La Xunta ha ultimado este viernes una queja formal ante el Gobierno central sobre las medidas para Semana Santa, después de que se hubiese lanzado el mensaje de un acuerdo entre todas las comunidades. El Ejecutivo que dirige Alberto Núñez Feijóo sostiene que "en el consenso hay que creer, promoverlo y facilitarlo" y considera que no se ha hecho así.

De este modo, tal y como ha confirmado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en la rueda de prensa posterior al subcomité clínico de este viernes, la Xunta ha decidido trasladar este viernes una queja oficial al Gobierno, en la que también pide negociar los distintos aspectos, con la disposición a "ceder" en aras del consenso.

Uno de los puntos en los que Galicia se abstuvo en la pasada reunión se refiere al toque de queda entre las 22 horas y las 6 horas de la mañana. De hecho, la explicación que ofreció la Consellería de Sanidade para sostener esa postura se basaba, precisamente, en que era una cuestión que entendía que debía debatirse en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad. Además, defendió ampliar reuniones a seis personas.

"Lo que no vale es forzar el consenso o mentarlo en vano y eso es lo que pasó ayer (por este jueves)", dijo el conselleiro de Sanidade, a preguntas de los periodistas. Además, Comesaña aseguró que, por su parte, están "por la labor, por supuesto, de trabajar en ese consenso, pero de una manera que uno crea y esté cómodo".

El titular de la administración sanitaria gallega lamentó, asimismo, que el documento sobre el que trabajaron se presentó en la comisión de salud pública, con apenas tiempo y se llegó a publicar antes incluso de tenerlo. En las votaciones, "por prudencia", Galicia votó en contra de algunos aspectos o se abstuvo (también votó favorable a alguna cuestión como la recomendación de desaconsejar encuentros sociales).

EN CONTRA

En contra, por ejemplo, votó de que los estudiantes no puedan volver a sus lugares familiares de origen, una cuestión que rechaza porque la Xunta ha realizado y mantienen cribados para este colectivo, como hizo en las fechas navideñas.

"No se puede concluir que hay un consenso entre las comunidades. Estamos a favor de llegar a consensos, pero si creemos en él", ha enfatizado Comesaña, que entiende que es "pronto" para tomar decisiones sobre algunas cuestiones de Semana Santa a cuatro semanas vista y cuando faltan dos ciclos epidemiológicos.

"No es un problema de cierre perimetral sí o no, si no de la forma en la que ese supuesto consenso se quería forzar", ha aseverado el conselleiro quien ha aclarado que la queja no es por los puntos del debate, sino por el "procedimiento".

Por otro lado, preguntado sobre el Puente de San José, el 19 de marzo (festivo en Galicia), ha apuntado que las decisiones no han sido tomadas todavía.

El PSOE ha presentado en el Congreso una iniciativa con la que busca que el Gobierno promueva una campaña contra la LGTBIfobia en el deporte en general y, especialmente, en el fútbol, y a tal fin plantea que se interrumpan durante cinco minutos los partidos o eventos deportivos cuando se registren gritos o actitudes homófobas.

Los socialistas justifican la presentación de esta proposición no de ley ante la "gran hostilidad" que aseguran que existe en el deporte en general, particularmente en el fútbol, hacia la presencia personas LGTBI visibles entre la afición, los equipos técnicos, directivos y deportivos.

En concreto, reseñan que los estudios sobre la población LGTBI revelan que al menos el 6% de la población europea se considera miembro de este colectivo, lo que, según sus cálculos, supondría que "en España alrededor de 1,3 millones de personas LGTBI practicarían deporte y 270 de los 4.453 deportistas de alto nivel que tenía catalogados el Consejo Superior de Deportes en 2017 pertenecerían a este colectivo".

"MUY POCOS" PROFESIONALES RECONOCEN SU HOMOSEXUALIDAD

Y, por disciplinas, calculan que habría "algo más de 42.000 futbolistas LGTBI federados", según los datos oficiales de 2016, entre los cuales 142 lo harían como profesionales. Sin embargo, lamentan que "muy pocos" deportistas han reconocido pertenecer a este colectivo.

Por ello, con su propuesta, el PSOE pretende que el Consejo de Superior de Deportes impulse una campaña de sensibilización, formación y de lucha contra la LGTBIfobia, que podría incluir también la lucha contra el racismo, la xenofobia y la violencia por razones de odio, y que iría destinada a los deportistas, la afición, los directivos, los técnicos, los medios especializados y la sociedad en general.

En concreto, sugiere modificar el Protocolo de actuación para el restablecimiento de la normalidad en competiciones, pruebas o espectáculos deportivos al que se refiere el artículo 15.2 de la Ley contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Y TAMBIÉN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Ese artículo señala que el árbitro o juez deportivo podrá suspender provisionalmente el evento deportivo cuando existan conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes, y los socialistas quieren que también se incluya en esa relación actos conductas "intolerantes" contra la comunidad LGTBI o la violencia contra las mujeres".

La proposición del PSOE también emplaza al Gobierno a fomentar, en el marco de sus competencias, cursos hacia personal directivo, técnico y deportivo, de respeto a la diversidad y, en general y a la realidad de las personas LGTBI en particular, al modo de los que imparte la asociación Deporte y Diversidad en la Comunidad de Madrid.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSM) se reunirán este fin de semana para resolver sobre los recursos interpuestos contra la decisión de la Delegación de Gobierno de Madrid de prohibir los actos que estaban previstos por el Día Internacional de la Mujer para el 7 y 8 de marzo, siguiendo el criterio adoptado en otras resoluciones similares, han informado fuentes jurídicas.

La prohibición ha sido recurrida por UGT, CC.OO., CGT y el Movimiento Feminista de Madrid, una de las organizaciones que ha convocado actos por el Día de la Mujer.

Movimiento Feminista de Madrid ha anunciado ya que adaptará sus acciones para burlar la decisión y "tener presencia" durante dichas jornadas.

Según el colectivo, se considera concentración a grupos mayores de 20 personas, así que realizarán actos en los que la presencia de asistentes no supere esta cifra, además de mantener las directrices de las autoridades sanitarias.

Por su parte, los sindicatos UGT y CC.OO. alegan en su recurso conjunto que la prohibición vulnera el derecho de reunión y manifestación al no estar restringido dentro del estado de alarma por la pandemia. Además, sostienen que su convocatorio tiene un riesgo "mínimo" de contagios al tener previsto la asistencia de 250 personas sin un recorrido al ser fija en la Plaza de Cibeles.

Una vez que los recursos lleguen al TSJM, la Sección Décima de lo Contencioso-Administrativo tendrá tres días para deliberar y emitir su fallo, que se conocerá previsiblemente este fin de semana.

La Sala seguirá el criterio de otras resoluciones "idénticas" en las que se ha mostrado a favor de preservar el derecho de reunión pero siempre cumpliendo estrictamente con las medidas sanitarias para evitar contagios como aforo, uso de mascarilla y distanciamiento social.

Tras la primera ola de la pandemia, esta misma Sala anuló la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid que impedía el 23 de mayo de 2020 la celebración de una concentración del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) de 50 personas al entender que prohibiéndola se vulnera el derecho de reunión del artículo 21 de la Constitución.

La marcha fue autorizada pero respetando siempre los compromisos de seguridad expresados por los convocantes en su recurso para evitar contagios del Covid.

Los magistrados señalaron que "el derecho de reunión del demandante, manifestación colectiva del derecho de libertad de expresión que coadyuva a la formación de la opinión política, intensamente vinculado al pluralismo político y al funcionamiento del sistema democrático, debe ser preservado".

La jueza de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Alcoa', María Tardón, ha dejado en libertad con medidas cautelares a las cuatro personas que han declarado este viernes tras la operación realizada por la policía en la que ser registraron una decena de inmuebles en relación a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio en A Coruña y Avilés, una investigación que continua bajo secreto de sumario.

Fuentes jurídicas señalan que tanto los tres detenidos en el día de ayer como la cuarta persona que fue citada para que compareciera en sede judicial han declarado esta mañana ante Tardón. En concreto, se trata de Diego Peris, Luis Losada Gómez, Víctor Rubén Domenech y Alexandra Camacho Carrascal.

Diego Peris es el administrador único del Grupo Riesgo, Luis Losada es un ejecutivo administrador único de System Capital --mercantil que administraba Alu Ibérica AVL SL (la planta de Avilés)--, Víctor Rubén Domenech es el presidente del Grupo Riesgo, y Alexandra Camacho era socia de System Capital.

A los cuatro se les imputan delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, asociación criminal y contra los derechos de los trabajadores. Como cautelares, la magistrada ha acordado retirada de pasaporte y prohibición de salir de territorio nacional para los cuatro, y para los tres últimos, además, comparecencias mensuales en sede judicial.

En la operación policial de este jueves, en la que participaron más de 100 agentes se registraron instalaciones en Madrid, Avilés (Asturias), A Coruña, Málaga y Castellón. En total, según comunicado del Cuerpo Nacional de Policía se entró en un total de once domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados.

Fuentes de Alcoa España puntualizaron que las fábricas de aluminio de Avilés y A Coruña ya no son de su propiedad desde julio de 2019, y añadieron que ninguno de los detenidos pertenece a Alcoa. Afirman además estar "cooperando con las autoridades" en relación al operativo desplegado en busca de pruebas de despatrimonialización fraudulenta en la venta de las que fueron sus plantas de A Coruña y Avilés.

De hecho, la multinacional estadounidense vendió ambas plantas en 2019 a Parter Capital Group "en una venta que fue avalada por el Gobierno español y apoyada por los representantes de los trabajadores", según destacan en fuentes. Posteriormente, Alcoa presentó una demanda contra Parter relacionada con la venta de acciones en las dos plantas.

EL ANUNCIO DEL DESPIDO COLECTIVO

La multinacional productora de aluminio Alcoa anunció en octubre de 2018 su intención de llevar a cabo un despido colectivo en sus plantas de Avilés y A Coruña, por el que se verán afectados un total de 686 trabajadores, tras proceder al cierre de estas fábricas debido a su "improductividad".

Según afirmó entonces la compañía estadounidense, se trata de las plantas menos productivas del grupo debido a "problemas estructurales intrínsecos", y se mostró dispuesta a trabajar para reducir el impacto de este proceso y a negociar un plan social con los trabajadores.

Apuntaba Alcoa que las plantas de Avilés y A Coruña se encontraban afectadas por problemas estructurales productivos y tecnológicos como su "menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos", unidos a factores externos de mercado, como la "sobrecapacidad de producción de China", el elevado precio de las materias primas y el coste de la energía.

Todos estos factores han generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos años "que previsiblemente continuarán en el futuro", alertaba Alcoa.

LA QUERELLA ADMITIDA DE DICIEMBRE DE 2020

Fue en diciembre del año pasado cuando Tardón admitió la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con ese proceso de venta de las plantas de la empresa Alcoa en Avilés y A Coruña.

La querella se presentó por hechos que, a juicio del querellante, son constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. Se dirigía contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL o Parter Capital Group.

En el auto de admisión, la magistrada oficiaba a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que realizara "una investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas contra las que se dirige la querella", para el esclarecimiento de los hechos y de forma previa a resolver sobre las diligencias pedidas por los querellantes.

Además, "teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella", la jueza pedía a la UDEF que le informara sobre la titularidad real de las dos factorías ALU Ibérica LC SL y ALU Ibérica AVL SL, sus socios, órganos de administración y representación, capital social, situación financiera y cuantos elementos pudieran resultar relevantes para determinar su posible solvencia.

Tal y como explicaba Tardón en su auto, la querella se refería a Alcoa Inespal, una compañía estadounidense que se dedicaba a la producción de aluminio y que aglutinaba en sus dos centros de A Coruña y Avilés a un total de 688 trabajadores. Explicaba además que el inicio de la investigación contaba con informe a favor de Fiscalía y que es competente puesto que afecta a dos territorios.

