La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a las administraciones autonómicas y al Gobierno central que refuercen los recursos públicos destinados a atender a los menores no acompañados, ante la previsión de nuevas llegadas en los próximas semanas y meses.

Tal y como ha explicado el sindicato a través de un comunicado, el Ministerio de Derechos Sociales ha enviado un informe a las autonomías en los que reclama la acogida de estos niños basándose en criterios de renta per cápita. Así, de momento, tanto la Comunidad de Madrid, como Galicia, van a recibir cada una a 20 menores no acompañados de Ceuta.

Sin embargo, advierten, «no se descarta que esta cifra aumente según pasen los días» y que, llegado el verano, «se incremente aún más, ya que con el buen tiempo los flujos migratorios aumentan».

CSIF cree que, tanto las comunidades autónomas, como el Gobierno, «están a tiempo de diseñar una estrategia que contemple un aumento de plazas y de recursos humanos» para que los centros repartidos por toda España «no se vean desbordados y sus profesionales sobrepasados por unas ocupaciones que en muchos casos triplican la capacidad de los centros».

Esta postura, señalan, la comparte también el Defensor del Pueblo que, en respuesta a una queja del sindicato, ha rechazado también la sobreocupación de los centros que acogen a estos niños no acompañados y ha llamado a las autoridades pertinentes a realizar una atención individualizada de los menores, tal y como exige la ley.

EL PROBLEMA DE LA SOBREOCUPACIÓN

Para CSIF, la sobreocupación es el origen de conflictos como los registrados en el Centro de Primera Acogida ‘Hortaleza’ de Madrid, uno de los que más menores extranjeros no acompañados reciben de toda España, según apunta el sindicato.

La situación de estos menores en la capital fue denunciada a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo, que respondió al sindicato señalando que es «fundamental» que «se reduzcan las plazas para garantizar la atención individualizada que exige el ordenamiento jurídico».

Según ha explicado CSIF, la institución estatal que dirige en funciones Francisco Fernández-Marugán indica en su informe que pasar a 90 plazas en Hortaleza en julio de 2020 «supone casi multiplicar por tres las 35 plazas para las que fue diseñado el centro» sin que haya noticia de que se haya aumentado el número de educadores en la misma proporción.

Juan Carlos Bermejo, el afiliado de Ciudadanos que demandó al partido por las primarias en las que Ignacio Aguado fue elegido candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid para las elecciones autonómicas de 2019, ha desistido del procedimiento tras llegar a un acuerdo con la dirección de Cs, de manera que el juzgado ha sobreseído el proceso y suspendido el juicio que se iba a celebrar este mismo jueves.

Bermejo interpuso una demanda por «vulneración de principios democráticos», dirigida contra el partido y, en particular, contra Aguado, contra Fran Hervías, entonces secretario de Organización nacional, y contra César Zafra, que era el secretario de Organización en Madrid.

El militante argumentaba que Aguado, como «candidato oficial» de la dirección del partido, entonces liderado por Albert Rivera, tuvo más facilidades que sus rivales en las primarias para dar a conocer su proyecto. La demanda fue admitida por el juzgado de primera instancia número 61 de Madrid y fue aplazada de mutuo acuerdo en dos ocasiones, tras lo cual se fijó una nueva vista para el pasado 20 de mayo 2021.

BAL LE HA PROMETIDO CAMBIOS INTERNOS EN CIUDADANOS

Pero, según ha explicado el afiliado, «bastaron unas horas de conversación el pasado fin de semana» con Edmundo Bal, nombrado recientemente vicesecretario general de Ciudadanos, para que ambas partes enviaran al juzgado un comunicado conjunto exponiendo un acuerdo y la petición de desistimiento.

«El acuerdo alcanzado no supone ninguna contraprestación ni prevenda a mi persona», sino que «se ha producido única y exclusivamente por el mensaje claro, honesto y sincero que he recibido del vicesecretario general garantizando un nuevo periodo de transformación del partido donde prevalezca la participación de los afiliados, aprender de los errores, premiar la meritocracia y construir entre todos la mejor alternativa política para los españoles», ha señalado.

Bermejo considera que la conversación que ha facilitado este pacto «hubiera sido impensable antes», con la anterior dirección de la formación naranja. Pero «aquellos que usaron el partido en beneficio propio y traicionaron nuestros valores y a los ciudadanos que nos votaron son historia» y «ahora vamos todos en la misma dirección», ha destacado, convencido de que «el cambio en Ciudadanos es real».

QUIENES USARON LAS PRIMARIAS «PARA SU BENEFICIO» YA NO ESTÁN

Así se ha referido a Albert Rivera y a las personas a las que demandó, ninguno de los cuales continúa actualmente en Cs, tras la dimisión de Rivera en noviembre de 2009, la salida de Hervías el pasado marzo y la despedida de Aguado y Zafra esta misma semana.

Bermejo sostiene que «utilizaron las primarias como coartada para su beneficio personal» y, de esa manera, vulneraron el derecho fundamental de asociación de los militantes del partido. «Formaban parte de una estructura clientelar de la que se consideraban dueños y los afiliados simplemente éramos comparsas», pero finalmente «todos ellos han fracasado y la sociedad los ha puesto en su sitio», ha celebrado.

El Gobierno prevé que, en las próximas tres décadas, el número de personas mayores de 65 años beneficiarias de ayudas a la dependencia en España podría duplicarse, pasando de las 806.963 actuales a más de 1.600.000 en 2050.

Así lo pone de manifiesto el documento ‘España 2050’ presentado este jueves 20 de mayo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cree que el escenario más plausible de gasto en cuidados para mitad de siglo estará entre el 2,2% y el 3% del PIB.

De este modo, cree que el sistema de cuidados cambiará «drásticamente en las próximas décadas». En este sentido, señala que la pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia la «enorme importancia» de los cuidados y el «margen de mejora» que presenta el modelo de atención en residencias.

«Lo más probable es que las residencias se transformen, evolucionando del modelo «institucional» actual a un modelo «hogar». En paralelo, emergerán nuevas opciones, como las fórmulas de autocuidado basadas en innovaciones tecnológicas (telemedicina, apps, supervisión por Internet, adaptaciones domóticas), la cohabitación con apoyo intergeneracional entre miembros que no sean de la familia, el denominado senior cohousing en sus múltiples formas (viviendas colaborativas, cooperativas,colectivas), o los bancos de tiempo o voluntariado de acompañamiento orientados a evitar la soledad no deseada y fomentar la participación de estas personas en la sociedad», prevé.

El Ejecutivo entiende que el «reto notable» del incremento de cuidados es también una «oportunidad magnífica» para la creación de empresas y empleo, cuyo ámbito podría extenderse «incluso más allá del de la población nacional». «Nuestro país podría convertirse en un referente europeo y mundial en la prestación de servicios a personasmayores y generar en torno a ella una actividad económica notable», asegura.

2,5% DEL PIB DE GASTO EN 2050

Por ello, entre los objetivos del plan recoge ampliar la cobertura y mejorar la calidad del sistema de cuidados de larga duración, elevando su financiación hasta cotas próximas al 2,5% del PIB en 2050, y prestando especial atención a su coordinación con el sistema sanitario, así como reducir el tiempo de espera que existe entre el reconocimiento de la situación de dependencia en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la concesión de las prestaciones.

Por ello, plantea avanzar hacia una mayor profesionalización y calidad de los CLD, con una Estrategia Nacional de Formación en materia de CLD; el incremento del peso de las prestaciones en especie (centros de día, centros de noche, teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, centros residenciales), y un acuerdo para establecer un porcentaje mínimo de las prestaciones totales destinadas a servicios de promociónde la autonomía.

Asimismo, considera que habrá que establecer condiciones claras para acceder a prestaciones económicas asociadas al cuidado en el hogar (presupuestos, inspección de la atención), y priorizar los servicios en especie.

Igualmente, plantea eliminar barreras de acceso a los servicios de CLD, a través del establecimiento de plazos máximos explícitos para la evaluación y prestación del servicio requerido, y la transmisión a la ciudadanía de información que les permita elegir el proveedorde cuidados, en función de la calidad asistencial, los servicios ofrecidos y el precio.

A la vez, propone una mejora de la coordinación entre el Sistema Nacional de Salud y los CLD, a través de un desarrollo organizativo adecuado y con miras en modelos de atención a la cronicidad y centrados en la persona.

Por otro lado, plantea cuidar a las personas que cuidan, dedicando un porcentaje de los recursos del sistema a su formación, impulsando servicios de «respiro y apoyo a las personas cuidadoras», creando programas de apoyo psicológico y revisando la normativa laboral para proteger a las personas cuidadoras, entre otras medidas.

