El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha exigido este lunes explicaciones al presidente del PP, Pablo Casado, sobre las acusaciones de su extesorero Luis Bárcenas porque, según ha denunciado, dirige el mismo PP «del dinero negro».

«Es urgente que Casado dé explicaciones», ha manifestado Ábalos en rueda de prensa desde Ferraz, donde ha subrayado la necesidad de que Casado detalle con qué personas de la actual dirección del PP negoció Bárcenas y qué se le ofreció a cambio de su silencio.

«No puede pasar ni un minuto más sin que dé la cara», ha insistido el ‘número tres’ de los socialistas, quien sostiene que Casado debe dar cuenta de los «tejemanejes» que este PP que dirige se trae con su extesorero que, según ha dicho, «no es otro partido, sino el mismo». «Es el partido de los papeles de Bárcenas y de la ‘caja b'», ha apostillado.

Eso sí, Ábalos no ha especificado, no obstante, si esas explicaciones deben realizarse en la comisión de investigación sobre el ‘caso Kitchen’ del Congreso. «No lo estoy siguiendo, pero la relación de comparecientes que hay hoy es la oportuna», ha comentado.

A este respecto, el ministro ha afirmado que si el PSOE no ha considerado oportuno pedir la comparecencia de Casado en esa comisión es porque no está vinculado directamente con la operación ‘Kitchen’.

«RESPONSABILIDAD POLÍTICA» DE CASADO

Eso sí, ha defendido que esto no le resta «responsabilidad política», porque la trama se desarrolló con el PP en el Gobierno, y quien lidera ahora el PP, un partido que «se sigue llamando igual», es Casado. «Hay una responsabilidad política», ha sentenciado.

Es más, ha añadido que si siempre manifiestan que «están muy orgullosos de toda la trayectoria del PP», es en ese nivel donde hay que apelar a esa responsabilidad política para dar cuentas de lo que las supuestas irregularidades señaladas por Bárcenas.

Asimismo, sobre las acusaciones de Casado contra el Gobierno por maniobrar, a su juicio, para que saliera a la luz la confesión de Bárcenas a través de la Fiscalía, ha reprochado al líder del PP que pretenda «desviar» el fondo de la cuestión, que es «muy grave». «Apuntar a la Fiscalía es casi un tópico», ha añadido Ábalos.

Según el ministro, Casado está usando la misma estrategia de Rajoy cuando decía que era «una trama contra el PP», al lanzar «cortinas de humo para poner el foco en todo menos en el PP».

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha rechazado este lunes la propuesta de Unidas Podemos de rebajar a cinco propiedades la consideración de gran tenedor en la futura Ley de Vivienda en la que trabaja su departamento, y ha pedido «olvidar» políticas de «carácter confiscatorio o expropiatorio».

Así lo ha manifestado en rueda de prensa desde la sede del PSOE en Madrid, en la que ha comparecido tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal de su partido como secretario de Organización.

El titular de Transportes ha recordado que en las distintas normas que ha ido aprobando el Gobierno de coalición, como en las ayudas al alquiler o la paralización de desahucios, se ha tipificado como gran tenedor a partir de diez propiedades por lo que la última propuesta de su socio de Gobierno «es un elemento nuevo que contradice las consideraciones de ambas formaciones hasta la fecha».

En todo caso, Ábalos ha asegurado que la nueva ley, «como política pública no puede descansar sobre los particulares» y, en lugar de ello, ha apostado por una ley «que comprometa a todas las administraciones en el ámbito de su competencia» para garantizar la función social de la vivienda. «La política pública exige responsabilidad pública», ha apostillado.

EVITAR OPERACIONES QUE HICIERON «NEGOCIO» CON VIVIENDA

Ábalos ha puesto como ejemplo a evitar la venta a «fondos buitre» de vivienda pública por parte de la Comunidad de Madrid o incluso por parte de la Sareb, el conocido como ‘banco malo’ que se encarga aún de gestionar activos inmobiliarios de entidades financieras a partir del rescate del sector en la anterior crisis, operaciones con las que, ha reconocido, se ha hecho «negocio» con la vivienda..

«Eso es lo que tenemos que tratar de evitar, pero olvidando un carácter confiscatorio o expropiatorio que creo que no corresponde», ha dicho el ministro de Transportes, que ha dicho que desde el Gobierno buscan sacar una ley «desde el punto de vista del rigor constitucional». «La vivienda afecta a la propiedad privada y hay límites que no queremos sobrepasar», ha aclarado.

LA LEY, AÚN EN «TRABAJOS PREVIOS» PESE AL PLAZO ACORDADO

En todo caso, ha asegurado que la nueva Ley de Vivienda se encuentra aún en «trabajos previos» dentro de su propio departamento, antes de «hacer ese trabajo de cooperación» con la Vicepresidencia de Derechos Sociales y con las formaciones que integran el Gobierno de coalición.

En otro momento de la rueda de prensa, Ábalos ha dicho que «los equipos de trabajo a nivel técnico ya tienen su propuesta hecha» pero su intención como ministro es «entrar el detalle». «Hay todo un trabajo previo pero el nivel político no lo hemos concluido», ha dicho.

Todo ello a pesar que, según el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para cerrar los Presupuestos Generales del Estado de 2021, el Gobierno debía tener cerrado antes de acabar enero esta ley, y ser remitida al Congreso antes de finalizar febrero.

Preguntado por este retraso, Ábalos ha manifestado que «ese compromiso se mantiene», y que confía en presentar el proyecto de ley este mismo mes. «Esperemos que nos dé tiempo a lo largo de febrero de poder presentarlo», ha zanjado.

El TSJPV ha reconocido el derecho de un pensionista a percibir el complemento de maternidad de las pensiones que se recoge en el artículo 60 Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, y que está dirigido a la mujeres con hijos por su aportación demográfica a la Seguridad Social.

De esta manera, ha desestimado el recurso del Instituto Nacional y de la Tesorería general de la Seguridad Social contra la sentencia del Juzgado de lo Social de Eibar, de octubre de 2020, que confirma en su integridad.

El demandante, con dos hijas, tenía reconocida una pensión por jubilación anticipada y solicitó el complemento por hijos recogido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Ese artículo 60 establece que se reconocerá un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la Seguridad Social, a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente.

La dirección provincial de la Seguridad Social de Gipúzcoa le denegó el derecho solicitado y el hombre interpuso una demanda, de manera que finalmente se reconoció su derecho a percibir el complemento por hijos. Por su parte, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social recurrieron la sentencia.

Ambas entidades señalaban que el demandante pretendía el reconocimiento de un complemento de maternidad cuyo objetivo fue «reducir la brecha» entre hombres y mujeres en el ámbito prestacional de la Seguridad Social.

A su juicio, concederle ese complemento supondría una «doble prima», ya que no tuvo que soportar las dificultades del embarazo y cría de sus hijas, sin que sufriera, por tanto, ninguna «desventaja laboral o salarial» por su aportación demográfica.

El TSJPV da la razón al hombre y desestima los recursos del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería general de la Seguridad social. El Alto Tribunal comparte la posición y criterio que en esta materia ha expresado el Tribunal de Justicia de la UE.

En relación a esta norma, el TJUE respondió a una cuestión prejudicial sobre el mismo tema y entendía que la aportación de los hombres a la demografía es «tan necesaria como la de las mujeres».

