El precio diario del mercado mayorista de electricidad, el conocido como ‘pool’, se ha situado en lo que va de mes de mayo en los 60,78 euros por megavatio hora (MWh), un 6,52% por debajo del cierre de abril, pero un 186% más alto que hace un año.

Además, esa cifra es un 54% superior a la media de los últimos cinco años de un mes de mayo, según datos del Grupo ASE, que destaca que este incremento se debe al gas y a las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Así, aunque las energías renovables han ganado un enorme peso en el ‘mix’ eléctrico y en 2021 ya suponen más del 55% de la generación en España, su intermitencia y falta de capacidad de almacenamiento se traduce en dependencia de las energías fósiles para asegurar el suministro eléctrico.

Según los analistas de Grupo ASE, los ciclos combinados de gas aportan seguridad al sistema eléctrico, aunque marcando el coste de oportunidad al resto de fuentes de generación y fijando el precio horario en España y en gran parte de Europa, ahora que el carbón ya no es competitivo.

PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD UN 60% MÁS CAROS QUE LOS HABITUALES

De esta manera, el coste de generar un MWh de electricidad para un ciclo combinado viene determinado por la evolución del mercado de gas natural (materia prima) y del de emisiones de CO2 (precio por contaminar), con lo que el encarecimiento de estos dos factores ha elevado su coste de producción desde 39 euros por MWh a finales de febrero a los 64 euros por MWh actuales.

ASE señala que esta subida de 25 euros por MWh (+64%) en apenas dos meses se traslada al ‘pool’ y eleva el precio de la electricidad más del 60% respecto a los precios habituales en esta época del año.

La mayor parte de esta subida se debe a la cotización del gas natural (+18,5 euros por MWh). El resto proviene de la compra de cuotas de emisiones para producir.

Igualmente, la cotización del gas en el principal mercado de gas natural en Europa, el TTF holandés, ha subido un 400% en el último año por el crecimiento de la demanda y la contracción de la oferta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves el informe ‘España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo’, en el que el Ejecutivo desgrana un conjunto de objetivos para esa década que, en materia de redistribución de la riqueza, pasan por elevar la recaudación fiscal hasta el 43% del PIB en 2050, ocho puntos más que ahora, y por reducir a la mitad la economía sumergida, desde el 20% al 10% del PIB.

En el documento, de unas 700 páginas, el Gobierno asegura que el sistema fiscal español recauda menos y redistribuye la renta y la riqueza peor que el de otros países europeos, situación que se agravó a partir de la crisis de 2008. Según el análisis del Gobierno, la baja capacidad recaudatoria del sistema fiscal se debe, por un lado, a las características del tejido productivo, pero también al «elevado» peso de la economía sumergida.

De esta forma, apunta que en 2019 la recaudación fiscal de España fue del 35% del PIB frente a una media de 41% de la UE-27 y del 43% de la UE-8, por lo que el objetivo del plan ‘España 2050’ es situar este porcentaje en el 43% del PIB en 2050, con dos pasos previos: lograr el 37% del PIB en 2030 y el 40% en 2040.

De hecho, el Gobierno ha encargado a un comité de expertos un estudio sobre el sistema fiscal español, que deberá presentar sus conclusiones en febrero de 2022, y la intención del Gobierno es que algunos de los cambios fiscales puedan entrar ya en vigor en 2023, siempre que la recuperación económica se haya consolidado.

En el caso concreto del IRPF y del IVA, que son las figuras tributarias que más recaudan en España, el documento del Gobierno afirma que los beneficios fiscales de ambos merman su recaudación; mientras que en el caso del Impuesto sobre Sociedades sus ingresos han caído «sustancialmente» desde la crisis de 2008.

En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, afirma que la falta de coordinación entre las distintas comunidades autónomas, así como los beneficios fiscales introducidos por estas, limitan, «notablemente» su alcance.

A la vista de este análisis, propone una serie de cambios en el sistema tributario, «de forma progresiva en el tiempo», que afecten, también, a los tributos cedidos a las comunidades autónomas y las administraciones locales.

Concretamente, apuesta por ampliar las bases de los impuestos, principal causa de la baja capacidad recaudatoria del sistema fiscal, y para ello, propone un «mayor escrutinio» de los beneficios fiscales manteniendo únicamente aquellos que sigan principios de «efectividad, eficiencia y equidad».

ELIMINACIÓN PROGRESIVA DE MÓDULOS Y ESTIMACIÓN OBJETIVA

Asimismo, afirma que los actuales sistemas de estimación objetiva por módulos o coeficientes en el IRPF, que no cuentan con equivalentes en los países de referencia, deberían transitar hacia sistemas de tributación basados en los ingresos reales, manteniendo la simplicidad y facilidad de gestión que suponen.

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, apuesta por racionalizar la fiscalidad corporativa e impulsar su armonización a escala internacional, con el fin de eliminar las distorsiones provocadas por los beneficios fiscales en este impuesto, que acaban «sesgando su carga hacia empresas pequeñas y sectores tradicionales y menos móviles.

TIPO MÍNIMO EN SOCIEDADES

En el ámbito internacional, indica que se debe trabajar para lograr una atribución equitativa de la recaudación entre países, y añade que si finalmente no se alcanza un acuerdo en la OCDE, España debería impulsar en la UE la implantación del sistema de ‘Base Imponible Común Consolidada’, además de una solución multilateral para gravar a las grandes empresas de servicios digitales y la implantación de un tipo efectivo mínimo en este impuesto.

La reforma «integral» de los impuestos sobre la renta, el patrimonio y sucesiones y donaciones para eliminar los incentivos fiscales a favor de la inversión en activos relacionados con el patrimonio inmobiliario, elevando la tributación efectiva del capital hasta situarla en línea con los países de la UE-15, es otro de los objetivos que se marca el Gobierno a largo plazo.

Asimismo, asegura que debe replantearse el papel del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en las haciendas autonómicas «para evitar estrategias de competencia fiscal indeseables«, las cuales «minan» el alcance recaudatorio y progresivo de estos impuestos y el principio de igualdad.

ELEVAR LA FISCALIDAD DE ALCOHOL, TABACO Y COMBUSTIBLES

También apuesta por modificar los impuestos especiales, elevando los tipos de gravamen sobre bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles derivados del petróleo hasta converger con los establecidos en los principales países de la UE, y por crear un marco de incentivos e instrumentos fiscales que promueva la transición ecológica.

Finalmente, y de cara a los cambios tecnológicos de aquí a 2050, el Gobierno aboga por reconsiderar las bases y los tipos de la imposición sobre el trabajo en el IRPF, adaptándolos según los efectos que el cambio tecnológico tenga sobre el mercado de trabajo y la desigualdad salarial en las próximas décadas.

