciones de movilidad para hacer frente a la tercera ola, el número de personas en paro aumentó en más de 70.000, mientras que en enero del año pasado, el incremento fue de 92.000.

De hecho, ha puesto en valor que el mes de enero de este año es el cuarto mes de enero «con menos aumento del paro desde 2008» y que se sitúa en 34.000 personas por debajo del aumento medio del paro registrado en un mes de enero desde 2008.

«El aumento del desempleo es siempre una mala noticia», ha dicho Pérez Rey, que piensa que la evolución del paro hay que calificarla de «mesurada» si se compara con la crisis financiera.

De hecho, cree que la cifra de parados de enero sirve para cuantificar los «efectos positivos» que han tenido las medidas puestas en marcha por empresas, sindicatos y Gobierno a través del diálogo social para proteger el empleo. «Gracias a esta menor destrucción del empleo, el paro aumentó de forma contenida y muy por debajo de lo que sucedió en la crisis anterior», ha añadido.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, ha afirmado que enero ha sido «un mes considerablemente mejor» que el de diciembre.

De hecho, ha hecho hincapié en que la afiliación sumaría ocho meses consecutivos positivos en términos desestacionalizados desde el peor momento de la crisis, que se produjo en mayo.

«El ritmo de recuperación del empleo básicamente ha calcado el comportamiento de la pandemia y de las medidas puestas en marcha», según ha incidido el secretario de Estado, que ha recordado que enero es un mes «negativo» en el que terminan determinadas campañas navideñas y no han comenzado aún otras campañas estacionales, pero aún así este mes de este año «es menos malo que otros».

Según Arroyo, «enero ha tenido un buen comportamiento en afiliación descontando los factores estacionales y se ha visto afectado por situaciones climatológicas adversas», pero ha afirmado que los nuevos mecanismos de protección que se han prorrogado «continúan haciendo su labor».

En esta línea, Arroyo piensa que las medidas puestas en marcha por el Gobierno en el marco del diálogo social para hacer frente a la crisis «se han convertido en un estabilizador automático de la economía«.

Según ha señalado, si el ritmo de recuperación de la afiliación del mes de enero se mantuviera, «se estaría hablando de que se hubiera recuperado el nivel de afiliación previo a la crisis a finales de año, después del verano».

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha dado comienzo a las actividades de promoción internacional para 2021, con un calendario -impulsado junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e ICEX España Exportación e Inversiones, con la colaboración de CESCE- que contempla durante el año 62 acciones y se irá actualizando en función de la evolución de la pandemia del Covid-19.

Así, a lo largo de todo el año, el programa permitirá a las empresas españolas, especialmente a las pymes, el acceso a compradores internacionales de 30 países ubicados en Europa, Asia, América del Norte, América Central y del Sur, Oriente Próximo y Oceanía.

Además, se impulsarán actividades enfocadas a productos especializados, contribuyendo a cubrir todos los nichos del mercado y a diversificar la estrategia de internacionalización.

Según ha explicado FIAB, las restricciones impuestas por la pandemia han propiciado la búsqueda de nuevos formatos para la adaptación de algunas de estas actividades. A la habitual celebración de ferias internacionales, misiones de exportadores o promociones en los puntos de venta, se han sumado actividades ‘online’, como exposiciones y encuentros comerciales digitales, que permitirán continuar la estrategia de consolidación de mercados, así como la captación de nuevos socios.

«En un contexto dominado por la crisis del COVID-19, el impulso de la promoción internacional es una clave necesaria para impulsar la pronta recuperación de nuestra economía. Queremos consolidar y ampliar nuestra presencia en el mundo a través de actividades que acerquen a los compradores internacionales una oferta de gran valor, rica, variada, de calidad y segura, como es la española», ha asegurado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.

ESTADOS UNIDOS, ALEMANIA Y JAPÓN, PRIMEROS DESTINOS

Estados Unidos es la primera parada del calendario y hasta el 5 de febrero, un total de 22 empresas españolas participan en la Private Label Week que organiza Private Label Manufacturers Association (PLMA), uno de los encuentros comerciales más importantes para fabricantes de los principales minoristas del país.

