El sacerdote jesuita alemán Hans Zollner, miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores y director del ‘Centre for Child Protection’ de la Universidad Gregoriana (Roma), considera que «todavía hay un largo camino por recorrer» en la Iglesia para implementar un sistema perfecto de prevención de abusos sexuales.

«Todavía hoy existen lugares en los que la Iglesia continua negando la evidencia de los abusos, protegiendo a los violadores, en los que no hacemos lo necesario para depurar responsabilidades cuando se descubre que un obispo provincial ha encubierto abusos o los ha negado», explica.

Así lo ha puesto de manifiesto Zollner en una entrevista con cuando se cumplen dos años este viernes 19 de febrero de la cumbre antipederastia celebrada en el Vaticano, que reunió a la mayoría de los episcopados del mundo.

En este sentido, reconoce que «lamentablemente esta tarea es vista todavía por muchas diócesis como algo dirigido a expertos o a los que se deben ocupar de los trapos sucios». «Por desgracia, en muchos países todavía no se toman en serio la prevención y la justicia a las víctimas. Dos elementos que deben ser parte integrante de la cultura de la Iglesia», asegura Zollner.

Las leyes canónicas se han actualizado con la promulgación del Motu proprio ‘Vos estis lux mundi’ (‘Vosotros sois la luz del mundo’), que obliga a los clérigos y religiosos a denunciar los abusos y establece la apertura por parte de todas las diócesis de un sistema de escucha a las víctimas, así como la abolición del secreto pontificio.

«La prevención debe ser la seña de identidad de una comunidad de cristianos sana», reseña Zollner, que lamenta que algunas diócesis y órdenes de religiosas no hayan tomado «suficientemente en serio la tarea de la prevención y la del resarcimiento y hacer justicia a las víctimas». «Esto es un obstáculo que no nos deja despegar y poder ser un modelo. Hemos perdido la confianza de las personas. Por eso, no podemos volver a fallar y es normal que seamos objeto de un mayor escrutinio», manifiesta.

Por ello, hace un llamamiento a todos los responsables eclesiales a no «titubear» porque para enfrentar la lacra de los abusos en la Iglesia hay que poner en marcha una acción «sólida y consistente». «No se puede jugar con esto. La defensa de los más vulnerables debe ser el timón que nos guía», enfatiza. Asegura que la tarea implica a toda la comunidad eclesial, «también a los laicos», cuya contribución es «fundamental» para conseguir «una Iglesia más segura».

«Los laicos en muchos casos gestionan los colegios católicos, llevan la catequesis para preparar los sacramentos de la comunión y la confirmación, están en contacto con menores. Por eso, tienen que hacerse fuertes y llamar la atención de los obispos cuando no lo hacen bien, cuando ven que no aplican las normas de la Iglesia. Tienen que dar la señal de alerta cuando los obispos encubren un caso de abusos», argumenta.

RESISTENCIA PASIVA

Zollner tiene una perspectiva global que le lleva a reconocer que en algunos sectores de la Iglesia existe una «cierta resistencia pasiva» que se manifiesta en «titubeos e inercia». Entre las que han sido ejemplares están las diócesis de Estados Unidos, Irlanda, Bélgica o Australia, que se han visto empujadas a «hacer cuentas con el pasado» tras el estallido de sus respectivos escándalos y llevan años «verificando la implementación de las líneas guía, han instituido oficinas específicas, han formado a personal cualificado».

Pero su ejemplo está lejos de ser una realidad consolidada a nivel global. En este sentido Zollner, hace una división en tres partes del mapa del mundo eclesial: «En el segundo lugar están las diócesis que sí tienen un protocolo de actuación, pero no han incluido las últimas directivas del Papa. Y el último grupo está compuesto por las que arrastran un gran retraso que no cuentan ni siquiera con un manual de actuación ante abusos». En todo caso, incide en que en este último grupo hay como mucho «siete u ocho conferencias episcopales». «Son aquellas que están radicadas en países en guerra o que atraviesan graves crisis humanitarias. La mayoría están entre el grupo dos y el uno», señala.

Por otro lado, ha asegurado que si bien la Iglesia «no puede presentarse como un modelo en muchos países» es la institución «que más ha invertido en todo el mundo en la prevención de abusos». No obstante, ha alertado que «en el ámbito del resarcimiento a las víctimas, la Iglesia está a la cola». «Tenemos que mejorar el sistema de hacer justicia a las víctimas», subraya.

Preguntado sobre la reivindicación histórica de las asociaciones de víctimas de transmitir de forma automática a las autoridades civiles las denuncias sobre abusos por parte de un sacerdote, religiosos o laico a menores o adultos vulnerables, se ha mostrado en desacuerdo. «No puede ser una obligación. Hay que poner el foco en la seguridad de la víctima. Y en muchos países, presentar una denuncia en la policía no comporta una seguridad mayor. Hay casos en los que es incluso peor –señala–. La Iglesia es universal. Está presente en países en guerra, con sistemas corruptos, países en los que el sistema judicial no funciona».

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha recordado ante las declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL), José Luis Concepción, que el Partido Comunista «es legal y puede estar en el Gobierno», pero ha considerado que el vicepresidente Pablo Iglesias «no comparte los principios elementales de la democracia liberal».

Así lo ha apostillado Igea esta jueves, al ser preguntado sobre las declaraciones del presidente del Alto tribunal, las cuales ha subrayado que no tiene «por qué compartir ni no compartir».

En primer lugar, Igea ha querido recordar que el Partido Comunista es legal, de modo que «puede estar en el Gobierno», debate sobre el cual considera que no tiene más que añadir.