ELEVAR LA TRIBUTACIÓN DEL CAPITAL

Igualmente, apunta que si los cambios tecnológicos benefician relativamente a los propietarios del capital, «como ha ocurrido durante las últimas décadas en muchas economías avanzadas», habrá que actualizar la imposición sobre el capital para gravar con más intensidad sus rendimientos.

Por ejemplo, afirma se podría incrementar la presión fiscal sobre las rentas no productivas asociadas al cambio tecnológico (aquellas derivadas del ejercicio de poder de mercado por parte de las plataformas digitales), algo que no tendría por qué suponer una fuente de ineficiencia, dada la naturaleza no productiva de estos rendimientos.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (CRDOP) Jamón-Paleta de Teruel va a dar una información más detallada al consumidor sobre los meses de curación y peso de sus productos.

Así lo ha dado a conocer este jueves, 20 de mayo, en un acto celebrado en el stand de Aragón en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2021, que se celebra esta semana en el recinto ferial de IFEMA en Madrid.

Al acto han asistido la directora general de Turismo del Gobierno de Aragón, Elena Allué; el diputado delegado de Turismo de la Diputación de Teruel, Diego Piñeiro, y el presidente de la CRDOP, Ricardo Mosteo.

Mosteo, ha precisado en declaraciones, que los meses de curación y el peso son unos datos muy demandados por el consumidor, que en unos meses va a poder conocer de forma más precisa en la vitola que acompaña a cada pieza. En deshuesados, porciones o loncheados viene reflejada en la etiqueta del envase.

Además, ha aclarado que el Consejo Regulador de la DOP garantiza, como requisito, mínimo 14 meses de curación y siete kilos de peso para el Jamón de Teruel y nueve meses y más de 4,5 kilos para la paleta.

No obstante, puesto que muchos de los 34 secaderos inscritos en la DOP «trabajan ya a más meses de curación, para lo que utilizan piezas más grandes» y que hay un consumidor «que busca este tipo de jamones y está dispuesto a pagar más por ellos» se ha impulsado esta ampliación de información sobre el producto que llega al mercado, ha relatado el presidente de la CRDOP.

Así, se establecen tres categorías en función de la curación y el peso. El Jamón de Teruel informará en su vitola si tiene más de 22 meses, cuando el periodo mínimo de elaboración sea de 96 semanas y el peso en el momento de la calificación sea igual o superior a nueve kilogramos, mientras que precisará si tiene más de 18 meses, cuando haya una curación de al menos 79 semanas y la pieza pese ocho o más kilos.

Además de estas dos nuevas categorías, en el mercado se seguirán comercializando piezas de Jamón de Teruel con la vitola tradicional que garantiza un mínimo de 14 meses de curación y siete kilos de peso.

En lo que respecta a la Paleta de Teruel, la vitola contemplará las menciones más de 10 meses y más de 11, cuando el periodo de elaboración sea de 44 o 48 semanas y el peso sea igual o superior a 5 o 5,5 kilogramos, respectivamente. Como ocurre con el Jamón de Teruel, se mantendrá la comercialización de la pieza de paleta con la vitola tradicional que garantiza 9 meses de curación y más de 4,5 kilos de peso.

INTERÉS DE LOS CLIENTES

Mosteo ha contado que desde hace tiempo que reciben llamadas y correos electrónicos en los que los clientes se interesan por estos datos, apostando por que un organismo independiente como el consejo regulador «certifique que lo que dice el secadero es así» y se aporte una información «clara, veraz y verificable».

A su entender, esto aportará un hecho diferencial al Jamón y Paleta de Teruel y dará más valor a estos productos, para aclarar que no se trata de establecer criterios de mejor o peor, si no de trasmitir información más detallada al consumidor, siendo los meses de curación y el peso de la pieza las dos cuestiones que más le interesa conocer.

Con esta nueva categorización, se podrán satisfacer los distintos gustos de los consumidores en función de si prefieren el jamón o la paleta más o menos tierno, con más o menos curación y un mayor o menor peso.

El consejo trabaja desde principios de 2019 en esta iniciativa y en abril de 2020 realizó una encuesta entre los consumidores, en la que el 96,6 por ciento demandaba más información de los dos productos acogidos a la denominación de origen turolense.

En concreto, el 91,9 por ciento apuntaba a los meses de curación como la información que más le interesaba a la hora de adquirir un Jamón o una Paleta de Teruel y el 85 por ciento estaba dispuesto a pagar más dinero, si disponía de esos datos.

VOLUNTARIO

Mosteo ha manifestado que nueva categorización será voluntaria para el secadero, dando la oportunidad a quien así lo desee de «continuar con su forma de trabajar». No obstante, ha confiado en que la mayoría la asuman porque en las reuniones previas para impulsar este cambio «hubo un gran grupo que mostró mucho interés por esta acción», también han realizado encuestas y han mantenido reuniones, constatado «que o bien se mostraban a favor o no estaban en contra».

«Están por categorizar el producto» como «instrumento útil para aportar valor a sus jamones y paletas», pero «no queremos cambiar el paso a nadie» y siempre se garantizan esos al menos 14 meses de curación, ha enfatizado el presidente de la CRDOP.

Asimismo, ha indicado que este cambio se ha hecho mediante la modificado del pliego de condiciones de la DOP, introduciendo una categorización de las piezas en función de su peso y meses de curación.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó el pasado mes de octubre la resolución de la dirección general de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón por la que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la DOP, cambio que ya ha recibido el visto bueno del Gobierno de Aragón, del Ministerio de Agricultura y, recientemente, de la Comisión Europea.

Mosteo ha explicado que tanto las DOP, como las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) son figuras de calidad registradas y protegidas en el ámbito europeo y cualquier modificación del pliego de condiciones, aunque sea menor, como es este caso, «se revisa en la Comisión Europea».

Tras concluir este proceso administrativo, a partir de ahora, esta novedad va a comenzar a ser operativa para los secaderos, que lo irán introduciendo de forma paulatina, conforme hagan acopio de las piezas, y llegará al mercado en unos meses.

INCREMENTO DEL CONSUMO

Ricardo Mosteo ha reseñado que si bien son la DOP de jamón más antigua de España, sigue «muy viva» porque «somos conscientes de tenemos muchas cosas para hacer» y estos meses de pandemia han impulsado nuevas acciones, como una campaña de Marketing y Comunicación en el ámbito nacional, que hasta la fecha no se había desarrollado, «y que vamos a seguir este año.

El presidente ha expuesto que en 2020 han crecido un 23 por ciento tanto en marcajes de jamón, como de paleta, algo que ha achacado a que el consumidor ha querido «resguardarse en productos seguros y fiables», además de que ha habido «flexibilidad» por parte de los secaderos para adaptarse a la situación generada por la pandemia y «prácticamente el cien por cien ya venden online».

Ha comentado que si bien cada secadero tiene una realidad distinta, todos han utilizado diferentes estrategias para darse a conocer a través de las redes sociales y otras herramientas digitales, logrando posicionarse bien.

