Unidas Podemos ha solicitado en el Congreso datos de la ejecución de los fondos Covid del Gobierno transferidos a la Junta de Andalucía, al sospechar que no se han ejecutado 400 millones de los más de 1.000 que se les ha aportado ya.

Así lo han explicado en rueda de prensa la secretaria general de Podemos Andalucía y diputada nacional por Córdoba, Martina Velarde, y su compañera de grupo Isabel Franco tras registrar una pregunta parlamentaria dirigida al Gobierno para conocer si la Junta de Andalucía ha remitido los informes relativos a la ejecución presupuestaria de los Fondos Covid-19, creados al amparo del Real Decreto-ley 22/2020.

Ante los efectos de la pandemia en los servicios públicos, junto a la caída de ingresos de las administraciones, el Ejecutivo creó un fondo especial dotado con 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas.

Así, las parlamentarias han subrayado que, de esa cantidad global, unos 2.000 millones corresponden a Andalucía, el mayor importe de todas las autonomías, repartidos en cuatro tramos.

Las diputadas de Unidas Podemos sostiene que el Gobierno andaluz ha recibido ya los tramos 1 y 3 de dichos fondos, destinados a paliar el impacto que la pandemia, con 597 millones para la sanidad pública y otros 384 de cara al sistema educativo.

JUAMNA MORENO ES EL "AYUSO ANDALUZ"

Con este contexto, Franco ha denunciado la "falta de transparencia" de la Junta de Andalucía sobre el destino y ejecución de estas partidas económicas y, por ello, solicitan al Ejecutivo si la administración presidida por Juanma Moreno ha aportado datos del destino de las cuantías.

De este modo consideran que, "con los pocos datos de los que se disponen, parece que el Gobierno andaluz sólo habría ejecutado el 60% de la cuantía total", unos 600 millones de euros, quedando sin ejecutar 400 millones.

Franco ha señalado que la "disparatada gestión" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha "ensombrecido" la también "disparatada" labor de Moreno, al que ha calificado del "Ayuso andaluz" y le ha reprochado falta de responsabilidad. Además, sospecha que 11 millones de euros han podido ir a parar a sufragar gastos de Canal Sur.

Mientras, Velarde ha asegurado que Andalucía cuenta con el menor número de PCR y rastreadores por número de habitantes" y "se han recortado camas en verano y en plena pandemia", por lo que le preocupa "dónde han ido" los Fondos Covid.

"Nos gustaría saber dónde está yendo el dinero transferido por el Gobierno porque en Andalucía la sanidad está colapsada y los contagios están tomando niveles muy preocupantes", ha subrayado la líder andaluza de Podemos.

La adopción urgente de cloud y un plan digital integral para pymes y familias son claves para la reconstrucción, según han expresado en la decimoquinta sesión de #LíderesResponsables de Fundación SERES el presidente de Accenture en España, Portugal e Israel, Domingo Mirón, y el presidente de Vodafone España, António Coimbra.

Estos diálogos entre la alta dirección sobre los retos de la reconstrucción postCOVID están enmarcadas en la iniciativa #SERESResponsables, punto de encuentro de necesidades y ofrecimientos en plena emergencia sanitaria y que implica a diferentes agentes (empresas, emprendedores sociales, ONG, líderes, etc).

El presidente de la Fundación SERES, Francisco Román, ha dado la bienvenida en este último encuentro, en el que ha abierto la sesión afirmando que "estos diálogos son un foro muy enriquecedor para reflexionar de la mano de los líderes empresariales sobre la importancia de la reconstrucción de un futuro alrededor de un propósito y las condiciones de liderazgo necesarias para tras la COVID-19".

A continuación, se han abordado los nuevos modelos de empresas tras la pandemia. En este sentido, Mirón ha afirmado que "todas las empresas estamos intentado equilibrar el corto y el largo plazo". "Desde mi punto de vista seguimos aprendiendo y cambiando. El primer cambio ha sido pasar al modelo virtual, nos hemos encontrado con una transformación de la forma en la que trabajamos y también cómo vivimos. Los frenos que teníamos para adoptar la tecnología han desaparecido y éste es uno de los cambios que ha llegado para quedarse y que modificarán la relación empresa-sociedadpersona", ha indicado.

"Es reconocido que se ha generado una corriente de creatividad, innovación acelerada, preocupación por la sostenibilidad que nos ha hecho más abiertos y receptivos a la opinión del otro. Es una nueva forma de hacer empresa y seguramente modifica el contrato social. Algunos datos muestran esta transformación. Según el estudio The Green behind the cloud se puede lograr una reducción del 5,9 % del total de emisiones en TIC, por una adopción acelerada del cloud en los próximos años. El 59% de los CEO cree que desplegando energías renovables en la actividad del día a día, reducirán el impacto en el planeta", explica.

Según Coimbra, "un plan digital es más necesario que nunca. España está dando los primeros pasos en el plan digital, que está organizando el gobierno. La pandemia ha dejado claro, que si no somos capaces de acelerar la transformación digital del país, tendremos un gran problema para ser competitivos en el futuro. Las redes, las infraestructuras que tenemos en España son excelentes. Ha habido una gran inversión detrás y ha ayudado a que sea posible una conectividad total en estos momentos.

"También la COVID-19 ha evidenciado que hay mucha gente que se ha quedado atrás, si pensamos en las habilidades digitales de las personas, a pesar de poder estar conectados. Por eso desde Vodafone hemos favorecido tanto la transformación de la educación. Un plan de educación digital que revise cómo educamos a las nuevas generaciones y actuales es crítico y debe formar parte del plan digital", ha subrayado.

Por otro lado, Domingo Mirón ha explicado "que el futuro del plan de digitalización y el impacto en las personas puede suponer una España más verde y una economía más sostenible para las próximas generaciones. Esto conducirá a empleo de calidad y una digitalización del talento, que será diferencial. Creo que debemos aspirar a ser líderes y la IA y la industria 4.0 pueden ayudar a ello". "También hay que aspirar a una España más cohesionada e inclusiva y que no deje a nadie atrás. Esto es un requisito indispensable para estos planes de la UE. En último lugar, es necesaria una España sin brecha de género con igualdad de oportunidades. Todo ello generará un círculo virtuoso", ha afirmado.

Coimbra ha argumentado cómo el 5G es un factor de desarrollo de la economía y del impacto social "puesto que abre casos de uso que van a transformar la sociedad". "Estamos pilotando más de 50 casos de uso, desde los coches autónomos hasta la IA. España debe liderar la revolución del 5G, porque tiene un impacto en la eficiencia energética transcendentales para el país. Es crucial digitalizar las pymes y dotarlas de capacidades digitales para afrontar la 4ª revolución industrial", ha señalado.

El encuentro también ha abordado el liderazgo con propósito. En este sentido, Mirón ha argumentado que el liderazgo responsable tiene mucho que ver con "generar emoción, compromiso, creatividad, empatía y humildad. Debe obedecer a un propósito, no solo dentro de la organización, sino en todos los grupos de interés. Sin lugar a duda, debe utilizar la tecnología emergente. Un líder responsable debe asumir que el éxito es un ejercicio continuo, en un entorno amplio con cada vez más jugadores".

"Según nuestra CEO mundial, las tres características fundamentales de un líder responsable son: humildad, porque necesitas socios y colaboradores, poner a las personas en el centro, los beneficios económicos y sociales son simbióticos y no excluyentes; y la, valentía, muy necesaria en situaciones como la que estamos viviendo".

En palabras de Coimbra "el objetivo para vencer como empresas no ha cambiado: ser una empresa admirada. Lo que ha cambiado es cómo ser una empresa admirada. Hoy en día el rol social de las empresas es esencial. Nuestra responsabilidad con el contrato social: conectividad, ayudar a relanzar la economía, generar empleo y digitalizar las pymes y las familias".

Fundación SERES promueve el compromiso de las empresas en la mejora de la sociedad. Hoy ya son unas 150 empresas, que representan alrededor del 70% de las compañías del el IBEX-35, y aproximadamente el 30% del PIB.

La secretaria general de financiación autonómica y local, Inés Olóndriz de Moragas, ha reconocido que habrá un retraso en la reforma de los sistemas de financiación de las Comunidades y las entidades locales por la pandemia del coronavirus, si bien ha garantizado que esta reforma "sigue encima de la mesa" de su departamento.

Durante su comparecencia en la comisión de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso de los Diputados, Olóndriz de Moragas ha explicado a los grupos parlamentarios que esta reforma sigue estando presente para el Ejecutivo central pero ha pedido entender que, dada la situación pandemica que hay en España, se haya tenido que demorar.

"No podemos acometer todos los temas a la vez", le ha dicho la secretaria general al diputado del PdeCat Ferran Bel después de que éste le preguntara por la situación en la que se encuentra esta reforma que el Gobierno se comprometió a acometer.

Asimismo, Olóndriz de Moragas ha confirmado que el Gobierno también sigue teniendo encima de la mesa una reforma del sistema tributario, aunque aún no hay nada decidido y se avanzará, según ha dicho, "en la medida que se pueda".

Eso sí, la secretaria general se ha mostrado partidaria de que esta reforma tributaria vaya "en paralelo" con la reforma del sistema de financiación anteriormente citada porque gran parte de los ingresos de las Comunidades Autónomas "quedan afectados por la reforma tributaria".

DEFIENDE LOS RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS

Los grupos parlamentarios han coincidido en abordar la financiación de las entidades locales, después de que el Gobierno central decidiera suspender las reglas fiscales y permitir así que los municipios pudieran liberar sus remanentes.

De este modo, los partidos han preguntado a la secretaria general en qué punto está el fondo que estaba negociando el Ministerio de Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para hacer frente a los gastos de la pandemia.

