El Barómetro de opinión realizado en febrero por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene en cabeza al PSOE con una estimación de voto del 30,7% y ampliando a casi doce puntos su ventaja sobre el PP, que se queda en el 18,8% tras bajar casi dos puntos en un mes.

En tercer lugar se sitúa a Vox, con un 13,6%, medio punto más que en el mes anterior, seguido de Unidas Podemos con el 11,2%. Ciudadanos repite en la quinta posición con el 9,3%, el mismo porcentaje que en enero.

La encuesta, basada en 3.869 entrevistas telefónicas a ciudadanos de 1.240 municipios de 50 provincias, se realizó entre los días 3 y 11 de febrero, en plena campaña de las elecciones catalanas.

UNO DE CADA CINCO YA APUESTA POR EL PSOE

Si las elecciones generales fueran mañana mismo, ya hay un 21,6% de encuestados que adelanta su voto al PSOE, muy por encima de la intención de voto directa del PP (11,5%), de Unidas Podemos (7,7%) o de Vox (7,3%). Eso sí, también hay un 16,1% de entrevistado que no tiene su voto decidido y un 11,8% que asegura que no votaría.

En función del conjunto de la encuesta, la conclusión del CIS es que el PSOE ganaría las elecciones y otorga a los socialistas una estimación de voto del 30,7%, que es el mismo porcentaje que calculaba hace un mes y dos puntos por encima del 28% con el que ganó las últimas elecciones generales.

Además, el PSOE amplía a 11,9 puntos s ventaja sobre el PP, porque los de pablo Casado cuentan ahora con una estimación de voto del 18,8%, casi dos puntos menos que el mes anterior y que en las generales de 2019.

En los días de la campaña catalana quien sube en el CIS es Vox, al que ahora se atribuye una estimación de voto del 13,6%, seis décimas menos que el mes anterior, pero aun por debajo del 15% de las últimas generales.

LAS POLÉMICAS DE IGLESIAS NO HACEN MELLA A PODEMOS

Y en medio de las tensiones en el Gobierno y las polémicas por las palabras de Pablo Iglesias cuestionado la plena normalidad de la democracia española, también mejora sus registros Unidas Podemos, que se anota en febrero una estimación de voto del 11,2%, medio punto más que el mes anterior. Eso sí, sigue por debajo del 12,84% con el que se quedó como cuarta fuerza con 35 diputados.

Por su parte, Ciudadanos repite su registro de enero, un 9,3%, que ya fue una caída de algo más de un punto respecto a diciembre. No obstante, está mejor que en las últimas generales, cuando se quedó con 10 diputados y el 6,8%.

Por bloques, la suma de los dos partidos del gobierno de coalición vuelve a superar a los tres partidos de oposición del centro y la derecha, con un 41,9% de PSOE y Unidas Podemos frente al 41,7% de PP, Vox y Ciudadanos.

Por otro lado, el socialista Pedro Sánchez sigue siendo el líder político mejor valorado, con una nota media de 4,3 puntos, muy por delante de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que se queda con 3,8. Detrás figuran Pablo Casado (PP) y Pablo Iglesias (Podemos), con notas de 3,3 y 3,1 puntos, respectivamente, y cierra Santiago Abascal, de Vox, con 2,6 untos.

Además, Sánchez es el preferido para presidir el gobierno, con un 26% de encuestados que le eligen frente al 9% que nombra a Casado. También hay un 26,2% que tienen mucha o bastante confianza en el líder del PSOE frente a un 70% que desconfían, mejores datos que los del presidente del PP, que genera desconfianza en el 85%.

Varias organizaciones de personas trans se han manifestado este jueves ante el Congreso para anunciar un ultimátum al Gobierno y a la clase política: o su ley se tramita como proposición a través del Congreso antes del 18 de marzo o se pondrán en huelga de hambre indefinida.

Así lo ha asegurado ante los medios de comunicación la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, quien se ha mostrado «indignada» por la «falta de colaboración y voluntad política» del PSOE para sacar adelante la Ley Trans del Ministerio de Igualdad.

Cambrollé ha personalizado esta situación en la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, a la que ha afeado su actitud en los últimos meses. «Ha dejado claro, por activa y por pasiva, que no quiere la Ley Trans, recurriendo incluso a demagogia y eufemismos, como que quieren un texto con seguridad jurídica», ha criticado.

La presidenta de la Plataforma ha recordado a la ‘número dos’ del Gobierno que «la única inseguridad jurídica» es la que sufre el colectivo cuando «se les menoscaba el acceso en igualdad de condiciones a derechos como el trabajo, la educación, el deporte, la protección a las infancias o la protección ante agresiones.

ATAQUE DE CARMEN CALVO

Para Cambrollé, las declaraciones de Calvo sobre la Ley Trans asegurando le preocupada la identidad del resto de los 47 millones de españoles son «deleznables» e «impresentables» para una persona en su cargo. A su juicio, estas palabras sitúan al colectivo «en la diana» para que «sigan produciéndose agresiones» en las calles y, por ello, ha pedido a Calvo que las retire.

En este sentido, también se ha preguntado qué ocurriría si estas palabras las dijera en referencia a «negros, gitanos o migrantes». «Qué hubiera pasado si la vicepresidenta hubiera dicho que los negros son un peligro para 47 millones de españoles», ha indicado Cambrollé, que cree que el hecho de que estas declaraciones no hallan causado escándalo debe ser «el termómetro para determinar la necesidad de una Ley Trans».

Ante este escenario, Cambrollé ya no duda de que el Ejecutivo va a poner «todas las trabas» posibles para aprobar la Ley Trans y, por ello han pedido a los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, liderados por Unidas Podemos, que presenten el texto como proposición de ley para que se debata «con luz y taquígrafos» y ante los medios de comunicación.

Además, exigen que el registro de la norma se produzca antes del 18 de marzo, un mes, o si no, las organizaciones que representan al colectivo se pondrán en huelga de hambre indefinida.

APOYO DE MADRES Y PADRES DE MENORES

En este sentido, ha hablado también presidenta de Euforia Familias Trans Aliadas, Natalia Aventín, quien ha mostrado su «decepción» con el Ejecutivo y, especialmente con el PSOE, un partido que, según ha explicado, les había prometido ya en 2015 una Ley Trans, en la que, además, habían trabajado de forma conjunta.

Aventín ha declarado el apoyo de madres y padres a este ultimátum porque, según ha indicado, la «inseguridad» que sufren es «insoportable». En su caso, ha explicado, comenzó esta lucha con un menor que ahora es adulto y aún «no tiene reconocidos todos sus derechos».

El secretario general de la Federación Estatal, Eric García, ha llamado, además, a la «justicia, reparación y dignidad» del colectivo. «Estamos cansadas de luchar, estamos cansadas de discursos del odio», ha denunciado, antes de recordar que los políticos juran «acatar» la Constitución en su toma de posesión.

El colectivo ha terminado recordando que han apoyado el borrador del Ministerio de Igualdad a pesar de que es «mejorable». Y por ello, si la norma se tramita finalmente en el Congreso, van a tratar de ampliar el texto con los grupos parlamentarios reclamando la reparación del Estado con un subsidio para las personas del colectivo mayores de 65 años, que las personas trans no binarias tengan una tercera casilla o que no se exija más requisitos a los trans migrantes.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena de tres años de prisión impuesta el pasado diciembre por la Sección Primera de la Audiencia Provincial a un acusado de una agresión sexual a una menor de 14 años en Pamplona.