También apuntaba de que la circunstancia de que las mujeres estén más afectadas por las desventajas profesionales derivadas del cuidado de los hijos porque, en general, asumen esta tarea, «no puede excluir la posibilidad de comparación de su situación con la de un hombre que aúna el cuidado de sus hijos y que, por esa razón, haya podido sufrir las mismas desventajas en su carrera».

A juicio del TJUE, la directiva sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres se opone a la normativa española, puesto que establece que «los hombres que se encuentren en una situación idéntica a la de las mujeres que perciben el complemento de pensión no tienen derecho a él».

VOTO PARTICULAR

La sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, incluye un voto particular que considera que la sentencia «infringe, en cuanto erróneamente interpretado, el citado artículo 60 del Real Decreto y cree que no debería beneficiarse del complemento de pensión por aportación demográfica a la Seguridad Social.

En el voto particular, el magistrado no pone en «tela de juicio», el contenido y la aplicabilidad directa de la resolución del TJUE a aquellos varones que accediendo a la jubilación cumplan los requisitos exigidos en el citado artículo 60, pero cree que, en este caso, no los cumple.

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha urgido al PSOE a avanzar cuanto antes en la nueva Ley de Vivienda para regular los precios del alquiler y garantizar el derecho social a la vivienda, apostando por exportar a nivel estatal la normativa catalana al entender que así el Tribunal Constitucional no encontrará elementos para poder pararla.

En rueda de prensa para valorar la actualidad política, Serra ha instado a acelerar la definición de esta nueva ley, que debe hacer frente a las subidas abusivas de alquiler, garantizar la paralización de desahucios sin alternativa habitacional y movilizar la vivienda vacía en manos de grandes tenedores.

En esta línea, ha definido como un «retroceso» que el Ministerio de Transportes, dirigido por el PSOE, haya retrasado las negociaciones con la Vicepresidencia de Derechos Sociales hasta pasadas las elecciones catalanas del 14 de febrero.

Frente a ello, ha reclamado a su socio de coalición que se avance «de forma urgente» en la plasmación de la Ley de Vivienda, dado regular el precio del alquiler en mercados tensionados que es un «compromiso» del acuerdo de gobierno y del pacto presupuestario entre PSOE y Unidas Podemos.

Además, ha recordado que el Parlamento de Cataluña ya aprobó una normativa que regula el precio del alquiler y garantiza el acceso de la vivienda como un derecho social y, en esta línea, ha sugerido que el retraso de las negociaciones se debe a la voluntad de no afectar al candidato del PSC, Salvador Illa.

Y es que Serra aprecia que esa congelación de los negociaciones puede deberse a que Illa «teme» que el borrador preparado por el Ministerio de Transportes no sea lo suficientemente «ambicioso». De hecho, ha asegurado que no se puede seguir permitiendo que «fondos buitre» acaparen la vivienda vacía para subir los precios del arrendamiento y la ley debe poner límites a esta situación.

Preguntado sobre si puede haber más retrasos en la puesta en marcha de esta normativa, la portavoz de Podemos ha dicho que eso debe responderlo el PSOE, dado que ellos quieren que se avance y se apruebe cuanto antes.

SOMOS LEALES AL ACUERDO DE COALICIÓN

Además y cuestionada con la coordinación que existe con el PSOE, tras la reunión hace dos semanas para mejorar el trabajo conjunto en la agenda legislativa y parlamentaria, la dirigente de la formación morada ha reiterado que Unidas Podemos es «leal» al acuerdo de gobierno y que la mayoría de las discrepancias tienen que ver con las «reticencias» de su socio a cumplir dicho pacto.

En cuanto a si le precupa que el dictamen del Tribunal Constitucional al anular parte del Decreto-Ley de la Generalitat catalana sobre el acceso a la vivienda y, en concreto, la regulación de los precios del alquiler, Serra ha rechazado esa posibilidad y cree que esta normativa debe ser «trasladada y exportada» al conjunto del país.

«Es una regulación la aprobada en el Parlamento catalán que hay que exportar y trasladar al conjunto del país porque es un importantísimo avance de la sociedad civil movilizada (…) Pesamos que no debería echarse para atrás parte de la ley sino todo lo contrario, aplicarla a nivel estatal. Y pensamos que cualquier tipo de justificación para paralizar parte de esa ley no las va a encontrar a la hora de exportar esa ley a nivel estatal», ha zanjado.

En cuanto a los comicios catalanes, Serra ha subrayado que la mejor presidenta para el Govern es la candidata de En Comú Podem, Jéssica Albiach, y que la formación ha sido «muy clara» sobre sus preferencias para llegar a acuerdos de gobernabilidad.

A modo de conclusión, ha destacado que lo importante de que En Comú Podem tenga la suficiente fuerza para que se plasme el cambio político en Cataluña mediante un Govern de izquierdas que avance para salir del «bloqueo» actual.

El presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para mostrarle el «desconcierto y malestar» de los profesionales de la Odontología debido a la «disparidad» de criterios de vacunación de la Covid-19 que se están siguiendo en las diferentes comunidades y ciudades autónomas.

A través de un comunicado, los dentistas denuncian que aunque en la ‘Estrategia de Vacunación frente a la Covid-19 en España’ se incluye a los colectivos sanitarios y sociosanitarios dentro de los grupos de riesgo de vacunación preferente, en algunas autonomías «todavía no se ha iniciado la administración del tratamiento a los profesionales de los centros sanitarios privados».

«Por ejemplo, en la ciudad autónoma de Melilla y en Murcia, los dentistas tanto del sector público como del privado ya han sido vacunados, mientras que en otras regiones solo han tenido acceso a la inmunización los profesionales de la Sanidad Pública», argumentan.

«No es admisible ni razonable que haya discriminación en el acceso a la inmunización entre los sanitarios del sector público y privado, ya que la posibilidad de infección es idéntica en su ejercicio profesional. Somos el único país de la Unión Europea donde existen profesionales de la sanidad privada aún sin vacunar», comenta Castro.

Por ello, el Consejo General de Dentistas reclama al Ministerio de Sanidad que, «de forma urgente», se adopte un criterio legislativo unificado, para que todos los territorios lleven a cabo idénticos protocolos de vacunación y no dependan de las interpretaciones de cada comunidad autónoma.

Castro también recuerda a la responsable de Sanidad que, aunque las clínicas dentales cumplen rigurosamente con todos los protocolos de seguridad, existe un «elevado riesgo» de contagio por el propio ejercicio profesional del dentista y del personal auxiliar, ya que trabajan a escasos centímetros de la boca del paciente y se realizan procedimientos que pueden generar aerosoles.

«Por este motivo, insistimos en que se acelere el proceso de vacunación y se nos incluya en el Grupo 2 del Documento de Estrategia de Vacunación de forma prioritaria y análoga en todo el país, así como que tengamos acceso todos los profesionales de la Odontología a aquellas vacunas con mayor capacidad de inmunización», explica.

Asimismo, y con el objetivo de poner fin a esta situación de emergencia sanitaria, el presidente del Consejo General de Dentistas muestra la total disposición de la Organización Colegial para colaborar con todas las autoridades sanitarias.

Feministas que participaron en piquetes informativos durante las huelgas del 8M de 2018 y 2019 en la ciudad de València han perdido dos nuevos juicios a los que se han enfrentado y tendrán que pagar las multas impuestas durante las movilizaciones.

Frente a estas resoluciones, hubo una primera sentencia del juzgado que anuló las multas impuestas a las feministas al ver «falta de imparcialidad» en el informe policial aportado al procedimiento.