Además, ve necesario impulsar cambios en las formas de cuidados favoreciendo la elección de la ciudadanía sobre el lugar idóneo de cuidado (domicilio, institución, formas mixtas), fomentando la inclusión de nuevas tecnologías en el hogar de personas con limitaciones en su autonomía, impulsando el desarrollo de nuevas formas de vivienda (tuteladas, viviendas colectivas autogestionadas) y reinventando la atención residencial a modelos más pequeños y modulares, como las unidades de convivencia, con ambientes y entornos más hogareños y personalizados.

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor en Andalucía, Jesús Maeztu, ha señalado que el punto de frontera «es un punto de llegada pero no de responsabilidad exclusiva» y que «la improvisación tiene que ser asumida por Europa, porque la frontera de Ceuta es Europa, y por tanto no es un tema de Andalucía», al tiempo que ha recordado, «frente a algunos comentarios que respetamos pero que no compartimos, que no pude haber otra respuesta que la protección de los niños por el Estado».

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas en Sevilla tras inaugurar junto al consejero de la Presidencia, Administración Local e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, la jornada ‘Brecha digital: La nueva exclusión’.

Maeztu ha señalado que «está muy preocupado por esta situación improvisada pero de nuevo muy excluyente y que da mucho que pensar» y crea «situaciones muy complejas con independencia de las causas y de esa improvisación», al tiempo que ha añadido que «le ha asombrado mucho la cantidad de menores que han acudido masivamente porque ha habido puertas abiertas».

Así, ha afirmado que «tenemos que recordar, frente a algunos comentarios que respetamos pero que no compartimos, que no pude haber otra respuesta que la protección de los niños por el Estado». «Todos los ordenamientos jurídicos dicen que los niños sin referencias familiares tienen que ser protegidos por el Estado, y que si hay conocimiento de referencias familiares y estas son adecuadas y no hay riesgos, se devuelven a sus familias».

Ha apuntado que el punto de frontera «no coincide con cargar exclusivamente a ese punto las consecuencias de una emigración global, que esta permitiendo en Turquía, Grecia y otras puntos una situación muy compleja», al tiempo que ha señalado que la UE «tiene el deber de estudiar a fondo los flujos migratorios».

Por tanto, Maeztu ha insistido en que el punto de frontera «es un punto de llegada pero no de responsabilidad exclusiva» y ha aludido a la Declaración de Tarifa firmada en 2019 por los nueve defensores del pueblo autonómicos y el Defensor estatal, en la que «dijimos que esto es un problema de competencia local, autonómica, nacional y europea, y, por tanto, tiene que haber recursos y disponibilidad para no reducir las ayudas que se dio a las comunidades en 2020».

Ha indicado que «esta improvisación en el punto de frontera está impidiendo que los sistemas de acogida se consoliden, que los niños que se van a quedar aquí y los mayores de 17 que buscan una mejor situación de empleo en el País Vaso o Cataluña, se puedan diluir».

«Esta improvisación tiene que ser asumida por Europa, porque la frontera de Ceuta es Europa, y por tanto no es un tema de Andalucía, es un tema de Europa y de nuestro país», ha manifestado, y que luego las autoridades autonómicas «dispongan de recursos». Además, ha indicado que ha hablado con todos los defensores para que «propicien al Ejecutivo la asunción de un cupo de distribución equitativo, solidario, eficaz y asumible».

«Con recursos es asumible una distribución, no destrozar los planes de acogida y al mismo tiempo no crear una situación de odio» contra esos niños, ha indicado el también Defensor del Menor, quien ha lamentado «haber visto crueldad es algunos sectores de todo tipo que me estremece». «El acuerdo tiene que ser y lo vamos a hacer; no quiero esa improvisación», ha manifestado.

Por último, Maeztu ha señalado que Andalucía acogerá sus menores no acompañados procedentes de los centros de protección de Ceuta, y ha subrayado que «tiene capacidad para sumar muchos más que cualquier otra comunidad porque está en un frontera y está muy sensibilizada de siempre». «Los flujos migratorio hay que preveerlos, controlarlos, y ahí entra toda la cuestión política, y al mismo tiempo no depender de chantajes de cualquier tipo», ha concluido.

Antonio y María Carmen repiten un año más como los nombres más comunes en España, seguidos de Manuel y María, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2020 y publicados este miércoles 20 de mayo. En el caso de los recién nacidos, cuyos últimos datos corresponden a 2019, Hugo y Lucía también se mantienen como los más populares entre los más pequeños en España.

En total, en España hay 655.030 hombres que se llaman Antonio, un nombre que lidera una clasificación en cuyos primeros diez puestos aparecen Manuel (573.480), José (564.478), Francisco (479.405), David (368.520), Juan (333.527), Javier (308.131) –que sube un puesto respecto a 2019–, José Antonio (306.188), Daniel (301.362) y José Luis (288.637). Los 10 apelativos de varón más frecuentes concentran al 18% de los hombres y los 100 más comunes, al 59%

En el caso de las mujeres, hay 647.877 María Carmen a las que siguen 589.055 María, 375.835 Carmen, 271.616 Ana María, 262.571 Josefa, 260.302 María Pilar, 258.873 Isabel, 257.680 Laura –que sube un puesto respecto a 2019– 255.040 María Dolores y 248.131 María Teresa. Los 10 nombres femeninos más frecuentes agrupan al 14% de las mujeres españolas y los 100 más comunes, al 52%.

En cualquier caso, según el INE, los denominados nombres ‘clásicos’ continúan a la baja y, al igual que en 2019, en el ‘top 10’ masculino solo David, Javier y Daniel aumentan su frecuencia, mientras que en el femenino solo aumenta Laura.

Por comunidades autónomas, los nombres de hombre más comunes son Antonio en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Murcia; José Manuel en Asturias; Manuel en Cantabria, Extremadura y Galicia; David en Castilla y León y La Rioja; José en Comunidad Valenciana; Francisco Javier en Navarra y Aitor en País Vasco.

En el caso de las mujeres, María es habitual en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia; María Carmen en Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja; y María Pilar en Aragón.

En cuanto a los nombres incluidos en simples y compuestos, en España hay 6,15 millones de mujeres que se llaman María y 2,69 millones de hombres que se llaman José. Ambos apelativos mantienen su tendencia a la baja, precisa el INE.

Además, de cada 1.000 hombres que residían en España en 2020, 116 llevaban José en su nombre, 61 llevaban Antonio, 56 llevaban Juan y 55 llevaban Manuel mientras que de cada 1.000 mujeres que residían en España en 2020, 255 llevaban el nombre de María, 49 llevaban Carmen, 33 llevaban Ana y 27 llevaban Isabel.

Tres de cada cuatro residentes en España en 2020 tenían un nombre único y exclusivo, mientras que cerca de 11 millones de personas compartían el mismo nombre y apellidos con, al menos, otra persona más. Además, hay 10.746 personas en España cuyo nombre coincide con su primer apellido; y 398 cuyo nombre y sus dos primeros apellidos son iguales.

Precisamente, respecto a los apellidos, García es el más frecuente con 1.462.696, seguido de Rodríguez (930.659), González (927.819), Fernández (910.545), López (871.745), Martínez (833.665), Sánchez (818.322), Pérez (779.666), Gómez (492.977) y Martin (485.649).

CAMBIOS CON EL NUEVO SIGLO: NOMBRES MÁS CORTOS E INSPIRADOS EN SERIES

Si solo se analizan los nombres de los nacidos en el siglo XXI el ránking cambia siendo los nombres más frecuentes de varón de los nacidos desde el año 2000 Alejandro (114.781), Daniel (108.494), Pablo (100.659) –por primera vez en España hay más de 100.000 varones llamados Pablo que han nacido en el siglo XXI–, David (87.929) y Adrián (83.823), seguidos de Álvaro, Hugo, Javier, Sergio y Diego.

En el caso de las mujeres, el ‘top 5’ se compone de Lucía (130.510), María (126.536), Paula (107.324), Alba (71.825) y Sara (71.597), seguidos de Laura, Marta, Carla, Claudia y Sofía.

Este siglo siguen ganando peso los nombres muy cortos, siendo los más comunes de tres letras entre las mujeres Ana, Eva, Noa, Mar y Ane; y entre los hombres, Pau, Leo, Pol, Jon y Jan en hombres. En este ‘top 10’ solo dos tienen más de seis caracteres: Alejandro y Claudia.

En cuanto a los nacidos a partir del año 2010, los nombres cuya frecuencia se ha incrementado más en 2020 respecto a 2019 son Hugo, Martín y Lucas en varones; y Lucía, Sofía y Martina en mujeres.