Además de la pena de cárcel, la Sección Primera de la Audiencia impuso al procesado, de nacionalidad rumana, la prohibición de aproximarse y comunicarse durante 6 años con la víctima, a la que deberá indemnizar con 5.000 euros, de los cuales con anterioridad al juicio ya había consignado 4.000. Por este motivo, el tribunal sentenciador estimó en su conducta la atenuante de reparación del daño. Los magistrados, además, le impusieron la medida de libertad vigilada por plazo de 3 años.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, los magistrados del TSJN dan por reproducidos los hechos probados en la primera resolución. Sobre las 21.25 horas del 13 de agosto de 2017, el acusado, que entonces tenía 18 años, siguió a la menor, que estaba sola paseando a un perro en la plaza de la Aduana de Pamplona. La alcanzó a la altura de la plaza de San Francisco y le ofreció a la joven ir a tomar algo, a lo que ella se negó.

«El inculpado la siguió hasta su casa y, debido al estado de nerviosismo provocado por la proximidad del procesado, la joven fue incapaz de abrir el portal de su casa, a cuyo interior fue empujada por él. Una vez dentro, el encausado llevó a cabo la agresión sexual: le besó, le realizó tocamientos y, tras un forcejeo violento con la víctima, se masturbó», relata la resolución.

Como consecuencia de los hechos, la joven tiene «miedo a ser seguida e ir sola». Nada más subir a su domicilio, la menor le contó lo sucedido a su madre, quien denunció los hechos ante la Policía Nacional.

La autoría se pudo averiguar el 15 de mayo de 2020, gracias a una coincidencia del perfil genético del inculpado detectada en la base de datos del Reino Unido. Su identificación -y posterior detención y puesta a disposición judicial- fue posible gracias al tratado de intercambio de información genética.

DELITOS DE «IMPOSIBLE O MUY DIFÍCIL REPARACIÓN»

La defensa recurrió la condena ante el TSJN, mientras que el Ministerio Fiscal abogó por la confirmación de la sentencia.

En su recurso, la defensa planteó que la atenuante de reparación del daño debía considerarse como cualificada y, por tanto, la condena impuesta tendría que haber sido de dos años de prisión. Subsidiariamente, alegó que los hechos eran constitutivos de un delito de abuso sexual.

En relación con el primero de los motivos esgrimidos, los magistrados avalan la consideración de la atenuante como simple. La Sala recuerda al respecto lo «especialmente rigurosa» que se ha mostrado la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los delitos contra la libertad sexual, unos delitos «de imposible o muy difícil reparación o compensación con la sola atribución de una suma de dinero».

También comparte el Tribunal el criterio de la Audiencia de imponer la pena en su máxima extensión posible -3 años-, «habida cuenta de los rasgos de personalidad mostrados por el acusado y la gravedad de los hechos realizados».

En este sentido, remarca la Sala que el condenado «no pudo realizar una agresión sexual aún más grave debido a la resistencia y oposición de la víctima» y, además, destaca que inculpado era consciente «de las dificultades de identificación y localización» suyas gracias a su «inestable» residencia, lo que dota a los hechos «de una considerable gravedad y hacen al acusado acreedor al más alto reproche dentro del marco legal de penalidad que por la atenuante de reparación del daño le corresponde».

Sobre la calificación de los hechos como constitutivos de agresión sexual y no de abuso, el Tribunal comparte la valoración de la Audiencia respecto de la violencia ejercida por el condenado.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado en su sesión de este jueves el desarrollo del periodo de sustitución y refuerzo con el que concluirá la formación de los 188 jueces y juezas en prácticas que integran la 70 promoción de la Escuela Judicial.

Esta parte del programa de formación consiste en el desempeño por parte de los alumnos de funciones de sustitución y refuerzo en órganos judiciales de todo el territorio, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y con preferencia sobre los jueces sustitutos, informa el Consejo en una nota.

Durante los seis meses de duración de esta fase de formación (se desarrollará entre el 1 de marzo y el 31 de agosto), los alumnos ejercerán la jurisdicción con idéntica amplitud a la de los titulares del órgano judicial y quedarán a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

Éste, al término del periodo de sustitución y refuerzo, deberá elaborar un informe sobre la dedicación y rendimiento de los nuevos jueces y juezas en el desempeño de sus funciones, que servirá para la valoración final por la Escuela Judicial.

Para llegar al periodo de sustitución y refuerzo, los alumnos de la Escuela Judicial han tenido que superar una fase teórica de formación multidisciplinar y, concluida ésta, un periodo de prácticas tuteladas en el que, como jueces adjuntos, han ejercido funciones de auxilio y colaboración con los titulares de los órganos judiciales en los que han prestado servicio.

Durante las prácticas tuteladas, los alumnos de la Escuela Judicial han podido elaborar borradores o proyectos de resolución que el juez o ponente ha podido, en su caso, asumir con las modificaciones oportunas.

Los alumnos también han tenido la oportunidad de dirigir vistas o actuaciones bajo la supervisión y dirección del juez titular.

COMIENZAN EN MARZO

La realización de las sustituciones y refuerzos que comenzarán el 1 de marzo se realizará teniendo en cuenta las preferencias de los alumnos respecto a la comunidad autónoma de destino y las necesidades determinadas por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia en el ámbito de sus respectivos territorios.

En esta ocasión, además, dieciséis alumnos que así lo han solicitado irán a juzgados del orden social (vacantes o con necesidad de ser reforzados). Para ello, durante un mes han recibido una formación específica y especializada en la materia, así como en el uso de las más modernas herramientas informáticas, bases de datos y bibliotecas digitales.

Teniendo en cuenta todo ello, la Comisión Permanente ha aprobado el nombramiento de los jueces y juezas en prácticas siguiendo la siguiente distribución:

– Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla: 43 alumnos Almería (7), Cádiz (4), Granada (11), Huelva (2), Jaén (3), Málaga (11) y Sevilla (5).

– Tribunal Superior de Justicia de Aragón: 4 alumnos Teruel (2) y Huesca (2).

– Tribunal Superior de Justicia de Asturias: 9 alumnos

– Tribunal Superior de Justicia de Canarias: 7 alumnosLas Palmas (2) y Santa Cruz de Tenerife (5).

– Tribunal Superior de Justicia de Cantabria: 5 alumnos

– Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León: 7 alumnosBurgos (2), León (1), Palencia (1) y Valladolid (3).

– Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha: 2 alumnosAlbacete (1) y Toledo (1).

– Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: 21 alumnosBarcelona (20) y Lleida (1).

– Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana: 19 alumnos Alicante (2), Castellón (1) y Valencia (16).

– Tribunal Superior de Justicia de Extremadura: 5 alumnosBadajoz (2) y Cáceres (3).

– Tribunal Superior de Xustiza de Galicia: 9 alumnosA Coruña (2), Ourense (3) y Pontevedra (4).

– Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears: 3 alumnos

– Tribunal Superior de Justicia de Madrid: 38 alumnos

– Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia: 5 alumnos

– Tribunal Superior de Justicia de Navarra: 2 alumnos

– Tribunal Superior de Justicia del País Vasco: 9 alumnos

-Bizkaia (7) y Gipuzkoa (2)

El Pleno del Congreso ha convalidado por una diferencia de cuatro votos el Real Decreto-ley por el que se aprueba un nuevo complemento a la pensión por maternidad y por el que se facilita el acceso al Ingreso Mínimo Vital de colectivos vulnerables como personas sin hogar o temporeros, entre otras medidas relacionadas con los ámbitos de la Seguridad Social y económico.