Según señalaba la magistrada, la parte querellante sostiene que Alcoa Inespal engañó a los sindicatos representantes de los trabajadores en el marco de la negociación de la extinción colectiva de la relación laboral, proceso iniciado el 17 de octubre de 2018, "eludiendo de esta forma el abono de sus responsabilidades empresariales con los trabajadores, abocando a la insolvencia de las unidades productivas, para su transmisión lucrativa a terceros".

Toledo, 5 de marzo de 2021.- El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 162 nuevos casos por infección de coronavirus, 27 más que este jueves, cuando se reportaron 135 nuevos casos. También han repuntado ligeramente los fallecimientos, con 10 por los 8 del día anterior, mientras que siguen descendiendo tanto el número de pacientes hospitalizados en cama convencional como en UCI.

Por provincias, Toledo ha registrado 82 casos, Guadalajara 49, Albacete 15, Ciudad Real 12 y Cuenca 4, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 171.423. Por provincias, Toledo registra 62.204 casos, Ciudad Real 42.643, Albacete 27.701, Guadalajara 20.897 y Cuenca 17.978.

El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 202. Por provincias, Toledo tiene 95 de estos pacientes (72 en el Hospital de Toledo y 23 en el Hospital de Talavera de la Reina), Guadalajara 47 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara), Albacete 36 (23 en el Hospital de Albacete, 6 en el Hospital de Hellín, 4 en el Hospital de Villarrobledo y 3 en el Hospital de Almansa), Ciudad Real 16 (5 en el Hospital de Ciudad Real, 5 en el Hospital de Valdepeñas, 3 en el Hospital Mancha Centro, 2 en el Hospital de Manzanares y 1 en el Hospital de Tomelloso), y Cuenca 8 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

El número de pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador es 88. Por provincias, Toledo tiene 35 de estos pacientes, Ciudad Real 28, Guadalajara 14, Albacete 8 y Cuenca 3.

En las últimas 24 horas se han registrado 10 fallecidos por COVID-19, 4 en Albacete, 3 en Ciudad Real, 1 en Toledo, 1 en Cuenca y 1 en Guadalajara.

El número acumulado de fallecidos durante la pandemia es de 5.720. Por provincias, Toledo registra 2.066 fallecidos, Ciudad Real 1.671, Albacete 868, Guadalajara 584 y Cuenca 531.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

3 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen algún caso confirmado de positivo por coronavirus entre los residentes. De los 3 centros, 1 está en la provincia de Guadalajara, 1 en Toledo y 1 en Ciudad Real. Los residentes con caso confirmado son 7.

Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.025.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación planteado por la Junta de Andalucía contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló los artículos 21.6 y 32.2 de la Orden de la Consejería de Educación, de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a Bachillerato en la comunidad andaluza, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

El artículo 21.6 establecía que el nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico con los términos Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). Y, por otro lado, el artículo 32.2 disponía que las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que compone cada grupo con los resultados de la evaluación de las materias del curso, establecidos el artículo 21, y las decisiones adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa.

Asimismo, según una nota de prensa, recoge que en las actas de evaluación correspondientes al término del periodo lectivo se incluirá la información relativa al nivel competencial adquirido por cada alumno.

El Supremo rechaza la tesis de la Junta de Andalucía que sostenía en su recurso que la introducción de la citada escala de indicadores en las actas de evaluación, así como en el expediente y en el historial académico, "es un elemento de evaluación que constituye una política propia". La sentencia, ponencia del magistrado Rafael Toledano, explica que esta materia es una competencia estatal, al ser un elemento integrante del currículo, por lo que no es posible calificarla de "política propia" de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El tribunal explica que la expresión del ejercicio de esa competencia por parte del Estado es la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En su artículo 2 establece que los resultados de evaluación de las materias se expresarán en Bachillerato mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco.

Por tanto, la TS concluye que, en contra de lo afirmado por el recurrente, "sí existe un sistema de indicadores en la legislación estatal que expresa, de forma conjunta, tanto el grado de adquisición de las competencias como el logro de los objetivos de la etapa".

La sentencia fija como doctrina que "el establecimiento de los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, y su expresión mediante la fijación de escalas de indicadores en las actas de evaluación, actualmente recogidos en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, son materias que corresponden a la competencia del Estado en materia de educación, en tanto que constituyen un elemento integrante del currículo".

La Asamblea Feminista de València ha dado el pistoletazo de salida a su programa de acciones para conmemorar el 8M que este año se diversifica en los barrios y adquiere un especial protagonismo en los balcones.

Así, están previstas diferentes actividades en los barrios de Benimaclet, Russafa y Poblats Marítims-Algirós para movilizar a los vecinos y vecinas con acciones por la vivienda y la memoria feminista.

Las asambleas de estas áreas de la ciudad "se han organizado para volver al espacio público y movilizar a las vecinas de cara al 8 de marzo con actividades descentralizadas y al aire libre, con el foco puesto en la memoria feminista, la vivienda y la defensa de los derechos de las mujeres".

En Benimaclet, este sábado a partir de las once de la mañana tendrá lugar una intervención junto al jardín Lluerna, un espacio recuperado por el vecindario y que ahora la Asamblea de Benimaclet busca ampliar mediante la actividad feminista. A lo largo de toda la semana, miembros de la entidad han acudido para limpiar el espacio de maleza y residuos de todo tipo.

"Queremos liberar un espacio que es un descampado, uno de los territorios afectados por el PAI de Benimaclet, y transformarlo en un espacio feminista a través de la acción de mujeres", explica una de las participantes.

Este espacio se rebautizará como 'Espai de les Jaqueteres' en referencia a mujeres trabajadoras del sector textil del barrio de Benimaclet, cuya figura quiere recuperar la Asamblea.

"VIVIENDA FEMINISTA"

El mismo día y hora, la Asamblea Feminista de Poblats Marítims-Algirós llevará a cabo una acción conjunta con la Asociación Brúfol y el Sindicato Vecinal del Cabañal para reivindicar "una vivienda feminista". Temas como los desahucios, la gentrificación y la destrucción del tejido social del barrio a raíz de los planes urbanísticos serán centrales a esta acción.

"Queremos visibilizar que son muchas mujeres las que cargan con el peso de estas situaciones, de sacar adelante la familia, y pedir ayudas y apoyo", comentan las impulsoras de la iniciativa.

En Russafa, el sábado 6 y el domingo 7 a las 12.00, la asamblea del barrio llevará a cabo la acción 'Vine i enreda't' en la que invitarán a las vecinas a formar parte de la red feminista con música, consignas y la actuación de la mítica LesbianBanda. El sábado la acción se desarrollará en la plaza del Mercado de Russafa y el domingo, en el Parque Central en la entrada de Literato Azorín.

"SOLIDARIDAD CON LAS COMPAÑERAS DE MADRID"

Desde la Asamblea Feminista de València ha expresado su "rechazo" a la decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid de prohibir las concentraciones feministas por el 8M". "Desde los feminismos estamos trabajando para que las concentraciones sean seguras para todas las mujeres que se quieran reunir. Además, el derecho de manifestación no se ve restringido por el estado de alarma", argumentan.

En esta línea, consideran que "la decisión de la Delegación de Gobierno de Madrid solo es un paso más en el intento de silenciar y criminalizar el movimiento feminista en un momento de emergencia social". "Basta de amordazar la lucha feminista. Todo el apoyo hacia las compañeras de Madrid", han declarado.

También desde la Coordinadora Feminista, su portavoz, Cándida Barroso, ha calificado la prohibición de "lamentable". "Se han pasado de frenada. Aquí, por suerte, hemos podido coordinarnos con la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de València y vamos a garantizar que todas las mujeres que participen en los actos están comprometidas con la seguridad", ha señalado Barroso, que ha lamentado que "se criminalice continuamente" al movimiento feminista.

La Coordinadora ha convocado este viernes una rueda de prensa en ala que ha incidido en cómo ha ajustado sus acciones para realizar un acto representativo de "las cuatro olas del feminismo, desde la Ilustración hasta las reivindicaciones actuales".

"NI ENCLAUSTRADAS NI SUMISAS"

Ha subrayado, en declaraciones Televisión, la importancia de "tomar la calle de una manera contenida", ya que este 8M es especial por la Covid. "Pero no queríamos estar ni enclaustradas ni sumisas", ha recalcado.

Para Barroso "quedan muchas cosas por hacer" para la igualdad porque "hay logros que están en peligro y otros por hacer". !Queremos que la agenda feminista esté en todos los gobiernos", ha finalizado.

El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, una iniciativa que cuenta con 200 millones de euros en los presupuestos del departamento para crear, entre otras medidas, una red de empleo público para cuidadores.

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, ha estado negociando en los últimos meses con las comunidades autónomas el desarrollo de este Plan y ha creado un texto que deberá ser ratificado en la Conferencia Sectorial de Igualdad que se celebra en abril.

En dicho documento, se recoge que el importe consignado al desarrollo del Plan Corresponsables podrá destinarse por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y de Melilla a la financiación de proyectos para el desarrollo de actuaciones y/o prestaciones orientadas a facilitar la conciliación de las familias con menores de 14 años.

UNA RED DE PROFESIONALES DEL CUIDADO

Esto se llevará a cabo a través de la creación de bolsas de cuidado profesional, a través de las cuales se habilitan "servicios de cuidado profesional de calidad, y con garantía de derechos laborales de los profesionales" del sector, que pueden prestarse en domicilio por un número determinado de horas semanales.

También se pueden habilitar estos servicios para dependencias públicas convenientemente habilitadas al efecto, "cumpliendo con las garantías sanitarias, tales como escuelas, centros municipales o polideportivos, entre otros", indica el texto de propuesto por Igualdad.

Las medidas que incluye el departamento de Irene Montero, también buscan la "creación de empleo de calidad". En este sentido, incluye el fomento del empleo en las bolsas de cuidado de personas jóvenes con perfiles profesionales correspondientes a perfiles TASOC (Técnica/o en Actividades Socioculturales), monitores de ocio y tiempo libre, TAFAD (Técnicas/os superiores de Animación Sociodeportiva), Educación Infantil, Auxiliares de Guardería y Jardín de Infancia.

Del mismo modo, recoge el establecimiento de convenios con el SEPE o los organismos de empleo de carácter autonómicos al objeto de fomentar la inclusión en las bolsas de empleo de personas con experiencia profesional en el sector de los cuidados formales e informales, especialmente mujeres mayores de 45 años.

Este sentido, llama al establecimiento de mecanismos públicos de reconocimiento de la experiencia de este colectivo no profesional de cuidados.

FINANCIACIÓN

"Las comunidades y ciudades autónomas deberán destinar los fondos asignados a cada una de ellas a las tres categorías mencionadas, no siendo posible desarrollar solo alguna o algunas de las líneas", explica el documento de Igualdad.

Del mismo modo, señala que "no se exigirá compromiso de cofinanciación de las comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta y de Melilla o de las corporaciones locales, si bien en las fichas de presentación de proyectos y en las memorias de evaluación de los mismos se consignará la cantidad total asignada a estos programas, desagregando la que corresponde al Ministerio y la aportada con cargo a fondos propios o de terceros".

Así, explica, los gastos que se financiarán con cargo a los fondos transferidos desde el Ministerio de Igualdad serán servicios proporcionados (diagnóstico de la necesidad, derivación y prestación de servicios).

En cuanto, a la ejecución presupuestaria de estos gastos por parte de las autonomías se sujetará a las disposiciones legales en vigor aplicables según corresponda la naturaleza del gasto.