El INE constata que no hay cambios en los nombres más comunes por década de nacimiento. En el caso de los hombres, José es habitual entre los nacidos en 1920, 1930 y 1940; Antonio, en 1950 y 1960; David, en 1970 y 1980; Alejandro, en 1990 y 2000 y Hugo desde 2010. Los nombres femeninos más comunes por década de nacimiento son María, en 1920 y 1930; María Carmen, en 1940, 1950, 1960 y 1970; Laura, en 1980; María en 1990 y 2000; y Lucía, desde 2010.

CURIOSIDADES

La estadística también refleja la edad media de nombres que han ‘envejecido’ como Afrodisia en mujeres (con 84,9 años de media) seguida de Acracia (83,2), Fraternidad (82,5), Parmenia (81,9) y Exiquia (81,4); o Acindino en hombres (con 81,0 años) seguido de Frumencio (78,4), Vitores (77,5), Euquerio (76,3) y Adoración (75,8).

En el extremo opuesto, los nombres más ‘jóvenes’ son Aurah en mujeres y Nyan en hombres, ambos con una edad media de 0,8 años. Otros nombres ‘jóvenes’ son Vaiana (1,7), Halley (2,1), Cataleya (2,3), Khloe (2,3) y Lexa (2,3) en mujeres y Anuel (1,5), Liam Mateo (1,7), Liam Gael (2,2) y Dominic Andrei (2,2).

Entre los apelativos femeninos más ‘jóvenes’ hay muchos inspirados en series de ficción o películas como Vaiana, Lexa, Cataleya, Arya, Daenerys y Khaleesi (estos tres últimos, de la serie ‘Juego de tronos’) mientras que en los varones se inspiran en cantantes (Anuel o Darell) y futbolistas (Isco o Keylor).

Entre otras curiosidades, en España había 430 hombres que se llaman Abundio y 148 mujeres que se llamaban Restituta en 2020. Los personajes famosos también tienen su réplica y, por ejemplo, en España había 618 mujeres que se llamaban Shakira en 2020 (la mayoría nació en Málaga, además de Maradona, Serotina, Ataulfo, Masa, Telémaco, Publia, Potenciano, Lady Di o Supermán.

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves el «arresto arbitrario» de la cooperante española Juana Ruíz Sánchez y de sus compañeros Tayseer Abu Sharbak y Saeed Abbad de la organización sanitaria palestina Helth Work Committees (HWC), por parte del Gobierno israelí, «sin existir ninguna acusación sobre esta trabajadora humanitaria, vulnerando las normas mínimas internacionales de respeto por los derechos civiles y políticos», y ha exigido la «inmediata liberación» de estas personas que trabajan «en pos de mejorar la salud de la ciudadanía palestina».

La Cámara vasca ha debatido esta proposición no de ley presentada por PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU sobre la detención de la cooperante Juana Ruiz Sánchez por parte de Israel. El texto ha sido aprobado con el apoyo de los grupos proponentes, la abstención de PP+Cs y el rechazo de la parlamentaria Vox.

De esta forma, el Parlamento Vasco ha rechazado «rotundamente» el arresto «arbitrario» de Juana Ruiz Sánchez y de sus de compañeros Tayseer Abu Sharbak y Saeed Abbad de la organización sanitaria palestina Helth Work Committees (HWC), por parte del gobierno israelí «sin existir ninguna acusación sobre esta trabajadora humanitaria, vulnerando las normas mínimas internacionales de respeto por los derechos civiles y políticos».

Además, ha solicitado la «inmediata liberación» de Juana Ruiz Sánchez y del resto de las personas detenidas en el transcurso de esta nueva operación contra la organización HWC 3 y ha pedido a las instituciones competentes la puesta en marcha de «todos los mecanismos necesarios» para mediar en la liberación de las personas detenidas.

La Cámara vasca también ha manifestado «todo su apoyo y solidaridad» tanto a Juana Ruiz Sánchez como al resto de personas arrestadas, y a sus familias, además de agradecer su trabajo «en pos de mejorar la salud de la ciudadanía palestina», y ha reafirmado su compromiso con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

EL DEBATE

La parlamentaria del PNV Maitane Ipiñazar ha condenado la detención»arbitraria» de la cooperante Juana Ruíz, «que lo único que hace essalvar vidas» y ha destacado que las detenciones se produjeron por parte del Gobierno israelí, «sin existir ninguna acusación sobre esta trabajadora humanitaria, vulnerando las normas mínimas internacionales de respeto por los derechos civiles y políticos».

La parlamentaria de EH Bildu Oihana Etxebarrieta ha puesto en valor el trabajo realizado por la cooperante durante 35 años y ha denunciado «contundentemente este ataque contra la organización Health World Committees y contra Juana Ruíz y sus compañeros detenidos». «Exigimos su inmediata liberación y mostramos toda la solidaridad con ellas», ha subrayado.

La parlamentaria del PSE Miren Gallastegi ha destacado el trabajo realizado por la cooperante «en prevención de salud en mujeres y niños en Cisjordania y Gaza, donde está promoviendo la prevención sanitaria, vacunando a niños y niñas de Jerusalén Este, que es a los que el Gobierno israelí se ha negado sistemáticamente a vacunar» y ha criticado la forma «arbitraria e injustificada» en la que ha sido detenida. «Su situación administrativa vulnera de plano el Derecho internacional y supone una gravísima violación de sus derechos fundamentales», ha denunciado.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha denunciado que el Gobierno de Israel «usa estas detenciones para atacar la solidaridad con Palestina» y ha manifestado su solidaridad con el Frente Popular. «El Gobierno de España y la Unión Europea deberían trabajar y presionar con más ahínco, con mucha más fuerza al Estado de Israel para conseguir la libertad sin ningún tipo de condiciones de nuestra compatriota», ha reclamado.

El parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ha mostrado su preocupación por la situación de esta cooperante pero ha explicado que ha presentado una enmienda a la totalidad al texto debido a la «falta de información, o análisis previo a la actuación» que considera que es necesario que hagan las autoridades españolas en la zona o en el Ministerio de Asuntos Exteriores o en la Unión Europea.

«Para pronunciarnos sobre cuestiones que afectan a la actuación de un estado democrático, como lo hace la iniciativa, debemos tener más información por parte de las autoridades diplomáticas, consulares y de exteriores de nuestro país o de la Unión Europea», ha explicado antes de abstenerse en la votación.

Por último, la parlamentaria de Vox Amaia Martínez ha criticado que el debate de una iniciativa que «excede» de las competencias de la Cámara vasca y que le compete al Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España. «En vez de preocuparse de los problemas que sufrimos los vascos, quieren solucionar los problemas de Venezuela, de Cuba, de Honduras, de Colombia. Ahora nos traen el conflicto entre Israel y Palestina. Estamos aquí para hablar del País Vasco», ha defendido.

Los grupos parlamentarios PP y Cs en Les Corts Valencianes han señalado este jueves que sienten «vergüenza» porque consideran que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «calló» este miércoles ante la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la defensa del agua para la Comunitat Valenciana, mientras que tanto el jefe del Consell como la vicepresidenta, Mónica Oltra, han recalcado que el trasvase del Tajo-Segura es «irrenunciable».

En ese sentido, tanto desde la bancada ‘popular’ como de Cs han vuelto a exigir a Puig que se plante ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en defensa de los intereses de los valencianos.

Al respecto, Puig en su intervención en la sesión de control ha recalcado que ante Ribera subrayó «otra vez» más que el Tajo-Segura es «irrenunciable» y, en ese sentido, ha afirmado: «La única vez que no ha llevado agua es cuando ustedes han gobernado». «Mantenemos la agenda reivindicativa gobierne quien gobierne, ni un paso atrás en la financiación ni en el agua, pero sin demagogia barata ni enfrentamiento radical, porque eso no sirve para nada», ha advertido.

Del mismo modo, Mónica Oltra ha recalcado que el Gobierno valenciano defenderá los intereses de la gente del sur de Alicante y el trasvase Tajo-Segura como «irrenunciable» como hizo ayer Puig ante Ribera. Asimismo, ha asegurado que el Consell presentará los recursos ante la Justicia que hagan falta cuando se apruebe el decreto «que invade el caudal». «¿Les ha quedado claro?», les ha exhortado.

Además, ha cuestionado «dónde estaban cuándo Rajoy–expresidente popular del Gobierno– impuso el tasazo a los agricultores del sur de Alicante». «Callados», les ha recriminado. En ese sentido, ha recalcado que también seguirán defendido que se derogue ese «tasazo» porque «está en juego el campo y el agua de boca».

