La dirección de Ciudadanos asegura que las críticas por el hundimiento del partido en las elecciones del pasado 14 de febrero son minoritarias en la Ejecutiva nacional del partido y que la gran mayoría de sus miembros han cerrado filas con la presidenta, Inés Arrimadas, y con el resto de la cúpula.

Según fuentes de la dirección, en la reunión que mantuvieron el pasado lunes los 36 integrantes del Comité Ejecutivo, solo uno pidió la dimisión del vicesecretario primero y director de la campaña electoral, Carlos Cuadrado, otro propuso recortar sus funciones y otro apostó por cambiar la estrategia del partido, mientras que los otros 33 expresaron su apoyo a quienes gobiernan el partido.

Además, las fuentes indican que la conclusión de ese encuentro, en el que se analizaron las causas del resultado en Cataluña –donde Cs ha perdido 950.000 votos respecto a 2017 y ha bajado de 36 escaños a seis–, fue que en el partido «no sobra nadie» y que deben estar «más unidos que nunca». Aun así, recuerdan que la única persona que puede apartar a alguien de su cargo es Arrimadas, que es quien realmente «manda» en el partido y quien toma las decisiones, sin ser «títere» de nadie.

En la dirección de Ciudadanos señalan que los más críticos en la reunión del lunes por lo ocurrido el 14-F no fueron quienes proceden de Cataluña, sino dirigentes de otras comunidades autónomas. Y añaden que, aunque puedan ser figuras «mediáticas o relevantes», al final esas voces representan «una minoría» en la Ejecutiva.

Sobre la posibilidad de ampliar el Comité Permanente para incluir a miembros de la Ejecutiva nacional y que puedan participar en las decisiones de ese órgano, desde la dirección dicen que Arrimadas habla por teléfono cada semana con los líderes autonómicos y que, en cualquier caso, a muchos de ellos les resultaría imposible asistir cada lunes a las reuniones porque están centrados en su labor de gobierno.

LA SALIDA DE ARRIMADAS DEL PARLAMENT PARA IR AL CONGRESO

Por otro lado, las fuentes destacan que uno de los factores que explica los malos resultados en Cataluña es la estrategia que aplicó la anterior Ejecutiva, liderada por Albert Rivera, y que hizo posible los éxitos de los comicios autonómicos y municipales de 2019 que le llevaron a ocupar varias vicepresidencias regionales y vicealcaldías.

«Se apostó por un proyecto nacional que se sabía perfectamente que iba a perjudicar» en el ámbito catalán, afirman las citadas fuentes, que explican que el objetivo que se marcaron fue superar al PP y convertirse en el partido de referencia del centroderecha en España.

Según precisan, esa estrategia incluía que Arrimadas, que había ganado las elecciones en 2017, dejara su escaño en el Parlament y concurriera a las elecciones generales de abril de 2019 para acompañar a Rivera en su intento de llegar a la Moncloa.

Pese a las consecuencias que eso ha tenido ahora, en la cúpula de la formación naranja siguen pensando que esa decisión fue acertada y recalcan que no la tomó solo Rivera, sino que fue respaldada por toda la Ejecutiva de entonces, en la que estaban muchas de las personas que ahora forman parte de la Ejecutiva de Arrimadas.

También piensan que el hecho de mantener el mismo discurso en toda España, sin cambiarlo en función de cada comunidad autónoma, les puede haber perjudicado, porque puede haber determinadas cuestiones que «se entiendan peor» en Cataluña o en el País Vasco.

LA BAJA PARTICIPACIÓN ELECTORAL

En este sentido, en Cs ya eran conscientes de que en los comicios catalanes iban a sufrir una caída importante en el número de escaños, aunque admiten que no esperaban que la participación fuera tan baja –el 53,42%– y sostienen que si hubiese alcanzado el 65%, habrían quedado por encima de Vox.

«Se dijo: hay que movilizar a nuestro votante, porque si no, sufriremos», comentan, agregando que era difícil convencerles de que fueran a votar porque previamente el propio partido había defendido que los comicios no debían celebrarse en estas fechas, en plena tercera ola de la pandemia del coronavirus.

Asimismo, reconocen que era «imposible» conseguir algo que se considerase un buen resultado cuando la referencia eran los 36 escaños de 2017 y cuando ya en las generales de abril, el porcentaje obtenido por Ciudadanos en Cataluña fue de un 11,5%, lejos del nivel de respaldo conseguido en otras comunidades autónomas.

Por todo ello, en la dirección de la formación naranja concluyen que la debacle electoral del pasado domingo «no es por los quince días de campaña ni por este año de la nueva Ejecutiva». Y de todas formas, dan mucho valor a los seis escaños conseguidos y se muestran convencidos de que esto no supone el comienzo del fin de Cs y que con el tiempo volverán a recuperar la confianza de los catalanes.

NO ES MOMENTO DE INTENTAR «HACER DAÑO»

Respecto a la posibilidad de que un sector de afiliados descontentos planteen una moción de censura contra Arrimadas, en la dirección afirman que si son suficientes, lo podrán hacer, porque así está contemplado en los Estatutos.

Sin embargo, no creen que sea el momento de aplicar este mecanismo ni de convocar un congreso extraordinario, pues la última Asamblea General ordinaria se celebró la pasada primavera. «Cualquiera que realmente quiera a este proyecto no debería estar pensando en hacernos daño entre nosotros», manifiestan, defendiendo que en este momento complicado es necesario estar «cohesionados».

Por otro lado, en la dirección de Ciudadanos defienden al candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, al que describen como un «héroe» por haber asumido este papel y haberlo «dado todo» en la campaña sabiendo que no lo iba a tener nada fácil.

El Comité Europeo de las Regiones (CdR) ha defendido este miércoles que el Pilar Europeo de Derechos Sociales «debe formar parte del ADN» de la Unión Europea y ha reclamado un plan de acción «claro y ambicioso» con el apoyo de todas las administraciones.

