El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha pronosticado que el «presunto fervor» de las formaciones de derecha con el exilio republicano quedará en nada cuando se aborde la ley de Memoria Democrática y ha criticado que ahora lo utilicen para atacar al vicepresidente Pablo Iglesias, en la polémica por sus palabras sobre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, de quien dijo que también era exiliado.

Además, ha dicho que la situación de los que combatieron el franquismo nunca les ha importado y les ha recordado también la situación de los liberales del siglo XIX, que salieron de España por oponerse al régimen absolutista de los Borbones».

«Y esos se iban de España por enfrentarse también al régimen legal imperante en esos momentos. Y ahí lo dejo», ha apuntado Santiago para recalcar que la polémica en torno al también líder de Podemos «no da más de sí».

En rueda de prensa junto a su homóloga en el grupo parlamentario, Sofía Castañón, para presentar el plan de trabajo de cara a la comisión de investigación sobre el caso ‘Kitchen’, Santiago ha defendido que Iglesias ha precisado «hasta la saciedad lo que quería decir exactamente» sobre Puigdemont.

A continuación, ha ironizado sobre lo «emocionado» que se siente, a las puertas del inicio debate sobre el proyecto de ley de Memoria Democrática, del número de partidos que ahora son los «más preocupados» con los destinos del exilio republicano por defender la democracia, pero que «con una mano quitan las placas de republicanos exiliados», como el caso de PP y Cs con la dedicada al socialista Francisco Largo Caballero en la ciudad de Madrid.

Por tanto, el también dirigente de IU ha asegurado que este «presunto fervor» contra el «golpe de estado» del dictador Francisco Franco y la defensa del «exilio» se verá «claramente» cuando se discuta este texto normativo en el Congreso, que debe incluir un reconocimiento «expreso» a las personas que abandonaron el país por la dictadura.

«Me temo que ahí veremos que toda esta puesta en escena era eso, una puesta en escena, porque a la derecha de este país no le importa lo más mínimo los exiliados republicanos españoles, nunca les ha importado», ha apuntado.

IGLESIAS SE PRONUNCIÓ AYER

Ayer, Iglesias aseguró que su compromiso con la memoria histórica no está en cuestión tras sus palabras sobre Puigdemont, cuando dijo que su situación podía asemejarse al exilio republicano, y dejó claro que no admite lecciones de los que gobiernan con Vox, ni tampoco de aquellos que impiden que se investiguen en el Congreso los presuntos delitos del rey emérito Juan Carlos I.

En este sentido, dijo que no se va a sumar a la «criminalización del independentismo» ni de una personas por defender determinadas ideas que él no comparte, puesto que para eso «ya hay muchos políticos». A renglón seguido, añadió que está claro que el contexto histórico de Puigdemont y de los exiliados republicanos por el franquismo son «diferentes».

«Claro que los contextos son diferentes. Pero si alguien en este país ha maltratado la memoria de los antifascistas, de los republicanos y exiliados de los españoles, son los que ahora tratan de decirnos a nosotros que estamos comparando cosas diferentes», apuntó.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha defendido el principio de acuerdo alcanzado entre España y Reino Unido sobre Gibraltar, subrayando que además de preservar las reivindicaciones de soberanía también aspira a crear una «área de prosperidad compartida» después de «300 años de reivindicaciones y ser ignorados».

González Laya ha comparecido este miércoles a petición propia ante la Comisión Mixta para la UE para explicar tanto este preacuerdo, alcanzado el 31 de diciembre, como el acuerdo suscrito entre la UE y Reino Unido el 24 de diciembre que regulará la futura relación de este país con el bloque.

En ambos casos, la ministra ha pedido hacer un «ejercicio de imaginación» con lo que hubiera pasado si no hubiera habido acuerdo y que en el caso concreto de Gibraltar hubiera supuesto un «Brexit duro» y el mantenimiento de la Verja.

«Si lo que se pretende es tener otros 300 años de reivindicaciones y ser ignorados desde luego una salida sin acuerdo hubiese contribuido en gran manera a este resultado», ha sostenido, insistiendo en que el texto pactado no afecta a las reivindicaciones de soberanía.

Según la ministra, sin acuerdo «España hubiera perdido capacidad de influencia y control de este territorio al menos por una generación», mientras que lo que ocurre ahora es que «recupera protagonismo en los asuntos de Gibraltar» y «toma la iniciativa con un claro plan de futuro para la zona del Campo».

Así, ha reiterado que lo pactado busca crear una «prosperidad compartida» que es «la plasmación de la idea de la gestión compartida de la interdependencia, todo desde la competencia leal». Según la ministra, el Gobierno ha pasado «de la palabrería a los hechos» y ha hecho «avanzar en terreno práctico los intereses nacionales», y en particular los del Campo de Gibraltar, donde ha resaltado que había un «clamor» pidiendo soluciones.

«Nuestro objetivo es que en el futuro Gibraltar no sea cuestión que enfrente a España y Reino Unido en la que medida en que hayamos conseguido aparcar las cuestiones de soberanía hasta que las circunstancias nos permitan abordarlas en beneficio de todos», ha añadido.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Tanto el portavoz del PP, Rubén Moreno, como el de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, han reprochado al Gobierno haber cedido en esta negociación y haber renunciado a la soberanía sobre el Peñón y le han afeado el estatus que se está dando en la negociación al ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo, a quien la ministra había agradecido el haber «buscado un acuerdo».

En palabras del portavoz de Vox, el principio de acuerdo supone «una cesión de soberanía sin precedentes» en tres siglos y «dar continuidad a un paraíso fiscal» como es Gibraltar. También se ha referido a este último aspecto el portavoz popular, que ha lamentado que se haya renunciado a la «cosoberanía».

«Nos han comido la tarta y robado la cartera», ha resumido Espinosa de los Monteros. «Lo que ha quedado claro es que se ha fortalecido la posición de los gibraltareños y que el Gobierno, no sólo no ha aprovechado la oportunidad del Brexit, el respaldo de la UE y la debilidad de (Boris) Johnson, sino que, además, ha consolidado su estatus de colonia», ha resaltado a su vez Moreno.

«No hemos renunciado a la soberanía y por lo tanto no hemos renunciado a la cosoberanía, pero no nos podemos quedar otros 300 años ahí», se ha defendido González Laya, que una vez más ha apostado por los «beneficios concretos» que lo pactado aportará a los ciudadanos.

En cuanto a su agradecimiento a Picardo, ha recurrido a la máxima «es de bien nacido ser agradecido», si bien ha recalcado que el Gobierno ha negociado con Reino Unido, pero «cómo integra su delegación es su asunto». «Quédense tranquilos, mis agradeciminos en nada suponen un menoscabo de las reivindicaciones de nuestro país para con Gibraltar», ha recalcado.

FUTURO ACUERDO ENTRE UE Y REINO UNIDO SOBRE GIBRALTAR

Por otra parte, González Laya ha explicado los principales puntos del principio de acuerdo, que ha recalcado que servirá de base ahora para que la Comisión Europea fije unas directrices y un mandato negociador que culmine con un acuerdo entre Reino Unido y la UE sobre Gibraltar, que confía en que esté listo en seis meses. Según ha indicado, por el momento lo planteado por Londres y Madrid ha tenido una buena acogida entre los socios comunitarios.

La ministra de Exteriores ha hecho especial hincapié en que una vez se cierre este acuerdo desaparecerá la Verja, ya que se prevé que Gibraltar entre a formar parte del espacio sin fronteras Schengen. Pero para que esto ocurra, además, tendrá que haber una evaluación previa por parte de Schengen de que el Peñón cumple todos los mecanismos previstos por este espacio sin fronteras. Solo entonces, ha subrayado, «se levantaría la Verja, no antes y no después».

Al hilo de esta cuestión ha aclarado que esto no supone que deje de haber controles aduaneros, sino que en un futuro se trasladarán al puerto y el aeropuerto. Aquí, ha explicado, en primer lugar serán las autoridades gibraltareñas las que lleven a cabo el control inicial mientras que será luego España la que tenga la palabra final respecto a la entrada en Schengen.

Durante el periodo inicial de cuatro años, España estará «asistida» por Frontex en esta tarea, ha puntualizado la ministra, que no ha respondido a las cuestiones formuladas por los portavoces sobre si una vez expirado este plazo serán agentes españoles los que asuman la tarea, algo que ya ha descartado de plano Picardo.

