Los pacientes con discapacidad dan un aprobado «raspado» (un 5,5 sobre 10) a la accesibilidad de los servicios sanitarios en España, según un estudio elaborado por Fundación ONCE e ILUNION Tecnología y Accesibilidad.

El trabajo es la continuidad de un proyecto iniciado por las dos entidades en 2019 para tratar de buscar nuevas soluciones a problemas y retos latentes en el sistema sanitario.

El estudio, basado en una encuesta online a más de 1.000 personas, de las que un total de 798 eran pacientes (con y sin discapacidad) y 211, profesionales de la salud, concluye que «aún queda un largo recorrido», ya que «para que un entorno sea totalmente accesible para todas las personas, la puntuación debería estar cercana al 10».

Además, el documento señala que todos los caminos del ámbito en el que se encuentra un servicio sanitario «deben ser accesibles por ley, de modo que una persona con discapacidad no vea interrumpida o dificultada la realización de sus actividades porque uno de los caminos, un entorno o espacio, no es accesible y no le permite avanzar en su recorrido de forma autónoma hasta poder acceder a ese servicio».

Por escenarios, el menos accesible para los pacientes con discapacidad encuestados es el de urgencias (5 puntos) y el más accesible, la consulta médica presencial (6,1 puntos). Entre ambos, se sitúan la consulta médica telefónica (5,2), la consulta médica online (5,3), hospitalización (5,6) y pruebas diagnósticas presenciales (5,9).

El informe señala que cualquier persona ha de poder concertar una cita, utilizar los espacios sanitarios o comunicarse con los profesionales de la salud de forma autónoma. Si bien, para que esto sea una realidad, los profesionales de la salud reconocen que necesitan formación en accesibilidad, ya que casi el 60% de los que han participado en este estudio dicen no haberla recibido.

Desde esta perspectiva, el trabajo señala que «es necesario definir, dentro de los indicadores de calidad asistencial en salud, indicadores de accesibilidad», para que sea también un motivo de evaluación para las Agencias de evaluación tecnológica.

DIFICULTADES EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES

Otra de las conclusiones del estudio indica que las mayores dificultades para los pacientes con discapacidad siguen estando en los centros de salud y hospitales, ya que la falta de accesibilidad física les impide desplazarse autónomamente por las instalaciones, donde la «señalización» muchas veces es «inadecuada» y los «sistemas de gestión de turnos» son «inaccesibles».

Igualmente, las personas con discapacidad encuentran dificultades a la hora de interactuar con las herramientas digitales de una consulta online. La post-consulta es el ítem peor valorado de este servicio, por la falta de acceso a informes u otra documentación, o bien porque estos informes no están en formatos accesibles.

Pese a esta dificultad de tipo digital, los usuarios con discapacidad optan por descargar aplicaciones móviles para acceder a los servicios digitales de salud y otorgan de media 6,40 puntos a la accesibilidad de estas apps, dentro de una escala de 0 a 10, donde 0 es ‘totalmente inaccesible’ y el 10 ‘totalmente accesible’.

Finalmente, el trabajo constata que la crisis provocada por el coronavirus ha cambiado la forma de interactuar con el sistema sanitario. En este cambio destacan algunos aspectos positivos, como la comodidad de las consultas telefónicas para evitar desplazamientos, y otros negativos, como las barreras en la comunicación generadas por el uso de mascarillas para las personas con discapacidad auditiva.

El excomisario José Manuel Villarejo dejó anotado en su agenda personal el día a día de sus movimientos en la conocida como ‘guerra de comisarios’ que le enfrentó a él y a su entorno con el que fuera jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas. En una nota de junio de 2016 apunta una conversación con ‘Gago’ (el inspector José Ángel Fuentes Gago): «Está decidido a dar caña a Marcel y a Rubén».

Precisamente, este jueves vuelve a las salas de los juzgados madrileños el asunto después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya ordenado citar como investigados a altos cargos del Ministerio de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy (entre ellos el que fuera director adjunto operativo Eugenio Pino) por delitos relacionados con los casos ‘Pequeño Nicolás’ y ‘Guerra de Comisarios’.

El ‘Rubén’ al que se refiere el comisario en su cuadernillo, es el inspector Rubén Eladio López, mano derecha de Martín Blas, enemigo acérrimo de Villarejo. En parte, esa animadversión surgió después de que el comisario fuera investigado en el juzgado de instrucción 2 de Plaza de Castilla por su relación con una grabación a policías y agentes del CNI en una derivada del caso del ‘Pequeño Nicolás’.

Era el conocido como ‘caso Nicolay’, y el propio Martín Blas y Rubén Eladio López dirigieron las pesquisas al frente de la comisión judicial por asignación del juez que instruía la causa, Arturo Zamarriego. Corría el año 2016 y, comparando el avance de esas pesquisas con la agenda de Villarejo, se observa que era un asunto que le inquietaba en su día a día y del que hablaba con asiduidad con sus colaboradores y allegados.

Así, el 13 de junio de 2016, Villarejo se percata de que pedirán su imputación y la de su mujer Gemma Alcalá por el caso del pequeño Nicolás y ese mismo día, anota una conversación con ‘Chisco’ –así llamaba al que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez– que, siempre según apuntes, le traslada que está muy afectado por lo de ‘Marcel’ (Martín Blas) y le reprocha a Pino que lo presentara «como el hombre de absoluta confianza».

En esa jornada también recibe llamada de Fuentes Gago quien le comenta que busca a un buen abogado penalista para «propiciar la imputación de Marcel y Rubén». Y un día después, este mismo inspector le traslada que está decidido «a dar caña» y Pino también contacta con él para comunicarle que «van a ir a por todas contra Marcel».

Todo gira en torno a una posible estrategia de defensa ante los ataques de Martín Blas y, de las notas del comisario, se deduce que arman un plan de ataque para acabar con la carrera del jefe de Asuntos Internos. A eso parece referirse Fuentes Gago cuando el 16 de junio de 2016 propone que el abogado de ‘Nicol’ –aparentemente el pequeño Nicolás– denuncie en la DAO la actuación de Rubén y Marcel.

Ese día, Villarejo apunta también que al final quieren que sea él mismo quien «dé caña». Y ya en julio de ese mismo año plasma en su agenda que está «muy pendiente» de organizar datos que se manden al juzgado para demostrar la «parcialidad» de Marcelino Martín Blas.

Toda esta lucha interna entre policías transcurre en paralelo a lo que era ya el fin de la carrera de Villarejo como agente encubierto, así se definía entonces, de hecho en agosto de ese mismo año se jubilaba. Y para preparar esa transición hacia una vida más placentera, el comisario dejó a lo largo de esos meses previos muchas pinceladas en su diario.

Surgían dudas de muchos tipos, si tenía que entregar el arma y la placa, si tenía que sacarse un permiso de armas, dónde debía presentar determinados papeles… Incluso el 2 de junio de 2016 deja constancia sobre una inminente reunión con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. De quien era el número 2 de Interior, Francisco Martínez, comenta ese mismo día que ha sido «muy institucional» pero que le comunica que su retiro «debe hacerse con reconocimiento».