En un comunicado, las regiones y las ciudades esperan que la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales lance un «mensaje contundente» para los Jefes de Estado y de Gobierno que se reunirán en Oporto los días 7 y 8 de mayo. «Para que intensifiquen sus ambiciones y garanticen una transición justa tras la Covid-19», defendieron en un debate con el representante de la Presidencia portuguesa del Consejo Europeo.

En esta línea, la Presidencia portuguesa ha pedido a la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura (SEDEC) del CDR que prepare un dictamen sobre la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales «desde una perspectiva local y regional. Ese escrito, en concreto, «destacará el papel central del Pilar en la recuperación» y la adaptación de Europa «a las transiciones ecológica, digital y demográfica. Está previsto que se apruebe en el pleno de mayo, días antes de la Cumbre Social de Oporto.

«El Pilar Europeo de Derechos Sociales debe formar parte del ADN de la Unión Europea, para combatir la injusticia social, crear resiliencia ante las crisis y ayudar a las personas a superar la transición ecológica y digital. Ya es hora de que lo pongamos de manera coordinada en toda la Unión Europea», ha reclamado la presidenta del SEDEC, Anne Karjalainen, concejala de Kerava y ponente del próximo dictamen.

En este sentido, ha defendido que «el plan de acción para la aplicación» del pilar «debe ser claro y ambicioso, con objetivos vinculantes para supervisar eficazmente los avances». «También debe reconocer plenamente el papel de los entes locales y regionales en la aplicación de los principios del pilar sobre el terreno, garantizando la equidad y la inclusión», ha apuntado.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social del Gobierno portugués, Gabriel Bastos, ha declarado que «dada la proximidad del CDR a los ciudadanos y la comprensión de la realidad sobre el terreno, su contribución y aportación serán la clave para aplicar el Pilar Europeo de Derechos Sociales y cómo modular y afinar las políticas sociales».

El director general de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea Social e Inclusión, Joost Korte, ha subrayado que el Pilar de Derechos Sociales «debe estar en el centro de los esfuerzos coordinados de recuperación de la UE y acompañar a las transiciones digital y verde». Ha confirmado que el plan de acción incluirá objetivos cuantificables para 2030 para los Estados miembros dentro del semestre europeo y a través de un Cuadro de Indicadores Sociales.

Los miembros del SEDEC también debatieron la propuesta de la Comisión Europea de un proyecto de directiva que pretende garantizar salarios mínimos adecuados para todos los trabajadores de la UE, siendo éste uno de los 20 principios del Pilar Social.

«Los trabajadores con salarios bajos, especialmente los jóvenes, los poco cualificados y los empleados precarios, se han visto especialmente afectados por la crisis y también tiene un impacto negativo en los salarios. Por ello, hay que apoyar un marco europeo de salarios mínimos para garantizar una mejor protección de los trabajadores en el futuro, reforzar la cohesión social y evitar la pobreza laboral, así como la fuga de cerebros de las regiones con salarios especialmente bajos», ha recordado el gobernador de Carintia y ponente del proyecto de dictamen del CDR, Peter Kaiser.

El alcalde de Cluj-Napoca, Emil Boc, ha presentado su proyecto de dictamen sobre el Espacio Europeo de la Educación que la Comisión Europea espera que se realice antes de 2025. El mismo hace hincapié en la necesidad de determinar «las necesidades regionales de educación y reducir las actuales disparidades educativas entre las zonas rurales y las urbanas».

«El Espacio Europeo de la Educación es la clave para conseguir mejores empleos y mejor pagados en la UE. Es la clave para disminuir la intolerancia, mejorar la aceptación y reforzar la identidad europea. Hará una Europa más fuerte desde una perspectiva ascendente y, al final, el Espacio Europeo de la Educación es la clave para una mejor democracia en toda la Unión Europea», ha expresado Boc.

La exasesora de Podemos Dina Bousselham ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza separada número 10 de Tándem –pieza Dina– por la que acordaba que la Policía Científica informara si era «técnicamente posible el acceso a la información contenida en la tarjeta SD» que le fue sustraída en 2015. Bousselham entiende que es una diligencia de prueba «innecesaria e inútil»y que hay un interés «desmedido y no disimulado» del juez en atribuir un delito de daños informáticos al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

En un escrito de 18 páginas y fechado el 15 de febrero, la abogada de Bousselham, Marta Flor, apunta que con este movimiento del Juzgado Central de Instrucción número 6, encaminado a comprobar si hubo un presunto delito de daños informáticos, el juez Manuel García-Castellón «aparta nuevamente la investigación de una presunta organización criminal».

Recuerda que el Tribunal Supremo cuando devuelve la causa a la Audiencia Nacional en enero, interesa la ampliación de la pericial sobre la tarjeta ante el desconocimiento de las conclusiones extraídas en el informe de Asuntos Internos (UAI) ya que, añade, el juez instructor «omitió las conclusiones sobre vestigios» de esa unidad policial en su exposición razonada por la que mandó la causa al Supremo.

La letrada, que interesa que se cite de nuevo a Bousselham «para ratificarse en lo ya manifestado», incluye en su escrito las conclusiones de Asuntos Internos sobre la tarjeta y reitera que «ya ha quedado acreditado que los daños que presenta se causaron por un exceso de lijado, compatible con la técnica utilizada por los laboratorios especializados en recuperación de información».

LIJADO EXCESIVO

Incide en que ese extremo ya fue confirmado además por el técnico que trato de recuperar los datos, y quien resaltó en la contestación a la Orden Europea de Investigación (OEI) que cuando llegó la micro tarjeta SD a su empresa «estaba físicamente intacta». «A la vista de lo manifestado, resulta cuanto menos inútil e impertinente, acordar una nueva pericial sobre los extremos ya examinados por la Policía Científica en su informe nº19-52029 sobre vestigios digitales», incide Flor.

Al hilo, indica que del informe de la UAI se deduce que esa unidad no cuenta con más medios para recuperar los datos, pero apunta que eso no significa que esté inservible, «sino que no se puede leer de un modo habitual o acceder a su contenido como consecuencia del lijado excesivo de la misma».