Oltra ha recalcado que lo que ha caracterizado al Gobierno del Botànic es «la defensa de los hombres y mujeres que vive en esta comunidad», «al contrario que ustedes que cuando Cospedal –la ex presidenta popular de Castilla-La mancha– pactó con el Gobierno de Rajoy disminuir el caudal también estuvieron callados». «Nosotros antes y ahora vamos a seguir defiendo a los alicantinos», ha asegurado.

Sin embargo, la nueva síndica del PP, Eva Ortiz, ha apuntado: «Hoy los valencianos sentimos vergüenza de que nuestro presidente no se plantara ayer ante la ministra Ribera con el recorte del trasvase del Tajo-Segura cuando a la misma hora de su reunión aquí aprobábamos todos los grupos menos Podemos que se suspendiera el recorte del trasvase». «El trasvase es irrenunciable», ha recalcado.

Por ello, ha urgido a Puig a «alzar la voz, plantar cara al gobierno de España y exigir que se retire ese decreto». «El gobierno de Sánchez quiere acabar con el trasvase Tajo-Segura y ayer Puig agachó la cabeza y avaló con su silencio el fin del trasvase Tajo-Segura», le ha reprochado.

Del mismo modo, el diputado ‘popular’ Miguel Barrachina ha criticado que la ministra Ribera calificara de «barbaridad» el caudal ecológico aprobado por el PP con «el que se mantienen 40 millones de árboles, tres millones de habitantes de distintas comunidades y 80.000 familias de agricultores alicantinos y valencianos».

«La misma ministra que aprobó el almacén Castor con 4.600 millones de euros dilapidados», ha recriminado. «Cuándo, señor hermano del imputado Francis Puig — en referencia al familiar del ‘president’ investigado por un supuesto fraude de subvenciones– van a dejar de defenderse a ustedes mismos y defendernos», ha cuestionado.

«SERVIR A LOS VALENCIANOS»

Del mismo modo, la síndica de Cs, Ruth Merino, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «elija servir a Sánchez, en lugar de servir a los valencianos» y ha considerado «esencial» defender esta infraestructura vital para los agricultores de la Comunidad Valenciana.

En este sentido, el diputado ‘naranja’ Emigdio Tormo ha considerado «intolerables» las declaraciones de Ribera respecto a que mantener el caudal del trasvase del Tajo-Segura es ‘una barbaridad’. «Estas declaraciones condenan al trasvase a un final a corto y medio plazo», ha añadido. Por ello, ha pedido al Consell que exija al Gobierno que «trabaje en la dirección de asegurar un suministro de agua de calidad y a un precio asequible para los regantes de la Comunidad Valenciana.

«El campo se enfrenta a la decisión del Gobierno de reducir los aportes hídricos al sureste de España, es decir, liquidar uno de los pilares fundamentales para nuestro desarrollo de la como es la agricultura», ha concluido Tormo.

‘Seguir creando en digital’ ha solicitado que la inminente transposición de la Directiva sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital incluya la negociación colectiva, la irrenunciabilidad del derecho y una tarifa legal, «como única forma de gestión eficiente» entre titulares de derechos y plataformas tecnológicas.

Así lo ha dado a conocer este jueves la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), como una de las más de 35 asociaciones que agrupa este colectivo de creadores que defienden este modelo también como solución para promover la libre competencia en el mercado digital de contenidos protegidos.

Además, ha solicitado al Gobierno que exija a las plataformas tecnológicas que cumplan con los requisitos mínimos de transparencia establecidos en la normativa europea como por ejemplo el Reglamento 2019/1150 sobre el fomento de la equidad y transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea.

«Estas normas son aplicables a los usos digitales de los derechos de autor que las tecnológicas hacen en gran parte de sus servicios, tales como buscadores y agregadores de noticias. Su cumplimiento debería implicar, a juicio de los creadores, que el Gobierno conozca la remuneración prevista para cada tipo de titular de derechos en los contratos que suscriben las plataformas para explotar los derechos de autor de los contenidos protegidos», sostiene la FAPE en un comunicado.

‘Seguir Creando en Digital’, que agrupa a más de 35 asociaciones de escritores, periodistas, fotógrafos, traductores, músicos, creadores visuales, artistas intérpretes o ejecutantes y otros creadores, también ha reclamado al Gobierno que mantenga la gestión colectiva obligatoria y la irrenunciabilidad de los derechos de autor que ya reconoce nuestra Ley de Propiedad Intelectual.

Asimismo, los creadores demandan que el Ejecutivo establezca una tarifa legal por la utilización de estos derechos de autor y el porcentaje que corresponde a los autores y a los editores. «Todo ello, con el fin de garantizar desde el inicio unos ingresos mínimos para todos los titulares, promover la libre competencia en el mercado digital y evitar controversias en la aplicación del derecho que conllevaría recurrir a la intervención de, al menos, la Comisión de Propiedad Intelectual», ha subrayado.

Manuel Rico, portavoz de ‘Seguir creando en digital’, ha subrayado el hecho de que «ya en Alemania se estableció hace unos años una tarifa por el uso digital de derechos de autor equivalente al 11 % de los ingresos de las plataformas, de la que luego debe destinarse la ‘parte apropiada’ a los autores que establece la directiva».

«Este modelo es por el que apostamos la mayoría de los autores, puesto que asegura una remuneración adecuada y de acuerdo a los criterios establecidos por la Unión Europea», ha declarado.

Por otra parte, Rico ha añadido que «un gobierno como el actual no puede olvidarse de los creadores, la parte más débil de la cadena de valor, sino que, por el contrario, debe asegurarles un sistema eficaz de gestión de derechos que les garantice una adecuada y transparente remuneración por su trabajo».

«Es de vital importancia que se mantenga una protección adecuada de la propiedad intelectual en nuestra legislación, puesto que se trata de un derecho social y estratégico para que podamos seguir creando, también en el ámbito digital», ha zanjado Rico.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de José Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’, por su participación en 2017 en dos operaciones con las que se pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha rechazado los primeros siete recursos de apelación presentados por algunas de las 46 personas físicas y otras cinco jurídicas que fueron procesadas por la jueza María Tardón el pasado 18 de diciembre de 2020 por delitos contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño a la salud con la agravante de notoria importancia en el seno de una organización criminal, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento oficial y delito de tenencia ilícita de armas en el caso de algunos procesados.

Prado Bugallo alegaba en su recurso deficiencias de motivación o fundamentación del auto de procesamiento que derivaba en vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva e indefensión. Además, indicaba que la causa tenía origen en la concesión del tercer grado penitenciario, medida que habría contando con la discornformidad policial debido al perfil personal de Sito Miñanco.

Además, añadía que se había producido una infracción en la cadena de custodia –aunque no explicitaba indicio– y que en el auto se daban «errores groseros». La Sala considera el reproche de falta de fundamentación de «inmerecido» y explica que los hechos atribuidos al procesado están claramente descritos en el auto recurrido, «sin ambigüedad, ni imprecisión alguna».

El tribunal detalla el modo pormenorizado con el que el auto de procesamiento relata los desplazamientos y reuniones que mantuvo Prado Bugallo con otros procesados, las medidas de seguridad que adoptaban; cómo aprovechaba su clasificación en tercer grado para continuar su actividad de introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España.

El auto de procesamiento detalla sus contactos con organizaciones suministradoras de droga en Sudamérica, así como la infraestructura personal «de al menos 16 personas debidamente identificadas, con distintas responsabilidades personales y vinculación entre ellas que se detallan, así como las operaciones, reuniones y conversaciones todas debidamente datadas, para la preparación material y ejecución de dos operaciones».

«Indica que esas dos operaciones se desarrollan desde el mes de marzo de 2016, se refieren reuniones del procesado con distintos componentes de la organización y terceros, y durante 2017, que culminaron con la incautación en el buque Thoran el 2 de octubre de 2017 de 3,3 toneladas de cocaína, y la aprehensión de un contenedor en Países Bajos el 9 de noviembre de 2017», añade el tribunal.

La Sala también recoge el entramado criminal detallado en el auto de procesamiento, de ocultación de los beneficios generados por la venta de la droga y que se establecía en tres vías: el entramado societario de empresas de las que Prado Bugallo era el titular real, terceros que le prestaban servicios a cambio de comisiones y el transporte de dinero generado por la venta de la droga a través de correos humanos.

«Tampoco se evidencia la indefensión que se alega ante la enumeración ordenada de evidencias en su contra que se extiende durante más de 50 folios con referencias a la actuación de Prado Bugallo», dice la Sala.

HECHOS COMETIDOS DE 2014 A 2018

Del mismo modo, el tribunal rechaza las supuestas infracciones procesales alegadas por Prado Bugallo, entre otras, la supuesta infracción del principio ‘non bis in idem’, por una condena anterior por blanqueo recientemente confirmada por el Tribunal Supremo.