En este sentido, Olóndriz de Moragas no ha contestado explícitamente a esta cuestión y sí que ha reivindicado los recursos que irán destinados a las entidades locales en el proyecto de Presupuestos Generales para 2021.

"Tanto las Comunidades como las entidades locales van a contar con más recursos en 2021 que en 2020, con la ayuda de esos fondos europeos, pero el Gobierno es optimista en el sentido de que esos recursos adicionales servirán para activar la economía", ha sentenciado la secretaria general.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha advertido una "cierta contención" en la expansión del virus Covid-19 en la Comunidad desde la puesta en marcha del toque de queda el pasado 24 de octubre pese a lo que la incidencia "sigue siendo alta" por lo que la Junta baraja mantenerlo a partir de día 9 de noviembre, fecha en la que concluye la norma actual, y hasta que haya un "descenso sostenido".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Sanidad ha insistido en que, pese a que la curva se ha aplanado en la última semana, la situación de la Comunidad es de transmisión comunitaria, por lo que ha reclamado a la ciudadanía que se limiten al máximo los contactos, tanto en el medio rural como en el urbano.

Así, ha detallado que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de más de 500 por cada 100.000 habitantes en todas la capitales de provincia de la Comunidad, por lo que, a cinco días de renovarse medidas como el toque de queda lo "más probable" es que se mantenga hasta que se registre una caída generalizada de casos.

Tanto Igea como Casado han confiado en que la introducción desde mañana de nuevas medidas como el cierre de la hostelería o los gimnasios puedan ayudar también a reducir el número de contagios con el fin de no tener que llegar al punto de decretar un confinamiento domiciliario o perimetral por zonas, algo que, por el momento, no se baraja.

No obstante, Casado ha señalado que en la Conferencia Interterritorial celebrada este miércoles ha reiterado la necesidad de que se ponga en marcha un instrumento jurídico que permita a las comunidades autónomas poder decretar ese confinamiento domiciliario si fuera necesario, algo que, a su juicio, debería ponerse sobre la mesa desde el próximo 9 de noviembre.

Del mismo modo, Casado exigió también medidas homogéneas y unidad de criterio. "Uno de los consejeros comentaba que si alguien se dedicaba al transporte probablemente tendría que tener un gran libro de instrucciones, a mi me parece que es absolutamente necesaria la homogeneidad", ha defendido.

Ante la situación actual, tanto Igea como Casado han llamado al "confinamiento inteligente". "Tenemos que ser conscientes de la gravedad y quedarnos en casa durante el mayor tiempo posible", han defendido, tras lo que Casado ha aclarado que pese a cierto aplanamiento de la curva de contagios no se "fía nada" del coronavirus.

No obstante, Casado ha aprovechado para mandar un mensaje de esperanza a la ciudadanía. "La situación es muy compleja, vivimos una pandemia terrible y nunca conocida pero quiero mandar mensaje de esperanza, esto va a acabar".

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el Consejo General de al Abogacía Española han advertido este jueves en contra de suspender la actividad judicial como parte de las medidas para contener la segunda ola de la pandemia de coronavirus, subrayando el "daño" que esto causó en la primera ola, con lo que se suman así al llamamiento realizado en los últimos días por las asociaciones de jueces para no parar la justicia.

"A nuestro juicio, no puede justificarse en modo alguno ninguna limitación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, entre otras cosas, porque no está contemplada en el Real Decreto 926/2020" por el que se decreta el nuevo estado de alarma, ha afirmado la APIF en un comunicado.

La asociación de fiscales ve necesario "aprender del camino recorrido" para "evitar por todos los medios que un Poder del Estado, el Judicial, sea desactivado", recordando que se configura "no solo como garante de los derechos de todos los ciudadanos sino como control de la actuación de los otros dos poderes del Estado".

En su opinión, "existen medios adecuados para que la Justicia funcione con normalidad y con garantías tanto para los usuarios de este servicio público esencial como para los que trabajan en ella", gracias a la inversión en nuevas tecnologías y a las medidas preventivas. Así, ha apuntado al uso de medios telemáticos y de mascarillas y a la distancia social.

La APIF ha instado tanto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como a la Fiscalía General del Estado a "remover todos los obstáculos que aún existen para conseguir que el ciudadano cuente con una justicia que no esté desconectada, que no esté paralizada". "Es preciso garantizar, más que nunca, el acceso a la Justicia", ha planteado.

Además, ha recordado que los tres meses de suspensión de plazos procesales que se aplicaron el pasado 14 de marzo causaron un "grave daño" tanto a los trabajadores de la administración de justicia como a los justiciables.

En este sentido, ha advertido de que "el funcionamiento de la justicia es manifiestamente mejorable", de modo que "si a su situación endémica se suma una paralización el panorama sería desolador".

Es preciso conjugar funcionamiento de la justicia, en esta situación de pandemia, con seguridad en el trabajo, con prevención efectiva de riesgos laborales para los que trabajamos en los juzgados y tribunales, así como asegurando unas condiciones seguras para cualquier ciudadano que acude a la justicia esperando una respuesta de ella", ha exigido.

UN SERVICIO ESENCIAL

En la misma línea se ha expresado el Consejo General de la Abogacía Española ante el posible aumento en las limitaciones a la movilidad de los ciudadanos, incluido un eventual confinamiento domiciliario.

Ante el "riesgo" de que "se puedan tomar nuevas decisiones limitativas de los derechos y de la prestación de los servicios públicos", ha reivindicado que "la justicia es un servicio esencial para la ciudadanía, así recogido en la Constitución, y como tal debe ser considerado a efectos de su prestación al conjunto de la ciudadanía".

"A la luz de las graves consecuencias que el cierre de juzgados y tribunales tuvo la pasada primavera, el conjunto de la abogacía considera que la justicia no puede cerrar sus puertas de nuevo reproduciendo la situación vivida durante el primer periodo del estado de alarma", ha dicho.

A este respecto, ha esgrimido que "el conocimiento sobre la transmisión del virus y de las medidas necesarias para evitar su contagio ha avanzado sustancialmente con relación a la situación de hace seis meses, así como la preparación de los juzgados y tribunales para garantizar todas las medidas de prevención".

Por ello, la Abogacía Española entiende que "son el Gobierno y las diferentes comunidades autónomas quienes deben garantizar las condiciones necesarias para que la justicia pueda seguir prestándose como servicio esencial que es, ofreciendo plenas garantías de seguridad".

"LA JUSTICIA NO PUEDE PARAR"

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y el Foro Judicial Independiente (FIJ) ya emitieron el miércoles un comunicado conjunto en el que exhortaban al CGPJ, al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas a adoptar las medidas necesarias para permitir que la administración de justicia siga funcionando en la segunda ola.

"La justicia no puede parar", defendieron, argumentando que "el derecho fundamental de los ciudadanos a obtener la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos no debe quedar suspendido por la declaración del estado de alarma". "Esto supone que, además de asegurar que se atienden los asuntos urgentes e inaplazables, ha de procurarse que, en la medida de lo posible, no se paralicen los demás", aclararon.

Para las asociaciones judiciales, "lo anterior no es incompatible con que se garantice debidamente la seguridad y la salud de todos cuantos trabajan, prestan servicios o se relacionan diariamente con los juzgados y tribunales. Así, abogaron por fomentar el uso de medios telemáticos y el teletrabajo y pidieron habilitar "espacios alternativos disponibles y personal de emergencia seleccionado" por si fueran necesarios.

"Desde estas premisas, las asociaciones firmantes ofrecemos nuestra colaboración para diseñar los planes de actuación que se consideren necesarios a fin de afrontar esta situación de la manera menos perjudicial posible", concluyeron.

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno, a propuesta de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, al Decreto por el que se regula la estructura, composición y funcionamiento del Observatorio regional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, una de las medidas contempladas en la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de Igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Región de Murcia.

El Observatorio de Igualdad LGTBI tiene por objeto configurar un órgano con participación social e institucional en el que queden representadas las entidades de los colectivos LGTBI de la Región, que sirva como foro de estudio, consulta y diálogo permanente para detectar las necesidades emergentes y elaborar propuestas que sirvan para trabajar en defensa de la igualdad y los derechos de estas personas.

Trata asimismo de mejorar la atención y el acompañamiento en diferentes procesos relacionados con temas que afectan a este colectivo, así como de conseguir que la sociedad murciana sea más abierta y tolerante y no deje paso a ningún tipo de discriminación por cuestión de identidad de género u orientación sexual.

Entre sus funciones iniciales estará la promoción de la realización de informes, publicaciones o jornadas que muestren la realidad del colectivo en la Región de Murcia para garantizar sus derechos en materia de políticas públicas; presentar propuestas que promuevan la transversalidad del enfoque de los derechos de estas personas; evaluar la aplicación del principio de igualdad entre las administraciones públicas; proponer y organizar actividades de sensibilización para la erradicación de la violencia que padecen algunas personas, en el ámbito educativo; además de promover la formación del personal de distintas áreas sociales y la elaboración de un informe anual que refleje el grado de cumplimiento de la Ley 8/2016 que ampara a la Región.

El Pleno y la Comisión Permanente del Observatorio, que se reunirán una vez al semestre y en dos sesiones ordinarias al año respectivamente, serán los encargados de estas evaluaciones. Su composición contará con una amplia representación, entre otros, de las consejerías de la administración regional; entidades de discapacidad, familia, educación, juventud; agentes sociales como la Federación de Municipios, sindicatos, empresarios, Tribunal Superior de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y medios de comunicación.

Esta diversidad constituye un aspecto fundamental para la comprensión e identificación de políticas orientadas a la mejora de la inclusión de este grupo social y, sobre todo, un papel transformador que corresponde a todos los agentes involucrados.