Con todo, Flor añade que el objetivo del juez de conocer la fecha del último acceso a la tarjeta se antoja «imposible» teniendo en cuenta que la policía concluyó que el lijado afectó al pin «de la señal ALE» por lo que no puede realizarse la lectura del chip de memoria.

Y vuelve a citar ese informe de la UAI para recordar que ya dejaron por escrito que no era posible determinar si existían daños previos a la discontinuidad encontrada en el vestigio, partes afectadas o momento en que se produjeron». «No se ha acreditado la existencia de ningún daño, deterioro, borrado o eliminación, producido en la tarjeta con anterioridad a su lijado en la empresa de recuperación de datos», señala con el objetivo de echar por tierra un posible delito de daños informáticos por parte del líder de Podemos, pablo Iglesias.

EL JUEZ ABOGA POR UNA «CONCRETA ALTERNATIVA»

«Resulta de todo punto innecesaria e inútil la reiteración de diligencias de investigación que ya constan realizadas», apunta, para luego recordar que ya la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional en fecha de 16 de septiembre de 2020 indicó que no estaba acreditado que Iglesias devolviese dañada la tarjeta a Bousselham y que la exasesora había referido que la misma no funcionaba y no tuvo acceso completo a ella a pesar de haber accedido inicialmente.

Por eso, la letrada reprocha de forma contundente a García Castellón que no arranque las nuevas diligencias por las vías que le indica el Supremo, y le recuerda que en el fundamento de derecho quinto del auto de 27 de enero de 2021 se le apunta que abandona líneas de investigación «para abogar como realidad acaecida una concreta alternativa sin mayor plausibilidad».

Por eso, Flor le acusa de tener «un interés desmedido y no disimulado de atribuir un delito de daños informáticos a una de las víctimas del proceso –Iglesias– frente a la que no se ha ejercitado ninguna acción». Y le afea que no acuerde diligencias dirigidas a esclarecer la participación de los investigados en los hechos delictivos.

AUSENCIA DE DENUNCIA: FALTA DE PROCEDIBILIDAD

Por otro lado, le recuerda al juez que Bousselham no ha interpuesto querella, ni denuncia, ni ha instado acciones contra Iglesias, y que acepta el hecho de que el líder ‘morado’ «entrara en conocimiento de los archivos de la tarjeta de su titularidad, puesto que, entreotros, gran parte de lo contenido en el teléfono móvil procedía de su trabajo en la organización y dada la confianza existente entre ambos».

Además, indica que el móvil contenía fotos e información personal y bancaria de Iglesias, y que a pesar de que el móvil no era propiedad del partido lo usaba indistintamente para su labor profesional y para el ámbito personal. Y excusa que Iglesias no le entregara la tarjeta de manera inmediata en enero de 2016 cuando se la entregó el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, «dada la confidencialidad en la que fue recibida y habida cuenta de sus obligaciones públicas y electorales en aquellas fechas».

Tras señalar que el juez en su auto incurre en una ausencia de justificación de la diligencia acordada, apunta que tras las declaraciones practicadas a las víctimas –Iglesias y Bousselham– y a los investigados, todos señalan que entre la fecha del robo (noviembre de 2015) y la publicación en medios en julio de 2016 «ya existía y era notoria una investigación de carácter policial o ‘parapolicial’ sobre la presunta financiación ilegal de Podemos» y sobre el propio líder de la formación.

REMITIR OFICIO A LA DAO

Y recuerda que Villarejo apuntó en su declaración que por ese motivo entregó a la Dirección Adjunta de la Policía (DAO) el pendrive que le entregan a él los periodistas investigados en esta causa junto con una nota informativa.

«Sorprendentemente, el instructor, no realiza ni una pesquisatendente a obtener el pendrive que estuvo en poder de los periodistasy Villarejo, denegando sistemáticamente nuestras solicitudes deremitir oficio a la DAO, a los fines de esclarecer si la información se trasmitió por conducto oficial a la Policía, así como aseverar la existencia o no de una investigación contra el señor Iglesias», añade Flor.

Además, menciona informaciones periodísticas que ya pusieron en conocimiento del juez, y que indicaban que 72 horas después de producirse el robo de la tarjeta, los datos bancarios que contenía aparecen en el conocido como informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) que fue remitido al DAO. Y lamenta que pese a pedirlo durante la instrucción, el juez no ha requerido oficio a la Policía para indagar en ese hecho.

Por eso, concluye afirmando que la instrucción de la pieza 10 «ha sido un mero instrumento para el esclarecimiento de hipótesis alternativas ajenas a los hechos investigados» que además, añade, no se apoyan en indicio alguno y carecen de base fáctica.

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha manifestado que el cambio de ubicación de la sede nacional del PP «puede simbolizar un ruptura con el pasado», y ha reconocido que también «puede ser un hito en ese camino de Pablo Casado hacia la presidencia del Gobierno».

En declaraciones al programa ‘Cuatro al Día’ recogidas por Europa Press, López Miras se ha mostrado convencido de que la nueve sede será «más funcional y abierta» y representará el actual proyecto de los ‘populares’, que ha definido como «de centro, liberal, moderado y sensato».

No obstante, el jefe del Ejecutivo murciano ha asegurado que «no le da mayor trascendencia a este hecho» que la que «se está dando en ciertos debates» en los que ha tildado la polémica sobre el cambio de ubicación de «excesiva».

«El cambio de sede va a ser bueno por lo que va a representar, por lo que va a significar y por otras muchas cuestiones internas del partido», ha dicho el dirigente del PP, tras lo que se ha mostrado seguro de que la decisión será refrendada por la junta directiva de su partido. Al respecto, López Miras ha recordado que en 2018 la secretaria general del PP y la vicepresidenta del Gobierno «de entonces» ya hablaron de un posible cambio de sede y «nadie dijo nada».

REFUNDACIÓN DEL PP

Por otro lado, López Miras se ha referido a las declaraciones que el eurodiputado del PP José María García-Margallo ha hecho sobre un «proyecto atractivo para el centro-derecha», y que ha dado lugar a especulaciones sobre la refundación del PP con otros partidos como Ciudadanos.