UNIÓN ADUANERA

Por otra parte, en el plano comercial y de fiscalidad, ha resaltado que Gibraltar tendrá que llevar a cabo una adaptación de la unión aduanera, alineándose con la legislación europea en materia de IVA e impuestos especiales, entre otros, estando previstos en el documento pactado por Londres y Madrid impuestos especiales al tabaco, el alcohol y el combustible.

Ante el escepticismo mostrado desde la oposición con que Gibraltar lo cumpla, ha defendido tajante que si no se produce ese alineamiento con las disposiciones y la fiscalidad europeas entonces «no habrá un ingreso» en la unión aduanera «hasta que eso no ocurra».

Además, ha incidido en que el acuerdo sobre fiscalidad entre España y Reino Unido –que aún no ha completado su trámite parlamentario– también vendrá a sustentar esta situación, dados los compromisos sobre blanqueo de capitales y de carácter fiscal asumidos por Gibraltar, que permitirían, ha dicho, sacar al Peñón de la lista española de paraísos fiscales una vez entre en vigor.

Respecto al acuerdo sobre la futura relación de Reino Unido con la UE, ha admitido que «no es perfecto» y ha adelantado su intención de comparecer «en los próximos días» ante el Congreso para que se apruebe el decreto ley del Gobierno sobre las disposiciones respecto al Brexit.

LOS INDEPENDENTISTAS PIDEN EL MISMO TRATO QUE A PICARDO

En otro orden de cosas, los independentistas catalanes de ERC y Junts han aplaudido que España haya hablado con Picardo y celebrado que Reino Unido no solo haya respetado la voluntad de los gibraltareños sino que haya incluido a su máximo dirigente como «partner» en la interlocución.

«Es un modelo a seguir por parte de España en las relaciones internacionales respecto de sus territorios», ha dicho la diputada de Junts Mariona Illamola, apuntando su anhelo de que España siga el camino marcado por Reino Unido respecto a Cataluña y respetase «el derecho a decidir» de los catalanes.

En la misma línea, la representante de ERC Marta Rosique ha aplaudido que Exteriores respete la soberanía nacional de Gibraltar y ha animado a que el Gobierno haga lo propio con los territorios que dentro de España anhelan también ejercer el «derecho de autodeterminación».

Un total de 80 colectivos vinculados a las grandes movilizaciones feministas de los últimos años han suscrito el manifiesto ‘Feministas por los derechos de las personas trans’ en el que reivindican la participación de las mujeres trans en el movimiento feminista y previenen contra el aumento de la violencia contra estas personas.

El texto, publicado este miércoles 20 de enero en la web ‘www.feministasporderechostrans.wordpress.com’ señala que «defender unos derechos largamente reivindicados no es un gesto en contra de las mujeres cis» y que el feminismo «no se puede usar para oponerse o para cuestionar los derechos de las personas trans, que se enfrentan cotidianamente con el estigma y la discriminación».

El manifiesto ha sido suscrito por colectivos del movimiento feminista de todo el Estado, como FeministAlde, Ca la Dona, Plataforma 8M Tenerife, AMA Asturies, Asamblea Feminista o Eskalera Karakola. Por el momento, ha sido respaldado por 80 agrupaciones y se han adherido más de 500 activistas, periodistas y mujeres del mundo de la cultura.

Todas ellas se suman a la idea de que «el feminismo lleva enriqueciéndose con las aportaciones de muchas compañeras trans desde hace décadas y no podría entenderse sin su participación».

En este sentido, las firmantes se posicionan a favor de un «feminismo diverso, inclusivo, interseccional y desbordante», especialmente «en un momento de auge de la ultraderecha en el mundo, que pretende vender identidades excluyentes afianzadas en la denegación de derechos a quienes consideran diferentes».

Así, se sitúa «radicalmente en contra del tono insultante y del menosprecio que se utiliza, sobre todo en redes sociales». «No necesitamos que nadie venga a vigilar qué es ser mujer. Queremos, por el contrario, ampliar su significado y las posibilidades de vivir de maneras diversas sin encajar en los moldes preestablecidos por el patriarcado», destaca el texto.

Además, aboga por «una sociedad en la que las personas no sientan la presión de cumplir con la rigidez de género» y afirma que «mejorar las condiciones de vida de las personas trans profundiza y amplía la democracia y mejora la sociedad».

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha agradecido el posicionamiento de los movimientos feministas en favor de los derechos trans y el apoyo a una ley que garantice el derecho de autodeterminación.

«Es la mejor forma de arrancar un 2021 que la Federación ha dedicado a los Feminismos, igualdad y derechos humanos con el objetivo de afianzar lazos entre el movimiento feminista y el LGTBI, aliados históricos y naturales en la lucha contra el machismo y por la igualdad social», ha celebrado la presidenta de FELGTB, Uge Sangil.

Según ha precisado, desde FELGTB trabajarán este 2021 para que las alianzas entre los movimientos LGTBI y feministas sean más sólidas y para sumar esfuerzos a «la lucha contra los modelos y las normas que impone el patriarcado».

El Partido Popular ha reclamado al Gobierno que lidera Pedro Sánchez aprobar este miércoles, en el Consejo Interterritorial de Salud, un plan de vacunación y de lucha contra el Covid-19 basado en «criterios comunes» para frenar la tercera ola «explosiva» de Covid-19 y «no 17» planes.

Así lo ha asegurado la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, después de haber mantenido una reunión, junto al líder del PP, Pablo Casado, con el director general de Pfizer en España, Sergio Rodríguez, a la que también ha asistido la directiva de la farmacéutica, Concha Serrano.

El propio Casado ha señalado en Twitter que ha mantenido esta reunión para «conocer de primera mano la situación en la fabricación de la vacuna» y ha subrayado que la colaboración público-privada «es fundamental para combatir el Covid». Dicho esto, ha recordado su propuesta a Pedro Sánchez para «un pacto por la investigación que reciba el 2% del PIB».

EMPLAZA A SÁNCHEZ A COMPARECER EN EL CONGRESO

En una declaración grabada que ha difundido el PP, Pastor ha acusado a Sánchez de estar «desaparecido» cuando en España hay «una tercera ola de la pandemia explosiva», «con más infectados que nunca, con más hospitalizados y con más personas en la UCI». Además, ha resaltado que este martes conocieron el fallecimiento de 400 personas más.

Por todo ello, ha emplazado al jefe del Ejecutivo a acudir al Parlamento, «ponerse al frente y dar la cara», ya que, a su juicio, debe decirle a los españoles «lo que está ocurriendo realmente y qué medidas hay que tomar en los próximos días». El Grupo Popular ya solicitó este martes la comparecencia de Sánchez en el Congreso para rendir cuentas de la pandemia.

Pastor ha criticado que el Gobierno haya dejado a las comunidades autónomas «a su suerte» y le ha recriminado además que recurra decisiones de algunas de ellas, en alusión al adelanto del toque de queda en Castilla y León. Por eso, ante el Consejo Interterritorial de Salud que se celebra esta tarde, ha afirmado que el PP reclama que haya «un plan para luchar contra esta ola expansiva» y «no 17» planes.

«CRITERIOS COMUNES Y COMPARTIDOS»

De la misma manera, la exministra de Sanidad ha defendido un plan de vacunación y «no 17 planes» porque «a todos los españoles el virus les puede infectar». A su juicio, no puede haber diferencias ante los mismos indicadores epidemiológicos ni tomar decisiones distintas.

«Por lo tanto, aún con las peculiaridades que puede tener cada ciudad, cada pueblo, cada villa de nuestro país, tenemos que tener criterios comunes y compartidos como lo hacen partidos de nuestro entorno, como Alemania, un país fuertemente descentralizado», ha manifestado.

Pastor ha criticado además que el titular de Sanidad, Salvador Illa, continúe en el Gobierno cuando la actual situación requiere a una persona a tiempo completo. «No podemos tener a una persona que por la mañana es ministro y por la tarde es candidato o viceversa», ha aseverado, para reiterar que es urgente que el jefe del Ejecutivo cese a Illa.

