El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reconocido este miércoles «la falta de confianza» de la ciudadanía en la Justicia, aunque no ha aludido a los motivos, subrayando a renglón seguido que es «obligación» del Gobierno atender las demandas de la sociedad, que ha situado en una administración de justicia más «cercana», «moderna» y «participativa».

«Desde hace demasiado tiempo se conoce la insatisfacción y la falta de confianza de la ciudadanía con la Justicia», ha dicho, sin mencionar razón alguna, aunque en el marco de la polémica por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva pendiente desde hace dos años, así como por la reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos para limitar los nombramientos discrecionales que puede hacer un CGPJ en funciones.

Campo ha defendido que «es obligación de un Gobierno democrático atender las demandas de la sociedad que le ha dado su confianza», apuntando a continuación que «la sociedad demanda una Justicia cercana, comprensible, moderna, sostenible y participativa». «Y en ello estamos, repensanso el sistema y desarrollando las normas, las instituciones y los recursos», ha indicado, durante el acto inaugural del Día Europeo de la Mediación, que se celebra este 20 de enero y en el que ha participado de forma telemática.

En este sentido, ha recordado que su Ministerio trabaja en el plan Justicia 2030, cuyo objetivo es reformar la administración de justicia en un horizonte temporal de diez años porque –ha sostenido– «la reforma de la Justicia no puede estar sometida a la duración de los gobiernos, debe ser un plan a largo plazo y respetado por quien esté en el poder».

Campo ha mencionado como pieza fundamental de este plan el anteproyecto de ley de eficiencia del servicio público de justicia, que «dedica buena parte de su articulado a la regulación tanto de la mediación como de otros métodos de solución de controversias», y ha anunciado que la fase de información y audiencia pública de este borrador comenzará el jueves.

Este anteproyecto de ley, ha explicado, persigue un «doble objetivo»: «aumentar la sostenibilidad y reducir la litigiosidad», por un lado, y «promover la cohesión social a través de nuevas fórmulas para solucionar determinadas controversias desde el diálogo y la negociación», por otro.

Se trata, ha contado Campo –aludiendo como ejemplo a los juzgados civiles y mercantiles–, de que un tercero ajeno a las partes en conflicto las ayude a encontrar una solución «más ágil, más eficiente y más satisfactoria», impulsados también por «incentivos económicos y procesales», que no ha precisado.

UN AHORRO ESTIMADO DE 380 MILLONES DE EUROS

Campo ha expresado su confianza en que el resultado será que una parte de esos conflictos no lleguen a juicio, detallando que, si se consigue resolver por esta vía uno de cada cuatro conflictos, se podrá conseguir «una reasignación de recursos estimada en la nada desdeñable cantidad de 380 millones de euros». «Eso es eficiencia cuantificada», ha valorado.

No obstante, ha insistido en que, al igual que con otras normas, se buscará la «cogobernanza» para mejorar el texto actual. «La primera palabra la tiene el Ministerio, pero la palabra final la tienen el resto de ministerios, las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias y, por supuesto, los actores del sector justicia», ha afirmado, invitando a todos estos agentes a hacer sus aportaciones con «rigor», para lograr la «excelencia», y con «complicidad», para reconocer «cada sensibilidad, necesidad y capacidad».

Para el ministro, ocho años después de la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, esta es «una enorme oportunidad para apostar por la mediación en todos los ámbitos y potenciar la cultura del pacto y del diálogo», lo cual –ha recalcado– «no es solo un reto de la Justicia sino de toda la sociedad.

Además, ha recordado que con la aprobación el pasado mes de diciembre del anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal se regularon por primera vez en España los medios adecuados para la resolución de conflictos.

EL DIÁLOGO, SOBRE LA «CRISPACIÓN»

A su juicio, «el fortalecimiento de la solución negociada de conflictos engarza con un modelo de sociedad, un modelo que privilegia el acuerdo sobre el conflicto, el diálogo sobre la confrontación y la crispación».

Asimismo, ha resaltado que este «nuevo modelo de Justicia» que supone la mediación «entronca con tres elementos fundamentales en el ámbito internacional«, mencionando el punto 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU que aboga por una Justicia sostenible; la política de la UE sobre acceso universal e igualitario a la Justicia y protección a los colectivos más vulnerables; y el trabajo del Consejo de Europa para la defensa de los Derechos Humanos.