López Mirás no ha querido entrar en la valoración de una confluencia de varios partidos «por las connotaciones que tiene de renunciar a siglas y otras cuestiones». Sin embargo, ha confirmado que ve con buenos ojos «que todos los partidos que tenemos cosas en común que diferencias debe ir en la misma dirección», aunque no sabe cuál sería la fórmula para «ir juntos en este camino para cambiar las políticas de este Gobierno Central».

«MUY PRUDENTES» EN LA DESESCALADA

Sobre la crisis sanitaria, el jefe del Ejecutivo murciano ha apuntado que la Región presenta los mejores datos de incidencia de la Covid-19 en la península. En este sentido, ha aseverado que «estamos siendo muy prudentes con las medidas de la desescalada».

Por ello, la actividad de determinados sectores «se hace con mucha cautela para evitar la posibilidad de una cuarta ola», ha matizado López Miras, quien ha reconocido que «las medidas duras han dado resultado», al tiempo que ha manifestado su preocupación «por la llegada de otras cepas como la sudaficana».

«FALTAN VACUNAS»

La incidencia de la vacunación también ha sido abordada por el jefe del Ejecutivo autonómico. En este sentido, ha indicado que «la Región de Murcia está por encima de la media nacional, con más de un 90 por ciento de dosis administradas, si bien ha lamentado que «faltan vacunas».

En cifras, López Miras ha dicho que «a la Región de Murcia han llegado en un mes y medio cerca de 100.000 vacunas». Por ello el dirigente ‘popular’ ha insistido en que «hay que acelerar el proceso de vacunación», para lo que ha pedido que «tanto el Gobierno Central como la Unión Europea deben ser más contundentes con las empresas farmacéuticas».

Asimismo, ha expresado su deseo de que se inmunice a la mayoría de colectivos vulnerables «antes de que llegue la cuarta ola» que, según palabras del dirigente ‘popular’, «todos los epidemiólogos dan por segura».

«GOBIERNO CENTRAL, CERO AYUDAS»

Por último, el presidente de la Región de Murcia ha criticado que «la Administración con más recursos, que es la Administración del Estado, ha dado cero euros para las empresas», una situación que ha comprado con las ayudas directas que ha otorgado el Gobierno de Alemania a sus empresas hosteleras, con 9.000 millones de euros.

Respecto a la actuación regional López Miras ha dicho que «el Gobierno de Murcia ha dado un plan de ayudas de 37 millones de euros a la hostelería y el Gobierno Central ha dado cero euros», aunque también se ha referido a otros colectivos como los feriantes y los propietarios de salones de celebraciones, a los que «el Gobierno de la Región de Murcia va a intentar ayudar».

El presidente de la asociación de consumidores Ausbanc, Luis Pineda, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el caso ‘Tándem’, que impute a dos inspectores de Policía que llevaron a cabo la investigación por la que actualmente está siendo juzgado al considerar que actuaron de manera «ilegal» y de forma concertada con el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

Así lo ha pedido en un escrito, presentado en el marco de la pieza separada 9 del caso ‘Tándem’, por la que se investigan los presuntos encargos realizados por BBVA a Villarejo.

En ese escrito denuncia que uno de estos inspectores de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el jefe de grupo que llevó a cabo la investigación a Pineda, elaboró un informe policial que obra en el sumario del caso Ausbanc narrando los hechos con «falsedad», puesto que señala que la investigación se inició a raíz de una denuncia anónima presentada el 2 de febrero de 2015 «aun cuando consta una investigación policial anterior a ese día».

La defensa de Pineda comienza recordando que la Fiscalía ya afirmó en un escrito con fecha del 1 de octubre de 2020 que existen indicios de que BBVA encargara a Villarejo que «a través de sus empresas efectuara una investigación sobre Luis Pineda y Ausbanc utilizando fuentes de información reservada de manera ilegal, de modo que la UDEF, como policía judicial de forma oficial, incoara posteriormente diligencias aprovechándose de tal encargo».

LA AGENDA DE VILLAREJO

Prueba de ello, destaca el abogado de Pineda, son las anotaciones de la agenda de Villarejo en las que, según ha localizado, figuran referencias a los pagos por este encargo que el expolicía denominó ‘proyecto Pin’ o las acciones que realizó para «difamar y ‘montar’ un proceso», como la «difusión de noticias falsas».

Otra anotación que dice «Pin-revisar contrato» que se halla en otro cuaderno incautado en el domicilio de Rafael Redondo, socio de Villarejo, que podría estar fechada el 23 de febrero de 2015. Para la defensa del presidente de Ausbanc esta nota tiene mucha relación con la denuncia anónima que se presentó el 2 de febrero de 2015 ante la UDEF.

Afirma que dentro de este presunto encargo se «pactó» la presentación de una «denuncia anónima» ante esta unidad, cuyo borrador contiene «pasajes literalmente idénticos» a la que finalmente se interpuso contra Pineda. Señala además que este documento tiene fecha de «meses antes» que la finalmente presentada.

A todo ello suma que el responsable de la investigación sobre Luis Pineda y su asociación remitió un oficio con «información de las cuentas anuales» de Ausbanc, aportando documentación del Registro Mercantil, sobre la que consta que se expidió el 9 de enero de 2015.

«TRANSFORMAR LO ILÍCITO EN LÍCITO»

«Si la denuncia anónima fue presentada el 2 de febrero de 2015 ¿Cómo es posible que el inspector remita un oficio al Juzgado Central de Instrucción número 1 en la que se aporta documentación mercantil solicitada por la policía el 9 de enero de 2015? La respuesta es bien simple: porque se llevó a cabo una investigación ilegal en la que la denuncia anónima pactada constituía simplemente el elemento transformador de lo ilícito en lícito», asegura el escrito.

La defensa de Pineda recuerda que este inspector como el otro al que también pide citar a declarar como investigados, fueron preguntados por estos hechos en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra el presidente de Ausbanc, entre otros acusados, por un presunto delito de extorsión. En su opinión, las respuestas de ambos policías, que comparecieron como testigos, «fueron absolutamente preocupantes para la integridad del sistema».