LA GRABACIÓN DE FERNÁNDEZ DÍAZ Y LA OPERACIÓN CATALUÑA

El ministro del Interior del Gobierno de Rajoy aparece también en su dietario, a veces como ministro otras como el ‘N1’, sobre todo en el mes de junio de 2016, cuando se conoce la publicación de unas grabaciones realizadas a Fernández Díaz en su propio despacho cuando hablaba con el director de la Oficina Antifrau de Catalunya (Oac), Daniel de Alfonso.

El mismo día en el que el ministro salía al paso de esa publicación, el 22 de junio de 2016, Villarejo anota que ha mantenido una conversación con ‘Big’ –apodo que le pone a Enrique garcía Castaño, exjefe de la UCAO y también imputado en ‘Tandem’–. Al respecto dice que Big anda preocupado por las grabaciones del ministro y que cree que el CNI está detrás de la guerra –de comisarios, se deduce–.

Pero la efervescencia de la filtración no queda ahí, ese mismo día recibe también la llamada de ‘Oli’, el exjefe de la UDEF José Luis Olivera, quien le traslada que ya tiene todos los datos de la grabación del ministro y que «por ahora no se va a judicializar». Tras esto, al día siguiente Villarejo maneja la situación hablando con varios medios de comunicación a los que les traslada –con éxito– que el autor de esa grabación al ministro es Martín Blas.

En 2016 otro de los asuntos que le quitaba tiempo al comisario, entre «papeo» y cafés, era la ‘operación Cataluña’, esa supuesta operación policial que presuntamente habría sido impulsada por el Gobierno con el objetivo de frenar el proceso independentista catalán.

Sobre ese asunto hay muchas anotaciones, como la que registra una conversación con Olivera en la que éste le informa de una reunión entre Cosidó (jefe de la Policía) en junio de 2016 con De Alfonso y alguien al que llama Losada. «Por el tema Pujol, le recriminó que no investigara antes la (…) Viki», en referencia a la que fuera amante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez.

De ese tema apunta más en septiembre, cuando en teoría ya está jubilado, el 27 de ese mes indica en sus notas que Olivera le llama con detalles de la cita de ‘Viki’ y ‘Bayo’ «sobre operación Cataluña». Esa misma jornada anota que esa persona traslada a Victoria Álvarez que él la ha engañado, y matiza que «ella lo negó».

LA RELACIÓN CON GARCÍA CASTAÑO

Respecto de Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’, la agenda recoge a principios de 2017 distintos apuntes en los que Villarejo da cuenta de la preocupación del comisario por las informaciones publicadas sobre su actividad presuntamente irregular en algunos medios de comunicación. Esta preocupación también la comenta con su amigo y empresario Adrián de la Joya, investigado por la Operación Lezo.

Los altibajos en la relación de ambos comisarios se refleja igualmente en los apuntes. Así, el 25 de enero de 2017 Villarejo apunta junto al nombre en clave de García Castaño (‘Big’) la frase «no le contesté».

Un mes después aparece otra anotación que constata un mal momento entre ambos: «Largas para vernos. Nada de lo prometido. Posiblemente no cumpla nada, como siempre». Dos días después apunta: «Sobre temas pendientes dice que quiere marcharse y no quiere líos».

La Abogacía del Estado no recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que confirma que el pazo de Meirás es propiedad del patrimonio público, pero que rechaza que los herederos del dictador Francisco Franco sean poseedores de «mala fe» y confirma su derecho a recibir una indemnización por los gastos contraídos desde 1975.

Así lo han confirmado desde el Ministerio de Justicia, que han argumentado que no se presentará un recurso al entender que el fallo es «favorable» a los intereses del Estado. En cuanto a la indemnización, han indicado que el procedimiento es que los Franco planteen una cuantía. «Y sobre esa cantidad se valorará», han expuesto.

Al respecto, el abogado de la familia del dictador, Luis Felipe Utrera-Molina cifró, en un importe «sensiblemente superior a 800.000 euros» solo la indemnización que correspondería a sus clientes por «la reconstrucción» del inmueble. Además, ya avanzó que esta cifra se aumentaría de forma «muy considerable» al incluirse tanto los gastos de mejora como los de conservación hasta el año 2020, «impuestos incluidos», apostilló.

Frente a la tesis del Estado, el Ayuntamiento de Sada ya avanzó su intención de presentar recurso al discrepar de la sentencia en relación a que no hubo «mala fe» por parte de los herederos de los Franco –la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña sí consideró que la hubo– y los argumentos de la Audiencia sobre la liquidación del estado posesorio.

Mientras, los Franco ratificaron que ultiman el recurso que presentarán ante el Tribunal Supremo, confiados, según ha expuesto su letrado, en que la Justicia les acabe dando la razón y puedan recuperar el inmueble.

«TUFO FRANQUISTA» PARA EL BNG

Por su parte, el diputado del BNG en el Parlamento gallego Luís Bará, que anuncia la presentación de una iniciativa para que la Xunta presente recurso, sostiene que la sentencia de la Audiencia coruñesa «despide un insoportable tufo franquista». También argumenta que son los Franco los que tienen que pagar «por todo lo que robaron» y no Galicia «dos veces».

El nacionalista considera que el fallo hace una valoración de los hechos «favorable y a beneficio de los Franco» por la indemnización que les reconoce y por el hecho de que lo haga desde 1975 «y no desde 2018 cuando fueron declarados herederos», cita entre otros argumentos.

Para el BNG, se trata de una sentencia que busca «legitimar y blanquear el franquismo». Además, su diputado exige «responsabilidades a todos los poderes del Estado que desde 1975 favorecieron y protegieron los intereses de los Franco», apunta citando al rey emérito Juan Carlos I.

Asimismo, califica de «lamentable» el papel de la Xunta y las declaraciones del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, «asumiendo que hay que indemnizar a la familia» y sostiene que esto puede «incidir negativamente en otros bienes expoliados como la Casa Cornide o las esculturas del Mestre Mateo».

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), reunido de forma telemática, ha aprobado informar favorablemente la petición de renovación de autorización de explotación de la central nuclear Cofrentes (Valencia) por el periodo solicitado de nueve años y medio, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2030.

Este informe será ahora remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para su autorización, según se establece en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR, artículo 23), según ha informado el CSN en un comunicado.

La decisión adoptada se basa en la comprobación del «funcionamiento correcto» de la central y del mantenimiento del «nivel adecuado» de seguridad para continuar su operación, así como en la constatación de la respuesta adecuada del titular a los requisitos normativos aplicables.

Como consecuencia de la evaluación del CSN, han resultado diversas propuestas de mejora de la seguridad, «en gran medida identificadas en la Revisión Periódica de la Seguridad», ha especificado la entidad.

De esta forma se hace una revisión «profunda y global» del estado de seguridad de la central, «especialmente importante» porque la central cumplirá 40 años de operación en 2024 y, a partir de ese año entrará, por lo tanto, en la denominada Operación a Largo Plazo (OLP).