Mosteo ha reconocido que en el caso de los secaderos más dedicados a la hostelería lo han pasado peor y, en general, cuanto más duran las restricciones a que obliga la pandemia «más afecta a todo el mundo», con un comienzo de 2021 con desaceleración de las ventas los dos primeros meses, si bien después han adquirido buen ritmo.

Asimismo, ha resaltado que en 2020, además de incrementar clientes, «hemos ganado en conocimiento de marca y de producto» en el mercado español, que representa el 95 por ciento de sus ventas, frente el 5 por ciento que se exporta. «Tanto los secaderos, como el consejo, hemos estado muy activos» y han logrado que el consumidor español sepa cómo es su producto, para puntualizar «que una cosa es saber que existe y otra conocerlo».

Ricardo Mosteo ha agregado que en 2020 han sido la primera DOP que ha hecho análisis del ciclo de vida de sus productos, determinando su huella de carbono, hídrica y medioambiental. Creemos en la sostenibilidad, en la economía circular», ha incidido.

El presidente de la patronal española UNO Logística, Francisco Aranda, ha propuesto la implantación en España de un modelo propio de ‘mochila austríaca’ para hacer frente a la alta tasa de paro y temporalidad que registra el país desde hace más de treinta años, lo que considera que frena de forma permanente su competitividad.

En unas jornadas sobre el papel de la logística en las plataformas digitales, Aranda ha recordado que España siempre duplica las tasas de paro y temporalidad de la Unión Europea tanto en los ciclos económicos positivos como en los negativos, considerando este hecho «un problema endémico» al que hay que hacer frente utilizando nuevas estrategias.

«Tampoco hace falta inventar nada, sino saber aplicar lo que ya hemos visto que funciona en otros países. En Austria el resultado es espectacular, porque el desempleo allí es del 6% y el de los jóvenes de un 9,5%, así que es evidente que mejora el mercado de trabajo», ha añadido el presidente de UNO Logística.

Aranda sostiene que la mochila austríaca es un sistema que redistribuye y equilibra la protección por despido entre los fijos y los temporales, aumentando la protección de estos últimos, que suelen ser jóvenes y trabajadores con rentas bajas, al mismo tiempo que fomenta la movilidad laboral ya que los asalariados no pierden ninguna indemnización cuando cambian de empresa, lo que repercutiría en una mayor competencia por captar a los mejores empleados, generando un incremento natural de los salarios.

También defiende que mejoraría automáticamente la productividad de la economía, pues el trabajador se movería más, recogiendo todas esas experiencias y mejorando su rendimiento y, en caso de despido, la indemnización a abonar por la empresa no sería tan onerosa, puesto que el trabajador ya ha capitalizado al menos en parte ese riesgo y la empresa, de forma súbita, no se ve abocada a pagar cantidades grandes.

«Habría que simultanearlo durante varios años con el actual, puesto que los trabajadores que ya han generado derechos no pueden perderlos. Es decir, habría que ir aplicándolo de forma progresiva, pero tenemos que empezar ya», ha explicado sobre su posible aplicación.

La Comisión Europea ha enviado una carta a España pidiendo aclaraciones sobre el plan de reformas e inversiones remitido a las autoridades comunitarias el pasado 30 de abril y con el que el Gobierno quiere absorber los 140.000 millones que tiene asignados del plan europeo postCovid.

Fuentes del Ministerio de Economía han confirmado la recepción de la carta, pero aseguran que la Comisión Europea busca aclarar «temas técnicos» y que no entra en el «fondo» ni en la «sustancia» del plan de recuperación.

El departamento que dirige la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no ha querido detallar si la carta da un plazo al Gobierno para contestar, pero sí ha asegurado que Bruselas ha enviado cartas similares a todos los países que han enviado ya sus estrategias de reformas e inversiones, así como forma parte de los contactos que ambas partes mantienen desde hace meses sobre el plan.

Por su parte, una portavoz del Ejecutivo comunitario ha precisado que se trata de «intercambios completamente normales» dentro del periodo de evaluación de los planes nacionales de recuperación de los Estados miembros, con los que está en «contacto constante» durante estas semanas.

El objetivo de la misiva es «aclarar cualquier posible cuestión abierta, por ejemplo, pidiendo información adicional». Bruselas, sin embargo, ha advertido de que no hará comentarios sobre «medidas individuales» ni compartirá un «análisis preliminar» de ningún plan hasta que no haya publicado su evaluación definitiva.

En un encuentro con la prensa, el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, se ha pronunciado sobre la misiva y ha asegurado que «es critica» con el plan español y sí que entra en determinadas reformas e inversiones.

GARICANO INSTA A BRUSELAS A CONSEGUIR QUE ESPAÑA HAGA SUS DEBERES

En cualquier caso, el jefe de la delegación naranja en el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que en sus evaluaciones de los planes consiga que España y el resto de países «hagan sus deberes» a pesar de la «presión política» a la que va a ser sometida durante estas semanas de análisis.

«Mi mensaje es a la Comisión sería que este es el momento de conseguir que los países hagan sus deberes», ha afirmado Garicano, quien sostiene que Bruselas «va a luchar» a lo largo del periodo de análisis para «cambiar y mejorar cosas» de las estrategias de reformas e inversiones de los gobiernos.

Sin embargo, el eurodiputado de Ciudadanos ha advertido de que el Ejecutivo comunitario se enfrentará a una «presión política muy fuerte» para que apruebe los planes porque debe articular el objetivo doble de desembolsar rápido las ayudas y a la vez garantizar que se utiliza para transformar las economías europeas.

Garicano también ha insistido en su crítica al plan elaborado por el Gobierno, que a su juicio adolece de «tres problemas graves»: carece de «ambición reformista, la inversiones «no van a transformar» la economía española y no cuenta con «consenso político.

«La impresión que da es que no es un plan que vaya a transformar nuestra economía, sino que es un plan que va a gastar mucho en cosas que no van a dejar nada detrás», ha defendido.

Aunque piensa que «el plan no cumple» las condiciones del reglamento por «falta de concreción», el eurodiputado de Ciudadanos no ha querido aventurarse a pronosticar si el Ejecutivo comunitario lo rechazará o no, precisamente porque «está bajo muchísima presión».

El Gobierno ha defendido en su plan España 2050 que la robotización y aumento de la automatización en mercado laboral no «aumentará el desempleo estructural de forma inexorable».

En el informe publicado este jueves, se asegura que, aunque el avance tecnológico destruirá muchos empleos, también generará otros.

Los autores del texto no hacen predicciones detalladas al considerar que es demasiado pronto para cuantificar el impacto de estas nuevas tecnologías en el trabajo, pero defienden que históricamente estas nuevas revoluciones «en el medio y largo plazo siempre acaba creando más (empleos) de los que destruye».