En concreto, indica, los contratos ejecutados en aplicación de los fondos recibidos deberán sujetarse a las prescripciones establecidas en la normativa de contratación del sector público, incorporando cláusulas sociales que promuevan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

En este sentido, Igualdad señala que queda excluida la financiación de gastos que por su naturaleza económica se encuadren en el capítulo 1 de Gastos de Personal o en los capítulos 8 o 9 de activos y pasivos financieros, respectivamente, así como gastos realizados que se materialicen en prestaciones económicas directas a personas y/o familias.

Además, excepcionalmente se podrá financiar la realización de gastos de capítulo 1 cuando éstos correspondan a la ejecución derivada de un programa de carácter temporal. Estos fondos se distribuirán territorialmente a través de las comunidades, que a su vez podrán establecer los convenios necesarios con las entidades locales de su ámbito, de acuerdo con las diferentes realidades institucionales.

El documento establece, al respecto, que la distribución de los fondos entre las diferentes tipologías de proyectos deberá respetar los siguientes porcentajes: Bolsa de cuidado y la creación de empleo de calidad, mínimo 84%; y la acreditación de experiencia informal de cuidado, mínimo un 10%.

Desde el Ministerio señalan que se trata de una política pública feminista y de un proyecto 'semilla' para garantizar el derecho al cuidado en España y que el Estado se haga corresponsable por primera vez de la conciliación de las familias.

Nueve de los 23 pisos que el Gobierno balear quiere expropiar en Menorca se compraron hace menos de un año por una empresa local al banco que los inscribió en el registro de la Conselleria, según el propietario actual, que ha informado de que los pisos no tienen cédula de habitabilidad, acaban de ser reformados para su venta y están ya apalabrados.

Se trata de nueve viviendas de un mismo bloque situado en el centro de Ciutadella, adquiridos hace meses por una sociedad limitada con sede en el municipio.

Son pisos de dos habitaciones y un baño, en un bloque que también tiene locales y párking. Según el listado que se ha publicado en el Boletín Oficial, tienen entre 55 y 82 metros cuadrados.

Un portavoz de la empresa ha explicado que compró estas propiedades a un banco en mayo de 2020, estando en obras, y que desde entonces ha estado reformándolas para venderlas.

Según han confirmado desde el Gobierno balear, fue el propietario anterior quien inscribió las viviendas en el registro oficial de la Conselleria: cuatro en diciembre de 2018 y los otros cinco en enero de 2020.

El actual propietario obtuvo el certificado de final de obra en octubre de 2020, y las cédulas de habitabilidad están en trámite. Precisamente, ha explicado el empresario, no se ha cerrado ninguna venta debido a éste y otros trámites pendientes, pero hay varios pisos apalabrados e incluso una lista de espera de compradores interesados.

Además, el propietario niega ser un gran tenedor ley porque asegura que no tiene más de diez pisos; sin embargo, el director general de Vivienda, Eduardo Robsy, ha aclarado que la ley autonómica define como gran propietario a quien tenga ya diez viviendas -no a partir de 11- y "no únicamente del mismo titular, también se tendría en cuenta si formase parte de un grupo de empresas".

El propietario también argumenta que sus pisos no llevan dos años "parados" porque han estado reformándolos para ponerlos a la venta; sobre esto, Robsy ha indicado que la venta o la oferta de los pisos no interrumpe el cómputo del tiempo que permanecen vacíos.

A pesar de todo, la empresa se ha mostrado dispuesta a escuchar la oferta económica del Govern por la cesión de los pisos. "Si la oferta es interesante y tenemos que contribuir a que haya más vivienda social, por supuesto que lo haremos", ha indicado el portavoz de la empresa.

En un primer momento la compensación económica la establece de forma unilateral la administración, pero en caso de discrepancia el afectado por la expropiación puede plantear una valoración contradictoria. Estas diferencias pasarían por un órgano jurado que determinaría cuál es la valoración correcta, o incluso podría plantear una tercera valoración independiente. Si el propietario no está conforme, siempre podría recurrir por la vía judicial.

El propietario sostiene que el Govern todavía no les ha notificado el inicio del trámite de expropiación. La empresa sí había tenido conocimiento del interés del Govern por los pisos porque hace un mes fueron técnicos a hacer una inspección. "En el requerimiento quedaba muy claro el motivo de las visitas", ha incidido el director general de Vivienda.

La Audiencia Nacional ha avalado este viernes la orden del Ministerio de Sanidad por la cual se impone una cuarenta de diez días a los viajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica y otros diez países, por considerar que es una medida "proporcionada" e "imprescindible" para evitar la propagación del coronavirus y las nuevas variantes detectadas en esos lugares.

"La orden contiene una motivación adecuada y suficiente de la necesidad y urgencia de su adopción, para evitar la propagación de las variantes de COVID-19 en nuestro país, tratando de controlar los contagios y la proliferación de las variantes, cuando la incidencia es limitada para evitar una mayor propagación", ha concluido la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

En concreto, ha señalado que la cuarentena de diez días que se exigirá desde la medianoche del 8 de marzo a los pasajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica, así como de Colombia, Perú, Botsuana, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue y Comoras, "es idónea para evitar la propagación de la enfermedad y de esas nuevas variantes".

Los magistrados han entendido que esta decisión de Sanidad "resulta proporcionada por cuanto es adecuada para alcanzar la finalidad perseguida, que es evitar la transmisión de dichas variantes en nuestro país, y resulta imprescindible para garantizar la salud pública en la situación sanitaria actual, pudiendo evitarse con la medida la necesidad de adoptar en el futuro próximo inmediato unas restricciones mayores en caso de que se descontrolara la epidemia con las nuevas variantes".

Además, han enfatizado que la orden ministerial "tiene un alcance temporal limitado", puesto que solo estará vigente catorce días, recordando que en el caso de que fueran prorrogados tendría que solicitarse nuevamente el 'placet' de la Audiencia Nacional.

LA SALUD FRENTE A LA MOVILIDAD

La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa obliga a los poderes ejecutivos a recabar "la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que la autoridad sanitaria estatal considere urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales, cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente".

Por ello, la Abogacía del Estado ha acudido a la Audiencia Nacional, en una petición que ha respaldado también el Ministerio Fiscal, para que valide la orden ministerial del 2 de marzo que amplía a esos diez países las restricciones impuestas a los pasajeros que vengan desde Brasil y Sudáfrica, acordadas en otra decisión de Sanidad del 17 de febrero que ya recibió el visto bueno del tribunal.

Los magistrados han querido aclarar que su labor en estos casos "no puede referirse a un control de oportunidad de las medidas acordadas, ni tampoco supone un enjuiciamiento de la legalidad de la orden, supuesto este que solo podría efectuarse mediante la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo contra la misma".

"De lo que se trata", han explicado, "es de comprobar que, efectivamente, la medida adoptada limita o restringe derechos fundamentales de los ciudadanos y si la limitación tiene cobertura legal, es adoptada por administración competente y con arreglo a una correcta motivación a partir del debido juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida".

En este sentido, han reiterado que "los derechos fundamentales no tienen un contenido esencial absoluto y pueden y deben ceder en ocasiones en su confrontación con otros derechos esenciales", para afirmar que "la limitación al derecho fundamental (...) de libre circulación y libertad de desplazamiento es necesaria y proporcionada en atención a la protección de otro derecho constitucional como el derecho a la salud e integridad física".

¿COBERTURA LEGAL?

Para la Sala, no hay duda de que la orden dictada por el Ministerio de Carolina Darias tiene cobertura legal y ha concretado que se apoya en la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 y en las recomendaciones de la Unión Europea, "en orden a lograr un enfoque coordinado para el control de lapandemia", destacando que las adoptadas por España son similares a las acordadas en otros estados miembros.

Sin embargo, el magistrado Santiago Soldevila difiere en este punto del resto de sus colegas y por eso ha emitido un voto particular al que se ha adherido la magistrada Ana Isabel Gómez.

Soldevila ha indicado que su discrepancia "no se refiere al fondo del asunto, sino única y exclusivamente al instrumento jurídico empleado para adoptarla": una orden ministerial. En su opinión, tales restricciones solo se pueden imponer por ley orgánica y la del 86 no ofrece cobertura ninguna porque se refiere a supuestos en los que las personas destinatarias están "perfectamente individualizadas", "que es exactamente lo contrario de lo que ocurre" en pandemia.

Como alternativa a una orden ministerial que considera que invade el espacio reservado por la Constitución a la ley orgánica y a una ley orgánica que no contemplaría el supuesto actual, Soldevila ha abogado por acudir a la Ley de Estados de Alarma, Excepción y Sitio del 81 para modificar el Real Decreto del pasado 25 de octubre por el que se declaró el segundo estado de alarma, para incluir en él las nuevas restricciones.

La basílica del Cristo de Medinaceli cerrará este primer viernes de marzo a las 22 horas "sí o sí" para cumplir con el toque de queda que imponen las restricciones para evitar los contagios por coronavirus, ha avisado el vicehermano mayor de la Cofradía del Cristo de Medinaceli, Miguel Ángel Izquierdo Mota.

La tradición establece que el primer viernes de marzo se celebre el besamanos, suspendido por la Covid-19, y para eso el templo se abre desde la medianoche del jueves al viernes y cierra sus puertas cuando no quedan más fieles en la calle esperando a entrar, sea la hora que sea.

"Hemos restringido horarios por el toque de queda. Este año hay que ser conscientes de que a las 22 horas, sí o sí, vamos a cerrar la basílica, haya gente en la calle o no, porque a las 23 horas tenemos que estar en casa y no todos vivimos en el convento", ha indicado.

CASI 300 AÑOS DE TRADICIÓN

Fieles y devotos acuden todos los viernes del año al Cristo de Medinaceli, a las espaldas de Neptuno, pero "el primero de marzo es más especial". "Llevamos haciéndolo casi 300 años. Solía coincidir con el primer viernes de Cuaresma, que es cuando se hizo tradición venir al Cristo de Medinaceli ese primer viernes de marzo", ha descrito.

Normalmente, antes de la pandemia, acudía al Cristo de Medinaceli el primer viernes de marzo "gente de toda España". Hoy la situación es muy distinta: si normalmente un viernes como éste congregaba a entre 300 y 400 autobuses de fuera de Madrid, ya el año pasado se redujeron a 60 y en 2021 las colas son de vecinos de la ciudad y de la región dado que las comunidades autónomas están perimetradas.

Izquierdo Mota ha asegurado que las colas que se han registrado este viernes han sido "espontáneas por gentes y devotos del pueblo de Madrid" dado que la cofradía ha anulado el besamanos. El templo ha abierto "como un viernes normal", con los horarios restringuidos, de 6.30 a 22 horas.

"Lo que hay son fieles y devotos que vienen todos los viernes. Hoy hay cola pero desde junio, cuando se abrieron las iglesias, también vienen, son asiduas en venir", ha asegurado.

COMO EN DOÑA MANOLITA

Sobre las colas que se han registrado este viernes, el cofrade ha remarcado que ellos son responsables de lo que ocurre en el interior del templo y pide responsabilidad para lo que sucede fuera. "Lo comparo como en Navidad se va a comprar la lotería a Doña Manolita. Ellos son responsables de lo que hay dentro pero fuera la gente tiene que ser consciente de lo que está pasando y guardar su seguridad lo mejor que pueda", ha argumentado.

La cofrafía ha organizado dos filas, "una para subir y venerar la imagen y otra para entrar en la iglesia para la misa o para ver la imagen pero sin subir arriba". "El aforo es el que es. Una vez que la iglesia está aforada se cierran filas y la gente ya no puede estar en la basilica, por eso hay más colas de lo normal, porque dentro tenemos que cumplir con las normas de las que sí somos responsables", ha expuesto. El aforo permitido, del 50 por ciento, supone unas 200 o 250 personas en el interior.

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Igualdad, Políticas Inclusivas y LGTBI y bajo el lema 'La fuerza de las mujeres sostiene la vida', ha lanzado una campaña por el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, con la que pretende destacar el papel y las contribuciones de la población femenina durante la pandemia de la Covid-19.