El Real Decreto ha sido convalidado este jueves 18 de febrero con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, Compromís, el voto en contra de PP, VOX, Ciudadanos y PNV, y la abstención de ERC, CUP y EH Bildu. El Congreso también ha votado a favor de tramitarlo por procedimiento de urgencia.

«Se trata de una política más generosa, más progresiva y mejor diseñada para corregir la brecha de género en las pensiones en el medio y largo plazo. Con un incremento en el presupuesto adicional de 40 millones, ampliamos en un 30% el número de beneficiarias y concentramos el efecto en las rentas más bajas», ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención, en relación con el nuevo complemento a las pensiones por maternidad.

Según ha puntualizado, «para las pensiones de menos de 12.600 euros, el incremento es de un 80% mientras que para el resto de tramos permanece con escasos cambios».

Ante algunas «voces críticas» que afirman que es «una medida poco contributiva», el ministro ha precisado que «es así» y que «no será financiada con las cotizaciones sociales sino con los Presupuestos Generales del Estado». «Es una política legítima que sale de las arcas del Estado y por eso, su carácter redistributivo en primer lugar», ha defendido, entre aplausos.

Sobre otra de las medidas que contempla el Real Decreto, la que tiene que ver con el acceso al Ingreso Mínimo Vital, Escrivá ha afirmado que con estos cambios, podrán acceder a la prestación los 60.000 hogares a los que se ha denegado por no cumplir únicamente con el requisito de unidad de convivencia, y ha destacado que se facilita el acceso a «personas con residencia itinerante, personas sin hogar, temporeros o que comparten vivienda».

El Real Decreto-ley también incluye medidas como la compatibilidad del salario para sanitarios jubilados que se incorporen de manera excepcional al trabajo para hacer frente a la pandemia o en la vacunación, o el reconocimiento de la Covid como enfermedad profesional para los sanitarios.

La diputada del PSOE y exministra de Trabajo Magdalena Valerio ha defendido el Real Decreto, al que se ha referido como «solidario en sus contenidos y ambicioso en los objetivos que plantea».

PENALIZA A FAMILIAS NUMEROSAS

Si bien, el diputado del PP Tomás Cabezón ha expresado la oposición de su grupo al Real Decreto porque, a su juicio, «esconde un recorte sin precedentes». «Ejecuta su primer recorte y ha empezado usted por las madres», ha afeado a Escrivá.

Según ha avisado, las madres con 2 hijos y una pensión de 1.100 euros, que «no son millonarias», ya se verían «penalizadas» por el complemento, pues tendrían «400 euros menos de pensión». También ha lamentado que perjudica a las familias con más de tres hijos, las familias numerosas.

Asimismo, la diputada de Vox Inés María Cañizares ha reprochado a «este gobierno feminista y progresista» que va a «bajar las pensiones a las mujeres, a penalizar a las mujeres con más hijos, las que más contribuyen frente al invierno demográfico» y le ha acusado de querer «acabar con las familias».

Por su parte, el diputado de Esquerra Republicana, Jordi Salvador i Duch criticado que el Real Decreto «no es la forma adecuada», ha advertido al Gobierno de que «está tensando la cuerda» y ha avisado de que la reforma para reducir la brecha de género «no es justa» para las familias numerosas.

También ha criticado el uso de la fórmula del Real Decreto el diputado de Junts per Catalunya Genís Boadella pues considera que «mezcla temas» y «no es una buena técnica legislativa». Sobre la brecha de pensiones, a su juicio, es «mejorable» pues «supone una pérdida de capacidad adquisitiva» para determinadas mujeres.

Desde Compromís, el diputado Joan Baldoví ha apuntado que «cualquier avance siempre es mejor que ninguno» y ha destacado una «buena medida» que incluye el Real Decreto, al acabar con situaciones «kafkianas» que se generaban cuando «las personas que viven en la calle, las más vulnerables» no podían acceder al Ingreso Mínimo Vital. Si bien, ha afeado a Escrivá que diga que los servicios sociales no están preparados. «Es probable que quien no estuviera preparado es su Ministerio», le ha reprochado.

Por su parte, el diputado del Bloque Nacionalista Galego Néstor Rego ha mostrado su apoyo aunque no les «convence» del todo el Real Decreto. Su propuesta es subir las pensiones mínimas hasta equipararlas con el Salario Mínimo Interprofesional para acabar «con la brecha territorial y de género».

NO UNAS MUJERES A COSTA DE OTRAS

La diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha criticado que el Real Decreto «penaliza» a las mujeres de rentas medias con más de dos hijos. «No queremos penalizar a ninguna madre trabajadora», ha subrayado, al tiempo que ha apostado por «aumentar la partida presupuestaria» para favorecer tanto a las «madres más vulnerables con un solo hijo» como a las «altas ejecutivas con más de dos» que vieron perjudicada su carrera. «Apostemos de verdad, pero no unas mujeres a costa de otras», ha zanjado.

El diputado del PNV Íñigo Barandiarán considera que la fórmula para acabar con la brecha de género en las pensiones es «mejorable» y ha acusado al ministro de hacer una «flagrante invasión de competencias» en relación con el IMV. «No estamos de acuerdo con que los servicios sociales no estén bien dimensionados. No, esto no es cierto en Euskadi», ha defendido.

La diputada de Bildu Isabel Pozueta pedido «respeto competencial» y ha advertido de que el nuevo complemento de maternidad es «muy limitado y no va a solucionar la brecha de género en las pensiones», por lo que ha anunciado su abstención, al igual que el diputado de la CUP Albert Botran, que, en todo caso, se ha mostrado a favor de las medidas. Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Ana María Oramas, ha anunciado, en relación con el IMV, que pedirán «que se revisen de oficio» aquellas solicitudes que se denegaron.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves una moción de ERC que instaba al Gobierno a negociar la celebración de un nuevo referéndum de autodeterminación en Cataluña, una votación que ha provocado la división de voto entre los partidos que apoyan al Gobierno ya que, mientras el PSOE ha votado en contra, Unidas Podemos se ha abstenido.

En concreto, ERC pretendía que el Congreso instase al Gobierno a «negociar un referéndum de autodeterminación con el Govern de laGeneralitat como solución pactada y democrática alconflicto político».

Como estaba previsto, el PSOE ha rechazado la iniciativa que se ha topado con un total de 276 noes, entre los que estaban también los de PP, Vox, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y el Partido Regionalista de Cantabria.

El texto ha recibido el apoyo de los partidos nacionalistas e independentistas y los diputados de Unidas Podemos han optado por la abstención, ya que son partidarios de un referéndum, pero creen que primero hay que pactarlo en la mesa de diálogo sobre Cataluña.

‘LEY ZEROLO’

Pero esta no ha sido la única iniciativa debatida en este Pleno en la que socialistas y ‘morados’ han votado distinto. El pasado martes, por primera vez el Gobierno de coalición se dividió en la votación de una iniciativa legislativa, la bautizada como ‘Ley Zerolo’, impulsada por el PSOE y ante la que Unidas Podemos se abstuvo.

Ambas partes dejaban así claro que había sido capaces de reconducir sus diferencias sobre esta proposición de ley, que ha enfrentado al Ministerio de Igualdad con la facción socialista del Ejecutivo.

DESLEALTAD Y UNILATERALIDAD

Los morados no desvelaron que se abstendrían hasta después de intervenir en el Pleno del Congreso y llegaron acusar sus socios de «deslealtad» por presentar una iniciativa sin el refrendo del departamento que dirige Irene Montero y actuando «de forma unilateral».