El informe que hace recomendaciones y predicciones para el futuro de España como país dedica una parte a la necesidad que este aumente su productividad y la importancia de la tecnología para lograrlo.

Entre los empleos que se destruirán por la automatización, se hace mención a los contables y a los guardabosques, cuyo número disminuirá con la popularización de los drones.

Por el contrario, entre los nuevos empleos, se encuentran el desarrollo, gestión y reparación de estas nuevas tecnologías y también los nuevos empleos surgidos en la realidad virtual o el conocido como metaverso.

El Gobierno apuesta por que empleos como jardinero de Minecraft, entrenador de avatares o jugador profesional de e-sport sean cada vez más frecuentes en la sociedad.

El informe destaca la importancia que tendrán en la demanda las habilidades tecnológicas, científicas y matemáticas, habilidades cognitivas avanzadas, transversales y sociales y físicas y no repetitivas.

REALISMO

El Gobierno también destaca la importancia de ser «realista» en cuanto a las posibilidades digitales de España, ya que hay países que llevan décadas invirtiendo y están más avanzados.

«Es fácil soñar con una España puntera en informática cuántica, Industria 4.0 e Inteligencia Artificial. Sin embargo, la experiencia histórica revela lo difícil que resulta transformar de manera sustancial la estructura productiva de un país en un periodo breve de tiempo, o alcanzar a competidores que llevan décadas invirtiendo en el desarrollo de ciertas tecnologías», dice el informe.

Por ello, se apuesta por ser «muy quirúrgicos» con las inversiones estratégicas que se realicen, una guía a tener en cuenta en plena preparación del reparto de fondos europeos.

De hecho, muchas de las propuestas del informe están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como el diseño de un plan integral de ayuda al a transformación digital con foco en los autónomos, el relanzamiento de la inversión en estructuras digitales, digitalización de servicios estratégicos como la sanidad o la creación de una plataforma digital integral de gestión administrativa para pymes y autónomos.

El Producto Interior Bruto (PIB) español podría crecer a tasas promedio del 1,5% anual en las próximas tres décadas si se incrementa la productividad en un 50% de aquí a mediados de siglo y aumentan las tasas de empleo.

«Esto nos permitiría recortar la brecha en renta per cápita que nos separa de la UE-8», ha señalado el Ejecutivo en el proyecto ‘España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo’ presentado este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Museo Reina Sofía de Madrid.

Aunque desde el Ejecutivo admiten que conseguir este fuerte repunte de los niveles de productividad «puede parecer mucho», lo cierto es que varios países europeos, incluido España, ya lograron un progreso similar en el pasado reciente.

Según destaca el Gobierno, el hecho de que España parta de unos niveles de productividad y empleo más bajos y que existan tendencias favorables en marcha como la digitalización y el desarrollo de la Inteligencia Artificial, la equiparación educativa y laboral de la mujer, el aumento de la formación o la transición ecológica «aumentan las probabilidades de conseguirlo», según ha recalcado el Ejecutivo.

No obstante, en ausencia de mejoras de productividad, la contracción de la fuerza laboral podría hacer que la economía se estancase entre 2023 y 2050, con un crecimiento anual del PIB de entre el 0,3% y 1,1%; un crecimiento muy inferior al 2% que España registró entre 1996 y 2019, lo que alejaría todavía más de los países avanzados de Europa.

Para evitar este escenario negativo, España tendrá que hacer una apuesta decidida y contundente por la educación (desde el nacimiento hasta la senectud), multiplicar sus esfuerzos en I+D, acelerar la modernización del tejido productivo aprovechando las oportunidades de la digitalización y la transición ecológica, fomentar el crecimiento de sus pequeñas y medianas empresas, reducir al máximo las distorsiones generadas por las trabas administrativas, y atajar con éxito el problema de la economía sumergida.

SIN APOYO DEMOGRÁFICO: 4 MILLONES DE PERSONAS MENOS TRABAJANDO

El problema de la baja productividad española no está, por tanto, en un determinado sector, sino que afecta a la práctica totalidad de la economía, siendo causado por cinco factores transversales que limitan la eficiencia del conjunto de nuestro tejido productivo: el capital humano, la capacidad innovadora, la implantación tecnológica en el tejido empresarial, el marco institucional, regulatorio y laboral y el funcionamiento del tejido empresarial, indica el documento.

A diferencia de lo que ocurrió en el pasado reciente, en las próximas décadas España no va a contar con el apoyo de la demografía para crecer. La mayoría de los pronósticos apuntan a que el envejecimiento de la población se traducirá en una reducción severa de la fuerza laboral, incluso si se logra mantener el saldo migratorio de las últimas dos décadas.

En concreto, apunta que la población española de entre 16 y 64 años podría caer en 3,7 millones de personas de aquí a 2050,situándose por debajo de los 27 millones (niveles de 1996). Esto significa que, a mediados del presente siglo, en España podría haber casi 4 millones de personas menos trabajando, generando riqueza y pagando impuestos.

Así, solo por este efecto demográfico, el país pasaría de crecer a tasas del 2% (promedio del período 1996-2018) a hacerlo a tasas del 1%. Si a este escenario de menor población en edad de trabajar, se suma una dinámica de la productividad similar a la observada durante las últimas décadas, entonces el crecimiento económico podría ser incluso más reducido: de entre 0,3% y 1,1%, en media, para el período 2023-2050.

OBJETIVOS: REDUCIR BRECHA PER CÁPITA CON LA UE A UN 10% EN 2050

Ante esto, el Gobierno ha fijado una serie de objetivos para ganar productividad, entre los se plantean reducir la brecha de renta per cápita que separa a España de la UE-8 a un 10% en 2050, además, de elevar la productividad laboral de la economía de aquí a 2050 hasta niveles próximos de los países de la UE-8.

También se proyecta aumentar la tasa de empleo del 62% al 80% antes de mediados de siglo e incentivar la I+D privada para que, junto con el impulso a la I+D pública, aproximar los niveles en 2030, al objetivo del 3% del PIB y al menos en el 4% en el 2050.

Por último, el Ejecutivo ve necesario incrementar el tamaño medio de las empresas y reducir el peso de la economía sumergida hasta situarlo, al menos, en niveles similares al de los países más desarrollados de la UE de aquí a 2050.

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha enviado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Agricultura su propuesta respecto al tamaño máximo de las explotaciones de vacuno de leche para así limitar la proliferación de macrogranjas de leche en el territorio nacional, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la organización agraria ha recabado las posturas de los distintos territorios para definir cuál es el tamaño que deberían alcanzar las explotaciones para que las explotaciones familiares y de ganaderos profesionales puedan ser viables, y a su vez se limite la proliferación de macrogranjas de vacuno de leche, de miles de vacas en producción, con las que las explotaciones profesionales no pueden competir y son potencialmente grandes focos de contaminación y apenas generan empleo en el medio rural.