Eso sí, ha apostillado que sobre la ideología comunista y su «fin», como apunta que está recogido en «sus escritos» tiene una opinión en el sentido en que «sus principios no son la democracia parlamentaria, sino la dictadura del proletariado». Eso sí, en España «se tiene que adaptar a la situación legal, se adapta, así que es un partido legal».

Sin embargo, ha aseverado que el vicepresidente y parlamentario de Unidas Podemos –formación conformada por Podemos y Izquierda Unida, entre otros partidos– «no comparte los principios elementales de la democracia liberal», por lo que ha aseverado que el presidente del Ejecutivo central, el socialista Pedro Sánchez, «está tardando en sacar del Gobierno a quien denigra a la nación y pone en cuestión pilares básicos de la Democracia».

Así Igea, ha planteado lo que en su opinión «pone en solfa» a la Democracia que no es como dijo Concepción la presencia del Partido Comunista en el Ejecutivo, sino «tener a medio Gobierno alentando la violencia en las calles, animando al incumplimiento de las leyes» y abogando por el «control» y el «acoso» a los medios de comunicación.

En su opinión, un Gobierno «no puede permitir que un vicepresidente diga que hay que controlar a los medios» pues se trata de una idea alejada de «lo que es una actitud democrática», al tiempo que ha considerado paradójico que se abogue por ello, al mismo tiempo que se defiende la libertad de expresión.

En cualquier caso, ha extendido la responsabilidad sobre las afirmaciones de «medio gobierno» al presidente del mismo, pues le considera igual de responsable ya que él es quien nombra a los miembros del Ejecutivo.

Por otra parte, Igea se ha pronunciado sobre el resultado de las elecciones autonómicas catalanas si bien ha apuntado que no le preocupa la situación política en dicha Comunidad, sino que «en la Junta preocupa el avance de quienes no creen en la nación y de quienes no creen en los pilares esenciales del sistema democrático», mientras, ha añadido, «crece el populismo».

En esta situación, ha reflexionado, el debate es «muy preocupante para el país» porque se basa más entre «los que creen en la democracia liberal y los que creen en el populismo», de modo que ha advertido de que «se está poniendo en riesgo la nación y la democracia liberal».

Por otra parte, ha recordado que ya «es público» que ha pedido autocrítica tras los resultados de su partido, Ciudadanos, en las elecciones catalanas.

La Plataforma en Defensa de Libertad de Información (PDLI) ha presentado este jueves en el Registro del Congreso de los Diputados el ‘Manifiesto en defensa de la libertad de expresión y creación y el derecho a la protesta’ tras el ingreso en prisión del rapero Pablo Rivadulla Duro, conocido musicalmente como Pablo Hasél.

«La PDLI, en representación de las personas y organizaciones firmantes de este manifiesto, hace un llamamiento a la responsabilidad de los políticos: los Derechos Humanos no se negocian», ha afirmado la secretaria general de la PDLI, Yolanda Quintana.

La representante de la plataforma ha incidido en que «el Código Penal español está vulnerando acuerdos internacionales que obligan a España y debe modificarse para derogar delitos que se están utilizando para perseguir discursos críticos, incluso radicales, pero amparados por la libertad de expresión».

«Naciones Unidas y la Comisión Europea nos han instado, hace solo unos meses, a emprender esas reformas. No es momento de cálculos políticos o partidistas. España debe ajustar su legislación cumpliendo ese mandato», ha subrayado Yolanda Quintana.

Junto al manifiesto impulsado por distintas organizaciones y expertos, los representantes de la PDLI han hecho entrega de una serie de cartas dirigidas a los portavoces de los grupos parlamentarios en la Cámara Baja, en las que solicitan se tomen en consideración los argumentos que trasladan y se atiendan las peticiones contenidas en el citado documento.

En las misivas, la plataforma recuerda a todos los grupos que «el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sus sentencias sobre libertad de expresión, ha venido destacando, siempre, esta conexión directa entre libertad de expresión y democracia».

«También ha señalado que el artículo 10 CEDH es válido no sólo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una ‘sociedad democrática'», ha recalcado.

Entre las organizaciones que firman el manifiesto se hallan la Federación de Sindicatos de Periodistas (Fesp), Article 19, Amnistía Internacional, la Unión General de Trabajadores (UGT), Reporteros Sin Fronteras (RSF), Hay Derecho, Irídia – Centro por la defensa de los Derechos Humanos, entre otras.

El director general de IB3 ha negado este jueves que se hayan producido «vetos, prohibiciones o censura» a periodistas de IB3 por parte de los directivos en relación a la participación de una profesional de los informativos en un coloquio, a quien se le impidió participar «en nombre de Ib3».

A preguntas de varios diputados en la Comisión de Control sobre la Radiotelevisió Illes Balears en la Cámara autonómica, Manresa ha argumentado que no se produjo un veto a la participación de la profesional en la tertulia sino que ella decidió no participar cuando se le pidió que lo hiciera como profesional de la empresa subcontratada y no «en nombre de IB3».

En este sentido, Manresa ha apuntado que en nombre de IB3 «solo pueden hablar los directivos, lo cual es una obviedad».

Sobre esto, el diputado de Cs Juanma Gómez ha alertado del contrasentido, sin embargo, de que los periodistas siempre se identifican en su trabajo como periodistas de IB3 como así queda patente en logos, por ejemplo, de micrófonos o vehículos.