La polémica sigue viva dos días después de la votación. Este jueves, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha criticado las «formas» de Unidas Podemos y les ha acusado de «incoherencia» por no ser capaces de apoyar una iniciativa que «dice que nadie puede estar discriminado en nuestro país».

Pese a este choque, PSOE y Podemos sí han votado este jueves juntos a favor de una proposición no de ley del grupo confederal que reclama una reforma de la legislación sobre el aborto y nuevas medidas sobre salud sexual y reproductiva.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue la relación del tuit del portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que apoyaba a los que se manifestaron ayer en la Puerta del Sol por el encarcelamiento de Pablo Hasel con los actos violentos que desencadenaron los graves disturbios ocurridos anoche en el centro de la capital.

En una intervención en Telemadrid, el secretario de Justicia e Interior del PP ha llamado la atención en que el mensaje colgado en la cuenta de Twitter de Echenique que «jalea, enaltece y va dirigido a Justificar el uso de la violencia en este tipo de manifestaciones» proviene «de un portavoz de un partido que no es un partido más, sino que sustenta al Gobierno actual de la nación».

«Y se produce en un momento en el que, gracias a las cámaras, toda España estaba viendo por televisión, sin ningún tipo de filtro, qué es lo que estaba ocurriendo. Y ese tuit se produce en un momento en el que se ve con claridad cómo esa manifestación se estaba convirtiendo en un uso de instrumento de la violencia», ha subrayado.

Por ello, ha recalcado que ese tuit del portavoz de Podemos se cuelga «en el momento en el que se ejerce violencia», por lo que ha afirmado que la Fiscalía General del Estado debería «como mínimo investigar esa relación».

Para López, está «claro» que se trató de «una manifestación ilegal en la que había elementos que estaban dirigidos y programados para ejercer esa violencia inusitada que se pudo ver».

«EXCELENTE LABOR DE LA POLICÍA»

Tras ello, ha felicitado «la excelente» labor de la Policía Nacional y la Municipal de Madrid, así como la labor de los cámaras de televisión al «valer una imagen más de mil palabras».

«Ayer todos pudimos ver lo que estaba ocurriendo y pudimos ver cómo se comportaban determinados elementos en esa manifestación, cuyo único objetivo era provocar a la Policía, intentar agredir a los agentes y causar daños al mobiliario urbano y a los comercios. Creo que estamos ante algo que debe ser condenado sin paliativos por cualquiera que quiera estar dentro de la Democracia», ha aseverado.

En cuanto a modificar el Código Penal, López ha apuntado que estos debates tienen que producirse en el Parlamento y con cada grupo exponiendo su postura.

«Pero cuidado, no confundamos a la opinión pública. No se está criminalizando la libertad de expresión sino su uso para ir dirigido a ensalzar a terroristas y a enaltecer discursos de odio. En una democracia hay que asumir palabras odiosas, insultos.. Pero nunca discursos del odio a incitar la violencia», ha apostillado.

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado mantener en libertad provisional al artista Rafael Amargo tras rechazar el recurso de la Fiscalía de Madrid que solicitaba su ingreso en prisión en la causa en la que se le investiga por la presunta comisión de delitos de tráfico de droga y pertenencia a organización criminal.

En una resolución, los magistrados desestiman el recurso del Ministerio Fiscal contra la libertad provisional de Amargo, dictada por el juzgado de Instrucción número 17 de la capital, al entender que las medidas adoptadas por la magistrada instructora de la causa son suficientes para evitar el riesgo de que los investigados traten de eludir la acción de la justicia.

Rafael Amargo, su mujer y su productor fueron detenidos el pasado diciembre en el marco de una operación policial contra el tráfico de drogas en el distrito Centro de la capital. Tras prestar declaración, los tres detenidos quedaron en libertad provisional acusados de varios delitos.

La Fiscalía recurrió la puesta en libertad al considerar que existían «bastantes» indicios «acreditados» de la comisión de ambos delitos. De hecho, explicaba en su recurso que las dos personas investigadas se venían dedicando de manera «permanente» y «de común acuerdo» a la distribución de sustancias estupefacientes, principalmente metanfetamina, en el distrito de Centro.

Los seguimientos a estas dos personas, en referencia a Amargo y su productor, comenzaron a raíz de haberse observado un aumento «significativo» de actas de aprehensión de sustancia estupefaciente, especialmente metanfetamina, en dicha zona por lo que se estableció un dispositivo que pudo determinar el domicilio desde el que supuestamente se suministraba la sustancia «al observar un trasiego continuo de personas que entraban y salían a los pocos minutos del citado inmueble».

El referido domicilio resultó ser el de J. R. G. H. Previamente los compradores contactaban vía telefónica con una tercera persona para recoger la droga en dicha vivienda.

El fiscal hacía alusión también a la grabación de una conversación con una tercera persona «con la que parece estar negociando la compra de un kilogramo de metanfetamina hablando de precios, cantidades y calidades diciendo que es para un productor de teatro».

La Fiscalía llegaba a la conclusión de que ambas personas actúan de manera «conjunta» en el desarrollo de su actividad ilícita «adquiriendo las sustancias de común acuerdo para luego repartirlas entre ellos y venderlas a terceros».

También recordaba en su recurso que las sustancias intervenidas se encuentran dentro de las que causan grave daño a la salud. En concreto, precisaba que la metanfetamina produce efectos sobre el sistema nervioso y posee un elevado poder adictivo y que «se considera jurisprudencialmente que existe notoria importancia a partir de los 30 gramos, por lo que la cantidad incautada excede notablemente del límite fijado».

Unidas Podemos ha reprochado al PSOE que continúe «sin hacer una propuesta» sobre la regulación del precio del alquiler, una medida acordada entre ambas formaciones, cuando falta una semana para que se cumpla el plazo dado para llevar la nueva Ley de Vivienda al Consejo de Ministros.

También afean, según han explicado fuentes de Unidas Podemos, que a escasos siete días de que expire el plazo dado para completar el texto de la Ley de Vivienda, el socio mayoritario de la coalición sigue también «sin propuesta» en materia de prohibición de desahucios, control de precios del alquiler y obligaciones para los grandes propietarios.

Precisamente este jueves los equipos de la Vicepresidencia segunda, representada por la secretaria de Estado para la Agenda 2030 Ione Belarra, y del Ministerio de Transportes, encabezado por el secretario general para la Agenda Urbana y Vivienda David Lucas, han retomado las negociaciones sobre la ley, dado que los contactos se congelaron por las elecciones catalanas del 14 de febrero.

El encuentro no ha sido satisfactorio para Unidas Podemos. Y es que ha reprochado que, a pesar de que en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales de 2021, se acordó llevar un texto conjunto al Consejo de Ministros antes de que finalice febrero, el equipo del ministro José Luis Ábalos «todavía no ha concretado por escrito cuál es su posición entorno a los temas clave para los morados».

De hecho, recriminan que el PSOE parece «muy próximo» es sus planteamientos a los de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), que dirige el exministro Joan Clos, y al sector inmobiliario.

Todo ello al haber «rechazado» las propuestas que desde la Vicepresidencia segunda se le han hecho llegar en los últimos meses «sin ofrecer planteamiento alternativo», en concreto sobre la aplicación de un el impuesto a la vivienda vacía o la obligación de los grandes propietarios de poner en alquiler para vivienda social el 30% de su parque.

PSOE y Unidas Podemos ya enfocaban la reactivación de los contactos sobre la Ley de Vivienda con posiciones alejadas que, por el momento, hacen difícil vislumbrar un acuerdo inmediato.

El ministro de Transportes defendió recientemente que el control de los precios de alquiler se va a llevar a cabo «oyendo a todos los agentes, organizaciones sociales, administraciones públicas y al sector privado».