La feria ha diseñado un evento ‘online’ como alternativa al encuentro presencial que se organiza tradicionalmente en Chicago en el mes de noviembre. Para mantener la actividad, se han diseñado reuniones virtuales con compradores, así como la exposición de productos en un stand virtual.

El mercado estadounidense es prioritario para la industria española, no solo porque se sitúa como el segundo socio comercial extracomunitario con el 5,7% del total de las exportaciones españolas, sino por la especial situación que viven algunos de los productos españoles en este mercado debido a los aranceles impuestos por la anterior Administración estadounidense.

Desde FIAB se ha solicitado a las autoridades españolas y europeas la puesta en marcha de las negociaciones para retornar a la situación de equilibrio entre ambas zonas y seguir compitiendo en igualdad de condiciones con otros países.

También en su formato digital, del 17 al 19 de febrero, se celebra Biofach. La feria de Alemania está dedicada al producto ecológico y supone una oportunidad para descubrir nuevas tendencias e innovaciones, además de intercambiar conocimientos con expertos.

De manera simultánea, Tokio acoge la feria Supermarket Trade Show, considerada como el principal encuentro comercial en Asia en lo relativo al suministro de supermercados. La feria de Japón, que mantiene su actividad presencial, contará con un Pabellón Agrupado Español, en el que las empresas españolas participarán a través de sus importadores, y un Mostrador de productos en remoto que contribuirá también a visibilizar una oferta que ya de por sí destaca en un mercado de casi 127 millones de habitantes.

El mercado internacional es uno de los principales motores de desarrollo de la industria de alimentación y bebidas, cuyas ventas al exterior se situaron en 2019 por encima de los 32.000 millones de euros. Así, más del 30% de la producción se destina al mercado exterior, por lo que FIAB apunta a la promoción internacional, junto a medidas para la protección y defensa del sector español en el contexto internacional, como una herramienta irrenunciable para el correcto desarrollo del sector.

El director financiero de Unicaja Banco, Pablo González Martín, ha comunicado que el grupo ajustará 1.200 millones tras la fusión con Liberbank para ahorrar 192 millones hasta 2023, de los que la mitad se materializarán rápidamente gracias a las palancas ya identificadas.

Durante la presentación de resultados de 2020 ante analistas e inversores, el directivo ha explicado que, de los 1.200 millones, el 45% corresponderá son costes de reestructuración, el 35% a provisionales adicionales de activos improductivos y el 20% a ajustes de puesta a valor razonable, costes de reestructuración de alianzas estratégicas y otras contingencias.

Según ha afirmado González, la experiencia en integraciones previas, las palancas ya identificadas y las mejores prácticas compartidas por Unicaja y Liberbank permiten a la entidad confiar en cumplir un calendario que contempla un ahorro de costes de 192 millones de euros, de los que el 15% se materializará en 2021 (29 millones), el 80% en 2022 (153 millones) y el 100% en 2023.

El grupo ya ha identificado una serie de medidas a implementar, que supondrán la mitad de los ahorros esperados. En concreto, contempla un ahorro de 32 millones de euros por parte de Unicaja que ya ha sido provisionado, así como otros 43 millones del plan de Liberbank sobre la excedencia pactada compensada (EPC) y 15 millones de la menor amortización de intangibles.

Otras iniciativas para ahorrar costes son los menores gastos de mantenimiento y administración de activos inmobiliarios gracias al refuerzo de coberturas y provisiones, la optimización de la red combinada de oficinas, la optimización de operaciones bajo una única plataforma tecnológica, la optimización de servicios centrales, la integración total de ‘back offices’ y factorías, el aprovechamiento economías de escala (por ejemplo, con compras), los ahorros en marketing y publicidad y la puesta en común de las mejores prácticas.

Preguntado por los planes sobre cierre de oficinas y ajustes de plantilla, el director financiero de Unicaja Banco ha explicado que se esperan «ahorros generales» de la fusión, pero todavía no se han hecho públicas las medidas a adoptar en este sentido.

«Obviamente tenemos un plan que esperamos ejecutar rápidamente, pero tenemos que ir paso a paso. Parte de las medidas requieren de acuerdos con las partes y las comunicaremos cuando alcancemos esos acuerdos», ha señalado.