Respecto a la misma cuestión, el diputado de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, también se ha referido a los cambios en los dominios del correo electrónico o a la directriz de que los periodistas tengan que identificarse como profesionales de la subcontrata y ha anunciado que su grupo pedirá la comparecencia en el Parlament de los directivos de Dalton Audiovisual.

Manresa ha atribuido, sin embargo, estos cambios a cuestiones de organización por parte de una empresa que acaba de asumir el contrato.

El director general se ha referido igualmente al veto sufrido por periodistas de IB3 y Ara Balears por parte del promotor de las manifestaciones contra el cierre de la hostelería y que propiciaron un manifiesto que IB3 no firmó.

En este punto, Manresa ha considerado «una exageración» la polémica derivada por el comportamiento de «una organización marginal». «Ni que fuera Trump», ha añadido. Ha argumentado que el manifiesto era un texto «inocuo y una obviedad» y por eso no lo firmó y que ante el veto del organizador, paradójicamente, «no se fue nadie».

En una de las preguntas, además, el diputado del PP Antoni Fuster ha asegurado que Dalton Audiovisual «no ha traído la paz a IB3 como se había anunciado» sino que las cosas «van a peor».

Por su parte, Manresa ha negado que en IB3 «haya humillaciones, caos o demonios circulando» y ha insistido en que la situación de subcontratación es una «herencia» de las circunstancias en las que fue creada.

El director del ente ha negado «turismofobia» en los contenidos tanto de la radio como de la televisión despúes de que el portavoz de Vox, Jorge Campos, haya criticado que se emitieran a finales de año dos documentales «sesgados y antiturismo».

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado sobre el tuit del portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en el que apoyaba a los que se manifestaron ayer en la Puerta del Sol por el encarcelamiento de Pablo Hasél, que entiende que es un «pronunciamiento personal de carácter político, ajeno al Gobierno».

«Evidentemente no lo compartimos porque lo que queremos es que los derechos se defiendan por los cauces que el propio Derecho establece», ha dicho.

Ábalos se ha pronunciado así ante los medios durante la visita que ha realizado este jueves a Morella (Castellón) para supervisar las obras de acondicionamiento de la carretera N-232 en el Puerto del Querol al ser preguntado al respecto.

Así, el ministro ha señalado que cualquier llamamiento en estas circunstancias cree que debe ser siempre «al respeto a la legalidad». «Es muy importante respetar la ley porque en definitiva es el instrumento que garantiza la convivencia y es el marco que permite que la convivencia sea efectiva», ha añadido.

Por otra parte, ha indicado que hay que entender que los derechos fundamentales son bienes jurídicos que merecen protección, «pero hay que equilibrar la protección porque el derecho de expresión es un derecho básico, pero también hay otros derechos básicos como el derecho al honor y la seguridad, que tienen que equilibrarse».

Por lo tanto, -ha añadido Ábalos- «no puede imponerse unilateralmente un derecho y, en cualquier caso, la única forma de ejercer los derechos es pacíficamente». «No hay ningún derecho que sea reconocido en su expresión violenta; el límite es el de la fuerza que, en este caso, legítimamente, solo se reserva al Estado, como es normal en un país con seguridad jurídica», ha dicho.

«Entiendo que es un pronunciamiento personal, de carácter político, ajeno al Gobierno, y que evidentemente no compartimos porque lo que queremos es que los derechos se defiendan por los cauces que el propio Derecho establece», ha subrayado.

Ábalos ha destacado que si hay que reformar algo, ya se sabe cuál es el camino, es decir, «por la vía parlamentaria, como no puede ser de otro modo, tranquila y pacífica», y ha apuntado que hay que enfocar los temas en su «dimensión». «Si aislamos determinados casos, a todos nos indignan determinadas cuestiones, pero si las insertamos en el contexto, igual entendemos un poco mejor la complejidad sobre lo que hablamos», ha concluido.

DÍAZ AYUSO

Por otra parte, preguntado por la petición de cese que ha realizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del vicepresidente Pablo Iglesias por los altercados en apoyo a Pablo Hasél, Ábalos ha señalado que esta «debe dedicarse a ser presidenta de la Comunitat y no competir con el señor Casado, que es el que tiene que hacer la oposición».

El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar y la eurodiputada liberal francesa Fabienne Keller han coincidido este jueves en que el campamento de migrantes de ‘Las Raíces’, ubicado en un viejo acuartelamiento militar en La Laguna, «no es sostenible» como alternativa de acogida «a medio plazo» y esperan que sea «provisional».

En declaraciones a los periodistas tras visitar durante algo más de una hora las instalaciones, Aguilar ha comentado que hay que «aprender cuanto antes de las experiencias» que está dejando la acogida de migrantes a la hora de legislar las políticas de asilo.

En esa línea, ha insistido en que los migrantes «merecen una respuesta más sostenible y coherente con el derecho europeo» y mostró su deseo de evitar que la situación actual «vaya a más y a peor» en un campamento con unas 600 personas actualmente y que tiene capacidad para albergar hasta unas 2.400.

Aguilar ha valorado la labor de la ONG que gestiona el centro –Accem– procurando alimentación, asistencia jurídica y sanitaria, formación o aprendizaje de español y de las instituciones locales, caso del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna, que están aportando recursos propios en un momento en el que son «escasos».

Ha enmarcado su visita –este martes estuvo también en centros de Gran Canaria– en la posibilidad de «ver sobre el terreno que puede hacer» la Unión Europea para «responder» a las necesidades de los migrantes, subrayando que ha aportado 43,5 millones del fondo de migraciones y asilo y seguridad interior para soportar los costes de la acogida en Canarias.