Ante estas sentencias, la Assemblea Feminista de València ha lanzado un comunicado en el que denuncia las condenas «que castigan a las feministas que se manifestaron en la calle durante unas jornadas de huelga convocadas legalmente», han subrayado.

Según las feministas, la sentencia del primer juicio «reconocía la falta de objetividad del informe de los agentes y, a la vez, hacía patente como el principio de veracidad vulnera la legítima defensa y demuestra que el Estado prioriza sistemáticamente la sanción por encima de derechos fundamentales como son los de huelga y manifestación».

En cambio, en los dos procesos siguientes, «la justicia se ha aliado con la represión política hacia el movimiento feminista». La Asamblea pone en cuestión la disparidad de las sentencias: «¿Cómo es posible que la palabra de los policías en esta ocasión sí que se considere objetiva y verdadera, cuando una sentencia anterior demostraba la animadversión del dispositivo policial contra las feministas en huelga?», se han preguntado.

En el comunicado, las feministas cargan contra la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, promulgada por el Partido Popular (PP) en 2015, y contra el hecho que hoy continúe vigente.

Según han recordado, el movimiento feminista de València ha recibido multas tanto con el PP como el PSOE en la delegación de Gobierno, «a pesar de que tanto el anterior delegado socialista, Juan Carlos Fulgencio Tejedor, como la actual delegada, Gloria Calero, prometieron revisar las multas y hacer lo posible para que estas no llegaran a juicio», han dicho.

Al respecto, la Asamblea Feminista ha recordado que en septiembre de 2020, «Calero incluso afirmó que mediaría con el Ministerio de Interior del Gobierno español para tratar de encontrar una solución». «Si lo hizo o no, no lo podemos saber, pero el resultado está claro: feministas condenadas a pagar multas, acusadas falsamente de desorden público y resistencia a la autoridad por haber salido a la calle a manifestarse durante unas jornadas de huelga legalmente convocada», han insistido.

De las 21 multas originales impuestas a las feministas –veinte durante las movilizaciones del 8M de 2018 y 2019, y una durante el 25N de 2019–, 18 quedan todavía pendientes de resolverse por la vía administrativa.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para la reprobación del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, e instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su cese inmediato por sus declaraciones en contra de la evidencia científica sobre el uso de las mascarillas FFP2 como protección frente al COVID-19.

Según recuerdan en el texto presentado, Garzón declaró públicamente que «no parece que haya una fuente científica suficientemente rigurosa que acredite» que las mascarillas FFP2 protegen mejor contra el COVID-19. Un comentario que, a juicio de Ciudadanos, evidencia que «una vez más el negacionismo y la irresponsabilidad» del Gobierno puede conllevar «importantes» costes en términos económicos, pero, «y sobre todo, en vidas humanas».

Asimismo, la formación naranja ha señalado que el pasado mayo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, llegó a calificar las mascarillas FFP2 como «egoístas», y por tanto desincentivando su uso. Sin embargo, apostillan desde Ciudadanos, se ha probado que las mascarillas FFP2 son las más seguras, puesto que las mascarillas quirúrgicas sólo protegen de la emisión de gotículas por parte del portador, mientras que éstas protegen también frente a la inoculación de aerosoles, como ha recordado en varias ocasiones la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

«Son, además, las más recomendables para su uso en interiores poco ventilados si por cuestiones de fuerza mayor nos vemos obligados a permanecer en alguno de esos espacios en los que no está recomendado aventurarse por el alto riesgo de contagio», han dicho, para apostillar que varios gobiernos de la Unión Europea han emitido recomendaciones de uso de mascarillas FFP2 debido a la extensión de cepas del SARS-CoV-2 más contagiosas, debido a la protección extra que aportan estas mascarillas.

No obstante, apostillan, el Gobierno «ni siquiera» incluyó estas mascarillas, «más caras», en los productos sanitarios afectados por las bajadas de IVA que permite la Comisión Europea, por lo que «está obligando» a una familia española de cuatro miembros a gastar 240 euros al mes si quiere utilizar estas mascarillas de mayor protección.

«Desde el GP Ciudadanos hemos registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno a que elimine ese IVA mientras dure la pandemia de COVID-19, al considerar estas mascarillas como un producto esencial. Pese a ello, y pese a la evidencia científica respecto al uso de mascarillas FFP2 y al avance de la pandemia, el Gobierno no sólo no ha actuado para garantizar su uso, sino que ha ido un paso más allá y ha emitido una recomendación contraria», han zanjado.

La Fiscalía Anticorrupción ha emitido una nota este lunes en la que minimiza el contenido del escrito en el que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas afirma, entre otros extremos, que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy era conocedor de los movimientos de la presunta ‘caja b’ del partido. A su juicio, la ‘confesión’ del extesorero aporta «escasas novedades, ninguna sustancial» respecto de los hechos investigados.

Esta falta de novedad afecta, según señala la Fiscalía en su escrito, tanto al objeto de acusación de la Fiscalía respecto del juicio que ha comenzado este lunes, por las obras en la sede del PP en Génova presuntamente financiadas con ese dinero en negro, «como de lo que todavía se investiga en otros procedimientos a salvo, claro está, lo que pueda declarar o aportar el acusado Luis Bárcenas o su defensa en las sesiones del juicio oral o en los correspondientes procedimientos, algo que la Fiscalía desconoce».

Por otro lado, Anticorrupción niega haber hecho llegar este documento a los medios de comunicación, en respuesta a las manifestaciones sobre una posible ‘filtración’ desde este departamento de la confesión de Bárcenas apuntada por dirigentes del PP en los últimos días.

Según detalla Anticorrupción, el documento firmado por Bárcenas tuvo entrada en la sede de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada el pasado día 2 de febrero de 2021 «y ha sido tratado confidencialmente, sin que haya sido entregado o divulgado a los medios de comunicación».

SE COMUNICÓ A DELGADO EL JUEVES

El escrito fue puesto en conocimiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el pasado jueves, día 4 y desde entonces Anticorrupción no se ha dirigido en momento alguno a Luis Bárcenas en busca de colaboración o confesión en ninguno de los procedimientos en los que interviene este departamento, «como no lo ha hecho tampoco en el pasado con el resto de acusados o investigados en las distintas piezas ya concluidas o pendientes de conclusión en el denominado caso Gürtel», añade la nota.

Así, «sin vinculación a pacto, conformidad o acuerdo alguno, que no se ha producido», aclara, el criterio de la Fiscalía Anticorrupción será el de «analizar rigurosamente las manifestaciones hechas, junto con las declaraciones que pueda prestar en el juicio oral, para valorar después la posible aplicación de la circunstancia atenuante analógica 7ª en relación con la 4ª (confesión) o 5ª (reparación) del artículo 21 del Código Penal siguiendo, naturalmente, los criterios establecidos por la jurisprudencia».

En todo caso, apunta Fiscalía que el escrito ha sido también presentado por Luis Bárcenas en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional – que es la que ha comenzado a juzgar el asunto de la see– en tanto que la Fiscalía lo ha remitido igualmente a los Juzgados Centrales de Instrucción números 5 (causa sobre presuntas comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones) y 6 (pieza ‘Kitchen’ sobre espionaje y robo de documentos a los Bárcenas) a los efectos oportunos. «Corresponderá a los magistrados titulares de dichos juzgados valorar el tiempo y forma en que Luis Bárcenas pueda ratificar o ampliar, en su caso, el contenido de dicho escrito», concluye la Fiscalía.