Así, concluye que miembros de la UDEF habrían actuado de forma «ilegal» y «concertadamente» con el Grupo Cenyt, empresa de Villarejo, «para incoar actuaciones de forma oficial y ‘blanquear’ el delicitvo proceder del comisario José Manuel Villarejo Pérez, su equipo de colaboradores y el BBVA».

Por todo ello, además de que se cite a declarar como investigados a los dos inspectores de la UDEF, el abogado de Luis Pineda pide al juez García Castellón que requiera a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que «lleve a cabo las averiguaciones tendentes a esclarecer los hechos denunciados» en relación al registro de la denuncia anónima presentada contra el presidente de Ausbanc.

También que se solicite al Registro Mercantil Central para que informe quién y en qué fecha se solicitó la documentación que obra en el oficio policial sobre las cuentas de la asociación de consumidores.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha telefoneado este miércoles por la tarde al líder del PP, Pablo Casado, para tratar de desbloquear de una vez la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una vez que han pasado ya las elecciones catalanas.

Mientras que Moncloa asegura que ha sido una conversación «constructiva», fuentes ‘populares’ han informado de que Casado ha reiterado sus condiciones, las mismas que hasta ahora han supuesto un escollo para cerrar un acuerdo.

Según fuentes de Moncloa, la «constructiva conversación» que han mantenido les ha servido para hablar sobre el «reforzamiento institucional» que, a su juicio, «necesita» el país. En concreto, Moncloa ha informado de que han abordado la renovación de órganos constitucionales cuyo mandato ha expirado, tales como CGPJ, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Administración de RTVE, y también el voto rogado para los ciudadanos españoles residentes en el exterior.

Por su parte, el PP ha informado de que Casado ha aprovechado la conversación para poner sobre la mesa sus condiciones para «el refuerzo de la independencia de los órganos constitucionales, la neutralidad de los medios públicos y el consenso para la reforma de la ley electoral», según fuentes del PP.

Sobre el CGPJ, los ‘populares’ vienen argumentado estos meses que para poder llegar a un acuerdo es necesario que se cumplan tres condiciones: que Podemos «no entre en la ecuación de las negociaciones»; que «se avance hacia la despolitización de la Justicia» y que se retire la reforma que impulsaron el PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría necesaria para renovar el CGPJ.

El Ejecutivo contaba con que, una vez se celebraran las catalanas, el PP ya no tendría motivos para negarse a cerrar un pacto con el Gobierno, ya que no se le podría volver en contra en plena contienda electoral. Además, desde el Ministerio de Justicia llevan meses sosteniendo que el acuerdo está prácticamente cerrado.

En este sentido, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, avisó este martes al PP en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de que ya no le quedaban «excusas» para negarse a cerrar de una vez este asunto, y también la renovación de otros órganos constitucionales como el Defensor del Pueblo o el consejo de RTVE.

DOS AÑOS CADUCADO

En concreto, el órgano de gobierno de los jueces lleva con su mandato caducado más de dos años, en los que el PSOE y el PP han sido incapaces de cerrar un acuerdo para pactar los 12 nuevos integrantes del órgano que corresponde elegir al Congreso por una mayoría cualificada de tres quintos, aunque han estado a punto en varias ocasiones; la última, en verano, cuando el acuerdo ya estaba cerrado «al 99%» pero, según Sánchez, el PP lo rompió de forma «unilateral».

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, Sánchez anunció que pondría en marcha la reforma mencionada anteriormente para acabar con la mayoría de tres quintos que obliga a contar con el PP necesariamente, y los socios de la coalición la registraron en el Congreso.

No obstante, en un intento del presidente de retomar la negociación, se paralizó la tramitación tras la decisión de Casado de votar en contra de la moción de censura de Vox. En su lugar, los socios de Gobierno impulsaron otra reforma del la ley del Poder Judicial para limitar las funciones del CGPJ cuando su mandato haya caducado, como es el caso; una reforma que no gustó nada en el órgano de gobierno de los jueces, y que está a punto de culminar su tramitación.

Sánchez y Casado ya trataron sin éxito de desbloquear la renovación del CGPJ en diciembre, en otra llamada telefónica que duró 45 minutos pero que no sirvió para lograr ningún avance, según criticó Moncloa, por la negativa de los ‘populares’ a renunciar a sus condiciones.

RTVE Y EL, VOTO ROGADO, A PUNTO

Y el CGPJ no es e único órgano pendiente de renovación. El Defensor del Pueblo lleva en funciones desde julio de 2017 y, como requiere una mayoría reforzada, requiere un pacto entre los dos grandes partidos, que suelen repartirse los dos adjuntos. El actual titular, Francisco Fernández Marugán, es el actual titular en funciones y antes había sido adjunto primero a propuesta del PSOE, entonces en la oposición.

Y el caso de RTVE parece a punto de desbloquearse, después de dos años con una administradora provisional, Rosa Maria Mateo. El Congreso ya ha examinado a los más de noventa profesionales que se presentaron al concurso público y ya sólo queda la votación en el Pleno, que inicialmente esta programada para el jueves de la próxima semana.

Respecto de la supresión del voto rogado, el PSOE y Unidas Podemos ya han registrado una propuesta que está lista para debatirse en el Pleno del Congreso, aunque los socialistas quieren sondear al PP para no romper la tradición de no modificar la Ley Electoral sin el primer partido de la oposición,

El PSOE y Unidas Podemos se preparan para reactivar las negociaciones sobre la nueva Ley de Vivienda tras las elecciones del 14F con posiciones alejadas que, por el momento, hacen difícil vislumbrar un acuerdo inmediato.

Las negociaciones entre ambos socios del Gobierno quedaron congeladas por los comicios catalanes y ya entonces se mostraron las «discrepancias sustanciales» por el rumbo que adoptaron los primeros contactos entre los equipos que encabezan la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, y el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.

Ahora, una vez pasada estas elecciones, la previsión de las dos partes del Ejecutivo es volver a retomar los contactos de forma inmediata de la primera Ley de Vivienda de carácter estatal de la historia, según indican a Europa Press en fuentes solventes.