El plazo de presentación de candidaturas de entidades ciudadanas y LGTBI para formar parte del Observatorio será de 20 días desde la entrada en vigor del decreto, y será la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género quien examine las solicitudes.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha advertido una "cierta contención" en la expansión del virus Covid-19 en la Comunidad desde la puesta en marcha del toque de queda el pasado 24 de octubre pese a lo que la incidencia "sigue siendo alta" por lo que la Junta baraja mantenerlo a partir de día 9 de noviembre, fecha en la que concluye la norma actual, y hasta que haya un "descenso sostenido".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Sanidad ha insistido en que, pese a que la curva se ha aplanado en la última semana, la situación de la Comunidad es de transmisión comunitaria, por lo que ha reclamado a la ciudadanía que se limiten al máximo los contactos, tanto en el medio rural como en el urbano.

Así, ha detallado que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de más de 500 por cada 100.000 habitantes en todas la capitales de provincia de la Comunidad, por lo que, a cinco días de renovarse medidas como el toque de queda lo "más probable" es que se mantenga hasta que se registre una caída generalizada de casos.

Tanto Igea como Casado han confiado en que la introducción desde mañana de nuevas medidas como el cierre de la hostelería o los gimnasios puedan ayudar también a reducir el número de contagios con el fin de no tener que llegar al punto de decretar un confinamiento domiciliario o perimetral por zonas, algo que, por el momento, no se baraja.

No obstante, Casado ha señalado que en la Conferencia Interterritorial celebrada este miércoles ha reiterado la necesidad de que se ponga en marcha un instrumento jurídico que permita a las comunidades autónomas poder decretar ese confinamiento domiciliario si fuera necesario, algo que, a su juicio, debería ponerse sobre la mesa desde el próximo 9 de noviembre.

Del mismo modo, Casado exigió también medidas homogéneas y unidad de criterio. "Uno de los consejeros comentaba que si alguien se dedicaba al transporte probablemente tendría que tener un gran libro de instrucciones, a mi me parece que es absolutamente necesaria la homogeneidad", ha defendido.

Ante la situación actual, tanto Igea como Casado han llamado al "confinamiento inteligente". "Tenemos que ser conscientes de la gravedad y quedarnos en casa durante el mayor tiempo posible", han defendido, tras lo que Casado ha aclarado que pese a cierto aplanamiento de la curva de contagios no se "fía nada" del coronavirus.

No obstante, Casado ha aprovechado para mandar un mensaje de esperanza a la ciudadanía. "La situación es muy compleja, vivimos una pandemia terrible y nunca conocida pero quiero mandar mensaje de esperanza, esto va a acabar".

Dos módulos de la cárcel de Albocàsser (Castellón) han sido aislados de manera preventiva tras informar este miércoles una profesora que había impartido un curso de cerámica de que había dado positivo en coronavirus, según han informado fuentes de Instituciones Penitenciarias.

ACAIP Albocàsser ha informado en un comunicado que donde se produjo el contacto más estrecho de la monitora con los internos fue en la realización de una paella el día 28 de octubre como despedida del curso, en la que se juntaron 43 internos y diversos profesionales del centro, la cual, según el sindicato, fue autorizada por la Dirección del centro "a pesar de las restricciones que rigen en la comunidad autónoma, que no permite reunirse más de 6 personas".

Según ACAIP, este hecho "no es aislado", ya que en otro módulo también se celebró una comida de las mismas característcias el día anterior. Para el sindicato, este tipo de celebraciones, en el contexto actual, "es una grave irresponsabilidad por parte de la Dirección del centro, donde se pone en peligro la salud de los trabajadores y los internos del centro penitenciario.

Desde ACAIP se ha solicitado el cese de la Dirección del centro y que se investigue lo sucedido, "para intentar aclarar si se han producido irregularidades que hayan puesto en peligro la salud tanto de los trabajadores penitenciarios como de los internos".

Instituciones Penitenciarias que la paella se permitió porque los reclusos que participaron en la misma vivían en el mismo módulo, por lo que se consideran "convivientes". Tras la celebración de la comida, hubo algunos reclusos de ese módulo que fueron trasladados a otro distinto, por lo que, una vez se tuvo conocimiento del positivo de la profesora, se decidió aislar ambos módulos.

Al respecto, han señalado que es están realizando test de antígenos a todos lo palpitantes en la paella, aunque de momento no se ha registrado ningún positivo.

Por otra parte, Instituciones Penitenciarias ha informado que, actualmente, en la prisión de Albocàsser hay un interno que ha dado positivo tras mantener un contacto familiar, así como 4 funcionarios contagiados por parte de una compañera.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado que el Gobierno Vasco ha convertido el Día de la Memoria, que se celebrará el próximo martes "en un ejercicio de blanqueamiento de ETA" y ha considerado que "la naturaleza y el objetivo" de esa jornada, que "debería ser recordar a las víctimas del terrorismo", se ha "pervertido" para "transformarlo en una pantomima a medida de los intereses de quienes justifican el terrorismo".

Covite, de este modo, ha criticado la campaña puesta en marcha por el Instituto de la Memoria del Gobierno vasco, Gogora, en la que en una serie de vídeos protagonizados por jóvenes se hace hincapié en que "todas las víctimas deben ser tratadas por igual, porque todas han sufrido, sin mencionar si quiera por qué han sufrido, puesto que no se pronuncian las palabras terrorismo y ETA". A su juicio, esto supone "un burdo intento de negar que ha habido terrorismo en el País Vasco".

En ese sentido, ha incidido en que "reconocer el sufrimiento de las víctimas debe ir acompañado de una condena tajante de las razones por las que ese sufrimiento ha sido infligido". "El significado de las víctimas no es otro que la intencionalidad con la que los asesinos nos constituyeron en víctimas: un proyecto político nacionalista y excluyente. Por eso el significado de las víctimas de ETA es político, porque ETA no mató por barbarie ni por venganza, ni para robar la cartera de sus víctimas. Asesinó por un proyecto político", ha remarcado.

Para la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, "obviar esa especificidad del terrorismo de ETA es exactamente lo que buscan quienes no han condenado a ETA y la justifican: un manto de silencio que diluya sus responsabilidades criminales, que no les inste a condenar el terrorismo". "Negar el significado político de las víctimas de ETA no contribuye a la construcción de la Memoria digna que merecen", ha añadido.

"MANIPULACIÓN"

En este sentido, ha señalado que la "manipulación" de la campaña puesta en marcha por Gogora obedece a "una estrategia muy evidente de asentar un relato amable sobre lo que ha sido el terrorismo de ETA". "El nacionalismo busca privatizarnos y hacer hincapié exclusivamente en nuestro sufrimiento, omitiendo las razones por las cuales somos víctimas", ha lamentado Ordóñez.

Tras asegurar que las políticas públicas de Memoria del Gobierno vasco "omiten quiénes causaron la mayor vulneración de derechos humanos que hemos vivido en el País Vasco en los últimos cincuenta años", Covite ha insistido en que "tampoco se habla de la falta de libertad que ha padecido -y todavía padece- una parte de la sociedad vasca, consecuencia, precisamente, del terrorismo de ETA".

"Pero en esta campaña incluso se ha ido más allá y no se mencionan siquiera las palabras ETA y terrorismo. Somos víctimas de no se sabe qué violencia", ha denunciado el colectivo, al tiempo que ha censurado que "para ocultar que el terrorismo ha sido el mayor problema para la paz y la convivencia en Euskadi" se iguala a las víctimas en su "condición doliente, de sufrimiento" con las de otras violencias que "nada tienen que ver con el terrorismo".

Desde Covite cuestionan si "el Gobierno Vasco abordaría la violencia machista o racista sin ni siquiera mencionar las palabras machismo o racismo". "Evidentemente, no lo haría", sentencian. "Todas las violencias deben ser condenadas y desligimitadas por los poderes públicos, tratadas cada una de ellas de forma individual, con la importancia y la gravedad que merecen", defienden desde el colectivo.

Asimismo, ha asegurado que la "estrategia de ocultación del terrorismo de ETA coincide con el deseo mayoritario de la sociedad vasca de pasar página del terrorismo sin cuestionarse nada, sin renunciar a los objetivos políticos máximos de quienes justifican a ETA y sin censurar que el brazo político de ETA se haya integrado en la vida democrática bajo una falsa normalidad sin haber condenado el terrorismo".

Finalmente, Covite ha considerado que el formato y el enfoque del Día de la Memoria es "una cesión de los partidos políticos al nacionalismo, que vuelven a dejar la construcción de la Memoria pública en manos de los herederos políticos de los terroristas". En su opinión, esto supone "un retroceso en la batalla de un relato honesto y digno para las víctimas".

La consellera de Cultura de la Generalitat, Àngels Ponsa, ha asegurado este jueves que el departamento está ultimando unas orientaciones para las cabalgatas de Reyes, que deberá validar el Procicat, pero ha señalado que "no habrán actos que acumulen mucha gente".

En rueda de prensa para presentar ayudas al sector cultural, ha dicho que en cada municipio los Reyes llegan de una forma diferente y que dispondrán de unos criterios como marco condicionados a la situación por el coronavirus: "Es necesario tener unas indicaciones de lo que no se puede hacer", ha subrayado.

En esa misma línea, el subdirector general de Protección Civil de la Generalitat, Sergio Degaldo, ha expresado en la rueda de prensa de seguimiento de Covid-19 que "el formato clásico de la cabalgata es una línea roja", por el riesgo de contagio que implican las aglomeraciones que suele haber en este acto.

"Hay una serie de líneas rojas que es evidente que nos tenemos que marcar. Una de estas son las aglomeraciones, comportan riesgos desde el punto de sanitario, de contagio", ha dicho al preguntársele en rueda de prensa sobre cómo se celebrarán estos actos y si podrán hacerse en todos los municipios de Catalunya.