Este informe favorable está basado en los resultados de la evaluación del CSN, contenidos en 46 informes técnicos especializados. Asimismo, contempla la información procedente de los procesos de supervisión y control de la central, por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, durante la vigencia de la actual autorización.

LÍMITES Y CONDICIONES APLICABLES

El dictamen emitido por el regulador establece nueve límites y condiciones que, en su conjunto, hacen referencia a requisitos de tipo genérico para todas las centrales nucleares, como identificación del titular y explotador responsable, potencia máxima autorizada, documentos oficiales de explotación y su trámite de modificación, informes anuales requeridos, salida de bultos radiactivos fuera del emplazamiento y requisitos para solicitar el cese de la explotación.

Otro es el cumplimiento de las propuestas de actuación del titular y de sus compromisos adquiridos, de los programas de mejora de la seguridad y de otras acciones adicionales específicas que el CSN requiere mediante Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC); la protección contra riesgos internos, concretamente, los derivados de inundaciones internas y aspersión y acciones relacionadas con la gestión del envejecimiento y la Operación a Largo Plazo (OLP).

Además, los límites y condiciones establecidos se acompañan de cinco Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) establecidas por el CSN directamente al titular de la central. Las ITC desarrollan las condiciones de la autorización y están referidas, entre otros, a las propuestas de actuación derivadas de la Revisión Periódica de Seguridad y el resto de la documentación presentada con la solicitud, así como modificaciones en el plazo y/o las acciones de algunos de los compromisos adquiridos por el titular, y otras acciones adicionales derivadas de la evaluación del CSN.

Igualmente, para llevar a cabo un seguimiento eficiente del cumplimiento derivado de estos compromisos, se establece el requisito de remitir al CSN, en el primer trimestre de cada año natural, un informe actualizado del estado de cumplimiento.

También incluye las acciones para llevar a cabo la revisión de los análisis deterministas de inundaciones internas y aspersión, así como los cambios asociados al Estudio de Seguridad y al Manual de Protección contra inundaciones internas; las relacionadas con la gestión del envejecimiento y con la Operación a Largo Plazo (OLP) y el Plan de Gestión de Residuos y renovación de la autorización de protección física.

Asimismo, el Pleno ha informado favorablemente el Plan de Gestión de Residuos Radiactivos y del Combustible Gastado (PGRRyCG) asociado a la operación a largo plazo. Una vez aprobado, constituirá la revisión 11 de este documento.

De igual manera, el Pleno del CSN ha informado favorablemente la solicitud de renovación de la autorización de protección física presentada por el titular de Cofrentes, que entrará en vigor simultáneamente y por el mismo plazo por el que se establezca la autorización de explotación.

Por último, el Pleno ha sido informado del estado de la evaluación del proceso de licenciamiento de la autorización de construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de Cofrentes, así como de su correspondiente contenedor de combustible gastado, HI-STAR 150.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga este jueves al que fuera jefe militar de ETA Gorka Palacios Alday por su integración en el ‘comando Larrano’, hechos por los que la Fiscalía pide para él 27 años de cárcel por los presuntos delitos de pertenencia a banda armada, un delito de estragos terroristas y otro de tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos.

El juicio estaba previsto que se iniciara el pasado 11 de enero, pero tuvo que ser suspendido por las consecuencias de las intensas nevadas que dejó la borrasca ‘Filomena’ a principios de año.

Según explica la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, Palacios alquiló en julio de 1997 un piso en Durango (Vizcaya), en el que preparó «diversas acciones» terroristas junto a los otros dos miembros del ‘comando Larrano’, Oier Eguidazu y Leyre Martínez Pérez –ambos condenados por estos hechos–, «ocultando en el piso armas y explosivos».

La Policía registró dos viviendas después de que una de ellas explotara el 17 de julio de 1997, que provocó la huida de los integrantes del comando. Los agentes comprobaron que los tres miembros de la banda terrorista tenían a su disposición 30 bolsas de explosivo amonal, una lapa-bomba, cuatro granadas de 80 milímetros, nueve granadas de 40 milímetros, detonadores, temporizadores, varios cilindros de explosivos y cloratita.

UNO DE LOS MIEMBROS MÁS ACTIVOS DE ETA

Palacios fue considerado uno de los miembros más activos de la organización desde que comenzó su actividad terrorista en los años 90, llegando a formar parte del ‘comando Madrid’, por el que se le atribuyeron diversos atentados.

En 2003, siendo uno de los etarras más buscados por las Fuerzas de Seguridad, asumió el cargo de jefe de los comandos de ETA, responsabilidad que compartió con Ibón Fernández Iradi, ‘Susper’, hasta su detención en Pau (Francia) en diciembre de ese año.

Las autoridades francesas entregaron en abril de 2018 a Palacios tras cumplir sus penas en las prisiones de Saint Maur y Châteauroux. El tribunal de lo Criminal de París le condenó a 18 años de prisión en 2009 y un año después la justicia francesa lo entregó de manera temporal a España para que fuera juzgado por la Audiencia Nacional, que le impuso 83 años de cárcel por el atentado cometido contra el Ministerio de Justicia del 10 de julio de 2001, en el que falleció el policía nacional Luis Ortiz, y resultaron heridas a otras 20 personas.

Tras permanecer casi dos años en las cárceles de Soto del Real y Estremera, fue devuelto en 2012 al Estado francés y encarcelado en Saint Maur, donde pasó 18 meses, hasta que entregado temporalmente a España para un nuevo juicio. En 2013 regresó a Saint Maur, donde permaneció hasta 2018.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, considera que la «fractura» dentro del Gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez se ha visualizado este miércoles en el Pleno del Congreso tras el no aplauso de los diputados del PSOE al vicepresidente Pablo Iglesias en la sesión de control. Según ha resaltado, se trata de un Ejecutivo «completamente dividido».

«Lo que hemos visto hoy en el Congreso es para ponerlo de relieve. Es que ya ni se aplauden a sí mismos», ha asegurado Montesinos, después de que los diputados socialistas hayan evitado aplaudir en el Pleno las respuestas de Iglesias ante las críticas de la oposición y ni siquiera el presidente del Gobierno ni la vicepresidenta Carmen Calvo le hayan defendido abiertamente cuando se les reprochaban sus dudas sobre la plena normalidad democrática de España.

En este sentido, Montesinos ha subrayado que lo que han visto es un Ejecutivo «completamente dividido y completamente fracturado» y ha recalcado que, en esa tesitura, el PP tiene que estar «centrado en las preocupaciones reales de los españoles».

SOBRE EL CAMBIO DE SEDE: «DECIMOS ‘YA BASTA'»

Por otra parte, Montesinos ha expresado su respaldo a la decisión anunciada por Pablo Casado de abandonar la sede de Génova 13. «Pasamos página de todo aquello que presuntamente se ha hecho mal,lo cuál significa también reivindicar el pasado de aquello que se ha hecho bien», ha proclamado, para añadir que el partido ha hecho «cosas muy buenas por España» que reivindican.