De cara a la elaboración de la propuesta, Unión de Uniones ha destacado que, según los datos del Ministerio, el elevado número de explotaciones que cierran, en torno a las 700 al año, no se dan de forma generalizada, sino que los registros muestran que mientras cierran las explotaciones medianas y pequeñas, crecen las de gran tamaño. Así, entre 2016 y 2020 el número de explotaciones con una producción mayor a los 8 millones de kilos habrían aumentado en un 57%.

La organización ha precisado, que se debe diferenciar entre explotaciones profesionales que tienen que crecer para mantener su viabilidad y grandes explotaciones industriales con las que el ganadero profesional no puede competir, propone las 500 vacas en producción como valor límite para diferenciar entre ganaderías familiares y ganaderías industriales.

Unión de Uniones ha indicado que estas 500 vacas en producción suelen tener asociadas en la propia explotación a su reposición, por lo que a partir de esta cifra se estaría alcanzando dimensiones de 1.000 animales en la explotación, con las problemáticas en términos medioambientales y sanitarios que esto puede acarrear, no solo a la propia explotación, sino a las de su entorno y al medio en el que se encuentre, argumentan desde la organización.

En su propuesta, Unión de Uniones puntualiza que, si bien el tamaño propuesto se ajusta a gran parte del territorio nacional, no excluye que comunidades autónomas que, por un sistema de producción diferenciado, como pueda ser en la cornisa cantábrica, consideren un tamaño menor de las explotaciones de acuerdo a su realidad productiva.

«Esperamos que esta promesa del Ministerio de regular el sector realmente se cumpla, y, lo que es más importante, escuche y atienda a las necesidades del sector productor para la elaboración de este real decreto», han señalado desde la organización que recuerdan que hay otros «problemas importantísimos» como la crisis de precios del sector o la falta de ordenación del tamaño de las explotaciones.

El Gobierno ha recomendado prohibir los trayectos que se realizan en avión y que tengan una alternativa para viajar en tren inferior a las 2,5 horas de duración, con el objetivo de disminuir el impacto medioambiental del transporte aéreo.

Así figura en el informe presentado este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que hace un diagnóstico de la situación social y económica de España y detalla las propuestas para alcanzar una estrategia nacional con la vista puesta en 2050.

Esta medida se alinea con una ley aprobada recientemente en Francia que marca el camino legislativo necesario para prohibir en ese país los vuelos de corto recorrido que tengan alternativa en tren, el medio de transporte más sostenible.

«Se recomienda prohibir los vuelos en aquellos trayectos que puedan realizarse en tren en menos de 2,5 horas», señala el plan en uno de sus objetivos medioambientales orientado a reducir a 2 millones de toneladas las emisiones del sector del transporte español para ese año.

Representantes de Adif, el gestor público de la infraestructura ferroviaria, ya han trasladado en varias ocasiones que la eliminación de los vuelos de corto recorrido ocurrirá «más temprano que tarde», algo que aseguran que no impactaría en las aerolíneas, cuyo modelo de negocio se basa sobre todo en el tráfico internacional.

El Ejecutivo también propone la introducción de una tasa de viajero frecuente o el establecimiento de impuestos sobre los billetes de avión según la cercanía del destino, lo que ayudaría a limitar sus externalidades negativas y a aproximar su tratamiento fiscal al de otros medios de transporte.

IMPUESTOS A LA CARRETERA

Para conseguir ese objetivo, el Gobierno también plantea ajustar la fiscalidad del transporte por carretera al uso real del vehículo, es decir, pasando de los actuales figuras fiscales sobre la compra, circulación y combustibles, a un impuesto sobre el uso medido real del vehículo que tenga en cuenta sus características, como el peso, potencia, emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero.

Asimismo, plantea llevar a cabo una mejora de las red ferroviaria tanto para el transporte de personas como de mercancías, una actividad esta última que todavía se realiza en su mayoría por carretera, con las elevadas emisiones que esto supone.

El Gobierno justifica que el mayor uso de las carreteras para el transporte, sector que más emisiones genera, responde a la construcción a gran escala de autovías, en detrimento delas líneas de ferrocarril, la dependencia del vehículo privado en la movilidad interurbana, el aumento del tamaño y la potencia media de los automóviles durante los últimos años, la baja presión fiscal sobre el transporte y la distribución desigual de la población en el territorio.

«En lo que respecta a mercancías, es necesario ampliar la electrificación de la red ferroviaria, utilizar trenes híbridos con hidrógeno renovable para los tramos no electrificados, aumentar la eficiencia de las terminales intermodales, e incorporar vía férrea en aquellos puertos y aeropuertos que carecen de ella», describe el texto.

En cuanto al transporte de personas, plantea ampliar las redes de cercanías existentes, modernizar las líneas que no son de alta velocidad, relanzar los servicios de tren nocturno, actualizar y finalizar las conexiones transfronterizas y fomentar la demanda aplicando un sistema tarifario justo que contemple el menor impacto en el medio ambiente y en salud del ferrocarril frente a otros medios de transporte.

Otra de las medidas incluidas en el informe ‘España 2050’ en el ámbito de la carretera es seguir implementando zonas de emisiones bajas y ultrabajas, como las que ha hay en Barcelona o Madrid, peajes urbanos, como los establecidos en Estocolmo, Londres, Milán, o supermanzanas, como en Barcelona también, con el objetivo de reducir la contaminación del aire y la contaminación acústica hasta los niveles recomendados por la OMS, así como la siniestralidad vial.

S&P Global Ratings ha rebajado la calificación crediticia soberana de Colombia desde ‘BBB-‘ hasta ‘BB+’, quitando así el grado de inversión del soberano del país, con perspectiva estable, según ha informado en un comunicado.

La decisión de la firma se ha producido por la reforma tributaria propuesta el pasado mes de abril en el Congreso, la cual desembocó en una oleada de protestas en el país por los incrementos de impuestos recogidos en el papel.

La reforma se propuso en un contexto de mayores presiones sobre el gasto, las cuales han debilitado las posibilidades de que Colombia mejore su posición fiscal, después de un «reciente y marcado deterioro» en las cuentas públicas tras el impacto de la pandemia.

Dada la alta vulnerabilidad externa del país y el perfil económico moderado, bajo nuestro punto de vista los niveles de deuda de Colombia, que se situarán en torno a un 60% del PIB entre 2021 y 2024, así como los grandes déficits fiscales «no son consistentes con un grado de inversión (‘BBB-‘ o más)», ha explicado la firma.

La reforma fiscal presentada al Congreso en abril buscaba la financiación transitoria y un gasto estructural mayor –principalmente transferencias a los segmentos más vulnerables de la población– al tiempo que se adoptaban medidas para reducir los déficits fiscales. Si bien se esperaba que la propuesta fuera diluida en el Congreso, se podría esperar que se recogieran algunas medidas para obtener algunos ingresos corrientes adicionales y permanentes.