Respecto a esto último, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz citará en las próximas fechas al extesorero del PP Luis Bárcenas para que ratifique y amplíe las manifestaciones que realizó en su escrito, según señalaron a Europa Press fuentes jurídicas. Lo hará además a petición del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral.

En su escrito al juzgado Romeral adjuntaba copia del documento de Bárcenas «para conocimiento del Juzgado e incorporación a la causa» y añade que debe disponerse «lo necesario para la ratificación del escrito por Luis Bárcenas y ampliación de los hechos que se narran» en el citado documento.

De este modo, Anticorrupción pretende que el juez Santiago Pedraz, que hace tan sólo unas semanas obtuvo el traslado al Central 5, interrogue a Bárcenas en relación con los hechos derivados de los denominados ‘papeles de Bárcenas» que se instruyen en este órgano desde hace años.

A lo largo de 8 páginas de escrito, Bárcenas explica que en los papeles presuntamente destruídos por Rajoy e anotaban las donaciones que, principalmente, hacían empresarios, directamente a quien fuera tesorero del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta, en la misma sede del partido o «en ocasiones en restaurantes», a cambio de «importantes adjudicaciones de obras y servicios públicos».

Añade que de esta caja salieron «complementos salariales», que recibieron el expresidente Mariano Rajoy; los exministros María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes (ex secretarios generales del partido), Federico Trillo, Rodrigo Rato; el expresidente del Senado Pío García Escudero y el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo. Todos ellos están citados a declarar en el juicio por la presunta caja ‘b’ que comienza el próximo lunes.

GRABACIÓN SOBRE RAJOY

Asimismo, advierte de que existe una grabación en la que Lapuerta comentaba «sobre las entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del Partido Popular, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy».

También asegura que la ‘caja b’ del partido acumulaba en 2008 «algo más» de un millón de euros, de los cuáles unos 900.000 euros fueron destinados a la remodelación de la sede nacional de la formación política.

En el juicio por los primeros años de Gürtel, Bárcenas ya declaró que el PP disponía una «contabilidad extracontable» que él y la persona encargada de las finanzas de las formación, su entonces jefe, Álvaro Lapuerta, anotaban. En ese momento, aseguró que estas donaciones procedentes de empresas «no tenían carácter finalista», es decir, que no estaban dirigidas a obtener determinadas adjudicaciones

En cuanto a la reforma de la sede del PP en la calle Génova de Madrid en 2006, que se empieza a juzgar en unos días, Bárcenas confiesa que tanto el que fuera su jefe como él negociaron con Unifica las condiciones del pago.

«En esas negociaciones se acordó pagar parte de la ejecución de estas obras con dinero de la caja B, con la finalidad de dar salida a dichos fondos y obtener al mismo tiempo un descuento de entorno a un 10 por ciento».

Como cada año, las científicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se suman al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero, con su participación en numerosas actividades que se celebrarán a lo largo del mes de febrero; la mayoría de ellas, de forma virtual.

El objetivo de esta iniciativa ciudadana es contribuir a la igualdad de género en el ámbito científico, por lo que todas las propuestas están encaminadas a mostrar el trabajo de las mujeres investigadoras, deshacer estereotipos y alentar en niñas y niños el interés por la ciencia.

Entre las propuestas, abundan las dirigidas al alumnado de distintos niveles educativos. Las investigadoras del CSIC visitarán colegios e institutos para hablar de su trabajo y tomarán parte en actividades educativas online organizadas por los centros y unidades del organismo.

En ellas, el alumnado de Primaria tendrá ocasión de asistir a una charla-taller sobre matemáticas y astronomía, recorrer los laboratorios del Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC) o conocer a las jóvenes científicas del Consejo a través de los vídeos del certamen ‘Yo investigo. Yo soy CSIC’. Además, quienes tengan entre 10 y 14 años podrán descubrir el día a día del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) de la mano de su personal investigador y técnico.

Para la ESo y Bachillerato, destacan un desayuno con investigadoras del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH-CSIC-UNIZAR) y un encuentro virtual con científicas del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). En clave más lúdica, el Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC) y el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL-CSIC-UAM) desafían al alumnado a demostrar sus conocimientos sobre mujeres científicas en una liga Kahoot y un quiz online.

CHARLAS Y ENCUENTROS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Para el público general también se ha programado una gran variedad de actividades online, como una mesa redonda sobre la perspectiva de género en la I+D internacional, organizada por la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales del CSIC. El encuentro, que se retransmitirá por el canal del CSIC en YouTube, será moderado por la historiadora y europarlamentaria Lina Gálvez y contará con la participación de las investigadoras Mercedes García-Arenal, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS-CSIC); Nuria Flames, del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC); Pilar Tiemblo, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTQ-CSIC); y Lourdes Verdes-Montenegro, astrofísica en el IAA.

Una charla sobre las ganadoras del Nobel de Química en 2020, promotoras de la revolución genética CRISPR, y otra sobre los premiados con el Nobel de Física, por su aportación al conocimiento de los agujeros negros, son las propuestas del Instituto de Física Teórica (IFT-CSIC-UAM) para el 11F. Por su parte, el Instituto de Física de Cantabria (IFCA-CSIC-UNICAN) ofrecerá tres charlas virtuales sobre biomedicina, fotónica y evolución humana; y el Instituto de Neurociencias un encuentro con varias de sus investigadoras.

También habrá ocasión para iniciativas enfocadas a abordar la situación de las mujeres en el ámbito de la I+D de forma más genérica, como las charlas ‘¿Cómo se pude ser científica en España?’, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM-CSIC-UAM), y ‘La carrera investigadora de las mujeres en el CSIC’, del CIAL, o el curso de lenguaje inclusivo y no sexista organizado por el ICMAB.

Para un público más especializado, como el personal investigador, el ICMM y el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) programan el encuentro ‘¿Para qué sirve hacer un Plan de Igualdad de Género en un centro CSIC?’. Y, para el profesorado en formación, el ICMM además ofrece la charla ‘Por qué las chicas no estudian ciencias técnicas y qué podemos hacer en clase’.

Por último, investigadoras del CSIC también estarán presentes en los diálogos online ‘La ciencia desde diversas perspectivas’, que promueve el Ayuntamiento de Zaragoza.

CONTENIDO ‘ONLINE’ Y REDES SOCIALES

El 11 de febrero, el CSIC anunciará el cómic ganador del concurso del IFCA ‘Científicas en lucha’, que este año se centra en las investigadoras que estudian el coronavirus, y lanzará varios vídeos en redes sociales. Uno de ellos será #YoutubersPorUnDia, una iniciativa del IFT que recoge aportaciones del alumnado de distintas etapas educativas sobre la historia y los descubrimientos de alguna física o matemática eminente, y otro será un audiovisual elaborado por la Delegación del CSIC en Andalucía que denuncia los estereotipos que siguen existiendo sobre las personas que se dedican a la ciencia.

Por su parte, a lo largo de varios días, el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT-CSIC) difundirá varios vídeos en los que investigadores e investigadoras del centro destacarán la figura de la matemática que más ha influido en su carrera.

Además, el 11 de febrero se reunirá la Comisión Mujeres y Ciencia del CSIC con la asistencia de la presidenta del organismo, Rosa Menéndez. Durante el encuentro está previsto aprobar la nueva cuenta de la Comisión en Twitter, una herramienta de la que dispondrá a partir de ahora este órgano asesor para difundir sus iniciativas en pro de la igualdad de género en la investigación.