En esta línea, el directivo ha puesto en valor que las medidas ya identificadas, como el ahorro ya provisionado por Unicaja y el EPC de Liberbank, permitirán acelerar la materialización de las sinergias y acelerar significativamente el proceso para alcanzar los objetivos marcados.

«Las tres medidas identificadas representan casi la mitad de los ahorros esperados y pueden implementarse muy rápido», ha destacado.

La operación implica sinergias de capital de 150 millones (40 puntos básicos) y la previsión es que la ratio CET1 fully loaded de la entidad combinada tras la fusión, con datos de diciembre de 2020, supere el 12,5%.

El exceso de capital se destinará a «mejorar significativamente» el beneficio por acción en el futuro, más de un 50% en 2023.

CALENDARIO DE LA FUSIÓN

En cuanto al calendario de la fusión, que avanza según lo previsto, el Registro Mercantil de Málaga ya ha designado a BDO para elaborar el informe independiente de la fusión.

Durante el mes de febrero tendrán lugar las reuniones del consejo de administración para aprobar la documentación y convocar a la junta de accionistas, que previsiblemente se celebrará en marzo y que deberá dar ‘luz verde’ a la operación.

Finalmente, se espera que a finales del segundo trimestre o principios del tercero las entidades obtengan las autorizaciones regulatorias necesarias y se complete la fusión.

La Vicepresidencia de Derechos Sociales propone, en el marco de la nueva Ley de Vivienda, que los grandes propietarios de inmuebles destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social, una medida que ayudará a poner fin a la «emergencia habitacional» en España al aumentar en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas.

Así lo ha indicado la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, durante su comparecencia en la comisión mixta para la coordinación y seguimiento de la estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Belarra ha argumentado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible implican también proteger el derecho a la vivienda, como recoge el artículo 47 de la Constitución, y para ello se necesita elaborar una ley estatal que «ataje de una vez por todas la desprotección que vive el conjunto de la ciudadanía frente a un sector inmobiliario que genera cada año pingües beneficios».

«Necesitamos una Ley de Vivienda que corresponsabilice al sector inmobiliario, al sector privado, en la garantía del derecho a la vivienda y le comprometa a cumplir con la función social que tiene que tener necesariamente la vivienda. Para ello es imprescindible que los grandes tenedores de vivienda, por ejemplo, pongan a disposición de las administraciones públicas un porcentaje de su parque para destinarlo a vivienda social», ha defendido.

De este modo, y «no tanto apostando de nuevo por la construcción», como se va a lograr ampliar «sustancialmente el parque público de vivienda en alquiler». «Si, por ejemplo, los grandes propietarios de inmuebles en España destinaran el 30% de sus viviendas al alquiler social, podríamos aumentar en muy pocos meses las viviendas disponibles en 140.000 o 150.000 inmuebles, ayudando a poner fin de esta manera a la emergencia habitacional que vive nuestro país», ha ahondado.

La secretaria de Estado también ha reivindicado la creación de un «escudo social sin precedentes» ante la pandemia del Covid-19, con medidas prorrogadas hasta final del estado de alarma y que ejemplifica el «cambio de rumbo» frente a los «recortes» derivados de la crisis de 2008 con «hechos y con políticas».

Entre ellas, ha destacado la suspensión de prácticamente todos los desahucios sin alternativa habitacional, la prohibición de cortes de los suministros básicos a personas vulnerables o la ampliación de las moratorias hipotecarias.

Al mismo tiempo este Gobierno ha prorrogado hasta el mes de mayo los ERTE, que han llegado a sostener a casi 3,5 millones de trabajadores y a 500.000 empresas, y que se ha erigido como el mecanismo impulsado por el Ministerio de Trabajo como la protección «más amplia y ambiciosa jamás desplegada» en España.

DISCREPANCIAS ENTRE LOS SOCIOS

Unidas Podemos mantiene con el PSOE, socio de Gobierno, «discrepancias sustanciales» en la confección de la nueva Ley de Vivienda, que están elaborando el Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia de Derechos Sociales.

Según explicaron fuentes de Unidas Podemos, existe «preocupación» por la dinámica que atraviesa la negociación sobre una normativa que debería llegar al Consejo de Ministros a lo largo de febrero. Y todo ello al apreciar que el PSOE muestra rechazo a la mayoría de sus propuestas.