En cambio, se encontró con una marcada oposición política y protestas de algunos segmentos de la población. Estos acontecimientos obligaron al gobierno a retirar la propuesta de reforma fiscal antes del 2 de mayo de 2021 y costaron la dimisión del exministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla.

En este escenario, el Gobierno busca negociar con varios agentes sociales una propuesta fiscal alternativa. «Las perspectivas de reformas estructurales sustanciales son bajas a corto plazo, dadas las protestas en curso y la proximidad de las elecciones nacionales del próximo año», ha advertido la agencia.

Por otra parte, S&P prevé que el PIB colombiano crezca a un ritmo de entre el 3% y el 4% entre 2021 y 2024, lo que debería contribuir a estabilizar los niveles netos a alrededor del 60%.

Primark refuerza su presencia en España con la apertura este jueves de una tienda en Bilbao, en la torre Bizkaia, que ha provocado largas colas de clientes que aguardaban su turno desde primera hora de la mañana para poder acceder al interior del establecimiento.

La nueva tienda de Bilbao, ubicada en la Gran Vía, eleva el número de establecimientos de Primark en España a 51, según ha informado la compañía de retail en un comunicado.

Este establecimiento ha creado más de 180 empleos locales y, desde hoy, los clientes pueden comprar en las cuatro plantas de la nueva tienda de 4.550 metros cuadrados. La tienda tendrá un horario de nueve y media de la mañana a nueve de la noche de lunes a sábado. Asimismo, Primark ha destacado que el establecimiento cuenta con «amplias medida de seguridad» para que empleados y clientes «puedan trabajar y comprar con confianza».

Desde primera hora se han concentrado los clientes en el exterior de la tienda para poder acceder a su interior y se han ido formando largas colas de consumidores, aunque guardando la distancia establecida con motivo de la covid-19.

La tienda Bilbao Gran Vía será el primer establecimiento de Primark en la ciudad, aunque ya cuenta con otra en Bizkaia, en el centro comercial Ballonti de Portugalete, que fue inaugurada en abril de 2008. En noviembre de 2012, Primark abrió una tienda en Vitoria en el Centro Comercial El Boulevard, por lo que la nueva tienda será la tercera en el País Vasco, donde cuenta actualmente con más de 400 empleados.

Primark también abrirá una nueva tienda en San Sebastián dentro de los próximos dos años que estará ubicada en la nueva ampliación del Centro Comercial Garbera.

El director general de Primark en España y Portugal, Carlos Inacio, ha manifestado su satisfacción por la apertura del establecimiento en Bilbao. «Contamos con una fiel base de seguidores en la provincia de Bizkaia que compra en nuestra tienda en el centro comercial Ballonti, y estamos encantados de traer esta nueva tienda insignia a la zona para estar más cerca de nuestros clientes en la ciudad de Bilbao», ha añadido.

Según ha destacado, su ubicación en el centro de la ciudad en un conocido edificio histórico, así como el tamaño, escala y oferta, hacen que esta nueva tienda «destaque entre el resto». «Sabemos que nuestros clientes tendrán una experiencia de compra increíble y segura. Estamos orgullosos de darle a Bilbao su propia tienda insignia de Primark y estamos deseosos de dar la bienvenida a nuestros clientes», ha concluido.

El Mobile World Congress (MWC) 2021 de Barcelona, que tendrá lugar del 28 de junio al 1 de julio, donará 300.000 euros a la economía local para la recuperación a través de programas contra el Covid-19.

Lo ha explicado este jueves el director general de la GSMA Limited, John Hoffman, en una rueda de prensa junto al director general de la GSMA, Mats Granryd, para explicar las novedades del congreso de móviles.

El MWC ofrece este año una entrada a precio reducido de 21 euros para los trabajadores españoles de 11 sectores –como la automoción, la educación y el ‘e-commerce’–, de la que donará parte del dinero recaudado.

Tanto los que compren su entrada a precio reducido como los que paguen el importe total deberán invertir 15 euros a parte para realizarse un test obligatorio, que se prevé que se efectúe en el aeropuerto de salida o de llegada para asegurar «que no se propague el virus».

HASTA 50.000 ASISTENTES

Además, los asistentes de los sectores elegidos podrán asistir en las próximas ediciones del MWC en 2022, 2023 y 2024 a mitad de precio.

Hoffman ha señalado que la organización quiere «reconocer a estos sectores y su futuro», a la vez que dejar un legado en Barcelona y crear ocupación.

Tras los anuncios de bajas de empresas como Samsung, Google o Sony, ha indicado que se espera que se congreguen 300 expositores de manera presencial para recibir a entre 35.000 y 50.000 asistentes, una cifra «difícil de prever teniendo en cuenta las circunstancias de pandemia».

INNOVACIÓN Y LIDERAZGO

Hoffman ha explicado que se trata del evento «más grande» del año en Barcelona y calcula que un total de 600 ponentes y 350 startups participarán en él presencial y telemáticamente.

Hoffman también ha querido hacer un reconocimiento a todos los cuerpos de seguridad y de emergencias que han luchado contra la pandemia en Barcelona y ha insistido en que hay un gran esfuerzo para asegurar la salud de los participantes del evento con un plan sanitario basado sobre todo en tests.

Las principales temáticas en que se centrará la edición son la innovación y el liderazgo, con aspectos concretos como el ‘blockchain roaming’ «para el control y la propiedad de la información», mientras que también se realizarán informes centrados en la igualdad de género en la industria, la economía móvil, el clima y la inteligencia artificial.

100.000 METROS CUADRADOS

Se calcula que la superficie del recinto ferial de Gran Vía de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se ocupará con el evento será de unos 100.000 metros cuadrados, «aunque no se podrá definir hasta el último momento».

También ha destacado que este año el congreso no estará acompañado con el programa cultural ni el centrado en jóvenes que hubo en ediciones anteriores y que previsiblemente «se recuperarán en 2022».

Por su parte, el director general de GSMA, Mats Granryd, ha manifestado que «ha llegado el momento de reunirse» tras la pandemia y de construir confianza, y que el evento no solo mostrará nuevas tecnologías sino también oportunidades de negocio y para mejorar el empleo.

El Gobierno elevará los tipos impositivos sobre el consumo de diésel y de gasolina y creará un nuevo impuesto sobre el uso medio real del vehículo en sustitución de otras figuras fiscales actuales como el impuesto de matriculación.

Así se desprende del documento ‘España 2025. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo’ presentado este jueves por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que pone el foco en la importancia de garantizar la sustitución de los vehículos de combustión interna por modelos ‘cero emisiones’.

Para ello, sería necesario desarrollar una estrategia intersectorial que facilite la creación del ecosistema que requiere el automóvil eléctrico, fomentando su fabricación en España e impulsando la producción, reutilización y reciclaje de baterías; además de incrementar los puntos de recarga rápidos e incentivar la compra de estos coches.