El cronograma fijado en octubre establecía que el texto debía estar listo en tres meses para su paso al Consejo de Ministros y que llegara al Congreso un mes más tarde. Este jueves habrá una rueda de prensa de medio centenar de organizaciones que presionarán al PSOE para que cumpla «sus promesas» en esta normativa, al entender que el ala socialista «flaquea» ante las «presiones» de patronales como la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL).

REGULACIÓN DEL PRECIO DEL ALQUILER

PSOE y Unidas Podemos acordaron en su pacto de gobierno, y posteriormente refrendado en el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado, desarrollar dentro de esta ley la regulación de los precios del alquiler en zonas de mercado tensionadas, de cara a poder bajar los precios.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, defendió que el control de los precios de alquiler se va a llevar a cabo «oyendo a todos los agentes, organizaciones sociales, administraciones públicas y al sector privado».

Hoy el Ministerio de Transportes, el de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Sareb han firmado un protocolo sobre Alquiler Social de Viviendas por el que se pondrá a disposición de las comunidades autónomas y entidades locales un total de 5.000 nuevas viviendas a corto plazo y que se ampliará hasta 10.000 en el medio plazo.

PODEMOS TEME POCA AMBICIÓN

Pero lo cierto es que en Unidas Podemos recelan del planteamiento del PSOE y ya dejaron claro que no iban a sucumbir a presiones de la patronal inmobiliaria. El propio vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lo manifestó hace un par de semanas.

En el ala morado del Ejecutivo manifestaron también su temor a que la propuesta de Transportes fuera poco ambiciosa y que se podría limitar a un modelo basado solo en incentivos, similar al desplegado en Portugal. Esa estrategia no satisface a Unidas Podemos, que apunta a que dicho sistema «ha fracasado» a la hora de regular el alquiler y bajar precios.

Por tanto, es partidario de reflejar en la ley obligaciones para los grandes propietarios, que deben ser «corresponsables» a la hora de garantizar la función social de la vivienda.

Ya han trasladado varias medidas para su inclusión en la nueva Ley de Vivienda, como fijar la figura de gran tenedor a cinco o más propietarios (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más), obligar a estos grandes propietarios a destinar el 30% de la vivienda social a alquiler social o desplegar un impuesto a la vivienda vacía.

En el socio minoritario ya apuntaron que puede haber tensión e incluso riesgo de que no haya consenso en esta materia si la propuesta se aleja del acuerdo de gobierno, donde depositan su lealtad a la hora de negociar. Y es que reivindican que el acuerdo de coalición detalla taxativamente regular el precio del alquiler y potenciar el alquiler social.

Pero además está el papel que debe jugar el denominado ‘bloque de investidura’ para sacar adelante la ley en el Congreso, dado que ERC o EH Bildu se han posicionado en varias ocasiones próximos a los planteamientos de Unidas Podemos, como se pudo comprobar con la enmienda a los presupuestos para prohibir los desahucios, aunque luego fue retirada. De este modo, un texto pactado facilitaría el trámite favorable en el Parlamento.

La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha propuesto este miércoles que la lengua en que esté redactado el resultado de una prueba PCR no sea obstáculo para que pueda ser aceptada en cualquier estado miembro de la UE, después de que un vitoriano tuviera dificultades al entrar en Alemania porque llevaba el certificado de prueba contra la covid-19 en castellano.

La representante jeltzale ha lamentado que Bruselas no disponga de competencias para regular esta cuestión y aplaude que, al menos, se haya alcanzado un acuerdo amplio, adoptado el pasado 21 de enero, para homogeneizar los requisitos técnicos y las circunstancias en que deben practicarse estos test clínicos para contribuir a contener la pandemia y mejorar la movilidad.

Bilbao Barandika ha informado, en un comunicado, de que ha recibido esta mañana una respuesta de la Comisión Europea a una iniciativa planteada en el mes de octubre, después de que esta recibiera la información de un ciudadano de Vitoria-Gasteiz que había tenido dificultades al entrar en Alemania porque llevaba el certificado de la PCR, obligatoria entonces para entrar en el país, redactado en castellano.

Tras varias gestiones pudo comprobar que, no solo en Alemania, sino en otros estados de la Unión Europea, los viajeros debían presentar los resultados de las pruebas redactados en el idioma oficial mayoritario del estado miembro o en inglés. No eran válidos los certificados redactados en ninguna otra lengua.

Por eso, tras reconocer que la Comisión Europea ha realizado «un extraordinario esfuerzo» para tratar de coordinar los criterios con los que los estados miembros deciden las medidas que adoptan para limitar la expansión de la covid, alertaba que en algunos de ellos «siguen planteando requisitos no homogéneos y, en algunos casos, difíciles de justificar y entender».

Citaba, por ejemplo, los criterios que se exigen para aceptar pruebas de PCR cuando son preceptivas para entrar en un Estado miembro o evitar una cuarentena. «En Alemania se exige que el certificado que acredita el resultado de la prueba se presente en alemán o en inglés, pese a que el contenido del análisis es fácilmente interpretable en cualquier idioma y a que los Estados miembros solo autorizan la realización de estas pruebas a laboratorios homologados para ello», ha manifestado.

Por eso, la eurodiputada vasca animaba a la Comisión a que se eliminase este requisito lingüístico y se interesaba por si se estaban realizando gestiones con ese objetivo.

La titular de la cartera europea de Sanidad, Stella Kyriakides, explica en su respuesta a esta iniciativa que «las medidas y respuestas en materia de salud pública son competencia de los Estados miembros, y la Comisión no tiene competencias para darles instrucciones sobre los requisitos lingüísticos aplicables a los resultados de los ensayos».

Pese a ello, la Comisaria chipriota considera el reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas como herramienta clave para facilitar los viajes transfronterizos.

A este respecto se ha destacado la importancia de garantizar el reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas en varios documentos, tales como la comunicación sobre medidas adicionales de respuesta a la covid-19, la recomendación sobre las estrategias para las pruebas de diagnóstico de la covid-19, incluido el uso de pruebas rápidas de antígeno, la Recomendación y la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a un marco común para el uso, la validación y el reconocimiento mutuo de las pruebas rápidas de antígenos», ha señalado.