Además, ha indicado que en el archipiélago quedan unos 10.000 migrantes y otros 16.000 «han sido derivados» pero entiende que «hay dificultades» con los vuelos de retorno a sus países de origen y las derivaciones a la Península por las restricciones sanitarias a la movilidad.

Aguilar ha insistido en que Canarias ha sufrido un «influjo masivo e inesperado» en la llegada de migrantes y ahora toca reclamar «solidaridad» a la UE y «responsabilidad compartida» por más que las autoridades canarias y el Gobierno central hayan puesto a disposición instalaciones que estaban en desuso.

«No es sostenible pero sirve de alojamiento provisional, de otro modo la demanda de asistencia humanitaria sería imposible de manejar», ha señalado.

MEJOR EN CANARIAS QUE EN BOSNIA, GRECIA O ITALIA

No obstante, ha desligado el campamento de Las Raíces de lo que ocurre en otros lugares fronterizos de la UE como el campo de Lipa, en Bosnia, o los de las islas griegas e italianas, en algunos casos con más de 10.000 personas y en «una situación inhumana».

«No es la situación en Canarias, donde ha habido distribución y solidaridad entre islas», ha detallado, si bien ha demandado que haya programas de derivación y realojamiento en toda la UE.

López Aguilar y Keller, acompañados por el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, han mantenido un encuentro con el medio centenar de migrantes que desde hace tres días duermen por fuera de las instalaciones en señal de protesta por malas condiciones y la negativa a no dejarles viajar a la Península.

Un joven, natural de Mauritania, ha comentado que lleva cuatro meses en Canarias tras llegar en cayuco a El Hierro, donde estuvo alojado un mes en un pabellón deportivo hasta que lo derivaron a un hotel en Playa de Las Américas, en el sur de Tenerife, y de ahí a Las Raíces.

Ha apuntado que la acogida en el campamento «es una catástrofe» tras todo lo que pasaron en el mar para llegar a las islas, con mucho frío por las noches y más de 30 personas durmiendo en la misma tienda de campaña, una situación de hacinamiento que conlleva «violencia y peleas por cualquier cosa».

«TODOS LOS DÍAS LA COMIDA ES UN PROBLEMA»

«Todos los días la comida es un problema, hay una cola enorme y no está bien organizado», ha apuntado, subrayando también que hay «conflictos» entre los marroquíes y los senegaleses, que hablan idiomas distintos.

Ha insistido en reclamar «buenas condiciones» de acogida porque son «seres humanos, no criminales», conexión wifi para poder comunicarse con sus familias tras cuatro meses en el archipiélago y más cargadores de móvil. «Hay personas que sacrifican la noche para poder cargar el teléfono», ha comentado.

Otro joven de Senegal ha comentado que no están en Europa «para comer sino para trabajar» y que «es una vergüenza» que se les tenga recluidos en estos campamentos cuando no son «criminales».

Uno de los migrantes marroquíes que duerme por fuera del campamento ha indicado que la gente ha emigrado para «buscarse la vida» y mandar dinero sus familias y ha exigido a los eurodiputados que les den una solución, ya sea viajar a la Península o volver a Marruecos.

La Comisión de Igualdad el Senado ha aprobado por unanimidad el proyecto de ley de medidas urgentes para víctimas de violencia de género, texto que procede del decreto ley sobre esta materia que el Ejecutivo aprobó durante el estado de alarma. Pasado este trámite, volverá a ser debatido y votado en el Pleno de la Cámara alta.

A pesar de la unanimidad que consta en las actas del Senado, este proyecto de ley ha superado en la sesión de este jueves una enmienda de veto de Vox. Sin embargo, la senadora que ha defendido esta iniciativa, Yolanda Merelo, no ha podido participar en la votación al no ser la portavoz de su formación en dicho órgano.

Merelo ha denunciado la «protección selectiva» que, a su juicio, recoge esta norma del Gobierno y ha señalado que la protección debe «ir dirigida a todo quien lo necesita», independientemente de su edad, sexo y otras características. Esta a postura de Vox ha sido rechazada por el resto de formaciones presentes en el debate.

Durante la sesión, los grupos parlamentarios han defendido las más de 90 enmiendas presentadas a este texto y que, en su mayoría se mantienen vivas y volverán a ser debatidas en el Pleno de la Cámara, ya que no han sido aceptadas.

TRABAJADORES EN EL PROTOCOLO DE VACUNACIÓN

Así ha pasado con las propuestas del PP que buscaban incluir a los trabajadores se servicios de atención a las víctimas de esta lacra en los protocolos de vacunación. Además, presentaron un bloque de iniciativas específicas sobre la problemática de las mujeres con discapacidad y que, según ha indicado su portavoz de Igualdad, Patricia Rodríguez, son reclamaciones realizadas desde Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI Mujeres.

También el portavoz del grupo parlamentario de la Izquierda Confederal en esta comisión, el senador de Geroa Bai Joseba Martínez, se ha referido a estas iniciativas de CERMI Mujeres, que ellos también han recogido; mientras que su homóloga del grupo Nacionalista, la senadora de Junts María Teresa Rivero, ha lamentado que no se aceptaran sus peticiones para cambiar la terminología del texto y pasar de violencia de género a violencias machistas.

En este mismo sentido, en el cambio del lenguaje, van las enmiendas que el PNV va a mantener vivas para el Pleno, tal y como ha explicado su portavoz en el debate, María Dolores Etxano. Además, el grupo formado por ERC y EH Bildu, a través de la senadora catalana Elisenda Pérez, han llamado al resto de miembros de la comisión a ser «valientes» y afrontar en este debate también la necesidad de «legislar para todas las mujeres», sin «dar la espalda» a colectivos como el de las personas trans.