Precisamente este jueves ha tenido lugar una rueda de prensa de medio centenar de organizaciones que presionarán al PSOE para que cumpla «sus promesas» en esta normativa, al entender que el ala socialista «flaquea» ante las «presiones» de las patronales.

Pero lo cierto es que en Unidas Podemos recelan del planteamiento del PSOE y manifestaron también su temor a que la propuesta de Transportes fuera poco ambiciosa limitándose a un modelo basado solo en incentivos, similar al desplegado en Portugal. Esa estrategia no les satisface pues el sistema luso «ha fracasado» en el país vecino a la hora de regular el alquiler y bajar precios.

Unidas Podemos apuesta por fijar la figura de gran tenedor a cinco o más viviendas (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más), obligar a estos grandes propietarios a destinar el 30% de la vivienda social a alquiler social o desplegar un impuesto a la vivienda vacía.

OTRO CHOQUE ENTRE LOS SOCIOS JUNTO A LA LEY TRANS

Por tanto, se abre un nuevo frente entre los socios de coalición, que durante estas semanas han expresado sus diferencias por el debate de la Ley Trans. Unidas Podemos considera que el PSOE ha cruzado «líneas rojas» al «bloquear» la tramitación de esta norma en el Consejo de Ministros.

De hecho, los ‘morados’ creen que el plan del PSOE consiste en que esta cuestión se legisle a través de la ley de Igualdad de Trato que han impulsado en el Congreso sin el apoyo de Unidas Podemos, y que la ley Trans se aparque ‘sine die’.

Todo ello supone, a su juicio, el incumplimiento más grave que se ha producido hasta ahora del acuerdo programático que firmaron hace un año, en el que se incluía específicamente el compromiso de desarrollar una ley Trans. Por ello, avisan de que no van a dejarlo pasar y de que, si hace falta, lo pelearán «por la vía de los hechos» aunque sin aclarar en qué se traducirá.

El coportavoz de Podemos, Rafa Mayoral, ha cuestionado la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las manifestaciones contra el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, y las protestas en la localidad de Linares. «Nadie puede quedar mutilado por acudir a una manifestación», ha apostillado.

También ha denunciado que, en el caso de las movilizaciones en Linares por la presunta agresión de un par de agentes fuera de servicio a un hombre y su hija, «no es admisible que se produzca fuego real» ante la presencia de manifestantes por parte de los dispositivos policiales y «no haya responsables puestos a disposición judicial».

«Respecto a la actuación de las Fuerzas y Seguridad del Estado, el problema que existe es que cuando no se hacen las cosas bien, quienes no hacen las cosas bien no reciben reprimendas. Y aquellos hacen las cosas bien, no se sienten incentivados para hacerlo bien. Y aquellas prácticas de los que lo hacen mal se terminan convirtiendo, desgraciadamente en muchos momento, en opciones viables para abordar problemas que son problemas de participación política y no son problemas de orden público», ha subrayado.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso tras los altercados durante las protestas contra la detención de Hasél ayer.

Cargos de PP, Cs y Vox han pedido el cese del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, a raíz de los disturbios de ayer, al entender que el parlamentario los alentó con sus comentarios en redes.

Echenique respaldó ayer los actos de protesta en diferentes ciudades y reclamó una investigación tras la «violenta mutilación del ojo» de una joven en los incidentes de Barcelona. De hecho, este jueves ha respondido a las críticas de otras formaciones al publicar una foto de la manifestante herida.

HAY QUE HACER «UNA REFLEXIÓN DE FONDO»

Al respecto, Mayoral ha señalado que existe una reflexión «de fondo» que no se debe limitar a problemas de orden público sino a la necesidad de reflexionar sobre un proceso de «profundización democrática» en todas las instituciones del Estado.

El dirigente de la formación morada ha reflexionado que España está siendo cuestionada internacionalmente por encarcelar a «un cantante por el hecho de hablar mal la monarquía» y lo ocurrido en Linares ante los «abusos» producidos por parte de «algunos elementos» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por tanto, ha instado a abordar la «impunidad» ante actuaciones policiales que se «encuentran fuera de la legalidad», al insistir en el «fuego real» empleado contra «población desarmada» sin que haya habido tras pasar muchos días aún respuesta por parte de las autoridades.

«Creemos que no es un buen mensaje al conjunto de la sociedad», ha lanzado Mayoral para relacionar todo ello con el «contexto político complejo» del país, con unas declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, que cuestionaba el «la soberanía popular, el pluralismo político y la legitimidad del Congreso» para elegir el gobierno del país.

Cuestionado sobre si estaba de acuerdo con las palabras de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al señalar sobre las protestas que la «violencia no es el camino», ha vuelto a insistir en la reflexión sobre la profundización democrática ante unos sectores que «no quieren abordar» el problema de «deterioro democrático» y lo encuadran en simplemente en un asunto de orden público.

ES QUE ES «UN ESCÁNDALO INTERNACIONAL»

En su comparecencia y preguntado sobre su opinión de los altercados producidos, Mayoral ha evitado condenarlos expresamente y ha aludido a su preocupación por en contexto en el que se producen. De hecho, ha dicho que la clave no está en los incidentes sino que el debate es «si es o no admisible garantizar la movilización de la ciudadanía y la libertad de expresión». «Es un escándalo internacional«, ha remachado.

También ha denunciado que se hayan «gentes que se manifiesten públicamente rindiendo honores a una unidad del ejército nazi», en alusión a una concentración en favor de la División Azul el pasado fin de semana en Madrid, y que también se haya hecho, tal y como ha expuesto, en una unidad militar de élite del país resuelta «sin una sola consecuencia salvo una sanción leve que podrían haber recibido por llevar las botas sucias».

«Creemos que existe una necesidad de hacer una reflexión en torno a un proceso democrático de las estructuras del Estado. Si no, no vamos a entender nada y nos va a pasar como decía aquel que el sabio señalaba la luna y el tonto al dedo», ha remachado Mayoral para decir que ahora «no son momentos de golpe de pecho».

El sindicato JUPOL ha censurado este jueves que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, «aliente» a los que esta organización califica como «terroristas callejeros» que se mezclan entre los que protestan por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. Su crítica se extiende al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su «absoluto silencio».

En un comunicado, el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional ha mostrado su «profundo malestar» por las declaraciones realizadas en redes sociales por Echenique al entender que respalda las protestas contra el encarcelamiento del rapero Hasel en varias ciudades españolas y que han derivado en altercados, causando heridas a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Destacan, además, «el absoluto silencio que mantiene el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que una vez más prefiere esconderse ante los ataques a los que se ven sometidos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

El portavoz de JUPOL, Pablo Pérez, ha calificado de «inadmisible que un portavoz de uno de los partidos del Gobierno de España defienda que se lleven a cabo disturbios en los que se han producido infinidad de daños materiales a mobiliario público y privados, se han saqueado comercios y destrozado oficinas bancarias».

«Y lo que es más grave», añaden, «se han producido agresiones contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». «Aquellas personas o colectivos que no rechacen públicamente los sucesos vividos en las últimas horas se sitúan fuera de la legalidad y del orden democrático», advierten.

JUPOL censura a Echenique por «alentar» las movilizaciones violentas. «Tan solo podemos pensar que se trata de un representante político absolutamente desnortado, con una actitud displicente y que no está a la altura del puesto que ocupa», han añadido.