«PRODUCCIÓN AL MÁXIMO» DE PFIZER

Finalmente, Pastor ha reiterado el ofrecimiento de Casado a Sánchez para alcanzar un Pacto de Estado por la innovación y la ciencia para que se dedique el 2% del PIB a I+D+i. Asimismo, ha agradecido a Pfizer el esfuerzo que ha realizado para que la vacuna esté ya disponible.

«Nos han trasmitido un mensaje muy esperanzador y es que Pfizer en este momento está poniendo su producción al máximo para que todos los españoles más pronto que tarde podamos estar inmunizados», ha manifestado.

El grupo vallisoletano Celtas Cortos ha escogido este miércoles, 20 de enero, día de la salida del 45º presidente de los EEUU, Donald Trump, de la Casa Blanca, para despedir al político que ha hecho «de su capa un sayo». Por tanto, «no ha sido un día aleatorio o random», ha aclarado el cantante de la banda, Jesús Cifuentes ‘Cifu’, sino que se trataba de una fecha premeditada para el lanzamiento del nuevo tema y que da el pistoletazo de salida al un proyecto de lanzar un nuevo tema cada cinco semanas.

Así lo ha indicado este miércoles durante la presentación del sencillo en el Teatro Cervantes de la capital vallisoletana, donde también se ha proyectado el videoclip que acompaña al mismo, en el que se incluyen imágenes del asalto al capitolio por parte de seguidores de Trump el pasado 6 de enero.

«Después del asalto, pensé en la previa impagable que le estaban haciendo al single, que ya teníamos preparado para la salida de Trump», ha reconocido Cifuentes en declaraciones durante la presentación del tema, que según ha explicado, parte de una concepción íntegramente instrumental y con un sonido «muy Misisipi», a la que decidieron, finalmente, dotar de letra.

Con peinetas incluidas al presidente saliente, Celtas Cortos, conscientes de que una letra tan explícita puede hacer que «alguno se lleve las manos a la cabeza», consideran que también «resulta muy terapéutico soltar un exabrupto de vez en cuando».

Además, según ha matizado ‘Cifu’, las críticas de la canción, aunque dedicadas de forma expresa a Trump, también pueden extrapolarse al ámbito nacional: «Es reflejo de lo que dijo Iñaki Gabolondo, que abandonaba sus mañanas ante el hartazgo y el empacho de la bravuconada política».

«Estamos todos cansados de la mala gestión», ha afirmado el cantante de Celtas Cortos, sobre todo en unos «días duros para la población» que han dejado entrever que «bajo la punta del iceberg de la emergencia sanitaria del Covid hay mucha basura», ha aseverado.

En este sentido, ha hecho referencia a «todo lo que hay detrás del sufrimiento de la población civil»: el coronavirus, Cañada Real, ‘Filomena’, la subida del precio de la luz, las hipotecas o los desahucios. «Es un disparo de cabreo», ha zanjado.

Sin embargo, también ha matizado que detrás de los sentimientos de rabia, furia e indignación, siempre hay sitio para una inyección de energía positiva: «La vida tiene muchos formatos que nosotros pasamos por el tamiz de nuestro corazón».

Por ello, ha avanzado que el contenido de los próximos trabajos, más allá de la crítica social de este primer single, será «muy diverso» y atenderá a un «abanico muy amplio» de temas.

Todo en un año que se antoja «muy diferente» dada la ausencia de actuaciones y el «abandono de la cultura«, pero «las inquietudes siguen ahí» y, según han afirmado ellos mismos, si hay algo que no les pueden quitar el es «la creación.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha querido dejar claro este miércoles, en respuesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), que «nadie quiere arruinar la hostelería», pero ha defendido que se «limite» la actividad del sector para frenar la posibilidad de contagios de Covid-19.

En una entrevista en ‘RNE’, el consejero portavoz se ha pronunciado así al ser preguntado por las declaraciones que este martes realizó la presidenta madrileña, quien, sobre la petición de adelantar el toque de queda nocturno que han trasladado en los últimos días al Gobierno una mayoría de comunidades autónomas, señaló que, «para arruinar aún más a la hostelería en España» así como a los comercios, a la iniciativa privada y a tantas familias, con ella que «no cuenten».

Bendodo ha dicho que «respeta aunque no comparta» esa posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que ha definido como «buena amiga», y ha defendido que por parte de la Junta de Andalucía han intentado llevar a cabo durante la pandemia «una cirugía de precisión» y un «equilibrio» entre las medidas para frenar los contagios y la «afección» que éstas tienen en la economía.

Por eso, según ha continuado, la hostelería «no ha cerrado nunca» en Andalucía salvo en el primer estado de alarma de la pandemia, y desde la Junta se han procurado «ayudas» a un sector que «da mucho empleo» en la región y al que la Administración andaluza «cuida», según ha defendido.

Pero Bendodo ha agregado que la situación actual es «muy compleja» y desde la Junta entienden que sí hay que llevar a cabo una «limitación» de la actividad de la hostelería para prevenir contagios entre sus clientes, y al respecto ha recordado que en Andalucía se ha acordado que sus establecimientos tengan que cerrar obligatoriamente a las 18,00 horas.

Ha apostillado que puede «compartir las palabras de Ayuso si las hago generales», en el sentido de que coincide en que «nadie quiere arruinar la hostelería», pero ha insistido en que se debe limitar su actividad en este contexto de «tercera ola agresiva» de la pandemia.

REUNIÓN DE LA INTERTERRITORIAL DE SANIDAD

Bendodo ha realizado estas reflexiones a unas horas de que el Gobierno y las comunidades autónomas se reúnan este miércoles en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), presidido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que en esta ocasión se celebrará de manera telemática desde Sevilla, desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

El consejero portavoz andaluz ha valorado que el titular de Sanidad se desplace a Andalucía para presidir desde ahí la reunión de la Interterritorial de Sanidad, y ha garantizado la «máxima cordialidad y lealtad institucional» por parte de la Junta hacia el Ministerio, pero ha opinado que «el valor verdadero de la visita» de Illa estribará en que «acepte las peticiones» que traslada el Gobierno andaluz, que se resumen en permitir a las comunidades autónomas el adelanto del inicio del toque de queda nocturno a partir de las 20,00 horas, y ordenar confinamientos domiciliarios «en casos extremos» de municipios con elevadas tasas de contagio.

Bendodo ha considerado que el Gobierno debe atender la «petición casi unánime» de las comunidades autónomas para ese adelanto del toque de queda, y al respecto ha subrayado que la «tercera ola» de esta pandemia «está siendo mucho más explosiva», con un ritmo de contagios «mucho mayor» al registrado hasta ahora, y «se ha demostrado que la única forma de frenar el virus es frenando la movilidad», porque «el virus se mueve con las personas», y por eso «parece razonable limitar los contactos sociales», y de ahí la petición de adelantar el toque de queda como reclama Andalucía.

Además, la Junta ha demandado al Gobierno de España que permita a las autonomías la posibilidad de que, «en determinadas circunstancias» –Andalucía lo plantea para municipios con una incidencia acumulada de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes en 14 días–, se pueda acordar el confinamiento domiciliario.

Bendodo ha argumentado que «lo normal» sería que ninguna comunidad tuviera que realizar esas reclamaciones al Ejecutivo central, porque «en otros países de la Unión Europea» con «un funcionamiento similar» al de España en cuanto a la existencia también de regiones o ‘lander’, como Alemania, el Gobierno «ha dicho cómo gestionar la tercera ola y decide».

Ha defendido al respecto que, «como país, damos una mala imagen» desde España teniendo «17 formas distintas de gestionar la tercera ola y la campaña de vacunación» frente al Covid-19, una por cada comunidad autónoma, en las que el Gobierno central, en su opinión, ha querido «desgastar el supuesto desgaste» de la gestión de esta crisis sanitaria, para lo que las autonomías quieren «las herramientas» necesarias, según ha abundado.

En esa línea, Bendodo ha insistido en comparar al Ejecutivo de Pedro Sánchez con «el perro del hortelano», que «ni toma las decisiones ni deja que las comunidades las tomemos», y ha argumentado, sobre la petición de adelanto del toque de queda, que no cree que sea «una cuestión de PP, PSOE» u otro partido en concreto, ya que «prácticamente hay unanimidad» al respecto de esta reclamación para «frenar» esta tercera ola, porque «estamos ya al final del camino» del combate frente a la pandemia gracias a las vacunas y «no podemos permitirnos el lujo de tirar por tierra lo que hemos hecho en estos meses», según ha advertido.