En su auto, la Sala indica que sin perjuicio de lo que se concrete en el escrito de acusación, el fiscal sostiene que el período no es el mismo, ya que la condena mencionada por Prado Bugallo se refiere a hechos cometidos hasta el año 2012 y los hechos de esta causa se centran en un periodo posterior, de 2014 a 2018.

En otro auto, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal confirma el procesamiento de Alejandro Guerra Medina, uno de los tres abogados investigados en esta causa, por elaborar documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero que había sido aprehendido a miembros de la organización unos días antes en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

Organizaciones que representan a las personas con discapacidad han celebrado este jueves el «avance» que supone la aprobación de la ley que elimina la incapacidad jurídica del colectivo y señalan que, a partir de ahora, «cientos de miles de personas con discapacidad» en España «son iguales ante la ley» que le resto de la ciudadanía.

El Congreso ha dado luz verde en el Pleno a una norma que sustituye la incapacidad jurídica de estas personas por «una ayuda técnica» o en materia de «comunicación» para adaptar la declaración de voluntad a la situación personal y características individuales.

Así, se derogan términos y figuras como la tutela, la patria potestad prorrogada o la patria potestad rehabilitada, entre otras, a través de la reforma de las leyes Hipotecaria, del Registro Civil, de Enjuiciamiento Civil y Ley de Notariado. Todos los grupos en la Cámara baja han apoyado la norma, a excepción de Vox.

Para la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y para Plena Inclusión, que han estado presentes en el debate, este hecho es «un hito para la democracia española». Tal y como han explicado, esta aprobación, acerca a España al cumplimiento de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y elimina «una discriminación histórica» hacia los cientos de miles de personas con discapacidad intelectual.

«SE ACABA CON UNA INJUSTICIA»

Las entidades explican que, hasta el momento, los miembros de este colectivo era tratado a nivel legislativo «como menores de edad» y «se les negaba la posibilidad de ejercer derechos tan básicos como firmar un contrato de alquiler, tener una tarjeta bancaria a su nombre u otorgar testamento».

Santiago Izquierdo, portavoz de la AEFT, cree que este jueves «se acaba con una injusticia» que le ha afectado a él y a «otras muchas personas» con discapacidad. Según explica, siempre ha ayudado a su padre, que no sabía leer, a gestionar el pago de las facturas, en las visitas médicas, con labores de la casa, pero cuando le incapacitaron totalmente perdió «muchos derechos».

«Un juez decidió que necesitaba más apoyos de los que realmente necesito, lo que ha derivado en dejar de hacer cosas que antes sí hacía. Con eso se consigue que no aprendas, incluso que retrocedas y que no seas autónomo», ha señalado.

Maribel Cáceres, por su parte, es la primera persona con discapacidad intelectual representada en el Comité Ejecutivo Estatal del CERMI, cuenta que ha tenido «malos» y «buenos» apoyos . Con estos últimos, ha indicado, ha hecho cosas que «no podía imaginar», por esi reivindica que «dar apoyos para la toma de decisiones» al colectivo le ayuda a ser «protagonista de su vida». A su juicio, «no hay que sustituir a la persona» sino «ayudarla».

LA AEFT y Plena Inclusión han celebrado, además, que tanto sus aportaciones a la norma, como las del CERMI, hayan sido tenidas en cuenta para configurar la nueva ley.

La oposición ha aprovechado el debate en el Congreso del decreto ley de medidas posteriores al estado de alarma para reprochar al Gobierno la falta de una alternativa a esa medida excepcional, con acusaciones que van de «imprudencia» a directamente «irresponsabilidad» e incluso «deserción» frente al coronavirus.

Al defender el decreto, la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, ha explicado que España vive actualmente una «situación esperanzadora» frente al coronavirus, gracias al proceso de vacunación, y por ello se descartó prorrogar el estado de alarma, ya que estamos es un escenario «no proporcional» con esa medida.

La vicepresidenta cuarta, sola en el banco azul del Gobierno, ha pedido el respaldo para el decreto ley basándose en que incluye la prórroga de medidas sociales como la prohibición de desahucios y cortes de suministros a los más vulnerables, pero la oposición ha censurado que no haya previsto reformas para este escenario posterior al estado de alarma, más allá de ceder al Tribunal Supremo la última palabra sobre las medidas que adopten las comunidades.

ESCURRIR EL BULTO, BALONES FUERA

Para la diputada de CC, Ana Oramas, el Gobierno «ha tirado las armas y ha desertado», optando por «escurrir el bulto» para no «desgastarse con medidas impopulares». «Eso es mala política, política de la peor», ha dicho. Para Carlos Sayas, de UPN, el decreto ley refleja «la incompetencia» del Gobierno de coalición, echando «balones fuera» a las comunidades y al Tribunal Supremo.

Josune Gorospe, del PNV, sostiene que este decreto ley es el «finiquito del estado de alarma» y que el Gobierno pretende «pasar la pantalla y llegar a un futuro inmune», pero se olvida de que aún hay riesgo de rebrotes. A su juicio, esa actitud denota «imprudencia» porque «nadie sabe lo que puede pasar dentro de 15 días» y encima se ha decidido con pisas y sin contar con nadie, por lo que ahora el Gobierno no debe esperar adhesiones de los nacionalistas.

Ciudadanos, por su parte, ha anunciado el voto en contra porque, aunque apoya la prórroga de medidas sociales para los más vulnerables, rechaza la actitud del Gobierno de rehuir el diálogo y delegar en el Tribunal Supremo sin preparar un plan b al estado de alarma. «Esto un chantaje y por ahí no vamos a pasar», ha resumido su portavoz, Edmundo Bal.

Genis Boadella, del PDeCAT, también se ha quejado de que se incluyan asuntos tan «complicados» como la vía del Supremo junto con medidas de índole social que no pueden rechazarse y por ello no se opondrá a convalidar el decreto, aunque quiere que se tramite como proyecto de ley para poder precisar su contenido.

Desde Vox, Juan Calvo Liste ha señalado que este decreto ley refleja «nuevamente prisas, irresponsabilidades y parches», y con la negativa del Gobierno a regular una alternativa, se va a pasar «de un estado de alarma a un estado de gobierno judicial».

PP: EL PSOE GOBIERNO EN EL PEOR MOMENTO

Y Carlos Rojas, del PP, ha acusado al Gobierno de «mentiroso», de «no saber gobernar» y de «abusar» del mecanismo del decreto ley renunciando a una alternativa al estado de alarma: «Este Gobierno no está a la altura del país –ha proclamado–. Es el peor Gobierno en el peor momento».

Frente a las críticas, el socialista Rafael Simancas ha subrayado que el estado de alarma no se podía prorrogar más y ha negado que el Ejecutivo se haya desentendido de la situación. Para el PSOE, el decreto supone «más protección social y más garantía jurídica» y «sólo desde la ignorancia o la voluntad de hacer daño se puede uno oponer». «La derecha apuesta a que todo vaya mal para que a ellos les vaya bien», sostiene.

También Rosa María Medel, de Unidas Podemos ha recordado las críticas que en su día recibió el estado de alarma y los votos en contra de cada prórroga, y ha descalificado el plan alternativo que ha defendido el PP, al considerarlo «vacío», ya que ni siquiera permite toques de queda.

El líder del PP, Pablo Casado, ha responsabilizado a Podemos de la «crisis diplomática» con Marruecos y ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a romper su acuerdo de gobierno con el partido morado. Tras asegurar que una oposición «leal no es una oposición silenciosa», ha indicado que si el Gobierno quiere la «ayuda» del PP es «para hacer las cosas mejor» y «no para callarse y aplaudir».

«La crisis diplomática que estamos sufriendo en Ceuta está causada por Marruecos pero la responsabilidad del Gobierno español es haberla evitado. Llevábamos un mes diciendo que esto iba a pasar. Ha sido la crónica de una crisis anunciada», ha manifestado Casado.

En su visita al stand de Ceuta en la Feria de Fitur, ha subrayado que el PP ha ofrecido su apoyo al Gobierno para preservar la soberanía nacional y la integridad territorial en esta crisis, pero «no puede dejar de decir lo que se puede mejorar porque entonces serían desleales con los intereses de los españoles».

«LOS RESPONSABLES DE ESTA CRISIS NO ESTÁN EN LA OPOSICIÓN»

Por eso, ha solicitado «responsabilidad» al Gobierno y no «esa sobreactuación falsa de intentar buscar culpables en los que han tendido la mano desde hace tres años» y han venido «avisando» de que esto podía pasar.

Casado ha rechazado que en la sesión de control al Gobierno en el Congreso empleara un tono excesivo y ha señalado que sí lo fue en el caso de Sánchez. «Mi obligación es hacer una oposición responsable y para desgracia para él la hemeroteca me acompaña, con más de 10 pactos de Estado formulados en público», ha apostillado.