Eso sí, el dirigente del PP ha destacado que su partido no puede estar respondiendo a las declaraciones del extesorero Luis Bárcenas, que «ha mentido sistemáticamente y que lo que hace es hacer daño al PP». «Ayer el presidente Casado y todo el PP dijimos ‘ya basta'», ha enfatizado.

Al ser preguntado si ese cambio de sede implica una ruptura con el pasado de José María Aznar y Mariano Rajoy, Montesinos ha reiterado que es una «ruptura con aquello que se ha hecho mal, indicando aquello que se ha hecho bien, que es mucho».

«Ya basta de que tengamos que responder a Luis Bárcenas y a cosas que la dirección nacional del PP no ha hecho», ha declarado en una entrevista en La Sexta, tras hacer hincapié en el «compromiso con la ejemplaridad y la transparencia» de Casado.

El responsable de Comunicación del PP ha afirmado que su formación se va a centrar en plantear una «alternativa sensata y moderada. «El objetivo prioritario es ese impulso y ese compromiso con la ejemplaridad y con la transparencia para plantear la alternativa que se merecen los españoles a Pedro Sánchez, ante ese gobierno dividido y facturado», ha finalizado.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que el Gobierno español «se hace el sordo» frente a las pruebas que incriminarían en presuntas acciones violentas a Leopoldo López y ha recriminado directamente al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su «falta de coraje» para entregar a quien considera un líder «golpista».

Maduro, que ha comparecido este miércoles ante medios internacionales, ha asegurado que «sobran» las pruebas que acreditan que López estuvo implicado en actividades golpistas, por lo que ha insistido en que es «un prófugo de la Justicia» a todos los efectos.

A López, que llegó a España en octubre de 2020 tras año y medio refugiado en la Embajada española en Caracas, Maduro le ha atribuido «crímenes horrendos». El mandatario venezolano ha asegurado que el líder de Voluntad Popular ha participado «en todos los intentos de golpe de Estado que ha habido en los últimos años».

«Si en España le consideran una especie de ‘reyezuelo’, allá ellos», ha dicho Maduro, en cuya opinión el Gobierno español «se hace el ciego, el mudo y el sordo» para no atender a las pruebas contra López.

Según el mandatario venezolano, las autoridades españolas tienen ya en su poder estas supuestas pruebas, que salpicarían también al exembajador Jesús Silva, señalado desde Caracas como «protector» y «correo» dentro de la Operación Gedeón, como se conoce a una operación destapada en 2020 y con la que también se vincula a López.

Maduro, además, ha acusado al dirigente opositor de «lavar dinero desde España» y se ha preguntado si también va a «burlar» a la Agencia Tributaria española. En España, ha añadido, «están protegiendo a un fascista, a un golpista y a un criminal que maneja millones de dólares en paraísos fiscales».

«Pruebas (contra López) sobran, lo que falta es coraje en Pedro Sánchez y el Gobierno de España», ha sentenciado

CASO DE PABLO HASÉL

Maduro también ha aprovechado su comparecencia para aludir al caso del rapero Pablo Hasél, señalando que «ha alarmado a la comunidad internacional. El presidente venezolano, que no ha dado detalles del proceso contra el artista, ha asegurado que «solamente por cantar está preso».

El presidente venezolano ha justificado los mensajes de Hasél argumentando que el rap «es un género de música rebelde, crítica, necesaria».

Maduro se suma así a las críticas que ya planteó el martes su ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, quien consideró «imposible no expresar solidaridad» con Hasél tras «un caso incomprensible». «Ojalá haya reflexión por parte de las instituciones. Aunque si refugiaron y protegen hoy a un terrorista como Leopoldo López… ¿Qué les puedo decir?», escribió en Twitter el jefe de la diplomacia venezolana.

RESTA VALOR AL RECONOCIMIENTO A GUAIDÓ

Maduro no se ha querido pronunciar sobre los matices de países europeos en relación al reconocimiento al jefe de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, que en enero de 2019 se autoproclamó ‘presidente encargado’ del país. La UE ha dejado en manos de los Estados miembro este reconocimiento y países como España se han limitado a ver a Guaidó como un interlocutor relevante.

«La realidad es la realidad», ha esgrimido el mandatario venezolano, quien cree que tras los intentos de «imponer un fantoche» ha prevalecido el Gobierno «legítimo». En este sentido, ha defendido los comicios parlamentarios de diciembre frente a la «fracasada» Asamblea de Guaidó, que ha quedado «pululando».

Maduro se ha ofrecido a «reconstruir» sus alianzas internacionales y ha recalcado que «Venezuela tiene los brazos abiertos», si bien ha sugerido que, al margen de «falsos reconocimientos», el Gobierno chavista logró «preservar» gran parte de su estructura diplomática internacional.

Sobre el futuro de las relaciones con la nueva Administración de Estados Unidos, Maduro ha apostado por «esperar a ver cómo maneja su política hacia el mundo» Joe Biden e incluso no descarta un futuro diálogo, que por ahora en Washington ya han dejado claro que no ocurrirá.

Maduro ha recriminado al expresidente de Estados Unidos Donald Trump una política «cruel» en relación a Venezuela, señalando que las sanciones adoptadas en los últimos años están «fuera del marco de la legalidad mundial». Es mentira que sean sanciones individuales», ha enfatizado, para acto seguido apuntar que son «sanciones contra toda la economía, contra los ingresos del país.

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, apuesta por «reforzar» el control parlamentario a través de comparecencias anuales como medio para garantizar la independencia del organismo estatal.

Así lo ha puesto de relieve Mar España durante su comparecencia ante la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales del Congreso de los Diputados.

«Mi última comparecencia fue en junio del año pasado, pero tuve que dar cuenta de los últimos cuatro años de gestión. Entiendo que ha habido muchísima inestabilidad parlamentaria, pero yo creo que un hábito bueno sería poder reforzar ese control parlamentario y que las comparecencias pudieran ser anuales para poder dar cuenta de la gestión», ha manifestado.

Durante su intervención, Mar España ha vuelto ha insistir en que «no hay independencia de funcionamiento real si no hay medios dignos para poder desempeñar las funciones». Así, ha recordado que la AEPD está funcionando con los medios del año 2008, «cuando no existían las redes sociales, no existía inteligencia artificial, no existía perfilado, no existía Internet de las cosas (IoT)».

«Es verdad que hemos dado un paso más con la Ley Orgánica, ya que por primera vez la responsable de la Agencia puede aprobar la relación de puestos de trabajo, pero tenemos el techo de gasto que apruebe el Ministro de Hacienda, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola», ha subrayado.

En este sentido, la responsable de la Agencia ha hablado de «datos tremendos» y ha argumentado que en 2008 recibían 3.500 reclamaciones «mucho más sencillas de tramitar en cuanto al contenido», mientras que en la actualidad reciben entre 12.000 y 14.000, y ha añadido que «la relación de puestos en todo este mandato sólo ha aumentado en 35» personas.