Asimismo, ha defendido que «los políticos no podemos permitirnos el lujo de no entendernos entre administraciones, con independencia del color político» que las gobierne, lo cual no es óbice para que «discrepemos de la gestión», según ha apostillado Bendodo, que al respecto ha insistido en criticar la «irresponsabilidad» del Gobierno central por permitir «17 formas distintas de gestionar la pandemia», y ha comentado que «si los gobiernos autonómicos están al 200%» en la gestión de la crisis, el ministro de Sanidad no debe estar «al 50% porque la mitad del tiempo lo dedica a las elecciones en Cataluña», en las que Salvador Illa encabezará la candidatura del PSC.

SITUACIÓN DE ANDALUCÍA

Por otro lado, y sobre la situación de la crisis sanitaria en Andalucía, el consejero ha recordado que la Junta ha decidido actualizar cada lunes y jueves los datos de contagio en los municipios para ver si superan la tasa de 500 ó 1.000 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días para acordar en esos supuestos, respectivamente, el cierre perimetral de la localidad o la obligación de paralizar la actividad no esencial.

De igual modo, Bendodo ha explicado que «todos los viernes» se reúne el conocido como comité de expertos que asesora a la Junta en esta materia, y este próximo viernes también, aunque ha adelantado que esa cita irá en esta ocasión «fundamentalmente en la línea de actualización de datos de los municipios para ver cómo evolucionamos de cara al pico de la tercera ola, que todavía no ha llegado», según ha avisado.

Bendodo ha remarcado que la Covid-19 es «un virus nuevo, impredecible, que nos tiene descolocados», y «tenemos que ir tomando decisiones sobre la marcha» por ello, pero ha insistido en que «lo que está constatado es que abriendo la movilidad y los contactos sociales se multiplican los contagios aunque se activa la economía«, y viceversa, de forma que los gobiernos deben «saber calibrar en qué momento abrir o cerrar» el «grifo» de esa movilidad y actividad económica.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido este miércoles que «si hay acuerdo» entre las comunidades autónomas, «no hay ningún problema» en modificar el decreto del estado de alarma, en aspectos como el horario del toque de queda.

«Aquí no hay una cuestión que se imponga al conjunto, sino lo que se decide entre todos, eso es lo que cuenta», ha reafirmado Ábalos este miércoles en Mérida, donde ha reiterado que el decreto de estado de alarma «claro que puede ser modificado», ya que según ha explicado, «el propio decreto establece que muchas de esas medidas podrán ser modificadas por el Gobierno, sin necesidad de ir incluso al Congreso».

Por eso «no hay ningún drama» en modificar este decreto, pero «que se haga de un modo sostenido», ha defendido el ministro de Transportes, quien ha recordado que como existe movilidad, «lo que haga una comunidad condiciona a otra, queramos o no», por lo que es necesario «tener una visión no digo uniforme, pero sí armónica, integradora».

En ese sentido, «la cuestión es que todos los gobiernos autonómicos asuman los acuerdos que logran», tras lo que ha censurado que «se logre un acuerdo, y luego de lo que se trata es de imponer singularidades por fuera del acuerdo, es lo que no tiene sentido, que es lo que algunos hacen», ha criticado el ministro.

José Luis Ábalos se ha pronunciado de esta forma a preguntas de los periodistas este miércoles en Mérida, durante su intervención en un foro organizado por la Cadena SER Extremadura, junto con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, sobre la petición de algunas comunidades autónomas de adelantar el toque de queda.

En su intervención, el ministro ha asegurado que el Consejo Interterritorial está «para intentar llegar a un acuerdo» entre las comunidades, ya que según ha reiterado, «tampoco es un drama cambiar la hora» del toque de queda.

A su juicio, «en esto no hay posiciones fundamentalistas, o no debería haberlas», sino que «alguno tiene que rebajar su intensidad porque muchas veces lo que se expresa no es la convicción de una medida, sino la necesidad de polemizar frente a otra administración», con el objetivo de «tratar de ocultar determinadas responsabilidades».

Por eso, el ministro ha invitado a «graduar la intensidad de nuestras posiciones y de nuestras demandas», ya que a su juicio, «la diferencia no está en lo que se plantea, sino en el cómo se plantea», ha dicho.

DEBATE SOBRE EL CONFINAMIENTO

Respecto a cómo afectan a las medidas a los sectores económicos, Ábalos ha resaltado que «todos somos conscientes del drama que están viviendo algunos sectores económicos», pero ha apuntado que «no deja de ser frívolo, decir ‘conmigo no cuenten para dañar más a un sector económico’, cuando se está hablando de vidas de personas».

En ese sentido, Ábalos ha considerado que «la coherencia se pierde, no porque se cambie de posición, sino por la intensidad en la que se defienden las posiciones», ya que según ha recordado, el Gobierno se tuvo que enfrentar «a una oposición parlamentaria tremenda» durante el confinamiento domiciliario.

De hecho, ha lamentado que la derecha, tras 15 días de confinamiento «ya dijo que no», y mientras «ahora piden confinamiento», entonces «estaban en movilizaciones en contra del confinamiento», tras lo que ha señalado que «la situación no es la misma» en la primera que en la tercera ola, en la que aunque hay los mismos contagios, «las capacidades y el conocimiento que tenemos no son los mismos».

Finalmente, Ábalos ha recordado que al inicio de la pandemia, no tenían «ni mascarillas», y conseguirlas «era una odisea», al igual que tampoco había respiradores, el sistema hospitalario «se vio colapsado con algo que no conocíamos», pero ahora, el ministro ha reafirmado que en la actualidad «la situación es otra», por lo que «hay que acomodar las circunstancias», ha concluido.

El PSOE y Unidas Podemos han optado por no solicitar aún comparecencias para la comisión del Congreso que va a investigar la operación ‘Kitchen’ dado que prefieren que los trabajos arranquen con la petición de documentación sobre el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, en busca de pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción.

Así consta en el somero plan de trabajo que han registrado en el Congreso, y que se someterá a votación este viernes en la que será la primera reunión de la comisión de investigación.

A diferencia de otros grupos, que sí incluyen ya una primera lista de comparecientes, los dos que apoyan al Gobierno y que promovieron esta investigación parlamentaria el pasado mes de octubre son partidarios de esperar un poco más para que en una primera fase la comisión se centre en la petición de documentos.

Así, plantean que sea la Mesa de la comisión, donde PSOE y UP tienen mayoría, la que acuerde la solicitud de «documentos, informes, antecedentes o datos sean necesarios para investigar, esclarecer y analizar las actuaciones e informaciones que constituyen el objeto» de la investigación.

COMPARECENCIAS A ACORDAR POR LA COMISIÓN

Y, según este plan de trabajo, será ya en una segunda fase cuando se celebren las comparecencias que acuerde en este caso la comisión en pleno. No obstante, las solicitudes de comparecencia se podrán ir ampliando en función del desarrollo de los trabajos, como sucede habitualmente en este tipo de investigaciones parlamentarias.

Los representantes de Unidas Podemos en la comisión de investigación, el vicepresidente primero de la misma, Enrique Santiago y Sofía Fernández Castañón, que ejercerá de portavoz, han defendido este plan de trabajo en una rueda de prensa en el Congreso.

El también portavoz de IU en la Cámara ha subrayado la oportunidad de empezar solicitando los documentos a cualquier entidad o persona pública o privada que sirvan para «aclarar cómo se articuló el plan criminal» que, ha dicho, presuntamente se urdió desde el Ministerio del Interior.

Tras admitir que Unidas Podemos aún no ha pactado con el PSOE la lista de comparenientes, Santiago ha señalado que su intención en la reunión de la comisión del viernes es que se apruebe «el mejor plan de trabajo» y que para ello están dispuestos a escuchar las propuestas del resto de grupos.

LA MAYORÍA YA PIDE COMPARECENCIAS

La mayoría de formaciones, salvo PSOE, Unidas Podemos y el PP, ya ha consignado una relación de primeras comparecencias, pero Santiago ha dejado claro que los socios de Gobierno quieren que primero se aprueben las que serán las «reglas de juego» de la comisión.