Tras asegurar que una oposición «leal no es una oposición silenciosa», ha insistido en que «los responsables de esta crisis con Marruecos no están en la oposición sino en el Gobierno» por «no haber prevenido una afrenta» por parte de un país vecino que el PP «rechaza firmemente».

PREGUNTA A SÁNCHEZ CON QUIÉN ESTÁ

Dicho esto, el presidente del PP ha lanzado una pregunta a Pedro Sánchez: «¿Con quién está, con la oposición leal que pide firmeza y responsabilidad o con sus socios de Gobierno que insinúan que Ceuta y Melilla no son españolas?».

Según Casado, la oposición que representa el PP está siendo «mucho más leal» que ministros «dentro del Gobierno», Podemos y otros socios de Sánchez y ha pedido «poner las cosas en sus justos términos» ante la «peor crisis diplomática de la historia» con Marruecos y el «peor Gobierno de la historia».

«Si Sánchez quiere dejar las cosas claras, que hoy mismo rompa los acuerdos en los 40 ayuntamientos en los que gobierna con JxCAT, que está pidiendo que Ceuta y Melilla dejen de ser españolas, y que hoy mismo rompa su acuerdo de Gobierno con Podemos, que es quien ha producido esta crisis diplomática sin ninguna comparación en nuestra historia democrática», ha manifestado.

Casado ha recalcado que a España «no se le echan pulsos» pero tampoco hay que ir «sembrando agravios innecesarios» como los que, a su juicio, han ido viendo por parte de Podemos «sin que el señor Sánchez les llevara la contraria».

El presidente del PP ha advertido al Gobierno que si quiere la «ayuda» del PP es «para hacer las cosas mejor» y «no para callarse y aplaudir» como, a su juicio, «es lo único que le gusta al señor Sánchez en sus actos pagados con el dinero del esquilmado contribuyente», en alusión al plan para el 2050 que se ha presentado este jueves.

«PARA DEFENDER A ESPAÑA, HAY QUE DEFENDER A CEUTA Y MELILLA»

Casado ha señalado que, «frente a la España virtual del 2050» que plantea Sánchez, el PP quiere «hablar de la Ceuta del 2021», ya que, según ha recalcado, España «no se puede explicar sin Ceuta», que lleva «600 años siendo española».

«Para defender a España hay que defender a Ceuta y a Melilla y hay que hacerlo siempre, no solo cuando se intenta sacar la pata de una crisis diplomática», ha afirmado, para añadir que él ha viajado seis veces a Ceuta estos años «avisándo de lo que estaba pasando y diciendo que tenía que haber más Ejército en la frontera», así como «más Policía Nacional y Guardia Civil».

Además, ha señalado que el PP ha defendido un plan económico y social de choque para el crecimiento económico en esta ciudad autónoma, y que había que tener «una relación diplomática con Marruecos inteligente» que, a su juicio, no se ha hecho».

Casado ha recordado que el PP ya ofreció un pacto frente a la inmigración irregular, la seguridad ciudadana y la política exterior ante la situación provocada hace meses en la oleada en Arguineguín (Canarias) pero el Gobierno «no se dignó ni a contestar».

Finalmente, ha mandado su apoyo a los ceutíes y al presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, quien, según ha dicho, le ha trasladado que «ha vivido la peor semana de su vida». «Ni él ni sus vecinos se merecen lo que está pasando y les mando mi apoyo. Yo hoy también soy ceutí», ha aseverado desde el stand de Ceuta en Fitur.

Un 68,1% de los españoles cree que los periodistas son la mejor garantía para combatir las ‘fake news’ y los bulos, según un estudio los datos de la primera ola de 2021 del ‘Barómetro UTECA sobre la Percepción Social de la Televisión en Abierto’.

Realizado en colaboración con Barlovento Comunicación y Deloitte, el trabajo de campo se ha llevado a cabo entre el 25 de marzo y el 8 de abril de 2021.

Según esta nueva investigación, frente a las ‘fake news’, los ciudadanos consideran que los medios tradicionales son los que ofrecen la información más veraz, de mayor confianza y contrastada, con prácticamente un triple empate de la Radio (47,7%), la Televisión en Abierto (46,9%) y la Prensa (46,2%). Les siguen las Redes Sociales (7,8%) y las Plataformas de intercambio de vídeo (4,6%).

Asimismo, un 96,5% de los españoles (+3,4% sobre marzo 2020) asegura que las noticias falsas son un problema para la sociedad, y un 86,6% (+3,3% sobre segunda ola 2020) señala a las Redes Sociales como el canal en el que más se expanden, siendo la Radio (5,3%) el que menos tiene.

DÓNDE INFORMARSE

La encuesta recoge que un 77,6% de los españoles prefiere los medios tradicionales a las Redes Sociales para informarse, por contar con periodistas que verifican, contrastan y analizan la información, frente a un 7,4% que está en desacuerdo.

En este sentido, el 89,7% afirma que los medios deben apoyarse en periodistas como garantía de credibilidad, veracidad y contraste de la información, mientras que un 1,9% no está de acuerdo con esta afirmación.

De este modo, el 73,9% de los españoles sostiene que recurre a la Televisión para la información diaria, seguida de la Prensa (51,7%) y la Radio (36,5%), que en esta primera ola de 2021 supera a las Redes Sociales (28,1%). Sobre el medio favorito para informarse ante acontecimientos extraordinarios, lidera de nuevo la Televisión, elegida por el 79,1%, la Prensa (43,7%) y la Radio (32%), también esta vez por delante de las Redes Sociales (27,5%).

Además, el estudio muestra que los encuestados se decantan por la Televisión en Abierto (62,4%) cuando quieren ver un contenido seguro y de confianza, solo o en familia. Redes Sociales (11,9%) y Plataformas de intercambio de vídeo (7,7%) ocupan las últimas posiciones.

Cuando buscan una noticia veraz y contrastada, de nuevo se imponen la Prensa (52,8%), la Televisión (49,8%) y la Radio (34,9%), con unos porcentajes que triplican a los que optan por las Redes Sociales (15,3%), según se desprende de la investigación.

La Televisión (69,9%) ha sido el medio de referencia para informarse sobre la COVID-19 y también el más fiable (53%), según los encuestados. Redes Sociales (11,1%) y Plataformas de intercambio de video (4,3%) han resultado los menos fiables.

CONTROL DE CONTENIDOS EN INTERNET

De nuevo, la ciudadanía, en especial los padres (84,8%), muestra su preocupación por la falta de control de los contenidos en Internet; y un 85,9% de los padres está conforme con la necesidad de que el control de contenidos de la Televisión y la protección al menor se extienda a Internet. El 3,3% rechaza esa equiparación.

En este sentido, el 62% de los españoles cita la Televisión en Abierto como el canal en el que más confía para que sus hijos lo consuman solos. La última posición la ocupan las Redes Sociales (1,8%).

También el 87,5% de los encuestados desea que los ‘influencers’ y ‘youtubers’ cumplan la ley en materia de publicidad y protección al menor, como hacen el resto de medios. Un 2,2% de los españoles está en contra.

En este contexto, el 74,1% desea que el Gobierno imponga a las Redes Sociales y plataformas de intercambio de vídeo los mismos controles y sanciones sobre contenidos y publicidad que tiene la Televisión en Abierto, frente a un 9,4% que se opone.

El 85% de los encuestados demanda que plataformas de intercambio de vídeo y Redes Sociales incluyan un mensaje alertando sobre el riesgo de dependencia y adicción, igual que advierten las televisiones sobre las edades recomendadas. Esta demanda es respaldada por todas las franjas de edad. Un 2,9% no está de acuerdo.

PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS

La Televisión en Abierto se impone al resto de canales en atributos como confianza (60,2%), fama (78,9%), recuerdo (75,9%), emotividad (79,8%) y ayuda para decidir sus compras (54,9%).

Sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 7 de cada 10 sitúa a la Televisión en Abierto como el medio con más contenidos educativos y un 68,2% considera que es el que más informa y conciencia sobre la violencia de género. Un 67,6% señala a la Televisión como el medio donde más campañas de concienciación y responsabilidad social y ambiental reconoce.

Igualmente, un 91% de los encuestados considera la televisión gratuita un bien de interés general, al que todos tienen derecho, y más de la mitad afirma que la televisión gratuita cohesiona socialmente a los españoles. Para un 78,5% de los encuestados (+11,1% en un año), la Televisión en Abierto es el modelo de TV que más se implica en la sociedad en la que emite sus contenidos, a través del pago de impuestos o inversiones. Lejos quedan la Televisión de Pago (11,7%) y las Plataformas de Intercambio de Vídeo (9,8%).