Ciudadanos ha sido el único grupo que no ha registrado enmiendas a este texto ya que, según ha explicado su portavoz en el órgano, Carlota Santiago, todas sus reclamaciones fueron aceptadas en la tramitación del proyecto de ley en el Congreso. Todas ellas, ha indicado, tenían que ver con la protección de las mujeres con especial vulnerabilidad, ya fuera por vivir en el rural, por su etnia o por discapacidad, entre otras circunstancias.

ALEGACIONES DEL PSOE

La representante socialista en este debate, Ana María Agudiez, ha defendido el rechazo a varias enmiendas señalando que el texto que llegó de la Cámara baja ya venía «altamente consensuado» con los grupos. En este sentido, se ha referido al artículo primero de la norma que, según ha explicado, «se transaccionó» con los partidos en el Congreso y en su redactado ya se recogen las medidas sobre accesibilidad, interseccionalidad o factores de riesgo, que ahora reclaman los grupos en el Senado.

En cuanto a las peticiones de cambio en la terminología, la socialista señala que, en la actualidad, no hay legislación internacional o nacional con esa nomenglatura y, por tanto, se esté de acuerdo o no, «no se puede acuñar en un texto legislativo» usando otros términos que no sean violencia de género.

Finalmente, ha apuntado que el hecho de no incluir la enmienda que pide que los trabajadores de los servicios que trabajan con las víctimas de esta lacra entren en el protocolo de vacunación se debe a que no es una competencia estatal.

El proyecto de ley, con el apoyo unánime de la Comisión de Igualdad, se volverá a debatir en el Pleno del Senado. Si consigue la luz verde de la Cámara baja, volverá al Congreso para ser ratificado.

El equipo forense de la Audiencia Nacional visitará el lunes 1 de marzo a Marta Ferrusola, mujer del expresidente de Cataluña Jordi Pujol, para valorar su estado de salud. EL juez instructor acordó esta diligencia como paso previo al archivo de la causa contra ella, en caso de que se demuestre que, como alega su defensa, la matriarca del clan Pujol padece «demencia».

Ferrusola, que se encuentra procesada por el presunto origen irregular de su patrimonio junto a su marido y sus siete hijos, será objeto de diagnóstico ese lunes, según confirman fuentes jurídicas a Europa Press. Y la visita se produce después de que el pasado 9 de febrero su abogado aportara ante el juzgado hasta tres informes médicos en los que se le diagnosticaba esa enfermedad.

Dos días después de recibirlos, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 dictó un auto en el que solicitaba a los forenses que analizaran esos documentos en los que se concluye que ésta padece demencia y que le incapacita para prestar declaración ante un tribunal.

Esos documentos van en consonancia con el escrito que la defensa de Ferrusola remitió en enero a la Audiencia Nacional señalando que su cliente padece una «severa demencia» que, tras una larga evolución, «ha terminado por anular su capacidad para comprender los hechos» de la causa, cuyo procesamiento, así como del resto de miembros de la familia e investigados, tiene pendiente de confirmar o revocar la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Según el escrito, esta situación impide «el correlativo ejercicio» de su derecho fundamental a la defensa reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española.

«NO TIENE CAPACIDAD DE JUICIO NI LA TOMA DE DECISIONES CONSERVADAS»

Ferrusola, de 85 años, ya presentó un informe médico con fecha de 27 de noviembre de 2020, emitido por la Unidad de Memoria del Servicio de Neurología del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, que señalaba que padece Alzheimer desde 2018 y que actualmente debido a su demencia de base y a las lesiones cerebrales causadas por un politraumatismo sufrido el pasado mes de agosto, «no tiene la capacidad de juicio ni la toma de decisiones conservadas».

Así, el informe señala que la mujer de Jordi Pujol no se encuentra en condiciones de prestar declaración ante un tribunal por incapacidad de comprensión «tanto del objeto como de las consecuencias», así como de evocar hechos o interpretar la realidad pasada o presente, «sin que pueda descartarse que una situación como ésta pueda generar en la paciente una situación de estrés/ansiedad que empeoren todavía más su estado cognitivo».

Por ello, el juez Santiago Pedraz abrió una pieza separada reservada para estudiar esta cuestión, a la que han sido aportados los documentos e informes remitidos por la defensa de Ferrusola, y ha dado traslado al fiscal «para su conocimiento e informe».

PROCESAMIENTO POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Ferrusola fue procesada por integrar presuntamente, junto a su familia, una organización criminal destinada a acumular un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».

En su auto de 16 de julio de 2020 de fin de instrucción y transformación de la causa en procedimiento abreviado, el entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 José de la Mata, predecesor de Pedraz en este juzgado, apuntaba que la familia de los Pujol se aprovechó de su «posición privilegiada en la vida política, social y económica catalana durante décadas» para enriquecerse.

Los hechos podrían ser constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Además de contra la familia Pujol, el magistrado procedía también contra otras 18 personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol.

Agentes de la Guardia Civil de Alicante han liberado a una mujer de origen argelino que llevaba más de un año retenida contra su voluntad en el garaje de una vivienda de Agost, donde realizaba tareas domésticas sin recibir ningún sueldo. La víctima fue engañada para traerla a España, vivía en condiciones «infrahumanas» y estaba desnutrida.