En este sentido, ha destacado que ellos no quieren poner tope a las peticiones de comparecencia y que cada grupo podrá solicitar todas las que estime oportunas, otra cosa será las que salgan adelante.

También ha explicado que ellos apuestan por trabajar con «rapidez». En este punto, ha defendido el plazo de tres meses que fijan en su plan de trabajo para la conclusión de su tarea, si bien dejan abierta la puerta a que este plazo se pueda prorrogar por acuerdo del Pleno.

Así, lo que intentarán PSOE y Unidas Podemos es que el viernes se apruebe su programa y que el siguiente paso de la comisión sea la apertura de un plazo para solicitar documentación y después otro para reclamar comparecencias.

TRASLADO A FISCALÍA SI ES MENESTER

En el documento que han registrado, los dos grupos puntualizan que cuando la Cámara se dirija a las personas que cite a comparecer tendrá que concretar el tema sobre el que debe versar su testimonio y podrá detallar los aspectos concretos que, a priori puedan resultar más interesantes a los comisionados.

Una vez finalicen las comparecencias, plantean abrir una tercera fase en los trabajos para la redacción de las conclusiones, pudiendo registrarse votos particulares por parte de los grupos, que también se someterán a votación en el hemiciclo.

Por último, puntualizan, como se hace tradicionalmente en todas las comisiones de investigación, que el Pleno podrá acordar, en su caso, que la Mesa del Congreso dé traslado al Ministerio Fiscal de sus conclusiones para el ejercicio de las acciones que sean procedentes.

La ‘número dos’ del PP catalán a las elecciones al Parlament, Lorena Roldán, ha criticado duramente que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se ratifique en sus palabras comparando la situación del expresidente Carles Puigdemont con la de los exiliados del franquismo y le ha emplazado a «rectificar» y a «pedir perdón» a aquellos que han podido sentirse ofendidos. Además, ha señalado que «seguro» que ahora Puigdemont las utiliza para su estrategia de defensa porque «para eso es experto».

Este lunes Iglesias mantuvo sus palabras y aseguró que su compromiso con la memoria histórica no está en cuestión. Además dejó claro que no admite lecciones de los que gobiernan con Vox ni de aquellos que impiden que se investiguen en el Congreso los presuntos delitos del rey emérito Juan Carlos I.

En una entrevista en Antena 3, Roldán ha afirmado que le parece «auténtica barbaridad, un bochorno y una vergüenza» que el vicepresidente del Gobierno «se permita el lujo de banalizar a los exiliados del franquismo y compararlos con un señor que está huido de la Justicia por haber cometido presuntamente delitos graves».

«Lo más triste de todo es que esta persona forma parte del Gobierno y lo que tendría que hacer es rectificar en lugar de hacer lo que hizo ayer», ha manifestado, para advertir que Puigdemont «seguro que utiliza» ahora esas declaraciones de Iglesias porque «para eso es experto».

Roldán ha subrayado que, aparte de «rectificar» sus palabras, Iglesias también tendría que «pedir perdón a todas aquellas personas que han podido sentirse ofendidas y han sufrido el exilio en sus carnes o lo han hecho sus familiares».

Además, la ‘número dos’ del PP en las catalanas ha señalado que los comunes también adoptan ese lenguaje al hablar de Puigdemont como «exiliado» y de «presos políticos». A su entender, el partido de Ada Colau «siempre ha sido muleta del separatismo».

EL GOBIERNO CATALÁN «NO HA HECHO SUS DEBERES»

Por otra parte, y tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que suspende el aplazamiento de las elecciones al 30 de mayo, Roldán ha recalcado que el decreto del Gobierno catalán «no garantizaba la seguridad jurídica», era una «chapuza» y no se fundamentó de forma correcta. Sin embargo, se ha quejado de que no hagan «autocrítica» y la «culpa» sea de los demás.

Según ha dicho, esta inseguridad jurídica les deja en una situación de «incertidumbre». «El problema es lo de siempre, el Govern no ha hecho sus deberes pero quien sale perjudicada es la ciudadanía», ha enfatizado.

Después de que el independentismo hable de «155 encubierto» y de «golpe judicial», Roldán ha criticado que hablen de «golpe» cuando «los únicos que lo dieron fueron los independentistas en 2017». «El Govern debería asumir las responsabilidades de las dos cosas que ha hecho mal: no garantizar la seguridad sanitaria y no garantizar la seguridad jurídica con ese decreto», ha abundado.

Roldán ha dicho que en la reunión del viernes con los partidos no hubo debate sino que el Govern catalán acudió con la «decisión tomada» para unos comicios el 30 de mayo porque «le viene» esa fecha y ha primado «más los datos demoscópicos» que los datos sanitarios. A su juicio, fue una «especie de teatrillo».

RESPONDE A ARRIMADAS QUE LA SILLA «ES EXACTAMENTE LA MISMA»

Al ser preguntada por las declaraciones de Inés Arrimadas acerca de que a Lorena Roldán solo le interesa «ganarse la sillita», la ‘número dos’ del PP a las catalanas ha dicho que le «resulta curiosa» esa declaración porque también iba a ocupar el segundo puesto con Cs por «la silla es exactamente la misma».

«No es una cuestión de cargos o de posición en una lista sino de convicciones», ha dicho, para admitir que en los últimos tiempos le costaba «asimilar» algunas de las decisiones que estaba tomando la dirección de Ciudadanos y «reconocer» a su partido en esas decisiones.

Dicho esto, Roldán ha justificado su paso al PP alegando que vio en este partido lo que es necesario en este momento, «hacer una oposición firme en Cataluña y hacer una oposición firme al separatismo, pero también ser alternativa al sanchismo».

«El procés se ha traslado, ya no solamente existe en Cataluña, también lo tenemos en el Congreso de los Diputados y tenemos a un presidente del Gobierno y un Gobierno socialista y de Unidas Podemos que no tiene ningún inconveniente en ir de la mano de formaciones como ERC o como Bildu», ha resaltado, para añadir que en este momento el PP es el único partido que está ofreciendo «esta doble alternativa».

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha anunciado que «en los próximos días» el Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030 va a constituir un foro consultivo para este eje de economía de los cuidados en el sector de la dependencia en el que estarán representadas las organizaciones sindicales y empresariales así como otras organizaciones de la sociedad civil y expertos en este ámbito.

Iglesias ha formulado este anuncio durante su intervención en la presentación del informe del Consejo Económico y Social de España (CES) sobre ‘El sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia’.

En el acto ha expresado que, en su opinión, construir el cuarto pilar del estado del bienestar en España es «básicamente un problema político» que tiene que ver con creer o no en la Constitución Española a la que ha definido como «un documento político que fija objetivos».

Así, ha defendido la importancia de «no despolitizar» la cuestión porque es un problema «básicamente político» y en el que ha puesto como referencia de solución a los sistemas de los países nórdicos.

En estos momentos, estima que España tiene «una oportunidad» con la llegada de fondos europeos en este momento «lleno de tensiones pero también de oportunidades» para construir el cuarto pilar del sistema de bienestar que tiene que ver con la asistencia al sector de dependencia y la economía de cuidados para las que hay que «redefinir el papel de intervención del Estado» y de todas sus administraciones.

Iglesias ha destacado en este contexto el papel «determinante» que tendrán en el futuro los Ayuntamientos en el sistema de dependencia y ha defendido que su Vicepresidencia va a tener un papel importante en la «oportunidad de construir una democracia mejor» pues, en su opinión, la calidad democrática no consiste solo en la capacidad de elegir a sus élites políticas sino de la capacidad de las democracias de proteger a sus ciudadanos.

El vicepresidente ha añadido que la pandemia ha puesto sobre la mesa la importancia de lo público, porque desde los que quitan la nieve o los que atienden a dependientes son trabajadores públicos que «marcan la diferencia» y hay que darles «un 10» pues en condiciones muy precarias recuerdan que la calidad democrática se mide por la calidad de sus cuidados sociales.

Iglesias ha presentado el informe del CES justo una semana después de que el Consejo Territorial de Servicios sociales haya aprobado un Plan de Choque en dependencia que «va a suponer una inyección económica y un ambicioso plan de mejora y reformas del sistema de dependencia» y que permitirán dejar «de una vez atrás» políticas de austeridad y recortes que se aplicaron tras la crisis de 2008 y que «debilitaron» la calidad democrática del sistema social.