También sería conveniente, según este informe del Gobierno, elevar progresivamente los tipos impositivos sobre el consumo del diésel y de la gasolina hasta que ambos se equiparen al tipo impositivo medio de la gasolina en los ocho principales países de la Unión Europea.

Con el objetivo de ajustar la fiscalidad del transporte por carretera al uso real del vehículo, abordando la totalidad de impactos negativos generados y asegurando una mayor coherencia entre el tipo de modelo adquirido y las necesidades del servicio, el Ejecutivo propone pasar de las actuales figuras fiscales sobre la compra, la circulación y combustibles a un impuesto sobre el uso medio real del vehículo que tenga en cuenta sus características, tanto el peso como su potencia y sus emisiones.

VEHÍCULO COMPARTIDO

En 2050, según el mismo documento, habrá menos vehículos privados y más vehículos compartidos en las carreteras españolas, así como más bicicletas y más transporte público. «La movilidad se verá transformada por la difusión del automóvil eléctrico, que será cada vez más económico y competitivo y que constituirá el grueso del parque móvil español a mediados de siglo», indica el Gobierno.

Asimismo, la llegada del vehículo autónomo incentivará esta tendencia, ayudando a reducir tanto las emisiones como el tráfico y liberando espacio público en las ciudades.

«Será relevante adaptar la fiscalidad a la nueva realidad del transporte para corregir sus externalidades negativas y establecer señales inequívocas que garanticen su descarbonización a largo plazo», recoge el texto, que asegura que el camión seguirá teniendo un rol «predominante» en el transporte terrestre de mercancías, al menos a corto plazo, dadas las ventajas que aún presenta frente al ferrocarril, que irá ganando competitividad.

MOVILIDAD URBANA

En cuanto a la movilidad urbana y metropolitana, el Gobierno pone el foco en hacerla más sostenible e inclusiva, por lo que será necesario potenciar una Ley de Movilidad que desarrolle planes de movilidad urbana sostenible que consideren como ejes transversales la salud, la perspectiva de género y de edad, la mitigación y la adaptación al cambio climático o la educación y la concienciación, con el fin de impulsar cambios de comportamiento en lo relativo a la movilidad.

También se implantarán zonas de bajas emisiones en los centros de las ciudades y peajes urbanos con el objetivo de reducir la contaminación del aire y la contaminación acústica, así como la siniestralidad vial.

La optimización de la logística de reparto en el ámbito urbano podría llevarse a cabo estableciendo un marco normativo y de incentivos que promueva el uso de vehículos bajos en emisiones o creando ordenanzas sobre espacio mínimo de almacén y evitando actividades de reparto durante las horas de mayor congestión del tráfico.

Fomentar el uso del transporte público, mejorando la eficiencia en rutas y frecuencias mediante técnicas de inteligencia artificial o fomentar la movilidad activa con carriles bici también son otras de las iniciativas a llevar a cabo para la descarbonización de las ciudades.

Iberdrola ha iniciado la recolección de la producción de miel solar del colmenar fotovoltaico más grande del mundo, en el marco del Día Mundial de las Abejas de las Naciones Unidas, que se celebra este 20 de mayo.

Situado en la planta fotovoltaica de Andévalo, en Huelva (Andalucía), el apiario está integrado por 165 colmenas que congregan más de 8 millones de abejas, con las que se está contribuyendo a mejorar la biodiversidad del entorno, según precisa la compañía.

Además, en colaboración con la empresa especializada Tesela Natura, la energética ha instalado estos días 105 colmenas, que albergan otros 5 millones de abejas, en la planta fotovoltaica extremeña de Núñez de Balboa.

El proyecto, que continuará desarrollándose en otras plantas fotovoltaicas de Iberdrola en España, persigue demostrar cómo la ubicación de polinizadores en instalaciones renovables puede mejorar la estabilidad de los ecosistemas y potenciar el rendimiento de los cultivos de las tierras agrícolas circundantes. En los parques fotovoltaicos las abejas cuentan con terrenos libres de herbicidas y químicos agrarios porque el crecimiento de hierbas se controla mediante el pastoreo de ganado. Así, estas iniciativas generan zonas ecológicas que permiten estudiar cómo el cultivo de plantas aromáticas (eucalipto, milflores, romero, retama y tomillo) incrementa la calidad de la miel mientras.

Con estas actuaciones, la compañía avanza en su objetivo de mejorar la biodiversidad en el entorno de sus desarrollos renovables y contribuye a proteger una especie como las abejas, responsable de la polinización del 80% de las plantas del planeta y del 75% de los alimentos que consumimos. En paralelo, promueve el desarrollo de la economía circular ya que la miel producida se comercializará.

Ubicada en el término municipal de Puebla de Guzmán (Huelva), la planta fotovoltaica de Andévalo evita la emisión de 15.000 toneladas de CO 2 a la atmósfera cada año. Su producción de energía 100% renovable contribuye desde hace meses a descarbonizar el proceso de fabricación de cerveza, que realiza Heineken en sus cuatro fábricas en España.

Por su parte, la instalación renovable de Nuñez de Balboa en Usagre (Badajoz) tiene capacidad para suministrar energía limpia a una población equivalente de 250.000 personas y evita la emisión a la atmósfera de 215.000 toneladas de CO2 al año.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha destacado que la formación en el ámbito turístico es un factor fundamental para la recuperación de sector y para mantenerlo «en la vanguardia».

Así lo ha manifestado en el encuentro ‘Fitur Talent’, en el que la ministra ha asegurado que las prioridades del Gobierno son la recuperación y mejora de la calidad del empleo en el sector turístico.

«Debemos seguir mejorando el sector sobre la base de la excelencia, porque las personas son lo más importante para mantener a nuestro sector turístico a la vanguardia», ha añadido la titular de la cartera de Industria, Comercio y Turismo.

Asimismo, la ministra ha asegurado que a través de los fondos europeos de recuperación van a desarrollar un programa para facilitar la mejorar de las competencias del sector y apostar por esa excelencia.

Sobre la tecnología y la innovación, Maroto ha resaltado que es necesario dar un salto cualitativo para capacitar más a los trabajadores del sector y dotar a los profesionales de herramientas para crear una industria más cualificada.

También ha recordado que la red de seguridad implementada por el Gobierno con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y los avales ICO han sido un «antídoto» para un sector que «ha perdido mucho talento y empleo».

APOYO DE LA OMT A LA FORMACIÓN TURÍSTICA

Además, el encuentro también contó con la participación de la Organización Mundial del Turismo (OMT) con representantes como su director ejecutivo, Manuel Butler, que ha mostrado el apoyo de la entidad a la formación como «eje central de la industria turística».

También ha insistido al sector público a ayudar con incentivos para crear un ecosistema turístico más seguro con el que atraer y mantener el talento y mejorar en tecnología e innovación.