MÁS MEDIOS PERSONALES Y PRESUPUESTARIOS

De este modo, ha reclamado un incremento de medios presupuestarios y personales para la Agencia, así como ser receptora del Fondo de Recuperación de la Unión Europea. «No vamos a recibir fondos del plan este año, lo cual me parece sorprendente», ha enfatizado, al tiempo que ha cuantificado en un mínimo de 1,5 millones de euros «en los próximos años» el aumento presupuestario necesario para lograr unos resultados «dignos».

Por otro lado, Mar España ha recordado que puso en marcha un código ético con un canal interno o ‘whistleblowing’, que permite las denuncias anónimas contra la gestión de cualquier alto cargo o funcionario. En este punto, la directora de la AEPD considera que sería «muy útil» en la lucha contra la corrupción «extender por ley» la posibilidad de interponer denuncias anónimas en cualquier ámbito de la administración pública.

Mar España, que ha respondido a las preguntas de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, ha defendido que una vía para poder reforzar la independencia sería que en el Real Decreto que regulará el Estatuto de la Agencia «se establezcan los requisitos imprescindibles para garantizar la idoneidad» de sus miembros.

La directora de la AEPD, cuyo mandato finalizó hace más de año y medio, ha puesto de relieve que «vulnera la independencia de la Agencia el hecho de que la productividad y el régimen retributivo sea asignado por el ministro de Justicia», como si fuera un organismo dependiente.

El juez encargado de la investigación no descarta que durante la instrucción se añadan nuevos cargos para los dos policías nacionales que se encuentran en prisión provisional por la agresión el pasado viernes, 12 de febrero, a un hombre y a su hija de 14 años en una terraza de un bar Linares (Jaén) cuando los agentes no se encontraban de servicios. A los dos agentes se les investiga inicialmente por un delito de lesiones agravadas.

En concreto, en el auto en el que se ordena la prisión provisional y que ha sido facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el titular del Juzgado número 3 de Primera Instancia e Instrucción señala que es «evidente» «la desproporción» en la actuación de los dos policías, que en el momento de los hechos no se encontraban de servicio.

De esta forma, el juez no descarta que una vez oídos los testigos y según avance la instrucción de la causa «podría dar lugar a que incluso se añadan nuevos cargos a los investigados como el de detención ilegal o tortura».

Para el juez, tras visionar las imágenes difundidas por redes sociales, los dos policías emplearon «una violencia atroz» contra el hombre y su hija hasta el punto de que aun habiendo conseguido reducir en el suelo al hombre, «continúan dándole golpes».

«Es evidente que los detenidos actuaron desproporcionadamente y por tanto ejecutaron hechos susceptibles de reproche penal». Independientemente de quién iniciara la pelea, el juez señala que «no se justifica en absoluto la despreciable agresión perpetrada por los detenidos».

Los dos policías sostuvieron en su declaración que con su forma de actuar sólo querían evitar que el hombre se fuera del lugar hasta que llegara más policía. No obstante, el juez señala que «en su condición de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debieron haber considerado el criterio de oportunidad y proporcionalidad a la hora de tomar la decisión de impedir que el señor Mendoza se fuese del lugar» .

Añade el juez en el auto que los investigados pusieron «en práctica la maquiavélica máxima de que el fin justifica los medios» y la emprendieron a golpes con una persona para supuestamente evitar que abandonara el lugar.

El ingreso en prisión provisión lo justifica afirmando que «es bastante probable que los investigados sientan impulsos de huir de la acción de la justicia ante la elevada entidad de la pena de prisión que se les pudiera imponer».

A dicha sospecha contribuye, dice el juez, «el hecho de que su arraigo familiar sea escaso –no tienen pareja ni descendencia– y su arraigo laboral previsiblemente haya desaparecido puesto que se les ha abierto un expediente disciplinario por la Policía Nacional, siendo probable que estén cautelarmente suspendidos de su empleo, ya que se les ha retirado su arma reglamentaria».

También señala que debe procurarse la finalidad de evitar la ocultación, alternación o destrucción de fuentes de prueba» ya que por su condición de policías «disponen de mayores facilidades que el ciudadano medio para averiguar datos que les permitan influir indebida o ilegítimamente en las fuentes de prueba, principalmente testigos».

Asimismo, señala para argumentar su decisión de ingreso en prisión que la medida va dirigida también a proteger a la víctima. «Si ese sentimiento de impunidad por su condición de policías no es destruido contundentemente es más que probable presagiar que los investigados podrían trata de atentan contra los intereses, los bienes o los derechos» tanto de la víctima como de sus allegados.

Por último concluye que «los investigados, a través de sus actos, han puesto de manifiesto que son incapaces de dar cumplimiento a los mandatos legales y constitucionales, pues en caso contrario no estarían en la situación en la que se hallan».

Los dos policías se encuentran desde este lunes en la cárcel de Sevilla I, en el módulo específico para FIES (fichero de internos de especial seguimiento) 4, que se corresponde con los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La inmigración ha sido «una de las víctimas» de la pandemia de la Covid-19 por las restricciones a la movilidad impuestas por la situación sanitaria y por el «colapso» en la gestión que ha afectado a los migrantes que debían solicitar o renovar sus permisos de residencia y trabajo, según el Anuario CIDOB de la Inmigración 2020.

«Es obvio que la migración es una de las víctimas de las limitaciones de la movilidad», ha precisado uno de los autores del informe y profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Ramón Mahía, este miércoles en rueda de prensa.

El informe, que lleva por título ‘Inmigración en tiempos de COVID-19’, ha sido elaborado por el Centro para Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB) y cuenta con el apoyo de la Fundación ‘la Caixa’, la Diputación de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona.

A nivel internacional, los autores del estudio constatan un «desplome» de los flujos migratorios y, en concreto, en España observan una «drástica contracción» de los mismos ante el cierre de las fronteras aéreas y terrestres, aunque compensada en este caso por un incremento de la inmigración irregular por mar hacia las Islas Canarias.

Además, señalan que los inmigrantes se han visto afectados por un «colapso» en la gestión de la migración porque «hay cosas que no han funcionado y la gestión online no ha llegado a tiempo ni a todo el mundo».

«Algunas medidas de la Secretaría de Estado han sido muy positivas para apagar fuegos mayores en los meses de más confinamiento pero no han logrado evitar cierto colapso en la gestión», ha indicado Mahía, al tiempo que ha criticado que algunos «han aprovechado un poco el Covid para echarle la culpa de casi todo».

El estudio también añade que «la pandemia ha visibilizado de forma rotunda la especial vulnerabilidad de algunos colectivos», especialmente de los trabajadores inmigrantes, como los temporeros o las empleadas del hogar.

La coordinadora de investigación e investigadora sénior de CIDOB, Blanca Garcés, se ha referido en concreto a las «penosas condiciones laborales» y de «vivienda» de los migrantes que trabajan en el sector agrícola; y ha puesto de relieve la «parálisis de la administración por el confinamiento, que ha afectado de modo particular a miles de extranjeros que necesitaban hacer gestiones de extranjería o de asilo, para tener acceso al permiso de residencia, de trabajo o renovarlos».