Para el vicepresidente aquellas políticas fueron «injustas e ineficaces» frente a su plan de choque que asegura que permitirá reducir listas de espera y mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el sistema de dependencia y ha subrayado que cuenta con el apoyo de las comunidades autónomas, sindicatos y organizaciones empresariales.

«¡Quién iba a decir que los Ministerios gestionados por los terribles bolcheviques de Unidas Podemos iban a ser una referencia en acuerdos sociales entre los empresarios y sindicatos!», ha ironizado.

Respecto a los problemas «evidentes» en la atención a dependientes que se arrastran se revertirá, según Iglesias, con la propuesta de «plan de choque» presentada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para recuperar la financiación del Estado anterior a los recortes desde 2012 y que habían producido un «enorme sufrimiento social».

Ese plan de choque finalmente pactado la semana pasada pasará por incrementar la financiación y estima un impacto presupuestario de un aumento al menos de 600 millones de euros respecto a 2020 y en próximos años, hasta 3.600 millones.

Con ello confía en que se logrará reducir las listas de espera que en la actualidad tienen a más de 200.000 dependientes sin prestación; se asegurará que las condiciones laborales y salariales de quienes trabajan en el sistema de dependencia son adecuadas e introducirá mejoras en servicios y prestaciones para garantizar la atención adecuada de personas dependientes sobre todo con servicios profesionales de calidad.

El vicepresidente segundo también ha explicado sus actuaciones a corto y largo plazo en materia de dependencia en el marco del ‘plan de choque’ del sector con el que aspira a cumplir «uno de los retos del acuerdo de legislatura» que es el desarrollo del cuarto pilar del estado del bienestar y el refuerzo de las políticas de cuidados.

Para ello, se pondrá en marcha una estrategia nacional de «desinstitucionalización» para promover la atención domiciliaria siguiendo el modelo de los países nórdicos, reforzar y modernizar los servicios sociales para hacer de España «un país más accesible».

EL SECTOR PIDE MÁS COORDINACIÓN

La intervención de Iglesias ha tenido lugar durante la presentación del informe del Consejo Económico y Social de España (CES) ‘Informe sobre el Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia’, que reclama una mayor coordinación entre el sistema sanitario y el de atención a la dependencia para mejorar la lucha contra la pandemia.

Entre sus conclusiones, subraya que el coronavirus ha puesto sobre la mesa las «notables» carencias en información y evaluación de la dependencia y recomienda aumentar la visibilidad del sector de atención a la dependencia en las fuentes estadísticas; mejorar sustancialmente el propio sistema de información del SAAD y articular mecanismos permanentes, transparentes e independientes de evaluación de la calidad, la eficiencia y la equidad del sistema.

En cuanto a la reactivación del diálogo social en el sector, el CES –un órgano consultivo del Gobierno– estima que brinda la ocasión para abordar de manera consensuada estrategias de coordinación sociosanitaria en el marco del SAAD. Otra de sus reclamaciones pasa por integrar la perspectiva de género y superar las desigualdades existentes entre territorios.

El CES asegura que toda mejora de la atención revertirá favorablemente en la igualdad entre sexos, puesto que entre los mayores de 80 años hay más del doble de mujeres que de hombres. En concreto, las mujeres suponen el 65% de los beneficiarios del SAAD y constituyen el grueso de las personas que proveen los cuidados a la población dependiente (más del 85% de los ocupados en el sector). Por otro lado, reclama un mayor impulso al desarrollo de la red de servicios sociosanitarios en el mundo rural.

De cara al futuro, el CES cree que, una vez superada la emergencia, urgirá revisar en profundidad el sistema de cuidados a las personas dependientes para resolver problemas entre los que destacan las «listas de espera», cuya reducción constituye una prioridad en el acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales. En este contexto, lamenta que casi un 20% de la población en situación de dependencia reconocida no reciba atención. Y que unas 400.000 personas se encontraran en 2019 a la espera de ser valoradas o, estándolo ya, de recibir su correspondiente atención.

El informe también advierte del riesgo de «sustitución» de las prestaciones residenciales (servicios profesionalizados, con alto coste unitario) por cuidados familiares (prestaciones económicas, con coste muy inferior para las administraciones).

España cuenta con 1,1 millones de personas dependientes con ayudas, el 3% de la población. De entre ellos, el 6% es menor de edad; el 21,5% tiene entre 18 y 65 años. En total, el CES recuerda que en 2019 se le había reconocido el derecho a la atención a la dependencia a 1,3 millones de personas, según datos del SAAD.

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía (UAI) revela que el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo investigó el patrimonio personal y familiar del que fuera comisario jefe de esta unidad Marcelino Martín-Blas. Al ‘proyecto’ en el que recogía documentación sobre éste lo denominó ‘Party’.

Este nuevo informe, data de octubre de 2020 y se redacta tras el requerimiento del juez de la Audiencia Nacional que investiga la operación ‘Kitchen’ a Asuntos Internos para que remitiera todos los documentos depositados en esa unidad que pudieran relacionar a Martín-Blas con el operativo Kitchen. Precisamente este jueves está citado como investigado en el marco de esta pieza del caso Tándem.

Cabe recordar que en la pieza separada número 7 se investiga este operativo parapolicial orquestado en 2013 para sustraer documentación sensible que pudiera afectar a dirigentes del PP y que estuviera en posesión del extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas. En ese operativo se hicieron seguimientos al entorno de Bárcenas y se ‘fichó’ como confidente a su chófer, Sergio Ríos, a quien se le pagó, según se ha acreditado en la causa, con dinero proveniente de los fondos reservados.

Si bien Asuntos Internos apunta en su informe que ya en un oficio de 2019 informaron de que no habían hallado en sus archivos relación alguna con este operativo, subrayan que ahora harán una búsqueda más exhaustiva. Pero mientras tanto, le dicen al juez que sí que le pueden dar cuenta de las conexiones entre Martín-Blas y Villarejo que han encontrado en lo intervenido en los registros que se produjeron en noviembre de 2017 tanto en el domicilio y en las oficinas del comisario como en las de su socio Rafael Redondo.

Sobre esa documentación que han encontrado detallan que se trata de varios archivos de audio entre ambos comisarios, diferentes denuncias interpuestas en sede policial y judicial, y la documentación relativa a la investigación que hizo Villarejo a través de su empresa Cenyt sobre el patrimonio de Martín-Blas.

En la carpeta ‘Party’, los agentes de Asuntos Internos explican que se incluye información registral y empresarial relacionada con Martín-Blas (hoy ya comisario jubilado) y con su familia, así como un archivo word de 2016 que resume lo investigado.

En su informe, Asuntos Internos apunta que además de ‘Party’ hallan otra carpeta denominada ‘Marcel’ en la que se incluyen audios con conversaciones grabadas entre Martín-Blas y Villarejo con fecha de 2014. En una de ellas ambos hablan sobre una nota –sin especificar– y acuerdan tomar un café para hablar del asunto, en otra charlan sobre el empresario de origen hindú Harischandra Tarachand Varma, quien fue imputado en el marco de la causa en la que se investigó una presunta extorsión por parte de traductores de la Policía y que está pendiente de juicio (tanto Villarejo como Martín-Blas están citados en la misma como testigos).

Además, los agentes que redactan el informe indican a García-Castellón que han hallado en esa carpeta ‘Marcel’ seis documentos pdf con las denuncias de Villarejo relacionadas con diferentes actuaciones de Asuntos Internos en la época en que Martín-Blas era comisario principal de la unidad (de febero de 2012 a abril de 2015).

En una de ellas, interpuesta en la Dirección Adjuunta Operativa (DAO) hay referencias al universo ‘Kitchen’, ya que Villarejo dice que Marcelino sabe que los números los emplea él «para ocultar su identidad con colaboradores de gran nivel de riesgo y sensibilidad como es Sergio López (Cocinero)». En otro extracto de la denuncia, Villarejo se queja de que Martín-Blas cede datos fundamentales a otros organismos sin autorización, «como la identidad e informaciones que el Cocinero facilita», haciendo referencia supuestamente a Sergio Ríos Esgueva.

Asuntos Internos destaca también otra denuncia de Villarejo en la que se queja de que Martín-Blas reporta a la jefa de Gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno sobre «vigilancias a políticos de ciertas tendencias». Y apunta que hay acoso a policías relacionados con temas de corrupción como Gürtel para que dejen de investigar o modifiquen informes.