Asimismo ha programado, junto con otras delegaciones municipales, más de una treintena de actividades y acciones de sensibilización que invitan a reflexionar sobre las desigualdades por razón de género y apelan a la igualdad. Así lo ha anunciado este viernes la edil de Igualdad, Políticas Inclusivas y LGTBI, Lucía Beamud, en la rueda de prensa en la que ha presentado estas iniciativas.

El programa incluye charlas y jornadas a través de Youtube, listas de Spotify para poner letra y música al 8M, muestras de arte en la calle y murales, selecciones bibliográficas en las bibliotecas y talleres en línea para jóvenes.

Asimismo, dentro de los actos previstos para conmemorar esa fecha, se ha decidido que la fachada del Ayuntamiento de València y otros enclaves de la ciudad como Porta de la Mar y diversas fuentes se iluminen el 8 de marzo con color violeta. A esto se suma que dos autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), de las líneas 95 y 71, circularán hasta el 21 de marzo con la imagen de la campaña.

Beamud ha subrayado el carácter transversal de la programación, atendiendo a las acciones que de ese mismo modo de adoptan en esta administración local para fomentar la igualdad. La edil ha destacado que todas las iniciativas previstas se pueden consultar en la web https://www.valencia.es/8m2021/.

"Queremos que sea un día reivindicativo para sensibilizar a la población de todas las desigualdades y discriminaciones que sufren las mujeres respecto de los hombres en todos los ámbitos sociales y culturales por el simple hecho de ser mujeres", ha manifestado la responsable municipal.

Lucía Beamud ha comentado que la actual es por la Covid-19 "una situación excepcional que nos pone a prueba a toda la sociedad". "Es una muy buena oportunidad para valorar la solidaridad, el apoyo mutuo y la convivencia. Ahora más que nunca pensamos que las vidas tienen que ocupar el centro de toda acción política por encima del individualismo y de la cultura del miedo. Estos valores son la mejor receta contra el coronavirus", ha expuesto.

En esa línea, la edil ha manifestado que "los colectivos y las personas más vulnerables son las que acaban sufriendo con más fuerza las consecuencias de las crisis", entre ellas las mujeres. "Los valores que tenemos que tener ahora más presentes que nunca, y esto nos lo ha aportado mucho el feminismo, son la resiliencia y recomponernos", así como "hacer frente a las adversidades de una forma propositiva para continuar avanzando", ha dicho.

Beamud ha agregado que a estos se deben sumar "los cuidados y la vida como eje central" y ha justificado por ello el mensaje de la campaña del 8 de marzo. Así, ha abogado por "ejemplificar toda la fuerza que tenemos las mujeres a la hora de recomponernos en el camino de la resiliencia y hacer frente a las adversidades, para ejemplificar los trabajos de cuidados que se nos han asignado muchas veces a las mujeres como cuidadoras y que justamente se han puesto en el centro de todas las acciones".

"ESPERANZA"

En la presentación de la campaña ha participado también la creativa Pilar Rodríguez, responsable de su cartel. Rodríguez ha explicado que en su diseño ha buscado la sencillez y ha utilizado "el color azul verdoso de fondo, con un toque morado", para reflejar "esperanza".

Igualmente, ha detallado que la figura central es "una mujer que sostiene la vida apoyada sobre muchos pies que simbolizan la red de mujeres que apoyan a otras mujeres" y que "al mismo tiempo están arraigadas en tierra, en contacto con la realidad y con el mundo".

El sindicato UGT en Andalucía ha considerado "más necesario que nunca" denunciar este 8 de marzo las discriminaciones que sufren las mujeres, la amenaza de retroceso en los avances conseguidos, y reivindicar una salida de la crisis que impulse la igualdad entre mujeres y hombres.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el sindicato ha insistido en defender que la igualdad de las mujeres en el empleo es una premisa fundamental para conseguir la igualdad real y efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

En el ámbito laboral, señala que, en enero de 2021 en Andalucía, del total de 987.686 personas paradas, 412.672 son mujeres, casi el 60% del total. De los contratos registrados este mes, las mujeres no llegan al 38% de los mismos. La tasa de empleo de las mujeres está 14 puntos por debajo de la tasa de empleo de los hombres en nuestra comunidad autónoma.

La edad, la formación y la segregación influyen de igual medida en el paro: hay más mujeres paradas en todos los tramos de edad, pero hay más diferencia entre el paro de las y los jóvenes. Además, las mujeres son mayoría de entre los parados de larga duración.

Si se analizan las condiciones de trabajo, se observa que las mujeres son mayoría abrumadora en los contratos a tiempo parcial: un 73% en Andalucía. Analizando los sectores, el único que tiene mayor representatividad de mujeres es el de Servicios. Habiendo mas representación femenina en el sector público que en el privado (52 y 49% respectivamente).

Explica que, actualmente en España hay un porcentaje de brecha salarial entre mujeres y hombres del 21,42% y en Andalucía del 24,68%. Andalucía es la tercera comunidad autónoma con mayor brecha salarial entre mujeres y hombres. Hay una menor brecha en el sector público (un 13%) que en el privado, en el que se alcanza casi el 33% de brecha. También hay menos brecha entre empresas locales que entre aquellas cuya actividad se dirige al comercio mundial, que tienen una brecha del 35%. Esta situación de desigualdad salarial culmina en la percepción de las pensiones de las mujeres, tanto en la cuantía como en el tipo de pensión que perciben: un 34% menos y son un 65% de las perceptoras de las no contributivas (las más bajas).

El sindicado ha apuntado dos principales razones por las que la pandemia ha afectado más al empleo de las mujeres: una de las razones es que los sectores más afectados por la pandemia están muy feminizados, como la hostelería y el turismo. La crisis del coronavirus ha afectado especialmente a quienes tenían peores condiciones laborales, como sucede a las trabajadoras, debido a la destrucción de empleo o a la reducción de horas trabajadas.

Otra razón es la asunción de las responsabilidades familiares durante el estado de alarma. En el caso de mujeres con hijos, más del 66% se vieron obligadas a quedarse en el hogar para asumir los cuidados de menores y personas dependientes, además de ver incrementadas sus horas de trabajo doméstico.

Además advierte de que cuando el cuidado se profesionaliza se hace "en condiciones precarias, escasos salarios, horarios interminables con una fuerte varga física y mental" y, ahora, con la pandemia de Covid la situación ha empeorado "enormemente", puesto que las bajas, los contagios y el sobreesfuerzo ha sido "una realidad constante" en las residencias de mayores, en la ayuda a domicilio y en la sanidad.

Otro sector especialmente precario y vulnerable que señala UGT-A son las empleadas de hogar, "mujeres en muchos casos extranjeras, con altos índices de economía sumergida, escasos salarios y abusos laborales, que en la pandemia se han visto especialmente agravadas por impagos, despidos o abusos".

La destrucción de empleo derivada de la crisis ha afectado más a las mujeres que a los hombres. Una consecuencia de esto son los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE): a nivel estatal la presencia de mujeres ha sido superior a lo largo de la pandemia entre un 1 y un 3,5% a la de los hombres. En Andalucía en diciembre de 2020 hay 15.072 mujeres y 12.868 hombres afectados por ERTE siendo el porcentaje de mujeres 7,8 puntos más que los hombres.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Otra cuestión relevante, según explica, para ver el estado de la igualdad entre mujeres y hombres son los datos de violencia de género. En España hay tres mujeres asesinadas por esta causa, y 1.081 desde el año 2003. Desde el 2013 hay 37 menores asesinados, y 304 huérfanas y huérfanos por Violencia de Género.

En Andalucía desde 2003 hasta hoy hay 216 mujeres asesinadas por violencia machista, 8 menores asesinados y 57 hijos e hijas menores huérfanos.

"Estos datos nos muestran que estamos lejos de erradicar la violencia de género en nuestro país. Durante la pandemia nuestra organización ya denunció la terrible situación en la que quedaban las mujeres víctimas de violencia de género cuando se vieron obligadas a confinarse con sus maltratadores", ha indicado.

Ante esta situación, el sindicato ha pedido recursos y medidas contra la violencia de género en Andalucía, la derogación de la reforma laboral por los efectos perjudiciales que tiene en la precariedad laboral de los trabajadores y especialmente de las mujeres; subida del salario mínimo interprofesional (SMI), puesto que beneficiará a las personas con los tramos salariales más bajos, entre quienes hay mayoría de mujeres, y recursos económicos y humanos suficientes y colaboración con las administraciones públicas andaluzas para afrontar esta tarea inmensa de aplicar la normativa vigente en igualdad salarial, que "sin duda contribuirá a reducir y eliminar la brecha que sufren las trabajadoras".

A las empresas andaluzas ha pedido "compromiso e implicación" en la puesta en marcha, que se realizará a través de la negociación colectiva, de las dos herramientas que van a permitir conocer de manera más precisa dónde se produce la infravaloración del trabajo de las mujeres.

También el refuerzo de recursos públicos de conciliación en Andalucía, como la creación de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, de carácter público y gratuito y de calidad. Así como centros día públicos que aseguren los cuidados de las personas dependientes. Implementar y reforzar un sistema de cuidados de calidad, atendido por personas profesionales y en condiciones dignas que atiendan a las personas en situación de dependencia y discapacidad para evitar el abandono del empleo de las mujeres para dedicarse al cuidado de las personas dependientes.

El sindicato también reclama instaurar una colaboración entre sindicatos, empresas y administración pública en Andalucía, con personas expertas en igualdad salarial, para facilitar el asesoramiento a las comisiones de igualdad y a las personas negociadoras de convenios colectivos en Andalucía, así como restringir y endurecer las contrataciones a tiempo parcial en Andalucía estableciendo medidas que favorezcan la contratación de calidad.

Ha pedido invertir dinero público en programas dirigidos a la igualdad en el empleo, de la crisis hay que salir con un empleo digno y de calidad para mujeres y hombres; y retirar ayudas públicas a empresas o entidades que discriminen a mujeres, incentivando la aplicación de sanciones por la autoridad laboral a empresas que discriminen a mujeres en razón de su sexo, que incurran en discriminaciones salariales por razón de sexo y que no tengan planes de igualdad si tienen la obligación por ley.

El subcomité clínico de expertos reunido este viernes ha decidido abrir el cierre perimetral de las áreas sanitarias de A Coruña y Pontevedra, las dos que permanecían cerradas en Galicia, con lo que sus municipios quedan limitados en movilidad únicamente en función de su incidencia. La medida entrará en vigor a las 00,00 horas del lunes.

Así lo ha explicado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, durante la rueda posterior a la reunión, en la que ha destacado que la incidencia continúa a la baja en la comunidad y ha informado de las normas de movilidad que regirán desde el lunes.

En concreto, además de eliminar el perímetro de estas dos áreas, el comité ha subido a nivel máximo a los municipios de A Mezquita, Boborás y A Pobra do Brollón, que se suman al de Soutomaior. En estos cuatro ayuntamientos, la hostelería deberá permanecer cerrada al público y solo podrá haber reuniones de convivientes. Además, estarán cerrados perimetralmente de manera individual.

A mayores, quedan en nivel alto los municipios de Miño, Arteixo, Ponteceso y Sobrado dos Monxes, en el área de A Coruña; Cariño y Mugardos, en la de Ferrol; Guitiriz, Lourenzá y Paradela, en la de Lugo; Cambados, Ponte Caldelas y Vilanova, en la de Pontevedra; y Mos, en la de Vigo. En estos ayuntamentos, la hostelería solo podrá operar en terraza, al 50%, y la movilidad está permitida únicamente entre ellos, independientemente del área sanitaria en la que se encuentren.