APOYO DE INTERIOR A LOS POLICÍAS

El Ministerio del Interior ha mostrado este jueves en su cuenta oficial de Twitter el apoyo a la labor de los policías de las unidades de ‘antidisturbios’ frente a «una minoría de violentos» que han protagonizado altercados en diferentes ciudades españolas, entre ellas Barcelona y Madrid, en protesta por la detención y encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

«Nuestro reconocimiento a la labor de la Policía y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad garantizando la seguridad de todos frente a los altercados provocados por una minoría de violentos. Deseamos la pronta recuperación de los agentes que resultaron heridos», ha señalado el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en su cuenta de Twitter.

La Policía Nacional también ha respaldado –como antes el delegado del Gobierno en Madrid– a los agentes que hacen frente a los desórdenes públicos de quienes protestan desde que el rapero Pablo Hasel entró en prisión en cumplimiento de una condena por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

«La Constitución Española recoge las misiones de la Policía. Una de ellas es garantizar la seguridad ciudadana. Y eso hacemos. Mucho ánimo a todos los agentes (especialmente a los heridos) que trabajan contra los disturbios callejeros», ha publicado la Policía en sus redes sociales.

Por parte del Gobierno, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha reprochado este jueves a Echenique que se dedique a «alentar» las protesta que tuvieron lugar en Madrid y Cataluña. A su juicio, estos «acontecimientos no tiene nada que ver con la libertad de expresión» porque se cruzaron «líneas rojas» al recurrir a la «violencia».

Además, Calvo ha justificado la entrada en prisión de Hasel porque, aunque el Ejecutivo quiere cambiar la ley en lo referente a delitos de libertad de expresión, mientras tanto «hay que cumplirla».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha confirmado su petición de pena a 27 años de prisión al que fuera dirigente de ETA Gorka Palacios Alday al considerar que hay «pruebas suficientes» para acreditar que formó parte del denominado ‘comando Larrano’.

El tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidido por Concepción Espejel, ha juzgado este jueves a Palacios, quien ha seguido la vista oral desde una sala acristalada y se ha acogido a su derecho a no declarar.

Tras escuchar a los testigos y peritos, casi todos ellos agentes de la Policía Nacional y de la Ertzainta que llevaron a cabo la investigación sobre Palacios tras la explosión de una vivienda que éste tenía alquilada en Durango (Vizcaya) en julio de 1997, la representante del Ministerio Público ha elevado a definitivas su escrito de acusación.

Así, mantiene su petición de 27 años de cárcel para el exdirigente de ETA por los presuntos delitos de pertenencia a banda armada, un delito de estragos terroristas y otro de tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos.

PREPARACIÓN DE ACCIONES TERRORISTAS DESDE LA VIVIENDA ALQUILADA

El escrito de acusación del Ministerio Público explica que Palacios alquiló en julio de 1997 un piso en Durango, en el que preparó «diversas acciones» terroristas junto a otros dos miembros del ‘comando Larrano’, Oier Eguidazu –quien no ha sido aún juzgado por estos hechos al estar pendiente de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE)– y Leyre Martínez Pérez –ya condenada por estos hechos–, «ocultando en el piso armas y explosivos».

La Policía registró dos viviendas después de que una de ellas explotara el 17 de julio de 1997, lo que, según dice el escrito, provocó la huida de los integrantes del comando. Los agentes encontraron 30 bolsas de explosivo amonal, una lapa-bomba, cuatro granadas de 80 milímetros, nueve granadas de 40 milímetros, detonadores, temporizadores, varios cilindros de explosivos y cloratita, indica el Ministerio Público.

La fiscal ha afirmado durante su informe final que las pruebas practicadas durante el juicio han permitido acreditar que en dicho periodo temporal Gorka Palacios «pertenecía al ‘comando Larrano’ y que ocupaba el piso donde ocultaba explosivos que iban a ser utilizados en atentados».

Se ha apoyado en lo manifestado por los testigos, entre ellos el instructor y secretario de los atestados de la Ertzaintza que acudieron al piso que explotó y que han asegurado que en dicho domicilio se encontró no sólo material explosivo, sino documentación relacionada con la banda terrorista ETA.

CARTA DE ‘ANBOTO’

Entre dicha documentación se halló un manual de ETA y «cuatro» cartas firmadas por la que fuera jefa de ‘comandos legales’ Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, en las que daba instrucciones al ‘comando Larrano’, han concretado los investigadores. El Tribunal Supremo recientemente ha confirmado una condena a 122 años de prisión contra ella, rechazando el argumento de que no era la persona que se identificaba bajo este alias.

Otro de los testigos en este juicio ha sido el propietario del piso que explotó, quien no ha recordado a quien alquiló la vivienda y si hizo un contrato de arrendamiento, algo que contrasta con lo que ya declaró anteriormente en sede judicial.

El contrato de alquiler apareció en la vivienda de los padres de Palacios, ha recordado la fiscal, que, a su vez, ha retirado la solicitud de indemnización para el propietario del piso, ya que éste ha afirmado que no reclama nada.

Asimismo, la representante de la acusación pública ha apuntado que los investigadores tomaron declaración a los padres del acusado y que estos confirmaron que Palacios se iba a mudar con su novia a la vivienda que explotó, por lo que mientras vivían en otra casa alquilada, donde, además, se hallaron más sustancias explosivos.

La pareja de Palacios, Irantzu Zabala Bilbao –que fue detenida tras la explosión– también ha comparecido como testigo en este juicio, si bien se ha negado a declarar contra Palacios, conforme al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que dispensa de la obligación de declarar a parientes del procesado, cónyuge o personas unidas por relación de hecho.

Para el Ministerio Público, ello no impide tener en cuenta lo que dijo Zabala Bilbao en dependencias policiales, ya que los policías que le tomaron declaración han comparecido también en la vista oral. Estos testigos han destacado que la pareja del exdirigente de ETA admitió que había alquilado el piso y que le fue intervenido un juego de llaves que correspondía con la vivienda que explotó.

UNO DE LOS MIEMBROS MÁS ACTIVOS DE ETA

Palacios fue considerado uno de los miembros más activos de la organización desde que comenzó su actividad terrorista en los años 90, llegando a formar parte del ‘comando Madrid’, por el que se le atribuyeron diversos atentados.

En 2003, siendo uno de los etarras más buscados por las Fuerzas de Seguridad, asumió el cargo de jefe de los comandos de ETA, responsabilidad que compartió con Ibón Fernández Iradi, ‘Susper’, hasta su detención en Pau (Francia) en diciembre de ese año.

Las autoridades francesas entregaron en abril de 2018 a Palacios tras cumplir sus penas en las prisiones de Saint Maur y Châteauroux. El tribunal de lo Criminal de París le condenó a 18 años de prisión en 2009 y un año después la justicia francesa lo entregó de manera temporal a España para que fuera juzgado por la Audiencia Nacional, que le impuso 83 años de cárcel por el atentado cometido contra el Ministerio de Justicia del 10 de julio de 2001, en el que falleció el policía nacional Luis Ortiz, y resultaron heridas a otras 20 personas.

Tras permanecer casi dos años en las cárceles de Soto del Real y Estremera, fue devuelto en 2012 al Estado francés y encarcelado en Saint Maur, donde pasó 18 meses, hasta que entregado temporalmente a España para un nuevo juicio. En 2013 regresó a Saint Maur, donde permaneció hasta 2018.

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha apelado este jueves a los partidos de izquierdas catalanes a «encontrar una vía de acuerdo» de cara a la investidura y a formar un Govern tras las elecciones del 14 de febrero.

«Todos aquellos que nos reclamamos del espacio de la izquierda estamos interpelados en buscar la solución, en ser capaces de encontrar una vía de acuerdo», ha afirmado en rueda de prensa.