Todo ello, ha subrayado, perfila «la Justicia del futuro», si bien ha matizado que en parte es ya también algo «presente» porque la pandemia de coronavirus ha obligado a acelerar las «reformas pendientes», destacando en concreto la «transformación digital». «Somos conscientes de que es una ardua tarea, pero no estamos solos», ha declarado, apelando de nuevo a la «cogobernanza»: «Solo mediante un esfuerzo colegiado la nueva realidad será posible».

Varios estudios españoles de prevalencia han evidenciado que más del 50 por ciento de la población en España tiene carencia de vitamina D, porcentaje que se eleva hasta el 80 por ciento en los ancianos o el 62 por ciento en las embarazadas.

«Esto se puede deber al poco consumo de alimentos fortificados con vitamina D y tener la piel más oscura», ha dicho el endocrino de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Ruber Internacional de Madrid, Juan Carlos Percovich.

Según este experto, su déficit puede causar raquitismo en los niños (poco frecuente en España) y osteomalacia y osteoporosis en los adultos, aunque también puede tener repercusión fuera de la salud ósea. Y es que, la vitamina D es una prohormona que termina de crearse en la piel bajo la influencia de la luz solar.

«Es así como el 7-dehidrocolesterol epidérmico (enzima que cataliza la producción de colesterol), se convierte en colecalciferol (o vitamina D3, es una forma de vitamina D), que a través de las proteínas transportadoras llega al hígado y se transforma finalmente en una verdadera hormona activa tras la acción de la 1-Alpha-hidroxilasa del riñón», ha explicado Percovich.

Existen otras células aparte de las renales que contienen 1-a-hidroxilasa y pueden producir vitamina D activa. Entre ellas están dos tipos de células implicadas en la defensa: las dendríticas y los macrófagos, las cuales actúan en el sistema inmune.

«La vitamina D estimula a la inmunidad innata a través de las células del sistema inmunitario (los macrófagos). Éstas detectan a los microbios y, mediante una serie de procesos, activan a la 1-Alpha-hidroxilasa produciendo vitamina activa que ingresa a su núcleo. A partir de ahí se liberan diferentes moléculas (péptidos) contra los microbios. Las primeras son las Beta-defensinas que liberan interleucinas o proteínas segregadas que actúan como moléculas mensajeras en la comunicación celular, y otras células proinflamatorias, que contribuyen a la destrucción de los virus y bacterias», ha detallado el doctor.

Las segundas son las células dendríticas, también reguladas por la vitamina D, este tipo de células producidas en la médula ósea y que se encuentran en la sangre, piel y en el tracto digestivo y respiratorio, actúan disminuyendo diferentes células proinflamatorias, pero no es que bajen los mecanismos protectores, sino que regula el exceso de los mismos, dado que toda respuesta inflamatoria e inmune necesita ser controlada y dirigida al microorganismo que nos está causando daño. «Si esto no es así, puede generar una tormenta de citoquinas, que puede resultar perjudicial para el individuo, de ahí la importancia de los nuevos estudios sobre la vitamina D», ha subrayado Percovich.

COVID-19 Y LOS BENEFICIOS DE LA VITAMINA D

En noviembre del 2020 el doctor Joliffe ha publicado en el ‘International Journal of Molecular Medicine’ un metanálisis con 46.331 pacientes, en el que se relaciona cierta protección contra infecciones respiratorias agudas con una suplementación de vitamina D.

Otros especialistas en la materia como el doctor Yi Xu explica en un artículo publicado recientemente en ‘Nutrients’, que la vitamina D podría actuar como un inmunosupresor inhibiendo el síndrome de liberación de citoquinas en Covid-19, que son en parte una de las causas del síndrome de dificultad respiratoria aguda de este tipo de infección.

Asimismo, en diciembre del 2020, el doctor Bijesh George del Centro Rajiv Gandhi y dos universidades estadounidenses han encontrado que en pacientes con Covid-19 los niveles del receptor de la vitamina D en las células del lavado bronquioalveolar pulmonar estaban reducidos y que la regulación de diferentes genes por parte de la vitamina estaba alterada.

«Todo esto ha hecho que muchos científicos como el doctor Mc Cartney de la Universidad de Dublín se inclinen por recomendar optimizar los niveles de vitamina D en diferentes grupos de riesgo en espera de nuevos estudios», ha argumentado el doctor Percovich.

En España, se está evaluando un primer estudio sobre la eficacia de la administración de colecalficerol (vitamina D3) a altas dosis en pacientes con neumonía por Covid-19. «Cada vez hay más evidencia del papel de la vitamina D como reguladora del sistema inmune», ha aseverado.