En el resto de ayuntamientos, que incluye, entre otros, la totalidad de las áreas de Santiago y Ourense, la movilidad está permitida entre los distintos municipios y la hostelería podrá abrir al 30% en interiores y al 50% en exterior. Tanto en el nivel medio como en el alto, se permiten reuniones de no convivientes hasta cuatro personas y los hosteleros tienen que cerrar a las 18,00 horas.

LA TASA, EN DESCENSO

Según ha explicado durante la rueda de prensa la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, los índices en Galicia continúan este viernes en descenso, con un numero reproductivo por debajo de 0,8 y con un aumento en los municipios sin casos tanto en los últimos siete días como a 14.

La incidencia acumulada en el conjunto de Galicia está en los 44 casos por 100.000 habitantes a siete días y en 114 por 100.000 habitantes a 14, una "mejoría" que "se materializa en todas las áreas sanitarias".

Entre otras cosas, Carmen Durán ha destacado que ninguna área sanitaria supera los 250 casos por 100.000 habitantes a 14 días ni los 100 a siete días. De entre las grandes ciudades, los mejores resultados son los de Santiago, que tiene este viernes 22 casos por 100.000 habitantes a siete días y 68 casos a 14.

Asimismo, la directora xeral también ha mencionado los casos de Pontevedra y de A Coruña y su comarca. En el caso de la cuidad herculina, la incidencia ha pasado de 119 casos por 100.000 habitantes a 95 a siete días y de 293 a 229. La mejora se acentúa si se tiene en cuenta toda la comarca, que ha pasado de 262 casos por 100.000 habitantes a 14 días la semana pasada a 195.

Pontevedra, por su parte, consolida el descenso, con 31 casos por 100.000 habitantes a siete días, frente a los 88,9 de hace una semana. A 14 días, ha pasado de 174 a 120.

SITUACIÓN ASISTENCIAL

También en la situación asistencial de la Comunidad hay una "mejoría reseñable", según ha contado el gerente del Sergas, José Flores, durante la rueda.

En particular, se ha referido a la ocupación de camas covid, que es de 311 en hospitalización convencional, lejos de las 1.210 del pico. También la ocupación en UCI ha bajado desde las 254 que llegaron a registrarse a 89.

Esto ha traído una mejoría en los planes de contingencia de las áreas. Tanto A Coruña como Santiago, Lugo, Ourense y Vigo están en fase 1 tanto en hospitalización como en UCI, mientras que Ferrol está en fase 1 en hospitalización y en fase 2 en UCI. Pontevedra tiene fase 2 tanto para hospitalización convencional como para críticos.

Esta mejora ha permitido ir recuperando la actividad quirúrgica que había tenido que ser reprogramada. Según ha contado José Flores, entre esta semana y la próxima Galicia recuperará "el 100 por cien de la actividad en condiciones normales".

SIN SIGNOS DE ALARMA

Pasada una semana de la entrada en vigor de las medidas de incremento de movilidad, el conselleiro de Sanidade ha explicado que no se está viendo "un incremento" de la incidencia de forma general, salvo "algunas excepciones".

"No es algo que nos haga saltar las alarmas", ha dicho García Comesaña, que ha vinculado el incremento de casos en alguna área a cribados o algún "pequeño repunte".

No obstante, el conselleiro de Sanidade ha asegurado que Galicia está "todavía en una situación crítica", sobre todo atendiendo a la presencia de nuevas variantes del virus y ha pedido que la población siga cumpliendo escrupulosamente las normas.

En particular, se ha referido al cumplimiento de los aforos máximos en hostelería y a respetar la ocupación del 50 por ciento en terrazas, dado que incluso al aire libre persiste el peligro. A mayores, ha animado a las personas a "posponer las cosas que se puedan hacer más adelante", para "no tener que volver atrás".

En esta misma línea, el doctor Pedro Rascado, miembro del comité, ha recordado que "la disminución de restricciones trae como consecuencia un incremento de movilidad y más riesgo de contagios", por lo que ha pedido que no se baje la guardia.

A mayores, ha incidido en la situación que viven todavía las UCI de la comunidad y ha advertido de que es necesario "que los hospitales estén en una situación más relajada ante un posible incremento de incidencia".

La Comunitat Valenciana ha comunicado este viernes 34 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización del jueves, lo que supone una ligera subida de seis decesos. Esto deja el total de defunciones desde el inicio de la pandemia en 6.836 personas (762 en la provincia de Castellón, 2.568 en la de Alicante y 3.506 en la de Valencia).

Además, los datos dejan 450 casos nuevos de Covid --39 menos que ayer-- confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos, que sitúan la cifra total de positivos en 380.901 personas. Por provincias, la distribución de nuevos positivos es la siguiente: 38 en Castellón (38.859 en total), 194 en Alicante (143.374 en total) y 218 en la provincia de Valencia (198.665). Además, el número de casos sin asignar se mantiene en 3.

La Conselleria de Sanidad informa, además, de que se han administrado un total de 397.231 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Por provincias, 48.617 en Castellón, 141.624 en Alicante y 206.990 en Valencia. En total, han recibido las dos dosis 113.831 personas.

Desde la última actualización se han registrado 894 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 378.894 personas en la Comunitat Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Esta es la distribución por provincias: 38.901 en Castellón, 142.002 en Alicante y 197.934 en Valencia, además de 57 no asignadas.

857 HOSPITALIZADOS

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 857 personas ingresadas: 76 en la provincia de Castellón, con 13 pacientes en UCI; 387 en la provincia de Alicante, 107 de ellos en la UCI; y 394 en la provincia de Valencia, 107 de ellos en UCI.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 6.648 casos activos, lo que supone un 1,69%% del total de positivos.

En cuanto a la situación de las residencias, en las últimas 24 horas, los casos positivos se han reducido a 61 (5 en la provincia de Castellón, 21 en la provincia de Alicante y 35 en la provincia de Valencia), 12 centros de diversidad funcional (1 en la provincia de Castellón, 2 en la provincia de Alicante y 9 en la provincia de Valencia) y 1 centro de menores en la provincia de Valencia.

Los residentes nuevos positivos son 15, y 7 entre los trabajadores. Además, son 14 los residentes que han fallecido. Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 29 de estos centros de mayores en la Comunitat Valenciana: 4 en la provincia de Castellón, 12 en la provincia de Alicante y 13 en la provincia de Valencia.

La actualización de brotes de coronavirus deja 7 nuevos focos, tres de ellos en Alicante, con 12 casos, 10 y 9 casos, respectivamente, y todos de origen laboral. También hay dos brotes en Valencia --una de 4 casos y origen social y uno con 4 positivos y origen laboral--; uno en Moncada (5 casos origen social; y uno en Callosa de Segura (5 casos origen laboral).

Metro de Madrid celebrará el Día Internacional de la Mujer con la tematización de la estación de Manuela Malasaña, en la línea 12 (MetroSur), que desde hoy luce retratos de 18 de las mujeres más relevantes de la Historia, realizados por la ilustradora Teresa García Hermida.

Con este homenaje, la estación de Manuela Malasaña contará, de forma permanente, con las imágenes de estas mujeres realizadas por la ilustradora Teresa García Hermida.

'Ellas cambiaron el mundo. Mujeres que hicieron historia' es el título de esta exposición mural, de carácter permanente, que ofrece una selección de mujeres, españolas y extranjeras, que han destacado en diferentes ámbitos, desde la literatura o la ciencia hasta la lucha por los derechos humanos.

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha presentado este viernes la exposición junto a la consejera delegada de Metro, Silvia Roldán.

"Con esta muestra, queremos hacer justicia con las mujeres. Porque, a pesar de todas las trabas y cortapisas, han sido capaces de brillar en todos los ámbitos, han conquistado todos los derechos que se les trataba de restringir y han instaurado la idea de la igualdad de género en toda la sociedad", ha señalado Garrido, según un comunicado.

Cada una de las protagonistas de la muestra cuenta con una breve reseña biográfica para que los viajeros puedan conocer la relevancia y la influencia que han tenido a lo largo de los años por sus iniciativas pioneras y ejemplares.

Así, figuras como Hipatia de Alejandría, Emilia Pardo Bazán, Marie Curie, Rosa Parks, Clara Campoamor, Rosalind Franklin o Margarita Salas acompañarán a los usuarios de la estación durante sus trayectos.

La exposición se completa con el homenaje que Metro quiere realizar también a sus propias empleadas, incluyendo en la muestra una sección titulada 'Ellas en Metro', compuesta de textos e imágenes acerca de la evolución de la mujer trabajadora en la compañía.

"Metro es una seña de identidad de Madrid y ha sido una empresa adelantada a su tiempo en materia de igualdad. La presencia de mujeres en taquillas, como revisoras, telefonistas, administrativas o como personal de estación fue una revolución en 1919. Más tarde llegaría su incorporación a puestos que parecían exclusivos para hombres, como es el caso de las maquinistas. Y, coincidiendo con el centenario de Metro, por primera vez en su historia, una mujer, Silvia Roldán, es la consejera delegada", ha subrayado Garrido.

Esta parte de la exposición se centra en la figura de 11 mujeres que representan a todas las que trabajan en la compañía y que han destacado por llegar a un puesto hasta entonces sólo ocupado por hombres o por su trayectoria laboral o por su profesionalidad o porque siguen siendo las únicas mujeres en su área.

LAS MUJERES DE METRO

Así, se pueden ver los nombres de Yolanda Molino Gonzalez, primera y única mujer operadora del despacho de cargas, donde se controla el estado de la energía eléctrica para asegurar el funcionamiento de la red de Metro; Rosa María Santiago Arribas, que empezó como revisora y después de 44 años es jefe de sector; Emilia Nieva López, que también comenzó como revisora y actualmente es responsable de Formación en el área de Operación; de Cristina Cárdaba Gil, que forma parte de la nueva generación de jefes de sector; o de Lara Marín Santos, oficial de Venta y Peaje.

En el mural también se recuerda a Estrella Aranda, primera conductora mujer de Metro; a María Eugenia Jiménez de León, que fue la primera gerente de Sostenibilidad; y a Susana Sánchez Fernández, hasta ahora la única oficial de Mantenimiento de trenes.

El homenaje también incluye a algunas mujeres ya jubiladas, como a Emilia Delgado Lucia, que entró como taquillera en 1957 y que, a sus 90 años, continúa recordando sus tiempos vividos en Metro; o a Mercedes Hernández Salas, que llegó a jefe de área de Formación y Desarrollo.

En la exposición también se destaca la figura de Roldán como primera mujer al frente de Metro en sus más de cien años de historia.

"El 8 de marzo es un día para celebrar los avances conseguidos y plantearnos nuevas metas colectivas. Solemos decir que Metro siempre avanza, nunca va marcha atrás. Estoy convencido de que así es y de que la Comunidad de Madrid sigue avanzando hacia la total igualdad de hombres y mujeres", ha concluido Garrido.

La directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, ha avisado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo, de que las desigualdades y la violencia de género y entrecruzadas frenan la vida de mujeres.

"La crisis del COVID-19 ha hecho retroceder el progreso hacia la igualdad. Ha ampliado la brecha entre mujeres y hombres en riqueza, ingresos, acceso a servicios, carga de cuidados no remunerados, estatus y poder", ha lamentado.

Y es que, prosigue, hasta 20 millones más de niñas en edad de asistir a la escuela secundaria podrían terminar sin escolarizar tras la crisis, y es posible que muchas "nunca regresen" a la escuela o tengan acceso a habilidades y oportunidades económicas. Del mismo modo, ha advertido de que dos millones y medio más de niñas corren ahora el riesgo de contraer matrimonio infantil en los próximos cinco años.

"La pandemia ha puesto de relieve que incluso antes del COVID-19 se estimaba que 34 millones de niñas de entre 12 y 14 años no asistían a la escuela, una de cada tres mujeres en todo el mundo informó haber experimentado violencia física o sexual y mujeres en todo el mundo trabajan más horas por menos o ningún pago", ha detallado la directora ejecutiva de ONUSIDA.