Los desencuentros radican sobre todo en la necesidad de obligar a los grandes tenedores a que dediquen una parte de sus viviendas al alquiler social y el hacer permanente la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables, puntos centrales para la formación morada. También existen diferencias a la hora de poner en marcha «medidas efectivas» que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler.

En cuanto a la regulación de precios del alquiler, recogida en el acuerdo de Gobierno y detallada en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado (PGE), en Unidas Podemos explicaron que mandaron una propuesta al PSOE hace cuatro meses a la que aún no han contestado.

ÁBALOS RETRASA SU APROBACIÓN

El calendario que maneja el Ministerio de Transportes es seguir perfilando la nueva ley de Vivienda hasta mediados de febrero, y a partir de ahí, llevarla al Consejo de Ministros, según trasladaron en fuentes de este departamento, con lo que retrasa el calendario inicial que pactaron ambas formaciones de aprobar la ley en enero para que llegara al Parlamento en febrero.

A finales del pasado mes de octubre, PSOE y Unidas Podemos acordaron llevar la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y al Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses, con el fin de «limitar» y «eventualmente bajar», los precios de alquiler en zonas de mercado «tensionadas».

Belarra ya detalló en diciembre que su aspiración es que la nueva ley movilice la vivienda vacía propiedad de los grandes tenedores y forzar a que la saquen al mercado para incrementar la oferta de alquiler social en favor de las familias vulnerables.

Además, un informe de Vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030 califica de «fracaso» el ‘modelo luso’ de incentivos fiscales de cara a lograr bajadas del precio del alquiler, por el que se decanta el PSOE.

La demanda eléctrica nacional creció un 1% en enero con respecto al mismo mes del año pasado, ascendiendo a unos 24.074 gigavatios hora (GWh), según datos de Red Eléctrica de España (REE).

Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la cifra fue un 0,7% superior respecto a enero del 2020, según indicó el operador del sistema eléctrico.

En el mes de enero, y según datos estimados, la generación procedente de fuentes de energía renovable representó el 52,3% de la producción, un 34,9% más que el mismo periodo del año pasado. Además, en este primer mes del año el 74,7% de la producción eléctrica procedió de tecnologías que no emiten CO2 equivalente.

Con la información disponible a día de hoy, la generación de origen eólico del mes de enero alcanzó los 7.212 GWh, lo que supuso un 55,9% más que en el mismo periodo del año pasado, y cubrió el 29,5% de la producción, siendo la primera tecnología del ‘mix’ de generación nacional, por delante de la nuclear (21,2%) y de la hidráulica(16,9%). Los ciclos combinados representaron el 11%.

En el sistema eléctrico peninsular, la demanda de enero ascendió a unos 22.907 GWh, lo que representa un incremento del 1,5% frente al mismo mes del año anterior. Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda fue un 1,2% superior.

En el mes, el 54,1% de la generación peninsular fue de origen renovable y el 77,5% procedió de tecnologías que no emiten CO2 equivalente.

Por su parte, la eólica registró 7.129 GWh, un 56,1% superior a la de enero del año pasado, y se convirtió en la primera fuente de generación al aportar el 30,5% al ‘mix’.

CRECE UN 3,1% EN BALEARES Y CAE UN 13,1% EN CANARIAS.

Mientras, la demanda de energía eléctrica en las islas Baleares en enero ascendió a 470.639 megavatios hora (MWh), con un incremento del 3,1% con respecto a la registrada en el mismo mes del año anterior. Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas,la cifra cayó un 0,6%.

El ciclo combinado, con un 81,3% de la energía producida en Baleares, fue la primera fuente de generación eléctrica del archipiélago en enero, mes en que la energía renovable y que no emiten CO2 equivalente generada en la comunidad balear representó un 4,1 % del total.

Además, durante este mes la energía eléctrica procedente del enlace submarino entre la Península y Mallorca cubrió el 29,4% de la demanda eléctrica balear.

Por su parte, en las islas Canarias la demanda de electricidad ascendió a 658.120 MWh en enero, un 13,1% inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior. Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la cifra cayó un 13%.

En el archipiélago canario, también el ciclo combinado, con un 44,3% del total, fue la primera fuente de generación eléctrica de enero. Las renovables y tecnologías libres de emisiones representaron el 15,2% de la producción.