Otros contenidos virtuales elaborados para la conmemoración son un dosier de la representación del CSIC en las Islas Baleares que recoge los perfiles de 20 investigadores del Consejo en las islas; el vídeo con la lectura teatralizada Madame Châtelet y sus seguidoras en Instagram, protagonizada por científicas del ICMAB; o la exposición Cabo de Gata, Vivir bajo la luz, de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC).

Además, el Instituto de Física Corpuscular (IFIC-CSIC-UV) proyectará un documental sobre Lise Meitner, la física que descubrió la fusión nuclear, y presentará el proyecto que en los próximos meses llevará a los teatros españoles la historia de su descubrimiento.

ACTIVIDADES PRESENCIALES

Aunque la pandemia ha motivado que muchas de las actividades del 11F tengan un carácter virtual, también habrá eventos presenciales.

En Santander, el IFCA organiza, en colaboración con la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, una ruta científica por los escaparates de la ciudad, en los que están representadas científicas de diferentes áreas y edades que desarrollan su investigación en Cantabria. Un ciclo de cine científico en la filmoteca municipal y una exposición con los cómics presentados al certamen ‘Científicas en lucha’ completan las actividades programadas por el CISC en esta localidad.

Además, en Tres Cantos (Madrid), los centros del CSIC en el campus de Cantoblanco invitan al público general a participar en la escape road ‘A la búsqueda de las científicas Nobel y no Nobel’.

La información sobre la iniciativa y todas sus actividades puede encontrarse en la web ‘https://11defebrero.org/’.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha informado de que los «sabotajes» en el Hospital Enfermera Isabel Zendal han cesado tras la denuncia que interpuso el Gobierno regional, y ha señalado como culpable de los hechos a «alguien que conoce el funcionamiento del hospital».

En una entrevista concedida esta mañana a ‘Onda Madrid’, Escudero ha calificado estos acontecimientos como «de extrema gravedad» y ha lamentado la alteración del funcionamiento de la sala de conectividad, que se hayan colocado «uniformes sucios en zonas limpias» y que se ha robado en taquillas.

«Se activó la alarma del hospital a altas horas de la mañana. Tiene que ser alguien que conozca el funcionamiento y los horarios de cuándo hay menos gente y en qué zonas», ha aseverado.

Así, el consejero ha apuntado que ahora se está «en manos de la Policía Nacional» y que el Gobierno autonómico «confía en su capacidad de detectar quiénes son los que han cometido estos hechos que son incalificables».

NO CESARÁN A LA GERENTE DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

En este sentido, Escudero ha remarcado la decisión de la Consejería de Sanidad de no cesar a la gerente del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Dolores Rubio, tras hacerse pública una conversación privada en la que insinuaba que habría que retirar el teléfono móvil a los pacientes que se negasen a ir al Zendal.

El consejero ha comentado que «lo importante es que esa medida nunca se ha puesto en marcha», que «no hay ninguna directriz» por parte de Sanidad ni de los hospitales y que «jamás se va a hacer».

«Es una conversación de ámbito privado y ahí no tenemos que darle más importancia. Es un hecho privado y no ha tenido repercusión ni la va a tener», ha zanjado.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha puesto en marcha este lunes un Plan Extraordinario de Recursos Digitales para la Abogacía afectada por la pandemia del Covid-19 con el objetivo de ayudar a abogados y abogadas que hayan visto mermada su capacidad económica como consecuencia de la pandemia.

El Plan, a través de diferentes recursos y formaciones, persigue que ningún profesional de la abogacía se quede atrás tecnológicamente.

Se estructura en dos áreas: recursos digitales -con el objetivo de mejorar el trabajo en la gestión del tiempo y recursos del despacho, por un lado; y fomentar la difusión de servicios y captación de clientes, por otro- y ayudas para hardware y software, según anuncia el CGAE en un comunicado.

El área de Recursos Digitales se divide a su vez en cinco líneas, que abordan diferentes aspectos tecnológicos y organizativos como la digitalización de despachos, la presencia digital del profesional, marketing digital para la captación de clientes, gestión económica ya de despachos.

Como complemento a los recursos digitales, el Consejo General de la Abogacía dispondrá también de ayudas económicas para la adquisición de ordenadores portátiles, dispositivos móviles, tabletas o escáneres. Los dispositivos tendrán un precio bonificado.

Además, se abrirá un proceso paralelo para la adquisición de determinados productos de software en función de las necesidades detectadas para la consecución de los recursos digitales.

INCAPACIDAD PROFESIONAL POR LA PANDEMIA

Podrán beneficiarse de estos recursos los abogados y abogadas colegiados como ejercientes antes del 14 de marzo de 2020, que no se encuentren en situación de incapacidad profesional y que hayan visto mermada su capacidad económica como consecuencia de la pandemia. Para poder solicitar las ayudas, el conjunto de ingresos no debe superar los 45.000 euros brutos en el ejercicio de 2019.

En el caso de quienes ejercen por cuenta propia, se considera que su capacidad económica ha mermado en los supuestos en que sus ingresos en el primer semestre de 2020 se hayan visto reducidos, al menos, en un 30% respecto a los ingresos del primer semestre de 2019.

Además, entre quienes ejerzan por cuenta ajena o de forma colectiva, se considerará mermada su capacidad económica cuando sus ingresos del primer semestre de 2020 se hayan visto reducidos en, al menos, un 30% respecto a los del segundo semestre de 2019 por la adopción de medidas de regulación de empleo por parte del empleador como consecuencia del Covid-19.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 12 de marzo a través del formulario habilitado en www.abogacia.es/planderecursos. Para realizar consultas o resolver dudas relacionadas con este Plan Extraordinario de Recursos o con la presentación de solicitudes, los interesados pueden contactar a través de este correo electrónico: planrecursos@abogacia.es .

La candidata de la CUP a la Presidencia de la Generalitat, Dolors Sabater, ha alertado este lunes de que constituir un Govern independentista tras las elecciones del 14F «no basta», porque también debe ser un Ejecutivo de izquierdas que permita avanzar hacia un modelo económico social.

«Aspiramos a tener la máxima fuerza y representación porque no basta con que sea un Govern independentista, sino que debe ser un Govern que haga políticas al servicio de la gente», ha defendido en rueda de prensa organizada por la ACN.

Así, ha erigido a la CUP como la única fuerza política que actualmente podría condicionar un Govern que «actúe doblemente para avanzar democráticamente hacia la independencia y para avanzar socialmente hacia un modelo económico y social con políticas de sentido común».

También ha criticado que el Tribunal Constitucional (TC) «se dedique a tumbar todos los pasos» que el Govern y el Parlament proponen para impulsar medidas sociales, por lo que considera que el marco autonómico actual no permite avanzar socialmente.

PACTOS POSTELECTORALES

Sobre la entrevista publicada este mismo lunes por ‘Nació Digital’ en la que se explica que la CUP abogaría por repetir las elecciones catalanas si no se cumplen las condiciones de los anticapitalistas en el próximo Govern, Sabater ha remarcado que confía en que sí habrá consensos dentro del independentismo y que repetir las elecciones sería «un fracaso muy grande».

Así, ha subrayado que entiende que «el cambio no puede venir de un día para otro» y que a la hora de buscar acuerdos habrá propuestas concretas que no podrán ser inmediatas, como la renta básica universal que proponen los ‘cupaires’.

«Nosotros tendremos la capacidad de entendimiento y apelamos a esa misma capacidad por parte de las otras formaciones. Queremos que haya acuerdos, y no entenderíamos que no los hubiera», ha insistido.