EL VEHÍCULO DE ASUNTOS INTERNOS PARA ROSALÍA IGLESIAS

Por otro lado, en el informe se explica que en la documentación remitida por la Comisaría General de Información (CGI) sobre Kitchen se advierte de que hay un vehículo asignado a Asuntos Internos que el 25 de julio de 2013 se encuentra en las inmediaciones del número 32 de la calle General Díaz Porlier –donde la mujer de Bárcenas tenía un estudio dediado a la restauración–.

Sobre el mismo averiguan que repostó en una gasolinera madrileña ese mismo día, y que gracias a eso han podido conocer la identidad de la funcionaria que lo utilizó. Pertenecía a la Sección de Apoyo Operativo de Vigilancias y Seguimientos de Asuntos Internos.

El inspector jefe que redacta el informe, explica al juez que se le ha tomado declaración en sede policial a la misma y que ha explicado que efectuó labores de vigilancia en ese lugar y en las inmediaciones del domicilio de los Bárcenas, ubicado en la calle Príncipe de Vergara.

Esa agente indica en su declaración que también siguió a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, hasta un mercado donde se encontró con otra persona; y que en otra ocasión detectó a otro policía realizando funciones de vigilancia en el portal del matrimonio que pertenecía al CGI.

Además, esta agente detalla que la Sección de Vigilancias y Seguimientos de esta Unidad de Asuntos Internos también se encargó de trasladar a Rosalía Iglesias desde la Audiencia Nacional un día que declaró, aunque no recuerda hacia donde. Y apunta que ese servicio lo dirigió el inspector de la Sección de Vigilancias, Vicente Galán –quien declaró ante el juez esta misma semana–, y que también estaba al corriente el entonces Jefe de la Unidad Martín-Blas.

VILLAREJO Y SUS NEGOCIOS

Entre la documentación analizada por Asuntos Internos, localizan también un escrito presentado en la DAO por el propio Villarejo en marzo de 2015 en el que se defiende de lo publicado por un medio indicando que mientras ha estado en activo no ha desempeñado «ninguna actividad privada que haya afectado» a su puesto de trabajo.

«Que en particular, no he desarrollado actividad privada de investigación, o relacionada en manera alguna con la función que realizo en él Cuerpo Nacional de Policía», indica además, para luego aclarar que tiene participaciones en sociedades y que las estructuras empresariales en las que aparece han sido «imprescindibles» para su trabajo policial.

El juez de Almería que investiga si hubo negligencia penal en la muerte del hombre que se ahogó tras quedar atrapado su turismo en el túnel del Tryp, anegado durante las lluvias torrenciales que cayeron en 2019 en la capital.

El juzgado ha concluido que la Policía Local actuó «diligente y eficaz» aunque llegó a balizar solo una de las entradas al paso subterráneo, y que el fallecido y su hermano, que salvó la vida, «incumplieron todo tipo de precaución» ya que «debían haber evitado entrar ante la tremenda tromba de agua».

El magistrado Rafael Soriano considera, asimismo, que «no procede» investigar una «pretendida» responsabilidad penal del Ayuntamiento por el hecho de que no existieran «barreras móviles» para impedir el paso a vehículos al interior del túnel ante un «imprevisto» porque, según remarca, «no ha quedado acreditado en modo alguno» que exista «norma, reglamento, disposición u ordenanza» que «obligue a colocar dichas barreras móviles».

El auto que acuerda el sobreseimiento provisional, deja abierta, no obstante, la puerta a una reclamación administrativa por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento ya que indica que la controversia sobre las barreras movibles «es más propia» de esta vía y «ajena a una presunta responsabilidad penal».

En la resolución, el juez apoya el archivo en el informe emitido por la Jefatura de la Policía Local de Almería y las testificales de agentes que se encontraban de servicio en la madrugada del 13 de septiembre de 2013, y hace suyo el contenido del citado informe al asegurar que se produjo «un fenómeno meteorológico imprevisto por cuanto no se comunicó a la Policía Local ninguna alerta activada por las distintas administraciones».

En concreto, el jefe del cuerpo trasladó al Juzgado de Instrucción 5 de Almería que «no tuvo constancia de ningún tipo de comunicación de alerta activada» y que «tan solo» tenía un «mail de un aviso amarillo de la Aemet por lluvia en Poniente y Almería capital, que no dio paso a una alerta en cualquiera de sus niveles», por lo que se movilizó ningún dispositivo especial.

El servicio unificado de emergencias 112 informó de que la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, había activado el 12 de septiembre a las 23,31 horas la Situación 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) e indicó que este nivel hacía alusión «a la presencia de anegaciones en zonas localizadas cuya atención puede quedar asegurada mediante el empleo de los medios y recursos locales».

«CARRIL ALTERNATIVO PARA LA CONDUCCIÓN»

El magistrado Rafael Soriano recoge en su auto, asimismo, que, en el momento en que «una tromba de agua repentina anegaba el subterráneo», se introdujeron en el paso «dos vehículos» y estima que lo hicieron «incumpliendo cualquier tipo de precaución al conducir por parte de los conductores», quienes, a su juicio, deberían haber «acomodado su conducción a las condiciones climatológicas».

«Debían haber evitado entrar en el subterráneo, sobre todo habida cuenta de que por superficie existe un carril alternativo para la conducción, y así, no pasar por el túnel, cosa que ninguno de los conductores hizo», remarca.

La resolución infiere de la declaración de los agentes de la Policía Local de servicio que se «actuó de manera diligente y eficaz» porque «procedieron a balizar una de las entradas al túnel, no pudiendo balizar la otra por cuanto recibieron un aviso urgente de una mujer que se encontraba en peligro en la rambla de El Alquián».

«Los agentes que acudieron con posterioridad a balizar la otra entrada al túnel, cuando llegaron al lugar, observaron dos vehículos ya dentro del túnel, no pudiendo hacer nada más que auxiliar al hermano del fallecido y al conductor del otro vehículo», finaliza.

INFORME DE LA JEFATURA DE POLICÍA LOCAL

En el informe en el juez basa el archivo de las actuaciones, el superintendente jefe de la Policía Local remarcó que «se adelantó» a las indicaciones recibidas por parte de la concejal delegada del Área de Seguridad y Movilidad por «Whatsapp» y afirmó que, tras recibir el comunicado de aviso amarillo, trasladó a la jefa del turno de noche que «procediera al corte de tráfico en puntos conflictivos de esta ciudad con los medios disponibles a nuestro alcance».

Aludió, asimismo, a que la concejal fue informada de la situación y que ella, a su vez, informó al alcalde «para recomendar la activación del Plan de Emergencia Municipal, como así se hizo» si bien no precisó a qué hora.

En el citado informe también aseguró que los dos vehículos, unos de ellos el turismo en el que viajaban el fallecido Cheik T.K., de 45 años, y su hermano, y otro conducido por un testigo, accedieron al interior del paso subterráneo «a pesar de encontrarse anegado», e hizo referencia al artículo 21 de la ley de tráfico que dice que «el conductor está obligado a respetar los límites de velocidad y tener en cuenta las condiciones meteorológicas para que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse».

El informe aportado al juzgado del magistrado Rafael Soriano también habla de la información que el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, trasladó en la mañana del 13 de septiembre los medios de comunicación sobre la muerte.

Fernández-Pacheco manifestó entonces que cuando los agentes estaban «actuando precisamente en ese túnel, se había aproximado un vehículo a velocidad excesiva proveniente de la Carretera de Ronda» y afirmó que le habían «hecho señales y dado instrucciones para que aminorase la marcha», pero que el conductor «las había desatendido».

«El que la información trasladada tuviera un cierto carácter confuso se debió a la tensión del momento, si bien hay que señalar que toda la información facilitada a los cargos públicos se emitió con toda rapidez y fluidez», concluye el informe, que finaliza diciendo que «todo ello desencadenó que parte de la información publicada en los medios de comunicación fuera imprecisa, induciendo a error sobre lo ocurrido».