En cuanto a la llegada de inmigrantes irregulares, Garcés ha destacado que lo que es nuevo es la reapertura de la ruta hacia las Islas Canarias y, sobre las reacciones xenófobas, las ha achacado no solo al propio aumento de las llegadas sino también a «los déficit de coordinación entre administraciones, a la falta de previsión y de infraestructuras», algo que, según ha dicho, se hizo patente en el Muelle de Arguineguín.

Los autores advierten además citando diversos estudios, que el impacto de la pandemia sobre los migrantes no ha sido solo a nivel económico sino también sanitario, pues las condiciones de vida de muchos de ellos y el hecho de trabajar en sectores de primera línea ha provocado que «el riesgo de infección entre los inmigrantes doblara al de la población general».

En esta línea, y en relación a la vacuna contra la Covid-19, los autores, empezando por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona David Moya, han destacado la importancia de que los migrantes irregulares estén dentro de los planes de vacunación. «Cuando en las clases explicábamos por qué tienen que estar dentro del sistema sanitario siempre poníamos el ejemplo de una pandemia», ha comentado Moya.

En todo caso, Ramón Mahía y Blanca Garcés han apuntado dos colectivos con los que podría haber algún problema: los inmigrantes que han llegado en los últimos tres meses y aquellos que son mayores de 65 años que han venido por reagrupación. Si bien, esperan que no se les exija tener un seguro privado y se les vacune al igual que al resto de la población.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha denunciado que, en la actualidad, las personas trans tardan entre 2 y 3 años en poder adaptar su documentación a su identidad.

En este sentido, recuerdan que se les exige que reconozcan que sufren un trastorno mental y años de terapia y hormonación hasta que médicos y jueces «acreditan» que son quienes dicen ser.

La presidenta de FELGTB, Uge Sangil, ha calificado esta situación de «atentado» contra la «dignidad» del colectivo, así como contra los «derechos humanos».

Según ha indicado, «los plazos administrativos generan inseguridad y riesgos» y pide tener en cuenta que es «durante la transición», cuando las personas trans «sufren más problemas» porque «quedan completamente expuestas a múltiples discriminaciones al no tener cambiada la documentación».

DISCRIMINACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES

Así lo recoge, explica la FELGTB, un informe de la Comisión Europea, publicado en junio de 2020, que explica que en el periodo en el que las personas trans no tienen su documentación en función de su género están expuestas a sufrir discriminaciones en el acceso a la salud, a la vida familiar, a una vivienda, y/o el empleo.

Como ejemplo, la entidad pone el caso de Diana, que tras superar las tres fases de una entrevista de trabajo, fue seleccionada para un puesto como grabadora de datos. Sin embargo, cuando le pidieron que presentara su documentación para formalizar el contrato y vieron un DNI masculino, la empresa empezó a ponerle problemas.

«Me dieron todo tipo de excusas como que iba a suponer un problema en Recursos Humanos. Yo les dije que solo tenían que poner mi nombre oficial en la documentación, pero llamarme Diana, pero me dijeron que lo tendrían que solucionar y que me llamarían. Nunca volvieron a llamarme», ha relatado.

AMPLIACIÓN A MIGRANTES Y REFUGIADOS

Sangil recuerda, por otra parte, que las personas sin nacionalidad española que viven de manera estable en España «tienen directamente vetada la posibilidad de cambiar su documentación para que coincida con su identidad, salvo que esperen 10 años hasta nacionalizarse y superen varios obstáculos burocráticos que pueden alargar el proceso varios años más».

Por eso, la presidenta de la federación ha explicado que «una de las líneas rojas» que pone la entidad, «es que el derecho a ver reflejada su identidad a nivel documental sea recogido por ley también para las personas migrantes, solicitantes de protección internacional, apátridas, víctimas de trata o refugiadas.

Además, se trata de un derecho que ya existe en las once comunidades autónomas donde hay ley trans o LGTBI, por lo que, explica Sangil, «solo habría que hacerlo extensible a las competencias estatales».

Mientras esto no ocurra, denuncia la FELGTB, las personas trans están completamente expuestas a la arbitrariedad, la voluntad, incluso a la ideología de sanitarios, jueces o del personal administrativo».

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado penas de prisión de hasta cuatro años y nueve meses de prisión para cinco miembros de una banda que en mayo de 2017 se concertaron para tratar de introducir a través del puerto de Almerimar en El Ejido (Almería) más de 85 kilos de hachís para su distribución a terceros.

El Alto Tribunal andaluz ha desestimado los recursos de apelación elevados por las defensas de los acusados salvo uno, que fue estimado parcialmente, lo que reduce en ocho meses la pena de prisión para J.F.R.P. al decaer un delito contra la seguridad vial puesto que no quedó suficientemente acreditado que pusiera en peligro la vida de los viandantes cuando trató de huir de la Guardia Civil antes de ser detenido.

El fallo da por probado que M.L.B. compró una embarcación en abril de 2016 para poder llevar a cabo su plan junto con los otros cuatro acusados, entre los que se dividió las funciones para hacerse con un alijo de hachís con el que traficar posteriormente.

Así, fue en la madrugada del 8 de mayo del año siguiente cuando F.A.C. y E.S.F., ambos con antecedentes penales, acudieron al puerto deportivo de Almerimar y zarparon en la embarcación hacia alta mar donde recibieron de terceras personas una cantidad de hachís.

Una vez recibido el cargamento, volvieron al puerto sobre las 22,00 horas del mismo día y atracaron el barco del que salieron con una nevera de playa y un macuto azul para montar el coche de otro de los participantes en la trama. Fue al día siguiente cuando los dos acusados volvieron al barco en el que se citaron con M.L.B. y con L.A.C. para realizar gestiones que les permitiera transportar el hachís y ocultar el reto.

Estos cuatro acusados, que tenían sus vehículos y la embarcación a nombre de terceras personas ajenas a los hechos, debían ser protegidos mientras por J.F.R.P., quien desarrollaba con un vehículo de alta gama labores de vigilancia en los alrededores con «recorridos repetitivos alrededor del puerto» para avisar de la eventual presencia de la Guardia Civil.

No obstante, cuando F.A.C. y L.A.C. abandonaban el barco con varias neveras azules «repletas de tabletas de hachís envueltas en cinta marrón» fueron sorprendidos por los agentes antes de que pudieran montarse en su coche. Apenas una hora después de estas detenciones apareció M.L.B. quien, a ver a los agentes uniformados junto al barco, trató de huir a gran velocidad «realizando maniobras evasivas que ocasionaron peligro de atropello a dos viandantes». El sospechoso fue detenido tras entrar en una calle sin salida.

En este caso, además de por un delito contra la salud pública y otro contra la seguridad vial, el TSJA confirma un tercer delito de amenazas por parte de M.L.B., quien reconoció al sargento jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de Almería y le dijo «hijo de puta, te voy a matar; es la tercera vez que me detienes» al tiempo que le amenazó con hacerle daño a él y a su familia.