Delgado ha advertido de que "todo el mundo debe entender y asimilar, de la misma forma, que si se mantienen las medidas actuales no podrá haber la comida o cena más o menos amplia con familiares y amigos" durante la celebración de Navidad.

Ha señalado que la Cabalgata de Reyes ya supone "un sobreesfuerzo" para mantener la seguridad, que este año se suma a las medidas de contención del coronavirus.

Ha aseverado que el formato habitual de las cabalgatas no será viable, si bien ha afirmado que están "trabajando en formatos alternativos que puedan permitir que las criaturas y las familias vean a los Reyes".

TIPO DE CABALGATAS

La consellera Ponsa ha dicho que en algunos municipios de tamaño pequeño se podrá plantear hacer el cortejo itinerante y que los niños lo puedan ver "desde la ventana o la puerta" de casa, u otros que, en lugar de hacer la cabalgata a la tarde, pueden comenzar a mediodía.

Lo que ha querido dejar claro es que "no habrán actos que acumulen mucha gente", así como posiblemente tampoco lanzamiento de caramelos durante el itinerario.

Àngels Ponsa ha afirmado que una vez se disponga de los parámetros y pase por el Procicat se trasladará a los ayuntamientos, y cada consistorio hará su propuesta para la celebración de la cabalgata.

En una entrevista en TV3, ha asegurado que habrá cabalgatas pero condicionadas a la situación epidemiológica, por lo que podrá haber algunas "más estáticas" y otras que sean más itinerantes.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alzira (Valencia) a un hombre de 51 como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras al parecer golpear a una mujer con varias botellas en la cabeza, apuñalarla con los cristales rotos y golpearle la cabeza contra un escalón.

La víctima precisó de 70 grapas y además puntos de sutura por cuello, cabeza, brazos y piernas, por lo que fue ingresada en el Hospital de la Ribera, según ha informado las fuerzas de seguridad en un comunicado.

Los hechos ocurrieron sobre las 00.15 horas de la noche del miércoles, cuando los agentes que realizaban labores de prevención fueron alertados por la Sala del 091 para que se dirigieran a un establecimiento de la localidad de Alzira (Valencia), donde, al parecer, se escuchaban gritos y botellas rompiéndose.

Inmediatamente, los policías se dirigieron al lugar, donde encontraron la persiana bajada y, tras dar varios golpes en ella, oyeron cómo una persona pedía auxilio. Los agentes tiraron de la persiana, ya que se encontraba abierta, y accedieron al interior del local.

Allí descubrieron un reguero de sangre y cristales rotos que les llevó hasta el final del local, donde localizaron a dos personas, una mujer en el suelo ensangrentada llena de heridas y un hombre junto a ella con la camiseta llena de sangre. Los agentes auxiliaron rápidamente a la mujer y solicitaron un indicativo sanitario ya que las heridas que presentaba revestían gravedad.

Las primeras investigaciones apuntan a que, momentos antes, el sospechoso al parecer había agredido a la mujer golpeándola varias veces con botellas y llegando a reventarle más de una en la cabeza. Además, la habría apuñalado con los cristales rotos para después agarrarla fuertemente y estamparle la cabeza contra el vértice de un escalón. La víctima al parecer intentó escapar varias veces peor no lo consiguió.

Finalmente, los policías detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. La mujer fue trasladada al Hospital de la Ribera donde requirió 70 grapas y una cantidad indeterminada de puntos de sutura por cuello, cabeza, brazos y piernas.

Agentes de la Policía Nacional en Écija (Sevilla) han detenido a un varón, de 41 años de edad, por su presunta participación en un delito continuado de incendios forestales.

La Policía llevó a cabo un dispositivo creado especialmente para resolver la autoría de los fuegos intencionados que se sucedían en la zona conocida como Corta del río Genil, en la citada localidad, según informa en un comunicado.

La investigación policial comenzó el pasado mes de septiembre cuando se produjeron los primeros incendios que evidenciaban que estos pudieran tratarse de fuegos intencionados. Por este motivo se creó un grupo 'ad-hoc' con un despliegue policial en la rivera del río Genil, a su paso por dicho término municipal.

Los agentes que patrullaban la zona el pasado día 24 de octubre observaron a una persona en compañía de un perro de raza, que ante la presencia policial "se escondió entre la maleza intentado evitar a los agentes y en ese preciso instante en el lugar comenzó a salir una columna de humo.

El incendio se propagó rápidamente por la linde de un camino peatonal y cercano a una parcela habitada en la que se encontraban varias familias y sus vehículos, por lo que tuvieron que ser avisados de emergencia los Servicios de Extinción de Incendios.

Los agentes especialistas pertenecientes a la Unidad de Policía Científica realizaron la inspección técnico policial en la zona afectada, detectando "dos focos de ignición del fuego que acababa de ser extinguido". Paralelamente, la persona localizada por la Policía entre los arbustos, reconoció espontáneamente ser el autor del fuego, llevando a los agentes hasta el lugar donde había arrojado el mechero encendedor que utilizó para provocar el incendio.

Ello unido a otros indicios obtenidos por los agentes, así como el estudio exhaustivo de anteriores fuegos intencionados ocurridos en la zona y que ascendían a otros cinco, permitieron proceder a la detención de un hombre de 41 años de edad al que se le imputa un delito continuado de incendios forestales y que ya ha pasado a disposición de la Autoridad Judicial.

La vicepresidenta Carmen Calvo ha admitido que el Gobierno "ha llegado a entender" que la opción de la Comunidad de Madrid de plantearse cierres perimetrales sólo en los puentes de noviembre era una medida "adecuada", a la vez que ha dicho percibir un "giro" del PP a la "moderación" y a la "institucionalidad" a la vista de que Pablo Casado abra la puerta a un eventual confinamiento domiciliario en caso de que el coronavirus esté "absolutamente descontrolado" en un área.

"Siempre va a ser bien recibido cualquier giro del PP a la moderación y a la institucionalidad de las que ellos solos se apartaron durante tanto tiempo, incomprensiblemente", ha manifestado Calvo en declaraciones a los periodistas desde Alcalá de Henares (Madrid).

En todo caso, ha destacado que el lugar donde tiene que producirse los debates en torno a la evolución de la segunda ola del coronavirus es el Consejo Interterritorial de Salud, donde ha recordado que este miércoles el Ejecutivo y todas las comunidades autónomas acordaron por unanimidad mantener los plazos establecidos en el decreto del segundo estado de alarma y aplazar las nuevas medidas a adoptar.

La 'número dos' del Ejecutivo sostiene que "todos" deben ser "muy prudentes" sobre los contenidos técnicos, médicos y científicos para trasladar a la población "la mayor tranquilidad y seguridad posibles".

Y, por eso, ha aplaudido que el PP haya abandonado la "radicalidad" y la "irresponsabilidad" que ejerció la semana pasada, cuando "incomprensiblemente" decidió abstenerse en el decreto del estado de alarma decidido por el Gobierno cuando se trata de un instrumento jurídico que da capacidad a las comunidades autónomas para proteger a la población de la crisis de salud que una pandemia trae consigo.

TAL VEZ ESTÁN EN EL CAMINO DE LA REFLEXIÓN

"La semana pasada el PP perdió a oportunidad de estar con el Gobierno pero tal vez esté en el camino de la reflexión", ha apuntado Calvo, no sin destacar que las decisiones en el Consejo Interterritorial de Salud se adoptan con "mucho más consenso y equilibrio" de lo que a veces el partido de Pablo Casado traslada al debate político.

Preguntada, en concreto, sobre si seguía pensando que la decisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de cerrar Madrid los dos puentes de noviembre era una "ocurrencia", Calvo ha respondido que el Gobierno ha llegado a entender que esa opción puede ser "adecuada".

La vicepresidenta ha defendido que el Gobierno intenta hacer dos cosas "lo mejor posible", que es cumplir con el decreto del estado de alarma y "cogobernar" con las comunidades, que son las que tienen la competencia de Sanidad.

"Y fíjense hasta que punto somos corresponsables y comprensivos de las situaciones diferentes que se viven en diferentes puntos del país que hemos llegado a entender que la opción de cerrar los dos puentes puede ser adecuada para los objetivos que, desde el punto de vista sanitario, se trazara la Comunidad de Madrid", ha dicho.

Calvo ha abundado que el Gobierno tiene la capacidad de entender y de buscar "lo único que importa, que es parar los contagios, evitar la crisis de salud, que los hospitales puedan dar respuesta y que nadie muera". Y eso, según ha concluido, está "por encima de todo".

ESPERA QUE TODOS CEDAN "UN POCO" CON LOS PGE

En su comparecencia ante los medios, a Calvo también se le ha preguntado por la ronda de contactos que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, han iniciado este jueves con los grupos parlamentarios dispuestos a apoyar los Presupuestos de 2021.

Contactos que la vicepresidenta ha enmarcado en la normalidad -"es lo que toca", ha dicho-, teniendo en cuenta que este viernes concluye el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad de unas cuentas públicas que son, ha dicho, las que España necesita ahora.

"Son unos Presupuestos de país", ha enfatizado la vicepresidenta, quien espera que los apoye "todo el mundo" que lo entienda así y quien ha apuntado que la intención del Gobierno es sentarse con "todos" para sacar adelante "los Presupuestos que España necesita más que nunca en 41 años". "A ver si todos somos capaces de entenderlo y capaces de ceder un poco para que salga ganando España", ha apostillado.

AZAÑA, "LA MEJOR MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA"

Calvo ha hecho estas declaraciones antes de participar del homenaje que el Ayuntamiento de esa localidad madrileña ha rendido al que fuera presidente de la II República Manuel Azaña en el 80 aniversario de su fallecimiento.

La vicepresidenta ha dicho que defender a Azaña es "defender la mejor memoria democrática de España" porque se trata de "uno de los grandes personajes patriotas" de este país que ahora "afortunadamente" vive como él quiso que viviera.