El Ayuntamiento de Almería concluyó el pasado agosto las obras para el cierre automático de los túneles de La Goleta y del cruce de la Avenida del Mediterráneo y Carretera de Níjar, este último donde se produjo el accidente mortal. Se han instalado paneles que informan de si túnel está abierto o cerrado, señales luminosas en ambos carriles a 50 metros y una barrera luminosa con cierre automático en la propia boca de los túneles.

El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas (PP), se ha sumado en las últimas horas a la lista de cargos públicos que se han administrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a pesar de no pertenecer al primer grupo de vacunación. En total, son al menos ocho alcaldes –cinco del PSOE, uno del PP, otro de JxCat y otro de CDEI– y cuatro concejales –dos del PP, uno del PSOE y otro de JxCat– los que ya se han vacunado aunque no sean grupos de riesgo.

En el caso de Murcia, además del consejero de Salud también se ha conocido que se han administrado la vacuna a funcionarios y altos cargos de la Consejería y del Servicio Murciano de Salud (SMS). En la mañana de este miércoles Villegas ha negado que vaya a dimitir porque la decisión se adoptó, según ha dicho, siguiendo «el protocolo nacional».

El Ministerio de Sanidad estableció que los primeros que recibirían las vacunas contra el Covid-19 serían los residentes de los centros de mayores y personal sanitario y sociosanitario. Estos ciudadanos empezaron el pasado 27 de diciembre a vacunarse con las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, y en los últimos días se ha incorporado también la vacuna de Moderna.

Sin embargo, muchos de estos cargos públicos han aprovechado que, según justifican muchos de ellos, «sobraban algunas dosis» y por eso se vacunaron con ellas.

La primera información en este sentido apuntaba al primer edil de Riudoms, en Tarragona, Sergi Pedret, y a un concejal del mismo municipio, ambos de JxCAT, que se pusieron la vacuna para «aprovecharla». La Generalitat ya se ha pronunciado a este respecto reprochando al alcalde que ese comportamiento «no es ético».

«POR NO TIRARLA A LA BASURA»

En paralelo, el alcalde de El Verger, Ximo Coll, y la alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives, ambos del PSPV y matrimonio, han sido ya vacunados y explican que recibieron una llamada del centro de salud para suministrársela debido a que «sobraban dosis» y prefieron vacunarse antes de que se «tiraran a la basura.

«Me llamaron del consultorio y me explicaron que había sanitarios que no deseaban o no podían recibir la vacuna, por lo que nos llamaron a nosotros y allí acudimos con la Policía Local y la Guardia Civil», ha detallado Coll. El alcalde de El Verger ha confirmado que el Jefe de la Policía Local del pequeño municipio también recibió la vacuna.

Por su parte, el alcalde de Rafelbunyol (Valencia), el socialista Fran López, ha pedido disculpas por vacunarse el pasado 27 de diciembre y ha explicado que le propusieron administrarle una dosis cuando acudió a la primera jornada de vacunación en la residencia de mayores de la localidad y aceptó porque pensó que «ayudaba a dar una sensación de confianza, tranquilidad y seguridad a la ciudadanía».

El PSOE de la Comunidad Valenciana y la formación socialista a nivel nacional han decidido abrir un expediente a estos tres primeros ediles en la región valenciana.

También la alcaldesa socialista de Torrecampo, en Córdoba, se administró la primera dosis de la vacuna y se justificó señalando que todos los residentes y trabajadores en activo de la Residencia Municipal de Mayores fueron vacunados primero y que, aunque se la había incluido inicialmente en el listado de personas a vacunar, dada su condición de presidenta de la residencia, ella rechazó esa opción, y que no fue hasta que hubo concluido la vacunación en la residencia cuando accedió a ser vacunada, al ser requerida para ello porque habían sobrado dos dosis.

«ESTOY TODO EL DÍA EXPUESTO»

Además, en la última semana se ha conocido que más concejales y primeros ediles han decidido vacunarse. Ha sido el caso por ejemplo del edil de Sanidad de Orihuela (Alicante), el ‘popular’ José Galiano, que confirmó que se había vacunado en una residencia de la localidad porque «sobraron dos o tres dosis y se iban a desechar»: «Estoy todo el día expuesto y en contacto directo con mucha gente por ser concejal de Sanidad».

Asimismo, el alcalde de La Nucía (Alicante), Bernabé Cano, –que a su vez es diputado provincial– y el concejal de Sanidad de la localidad, Manuel Alcalá, ambos ‘populares’, también se han vacunado contra la Covid-19 en los últimos días. El PP provincial ha justificado que este hecho «se debe a motivos sanitarios», ya que «ambos son personal de salud», y ha defendido que esta actuación está «lejos» del «gesto insolidario» que «se ha visto por parte de otros alcaldes».

SE IBAN A DESECHAR

Por su parte, los alcaldes de los municipios cordobeses de Alcaracejos, José Luis Cabrera (PSOE), y de El Guijo, Jesús Fernández, de Ciudadanos Demócratas e Independientes (CDEI), han reconocido que se han vacunado contra el Covid-19, asegurando en ambos casos que lo hicieron con dosis sobrantes que se iban a desechar, tras ser vacunados primero los residentes y trabajadores de las residencias de dichas localidades.

Además, el PP denuncia que la concejal del PSOE en Plasencia, Soraya Cobos, también ha recibido esta primera dosis de la vacuna y le reprochan su «falta de ética y de sensibilidad».

Las organizaciones ambientales ANSE, Ecologistas en Acción, Naturactúa, Meles, Anida, Ulula y Stipa han remitido un informe a la Consejería de Medio Ambiente donde identifican «el alcance de la problemática» que suponen las electrocuciones de fauna silvestre en la Región, y apuestan por una aplicación inmediata de la legislación para revertir la alta siniestralidad en los tendidos eléctricos.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, al año mueren en España más de 30.000 aves por electrocución, si bien algunos autores calculan que esta cifra podría multiplicarse incluso por diez, con lo que las entidades ecologistas consideran que se estarían electrocutando entre 600 y 6.000 individuos de diferentes especies de aves cada año.

A pesar de la incertidumbre en el número total de ejemplares afectados, para las organizaciones resulta evidente que la tasa de mortalidad es «inasumible» y supone la principal causa de muerte en muchas especies, particularmente en aves rapaces protegidas.

«Estas cifras contrastan con los ingresos declarados en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle, lo que indica que se trata de una grave problema que está infraestimado, seguramente sólo se estén registrado el 3 por ciento de los casos», han apuntado.

Ante esta situación han planteado diez medidas concretas que permitirían resolver la mortalidad de aves en los tendidos en un corto espacio de tiempo. La primera de ellas es la revisión y corrección de los tendidos ya existentes, especialmente los que atraviesen espacios protegidos y sus entornos.

También han propuesto la mejora de medios humanos y materiales de los agentes medioambientales para detectar los tendidos más peligrosos; la elaboración de un mapa de puntos negros de electrocución y colisión y la evaluación completa de líneas o de tramos extensos para minimizar el número de expedientes a tramitar.

Las medidas de las entidades ecologistas recogen además el traslado de las competencia de los expedientes a funcionarios jurídicos de Disciplina Ambiental, estableciendo dos posibles vías en función de titularidad: la apertura de un expdiente sancionador en caso de compañías de suministro y la instrucción de modificación para líneas privadas en la primera electrocución (aplicación Ley 26/2007).

Plantean, asimismo, la ilegalidad de los convenios establecidos con las compañías eléctricas para evitar la apertura de expedientes sancionadores; la ampliación del ámbito territorial del área de protección de aves frente a la electrocución a todo el territorio de la Región y la integración del riesgo de electrocución en las revisiones trianuales de los tendidos por parte de Industria.

La exigencia de soterramiento de los nuevos tendidos, especialmente los de los nuevos proyectos de los parques solares y la aprobación de un decreto de valoración de las especies de fauna que determine el valor económico de cada ejemplar muerto por electrocución son otras de las propuestas.

Con estas medidas, las ONG ambientales consideran que los problemas de electrocución podrían resolverse en el plazo de tres años y suponiendo menos del uno por ciento los beneficios del sector eléctrico.

A cambio, según añaden, se obtendrían enormes beneficios en la conservación de la biodiversidad, minimizando la principal causa de muerte de especies protegidas y amenazadas (particularmente aves rapaces), minimizando los fondos públicos destinados a programas de recuperación y garantizando el bienestar humano a través de los servicios ecosistémicos que desarrolla este grupo.