Por otro lado, continua este especialista, el tener una vitamina D en niveles adecuados ha demostrado muchas ventajas. «Disminuye las reagudizaciones en pacientes con asma y enfermedad obstructiva crónica (EPOC), reduce los marcadores de inflamación en pacientes con diabetes y protege el sistema cardiovascular. Además, influye positivamente en algunos tipos de cánceres y al encontrarse sus receptores en casi todas las células del sistema inmune, se hipotetiza sobre el papel preventivo en las enfermedades autoinmunes», ha explicado.

Finalmente, el doctor Percovich ha recomendado que, si la vitamina D ha sido solicitada por el médico, se debe trazar una estrategia para que no vuelva a descender, inicialmente y de forma frecuente en medicamento y ya que la fuente principal de vitamina D (90%) es la exposición solar, el experto aconseja que se tomen unos veinte minutos al día, pero sin olvidar el consumo de alimentos adecuados y, en muchas ocasiones, tener que dejar vitamina D de mantenimiento.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado sobre la decisión de mantener las elecciones catalanas el 14 de frebero que si el ministro de Sanidad y candidato a la Presidencia de la Generalitat por el PSC, Salvador Illa, se «deshace como un azucarillo» al posponer los comicios, el «problema es del PSC». Asimismo, ha ironizado diciendo que «si es bueno en febrero también lo será en marzo».

«Estamos hartos de esta contradicción enorme y kafkiana de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, opina diametralmente al candidato del PSC Illa», ha señalado en una entrevista en ‘TVE’, tras ser preguntado por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la que se mantiene la fecha prevista para las elecciones catalanas el próximo febrero a pesar de la situación epidemiológica en la región.

Rufián ha enfatizado que la decisión del Govern de la Generalitat «no es una decisión política», sino que se rige en «función de datos sanitarios» y, por otra parte, ha argumentado que es una «decisión de todo el arco parlamentario catalán excepto del PSC y Vox, que es un partido por el momento extraparlamentario».

Así, el parlamentario ha comparado la situación con Euskadi y Galicia, dos regiones que pospusieron sus comicios con motivo de la pandemia, con 184 casos por cada 100.000 habitantes cuando «Cataluña triplica esos datos ahora mismo».

En cuanto a los datos, Rufián ha advertido que la estimación es que unas 200.000 personas, entre infectados y confinados, no podrán asistir a las urnas el 14F y, por ello, ha insistido en que están «hartos de que los tribunales decidan sobre la vida política de los catalanes». «Estamos seguros de que si estuvieran Urkullu o Feijóo no habría ningún tipo de problema», ha asegurado.

Hemos tenido tiempo para intentar hacer otras cosas, voto por correo, ampliar la jornada, pero la cuestión es que el Govern de la Generalitat lo que ha dicho conjuntamente con otras formaciones políticas es que con la que está cayendo no se puede ir a votar», ha insistido para después explicar que «no tiene ningún sentido poner a la gente en riesgo.

Rufián ha hecho hincapié en que no se trata de una cuestión de ERC y, en esta clave, ha señalado que se trata de la primera vez en la historia en la que el resto de formaciones políticas «tiene que dar explicaciones sobre una decisión colegiada cuando solo hay un partido (PSC)». Ha criticado que esto sea por una «especie de efecto Illa que parece una crema de maquillaje».

LEGISLATURA AGOTADA

Preguntado sobre la fecha que establecía el decreto (30 de mayo) y las palabras del expresidente Torra, quien hace un año aseveró que la legislatura estaba acabada, Rufián se ha suscrito a estas declaraciones: «Está agotada hace tiempo».

Sobre los resultados de estos comicios, Rufián ha señalado que «la única posibilidad real» de que el PSC no esté el Govern es votando a ERC porque, en su opinión, «JuntsxCat puede llegar a pactar como lo hace en la Diputación de Barcelona con los socialistas. Parece curioso desde fuera, pero puede llegar a pasar.

En cualquier caso, ha asegurado que no pactarán con el PSC «de ninguna manera», mientras que ha afirmado que sí es cierto que «dentro de esa aritmética gubernamental tienen que entrar los Comunes». Eso sí, ha señalado que «más allá de pactos» su objetivo es ganar. «Tenemos la necesidad de ganar. Creo que este país necesita un nuevo liderazgo, continuar con el proceso político existente, bajo el paraguas de ERC», ha concluido el parlamentario.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha querido dejar claro este miércoles, en respuesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), que «nadie quiere arruinar la hostelería», pero ha defendido que se «limite» la actividad del sector para frenar la posibilidad de contagios de Covid-19.