"Fue un auténtico ejemplo de todos los registros posibles de un gran ser humano, un gran intelectual, un gran político y alguien que estuvo a la altura de la exigencia de su país defendiendo la democracia hasta el final", ha resumido.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha manifestado su "respaldo" a las nuevas restricciones anunciadas por la Xunta para Galicia y ha destacado que se encuentran en "concordancia con la estrategia nacional" para frenar el avance de la pandemia.

Preguntado tras una visita al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, el ministro ha apuntado que, aunque la situación de Galicia es "mejor" que la de otras comunidades, "la prudencia es siempre buena consejera".

En concreto, Galicia ampliará las restricciones a 60 ayuntamientos gallegos y establecerá su confinamiento perimetral y el cierre de la hostelería y la limitación del deporte a la práctica individual en los mismos desde este sábado.

Así las cosas, el titular de la cartera de Sanidad ha considerado "muy acertado actuar con prevención" y "precaución" ante el avance de la segunda 'ola' de la pandemia y ha llamado a la ciudadanía a "cumplir" las medidas establecidas.

De cara al futuro, ha rechazado concretar si se estudiar decretar un nuevo confinamiento domiciliario durante las Navidades, aunque ha asegurado que estas "no serán como las del año pasado".

En este sentido, ha remarcado que se trabaja para doblar la curva de la 'ola', pero ha insistido en que España "no está bien" en relación a la pandemia. De este modo, ha recordado que la incidencia a nivel nacional se sitúa en torno a los 500 casos por 100.000 habitantes y ha insistido en la importancia de lograr que se coloque por debajo de los 100.

En todo caso, Salvador Illa ha vuelto a reiterar la importancia de esperar "dos o tres semanas" tras la aplicación de restricciones para evaluar su resultado y decidir si se extienden. Así, ha señalado que, si se adopta una medida "un domingo", no se pueden observar sus consecuencias "el martes" y ha recalcado la importancia de respetar las restricciones que se establezcan. "Es tan importante tomar medidas como cumplirlas", ha zanjado.

RESTRICCIONES EN GALICIA

Por su parte, el conselleiro de Sanidade de la Xunta, Julio García Comesaña, ha defendido la ampliación de la vigencia de las restricciones impuestas el pasado viernes con motivo de evitar desplazamientos desde zonas urbanas, que acumulan una mayor incidencia de casos, a municipios rurales con motivo de la festividad de Todos los Santos.

Sin embargo, ha recalcado que, cuando se adoptaron esas medidas, se señaló que se reevaluarían este martes, cuando se decidió ampliarlas al no observarse una tendencia de mejora de la situación.

En esta línea, Julio García ha justificado la adopción de las nuevas restricciones y la extensión de las mismas a más municipios dado el funcionamiento de esta estrategia en O Carballiño, donde ha recordado que la incidencia acumulada de casos se ha logrado reducir "más de un 50%".

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado que auque la Comunidad foral sigue con "un alto nivel" de contagios "ya no es la comunidad con la incidencia más alta del país" y ha remarcado que "llevamos tres días en los que se ha detenido el crecimiento".

No obstante, la consejera ha señalado que el conjunto de medidas adoptadas para frenar los contagios de Covid-19 "necesitan un tiempo para ser eficaces" y ha destacado que "hay que seguir insistiendo en estas y otras medidas para lograr no sólo ralentizar el nivel de contagios, como ya se está haciendo, sino reducirlos". Así, ha señalado que se necesita "inflexionar y frenar porque nos jugamos todos mucho"

Induráin ha valorado, en respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno de la Cámara, que "se ha desplegado un importante esfuerzo de recursos materiales y humanos, no sólo en este mes, sino desde el verano para mantener un complicado pulso con un virus que se encuentra en plena segunda ola, muy agresiva tanto en Navarra como en el resto de Europa.

Por ello, según ha remarcado, "hay que seguir insistiendo en estas y otras medida para lograr no sólo ralentizar el nivel de contagios, como ya se está haciendo, sino reducirlos". "Nos jugamos mucho y no sólo a nivel sanitario, sino como modelo social y de desarrollo", ha enfatizado.

Según ha indicado, "es pronto para valoraciones profundas y detalladas" sobre la efectividad de las últimas restricciones puestas en marcha, unas valoraciones que "llegarán". Y ha asegurado que "diariamente monitorizamos la evolución para corregir errores y aprender de los demás".

En cuanto a la situación de Navarra, la consejera ha manifestado que "aunque seguimos con un alto nivel de contagios, Navarra ya no es la comunidad con la incidencia más alta". Así, ha comentado, "llevamos tres días en los que se ha detenido el crecimiento y otros han acelerado la subida de sus tasas".

"En las dos últimas semanas los contagios han crecido un 26% frente a un 66% de la media estatal", ha expuesto Induráin, para detallar además que en la última semana el número de positivos, unos 3.900, ha sido similar a los casos de la semana anterior.

Igualmente, ha destacado que "nuestro positividad ha bajado y estamos en torno a un 10%", si bien ha incidido en que "es prudente esperar más tiempo para ver la tendencia porque en el Covid todo es frágil".

Se ha referido, además, a la "sobrecarga" en los servicios asistenciales por la "altísima incidencia" de los días previos, tanto en centros de salud, como plantas y UCI y ha considerado que a la vista de esta situación los profesionales y la sociedad "no entenderían que entráramos en cruce de cifras y visiones cortoplacistas".

"LA SITUACIÓN ES DELICADA"

Por su parte, la parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha remarcado que la Comunidad foral "ha permanecido 17 semanas consecutivas con una de las mayores incidencias de Europa" y ha confiado en que la "ralentización" de los últimos días sea "un punto de inflexión y mejora". "Pero lo valoramos con muchísima prudencia, ya que a nivel asistencial es la situación es delicada", ha advertido.

En este sentido, ha considerado que Salud "no ha sido proactivo, no se ha adelantado" y "han empezado a correr cuando tenían la ola del tsunami encima" y ha pedido, además, a la consejera "transparencia y honestidad en la información". En este sentido, también le ha preguntado "cuál es la capacidad de camas UCI y cuál es el porcentaje de ocupación". "No han sido honestos, no han dicho la verdad en esto, han dado hasta siete cifras distintas", ha afirmado.

El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá, ha tachado de "tremendamente injusta" la "batería de leyes" que se está presentando ahora en España, en referencia a leyes como la del aborto o la de la eutanasia, y ha dicho que "España necesita políticos católicos".

"La batería de leyes que ahora mismo se están presentando son tremendamente injustas porque no se hacen cargo de desvelar el misterio de nuestra identidad ni se hacen cargo de la vocación del hombre a vivir en plenitud", ha subrayado Reig Plá este jueves 5 de noviembre, durante la presentación del Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por el CEU y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), que tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre.

En la "mayoría" de leyes que se están presentando en estos momentos en España, según ha añadido el obispo de Alcalá de Henares, se promulga "la autonomía radical del individuo", un "dogma laicista" que, a su juicio, es "una falsedad".

"Desprivaticemos el tema, ya está bien de resolver el tema de la vida humana como si se tratara el aborto de un derecho a decidir de una persona individual, no, que no, que es el origen mismo de la sociedad, y esta tiene que custodiar el don de la vida humana, eso es una sociedad justa. Cuando la vida se hace precaria, enferma, todos estamos pensando en remediar no en eliminar al que está sufriendo porque, si no, la sociedad no es de derecho", ha exclamado.

CERRAR EL CIELO, "MUCHO MÁS INJUSTO" QUE EL HAMBRE O EL TERRORISMO

Para Reig Plá "no hay peor injusticia que cerrar el cielo, el horizonte trascendente, mucho más que el hambre, mucho más que los problemas que vienen con la migración, mucho más que el terrorismo".

También ha denunciado una "ingeniería social" por parte de "quienes son capaces de cambiar la mente de los españoles" y ha lamentado el "drama" de la "secularización en la sociedad y en el interior de la Iglesia".

"Por ejemplo -ha indicado-, cuando se ha ido arrinconando el carácter sagrado de la vida, la opinión de quien defiende 'no matarás' pasa a ser una opinión humana en contraste con otras que van siendo cambiadas por la ingeniería social de quienes son capaces de cambiar la mente de los españoles".

En este contexto, Reig Plá ha subrayado que "hoy España necesita políticos católicos, hoy los sindicatos necesitan personas católicas, hoy todas las instituciones de los medios de comunicación necesitan católicos, porque lo cristiano es la verdad de lo humano".

Además, ha pedido no desvincular el tema de la vida humana del origen de la sociedad y la "familia". "Dios pensó en el acto conyugal de donación en el cuerpo para que conjugando él y ella unidos matrimonialmente se dé origen a la vida humana. La sociedad decae si decae la concepción de la vida y si decae el matrimonio y familia", ha aseverado.

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Unidas Podemos, por medio del diputado Antón Gómez-Rino, solicitará en el Congreso que se inicie el proceso judicial contra la familia Franco para recuperar la Casa Cornide, en A Coruña, al patrimonio público.

Para ello desplegará una Proposición No de Ley (PNL) en la Cámara Baja para que la Abogacía del Estado plantee una demanda en colaboración con la Xunta de Galicia y el Concello de A Coruña de cara a revertir que siga vinculada a la familia Franco, unido a una pregunta parlamentaria al Ejecutivo para conocer si se piensa actuar en este sentido.

La idea del representante de En Común Galicia, según explican desde la formación, es aprovechar la línea ya abierta con el Pazo de Meirás para tratar que vuelva al dominio público por su valor patrimonial.

respecto, la familia Franco aceptó entregar "provisionalmente" esta propiedad al Estado mientras no se resuelva el recurso que han presentado contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña que les condenó a su devolución.