El presidente de UTECA, Eduardo Olano, ha señalado que las televisiones en abierto creemos que nuestro compromiso con la sociedad pasa por la inversión en equipos cualificados de periodistas que garanticen una información veraz y contrastada.

«Por ello, es una gran satisfacción que los datos del primer Barómetro del año confirmen que los ciudadanos eligen mayoritariamente para informarse a la Televisión en Abierto frente a las Redes Sociales, gracias a nuestra apuesta por el mejor periodismo. Es nuestro valor diferencial y nuestra gran aportación para combatir las ‘fake news’, y lo va a seguir siendo», ha concluido.

Vox ha anunciado este jueves, tras conocerse que Andalucía acogerá finalmente a trece menores migrantes procedentes de Ceuta, que no apoyará iniciativa o proyecto procedente del Gobierno autonómico de PP-A y Ciudadanos (Cs) que no lleve su firma o que no esté vinculado con los acuerdos de investidura, presupuestarios o el relativo a los tributos cedidos a la comunidad. «En este momento, es cuando ya el Gobierno de Andalucía es absolutamente frágil», según ha advertido el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira.

En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV), Gavira se ha pronunciado así pocos minutos después del anuncio de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, sobre que Andalucía acogerá a 13 menores no acompañados procedentes de los centros de protección de Ceuta como medida para ayudar a las autoridades a hacer frente a la llegada de migrantes a la ciudad fronteriza.

Al igual que hiciera ayer miércoles, Gavira ha vuelto a pedir la dimisión de Rocío Ruiz o su cese por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «por haber hecho un efecto llamada en toda regla», y una vez que se ha concretado la llegada de esos menores, la advertencia que hacía ayer también sobre la retirada de apoyo a la Junta, se ha confirmado con su anuncio de que no apoyarán ninguna iniciativa o proyecto del Gobierno andaluz que no lleve la firma de Vox o no esté incluido en los acuerdos de investidura y presupuestarios suscritos.

«No estamos hablando de cuestiones humanitarias, sino que esos menores han llegado por una invasión de Marruecos a España», según ha sentenciado Manuel Gavira, quien ha agregado que hay una «normativa clara» que dice que a esos menores, tras atenderlos e identificarlos, hay que devolverlos a sus familias.

«Nos invaden y nosotros vamos a ser cómplices de esa invasión», según ha denunciado Gavira, quien ha indicado que eso no lo pueden entender los andaluces, y ha insistido en responsabilizar a la consejera Rocío Ruiz (Cs) de esa llegada de menores a esta comunidad, donde ya tenemos muchos otros problemas.

Gavira ha recalcado que tras confirmarse la llegada de menores, se abre un «nuevo tiempo» en las relaciones de Vox con el Gobierno de Juanma Moreno: «La estabilidad del Gobierno de Andalucía no existe ya como tal, porque ya sí se puede decir abiertamente que no va a contar con el apoyo Vox» a iniciativas y proyectos que no estén vinculados a los acuerdos suscritos con anterioridad.

«En este momento, es cuando ya el Gobierno de Andalucía es absolutamente frágil», según ha sentenciado Manuel Gavira, quien ha insistido en el mensaje de su partido sobre la necesidad de un adelanto electoral en la comunidad.

«Estamos hablando de que España ha sufrido una invasión por parte de un país extranjero y no podemos ser cómplices de eso», según he recalcado.

El Ministerio de Defensa ha aprobado un protocolo contra el acoso laboral en las Fuerzas Armadas que incluye un catálogo de actuaciones para su prevención, así como el procedimiento de acción cuando un militar sufra algún caso de acoso o lo vea entre sus compañeros.

El texto, publicado este jueves en el Boletín Oficial de Defensa (BOD), marca el principio de «tolerancia cero» contra el acoso profesional en las Fuerzas Armadas, «sin importar quién sea la víctima o la persona acosadora ni su rango jerárquico»

En este sentido, reconoce que los comportamientos de acoso son perjudiciales no solo para las personas afectadas, sino para toda la institución, y emplaza a los mandos a velar «para que la organización del trabajo sea clara y transparente, evitando situaciones de acoso».

Con el protocolo, el Ministerio se compromete a investigar cualquier circunstancia que pueda ser caso de acoso profesional, «con garantías de objetividad, celeridad y confidencialidad, evitando la victimización secundaria»; y garantizando la «indemnidad» frente a posibles represalias.

Para conseguir su objetivo, Defensa se compromete a difundir el protocolo para que llegue a todo el personal de las Fuerzas Armadas y a incluirlo en sus planes de formación. El primer paso del documento aborda una serie de actuaciones preventivas para evitar posibles casos de acoso laboral. Una vez que existan, establece el protocolo para su denuncia e investigación.

El protocolo define como acoso profesional «la exposición a conductas de violencia psicológica intensa, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo (al menos seis meses) hacia una o más personas, por parte de otra u otras que actúan frente a aquéllas desde una posición de poder –no necesariamente jerárquica sino en términos psicológicos–, con el propósito o el efecto de crear un entorno hostil o humillante que perturbe la vida profesional de la víctima».

Estos comportamientos pueden penalizarse incluso como infracción disciplinaria muy grave, al margen de su tramitación paralela a través de cauces judiciales.

El texto también establece que, al contrario, no serán considerados casos de acoso profesional «las situaciones que deriven del desacuerdo, insatisfacción o disputa acerca de la interpretación o aplicación de las normas que regulan la organización de trabajo», o aquellos que tengan lugar en actos aislados o esporádicos, que se deban a falta de sintonía personal, que conformen meras discrepancias o enfrentamientos o que deriven del mismo ejercicio del mando.

La Audiencia de León ha condenado al empresario minero Victorino Alonso a cuatro años de cárcel por los daños causados al medio ambiente en una zona protegida con la explotación de una mina de carbón a cielo abierto.

El empresario, responsable de la Minero Siderúrgica de Ponferrada, y declarado culpable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, deberá pagar más de 24 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Léon.

«Todo valía para la promotora con tal de extraer el carbón y obtener rendimientos económicos. El cumplimiento de obligaciones legales ni valía la pena, ni importaba nada», aseveran los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Léon.

Según la sentencia, que ya ha sido notificada a las partes, la entidad MSP, después CMC, de la que era administrador único el ahora condenado, «al realizar la actividad minera a cielo abierto Nueva Julia incumpliendo de forma fragante tanto la legislación aplicable como las condiciones impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental, produjo un grave riesgo para el medioambiente y los recursos naturales, llegando incluso a causar graves daños en una zona protegida y en hábitats de interés comunitario, no siendo posible la recuperación de los sistemas afectados ni del estado de recuperación de los ecosistemas afectados, ni del estado de conservación de los espacios de fauna protegida en esa zona, habiéndose ocasionado impactos muy significativos y muy importantes sobre el agua, el suelo, la atmósfera, la fauna y la flora, siendo alguno de ellos permanentes y no recuperables».

La mina explotada, continúan explicando los magistrados, «supone, actualmente, un riesgo moderado alto respecto a la contaminación de aguas por la generación de drenajes ácidos de mina, existiendo un alto riesgo para el medio natural por la emisión atmosférica de partículas contaminantes y un riesgo muy grave por el escenario de rotura o fallo de las escombreras, con afecciones de graves a muy graves sobre la estructura y la funcionalidad de hábitats incluidos en la Directiva 92/43, en especial del urogallo cantábrico y del oso pardo, especies en peligro de extinción».

El tribunal considera que durante el juicio quedó demostrado que «los graves daños y riesgos para los recursos naturales y el medio ambiente no se habrían podido producir de haberse observado en el desarrollo de la actividad minera a cielo abierto la normativa aprobada en materia de protección medioambiental».

La Sala entiende que para la empresa promotora de la explotación del carbón, «lo real importante, nos atrevemos a decir que lo único importante, era extraer el mineral y que, para ello, no importaba la inexistencia de permiso de la confederación hidrográfica correspondiente ni de ninguna otra administración competente. Tampoco importaban los posibles daños que su pudieran ocasionar en el medio natural al alterar el caudal de los arroyos de la zona, el drenaje natural y generar ruptura sobre los ecosistemas asociados. Todo valía para la promotora con tal de extraer el carbón y obtener rendimientos económicos. El cumplimiento de obligaciones legales ni valía la pena, ni importaba nada».