Según ella, las encuestas dejan claro que, entre un gobierno solo de independentistas y un gobierno de izquierdas, la ciudadanía «de manera mayoritaria se decanta por un gobierno netamente de izquierdas», por lo que cree que estos partidos están obligados a ponerse de acuerdo.

Cunillera ha reivindicado que el PSC ha ganado las elecciones y que su candidato, Salvador Illa, debe intentar ser presidente y presentar su candidatura la investidura: «Es su obligación, creo que hace bien», y confía en que lo logre.

Ha reiterado que los socialistas fueron la fuerza más votada el 14 de febrero y que representa a una parte importante de la sociedad catalana, de manera que ha advertido de que «quien quiera ningunear al PSC está ninguneando a tantos miles y miles de ciudadanos que optaron por esta opción».

MESA DE DIÁLOGO

La delegada del Gobierno también ha destacado que los resultados electorales reflejan que, a su juicio, los catalanes apuestan por los partidos que defienden el diálogo, como el PSC y ERC: «El domingo la primera fuerza ha sido el PSC con una bandera de acuerdo, de diálogo, de pasar página a la confrontación. Pero la segunda fuerza es la que ha protagonizado también ese diálogo respecto a los dos gobiernos», en alusión a los republicanos.

Así, ha pedido que esta apuesta por el diálogo que considera que hace la ciudadanía se traduzca en la formación del nuevo Ejecutivo catalán: «Ojalá tengamos pronto un gobierno en Cataluña, ojalá pronto nos podamos sentar a trabajar con la vía del diálogo, de la negociación que nos va a llevar necesariamente a pactos».

Cunillera, que ha presentado el balance de la actuación del Gobierno en Cataluña, también ha recalcado la voluntad de diálogo del Ejecutivo de Pedro Sánchez y, pese a que la mesa de diálogo se haya reunido solo una vez, ha asegurado que desde el Gobierno ha mantenido durante el último año su «disposición» de volver a reunirla.

Ha lamentado que en este año la Generalitat haya estado pendiente «más de estar preparando las próximas elecciones que de la acción del Govern» y ha apuntado que ahora hay que esperar a que se forme un nuevo gobierno en Cataluña, que confía en que abogue por la vía del diálogo.

«Espero y estoy segura que el nuevo Govern tendrá la misma disposición y las mismas ganas que tenemos nosotros de continuar con esta mesa de diálogo», ha concluido.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha respondido hoy al portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, que no se pueden justificar comportamientos como los sucedidos anoche tras la manifestación no autorizada a favor de Pablo Hasel en la Puerta del Sol porque dichos disturbios «no tienen nada que ver con las libertades».

Preguntado por este asunto por los periodistas tras la rueda de prensa de presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Gobierno de España en Madrid en 2020, Franco ha ensalzado la magnífica y extraordinaria labor desarrollada por Policía Nacional, y también por los Bomberos, que ha actuado con «una proporcionalidad, sensatez y aguante digno de reseñar».

«Yo soy un firme defensor de las libertades y de la libertad de expresión, es un derecho fundamental, pero el propio artículo 20 de la Constitución Española tiene limitaciones recogidas en las leyes, leyes que habrá que modificar y el Gobierno de España está comprometido a ello. En actividades de carácter artístico es necesario que tengan mayor flexibilidad, que nadie sea privado de la libertad de hacer uso a la expresión. Pero mientras siga vigente el actual ordenamiento estamos todos obligados a cumplirlas», ha esgrimido.

Por eso, el representante del Gobierno central en Madrid ha afirmado que quizá Echenique no sea responsable de decir estas afirmaciones «sin saber lo que había detrás de los incidentes de Sol, de quienes empezaron a provocar a los policías». El dirigente de Podemos escribió un tuit anoche en el que mostraba «todo su apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles; ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol».

Franco ha aseverado que los disturbios de anoche, con 19 detenidos y más de medio centenar de heridos, muchos de ellos policías, además de los destrozos de muchos comercios y mobiliario urbano, no tiene nada que ver con la reivindicación de derechos «ni con el ejercicio de las libertades». «España es una democracia absolutamente consolidada, eso no tiene cabida en un estado democrático, lo diga quien lo diga, y aunque eso crea discrepancia con nuestro socio de gobierno», ha apostillado, en referencia a Unidas Podemos.

El también secretario general de los socialistas madrileños ha señalado que respeta la opinión de Echenique pero asegura que lo que ocurrió anoche es «absolutamente inadmisible que, utilizando un pretexto justo, con el que todos estamos todos de acuerdo, luego eso derive en vandalismo, rotura de mobiliario urbano, agresión a la Policía, etcétera».

«Eso en una democracia consolidada como la nuestra, con cauce de expresión más que de sobra, es inadmisible. Reivindicar derechos y hacer uso de esos derechos es una cosa y el vandalismo, agresiones, rotura de lunes, destrozo de mobiliario urbano, usar papeleras y adoquines contra la Policía no se puede permitir. Respeto toda las opiniones pero me mantengo en esta tesis», ha insistido.

El delegado ha puesto como ejemplo que ayer se celebró una manifestación en apoyo al rapero en Alcalá de Henares, esta sí comunicada al departamento gubernamental, que se desarrolló sin incidentes. Sobre la del Puerta de Sol ha indicado que a pesar de no estar comunicada, las autoridades y Policía «tuvieron la flexibilidad suficiente para permitir que se desarrollase». Pero terminó de forma violenta, por lo que la Policía tuvo que actuar.

Además, en vista de que en Barcelona los incidentes se han prolongado dos noche seguidas, José Manuel Franco ha indicado que las Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad del estado están hoy y los próximos días «en alerta» por lo que pueda suceder y los antidisturbios «se pondrán en marcha en cuanto a la situación lo requiera».

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado este jueves las mejoras que incluye su Observatorio interactivo de Corporaciones Locales, que ahora incorpora más de 20 millones de datos económicos y permite analizar y comparar a más de 8.000 entidades locales, entre las que se encuentran ayuntamientos, diputaciones y cabildos.

En rueda de prensa telemática, el equipo de corporaciones locales de la AIRef ha dado a conocer mediante una presentación técnica las principales novedades de la herramienta entre las que han destacado la posibilidad de hacer comparaciones entre localidades con características similares; la visualización de datos agregados y su detalle y ver tanto la situación actual de una entidad local como la evolución en el tiempo de diferentes indicadores.

La actualización de esta herramienta va en consonancia con los principios fundamentales de la AIReF, según han explicado, y, en concreto, pretende fomentar la transparencia poniendo a disposición del público estos datos económicos que previamente han sido recogidos por otros organismos como el Banco de España, el Ministerio de Hacienda y el INE.

Además, han precisado que esta información no solo es útil para gestores de cuentas municipales o periodistas, sino también para el público general que va a poder conocer la situación de su ayuntamiento.

ACCESO GRATUITO A DATOS

A diferencia de otras páginas web que ofrecen datos similares, el director de la División de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández, ha destacado durante la presentación de la herramienta que la AIRef ofrece el acceso a todos los datos de forma gratuita y sencilla, solo muestra datos económico-financieros e incorpora cálculos de la AIRef con relevancia en el análisis económico.

Fernández ha avanzado que esta es una primera fase y que el Observatorio seguirá implementando mejoras con el objetivo de que se convierta en un punto de recogida de toda la información emitida por la AIReF sobre corporaciones.

