Más de 1.000 vídeos de abuso sexual infantil y 48 millones de visualizaciones. La investigación de Maldita.es sobre TikTok ha llevado al Ministerio de Juventud e Infancia a pedir a la Fiscalía que actúe y a plantear la paralización de la plataforma en España.
La investigación se publicó este lunes tras 35 días de trabajo de campo. El equipo entrenó el algoritmo, usó el buscador, entró en directos grabados por menores y siguió a los vendedores de material hasta Telegram y Zangi. El resultado... más de 200 perfiles y 1.000 vídeos o imágenes explícitas, con 48 millones de visualizaciones.
El medio concluye que ese contenido no vive en un rincón de la aplicación, sino que son el buscador y el sistema de recomendación los que llevan hasta él, y en los directos es común el acoso a menores en sus casas y colegios. Las monedas y los regalos convierten ese acoso en negocio, también para TikTok.
Por todo ello, Maldita denunció las pruebas ante la Fiscalía de Criminalidad Informática. A esa vía se ha sumado el Ministerio que dirige Sira Rego con un escrito a la Fiscalía General del Estado, que traslada la información publicada para que el Ministerio Público adopte las medidas necesarias para proteger a los menores afectados.
El ministerio pide investigación, exige explicaciones a la plataforma y deja abierta la suspensión de la aplicación en España
El departamento habla de "extrema gravedad" y de "graves deficiencias" en la detección y moderación de contenidos, y añade una posibilidad que va un paso más allá de la denuncia: paralizar los servicios de TikTok en España si así se considerase oportuno.
La ministra ha pedido además una reunión urgente con los representantes de TikTok en España para conocer sus explicaciones y las medidas previstas. La semana pasada, en la jornada De la prevalencia a la prevención, resumió su enfoque: "Nuestra responsabilidad política nunca ha sido la de limitarnos a condenar la violencia, sino que empieza por asumir los cambios necesarios para evitar que se produzca".
Paralizar TikTok en España: qué se puede decidir y qué no
Hay que separar dos cosas. Pedir a la Fiscalía que investigue no es una sanción, sino una solicitud para que el Ministerio Público abra diligencias si lo estima pertinente. Suspender una plataforma tampoco es una decisión que se firme en un despacho nacional, ya que el reglamento europeo de servicios digitales, conocido como DSA, reparte esa competencia entre los coordinadores nacionales y la Comisión Europea.
En ese contexto, las grandes tecnológicas están obligadas a retirar contenido ilícito con rapidez y a evaluar los riesgos de su propio diseño. Si no lo hacen, Bruselas puede abrir expedientes y sancionar con hasta el 6% de la facturación mundial. Hasta ahora ese camino ha servido para presionar, pero ninguna red social ha sido suspendida por completo en la UE.
¿Qué cambia entonces para el usuario? De momento, nada en su móvil. Lo que hay es una investigación periodística, un escrito a la Fiscalía y una reunión pendiente. La presión política sí puede traducirse en algo tangible: más obligaciones de moderación, verificaciones de edad o límites a los directos, donde la investigación sitúa parte del acoso.
Vulneración de los derechos de la infancia
El contexto ayuda a medir el problema. La semana pasada se presentó un estudio de la Universitat de Barcelona, con 6.010 hombres adultos entrevistados, según el cual el 10,2% ha ejercido alguna vez violencia sexual sobre un menor. Ese es el marco en el que el ministerio sitúa su ofensiva.
Las posturas están claras. El ministerio sostiene que los hechos podrían constituir una vulneración de los derechos de la infancia por parte de la plataforma y reclama una respuesta 'inmediata y coordinada' en España y en Europa. TikTok defiende que prohíbe de forma permanente las cuentas que publican este material; la investigación afirma que muchos vídeos seguían disponibles después de ser denunciados.
En cualquier caso, el ministerio no ha detallado cuándo se celebrará la reunión ni qué hará si la respuesta no le convence, y la Fiscalía no ha anunciado diligencias. Ni la reunión ni la posible suspensión tienen fecha, y sobre la mesa queda la suspensión.