También ha recordado que «la Presidencia propuso un texto transaccional que incluía la ampliación del reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscripción (RT-PCR), y que se adoptó el 21 de enero de 2021».

PROBLEMAS DE LA COMISIÓN

El contenido de la respuesta es, a juicio de Izaskun Bilbao, una demostración de los problemas que, a veces, tiene la Comisión Europea para coordinar cuestiones, como los requisitos técnicos y formales que deben reunir estos test, para que efectivamente contribuyan a facilitar la movilidad y los viajes transfronterizos.

«En el ámbito técnico están homologadas las pruebas y los laboratorios que las analizan. En el formal, un detalle como el régimen lingüístico de los certificados que llevan los viajeros han causado problemas en una comunidad que se proclama ‘unida por su diversidad'», ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que se trata de «una lección más que ofrece la pandemia para entender bien en qué cosas resulta práctico que Bruselas tome las riendas, y una oportunidad también para la empatía».

«Los que se resisten a considerar una discriminación el trato que muchas veces recibimos los hablantes de lenguas minorizadas tienen aquí una oportunidad para ponerse a pensar. La misma extrañeza que sienten porque se rechace un certificado clínico en castellano en Europa es la misma que nosotros sentimos cuando ocurre lo mismo en España con cualquier documento oficial en euskera», ha concluido.

Las protestas en el campamento de migrantes Las Raíces, en el municipio de La Laguna, aumentan con el paso de las jornadas hasta el punto de que una cuarentena de usuarios ha abandonado las instalaciones y ya duerme por fuera, junto al bosque de eucaliptos que antecede al viejo acuartelamiento militar.

Algunos relatos de los migrantes, expuestos en la reunión de la ‘Asamblea de Apoyo a personas migrantes de Tenerife’, que se reúne cada miércoles, insisten en que hace «mucho frío» y no hay agua caliente y el material de abrigo en las tiendas de campaña es insuficiente. «Es imposible dormir», relatan.

Además, dicen que están «todos mezclados» con nacionalidades diversas –mauritanos, marroquíes, senegales y gambianos, principalmente–, con idiomas diferentes y no se entienden, lo que en muchas ocasiones genera conflictos porque «no hay paciencia» después de llevar en las islas, en algunos casos, hasta cuatro meses y sin información sobre qué futuro les espera, si les dejarán viajar o se les deportará a sus países de origen.

En algunas tiendas de campaña hay más de 30 personas y no se cumplen los protocolos ‘anticovid’, pues apenas se les toma la temperatura antes de dormir y al despertarse.

«QUEREMOS IR A LA PENÍNSULA»

«Tenemos pasaporte, dinero y familia que nos espera en la Península. Queremos ir a la Península», es el mensaje casi unánime de los migrantes, que critican también que no tienen «nada que hacer» durante todo el día. «Al menos, en los hoteles, nos enseñaban español», comentan.

Algunos llevan hasta «tres días sin bañarse» porque el agua de las duchas está fría y la comida sigue sin mejorar. «La comida es muy mala, son tres comidas al día pero nos levantamos de la mesa con hambre», indican, subrayando también que hay que hacer cola y en algunas situaciones hay migrantes que se han quedado sin comer.

Entre los senegaleses, además, crece el temor de que el 24 de febrero sean deportados a su país en un vuelo.

Los activistas de la asamblea han denunciado también que hay medio centenar de menores en el campamento y algunos migrantes aseguran que les han robado el pasaporte y los móviles, al tiempo que se quejan de que la presencia de la Policía Nacional y Local es constante y en cambio, es más difícil acceder a los servicios jurídicos y sanitarios.

HACER RELEVOS EN LA ACAMPADA EXTERIOR

En cuanto a la acampada que se ha formado por fuera, se ha planteado hacer relevos entre los migrantes porque a las 72 horas de pernoctar fuera del campamento se pierde la plaza, y también entre los activistas que les acompañan por las noches.

Además, se les está facilitando ropa de abrigo para combatir el frío y alimentos, y también se buscan alojamientos alternativos porque cada vez hay más migrantes «durmiendo en la calle» porque se les expulsa de los centros de acogida.

Desde la asamblea se ha convocado para este sábado una concentración de apoyo en las puertas del campamento para hacer una «gran foto colectiva» en la que se muestre el deseo de los migrantes de marchar de viaje y se ha denunciado ante el Servicio Canario de Salud un brote de coronavirus en el CIE de Hoya Fría.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno español está preparando una respuesta sobre la situación en la Cañada Real Galiana que enviará a la ONU «en los próximos días», según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Exteriores.

Así lo han indicado después de que este martes el Relator Especial de la ONU sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos, Olivier De Schutter, reprochara al Gobierno de España que no se haga responsable de lo que está sucediendo en la Cañada Real, donde más de 4.000 personas, 1.800 de ellos niños y niñas, llevan casi cuatro meses sin electricidad.

«Lo verdaderamente irresponsable es dejar a niños sin electricidad en medio del invierno», advirtió el Relator especial de la ONU sobre Extrema Pobreza en un tuit.

Así respondía Olivier De Schutter a la carta que había recibido del Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, Ernesto Gasco, en la que señalaba que el Ejecutivo no tiene las competencias y que deberán ser «las administraciones territoriales» las que «encuentren una solución adecuada para los niños y adolescentes que sufren los cortes de electricidad».

En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Alto Comisionado afirma que la «situación de emergencia en la Cañada Real es de extrema gravedad» y asegura que le genera «una gran inquietud» pero precisa que el Gobierno no puede solucionar el problema sino solo dar su «apoyo» a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento. «De otro modo –añade– significaría un exceso de poder inaceptable en un Estado de Derecho».

En concreto, explica que se ha reunido con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para «facilitar la consecución de un acuerdo que aporte una solución al problema», y añade que ha visitado la Cañada Real para conocer de primera mano las necesidades de sus vecinos.