La Audiencia, que aprecia la atenuante de dilaciones indebidas, ha fijado la pena «teniéndose en cuenta la concurrencia de varias circunstancias agravantes ( clandestinidad de la actividad y obstaculización a la actividad inspectora ); la enorme extensión de la zona de ocupación afectada, más de 400 hectáreas; la duración del tiempo durante el que prolongó la explotación, más de cuatro años; la enorme gravedad de los daños y riesgos causados tanto al medio ambiente como a los recursos naturales, alguno de ellos irreversible; el altísimo coste de reparación de los daños de la zona afectada, más de veinticuatro millones de euros, lo que revela la gravedad de la afectación al medioambiente y a los recursos naturales; y la gravedad de la culpabilidad del acusado en la comisión de los graves hechos enjuiciados, pues sólo dependieron de su voluntad».

Todos los grupos del Congreso, menos Vox, han apoyado este jueves la aprobación del proyecto de ley por el que se elimina la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad, derogando términos y figuras como la tutela, la curatela, la patria potestad prorrogada o la patria potestad rehabilitada, entre otras.

Lo hace a través de la reforma de las leyes Hipotecaria, del Registro Civil, de Enjuiciamiento Civil y Ley de Notariado. De esta forma, se modifican acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia.

Tal y como recoge la exposición de motivos del texto, esta iniciativa no busca «un mero cambio de terminología» para convertirse en un texto «más preciso y respetuoso», sino que quiere modificar «el enfoque de la realidad» para que este sea «más acertado» y «advierta» sobre situaciones que, hasta ahora, habían pasado «desapercibidas», como que «las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones».

Es por ello que el articulado de este proyecto de ley sustituye la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad por una «ayuda técnica» en materia de «comunicación» para adaptar la declaración de voluntad de estas personas a su situación y características individuales.

De esta forma, la representación o sustitución en la toma de decisiones de una personas con discapacidad se mantiene «únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo».

Tanto el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como su homóloga de Derechos Sociales, Ione Belarra, han declarado ante el Pleno para mostrar su satisfacción por la aprobación de esta iniciativa. «Por fin se garantiza la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad», ha celebrado Belarra, mientras Campo la ha calificado como una norma «justa», «social» y «digna».

UNA POLÍTICA DE «ARRIMAR EL HOMBRO»

El titular de Justicia, que ha agradecido la colaboración y el impulso de las organizaciones y entidades de personas con discapacidad, ha destacado, también la tramitación de esta norma por la que, ha indicado, se demuestra que «hay una nueva forma de hacer política», basada en «la fórmula del acuerdo político y de arrimar el hombro».

El ministro destacaba así el ambiente que se ha vivido durante el debate, en el que se ha destacado el consenso, el trabajo conjunto y los logros obtenidos para sacar adelante esta norma.

El único partido que se ha mostrado crítico con el texto es Vox. Su portavoz en este debate, Rocío de Meer, ha señalado que la ley está basada en «un tremendo y gigante error»: pensar que «la dignidad de la personas reside en la voluntad». «El espíritu de este proyecto de ley es erróneo», ha declarado, para señalar que solo su formación cree en que la dignidad «es inherente al ser humano».

«Hay personas con discapacidad limitativa hasta el extremo, para los cuales es un logro pestañear y su dignidad es exactamente igual que la de ustedes», ha apuntado De Meer. «Es un error que gran parte de estas políticas estén basadas en esta dignidad fundamentada en la capacidad y la voluntad», ha insistido.

«Usted no ha participado, no ha colaborado», le ha reprochado a De Meer la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, que, al contrario que la representante de Vox, se ha mostrado muy «orgullosa» del trabajo realizado con este texto y que se ha producido, según ha explicado, «con mucho debate» y con «mucho escuchar a expertos y a personas con discapacidad».

EL PSOE RECOMIENDA A VOX «TIEMPO» Y «TRABAJO»

Moro ha destacado que esto es una «reforma» que trata sobre «el derecho de las personas» y que supone «un paso más» en un proceso que, ha indicado, comenzó con la Constitución. La diputada del PP ha indicado que esta ley será comprendida de mejor manera por las mujeres que, en 1975, consiguieron «el derecho a disponer de su patrimonio, de actuar en el tráfico jurídico», porque «tenían limitada su capacidad, como la han tenido las personas con discapacidad, hasta ahora», ha apuntado.

También el portavoz del PSOE en esta materia, Miguel Ángel Caballero, ha asegurado que no había visto a la diputada de Vox en los trabajos para realizar esta ley y ha recomendado a la formación de Abascal «tiempo» y «trabajo».

El socialista ha recordado que esta iniciativa comenzó con un Gobierno de otro signo y se impulso en el actual y ha celebrado que la política, este jueces, haya «pasado de la bronca a la cooperación» y de «un campo de combate» a un «campo de colaboración». «Lamento que Vox quiera salirse de nuevo de esta foto», ha declarado, antes de agradecer a todos los portavoces de los grupos su trabajo y, especialmente, a la representante de los ‘populares’.

El resto de grupos ha reconocido también el diálogo conseguido en esta iniciativa. Desde el PNV, su portavoz en materia de Justicia, Mikel Legarda, ha señalado también que esta ley supone una «evolución» en el concepto de discapacidad «situándola en le ámbito de los derechos sociales y los derechos humanos».

Su homóloga de Ciudadanos, Sara Giménez, ha celebrado que el Congreso esté «votando avance» con este texto que, ha indicado, tiene «un enfoque con perspectiva de derechos humanos» que «respeta la autonomía» del colectivo en su toma de decisiones. «Estamos dando una gran respuesta a la diversidad social», ha insistido.

El representante de PdCAT, Genís Boadella, habla de un «enfoque moderno» en esta ley que, a su juicio, será «semilla» para la nueva legislación que pueda venir en el futuro; mientras que su homólogo de Junts, Josep Pagès, ha indicado que esta medida pone «a prueba» la «capacidad de adaptación» de los ciudadanos para

Para la portavoz de Unidas Podemos en este debate, Marisa Saavedra, esta norma que sale adelante hace a España un país «más digno y justo».

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella presentada por la Asamblea Republicana de Vigo contra la fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y contra el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, por presunta prevaricación, ante una «intolerable dejación de sus obligaciones» frente a los supuestos delitos fiscales que habría cometido el Rey Emérito, Juan Carlos I.

El auto, del que ha sido ponente la magistrada Carmen Lamela, señala que la querella se limita a narrar unos hechos que imputa a la Fiscal General del Estado, sustentados en la información periodística aparecida en diversos medios informativos, que, desde su perspectiva, considera ocurridos, «pero sin que acompañe a su denuncia datos objetivos y accesibles de la realidad de lo sucedido en cuanto a la intervención de la persona aforada Señora Delgado», por lo que inadmite la querella y ordena el archivo de las actuaciones.

La querella relataba la información de la que la Asamblea había tenido conocimiento a través de la prensa extranjera y nacional, relativa a determinadas comisiones cobradas por el Rey emérito y pagadas por consorcios españoles, a operaciones realizadas a través de las fundaciones Lucum y Zagastka de las que el primero resultaría beneficiado, y también sobre la utilización de unas tarjetas de crédito con cargo a una cuenta en la habría sido ingresado dinero como regalo por parte de un empresario amigo de origen mexicano.

Los querellantes describían asimismo determinadas investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Europea, por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional (pieza Carol del macrosumario que investiga las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo y por la Fiscalía Anticorrupción), así como actuaciones a la Fiscalía del Tribunal Supremo en las que se informa de la posible comisión de un delito fiscal y de un delito de blanqueo de capitales.

Seguidamente, los querellantes atribuían a los querellados la omisión de distintas actuaciones contra el Rey emérito dentro de sus respectivas competencias que se desarrollaban en ámbitos, judicial y administrativo, totalmente diferentes e independientes y sin conexión alguna entre ellas, razona el Supremo. Y no se les atribuye además «ninguna actuación conjunta o concertada», añade la resolución dada a conocer este jueves.

El Supremo subraya en su auto que la Asamblea Republicana de Vigo no ofrece elemento o principio de prueba que avale razonablemente la verosimilitud de la realidad de los hechos contenidos en la querella en lo que se refiere a la intervención de Dolores Delgado, «limitándose a afirmar su existencia sin ningún apoyo objetivo». A ello se suma que además el hecho de que la Fiscalía del Tribunal Supremo esté tramitando actualmente diligencias de investigación referidas a las actividades del ex monarca.

Según explicó el abogado tributarista que ha redactado la querella, Antón Beiras, la nueva regularización fiscal del Rey Emérito, por el IRPF y por 4,4 millones de euros, «significaría que ni la AEAT ni la Fiscalía han abierto una inspección tributaria o una investigación penal formal» ante Juan Carlos I.

Recordó para que esa regularización «sirva de excusa absolutoria en el ámbito penal», debe producirse de forma «espontánea y veraz», es decir, que no haya previamente una inspección tributaria ni una investigación formal.