En una entrevista en RNE, el consejero portavoz se ha pronunciado así al ser preguntado por las declaraciones que este martes realizó la presidenta madrileña, quien, sobre la petición de adelantar el toque de queda nocturno que han trasladado en los últimos días al Gobierno una mayoría de comunidades autónomas, señaló que, «para arruinar aún más a la hostelería en España» así como a los comercios, a la iniciativa privada y a tantas familias, con ella que «no cuenten».

Bendodo ha dicho que «respeta aunque no comparta» esa posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que ha definido como «buena amiga», y ha defendido que por parte de la Junta de Andalucía han intentado llevar a cabo durante la pandemia «una cirugía de precisión» y un «equilibrio» entre las medidas para frenar los contagios y la «afección» que éstas tienen en la economía.

Por eso, según ha continuado, la hostelería «no ha cerrado nunca» en Andalucía salvo en el primer estado de alarma de la pandemia, y desde la Junta se han procurado «ayudas» a un sector que «da mucho empleo» en la región y al que la Administración andaluza «cuida», según ha defendido.

Pero Bendodo ha agregado que la situación actual es «muy compleja» y desde la Junta entienden que sí hay que llevar a cabo una «limitación» de la actividad de la hostelería para prevenir contagios entre sus clientes, y al respecto ha recordado que en Andalucía se ha acordado que sus establecimientos tengan que cerrar obligatoriamente a las 18,00 horas.

Ha apostillado que puede «compartir las palabras de Ayuso si las hago generales», en el sentido de que coincide en que «nadie quiere arruinar la hostelería», pero ha insistido en que se debe limitar su actividad en este contexto de «tercera ola agresiva» de la pandemia.

REUNIÓN DE LA INTERTERRITORIAL DE SANIDAD

Bendodo ha realizado estas reflexiones a unas horas de que el Gobierno y las comunidades autónomas se reúnan este miércoles en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), presidido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que en esta ocasión se celebrará de manera telemática desde Sevilla, desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

El consejero portavoz andaluz ha valorado que el titular de Sanidad se desplace a Andalucía para presidir desde ahí la reunión de la Interterritorial de Sanidad, y ha garantizado la «máxima cordialidad y lealtad institucional» por parte de la Junta hacia el Ministerio, pero ha opinado que «el valor verdadero de la visita» de Illa estribará en que «acepte las peticiones» que traslada el Gobierno andaluz, que se resumen en permitir a las comunidades autónomas el adelanto del inicio del toque de queda nocturno a partir de las 20,00 horas, y ordenar confinamientos domiciliarios «en casos extremos» de municipios con elevadas tasas de contagio.

Bendodo ha considerado que el Gobierno debe atender la «petición casi unánime» de las comunidades autónomas para ese adelanto del toque de queda, y al respecto ha subrayado que la «tercera ola» de esta pandemia «está siendo mucho más explosiva», con un ritmo de contagios «mucho mayor» al registrado hasta ahora, y «se ha demostrado que la única forma de frenar el virus es frenando la movilidad», porque «el virus se mueve con las personas», y por eso «parece razonable limitar los contactos sociales», y de ahí la petición de adelantar el toque de queda como reclama Andalucía.

Además, la Junta ha demandado al Gobierno de España que permita a las autonomías la posibilidad de que, «en determinadas circunstancias» –Andalucía lo plantea para municipios con una incidencia acumulada de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes en 14 días–, se pueda acordar el confinamiento domiciliario.

Bendodo ha argumentado que «lo normal» sería que ninguna comunidad tuviera que realizar esas reclamaciones al Ejecutivo central, porque «en otros países de la Unión Europea» con «un funcionamiento similar» al de España en cuanto a la existencia también de regiones o ‘lander’, como Alemania, el Gobierno «ha dicho cómo gestionar la tercera ola y decide».

Ha defendido al respecto que, «como país, damos una mala imagen» desde España teniendo «17 formas distintas de gestionar la tercera ola y la campaña de vacunación» frente al Covid-19, una por cada comunidad autónoma, en las que el Gobierno central, en su opinión, ha querido «desgastar el supuesto desgaste» de la gestión de esta crisis sanitaria, para lo que las autonomías quieren «las herramientas» necesarias, según ha abundado.