En esta operación, bautizada como ‘Zenata’, los efectivos de la Guardia Civil han detenido a un matrimonio también de origen argelino como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, según ha informado la Benemérita en un comunicado. Al parecer, la mujer había sido engañada para venir a España con la promesa de proporcionarle un puesto de trabajo que le ayudara a obtener un permiso de residencia.

La investigación se inició a raíz del testimonio de un ciudadano, que acudió a la Guardia Civil para explicar que una mujer estaba encerrada en contra de su voluntad desde hacía más de un año en una casa de la localidad de Agost. Según el relato de esta persona, la mujer podría encontrarse en grave peligro para su salud y su seguridad.

Al parecer, fue la víctima quien, en un momento dado, consiguió comunicarse a través de Internet con un familiar, al que le explicó lo que estaba pasando, y este inició los pasos necesarios para pedir auxilio.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes de la Guardia Civil que prestan servicio de Seguridad Ciudadana en la localidad de Novelda pusieron en conocimiento del Equipo de Mujer-Menor (EMUME) de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante lo ocurrido.

Fruto de las investigación, la Guardia Civil averiguó que el matrimonio presuntamente había traído a la víctima bajo engaño, aprovechándose de su situación de necesidad y precariedad, con la promesa de proporcionarle un contrato de trabajo en las tareas del hogar, que le permitiría solicitar su permiso de residencia en España. Pero una vez en el país, le retiraron el pasaporte y la alojaron en el garaje de la vivienda en la que residían.

ESTANCIA SIN VENTILACIÓN Y CON CABLES

Así, el matrimonio, en unas condiciones de habitabilidad «infrahumanas», pusieron una cama e improvisaron un aseo. La estancia no contaba con ningún tipo de ventilación y el cableado de suministro eléctrico de la vivienda, al descubierto, cruzaba la estancia colgando del techo.

En estas circunstancias, al parecer los ahora detenidos hacían trabajar a la mujer sin descanso durante los siete días de la semana, ocupada en las diferentes tareas del hogar de la vivienda. El sueldo prometido nunca se llegó a materializar.

Según ha detallado la Guardia Civil, en contadas ocasiones la víctima salía al exterior, pero siempre acompañada para garantizarse que no optara por escapar.

DESNUTRICIÓN Y DESMAYOS

A la llegada de los agentes, la víctima presentaba un evidente estado de desnutrición. En sus declaraciones, afirmó que había estado encerrada durante más de un año y que, a pesar de haber sufrido varios desmayos debido a la falta de alimento, le habían negado en todo momento ser atendida por un médico.

Además, aseguró que la escasez de comida era tal que desde que fue privada de su libertad, y tras su liberación, había bajado de peso más de 20 kilogramos.

UN MATRIMONIO QUE RESIDE POR TEMPORADAS EN ESPAÑA

Los presuntos autores son un matrimonio de empresarios de origen argelino que reside por temporadas en España, él de 50 años y ella de 44. Durante el último año habían permanecido de forma continuada en España con motivo del estado de alarma decretado, para frenar el avance de la pandemia.

Se les imputan un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, un delito de detención ilegal y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Novelda y han quedado en libertad vigilada, con cargos.

La mujer liberada ha sido puesta en contacto con una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, de ayuda a las víctimas de la trata de personas. En la actualidad se encuentra residiendo en una casa de acogida en la que se recupera de lo ocurrido.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha remitido una carta al vicepresidente segundo y ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, pidiéndole que interceda ante el Ministerio de Sanidad para que se vacune a las personas cuidadoras junto a los dependientes que están a su cargo. En la Comunitat Valenciana hay 64.000 personas cuidadoras no profesionales.

Así, se lo ha trasladado Oltra a los representantes de las plataformas y otras entidades que trabajan con los colectivos de personas dependientes, en una reunión que han mantenido para informarles sobre cómo está avanzando el calendario de vacunación y para incidir en algunas «carencias» que entiende que tiene el plan de vacunación establecido por la Comisión interterritorial y el Ministerio de Sanidad.

Oltra, que ha estado acompañada por la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Irene Gavidia, y la directora general de Atención Primaria y Autonomía Personal, Mercé Martínez Llopis, ha explicado que esta semana se han comenzado a vacunar a las personas dependientes con grado II y grado III que acuden a centros de día y que después Sanidad debe porner fecha a cuando comienza la vacunación de las personas dependientes que no acuden a centros.

En este caso, ha recalcado que sería «importante» que se vacunara también a aquellas personas que se encargan de su cuidado, tal y como el Gobierno valenciano ha pedido ya en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que rechazó la demanda.

Al repescto, ha señalado que «una mirada puramente sanitaria, que es la inmunización de la persona en dependencia, obvia una cuestión fundamental, que es que si el cuidador se contagia y cae enfermo y debe ingresar en un hospital esa persona se queda sin cuidar». Por tanto, «no se trata solo de una cuestión del contagio, sino más bien de evitar la desatención que se puede provocar».

«La residencia más grande que tenemos es la de las personas que son cuidadas en su casa pos sus familiares», ha recalcado. Por ello, en la misiva a Iglesia plantean que se incluya a estos cuidadores y otros perfiles de manera prioritaria en el plan de forma que la vacuna se administre al mismo tiempo que a la persona dependiente, lo que también redundará en una «eficacia» y «eficiencia» en la vacunación.

Así, ha constatado que «no es lo mismo ir a un centro que a las casas, y lo más eficaz es hacer un dos por uno, cuando además muchas veces la persona cuidadora entra dentro de un grupo de riesgo porque en la mayoría de los casos son sus parejas».