Las mujeres que ya estaban estigmatizadas se encuentran entre las más afectadas por los impactos de la pandemia. En este sentido, Byanyima ha señalado que la repentina pérdida de los medios de vida de las trabajadoras sexuales y su falta de acceso a la atención médica y la protección social han intensificado sus vulnerabilidades, especialmente para las personas que viven con el VIH.

"Muchas mujeres migrantes y trabajadoras precarias afectadas negativamente por la pandemia quedan excluidas de los programas gubernamentales de protección y socorro, así como de los servicios de salud. El estigma, la discriminación y la criminalización ponen a las mujeres transgénero y a las mujeres que consumen drogas a un mayor riesgo de contraer el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y les impiden acceder a los servicios de prevención, tratamiento y atención del VIH", ha añadido.

Por todo ello, ONUSIDA, ONU Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Fondo de Población de las Naciones Unidas han convocado un amplio movimiento, 'Education Plus', para trabajar con los gobiernos para asegurar los cambios transformadores que permitirán a todos de las adolescentes africanas para estar en la escuela "seguras y fuertes.

Eso incluye a todas las niñas que fueron expulsadas de la escuela durante la crisis de COVID-19 y las que fueron excluidas de la escuela incluso antes de que estallara la crisis. "Superar la crisis de COVID-19 y poner fin a las nuevas infecciones por el VIH y las muertes relacionadas con el sida requieren que nos acerquemos a las desigualdades que generan vulnerabilidades", ha apostillado zanjado.

La Audiencia Provincial número 2 de Ciudad Real ha absuelto de un delito de agresión sexual y de amenazas a V.G.R, acusado de obligar a una joven --A.L.Q-- a mantener relaciones sexuales bajo amenazas de difundir un vídeo de una relación anterior consentida en Porzuna.

La Sala tiene "serias dudas" respecto a la existencia y realidad de los hechos motivadores de la agresión sexual y amenazas, basándose en las versiones de la víctima y los testigos que presenciaron el desarrollo de los acontecimientos, así como la ausencia de lesiones observadas por parte del médico forense de la víctima, tras declarar ésta que ejerció violencia física sobre ella.

Tal y como señala la sentencia, a fin de mantener la protección de la presunta víctima, se mantienen vigentes las medidas cautelares acordadas, hasta la firmeza de la presente resolución.

Se considera probada la relación que ambos mantenían y las relaciones sexuales completas que mantuvieron a mediados de marzo de 2018; que mantuvieron una conversación por WhatsApp en la que el acusado le proponía reunirse con él para mantener relaciones sexuales en la que le hacía mención expresa a este vídeo.

Aunque en un primer momento la víctima expresó su negativa de quedar con el acusado, finalmente se dirigió al parque de Porzuna y tras encontrarse con el acusado, le recriminó el hecho de haberla grabado y el empleo que el acusado quería hacer de las grabaciones. Este le manifestó que no existía tal video y que la había engañado para verse esa noche.

Ambos mantuvieron posteriormente relaciones sexuales completas, sin que haya quedado acreditado que el acusado ejerciera actos de agresión física sobre A. que hubieran determinado a la misma a consentir dichas relaciones sexuales.

El juez explica que la existencia del supuesto vídeo vino "únicamente" a mover la voluntad de A. para encontrarse con el acusado, pero no en cuanto a la formación de "una voluntad viciada para el mantenimiento de relaciones sexuales", no acreditándose tampoco el empleo de "vis física sobre la presunta víctima".

Tras las declaraciones de los testigos, no se evidencia "un cambio relevante en el estado de ánimo de la misma" desde el inicio de la conversación por WhatsApp hasta su marcha al encuentro del acusado.

"La manifestación expresa de A. de irse con el acusado vinieron a ser indubitadamente interpretadas por ambos testigos, dado elcontexto verbal y gestural de la situación, como una manifestación de que el encuentro iba a tener como finalidad el mantenimiento de relaciones sexuales consentidas", señala el juez.

El juez destaca la "imposibilidad" de centrar en dicha conversación de WhatsApp y la alusión al vídeo "la causa determinante del forzamiento de su voluntad para acceder a mantener relaciones sexuales" con el acusado la noche de autos, tanto por la propia forma de configurar los hechos objeto de acusación como por la propia contradicción entre las declaraciones de la presunta víctima y lo narrado por dichos testigos respecto a su clara interpretación de la situación de ausentarse, "para mantener con el acusado relaciones sexuales de carácter normal y sin presión alguna".

El senador de Coalición Canaria por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, solicitó este viernes la comparecencia "urgente" del Defensor del Pueblo tras hacerse público el informe sobre la inmigración en Canarias.

Clavijo reconoció que hay aspectos en el informe que, aunque han sido expuestos por ONG y por las personas acogidas en campamentos en las islas, han sido recogidas también en este informe, que calificó de "devastador" y que describe la situación en las islas.

Asimismo, apuntó que, aunque el documento ha sido remitido a las Cortes, "debe ser analizado pormenorizadamente por la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo".

Fernando Clavijo reprochó que el Gobierno de España "siga haciendo caso omiso a las advertencias que tanto fuerzas políticas como distintas ONG y asociaciones, y ahora, el Defensor del Pueblo, hacen sobre un fenómeno que ha pasado a ser un drama humanitario estructural para el archipiélago y un asunto que no tiene salida, al menos, desde la inoperancia y el abandono al que el Estado tiene sometido a las islas".

En este sentido, sostiene que "es fundamental avanzar para corregir la situación que hay en Canarias" y reprochó que, de momento "no haya habido el mínimo atisbo de voluntad política del Gobierno de España para hacerse cargo de una situación que no puede seguir soportando sola Canarias".

El senador de Coalición Canaria-PNC, que también es miembro de la Ponencia de Migraciones, se refirió a algunos de los aspectos del informe como las referidas a las condiciones en las que viven las personas acogidas en los campamentos habilitados por el Estado, campamentos que ya han denunciado "por activa y por pasiva no reúnen las condiciones para una acogida digna", así como las deficiencias para la detección de menores o la ausencia de protocolos para determinar los casos de especial vulnerabilidad que puede haber entre estas personas con el fin de darles la protección necesaria o la política de no derivaciones a península impuesta por España.

"CAOS MIGRATORIO"

Fernando Clavijo coincidió en que la improvisación en la política migratoria "provocó situaciones como las del muelle de Arguineguín que se prolongaron durante meses sin que nadie en el Gobierno haya asumido la responsabilidad".

Es este contexto, señala que el Gobierno socialista "ha normalizado algo que no lo es", y lo reconoce el Defensor del Pueblo en un informe "devastador" en el que tras un análisis exhaustivo de la situación vivida en las islas en el último año concluye "la necesidad de poner en marcha políticas a corto, medio y largo plazo que corrijan el caos migratorio más grave de la última década en Canarias e impida que se vuelvan a cometer los mismos errores en materia de acogida, detección de personas migrantes vulnerables o acogida de menores extranjeros no acompañados".

De la misma forma, las conclusiones del informe contemplan otro tipo de medidas en el marco de la Unión Europea, pero también, reconoce la necesidad de reeditar acuerdos bilaterales entre Gobierno de España y los países de origen, así como, impulsar la coordinación de todas las comunidades autónomas para hacer frente a este drama humanitario, "conclusiones que deben ser atendidas y debatidas en la Ponencia de Migración del Senado con el fin de seguir dando pasos para corregir la errática política del Gobierno de España".

Colas, aunque no las kilométricas de siempre, que llegaban hasta la Ronda de Atocha, y una distancia de seguridad que brillaba por su ausencia vienen marcando el segundo 'no besapiés' en plena pandemia del Cristo de Medinaceli.

Una doble cola rodeaba la fachada de la iglesia en la mañana de este primer viernes de marzo hasta doblar por la calle Lope de Vega, esquina con el templo, a pesar de que el 'besapiés' hubiera sido suspendido para evitar los contagios por coronavirus cuando se empieza a salir de la tercera ola.

Hace justamente un año, pocos días antes de que el Gobierno decretara una medida que parecía entonces sacada de una película de ciencia ficción, el confinamiento domiciliario de toda la población, las primeras muertes y contagios obligaban a actuar a las autoridades.

Una de las primeras medidas que se tomó fue suspender el 'besapiés'. Hoy, 365 días después, el Cristo de Medinaceli ve como, de nuevo, el acto de fe de sus fieles vuelve a ser imposible, a la espera de que llegue la vacunación masiva y el principio del fin de la pesadilla. La diferencia es que hace un año las mascarillas aparecían puntualmente en la cola para acceder al templo mientras que hoy son absolutamente obligatorias.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que este viernes ha acudido a la iglesia del Cristo de Medinaceli pero en una visita privada, ya adelantaba que este año no se podría celebrar esta tradición por la pandemia de coronavirus. Días después, el Arzobispado de Madrid confirmaba que las procesiones de Semana Santa tenían que suspenderse, tanto por la crisis sanitaria como para evitar aglomeraciones.

MEDIO MILLÓN DE PERSONAS

El año antes de la pandemia fueron alrededor de 500.000 personas las que acudieron a su cita con el besapiés,según datos que aportaba la Archicofradía de Jesús de Medinaceli, una tradición que incluso se transmite de generación a generación.

La talla de Jesús de Medinaceli pertenece a la Escuela Sevillana. Tallada en la primera mitad del siglo XVII en Sevilla fue llevada por los Capuchinos a la plaza fuerte de Mehdía o Mámora (Marruecos) para culto de los soldados españoles. En abril de 1681 fue hecha prisionera por los musulmanes, que la arrastran por la calles de Mequinez. La rescataron los trinitarios, llegando a Madrid en el verano de 1682.

Debido a un cúmulo de avatares históricos, la imagen ha recorrido varias iglesias de Madrid e incluso durante la Guerra Civil fue trasladada a Valencia, Cataluña y Francia. Terminada la contienda española regresó a su iglesia de la basílica de la calle Jesús.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que el derecho a manifestarse es "un derecho básico" pero ha precisado que el país no se puede permitir "un retroceso" en la lucha contra la pandemia de la Covid-19, y ha invitado a quien no esté de acuerdo con la prohibición de las manifestaciones del 8M, a presentar un recurso ante los órganos de justicia.

"En esta tercera ola ya estamos mejorando, con las medidas adoptadas y la responsabilidad del conjunto de la sociedad pero no nos podemos permitir un retroceso. Es cierto que el derecho a la manifestación es un derecho básico en el Estado de Derecho pero es una resolución dictada por la autoridad competente", ha defendido Marlaska en declaraciones a los medios, en el marco de su participación en la Jornada sobre Mujer, Igualdad y Seguridad, este viernes en Casa de América.

En todo caso, Marlaska ha insistido en que si hay alguna parte que no esté de acuerdo con la prohibición de las manifestaciones por el 8M puede "formalizar un recurso ante la autoridad judicial, que resolverá lo que proceda".

Asimismo, el ministro ha asegurado que no tiene "ningún temor ante ninguna situación de disturbio" porque confía en la "responsabilidad" de los movimientos feministas. "Las mujeres y quienes defendemos el feminismo y la dignidad humana nos caracterizamos por la responsabilidad", ha afirmado.

Sobre el hecho de que se prohíban estas concentraciones en Madrid y no en otras comunidades autónomas, Marlaska ha insistido en que son decisiones fruto de "análisis individualizados" y que sería "muy osado" por su parte hacer una conclusión en general, pues en cada zona hay que hacer "un estudio sobre las circunstancias concurrentes".

"Cuando hay razones de orden público o se entiende que el derecho a la manifestación puede perturbar otro derecho, se analiza y se resuelve en ese sentido", ha añadido, precisando que en el caso de la Delegación del Gobierno en Madrid, entiende que "la autoridad competente ha valorado todos los informes de Sanidad, de incidencia acumulada, grado de hospitalización, ocupación de UCIs y ha tomado esa decisión".