Ha preferido no avanzar qué propuestas serán determinantes y cuales serán las líneas rojas para que la CUP apoye o no la constitución del próximo Govern: «Dependerá mucho de la fuerza que tengamos y de la predisposición de las demás formaciones a llegar a un consenso».

Sin embargo, ha destacado que priorizará una «clara voluntad de superar el autonomismo, y de enfrentarse democráticamente para recuperar la estrategia para avanzar hacia el independentismo, además de no sucumbir ante la causa general contra el independentismo».

Así, ha emplazado a los demás partidos a anunciar si aceptarían o no los votos de Vox para formar Govern, y a comprometerse a firmar un «acuerdo unánime» que garantice que no pactarán con esa formación en la próxima legislatura.

Francisco José Sanz González de Martos, conocido como Paco Sanz, ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía al reconocer que estafó más de 250.000 euros a miles de personas fingiendo tener más de 2.000 tumores, con lo que acepta una condena de cárcel de dos años de cárcel frente a los seis que se pedía y una multa de 9 meses con cuota diaria de 8 euros.

El acuerdo incluye el reconocimiento de hechos, pero no alcanza la responsabilidad civil al no alcanzarse un pacto en este aspecto con las acusaciones particulares.

Mañana están citadas las partes para la segunda sesión de la vista en la que se escuchará a algunos rostros populares que fueron estafados, entre ellos al actor Santi Rodríguez y a Pedro García Aguado, conocido por el programa ‘Hermano Mayor’.

Paco Sanz ha llegado sobre las 9.45 horas a esta sede judicial acompañado de su letrado y visiblemente desorientado. El abogado de su expareja, el letrado Alberto Martín, ha afirmado que la joven es «una víctima» al creer que estaba enfermo.

También se ha rebajado a un año y nueve meses la petición de condena para Lucía C. En su comparecencia, la acusada ha reconocido que ayudó a su entonces pareja a recaudar fondos para sus viajes a Estados Unidos porque confiaba en él.

En su declaración, Paco Sanz ha explicado a preguntas de su letrado que recibió un tratamiento experimental en Estados Unidos para tratar el ‘Síndrome de Cowden’ que sufre, recibiendo ayudas de su familia, amigos y donaciones de terceras personas para sufragar los gastos de los viajes.

Así, ha relatado que necesitaba ayuda económica al recibir una pensión de algo más de 500 euros por su invalidez, indicando que no sabe a cuanto ascendía la cantidad de dinero de las donaciones recibidas y que se correspondería con el dinero estafado.

Tras concluir la primera sesión, el abogado de la expareja ha detallado que el acuerdo se ha alcanzado para eliminar riesgos, siendo la pena mínima marcada por la ley, y ha recalcado que su clienta le ayudaba por encima de todo al asegurarle Paco Sanz que se iba a morir.

ENFERMEDAD GRAVE

El fiscal acusa a Paco Sanz de fingir en televisión la gravedad de su enfermedad –que llegó a asegurar que le provocaba 2.000 tumores– para estafar 264.780 euros.

Así consta en el escrito de acusación en el que el fiscal pide para el acusado seis años de cárcel y reclama también para su pareja tres años por un delito continuado de estafa.

El fiscal relata que el acusado, fingiendo que le quedaban escasos meses de vida, consiguió recaudar en siete años 264.780 euros pidiendo ayudas económicas a través de las redes sociales y hasta en los medios de comunicación para tratar de conseguir un tratamiento experimental en Estados Unidos, porque en España no existía, de una enfermedad que en realidad no tenía ningún riesgo vital inminente.

En 2009, se le diagnosticó el ‘Síndrome de Cowden’, una enfermedad de origen genético de las catalogadas como ‘raras’ y que se caracteriza por la aparición de una serie de tumores benignos aunque sin riesgo vital inminente.

Al acusado se le concedió la incapacidad absoluta para trabajar por enfermedad común siendo beneficiario de una pensión de 745,99 euros actualizable conforme al IPC abonándosele la misma en una cuenta bancaria abierta a su nombre en La Caixa.

PLAN PARA ESTAFAR

Aprovechándose de su enfermedad, según el fiscal, urdió un plan para obtener un lucro patrimonial ilícito entre los años 2010 y febrero de 2017. Durante este tiempo hizo creer mediante el uso de redes sociales y medios de comunicación que su enfermedad revestía una gravedad mucho mayor que la que realmente tenía.

Bajo el pretexto de financiar el supuesto tratamiento, creó en 2010 la página web www.ayudapacosanz.com en la que exageraba los síntomas de su enfermedad, «afirmando que sufría un cáncer genético, o que le quedaban escasos meses de vida». En dicha página web, colgaba mensajes del tipo «me avergüenza pedir dinero».

Daba incluso la posibilidad de que se le donase dinero mediante el envío de un SMS solidario con un coste de 1,45 euros al número 25600 con la Palabra Paco o también la posibilidad de donarle cantidades económicas a través de su cuenta de PayPal.

Francisco Sanz tenía también abiertos perfiles en diversas redes sociales que utilizaba para continuar con su campaña de empatía y sensibilización del colectivo a su favor e incrementar las donaciones a recibir.

«Dichas maniobras lograron efectivamente su cometido, sensibilizando de tal modo a muchas personas y colectivos, contactando el acusado con diversos actores, presentadores de televisión que se hicieron eco de la enfermedad de Paco Sanz y a través de las redes sociales difundieron desinteresadamente los mensajes de necesidad de ayuda económica que necesitaba el acusado», añade la Fiscalía.

ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

El presunto estafador dio de alta el 19 de enero de 2012 en el Registro Nacional de Asociaciones la ‘Asociación Paco Sanz Para La Investigación Del Síndrome De Cowden España’ (APSISCE), de la que se nombró presidente y en cuyos estatutos rezaba que carecía de ánimo de lucro y que sus fines eran el apoyo social a enfermos y familiares, «y la difusión de la enfermedad por todos los medios lícitos y posibles».

Para ello, abrió una cuenta bancaria en una entidad. Uno de los afectados por la estafa fue la Fundación Seur que en 2012 tenía activa la campaña «Tapones para una nueva vida» consistente en la recogida de tapones de plástico y posterior reciclaje de los mismos, obteniéndose una cantidad económica que se donaba a familias con escasos recursos y un menor minusválido en un grado de al menos 80%.

Para dar más publicidad a su enfermedad y conseguir llegar a más personas con el objetivo de apoderarse de más fondos, el acusado contactó con diversos actores y presentadores de televisión que «conmovidos» por la falsa historia que les contaba acerca de su enfermedad accedían a colaborar con él, bien mediante donativos bien mediante la organización de galas benéficas para recaudar fondos.

Así en particular el humorista Santi Rodríguez organizó una gala benéfica en Valencia el día 30 de mayo de 2013 en las que reconocidos artistas, participaron de forma altruista para obtener beneficios para que Paco Sanz se tratara de su enfermedad, corriendo con todos los gastos de la organización Santiago Rodríguez existiendo igualmente una fila cero a disposición de cualquier persona para que quien no pudiendo acudir a la gala y deseara ayudar a Francisco Sanz pudiera hacerlo mediante una transferencia bancaria.

En dicha gala se recaudaron por la venta de entradas la cantidad de 3.000 euros que fueron entregados a Francisco Sanz con el objetivo de ayudarle a costear el supuesto tratamiento médico al que se estaba sometiendo en Estados Unidos.