NIÑOS DEPENDIENTES

Además, ha señalado que en el caso de los niños dependientes hay un problema añadido ya que lo habitual es que su cuidador sea su madre y si debe ingresar al haberse contagiado el menor se queda desprotegido y sin atención». Además, en estos casos su perfil de dependencia les hace estar muy unidos a la persona cuidadora y «una ruptura» de estos cuidados puede hacer que se agrave la afección.

La vicepresidenta ha añadido que en la carta remitida al Ministerio también piden la inclusión de otros colectivos que tienen relación directa con los colectivos más vulnerables, como el personal de Inspección de Servicios Sociales, los y las valoradoras de la situación de dependencia, el personal técnico en ejecución de tutelas y el personal sociosanitario de diferentes recursos relacionados con diversidad funcional o personas en situación de exclusión social, entre otros.

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha afirmado este jueves que realizar «incrementos razonables» de las inversiones en investigación científica conducirán a «tener futuro en las nuevas generaciones o no tenerlo». Ha visitado la planta de la empresa CerTest Biotech en San Mateo de Gállego (Zaragoza), que se prepara para fabricar vacunas para prevenir la COVID-19 y otras enfermedades.

Duque ha visitado la fábrica acompañado por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la consejera de Ciencia, Maru Díaz, y la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, y el alcalde de San Mateo de Gállego, José Manuel González, entre otras autoridades.

En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro ha aseverado que esta empresa es «un paradigma» y representa el hecho de que «España puede funcionar perfectamente con incrementos razonables y alcanzables de financiación en ciencia», lo que «puede ser la diferencia entre tener un futuro en las siguientes generaciones o no tenerlo.

Ahora España va a tener mayor financiación para la ciencia y hay que utilizarla bien para que haya mucha más gente en trabajos de alta cualificación», ha dicho el ministro, dispuesto a «sacar las consecuencias» de su visita, que «servirán para el futuro.

Duque ha indicado que CerTest Biotec es «un ejemplo» de empresa donde la financiación pública «ha ayudado y ha funcionado perfectamente», recordando que para esta firma trabajan más de 200 personas en puestos de alta cualificación, lo que ha apostado por «reproducir» en otras regiones.

Les ha deseado «lo mejor para el futuro», les ha felicitado por su labor y ha destacado el «gran desarrollo» que ha experimentado la empresa en los últimos años, celebrando que las instalaciones se vayan a ampliar, con una nueva nave.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, ha recordado que CerTest Biotec nació en el vivero de empresas autonómico CEEI de Zaragoza, donde permaneció diez años, afirmando que la «biografía» de la empresa habla de «crecimiento, ampliación» y que es «un estandarte del modelo de economía que queremos.

Lambán ha puesto de relieve el éxito de la empresa en exportación, innovación, empleo, especialmente femenino y de desarrollo en el medio rural, añadiendo que desde su puesta en marcha «no ha dejado de darnos alegrías» al ampliar sus mercados, diseñar y fabricar nuevos productos y, ahora, con la pandemia encontrar una «oportunidad» para fabricar vacunas.

Ha garantizado el apoyo del Gobierno de Aragón a esta empresa y ha abogado por impulsar el sector médico-farmacéutico para continuar diversificando la economía aragonesa, donde trabajan 4.000 personas.

Lambán ha avanzado que el Ejecutivo aprobará el mes próximo una convocatoria de ayudas a empresas de este sector para crear un ‘hub’ propio, de forma que sea «estratégico» para la región. Aragón tiene muchas vocaciones muy sólidas», ha manifestado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha apuntado que el año pasado cinco empresas realizaron sendas manifestaciones de intereses de inversión por un total de 30 millones de euros en el sector en Aragón.

En otro orden de cosas, Javier Lambán ha agradecido las muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido desde que anunciara, la semana pasada, que padece cáncer de colon, destacando el papel de los médicos en cuyas manos se ha puesto.

VACUNAS

El director técnico y socio fundador de CerTest Biotec, Carlos Genzor, ha anunciado que la empresas diseñará y fabricará vacunas de NRA-Mensajero para prevenir la COVID-19 y otras enfermedades. «No tenemos fecha», ha puntualizado, agregando que invertirán 100 millones de euros -en tres o cuatro años– en una nueva nave que servirá para este y otros proyectos a desarrollar.

«El proyecto ya ha comenzado», ha subrayado, al tiempo que ha expuesto que se está trabajando en el diseño y, simultáneamente, en el desarrollo y fabricación, destacando la experiencia de esta firma en la sintetización de ácidos nucléicos y enzimas.

Genzor ha indicado que CerTest Biotec ha fabricado test de antígenos y PCR para detectar la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, sumando unos 40 millones de kits, que ofrecieron al sistema sanitario español y, posteriormente, al exterior, exportando actualmente entre el 75 y el 80 por ciento de las unidades.

Ha agregado que la presencia del ministro es «el mejor reconocimiento» a su labor, y ha mencionado que la empresa está «en proceso» de lanzar nuevos test para detectar las variantes brasileña, sudafricana y británica de la COVID-19.

El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha registrado una solicitud para celebrar un pleno extraordinario y monográfico sobre los trámites realizados para acoger la base logística del Ejército que finalmente irá a Córdoba, al tiempo que ha apuntado que el gobierno local (PSOE-Cs) no disponía de un expediente administrativo «serio y riguroso» que respaldase la petición al Ministerio de Defensa.