Si bien, ha subrayado que a él no le corresponde valorar esa resolución que, según ha remarcado, ha sido "adoptada conforme al procedimiento adecuado".

En todo caso, ha afirmado que "es cierto que hay movimientos que criminalizan al movimiento feminista" y "gente que se sentirá cómoda con que no se celebren" las manifestaciones por el 8M. "Lo estamos viendo, desgraciadamente, vemos algún retroceso en algunos partidos políticos, pero es una lucha por la igualdad en la que no vamos a echar ni un paso atrás. Que quede claro que en este caso es una situación específica", ha zanjado.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Idoia Mendía, han asegurado este viernes que la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) será "rápida" y han anunciado que crearán un grupo de trabajo mixto para que esta prestación se integre con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) vasca.

En declaraciones a los medios de comunicación tras finalizar la reunión, Escrivá ha trasladado que ha habido "mucha sintonía" y, preguntado sobre plazos, ha asegurado que no tienen una fecha concreta, pero que sí han acordado "el compromiso de hacerlo de una forma relativamente rápida" y "el período de trámite legislativo es un buen marco a la hora de llegar a objetivos", ha apostillado.

Desde los jardines del Ministerio, Escrivá ha reconocido que el IMV y la RGI son prestaciones complejas y que, por ello, la integración de las dos mecánicas pasa por "ir arreglando distintos temas que son técnicos".

Así, sobre el principal escollo, Escrivá ha detallado que uno de los problemas que, en sus palabras, había retrasado el arranque ya está "prácticamente resuelto". Este tiene que ver con la necesidad de que el IMV "requiere un contraste de renta y patrimonio, un cruce de datos con las haciendas" y, según ha aseverado el ministro, "esto es algo que no es fácil", pero que ya están "a punto de cerrar".

En definitiva, el ministro ha puesto en relieve que el hecho de que el IMV esté en trámite en el Parlamento es una "ventaja". Asimismo, ha celebrado que el hecho de que exista en este momento una renta mínima a nivel estatal y que sobre esta se encaje la renta vasca, "al final tiene que redundar en una mejora para los ciudadanos, un esquema de garantías de protección más potente".

Por su parte, Mendía espera que el grupo de trabajo "a cuatro bandas" sirva para "desencallar" la transferencia y para que todos estos meses que quedan por delante, las dos administraciones, logren hacer esa integración de ambos sistemas. "Creo que eso es lo que ciudadano espera de nosotros", ha enfatizado la dirigente vasca, al tiempo que ha remarcado la necesidad de que haya "una ventanilla única".

FIRMA DE CONVENIO

Además, la vicelehendakari segunda ha dado a conocer que, fruto de estas semanas de trabajo con el Ministerio y de una común idea de cargas administrativas, van a firmar un convenio de interoperabilidad entre la Tesorería de la Seguridad Social y el Gobierno vasco para mejorar la tramitación de la RGI para aquellas personas que trabajan y complementan el suelto con esta prestación.

"Es una muy buena noticia que en los próximos días podremos culminar con la firma, pero que hoy sale como compromiso político del Ministerio y del Gobierno vasco", ha zanjado Mendía sobre este asunto.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 18 meses de prisión impuesta a un mujer que se apropió de 36.000 euros que pidió como un supuesto "préstamo" al anciano de 93 años que cuidaba "aprovechándose de la relación de confianza generada", de que tenía "necesidad de cariño" y de una "incipiente demencia" cuando no tenía "intención alguna de devolver el dinero".

El Alto Tribunal andaluz desestima los recursos de apelación de la acusación particular, y de la defensa ya que, entre otros pronunciamientos, traslada que resulta "absolutamente inverosímil" que el perjudicado le realizase un préstamo de 6.000 euros como ella misma admitió en juicio, y "de pronto, sin más, la hiciese beneficiaria de una donación de 30.000 euros, pendiente aún de la devolución de la mayor parte de los prestado".

La sentencia, hecha pública este viernes, hace alusión a un dato indiciario que, según avisa, esgrime la defensa "sin advertir que es un arma de doble filo" y que no es otro que una "libreta de anotaciones" supuestamente realizadas por el anciano, ya fallecido, que demostraría la "buena fe" de la acusada ya que figuran "apuntes de las devoluciones que con perioicidad anual vendría realizando".

La sala coincide con el tribunal de la Sección Segunda en cuestionar la citada libreta "por falta de autentificación y por la dudosa legitimidad de su origen", y va más allá al considerar que, "dando por bueno el documento", resultaría "inverosímil" la versión de la donación de hasta 30.000 euros procedente "de una persona que había realizado un préstamo de 6.000 euros a su empleada doméstica y que apuntaba meticulosamente las devoluciones parciales".

"Una ampliación de préstamo es todavía verosímil, pese a lo improbable de la devolución por las condiciones de solvencia de la prestataria, que es donde radica el engaño, pero una donación no es que sea inverosímil, es que es incongruente y mostrarían que las primeras devoluciones parciales del préstamo habrían servido como cebo para facilitar la obtención de un segundo más cuantioso", remarca el fallo para apuntar acreditado el delito de estafa.

Añade que la donación "es susceptible, como acto de disposición patrimonial, de ser vehículo adecuado para la estafa" y subraya que la acusada también engaño "en el destino del dinero, para la adquisición de una vivienda que es primera necesidad, cuando en realidad la intención era el enviar la mayor parte a su país natal y gastar el resto en atenciones diversas".

La acusada, L.M.M.M., entre años 2015 y 2018, prestó sus servicios como empleada de hogar y cuidadora de la víctima en su domicilio, con lo que "aprovechándose la relación de confianza creada, de la necesidad de afecto y de un incipiente deterioro cognitivo" del mismo, fingió necesitar dinero para comprar una vivienda.

Con intención de obtener un "ilícito beneficio" y bajo el acuerdo de que le devolvería el dinero, consiguió que la víctima le entregase 36.000 euros que "incorporó a su patrimonio" a través de distintas tandas en metálico y por transferencia entre noviembre de 2017 y enero de 2018.

La sentencia apunta que deberá indemnizar con la mencionada cantidad a los herederos del perjudicado cuya legitimidad para continuar con el procedimiento después de que este muriera ya interpuesta la denuncia avaló la Audiencia Provincial de Almería.

El tribunal estimó, no obstante, que los hechos no reunían los "requisitos suficientes" para agravar la condena bajo la condición de un delito continuado, tal y como interesaba la Fiscalía que pedía cinco años de cárcel al igual que la acusación particular, al no apreciar un "plus que vaya más allá de lo naturalmente asociado a la mayoría de las estafas en que siempre se traiciona una confianza".

Además del relato de los hijos como prueba de cargo, un trabajador de la sucursal aseguró que el finado acudió para efectuar tal transferencia y que fueron sus superiores quienes, al comprobar que era una operación de elevada cantidad, los que decidieron dar aviso a la hija de la víctima, quien se presentó allí y comprobó la presencia de la acusada.

"También sibilina y premeditadamente acudió a la gestoría, ella sola, para asesorarse del pago de impuestos en caso de donaciones", recogía de otro testimonio el tribunal de instancia, para el que "el ardid o engaño es nítido en tanto que la voluntad en su caso de devolver el dinero prestado no existía, pretendiendo mediante la argucia de una donación quedarse con las cantidad obtenida".

Así, sostuvo que la última actuación de la acusada "abusando de la demencia" del perjudicado consistió en intentar que ante notario reconociera este que "todo el dinero que le había entregado fue por su voluntad" y "gratuitamente".

Los sindicatos CC.OO. y UGT han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la decisión de la Delegación de Gobierno en Madrid de prohibir las manifestaciones para celebrar el Día Internacional de la Mujer al considerar que vulnera el derecho de reunión y manifestación al no estar restringido dentro del estado de alarma por la pandemia.

La impugnación conjunta de los sindicatos se suma a los recursos de CGT y Movimiento Feminista de Madrid. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se reunirán mañana para deliberar sobre el asunto, tomando como criterio las resoluciones similares dictadas desde que comenzó en marzo la pandemia y en la que se ha mostrado a favor de preservar el derecho de reunión pero con el cumplimiento estricto de medidas de seguridad para evitar contagios.

En el recurso, se solicita que se acuerde haber lugar a la concentración interesada para el próximo lunes en la Plaza De Cibeles de la capital, en definitiva "al ejercicio libre del derecho fundamental de reunión contenido en la solicitud de concentración unida, revocando y anulando la resolución impugnada".

Esta concentración arrancará a las 11.00 horas y se prolongará hasta las 14.30 horas. Tiene prevista la asistencia de 250 personas y contará con servicio de orden como medida de seguridad, así como dos vehículos de apoyo.

Los sindicatos interesan a la Sala la incoación del procedimiento especial en materia de Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona del artículo 122 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en cuanto a la protección del Derecho Fundamental de Reunión.

DERECHO DE REUNIÓN

UGT y CC.OO. consideran que la prohibición vulnera el derecho regulado en la L.O. 9/83, que regula el derecho de reunión pacífica y sin armas, reconocido en el artículo 21 de la Constitución.

En primer lugar, esgrimen que "la existencia del marco pandémico regulado limitativamente, así como la catalogación de la situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid como de "riesgo extremo", o la aparición de nuevas cepas del virus Sars-Cov-2, no ha supuesto el decaimiento en absoluto del derecho de reunión y manifestación".

Aluden los recurrentes a la propia resolución impugnada que afirma que "la media de concentraciones y manifestaciones que viene habiendo en la Comunidad de Madrid es de 70 por semana".

También señalan que su solicitud "no entraña la potencialidad de que se convierta, ni de lejos, en una concentración masiva", ya que "viene limitada a 250 personas, que es la asistencia prevista, de cuyo cumplimiento se encargaría el servicio de orden de los propios sindicatos convocantes".

"El riesgo que entraña esta concentración no es superior, en absoluto, al que pueda existir, por ejemplo, en cualquier gran Comercio de la Comunidad de Madrid, cuya actividad, como se sabe, está perfectamente permitida", afirman.

Critican que la Delegación del Gobierno de a entender una suerte de acuerdo de voluntades entre "los 104 convocantes para generar una especia de manifestación masiva, pero sin aportar prueba alguna de ello, y quedándose esa afirmación en la mera conjetura, entre otras cosas, porque no existe tal concierto de voluntades para celebrar tal macromanifestación".

SIN MOVILIDAD

En el caso concreto, "no existe movilidad de personas al no estar previsto trayecto alguno" y "al menos no existe como entiende y da a entender al Acuerdo impugnado en el sentido de que pueda propagar de forma virulenta la infección".

"El riesgo de contagios, en el caso de nuestra concentración es mínimo. No se puede argumentar que el desplazamiento de las personas que tengan previsto acudir va a propagar el virus, porque no son desplazamiento, incluso en transporte público, superiores, ni de lejos a los que se producen todos los días con motivo de acudir las personas a sus trabajos, quehaceres y obligaciones de todo tipo ya en transporte público, ya en privado", sostienen los sindicatos.

Por todo ello, concluyen que "la resolución limitadora del derecho de reunión impugnada no se motiva suficientemente dicha limitación que sólo puede ser consecuencia de que produjese la propagación del virus SARS Cov-2, lo cual, por los motivos expuestos, no sucede".