En esta línea, ha detallado que se incorporarán las previsiones de AIReF para algunas variables y entidades; información sobre el coste efectivo de los servicios que prestan las corporaciones y se ofrecerá la posibilidad de elaborar ranking de entidades según las diferentes variables económico-financieras. Asimismo, se incorporarán indicadores de alerta de detección precoz de riesgos.

COMPARATIVAS

Por último, ha mostrado una posible comparación desde la página de la AIRef en la que ya está disponible la herramienta. Al acceder, el usuario se encontrará con dos opciones para conocer la situación financiera individual de un ayuntamiento, diputación o cabildo o para llevar a cabo una comparativa entre entidades con características similares.

Por ejemplo, si elige comparar a las dos grandes ciudades de más de un millón de habitantes, Madrid y Barcelona, la herramienta muestra que ambas tienen una deuda sobre ingresos baja, que Barcelona ha mantenido en el tiempo y que Madrid ha reducido mucho en los últimos años. También se observará un ahorro sostenido en el caso de Barcelona y que ha aumentado en Madrid desde el año 2012 y que las dos entidades pagan a sus proveedores en plazos inferiores al legal. De hecho, Barcelona lo hace en un tercio del plazo fijado.

El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el que solicita anular la condena de ocho años de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre por manipular las cuentas de Pescanova para captar inversores.

En concreto, Fernández de Sousa-Faro solicita su absolución al considerar que existen errores y que las pruebas aportadas en el caso son «claramente insuficientes».

«Las supuestas pruebas que la sentencia ponen sobre la mesa para tratar de justificar su conclusión condenatoria son, a nuestro juicio, claramente insuficientes para justificar tal condena», señala el recurso de casación interpuesto por el exdirectivo de la compañía.

Así, entre otros aspectos, los letrados de Fernández de Sousa-Faro consideran, desde una perspectiva objetiva, que se está en presencia de un conjunto de prácticas de financiación «perfectamente legales», teniendo en cuenta que la sentencia de la Audiencia Nacional no declara la nulidad de estas operaciones, «acordadas de común acuerdo con la banca, cuando no inspiradas directamente por ella», prácticas que, según señalan, beneficiaron tanto a Pescanova como a los propios bancos, «que durante años cobraron ingentes cantidades en intereses y comisiones».

«No hubo engaño a los bancos, que no solicitaron ni una factura, ni un conocimiento de embarque, ni un albarán, porque eran conscientes de la finalidad financiera de la operativa. No hubo perjuicio para los bancos, que se lucraron durante años con los costes financieros de estas operaciones. No hubo falsedad contable, por más que hoy podamos concluir que los estados financieros de Pescanova se elaboraron de forma incorrecta: no había contabilidad paralela o inoficial», señala el recurso.

En este sentido, según indica, todo estaba en la contabilidad de Pescanova y sus filiales y fue contabilizado según la propia naturaleza de las operaciones pactadas con los bancos (esto es, como operaciones comerciales y no financieras) «de manera tal vez errónea, pero conforme a su clausulado, y todo fue expuesto y sometido abiertamente al control de BDO Auditores, que avaló año tras año el buen hacer de los servicios administrativos y contables de Pescanova, siempre sin salvedades».

Asimismo, los abogados del expresidente de Pescanova afirman en el recurso que ninguno de los empleados de Pescanova falsificó contratos, facturas, letras o pagarés. «No existe en toda la causa ni un solo caso de una firma falsa, estampada por quien no fuera su autor real, como tampoco hay ni un solo caso de falsificación material de contratos o facturas, utilizando membretes, firmas o sellos de empresas que no participaban en las operaciones. Nunca se hizo tal cosa», señalan.

Ante la falta de pruebas y la existencia de errores en la sentencia condenatoria, el expresidente de Pescanova pide al Supremo que resuelva dictar nueva sentencia conforme a Derecho por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia y que se rectifiquen los errores, se le absuelva de los delitos de falsedad documental, de estafa y de alzamiento de bienes, al no tipificar los hechos probados que se le atribuyen.

Asmismo, solicita que se declare la existencia de las atenuantes de confesión, disminución del daño, estado de necesidad y dilaciones indebidas, rebajando la pena que correspondería imponerle en dos grados, o en defecto en un solo.

La Audiencia Nacional condenó el pasado mes de octubre a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova y a penas que iban de los seis meses a los tres años y medio de prisión para otros once acusados de la excúpula de la compañía por las prácticas irregulares que pusieron en marcha con el fin de obtener financiación bancaria para la empresa y por manipular las cuentas de la entidad para poder captar inversores que acabaron perdiendo su dinero.

En la sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal absolvieron a siete de los 19 acusados y condenaron a los otros doce a penas sensiblemente inferiores a las solicitadas por las acusaciones, al entender que los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera se cometieron en concurso medial y no pueden ser penados de manera independiente.

Además de las personas físicas, la Audiencia Nacional condenó, entre otras, a las personas jurídicas Pescanova SA y a BDO Auditores a penas de multa y a satisfacer diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil que, en algunos casos, llegaron a los más de 51 millones de euros por las cantidades que acabaron perdiendo algunos de los inversores.

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA amenazan con la puesta en marcha de medidas de presión si el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) no retira de forma inmediata la orden por la que se incluye al lobo en el en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y deja de ser especie cinegética en toda España.

Es el planteamiento que las tres OPA llevarán a la reunión prevista para el próximo día 23 de febrero con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al que muestran su total disposición para trabajar en aras de la coexistencia de la actividad ganadera y la fauna silvestre.

Sostienen que la Orden Ministerial que Transición Ecológica pretende poner en marcha es de todo punto inaceptable y carece de la necesaria legitimidad para salir delante.

Recuerdan en tal sentido, las circunstancias en las que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad decide prohibir el control de la especie, en una votación muy cuestionada, que tuvo que ser repetida y con los votos en contra de las comunidades autónomas donde el lobo tiene su principal implantación.

La Orden elaborada por el ministerio de Teresa Ribera se basa en un censo de población de lobos de 2012-2014 que, según denuncian las OPA, no refleja la situación actual y en el llamado informe ASCEL, realizado por la Asociación para la Conservación del Lobo.

«Ignora criterios científicos y objetivos y carece del necesario consenso de las partes afectadas, como las comunidades autónomas donde se localiza el lobo y el propio sector ganadero, víctima de los ataques», advierten las OPA, que recuerdan que a fecha de hoy esta orden ni siquiera cuenta con el plácet de todas las organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Para estas tres organizaciones agrarias, la única forma de solucionar este «disparate normativo» es que el ministerio retire la polémica orden y que se elabore un Plan de Actuación Global sobre el Lobo que incluya un diagnostico real y certero de la situación del lobo y la ganadería; medidas de gestión y control de la especie; medidas de prevención de los ataques y un programa de indemnizaciones para los ganaderos que en ningún caso deben sufragarse ni con las ayudas de la PAC, vía eco esquemas, ni con los seguros agrarios que suscriben los productores.

«Entendemos que para blindar el estatus legal del lobo lo más lógico sería conocer primero su situación real, es decir contar con un censo actualizado de la población del lobo ibérico (actualmente en fase de elaboración», puesto que, tal y como mantienen, el lobo, lejos de estar en peligro de extinción, se encuentra en fase expansiva, aumentando significativamente el número de animales y manadas cada año y extendiéndose a territorios donde hasta ahora no tenía presencia.

Como prueba de ello esgrimen que los ataques a la ganadería se han incrementado exponencialmente, pasando de más de 10.000 ataques de lobos registrados en 2019 a cerca de 15.000 en 2020, con unas pérdidas estimadas que superan los 5,5 millones de euros.