El portavoz del Grupo Municipal de Partido Popular, Manuel Bonilla, ha comparecido en rueda de prensa para abordar el «fiasco» del Plan Colce, y plantear que el pleno se podrá «dirimir y exigir responsabilidades al Ministerio de Defensa, así como poner luz y taquígrafos en todo este proceso».

Bonilla ha exigido responsabilidades a los diputados y senadores del PSOE, toda vez que el pasado mes de septiembre «eran los primeros en hacerse fotografías delante del Ministerio de Defensa y ahora nadie sabe donde están». Asimismo, ha criticado que desde las filas socialistas pretendan «eximir sus propias responsabilidades para hacérselas llegar a un gobierno de la Junta de Andalucía que no tiene competencias en materia de Defensa».

Bonilla ha lamentado las «falsas expectativas» generadas por el alcalde, Julio Millán, y su teniente de alcalde, María Cantos, donde llegaron a afirmar a los diferentes portavoces de los grupos municipales el pasado mes de diciembre «que todo estaba hecho y que la base militar se albergaría en Jaén». En esta línea, ha instado al alcalde a que no se quede únicamente en el envío de una carta y en «esperar a unos plazos que ni siquiera están reglados».

El portavoz popular ha resaltado que la financiación de la construcción de la base era «uno de los puntales realmente importantes», por lo que la Junta de Andalucía «conocedora del déficit de infraestructuras en Jaén», a través del consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, puso encima de la mesa hasta 100 millones de euros para que la base logística recabase en Jaén.

En este punto, ha señalado que la Diputación Provincial únicamente ofreció 3,6 millones de euros para la expropiación de los terrenos, una cantidad que, según el PP, demuestra que «ha apostado económicamente más por el Palacio de Deportes que por el Plan Colce» porque «el compromiso se ve poniendo dinero, cuestión que la Junta de Andalucía sí ha hecho».

Bonilla ha incidido en que el Ayuntamiento de Jaén no contaba con un plan financiero que respaldara este proyecto, sino que únicamente dispone entre su documentación «una comunicación de un fondo de inversión del Reino Unido que supuestamente está dispuesto a financiar los 350 millones de euros para la base, sin conocer cuales son los requisitos, plazos o tipo de interés del mismo», por lo que ha instado al alcalde, a que «haga público dónde está su plan financiero A y B del que tanto presumía.

BARRIO DE LAS PROTEGIDAS Y ZONAS ARRU

En relación con la propuesta de Alcaldía para la delimitación de las zonas ARRU de la capital, el portavoz popular ha señalado que «desde el PSOE vuelven a hacerlo, dejando tirados a los vecinos, tal y como llevan realizando desde hace casi 15 años desde la catalogación de Las Protegidas».

«Lo que queda patente es el desprecio y abandono del PSOE al barrio de Las Protegidas», ha aseverado el portavoz popular, que ha añadido que desde el Partido Popular «no se entiende la decisión del gobierno local de dejar fuera de este proyecto a los vecinos de La Glorieta o Las Protegidas».

Manuel Bonilla ha lamentado la «falta de transparencia alarmante» en su día a día, que queda reflejado tras la convocatoria irregular del pleno extraordinario de este viernes, ya que la única documentación que obra en el expediente es «la propuesta de alcaldía de dos folios, donde ni siquiera se delimitan las zonas ni se incorporan los informes técnicos que los avalen».

Así ha lamentado que los concejales de la Corporación Municipal tuvieran que enterarse por la prensa de las zonas que habían elegido el equipo de Gobierno para delimitar las zonas de actuación en la capital porque «a fecha de hoy, no tenemos documentación».

Los Veintisiete han cerrado la primera relación de test rápidos de antígenos cuyo resultado se comprometen a reconocer mutuamente en el marco de las medidas sanitarias que cada Estado miembro decida para tratar de contener los contagios de coronavirus.

Ya en enero los Veintisiete se comprometieron a reconocer las pruebas de antígenos para el diagnóstico de la Covid-19 que fueran validadas en otros países de la UE y cumplieran una serie de requisitos mínimos –como garantizar una sensibilidad igual o superior al 90%–, pero dejaron sin definir la lista precisa de los test que serían mutuamente reconocidos por lo que el acuerdo no tuvo consecuencias inmediatas.

En una reunión a nivel de expertos nacionales en materia de salud, los países socio establecieron el miércoles la primera relación de test cuyo resultado se comprometen a reconocer aunque la prueba se haya realizado en otro Estado miembro.

El acuerdo recoge algo más de una veintena de test candidatos porque ya son utilizados en al menos un Estado miembro y cumple con los criterios comunes fijados: contar con el certificado ‘CE’ y ofrecer un rendimiento de al menos un 90% de sensibilidad y una especificidad igual o superior al 97%.

De esta relación un total de 16 pasan a configurar el primer listado de reconocimiento mutuo, ya que para figurar en esta categoría los países quieren que al menos tres Estados miembro estén usando en la práctica la prueba validada.

Además, los métodos considerados por el conjunto de los Veintisiete deberán facilitar información sobre la metodología y los resultados de los estudios realizados que han llevado a esa conclusión. Los datos se compartirán además de con la Comisión Europea y el Consejo con el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC).

Con el acuerdo de esta semana, los expertos de los Veintisiete han cerrado el primer listado armonizado de pruebas rápidas válidas, aunque es un documento que podría ir variando ya que han previsto revisiones periódicas para permitir nuevas incorporaciones o salidas.

También hay consenso sobre los datos estandarizados comunes que deberán incluir los resultados de las pruebas rápidas para ser certificadas, con el objetivo de facilitar el reconocimiento mutuo de los test.