PUBLICACIÓN DE UN LIBRO

En ese mismo año 2013 y en la creencia de estar ayudando al acusado en la lucha de su enfermedad y a conseguir recursos económicos se publicó el libro llamado ‘Paco Sanz, una vida de sueños, una vida de lucha’, escrito por Miguel Hervas Abad, siendo escrito el prólogo por el youtuber ‘AuronPlay’;, y el epílogo por Pedro García Aguado, ex deportista profesional y presentador de diversos programas de televisión.

Finalmente logró que el libro se publicara en la editorial Iris con el objetivo de que el 50% de cada ejemplar vendido se destinara al acusado para una vez más conseguir fondos para curar la enfermedad que padecía. El precio de venta al público era de 12 euros por ejemplar llegándose a vender 364 ejemplares, obteniendo por este canal 2.184 euros.

Podemos considera que, tras la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas «ya no queda ninguna excusa» para que no se investigue al expresidente del partido y del Gobierno Mariano Rajoy por la financiación irregular de la formación e insiste en que el actual máximo responsable de los ‘populares’, Pablo Casado, debe comparecer ante la comisión del Congreso que investiga la trama ‘Kitchen’.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, su portavoz, Isa Serra, para quien las declaraciones de Casado intentando desvincular a la dirección actual del PP de la de los tiempos de Bárcenas son «absolutamente ridículas y vergonzantes».

«Este PP es el mismo que está en las instituciones y en gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid; la forma de gobierno y de corrupción del PP es la misma», ha afirmado, recordando cómo la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes no sólo está ahora en el banquillo por el caso de su máster, sino que también tiene pendiente la causa de ‘Púnica’.

BUSCAR EL MOMENTO OPORTUNO PARA CITARLE

Además, Serra ha hecho hincapié en que la ciudadanía tiene claro que «M. Rajoy es Mariano Rajoy» y que «ya no quedan excusas» para que no se le investigue porque si no se hace se enviará el mensaje de que «hay personas absolutamente impunes e intocables».

Respecto a Casado, la portavoz del partido ‘morado’ ha explicado que debe ser el grupo parlamentario de Unidas Podemos el que decida en qué momento es más pertinente citarle ante la comisión ‘Kitchen’, pero ha remarcado que su formación no tiene ninguna duda de que debe dar explicaciones ante este órgano que investiga el supuesto espionaje a Bárcenas en busca de pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción.

Por último, Serra ha avanzado que van a pedir que la Justicia llame a declarar al periodista Federico Jiménez Losantos tras haber reconocido que Libertad Digital se financió con dinero de la ‘caja b’ del PP. «Él sabe mucho sobre la financiación irregular y la contabilidad ‘b’ del PP», ha dicho Serra.

El Juzgado de Instrucción 1 de Málaga, que lleva el caso por el suministro por error de minoxidil (crecepelo) en una fórmula magistral etiquetada como omeprazol en una empresa malagueña, ha citado este martes a cuatro personas en calidad de investigados en esta causa.

Así lo han informado fuentes judiciales, quienes han apuntado que se trata de cuatro farmacéuticos cántabros, un hombre y tres mujeres. Otras fuentes han apuntado que está previsto que las declaraciones se lleven a cabo a través de varias vídeoconferencias.

Este juzgado ha tomado ya declaración a seis investigados en esta causa los cuales han negado haber manipulado el producto, sino que lo importaron. Estas personas están relacionadas con empresas que importaron el medicamento desde la India o han participado en su distribución en farmacias.

El medicamento presuntamente era importado desde India a granel por una empresa radicada en Cataluña, la cual se lo vendía a otra sociedad, que es la encargada de envasarlo en botes que se distribuían entre las farmacias o los almacenes distribuidores de medicamentos.

Esta causa está pendiente de un informe a la Policía con el que se pretende aclarar si hubo manipulación por parte de alguien, una vez que todos los investigados han señalado ante el juez que solo recibieron los productos y los distribuyeron entre algunas farmacias, pero no manipularon su contenido.

El procedimiento se abrió a raíz de que la Fiscalía de Málaga acordara remitir al juzgado las diligencias de investigación abiertas de oficio en relación con ese suministro por error de minoxidil (crecepelo) en una fórmula magistral etiquetada como omeprazol en una empresa malagueña, que registró casos de bebés con hipertricosis –exceso de vello–, al menos una veintena de casos en Cantabria, Granada o Castellón.

Así, el fiscal instó a continuar la investigación y pidió que se le tomara declaración como investigados a responsables de la firma Farma Química Sur, y como testigos a funcionarios de la Agencia del Medicamento para que ratifiquen el informe remitido. Además, solicitó dos informes sobre los menores afectados y su evolución.

En ese momento, la Fiscalía consideró que de las diligencias llevadas a cabo hasta ese momento «resultan indicios de la presunta comisión de varios delitos contra la salud pública» y ante la necesidad de hacer comprobaciones periciales en relación con los afectados con la ingesta de dicho principio activo.

El fiscal entendía que de las gestiones realizadas quedaba acreditado indiciariamente que las afecciones en la salud de los menores tenía su causa en el consumo de una suspensión de omeprazol elaborada como fórmula magistral usando envases suministrados por la entidad, que contenía el principio activo de minoxidil, indicado contra la alopecia.

Según el informe de septiembre de 2019 de la Agencia Española del Medicamento, se identificó la presencia de minoxidil en dos lotes elaborados por dicha empresa malagueña y hasta dicho mes se registraron 22 notificaciones de hipertricosis relacionadas con la alerta sanitaria lanzada por el Ministerio de Sanidad al respecto en pacientes pediátricos.

A raíz de la inspección llevada a cabo en la empresa en junio de dicho año, se detectaron 31 casos de no conformidad entre el etiquetado y su contenido, por lo que se acordó suspender temporalmente la habilitación que tenía para la manipulación de dichos principios activos farmacéuticos.

Para la Fiscalía, existían indicios de varios delitos contra la salud pública «imputable a los responsables de la entidad», al haber suministrado a distintas farmacias envases etiquetados como omeprazol cuando en realidad contenía minoxidil «pese a saber que su uso iba a ser destinado a fórmulas magistrales para el tratamiento del reflujo gástrico de bebés y niños de corta edad».

En paralelo, en 2019 se interpuso una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrelavega, que se inhibió en favor del de Málaga. Esta inhibición fue recurrida por la parte actora y está pendiente de que resuelva la Audiencia Provincial de Cantabria.

Entre tanto, y según ha indicado el representante legal de algunos perjudicados, varios niños han sufrido rebrotes y les ha vuelto a salir vello corporal, no con «tanta intensidad» como en anteriores veces. Pero al menos dos de ellos, de la localidad cántabra, han tenido que volver esta semana al médico.

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que el juicio que ha comenzado en la Audiencia Nacional contra el extesorero del PP Luis Bárcenas y otros acusados, por el presunto pago de las reformas de la sede nacional del partido con dinero procedente de la caja ‘b’ de la formación, es un caso que «es pasado, de hace más de una década» pero ha incidido en que es la justicia la que tiene que dictar sentencia y dirimir quiénes son los culpables: «El que sea responsable de un acto delictivo, que lo pague; sea quien sea».

En el municipio malagueño de Estepona, donde el también presidente de la Junta de Andalucía ha inaugurado el Hospital de Alta Resolución (HARE) de la localidad, que ya está recibiendo pacientes; ha incidido en que el caso Bárcenas tiene «más de una década» y ha sostenido que «no queda nadie» de esa etapa en el PP que esté «directa o indirectamente implicado en el ejercicio de la política».