Castilla y León suma 199 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 212.283, al tiempo que registra 13 nuevas víctimas mortales, todas ellas en hospitales, así como un total de 27.023 altas médicas, de ellas 50 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

Las estadísticas publicadas este viernes registran 13 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.417 la cifra total de defunciones en estos centros.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 308 y los casos positivos a ellos vinculados descienden a 2.004. De ellos, Ávila contabiliza 15 --uno más--; Burgos, 65 --cinco menos--; León, 48 --cinco menos--; Palencia, 10 --tres menos--; Salamanca contabiliza 54, tres menos; Segovia 24, tres menos; Soria 31, uno menos; Valladolid 47 --dos menos-- y Zamora 14, dos menos.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 212.283 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de que se hayan sumado 199 en la última jornada. De esa cifra total, 205.483 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

BURGOS A LA CABEZA, CON 649 NUEVOS POSITIVOS

Por provincias, Burgos es la que más positivos ha notificado en esta jornada, con 49 casos y un total de 30.921; le sigue Valladolid, con 41 y un total de 47.622; León, con 29 y un total de 37.229; Soria, con 28 y 8.872 en total; Salamanca, con 18 y 29.947; Palencia, con 15 y 17.684; Segovia, con 11 y 15.424; Ávila, con siete y 11.922, y Zamora, con uno y 12.662.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 5.417, 13 más que ayer. La mayor parte de esa cifra total se registra en la provincia de León con 1.114 --dos más--, le sigue Valladolid con 1.072 --cinco más--; a continuación figura Salamanca con 811 --los mismos--; Burgos con 654 --uno más--; Palencia sigue en 419 --sin variación--; Zamora se sitúa en 414, uno más; Segovia, con 351 --sin variación--; Ávila registra 326 --dos más-- y Soria alcanza los 256, dos más.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman un total de 27.023, de las que se han computado 6.536 en Valladolid; 4.834 en León; en Salamanca, 3.774; en Burgos 3.522; en Palencia, 2.051; en Zamora, 1.837; en Segovia 1.713; en Ávila, 1.660, y en Soria 1.096.

HOSPITALIZADOS

En cuanto a las hospitalizaciones, disminuyen ligeramente tanto los ingresados en UCI y aumentan de forma leve en planta. A día de hoy hay un total de 625 hospitalizados, nueve menos que en el anterior parte. De estos pacientes, 441 se encuentran en planta --31 menos que ayer--, mientras que los hospitalizados en unidades de críticos (UCI) descienden hasta los 184, once menos que en el anterior parte.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y suponen un 56 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, tres puntos menos que en el anterior parte.

Así, se informa de 31 en el Complejo Asistencial de Burgos; 29 en el Río Hortega y en el Clínico de Valladolid; 18 en el de Salamanca; 16 en el complejo de Soria; 15 en el de Palencia; 13 en León y Segovia; nueve en el Hospital del Bierzo; seis en el de Zamora, y tres en el de Ávila.

NINGÚN RESIDENTE FALLECIDO

En cuanto a las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la cifra de fallecidos relacionados con el COVID-19 se mantiene invariable en 4.057 en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 2.952 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, dos más, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio de 2020.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 4.057 finados hasta el momento, 2.172 personas han perdido la vida en su residencia, sin variación, mientras que otras 1.885 lo han hecho en hospitales, dos más.

Tres residentes se encuentran aislados con síntomas compatibles con el COVID-19, frente al casillero vacío de ayer, y 206 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, nueve menos.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se sitúa en 300, sin cambios en la última jornada, de ellos 183 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles, los mismos.

Además, se encuentran hospitalizados 19 residentes, uno menos, y se eleva a 1.019 --tres más-- el número de los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado.

Por otro lado, ningún residente se encuentra en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, mientras que otros 18 permanecen aislados de forma preventiva sin síntomas, sin cambios.

El presidente nacional de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha destacado la situación "tan dolorosa" que se padece por la pandemia, y ha manifestado que un tercio de las personas que acuden a Cáritas no lo hacía antes de comenzar la crisis sanitaria.

Bretón ha hecho estas declaraciones este viernes durante su intervención en la clausura de las XX Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado que ha organizado la UCAM junto con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

"Ha sido un año especial, hemos vivido situaciones muy complicadas, pero con una gran actitud por parte de nuestros voluntarios", ha destacado Bretón.

"CÁRITAS ES IGLESIA CATÓLICA"

Cáritas, entidad de la Iglesia Católica, cuenta con más de 80.000 voluntarios repartidos por toda España. Su presidente explica que "nosotros somos Iglesia, la ruta que nos hemos marcado es la de las bienaventuranzas de Jesucristo", recordando que está presente a nivel internacional en las zonas más pobres de países como Haití, Cuba, República Dominicana, Senegal, Etiopía y Camboya, entre otros.

El presidente de la entidad caritativa ha hecho hincapié en que "la pandemia ha acarreado graves problemas, como el surgimiento de las colas del hambre que anteriormente no se veían en nuestro país".

Bretón ha asegurado que Cáritas ha redoblado su presencia con 6.000 nuevos voluntarios y ha puesto en valor "la ayuda que han prestado a niños que no contaban con las tecnologías necesarias para seguir su formación, así como la puesta en marcha de un programa de acompañamiento para los más mayores que viven en el mundo rural".

CLAUSURA DE LAS XX JORNADAS INTERNACIONALES DE CARIDAD Y VOLUNTARIADO

Las Jornadas, que concluyen este viernes, han tenido como eje la encíclica del Papa Francisco 'Fratelli Tutti'. Cerca de 300 asociaciones han participado en la Muestra Internacional enmarcada en este evento, que también ha tenido al ecumenismo como uno de los principales asuntos.

El vicerrector de Extensión Universitaria y coordinador de las Jornadas, Antonio Alcaraz, ha valorado que se llevan realizadas veinte ediciones ininterrumpidamente y que la UCAM colabora permanentemente desde su creación, hace 25 años, con entidades sociales a través de aportaciones económicas, investigación, proyectos nacionales e internacionales, voluntarios y proporcionando visibilidad a las asociaciones, tanto en España como en zonas pobres de América del Sur y África.

La plataforma Festivals per la Cultura Segura, que integra a los principales festivales de música de Catalunya, ha anunciado este viernes un concierto del grupo Love of Lesbian con 5.000 asistentes en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 27 de marzo "sin distancia social y en un entorno seguro".

"Hoy empezamos la remontada" ha reivindicado en rueda de prensa desde el Estadi Olímpic Lluís Companys el director del Festival Cruïlla, Jordi Herraruela, junto al del Vida, Dani Poveda, el del Primavera Sound, Alberto Guijarro, el del Sonar, Ventura Barba, la del Canet Rock, Gemma Recoder, y el de The Project, Joan Rosselló, así como entidades culturales y personalidades del ámbito de la salud.

El concierto, además, servirá como un estudio de salud pública y todos los asistentes deberán realizarse un test de antígenos rápido (TAR) y llevar una mascarilla FFP2 --que facilitará la propia organización-- y también los espacios del interior del Palau deberán estar correctamente ventilados, entre otras medidas de seguridad.

Así lo ha concretado el investigador de la Fundación Lucha contra el Sida y el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), Josep Maria Llibre, que ha añadido que la organización también se encargará de "evitar la acumulación" de asistentes y las colas durante el concierto.

El concierto será por la tarde y los cribados se realizarán por la mañana: las personas que decidan comprar la entrada, que ya están a la venta, deberán elegir entre las salas Apolo, Razzmatazz y Luz de Gas y el horario que deseen para desplazarse a una de éstas en las que un equipo de enfermería les realizará el TAR.

PRUEBA PILOTO

Guijarro ha destacado que este concierto se basa en el ensayo clínico de la Sala Apolo de Barcelona organizado por el Primavera Sound y la Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas el pasado 12 de diciembre, que fue el "primero del mundo" con estas características.

A diferencia del primer ensayo, esta vez no se precisará de un grupo control de población para comparar el impacto del Covid-19 sino que se trata de un concierto comercial, aunque Llibre ha asegurado que quieren "demostrar que el acto no ha comportado mayor riesgo de transmisión"

De hecho, el investigador ha precisado que están "en trámites" para poder analizar todos los casos positivos de Covid-19 que se diagnostiquen entre los asistentes y poder comparar, así, la tasa de contagio del concierto con la tasa de contagio de la población.

El concierto tendrá un coste aproximado de 200.000 euros, aunque desde la organización han defendido que "ésta no es una actividad económica comercial, es una prueba piloto que pretende volver a la actividad de grandes acontecimientos".

ADMINISTRACIONES

La presentación del concierto ha contado también con la presencia de la consellera de Cutura de la Generalitat en funciones, Àngels Ponsa, la consellera de Salud en funciones, Alba Vergés, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Ponsa ha ensalzado la unión entre los principales festivales de Catalunya que, lejos de competir, han cooperado para llevar a cabo este proyecto en el que se "reflejan" otros países y ha destacado que, a raíz de su trabajo, ya hay conciertos similares previstos en París y en Marsella.

Iniciamos camino", ha reivindicado Vergés, que ha dicho que en los próximos meses se incrementará la vacunación entre la población y puede que aparezcan nuevas herramientas diagnósticas que permitan realizar más pruebas como esta y avanzar en el retorno de la cultura sin comprometer el control de la pandemia.

Colau ha defendido que la celebración de este concierto se hará "con seguridad", al igual que a su juicio se hizo con el Grec Festival de Barcelona 2020 y las fiestas de la Mercè, y ha asegurado, textualmente, que Barcelona es capital mundial en música, cultura y festivales.

La última semana epidemiológica completa --del 21 al 28 de febrero-- cerró en Castilla-La Mancha con un total de 804 nuevos casos de coronavirus, lo que supone apuntalar el ritmo de descenso cosechado en el último mes con un dato que representa un 32,84% menos en relación a los 1.197 positivos de la semana precedente.

Según los datos actualizados por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, los nuevos casos han descendido en términos similares en todas las provincias. Así, Albacete registró sólo 86 casos, lejos de los 165 de la semana anterior; Ciudad Real ha pasado de 176 a 96; Cuenca de 90 a 47; Guadalajara se queda en 218 por 274 del último cómputo y Toledo suma 357, lejos de los 492 de los siete días anteriores.

Estos datos tienen su reflejo en el descenso de la incidencia acumulada, que cae en términos similares y pasa de 59 casos nuevos por cada 100.000 habitantes a 40 en el cómputo regional. Ciudad Real es la que mejores datos presenta, con la tasa situada en 19,36; seguida de Albacete con 22,16, Cuenca con 23,94 y Toledo con 51,38. Guadalajara es la provincia que presenta mayor tasa, con un 84,57.

LAS GRANDES CIUDADES SIGUEN MEJORANDO

En cuanto a las cerca de 40 localidades castellanomanchegas con más de 10.000 habitantes, todas contemplan grandes mejorías.

Así, en Albacete se ha pasado de 66 a 46 casos; Almansa de 18 a 6; Hellín de 21 a 9; La Roda de 9 a 0; y Villarrobledo de 11 a 6.

En la provincia de Ciudad Real, Alcázar pasa de 6 a 4; Bolaños de 6 a 0; Campo de Criptana de 2 a 1; la capital de 15 a 9; Daimiel de 5 a 3 Manzanares de 4 a 7; Miguelturra de 12 a 1; Puertollano de 22 a 10; Socuéllamos de 12 a 7; La Solana de 10 a 11; Tomelloso de 7 a 3; y Valdepeñas de 19 a 12.

La capital conquense, de su lado, ha bajado de 30 a 20; mientras que Tarancón desciende de 8 a 4. En la provincia de Guadalajara, Alovera cae de 17 a 5; Azuqueca de 38 a 18; Cabanillas de 5 a 6 y El Casar de 40 a 30. Por contra, la capital de 70 a 100.

Por último, en la provincia de Toledo, Bargas pasa de 5 a 6; Illescas de 58 a 22; Madridejos se mantiene con 1, al igual que Mora con 3; Ocaña aumenta de 4 a 9; Quintanar de la Orden de 8 a 2; Sonseca de 2 a 6; Talavera de la Reina de 43 a 68; Toledo de 54 a 39; Torrijos de 18 a 10; Seseña de 37 a 17; y Yuncos de 16 a 2.