Gasco precisó este martes a Europa Press que la misiva que envió a la ONU no era la respuesta oficial del Gobierno. Si bien, en el encabezado de la misma precisa que escribe «para informar de las acciones del Gobierno de España en relación a la situación de la Cañada Real», haciendo referencia en concreto al «comunicado» que De Schutter y otros ocho Relatores de la ONU enviaron el pasado 16 de diciembre pidiendo al Gobierno que «tome las medidas necesarias para restablecer con urgencia el suministro eléctrico a las familias afectadas».

Ahora, Exteriores ha informado que «trasladará una respuesta en los próximos días», contestación que estará fuerza de plazo, pues este venció el martes 16 de febrero, cuando se cumplían 60 días de la comunicación remitida por los Relatores a España, según precisan a Europa Press fuentes de la ONU. Por su parte, Exteriores afirma que solicitaron una ampliación de plazo.

Para el Relator especial de la ONU sobre Extrema Pobreza, Olivier De Schutter, lo que está ocurriendo en la Cañada Real es «una catástrofe humanitaria y una derrota de los derechos sociales», tal y como indicó a principios de febrero.

Este martes, fuentes gubernamentales informaron a Europa Press que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha impulsado la creación de un grupo de trabajo con la participación de todas las administraciones competentes y entidades sociales implicadas, para dar una solución a las personas que viven en la Cañada Real.

El Rey Felipe VI ha arropado este miércoles el lanzamiento de la web de las becas de la Cooperación Española, que ha calificado de «buque insignia» en lo que a solidaridad en la acción exterior se refiere, y ha animado a ampliarlas «en la medida de lo posible».

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación Carolina han reunido en una única página web todas las becas, lectorados y prácticas que ofrecen. Bajo el lema «Becas que cambian vidas, becas concebidas para favorecer el bien común», la nueva plataforma ha sido presentada en el Palacio de Viana, en Madrid, en presencia de los Reyes.

«Las becas de la Cooperación Española constituyen uno de los buques insignia de nuestra acción exterior en el campo de la solidaridad internacional«, ha reivindicado Don Felipe, que ha expresado una «gran admiración y afecto» tanto suyo como de Doña Letizia por la labor que realizan la AECID y la Fundación Carolina.

En «tiempos difíciles» como los actuales, en los que la pandemia además ha reducido drásticamente los movimientos de las personas, «tiene especial valor seguir mirando al futuro y apostar por la ilusión y la esperanza de jóvenes estudiantes y profesionales de diversos países, especialmente de Iberoamérica, para darles siempre más posibilidades y herramientas que contribuyan a su preparación y capacitación», ha valorado.

El Rey ha aprovechado para felicitar a quienes «participan y contribuyen en el diseño, desarrollo, financiación de estas becas que cambian vidas» y que tienen «un efecto real y visible a corto y largo plazo, porque además de todos los beneficios sociales y económicos que aportan, también ayudan a la creación de una ciudadanía más comprometida y solidaria».

«La educación redunda en cohesión social porque, al facilitar el acceso al conocimiento, también refuerza un marco de tolerancia y respeto», ha añadido Don Felipe, para quien la «fórmula» de congregar a empresas, universidades y administraciones «es la más idónea para afrontar los retos que nos atañen colectivamente». «La pandemia nos lo recuerda constantemente», ha acotado.

SEGUIR TRABAJANDO EN ESTA LÍNEA

Así las cosas, tras reiterar su compromiso «con este proyecto tan exitoso», ha invitado a todas las institucionese implicadas «a continuar apoyando y, en la medida de lo posible, ampliando estos programas». «Los resultados son, desde luego, un auténtico estímulo para seguir trabajando en esta línea», ha defendido.

En el acto también han estado presentes la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, el director de la AECID, Magdy Martínez-Solimán, y el director de la Fundación Carolina, José Antonio Sanahuja.

En su intervención, la ministra de Exteriores ha resaltado que 2021 se han ofertado más de 1.000 becas por valor de 14 millones de euros fruto del partenariado público-privado, lo que demuestra que «la unión hace la fuerza».

De ellas, ha precisado, el 10 por ciento están destinadas a españoles mientras que el 90 por ciento están dirigidas a ciudadanos de países socios de la cooperación, principalmente de América Latina aunque ahora también habrá becas para África y Oriente Próximo.

La nueva página web permite acceder a la información bien por tipo de becas –para ciudadanos de países socios de la Cooperación Española en América Latina y Caribe, África y Asia; vinculadas al Espacio Iberoamericano del Conocimiento; para españoles y Unión Europea– o bien por institución convocante –AECID y Fundación Carolina–.

MÁS DE 21.000 BECADOS POR EXTERIORES

A lo largo de sus 74 ediciones, los Programas de Becas del Ministerio de Exteriores y la AECID han beneficiado más de 21.000 ciudadanos españoles y extranjeros. Estas becas giran en torno a tres grandes líneas de acción: la capacitación y formación de capital humano; la promoción del español en universidades extranjeras; y la promoción de las Artes y las residencias artísticas.

Este año, según explica AECID, a las becas de larga trayectoria se suman otras nuevas como las que ofrece la agencia de cooperación para Jóvenes Cooperantes (destinadas a la formación en oficinas de la Cooperación Española en el exterior), las Becas del Agua, las Becas África-MED para ciudadanos de África y Oriente Próximo o el Programa de visitantes Raisa, dirigido a lideresas llegadas de África Subsahariana.

Por su parte, el Programa de Becas de la Fundación Carolina cumple este año 21 convocatorias. En estos años se han recibido más de 800.000 solicitudes y se han concedido más de 17.000 becas a estudiantes y profesorado de Iberoamérica. Además, la fundación ha firmado 3.200 convenios con cerca de 300 instituciones españolas e iberoamericanas.

La convocatoria 2020-2021 ofrece oportunidades de formación e investigación en todos los campos de la Agenda 2030, con una oferta formativa de de 504 becas que cubre todas las áreas del conocimiento y que abarcan postgrado, programa de doctorado y estancias cortas postdoctorales, programa de movilidad de profesores, programas de becas y estudios institucionales.