En cuanto a la tecnología, Butler ha afirmado que la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 ha creado una disrupción tecnológica dentro del sector y , por lo tanto, es «necesario» implementar estrategias para revertir esa situación.

La ministra de Hacienda y portavoz de Gobierno, María Jesús Montero, ha recalcado este jueves que el acuerdo de investidura plasmó hace dos años «con mucha claridad» que los aspectos más lesivos de la reforma laboral «se derogarían a lo largo de esta legislatura».

Así ha reaccionado la socialista al compromiso de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de derogar la reforma laboral de 2012 y a la matización del presidente del Gobierno de «derogar cosas que hizo el PP, pero también modernizar muchas otras».

Montero, antes del 43 Congreso de UGT en València donde participaron ambos el martes y miércoles, ha defendido que Pedro Sánchez fue «extraordinariamente claro» y ha garantizado que PSOE y Unidas Podemos tienen una hoja de ruta cerrada.

Este acuerdo pasa por derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de Rajoy, pero «como no era suficiente», también apuesta por avanzar en la construcción del nuevo Estatuto de los Trabajadores «para el siglo XXI».

La portavoz ha prometido así que el Gobierno atenderá avances laborales en materia de digitalización y teletrabajo: «Por una parte, tenderemos a eliminar todas las cuestiones mas lesivas, pero también a construir sobre los retos de futuro».

A su juicio, la protección de los trabajadores y de la clase media española forma parte del AND del bipartito y es un objetivo compartido por los sindicatos mayoritarios.

También ha confiado en formalizar los compromisos adquiridos con Bruselas, que están «negro sobre blanco» y pasan por la nueva negociación colectiva para el «empoderamiento» de los trabajadores, la regulación de la subcontratación o la simplificación del número de contratos para luchar contra la precariedad y dualidad del mercado laboral, algo que lastra la competitividad de las empresas en el exterior.

Gobierno y agentes sociales volverán a reunirse mañana para abordar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre, después de que en el último encuentro, celebrado hace una semana, el Ministerio de José Luis Escrivá planteara una reducción de la cuantía de las exoneraciones a la Seguridad Social para los trabajadores que se mantienen en el ERTE y un aumento de las que se aplican actualmente para los que vuelven a la actividad.

La propuesta no gustó a los agentes sociales, que reclaman al Gobierno mantener las mismas reglas que rigen en la regulación actual. En ello han coincidido a lo largo de esta semana los líderes de CC.OO., UGT y CEOE, Unai Sordo, Pepe Álvarez y Antonio Garamendi, respectivamente, en diversas intervenciones.

Hasta la propia vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que lo que funciona, «no debe cambiarse». Los cambios en las exenciones de los ERTE ligados al Covid-19 planteados en la mesa de negociación tripartita proceden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

José Luis Escrivá ya señaló hace unos días que, aunque en la nueva prórroga se mantendrá el marco general vigente de los ERTE, desde el Gobierno se quiere «poner énfasis» en los incentivos a la reactivación de los trabajadores, como se hizo el pasado verano.

Este debate sobre los incentivos positivos para la activación de trabajadores en ERTE ya se ha tenido con los agentes sociales en anteriores prórrogas.

Sindicatos y empresarios siempre han defendido la necesidad de concentrar las exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social en los trabajadores que se quedan en el ERTE, no en los que salen.

El esquema actual de los ERTE, el que estará vigente hasta el 31 de mayo, establece exoneraciones de cuotas para los sectores ‘ultraprotegidos’ y empresas de su cadena de valor del 85% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen más de 50 empleados, tanto para empleados reincorporados como para suspendidos.

En los ERTE por impedimento de actividad, las exoneraciones son del 100% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 90% para las que tienen más de 50 empleados en plantilla, mientras que en los ERTE de limitación de actividad las exenciones son decrecientes hasta mayo de 2021.

Para empresas de menos de 50 trabajadores, éstas fueron del 100% en febrero, del 90% en marzo y del 85% en abril y serán del 80% en mayo. Para las que tengan más de 50 empleados, estos porcentajes son del 90%, del 80%, del 75% y del 70%, respectivamente.

QUEDAN UNOS 580.000 TRABAJADORES EN ERTE

Según los últimos datos facilitados por el propio ministro Escrivá, los trabajadores en ERTE alcanzaban la cifra de 580.000 personas a 17 de mayo. Son casi 19.000 menos que los que había el pasado 11 de mayo, cuando el número era de 598.729 personas.

De este modo, las cifras de trabajadores en ERTE continúan la tendencia descendente que iniciaron desde el pico de la tercera ola, cuando esta herramienta daba cobertura a casi 980.000 trabajadores.

En comparación con el máximo de trabajadores en ERTE que se alcanzó en abril de 2020, los trabajadores en ERTE se han reducido en algo más de 3 millones de personas, lo que supone un descenso superior al 80% en valores relativos.

La actividad de la construcción registró el pasado mes de marzo una caída interanual del 13,2% en España, después del retroceso del 17,3% observado el mes anterior, lo que representa el mayor descenso de toda la Unión Europea (UE), que experimentó un crecimiento medio del 14,9% interanual, mientras que en la eurozona la expansión fue del 18,3% respecto de marzo de 2020, según los datos de Eurostat.

En comparación con el mes anterior, la actividad de la construcción en España disminuyó un 0,9%, después de caer un 4,1% mensual en febrero. Entre los Veintisiete, la construcción aumentó un 2,2% en marzo y en la zona euro un 2,7%, después de caer un 1,7% y un 2%, respectivamente.

Entre los países de la UE, los mayores incrementos mensuales de la producción de la construcción se observaron Hungría (+11,5%), Alemania (+10,8%) y Eslovaquia (+9%), mientras que los descensos más acusados en comparación con el mes de febrero se registraron en Francia (-7,3%), Suecia(-3,1%) y España(-0,9%).

En comparación con marzo de 2020, los mejores datos de evolución de la actividad de construcción en la UE correspondieron a Italia (+74,5%), Francia (+46,3%) y Bélgica (+36,3%). Por contra, las mayores caídas interanuales se observaron en España (-13,2%), Polonia (-12,6%) y Finlandia (-4%).

De este modo, en el primer trimestre de 2021, la actividad del sector de la construcción retrocedió en España un 3,1% respecto de los tres meses anteriores, mientras que en comparación con el mismo trimestre de 2020la caída fue del 10,1%.

En el conjunto de la UE, en el primer trimestre se registró un aumento de la actividad constructora del 0,5% respecto del trimestre anterior y del 2,2% en comparación con los tres primeros meses del año pasado.

De su lado, en la zona euro, la actividad de la construcción en el primer trimestre de 2021 aumentó un 0,3% trimestral, después de la expansión del 0,8% de los tres meses anteriores, mientras que en términos interanuales subió un 3,1%.