Por su parte, J.F.R.P., que hacía las labores de vigilancia, fue arrestado tras verse perseguido por los agentes tras intentar huir, de modo que llegó hasta la rotonda de acceso al Puerto de Almería, en la capital.

El registro practicado en el barco al día siguiente bajo autorización judicial permitió encontrar en la zona de cocina un doble fondo bajo un sillón, en el que se encontraron once paquetes de hachís envueltos en cinta marrón; mientras que en la zona de la sentina de la embarcación se halló otro doble fondo, con 15 paquetes similares. También se encontró en la zona del depósito de combustible otro doble fondo con nueve paquetes similares.

Así, los agentes intervinieron en total 85,5 kilos de hachís que habrían alcanzado en el mercado ilícito un valor de más de 136.500 euros.

Esquerra (ERC) y la CUP se han reunido este miércoles a las 14.00 horas para iniciar las negociaciones de cara a la formación del Govern y la investidura, y se han emplazado a una segunda reunión la semana que viene para continuar negociando.

Lo han explicado en sendos comunicados, en los que han explicado que los dos partidos han valorado los resultados de las elecciones del 14 de febrero y han coincidido en resaltar «la victoria» del independentismo de izquierdas.

Por parte de ERC han participado los miembros del equipo negociador que designaron el lunes: Marta Vilalta, Josep Maria Jové, Sergi Sabrià y Laura Vilagrà, y por parte de la CUP han asistido los diputados electos Carles Riera, Eulàlia Reguant, Pau Juvillà y Xavier Pellicer.

En el comunicado de los republicanos, han destacado que las dos formaciones han hecho un análisis de los resultados compartiendo «tanto la victoria del independentismo como el hecho de que el movimiento político crece por la izquierda».

ERC también ha sostenido que los negociadores han intercambiado puntos de vista sobre la situación económica y social, y sobre el camino que habrá que seguir hacia la independencia a partir de ahora.

Ha definido la reunión como un «primer encuentro para abrir las vías de la negociación, que ha servido para tomar la temperatura a las relaciones de los dos partidos y establecer las primeras bases de la futura negociación».

PRÓXIMAS REUNIONES

Fuentes de ERC han explicado que, tras esta primera reunión con la CUP, el siguiente paso de los republicanos será establecer los «primeros contactos» con Junts y los ‘comunes’, aunque todavía no están agendados estos encuentros.

El objetivo de ERC es alcanzar un acuerdo rápido para formar gobierno lo antes posible y la fórmula que pretende es una alianza con Junts, CUP y ‘comunes’, aunque se antoja difícil, ya que los de Laura Borràs y los de Jéssica Albiach se vetan mutuamente.

«GIRO HACIA LA IZQUIERDA»

Por su parte, la CUP ha apuntado que el encuentro ha servido para realizar un intercambio de puntos de vista sobre los resultados y los posibles escenarios a corto, medio y largo plazo, «constatando que los resultados del pasado 14F evidencian una voluntad clara de la población de un giro hacia la izquierda en las políticas en Cataluña y de un avance hacia la república catalana».

Los ‘cupaires’ también han explicado que tienen previsto reunirse en los próximos días con varias organizaciones, agentes cívicos y sociales, y entidades para «abordar temas de vital importancia para este nuevo ciclo», además de que esperan reunirse con los comuns y Junts próximamente.

Asimismo, la CUP pondrá a debate de sus bases la valoración de los resultados de las elecciones del 14 de febrero y «el programa social que planteará a las otras formaciones políticas».

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha explicado este miércoles que estudiarán líneas de actuación de confluencia de cara al futuro y de reagrupación del «espacio político constitucionalista» alrededor de su partido, al lamentar que haya quedado minimizado en el Parlament tras las elecciones del 14 de febrero.

Así lo ha manifestado en una intervención telemática tras la reunión de la dirección del PP catalán, después de que en los comicios no lograran sus dos objetivos: aumentar su representación parlamentaria –ha pasado de 4 diputados a 3– y disponer de grupo propio.

Para intentar revertir esta situación, Fernández ha anunciado que iniciarán una ronda de contactos con «todas las entidades constitucionalistas» para escuchar sus propuestas y para saber en qué han fallado a la hora de movilizar este espacio.

También ha explicado que estudiarán líneas de acción de confluencia de cara al futuro, que no ha desvelado, para reagrupar alrededor del PP este espacio político con el objetivo de convertirse «en una alternativa».

SUSTITUCIÓN DE SERRANO

En las próximas semanas, el partido reestructurará su comité ejecutivo con la sustitución del antiguo secretario general, Daniel Serrano, que renunció a todos sus cargos tras ser investigado por una presunta agresión sexual.

Además, en cooperación con la dirección estatal del PP, harán suyo el plan de implantación territorial que se quiere impulsar, y mantendrán las iniciativas parlamentarias en ámbitos como la libertad educativa, el rechazo a la ocupación ilegal, la defensa de una fiscalidad moderada y en seguridad ciudadana, orden y civismo.

Todo ello después de asegurar que las noticias relacionadas con el extesorero del PP Luís Bárcenas han condicionado la campaña de su partido así como la baja participación en los comicios, lo que ha acabado afectando «al PP y al votante constitucionalista».

«El espacio político del constitucionalismo europeísta y liberal aparece débil ante el electorado. Nuestro reto es fortalecerlo porque ha quedado perjudicado y en una posición muy reducida en el Parlament», ha lamentado.

En su opinión, dicho espacio es el «gran damnificado del proceso soberanista», y vaticina que la polarización en la sociedad catalana dificultará generar espacios de gobierno que den estabilidad, crecimiento económico y prosperidad.

CONDENA LOS ACTOS «VANDÁLICOS»

También ha aprovechado su intervención para condenar «los actos vandálicos y salvajes» acontecidos en varios puntos de Cataluña por la detención e ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel, que dejaron tres detenidos en la ciudad de Barcelona, cuatro en Vic (Barcelona), y otros ocho en Lleida.

«Esto es incompatible con las sociedades occidentales modernas. Todo nuestro apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad de todas las administraciones, y exigimos que a los políticos que sean diligentes y garanticen la seguridad ciudadana», ha zanjado.

La plataforma hispalense contraria a las inmatriculaciones ha reclamado «deshacerlas» y que monumentos como la Catedral y la Giralda, declaradas Patrimonio Mundial en 1987, sean calificadas como bienes de dominio público a nombre de alguna de las administraciones públicas de manera compatible con los cultos.

Así se ha manifestado ante el informe remitido por el Gobierno central al Congreso de los Diputados sobre los 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia católica a su favor entre 1998 y 2015, la gran mayoría de ellos exclusivamente mediante una certificación eclesiástica (262 bienes en el caso de la provincia de Sevilla).