En esa línea, Bendodo ha insistido en comparar al Ejecutivo de Pedro Sánchez con «el perro del hortelano», que «ni toma las decisiones ni deja que las comunidades las tomemos», y ha argumentado, sobre la petición de adelanto del toque de queda, que no cree que sea «una cuestión de PP, PSOE» u otro partido en concreto, ya que «prácticamente hay unanimidad» al respecto de esta reclamación para «frenar» esta tercera ola, porque «estamos ya al final del camino» del combate frente a la pandemia gracias a las vacunas y «no podemos permitirnos el lujo de tirar por tierra lo que hemos hecho en estos meses», según ha advertido.

Asimismo, ha defendido que «los políticos no podemos permitirnos el lujo de no entendernos entre administraciones, con independencia del color político» que las gobierne, lo cual no es óbice para que «discrepemos de la gestión», según ha apostillado Bendodo, que al respecto ha insistido en criticar la «irresponsabilidad» del Gobierno central por permitir «17 formas distintas de gestionar la pandemia», y ha comentado que «si los gobiernos autonómicos están al 200%» en la gestión de la crisis, el ministro de Sanidad no debe estar «al 50% porque la mitad del tiempo lo dedica a las elecciones en Cataluña», en las que Salvador Illa encabezará la candidatura del PSC.

SITUACIÓN DE ANDALUCÍA

Por otro lado, y sobre la situación de la crisis sanitaria en Andalucía, el consejero ha recordado que la Junta ha decidido actualizar cada lunes y jueves los datos de contagio en los municipios para ver si superan la tasa de 500 ó 1.000 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días para acordar en esos supuestos, respectivamente, el cierre perimetral de la localidad o la obligación de paralizar la actividad no esencial.

De igual modo, Bendodo ha explicado que «todos los viernes» se reúne el conocido como comité de expertos que asesora a la Junta en esta materia, y este próximo viernes también, aunque ha adelantado que esa cita irá en esta ocasión «fundamentalmente en la línea de actualización de datos de los municipios para ver cómo evolucionamos de cara al pico de la tercera ola, que todavía no ha llegado», según ha avisado.

Bendodo ha remarcado que la Covid-19 es «un virus nuevo, impredecible, que nos tiene descolocados», y «tenemos que ir tomando decisiones sobre la marcha» por ello, pero ha insistido en que «lo que está constatado es que abriendo la movilidad y los contactos sociales se multiplican los contagios aunque se activa la economía«, y viceversa, de forma que los gobiernos deben «saber calibrar en qué momento abrir o cerrar» el «grifo» de esa movilidad y actividad económica.

La Fundación Cuatrecasas, a través de un jurado independiente presidido por Matías Rodríguez-Inciarte, ha decidido conceder a Inditex el Premio Manuel Olivencia al Buen Gobierno Corporativo por su gestión durante la crisis saniatria del Covid-19.

En concreto, en la tercera edición del Premio Manuel Olivencia se han valorado, de manera singular, los aspectos relacionados con la buena gobernanza en la crisis causada por la pandemia, sin dejar de atender al seguimiento de las otras prácticas de gobierno corporativo orientadas a promover una gestión adecuada, transparente y sostenible de las empresas.

Para la concesión del premio, el jurado ha tenido en cuenta, entre otros aspectos, el nivel y la calidad de la transparencia informativa de Inditex durante estos últimos meses, la oportuna adaptación del régimen de la junta general a las circunstancias excepcionales (facilitando de manera amplia la participación y el ejercicio de los demás derechos de voto de los accionistas), el ajuste de la retribución de los consejeros y accionistas, y la atención a las necesidades de sus empleados.

Todo ello acompasado con el desarrollo de una ambiciosa política de responsabilidad social corporativa, según ha destacado la Fundación Cuatrecasas.

La compañía mantiene, además, una adecuada estructura de gobierno corporativo en la que destaca el nivel de independencia y diversidad en el consejo y la separación de los cargos de presidente y consejero delegado.

El acto de entrega del galardón se celebrará el próximo 18 de febrero vía streaming desde el Palacio de la Bolsa de Madrid.

El galardón que otorga la Fundación Cuatrecasas honra la memoria de Manuel Olivencia, humanista, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla, vicepresidente de Cuatrecasas y presidente de la comisión que redactó el primer código español de Buen Gobierno en 1998, conocido como Código Olivencia.