ACABAR CON "DÉCADAS DE IMPUNIDAD"

"La recuperación del Pazo de Meirás abrió el camino para acabar con décadas de impunidad. Es el momento de que otros bienes expoliados, como la Casa Cornide, vuelvan a ser del pueblo gallego", ha manifestado Gómez-Reino.

Además, ha subrayado que diversos estudios que indican que la Casa Cornide "pasó a manos de Franco tras una compleja operación administrativa que tenía como único objetivo que pudiera hacerse con la propiedad del inmueble sin acudir a su adjudicación directa".

"IMPRESCINDIBLE" QUE SE DECLARE BIC

También ha asegurado que "resulta imprescindible que la Xunta de Galicia declare cuanto antes la Casa Cornide como Bien de Interés Cultural (BIC) para que la futura acción judicial, que espera que se produzca, venga acompañada de una acción en el seno de la administración pública".

La Casa Cornide se ubica en el centro de A Coruña y fue sede del ayuntamiento durante el siglo XIX, transfiriéndose su propiedad en 1957 al Ministerio de Educación, hasta que en la década de los sesenta se permutó por una parcela propiedad del ayuntamiento, con el objetivo de que fuera sede de un Conservatorio de Música.

Actualmente son los herederos del dictador Francisco Franco quienes tienen la posesión del inmueble y que además han puesto a la venta, justo después de que el Juzgado de Primera Instancia de A Coruña haya obligado a la familia a devolver el Pazo de Meirás.

Por su parte, el Ayuntamiento de A Coruña ha presentado a la Dirección Xeral de Patrimonio el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Casa Cornide, propiedad de la familia Franco, por, entre otros descubrimientos, ser "patrimonio pétreo" de otros edificios, según el estudio histórico-artístico realizado por varios expertos.

La Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos educativos de la concertada, se ha concentrado este jueves frente al Congreso de los Diputados para mostrar su rechazo a la LOMLOE, la reforma de la ley educativa conocida como 'ley Celaá'.

"Nos hemos concentrado para denunciar la tramitación de la LOMLOE, que se está haciendo de una forma express y sin contar con la comunidad educativa", asegura en declaraciones a Europa Press la presidenta de COFAPA y portavoz de la Plataforma en la concentración, Begoña Ladrón de Guevara.

Según ha manifestado, se trata de un proyecto que "ataca a la libertad de las familias para educar a sus hijos y dentro de esa libertad la de elección de centro", ambos reconocidos en la Constitución.

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, advierte de que el proyecto y las enmiendas son "un gran recorte de derechos" y, a su juicio, parece que con esta reforma el Gobierno "ha entregado la educación" a su socio de Gobierno, Unidas Podemos, "a cambio de apoyos en presupuestos".

Asimismo, se trata, según Aguiló, de "una quiebra del consenso constitucional de hace 40 años y de la capacidad de elección de las familias, que queda enormemente recortada". Y es que, según recalca, "esta ley no es como las anteriores". "Las otras leyes de educación eran moderadas y esta está radicalizada; no tiene el estilo de anteriores leyes socialistas, es una ley más radical", se queja.

"Estamos en contra del fondo del contenido de la propuesta, porque entendemos que coarta todas las libertades", asegura por su parte el secretario general de FSIE, Francisco Javier Muñoyerro, como por ejemplo, según dice, la libertad de elección de centro educativo de las familias o el de libertad de expresión, al no permitir a la comunidad educativa su participación en la tramitación de la reforma.

Según indica, "la concertada se siente agredida", pero también, en general, "todo el sistema educativo". "Las enmiendas que se están aprobando en la Comisión empeoran el proyecto inicial", advierte.

La idea, según Muñoyerro, es que España tuviese un sistema educativo en el que existiese la "pluralidad de oferta", es decir, que conviviesen la educación pública, con la concertada, la privada y la diferenciada, donde los padres puedan elegir.

Durante la concentración, los convocantes han procedido a la lectura de un manifiesto, en el que se recoge el deseo de las organizaciones de la "protección y la continuidad de la pluralidad" del sistema educativo actual en España.

REUNIÓN CON EL PP

Paralelamente, a las 11.00 horas, representantes de los sindicatos USO y FSIE, de las asociaciones de padres y madres CONCAPA y COFAPA y de asociaciones de colegios privados y concertados FERE y CECE (que además todos forman parte de la Plataforma Más Plurales), se han reunido con el presidente del PP, Pablo Casado, para mostrarle sus reivindicaciones, dado que se vetó en el Congreso la participación de la comunidad educativa en la tramitación de la ley.

"Con el sector educativo defendemos la calidad de la enseñanza pública, la libertad de elección de la concertada, especial y diferenciada y el castellano vehicular. Recurriremos al Constitucional la Ley Celaá, pues ningún derecho fundamental puede ser moneda de cambio para los PGE", ha afirmado Casado en su cuenta de Twitter.

Junto al presidente de la formación, ha asistido a la reunión la portavoz de los 'populares' en el Congreso, Cuca Gamarra, y la portavoz adjunta y portavoz de la Comisión de Educación del Congreso, Sandra Moneo, quienes han dado su apoyo a la Plataforma durante la concentración frente a la Cámara Baja.

"En nombre del PP trasladamos el apoyo a la Plataforma que hoy promueve esta concentración en defensa del derecho de todos los españoles a elegir libremente la educación en nuestro país, a que no exista una educación única sino plural; no hablamos de pública o concertada, hablamos de educación plural para que cada uno pueda decidir desde esa pluralidad el proyecto educativo que considera mejor para sus hijos", ha defendido Cuca Gamarra.

Según ha destacado, para que España se convierta en un "país competitivo", es necesario que haya una educación plural que permita a la ciudadanía ser plural, "no una única educación impuesta por un Gobierno ideologizado".

Así pues, el PP denuncia, tal y como recuerda Gamarra, la "ideologización que está detrás de esta reforma express que corre tanta prisa para llegar a un acuerdo presupuestario". "Se está entregando la educación a cambio de votos para afianzar un presupuesto, y los españoles no merecen pagar ese precio para que Sánchez siga en La Moncloa", añade.

En este sentido, recuerda también que, en caso de que se apruebe la reforma educativa con la enmienda del PSOE, Unidas Podemos y ERC que elimina la referencia al castellano como lengua vehicular en toda España, el PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional el proyecto.

El Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha reconocido este jueves que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 no prevén que el Estado financie al 50% el sistema de Dependencia, como exige la ley, y ha indicado que en 2021 se aportará un porcentaje del 26%, con intención de alcanzar el 34% al final de la legislatura.

Durante su comparecencia ante la Comisión del ramo del Congreso, para explicar las partidas de los PGE que corresponden a su departamento, Álvarez ha destacado entre sus prioridades la mejora y refuerzo del sistema, especialmente en lo que tiene que ver con los dependientes de larga duración, especialmente mayores y personas con discapacidad.

Entre sus objetivos, ha indicado, está la reducción de la lista de espera de personas dependientes que tienen el derecho a acceder al sistema y no son atendidos. Para ello, ha indicado, quieren elevar el porcentaje de participación del Estado en la Dependencia, que en la actualidad "está por debajo del 20%".

Es por ello, que el "plan de choque" que prepara su departamento en esta materia busca elevar esta financiación hasta "el 26%" durante el próximo año, "alcanzando el 34% al final de la legislatura". "Es un cambio de tendencia significativo", ha declarado.

REVERTIR LA "EROSIÓN" DEL PP

Los portavoces de Ciudadanos y Junts en este órgano, Sara Giménez y Genis Boadella, respectivamente, han recordado al secretario de Estado que la obligación del Ejecutivo es compartir a medias la financiación con las comunidades autónomas, una reclamación que Álvarez, ha señalado, está en los horizontes del Gobierno.

Sin embargo, ha indicado, "no se puede cambiar en un año, en una convocatoria, los recortes que se han hecho desde 2012 y que se acumularon en esta década". A su juicio, la labor de su departamento, ahora, es "consolidar" las cuantías y "revertir" la "erosión" del PP en esta materia, y ha llamado a los partidos a colaborar para lograr mejorar en esta partida.

Estas declaraciones han generado las críticas de la formación que preside Pablo Casado. Su portavoz de Derechos Sociales, Alicia Garcia, ha sido muy crítica con la comparecencia de Álvarez, a quien ha acusado de "anteponer el ladrillo" frente a la "atención a las personas" con sus políticas de transformación del sistema residencial "construyendo nuevos edificios".

A estas declaraciones, el secretario de Estado ha respondido que la transformación es "algo más" que lo que plantea el PP y su intención es "mejorar y reformar las residencias" ya existentes, así como mejorar los servicios que se dan "en viviendas y centros de día". "Esto no es ladrillo", ha indicado, para criticar a García su "lejanía" con la opinión de los expertos en esta materia sobre "los cómo remodelar" el modelo residencial. Este cambio, ha apuntado, también tiene que ver con "la incorporación de nuevas tecnologías o la teleasistencia avanzada".

CRÍTICAS DE VOX A UNOS PGE "IDEOLÓGICOS"

El PP también ha criticado otros aspectos de los presupuestos, que considera "un trampantojo para ocultar las miserias del Gobierno" en la gestión de la crisis sanitaria. En este sentido, ha denunciado que "uno de cada cuatro euros" que anuncian viene de los Fondos Europeos y, por tanto, "no están garantizados".

Este mismo argumento ha usado la portavoz de Vox, María de los Reyes Romero, para tachar las partidas de "irreales". Además, considera que el Gobierno ha realizado unas cuentas "ideológicas", "antisociales" y "un disparate".

En su intervención, la diputada también ha mostrado su interés por reforzar "la primera línea" de las organizaciones que han ayudado en la pandemia, "muchas pertenecientes a la Iglesia católica" y que, según ha indicado, espera que no sufren "hostigamiento y acoso anticlerical" por parte del Ejecutivo.