«El PP ha desplazado a quienes estaban bajo sospecha, ha colaborado, y a partir de aquí que sean los jueces y cuando decidan quién es el culpable, que caiga todo el peso de la ley sobre él», ha subrayado a los periodistas.

«Lo que sucedió hace una década sucedió hace una década y hay actuaciones y procedimientos judiciales en marcha», ha continuado, al tiempo que ha insistido varias veces durante su intervención en la «máxima colaboración por parte del PP con la justicia».

Para Moreno, es la justicia la única que puede investigar y dictaminar: «Son los únicos que pueden decir si hay un responsable. Y si hay un responsable, sea quien sea, que lo pague. Esa es la posición tan sencilla que mantenemos en PP», ha enfatizado.

Respecto a que el juicio se celebre en plena campaña electoral de las elecciones catalanas y cuestionado por cómo podría influir en la misma, Moreno ha ironizado con que «siempre» les toca en una campaña electoral «que se cruce un asunto del pasado con su procedimiento judicial». No obstante, ha agregado que en el PP no tienen «ningún problema ni ningún complejo».

También ha considerado el líder de los ‘populares’ andaluces que es «evidente» que el PSOE «está utilizando un juicio que llega en un proceso electoral, y lo está haciendo de manera explícita, clara y con un nivel manipulación importante de la información, es evidente».

Sobre si el PP debería pedir perdón a la ciudadanía, Moreno ha subrayado que su formación «ha pedido disculpas por cualquier hecho irregular, ilegal, y lo hemos hecho todos, siempre». «No es solo la disculpa –ha continuado– sino que la justicia juzgue. Yo no soy juez ni usted ni un medio ni un partido de la oposición. El juez tiene un objetivo profesional que es dirimir una causa y tener una sentencia y pedimos que se actúe», ha finalizado.

Un grupo de feministas ha advertido este lunes por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la «propaganda» que, a su juicio, contiene el borrador de la Ley Trans del Ministerio de Igualdad y que, según han denunciado, es «aún peor» de lo que se temían.

En una misiva abierta, las firmantes, entre las que se encuentran la exdiputada socialista Ángeles Álvarez y otras activistas pertenecientes a la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, denuncian que la norma se trata de un «retroceso» en derecho humanos y en las políticas de igualdad entre los sexos.

En concreto, indican que «pone peligro a la infancia» al hablar de menores trans. «No es en absoluto progresista, sino políticamente reaccionario y constitutivo de posible abuso infantil», apunta la carta.

A su juicio, el texto, que llaman ‘Ley Montero’, «fomenta» que estos niños tomen «decisiones no informadas, sino inducidas» a edades en las que «ni el cuerpo ni el cerebro se han desarrollado» y les «aboca» al uso de bloqueadores de la pubertad y al tratamiento hormonal cruzado. «Eso les expone a efectos dañinos de por vida, y a auténticas terapias de conversión de las que los adultos quedan eximidos pues para ellos es suficiente expresar ‘me siento/soy'», recoge el mensaje enviado a Sánchez.

Las feministas denuncian la intención de Igualdad de mantener el concepto de ‘identidad trans’ en menores de forma «empecinada» y «contra el criterio de los profesionales que trabajan en las unidades de endocrinología y que han indicado que un 85% de menores desisten del supuesto ser trans cuando superan la pubertad».

DESPATOLOGIZACIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO

«Como consecuencia de estas políticas educativas, que ya están siendo cuestionadas en Reino Unido tras las denuncias presentadas por jóvenes que fueron encaminadas a esos tratamientos, el número de niñas y niños atendidos por la clínica británica Tavistock, especializada en identidad de género, se incrementó en más de un 4.000% en menos de 10 años, y en la comunidad de Cataluña, activamente implicada en estas políticas, el incremento fue de más del 2.200%, siendo el 70% niñas que piden transicionar a niños», recoge la carta.

También rechazan la «despatologización» de la transexualidad que se recoge en la ley, apuntando que «certificar no es patologizar» y que «toda medida no común se certifica, desde el carnet de conducir al grado de discapacidad».

Del mismo modo, critican que una norma como esta «rebaja los fines con los que en su día se aprobó la ley de violencia contra las mujeres», ya que las propuestas que realizan «la acerca a la ‘violencia intrafamiliar planteada por la extrema derecha».

«El género es la construcción cultural de los estereotipos sexuales. Al dar carta de naturaleza a las identidades de género, el borrador de ley afianza el sexismo jerárquico que estos estereotipos comportan», advierten las feministas. Es por ello que creen que el reconocimiento jurídico de la identidad de género, que se recoge en la Ley Trans, «vacía de contenido la categoría ‘sexo’ y la convierte en algo subjetivo».

«Si el sexo es irrelevante a nivel jurídico, todas las políticas para combatir la desigualdad estructural que las mujeres padecemos se tornan irrelevantes», apunta la misiva.

«ES INCONSTITUCIONAL»

Tras exponer estos argumentos, las activistas apuntan que la norma de Igualdad contiene «algunos preceptos» que son «claramenteinconstitucionales». Así, critican que «su falta de claridad lingüística atenta a la seguridad jurídica exigida por el artículo 9.3 de la Constitución española»; o que el término género «se confunde a lo largo del texto con el sexo», que, según explican, es «la conceptuación que divide a las personas biológicamente en mujeres y hombres».

Es por ello que consideran que «lejos de afianzar la igualdad entre los sexos», esta norma «es un retroceso» debido a las «muchas insuficiencias» que tiene, además de otras que, indican, no pueden exponer.

El Ministerio de Defensa no se plantea «ni a medio ni a largo plazo» la cesión del cuartel barcelonés del Bruch, una histórica reivindicación de los partidos independentistas. Según asegura, se trata de una instalación «fundamental» y, además, es el único operativo que queda en la ciudad.

La petición fue formulada de nuevo en el Congreso por la diputada de JxCat Miriam Nogueras, que instó al Gobierno de coalición, «autoproclamado progresista», a ceder el cuartel a la ciudad de Barcelona.

La diputada independentista sostiene que las Fuerzas Armadas son vistas «negativamente» por parte de «una mayoría significativa de catalanes». Una percepción que asegura que «no para de crecer» debido a «los innumerables episodios en los que miembros en activo y retirados del Ejército hacen apología del fascismo».

Pese a ello, denuncia que el Ministerio de Defensa mantiene una «importante presencia» en Cataluña. «Al encontrarse vacíos, muchos son una mera rémora del pasado», denuncia en su pregunta parlamentaria.

EL ÚNICO EN «PLENA OPERATIVIDAD» EN BARCELONA

Sin embargo, el Ministerio de Defensa alega en su respuesta, que el cuartel del Bruch es actualmente el único acuartelamiento en situación de «plena operatividad» en Barcelona.

Y asegura que tiene un alto grado de ocupación, ya que aloja diversas unidades, así como varias instituciones y oficinas de la organización periférica del Ministerio de Defensa y personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ubicado a escasos metros de la Diagonal de Barcelona, se trata de la sede del joven Regimiento de Infantería ‘Barcelona’ nº 63, creado hace poco más de un año como consecuencia de una adaptación orgánica emprendida por el Ejército de Tierra en 2019.

«Es una instalación fundamental, no existiendo ninguna previsión ni a medio ni a largo plazo, de modificar la situación operativa o administrativa del acuartelamiento», zanja el Departamento dirigido por Margarita Robles.