Guillermo Casellas, portavoz de la plataforma constituida en Sevilla para reclamar el listado de bienes «inmatriculados» por la Iglesia Católica a su favor pese a carecer de título de propiedad sobre los mismos, ha explicado a Europa Press que a los colectivos involucrados en esta empresa les ha costado «Dios y ayuda» convencer «al Gobierno y al Grupo socialista del Congreso» para llevarla a cabo, avisando de que la iniciativa ha quedado «en parte en agua de borrajas» al no ser cumplidos todos los compromisos «anunciados».

Es decir, que por parte del Gobierno central sigue pendiente una «actuación seria» ante la Conferencia Episcopal para solucionar la situación que revela el mencionado «listado» de bienes inscritos a su favor por la Iglesia católica merced al mecanismo habilitado aquellos años por el entonces Ejecutivo central del popular José María Aznar, según ha dicho.

Al respecto, Guillermo Casellas ha expuesto como ejemplo que la Catedral de Sevilla y su Giralda eran hasta entonces «bienes comunales», es decir «del pueblo, de nadie» en concreto y por ello «de todos», si bien tal calificación no ha de ser «confundida con la de bien de dominio público».

INMATRICULACIÓN «POR LA CARA»

Tal era la situación, según sus palabras, hasta que el Arzobispado hispalense inmatriculó tales monumentos «por la cara» a su favor mediante dicho mecanismo estatal.

«Ningún papel dice que la Catedral tenga una escritura pública» sobre su propiedad, ha enfatizado Casellas, llamando a «deshacer» las mencionadas inmatriculaciones y «aprovechar» este punto de inflexión para «evitar que esto vuelva a ocurrir». Para ello, apuesta por calificar monumentos como la Catedral y la Giralda como «bienes de dominio público» inscritos a favor de alguna de las administraciones públicas, según «el modelo francés o portugués».

Todo ello, según ha aclarado el portavoz de la plataforma, compatibilizando dicha medida con la celebración de cultos en los templos objeto de dicha revisión.

El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, exportavoz en el Parlament de Cataluña, ha afirmado este miércoles que en su partido deben analizar los errores que han cometido y que les han llevado a perder 30 escaños en las últimas elecciones autonómicas en Cataluña y después tomar decisiones, pero ha defendido que en este momento no toca hablar de dimisiones y destituciones.

«Volveremos a ser una fuerza política decisiva en Cataluña. Tenemos que corregir los errores y eso hay que hacerlo con análisis, pero no como la Reina de Corazones de Alicia, ‘que le corten la cabeza'», ha dicho en una entrevista en Teve.cat.

A su juicio, en política hay que actuar siempre con «sensatez» y «sin evitar los análisis, las críticas y las decisiones». «Pero hay que tomarlas cuando corresponde y creo que el momento no es ahora. Ahora es el momento de empezar a analizar», ha añadido. Considera que su partido, que «lo ha dado todo en Cataluña desde 2006», ha sufrido un «impacto emocional» por el fracaso electoral y debe «restañar las heridas» para poder seguir avanzando».

ESPERABAN OBTENER ENTRE 12 Y 14 DIPUTADOS

Cañas ha dicho que el resultado obtenido por la formación naranja en Cataluña el pasado 14 de febrero es «malísimo, sin paliativos», y ha reconocido que para él y sus compañeros fue «inesperado». «Yo el domingo estaba en shock total», ha admitido, agregando que le parece un resultado «inmerecido» porque los 36 diputados que tenía Cs en el Parlament hicieron «un grandísimo trabajo» durante la anterior legislatura.

«En 2017 paramos el golpe de Estado en Cataluña y hemos cambiado la política catalana, pero no hemos conseguido mantener el apoyo que recibimos no ya en 2017, sino el de 2015 o el de 2012», ha detallado. Tras perder unos 950.000 votos respecto a las elecciones de hace tres años, Ciudadanos se ha quedado con seis diputados en el Parlament, por debajo de los nueve que consiguió en 2012.

El eurodiputado cree que el escaso número de escaños obtenidos por su partido se explica en parte por la baja participación en los comicios del domingo, que fue del 53,42%

«Si la participación hubiera estado en torno al 60% o al 65%, probablemente hubiéramos estado en torno a los doce o catorce diputados, que era lo que nosotros, más o menos, teníamos analizado», ha explicado, señalando que en ese escenario habrían sido la cuarta fuerza más votada aun perdiendo más de 20 diputados.

Cañas piensa que, tras la caída de la intención de voto a raíz de las elecciones generales de noviembre de 2019, para Ciudadanos era «imposible» repetir el éxito logrado en 2017, cuando ganó las elecciones en Cataluña –aunque sin poder gobernar por falta de una mayoría parlamentaria– con una participación récord del 79,09%. Según ha precisado, Cs recibió entonces 1.100.000 votos, mientras que el PSC ha vencido ahora con solo 600.000.

LA BAJA PARTICIPACIÓN «NO LO EXPLICA TODO»

Aunque sostiene que la baja participación ha influido en el mal resultado de Cs, ha admitido que eso «no lo explica todo» y que también habrá habido «errores propios». «Hay que hacer un análisis muy profundo de lo sucedido», sin buscar «excusas», para poder «recuperar la confianza de los ciudadanos» y «crecer hasta el punto de que podamos determinar mayorías de gobierno», ha afirmado.

Por otro lado, ha indicado que al ganador de los comicios, el socialista Salvador Illa, «le han hecho un campañón impresionante», con «todo el Estado y los medios de comunicación. «A un señor que viene prometiendo gestión cuando ha sido el peor gestor sanitario en el gobierno que es el peor gestor económico de Europa. Y eso ha colado», ha lamentado.

Sobre la decisión de la actual presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de no intentar ser investida como presidenta de la Generalitat tras ganar los comicios de 2017, Cañas ha contado que no lo hicieron porque sabían que Arrimadas no tendría apoyos suficientes ya que el PSC les adelantó que no votaría a favor.

«Seguramente pecamos de ingenuos no forzando esa situación. Quizás ese excesivo respeto hacia el elector y no convertir los parlamentos en cajas de resonancia de cara exclusivamente al beneficio del partido», ha manifestado.

Cañas ha indicado que en aquel momento justificó que Arrimadas no presentara su candidatura en el Parlament. «Ahora, pasados cuatro años, ¿probablemente nos equivocamos? Si, seguro», ha agregado.

DESCARTA VOLVER AHORA A LA POLÍTICA CATALANA

Por último, el exdiputado catalán ha subrayado que el portavoz y el presidente del grupo parlamentario en Cataluña «va a ser Carlos Carrizosa», que es quien concurrió como candidato a las elecciones, y ha descartado la posibilidad de que él vuelva ahora a la política catalana o nacional.

Yo me presenté a unas elecciones al Parlamento Europeo y pedí a la gente que me votase para ir a trabajar al Parlamento Europeo. Eso son cinco años y me quedan tres años y medio. Esa es mi responsabilidad», ha declarado. A continuación, ha dicho: «Si algún día el partido me quiere dar otra (responsabilidad), yo soy un hombre de partido» y «siempre hará lo que me digan».