Del mismo modo, ha lamentado que 4,5 millones se dediquen a los animales y que se aumente la partida para menores extranjeros no acompañados cuando ya se dan ayudas al desarrollo a los países de los que provienen. Romero ha señalado que hay que "vigilar" que este "llegue al destino para el que fue previsto".

Álvarez, ha señalado que el objetivo de su departamento con estos presupuestos es lograr una "transformacion económica" que se aleje de la "devaluación salarial" y la "pérdida de derechos laborales" que, a su juicio, generó las políticas llevadas a cabo en la crisis de 2008, "reformando las políticas sociales y mejorando los mecanismos del sistema de cuidados.

En su comparecencia ha detallado algunas de las partidas más importantes, como los 2.500 que se transfieren al IMSERSO, los 10 millones para entidades del Tercer Sector, los 25 millones para el plan de accesibilidad universal; o los 177 millones en servicios sociales. También ha destacado el aumento de 28 millones en la partida para la mejora de atención en los centros que atienden a Menores Extranjeros No Acompañados.

La ministra de Hacienda y portavoz el Gobierno, María Jesús Montero, ha expresado este jueves su "satisfacción" por el resultado de la ronda de contactos que ha mantenido esta mañana con varios grupos parlamentarios, entre ellos Cs, Compromís y ERC, para recabar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

En declaraciones a la prensa durante su visita a la sede de la CEOE para explicar a la patronal las líneas maestras de los PGE, Montero ha celebrado que los grupos con los que se ha reunido hoy hayan expresado su voluntad de no presentar enmienda de totalidad a las cuentas públicas.

"Hemos quedado convocados para que en el proceso de enmiendas podamos profundizar en la mejora del proyecto de Presupuestos. Estoy satisfecha con el contenido de las reuniones", ha señalado la ministra, que confía en que en el proyecto pueda iniciar su andadura a partir de la próxima semana y enriquecerse con las aportaciones tanto de los grupos políticos como de los agentes sociales.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de este jueves la declaración de la Sima de la Higuera, en el término municipal de Pliego, como monumento natural, con lo que pasa a ser el tercer espacio en la Región de Murcia con esta clasificación, junto con el Monte Arabí de Yecla y las Gredas de Bolnuevo, en Mazarrón.

Esta declaración, que supone el reconocimiento por parte de la Comunidad Autónoma de la importancia geológica de esta cavidad y de sus formaciones, implicará su protección y la de su entorno de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

La finalización de este proceso, iniciado por el Ayuntamiento de Pliego en 2014 con el apoyo de la Federación de Espeleología de la Región de Murcia, implica, asimismo, la puesta en valor de este importante recurso geológico regional mediante el fomento de actividades científicas y espeleológicas que den a conocer las singularidades de esta sima única en el mundo.

La Sima de la Higuera se encuentra al norte de Sierra Espuña, en el término municipal de Pliego. Su entrada, localizada en el monte número 26 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, denominado 'Cabezo y Cuesta de Aledo', se sitúa a una altitud de 485 metros sobre el nivel del mar y bajo una gran higuera, que da nombre a la cueva.

La cavidad presenta originales y extrañas morfologías y formaciones no relacionadas con los procesos de espeleogénesis tradicionalmente aceptados, derivados de la infiltración de agua de lluvia a través de grietas y fisuras de las rocas.

Por este motivo, esta sima se ha convertido durante los últimos años en referente internacional en el colectivo espeleológico para el estudio e interpretación de cavidades de origen hipogénico, formadas por procesos hidrotermales ligados al ascenso desde las profundidades de flujos de agua caliente con alto contenido en dióxido de carbono.

La excepcionalidad de la Sima de la Higuera pasa, además, por albergar una formación no observada hasta el momento en ninguna otra cavidad conocida, denominada dobles conos, localizados a 98 metros de profundidad con respecto a la boca de la sima y creados por la deposición de calcita flotante sobre el suelo de la Sala del Paraíso, lugar más conocido de la cavidad.

La Sima de la Higuera es el mayor complejo subterráneo descubierto en la Región, con un recorrido conocido superior a 5.500 metros. La dificultad técnica, que requiere el descenso de más de 70 metros a través de varios pozos verticales encadenados, y su riqueza geológica, implica la solicitud de un permiso para su visita y la demostración del conocimiento de las Técnicas de Progresión Vertical en Espeleología.

VISITAS DE MÁS DE 500 ESPECIALISTAS AL AÑO

La Sima cuenta a lo largo de su recorrido con siete salas principales que presentan formas y espeleotemas muy distintos entre sí: desde frágiles formaciones de calcita y aragonito o calcita flotante a extraños dobles conos o imponentes nubes de roca de hasta dos metros de diámetro.

Su reconocimiento internacional, que atrae cada año a más de 500 espeleólogos y científicos procedentes de todo el mundo, hace de esta sima un importante recurso natural para el municipio de Pliego.

El balizado de la sima marca el final del recorrido autorizado a visitas deportivas al final de la Sala del Paraíso. A partir de este punto, el acceso está sólo permitido con una autorización específica para el desarrollo de investigaciones espeleológicas y estudios científicos.

Desde ese punto y atravesando el paso Cuatro Picos, la cavidad continúa su desarrollo horizontal descendente hasta el punto de mayor profundidad, situado a 156 metros, en la conocida como Sala Pedro.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha rechazado este jueves que se aplique el confinamiento domiciliario y ha pedido al Gobierno autonómico que permita la apertura del pequeño comercio.

En unas declaraciones a los medios durante la presentación en Trascorrales del cartel de la película 'Tristesse', Canteli ha roto una lanza en favor de los ovetenses y los empresarios de hostelería y comercio, asegurando que "se comportaron bien" durante la pandemia aunque haya habido "excepciones". "Nada es por casualidad, puedes tener más o menos suerte, pero algo se hizo bien", ha dicho, para afirmar después que no apoya "en absoluto" el confinamiento. "Hay que ser responsables pero hay que salir a la calle y pasear", ha subrayado.

El alcalde ha reconocido haberlo "pasado mal" en las reuniones que mantuvo este miércoles y hoy con hosteleros y empresarios locales. Ver a la gente llorando es duro", ha explicado, agregando que lo que más preocupa al sector del pequeño comercio afectado por las nuevas restricciones de Salud no son estos quince días de cierre, sino que vaya a más y se prolongue en el tiempo.

Es por ello que ha pedido al consejero de Industria, Enrique Fernández, que pueda abrirse el pequeño comercio para que "puedan vender". "Me preocupa mucho, mucho, la sanidad, pero también la economía y el empleo", ha subrayado.

En este punto ha destacado que Oviedo está "mucho mejor" que otras grandes ciudades de Asturias como Gijón. "La situación es distinta y el tratamiento tiene que serlo", ha aseverado, al punto que se ha preguntado si la situación de Gijón fuese la de Oviedo y la capital estuviese registrando los datos de Gijón se hubiera cerrado Gijón. "Ahí lo dejo", ha dicho.

Por otro lado, y después de que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, dijera que es suficiente la aportación de 100.000 euros para la ronda norte de la ciudad, Canteli ha asegurado que le molesta "mucho" esa aportación, pero "mucho más" que "se rían" de Oviedo. "Se rieron de nosotros antes y se siguen riendo ahora", ha aseverado.

El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha detallado este jueves en una comparecencia parlamentaria que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) relativo a este Ministerio prevé destinar más de 110 millones de euros, lo que supone un incremento del 2 por ciento, a la transformación digital de la administración de justicia, que ha definido como una "enorme palanca" hacia su modernización definitiva.

Zapatero ha explicado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que, de los 2.048 millones de euros que el borrador de los PGE destina al Ministerio -un 7,6 por ciento más respecto al último plan presupuestario-, 110,49 millones irán a parar a la transformación digital, una misión que recaerá en una Dirección General de Transformación Digital de nueva creación, que hasta ahora solo estaba presente en el Ministerio de Hacienda.

"Este es uno de lo grandes retos del programa Justicia 2030 y se basa en cuatro principios: la transformación digital no es un fin sino un medio para la eficiencia; debe crear un proyecto país gestionado desde la cogobernanza; debe integrarse en el resto de administraciones públicas; y debe orientarse a la prestación de servicios de calidad para profesionales y ciudadanos", ha expuesto.

El 'número dos' de Juan Carlos Campo ha precisado que la transformación tecnológica de la administración de justicia se llevará 102 millones de euros, la mayoría de los cuales (72,4 millones de euros) se invertirán en la digitalización de los órganos judiciales con la aspiración de pasar de un modelo de gestión de documentos a uno de gestión de datos.

De todo ello, ha resaltado la creación de un expediente judicial electrónico, si bien ha reconocido -a preguntas planteadas por el diputado Mikel Legarda (PNV)- que aún está por decidir si se apuesta por un modelo de "interoperabilidad o integración" respecto a los actuales expedientes.

En esta partida presupuestaria, 1,2 millones de euros están pensados para implementar la "justicia digital" en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. A este respecto, ha señalado que ya es una realidad en el "99 por ciento" de los órganos judiciales, pero que quedan pendientes los órganos centrales.

Además, hay cuatro millones de euros para llevar a cabo "una actualización integral" de las salas de vistas, lo cual incluye nuevos sistemas de videograbación y textualización con sistemas de transcripción automática. La idea, ha apuntado el secretario de Estado, es continuar con la celebración de juicios telemáticos y con la retransmisión en directo de los mismos.

En el plano de las comunicaciones -tanto internas como externas-, Zapatero ha comentado que, si bien la Policía Nacional y la Guardia Civil ya las realizan telemáticamente, ahora se busca que algunas unidades que por la especialidad de su trabajo siguen haciéndolo en papel, como Asuntos Internos, pasen al modo telemático, así como en lo que refiere a todas las comunicaciones con terceros países.

FONDOS EUROPEOS

Zapatero ha puesto el acento en el Programa 110.A, dotado con 410 millones de euros procedentes del mecanismo europeo para la recuperación tras la crisis del coronavirus y cuyo horizonte de gasto comprende tres anualidades, correspondiendo 27,74 millones de euros a 2021.

Esta primera partida del dinero comunitario se empleará en "implantar infraestructuras digitales homogéneas en todo el territorio", de modo que todos los órganos judiciales dispongan de sistemas de información preparados para la "nueva arquitectura" de la administración de justicia.

Uno de los objetivos de esta partida es permitir que "una buena parte de las tareas administrativas pueda llevarse a cabo de forma deslocalizada, mediante el teletrabajo o desde ubicaciones físicas de las propias administraciones pero en lugares distintos a las sedes físicas de los propios tribunales.

Zapatero ha incidido en que esto supone ahondar en los cambios que se han empezado a aplicar en la administración de justicia a causa de la pandemia con "tres medidas tecnológicas para la seguridad frente a la COVID-19" -la cita previa, la inmediación digital y el puesto de trabajo deslocalizado-, que "necesitan un último impulso".

Una vez materializada esta renovación de infraestructuras, ha avanzado que los 383 millones de euros restantes se utilizarán entre 2022 y 2023 para terminar de ejecutar el proyecto de transformación digital "de forma realista y plenamente coordinada y consensuada" con las comunidades autónomas.

El secretario de Estado ha comentado que todo ello requerirá también un andamiaje legal que formarán los anteproyectos de ley de eficiencia procesal del servicio público de justicia, que ha comenzado a tramitarse este mes, y los de eficiencia organizativa y eficiencia digital del mismo, que se espera que empiecen su andadura en 2021.

Asimismo, ha anunciado que el Ministerio de Justicia implementará una "contabilidad analítica" para velar por la correcta aplicación de este dinero, ya que "una ejecución ineficiente resultaría en una pérdida de estas partidas, así como en una rendición de cuentas negativa ante Europa".

En su opinión, "son unos presupuestos de transformación de la administración de justicia" que plantean reformas estructurales con un "esquema de gobernanza". "Se abre algo más que una ventana de oportunidad, con el decisivo impulso de Europa, para la calidad del servicio público de justicia", ha dicho, instando a no desaprovecharla.

"DOBLEGAR" EL PODER JUDICIAL

Por su parte, los portavoces de los grupos parlamentarios han centrado su turno de preguntas en lo que han considerado "ataques" del Gobierno a la independencia de los jueces para intentar "doblegar" el Poder Judicial.

Así, Sara Giménez, de Ciudadanos, ha exigido la retirada de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para reducir las mayorías parlamentarias con las que se designa a doce vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha afeado a socialistas y 'populares' "el espectáculo de la lucha partidista por controlar el Poder Judicial". "¿Las partidas del CGPJ son para perpetrar el ataque a la Constitución que constituye la proposición de ley o ya la han retirado?", ha apostillado el diputado del PP Luis Santamaría.

Los portavoces han coincidido igualmente en reprochar al Gobierno que la Justicia sigue siendo la "gran olvidada" en los PGE, a pesar del aumento del 7,6 por ciento. Desde el Grupo Plural, Mariona Illamola ha calificado de "miseria" los 72 millones de euros para la digitalización de los órganos judiciales. "Son pequeñas acciones pero no suficientes", ha lamentado.

En la misma línea, Javier Ortega Smith, diputado de Vox, ha sostenido que "sin una justicia independiente y sin medios suficientes no se puede hablar de que exista justicia ni democracia", y ha criticado en particular la carga de trabajo de los jueces, recordando que la ratio española es de entre 11 y 12 jueces por cada 100.000 habitantes, la mitad que la europea.

En cambio, Lucía Muñoz, de Unidas Podemos, ha valorado que "son unos buenos presupuestos" que suponen "un esfuerzo muy grande en un contexto extraordinario", destacando la transformación digital, aunque ha añadido que la administración de justicia aún adolece de "obstáculos", mencionando los pocos jueces y la tardanza en sus resoluciones. "Necesitamos eficacia y eficiencia con modos de funcionamiento del siglo XXI", ha reclamado.

Muñoz también ha aprovechado para refutar las críticas del PP en torno al Poder Judicial. "A pesar de sus aspavientos (...), la Justicia le importa bien poco", ha afirmado la representante 'morada', en alusión al bloqueo para la renovación del actual CGPJ, cuyo mandato expiró hace casi dos años.

Un 28% de los operadores de espacios de trabajo flexible considera que la demanda de este tipo de oficinas está incrementándose en toda Europa, según datos de una encuesta sobre la evolución de 'flex space' realizada por Workthere, la plataforma de la consultora Savills Aguirre Newman centrada en el negocio de oficinas flexibles y coworking.

Workthere explica que disponer de espacio de trabajo fuera de los centros urbanos permite dar a los empleados la oportunidad de trabajar más cerca de casa para mantener un equilibrio entre trabajo y vida privada sin que la empresa tenga que asumir contratos de alquiler a largo plazo.

Los países con mayor demanda de empresas en búsqueda de espacio de oficina flexible suburbano son Irlanda (56%) y Alemania (33%). El incremento, no obstante, es percibido por el 33% de los encuestados, y es en Estados Unidos donde la tendencia se percibe con más claridad al manifestar un 40% de los encuestados que la demanda crece en los suburbios.

Respecto a España, el dato queda aún lejos, principalmente porque es un producto escaso, sobre el que solo el 10% de los operadores reportan incremento de demanda. Aún así, la evolución general en la demanda de 'flex space' para el próximo año ha ido mejorando en las diferentes olas de la encuesta a operadores en España.

"Estamos viendo que, cada vez más, las empresas buscan soluciones híbridas para sus trabajadores. Los espacios flexibles permiten soluciones muy rápidas con condiciones de trabajo que aseguran el bienestar y recursos para que las personas trabajen con comodidad y flexibilidad, y así, poder decidir según las necesidades y objetivos de las compañías", señala la directora de Workthere en España, Ana Zavala.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha urgido este jueves al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a definir los criterios del reparto de los fondos 'Next Generation' de la Unión Europea (UE) y ha pedido al PSOE-A que apoye la demanda de los 23.000 millones de esos montantes para la comunidad autónoma.

Así se ha pronunciado el presidente andaluz en el Pleno del Parlamento tras la pregunta formulada por el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, en la sesión de control al Gobierno de la Junta, donde ha pedido al PSOE-A que "piense en su tierra" y "reconsidere su posición".

Moreno ha reclamado que los fondos de la UE 'Next Generation', de los que España va a recibir 140.000 millones, se inviertan en las comunidades autónomas "con los primeros criterios establecidos por la UE", es decir, "criterios de población, PIB y tasa de desempleo".

Según el presidente, aplicando el citado criterio a Andalucía "le corresponderían 23.000 millones de euros". "Estamos defendiendo los intereses de los ayuntamientos andaluces, de diputaciones y de proyectos de iniciativa privada", ha argumentado Moreno.

Por ello, ha defendido que "alza la voz" para que "Andalucía en su conjunto pueda estirar al máximo los recursos que nos corresponden". En este sentido, ha señalado que la semana pasada se celebró una Conferencia de Presidentes para abordar los fondos europeos en la que "la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció el destacado papel de las regiones".

"La presidenta de la Comisión pidió que se repartieran los fondos con criterios justos", asegura Moreno, argumentando que es "exactamente lo que pide Andalucía", y lamentando que el Gobierno de España "no ha fijado los criterios de reparto, después de pedir con mucha prisa los fondos".

Moreno ha explicado que "el Gobierno prometió una conferencia sectorial", hecho que el presidente andaluz valora, pero lamenta que no se ha llevado a cabo.

Asimismo, Moreno cree que "se puede llegar a un acuerdo en Andalucía si se anteponen los intereses de los andaluces", y ha afeado al PSOE-A que en la resolución sobre los fondos europeos que se aprobó en el reciente debate del Estado de la Comunidad "no supiera ponerse en la situación de los andaluces que solicitan esos recursos". Por ello, ha pedido a los socialistas que "reconsideren su posición" y "piensen en su tierra".

"UNA DE LAS REGIONES MÁS IMPORTANTES DE EUROPA"

Moreno ha resaltado que Andalucía es "una de las regiones más importantes de Europa" y ha reconocido que la comunidad "tiene muchas esperanzas en estos fondos" porque del impacto del Covid-19 "no vamos a poder salir solos, al igual que España no puede salir sin la ayuda de Europa".

"Nosotros lo único que queremos es claridad y transparencia y, por ello, ya se dispone de un banco de proyectos sobre procesos de digitalización y de lucha contra el cambio climático", ha detallado el presidente de la Junta.

Igualmente, ha subrayado "la estrategia de cogobernanza y la oficina gestora" de Andalucía, con el objetivo de que estas iniciativas "estén interconectadas con la sociedad". "Andalucía se merece esos fondos, los necesita y los andaluces no estamos dispuestos a que nos quiten ni un céntimo de euro de lo que nos corresponde", ha argumentado.

DIÁLOGO CON PLANAS

Según el presidente, en la comunidad andaluza los fondos europeos "no han sido del todo bien gestionados", por lo que "se han perdido grandes oportunidades". A pesar de ello, considera que han resultado "fundamentales para garantizar la agricultura" y, en este sentido, ha valorado su reciente reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien le reconoce "una actitud sumamente interesante para poder dialogar". "Me reuniré cuantas veces haga falta con el ministro, a quien le agradezco su diálogo", ha valorado Moreno.