El Tribunal de Cuentas denuncia en un Informe que un significativo número de ayuntamientos no suspendieron, ni total ni parcialmente, los contratos de servicios de limpieza y de vigilancia y seguridad privada a pesar de que muchas de las instalaciones o dependencias estuvieron cerradas durante la vigencia del primer estado de alarma.

Así se recoge en el Informe de Fiscalización de los contratos de servicios de limpieza y de vigilancia privada celebrados por las entidades locales de aquellas Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio, es decir, de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la Región de Murcia.

Según se desprende de este informe, muchos ayuntamientos de estas regiones no suspendieron estos contratos pese a referirse a instlaciones como las escuelas infantiles, colegios públicos, palacio de exposiciones, museos, etc.

Esto evidencia, según el Informe, "una gestión indebida" de los recursos por parte de la Administración contratante al continuar destinando gasto público a actuaciones carentes de utilidad sobre edificios fuera de uso a pesar de disponer de la posibilidad legal de suspender los correspondientes contratos, "con el consiguiente ahorro para el presupuesto de la entidad local".

PROLONGACIONES IRREGULARES DE LOS CONTRATOS

De otro modo, el Informe también destaca que muchos ayuntamientos también están realizando una "prolongación irregular" de la ejecución del contrato, mediante la continuación de la prestación del servicio, así como a su abono conforme a los precios estipulados en el contrato ya extinguido.

Por otra parte, advierten que, en más de la mitad de los contratos examinados, se ha observado que no se han valorado las repercusiones y efectos en el cumplimiento por la entidad local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Además, en lo que respecta a la fase de ejecución, el Informe dice que en un elevado número de contratos no se nombró un responsable del contrato que permitiera ejercer una mayor diligencia en la vigilancia y control de la ejecución del servicio, para que se cumplieran las condiciones y los plazos establecidos en el contrato.

RECOMENDACIONES

Por todo ello, el Informe termina con una serie de recomendaciones a estas entidades locales, tales como establecer mecanismos de planificación y gestión de su actividad contractual que permitan concluir la tramitación y adjudicación de sus contratos con la debida antelación, evitando situaciones de contratación irregular.

También recomiendan dotarse de los procedimientos adecuados para cuantificar el presupuesto de licitación y el valor estimado de los contratos y su adecuación al precio general de mercado a partir de una correcta estimación de los costes directos e indirectos, y definir indicadores adecuados para la valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor que salvaguarden los principios de publicidad, transparencia y objetividad, informadores de la contratación pública.

El PSOE y Unidas Podemos han mantenido este miércoles una reunión para "coordinar su acción conjunta" en el nuevo periodo de sesiones que está a punto de arrancar; un encuentro en el que han participado tanto miembros del Gobierno como los portavoz parlamentarios, y que llega tras semanas de desencuentros entre las dos formaciones que forman el Gobierno de coalición.

Según fuentes del PSOE y Unidas Podemos, en la reunión han participado, en representación de los socialistas, la portavoz parlamentaria y vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra; la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero; el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños; y el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas.

Por parte de Unidas Podemos estaban la ministra de Igualdad y 'número dos' de Podemos, Irene Montero; la secretaria de Estado para Agenda 2030, Ione Belarra; el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique; el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez; el presidente del grupo parlamentario y dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens; y el portavoz adjunto en el Congreso y representante de IU, Enrique Santiago.

En concreto, las dos formaciones han analizado este miércoles "el horizonte legislativo conjunto y subrayado el compromiso compartido de hacer de 2021 el año de la recuperación y la confianza". También han coincidido en que "la respuesta la emergencia sanitaria y la reducción del impacto social y económico de la pandemia" son sus "prioridades inmediatas".

"EN PARALELO, AMBAS FORMACIONES SUMAN SU TRABAJO AL GOBIERNO"

Asimismo, han querido aprovechar para dejar claro que "en paralelo, ambas formaciones suman su trabajo al Gobierno para impulsar los objetivos y compromisos en relación con los cuatro grandes ejes de transformación: la transición ecológica, la digitalización de la economía, la igualdad de derechos reales de mujeres y hombres, y la cohesión social y territorial".

Los dos partidos que comparten el Gobierno han protagonizado en las últimas semanas algunos importantes desencuentros, por ejemplo, a cuenta de la reforma de las pensiones en la que trabaja el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y que los 'morados' se han enorgullecido de haber corregido para evitar que supusiera, a su recorte para los pensionistas.

El debate sobre la subida del SMI, que finalmente ha quedado congelado por ahora, en contra de lo que querían los 'morados', o el nuevo rechazo del PSOE a investigar al Rey emérito en el Congreso, como defiende la formación de vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha generado también tensiones recientemente en ambos sectores del Ejecutivo.

LA MARCHA DE ILLA O LA REFORMA DE LAS PENSIONES, ÚLTIMAS POLÉMICAS

El modo en el que el ya exministro de Sanidad Salvador Illa ha dejado el Gobierno para encabezar la candidatura del PSC en las elecciones catalanas del 14 de febrero, sin comparecer por última vez en el Congreso y en plena tercera ola del coronavirus, tampoco ha sentado bien a Unida Podemos, que se enfrentará al PSOE en esos comicios dentro de En Comú Podem.

Por su parte, los socialistas ya han mostrado en numerosas ocasiones su malestar por la costumbre de Unidas Podemos de hacer públicas sus discrepancias para presionar al PSOE en los debates que se estén desarrollando dentro del Consejo de Ministros, como ocurrió, por ejemplo, con la mencionada reforma de las pensiones o las políticas relativas a vivienda, alquileres y paralización de desahucios.

INICIATIVAS POR SU CUENTA Y ENFRENTADAS EN EL CONGRESO

A este respecto, Unidas Podemos llegó a presentar incluso una enmienda por su cuenta a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 del Gobierno del que forma parte para platear esa paralización de los desahucios, generando un gran enfado en las filas socialistas. El Grupo Socialista llegó a acusar a los 'morados' de incumplir el protocolo de funcionamiento y coordinación que firmaron cuando se conformó el Gobierno de coalición hace un año.

Y la semana pasada, el PSOE registró en solitario una proposición de ley de igualdad de trato, argumentando que llevaban trabajando en ella durante años y que se había pactado delegar este asunto en los grupos parlamentarios, a pesar de que Unidas Podemos denunció después que el Ministerio de Igualdad de Montero ya estaba trabajando en esta cuestión e hizo público su malestar.

En ese protocolo de funcionamiento y coordinación el PSOE y Unidas Podemos acordaron, de hecho, la creación un órgano para dirimir sus discrepancias, la llamada 'Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo', y también otra a nivel parlamentario. No obstante, estos órganos a penas se han reunido como tal en este primer año del Gobierno de coalición o, al menos, no hay constancia de ello.

Ambas formaciones argumentan, siempre que se les pregunta al respecto, que el contacto entre los portavoces parlamentarios, o entre los miembros del Gobierno --empezando por el presidente Sánchez y su vicepresidente segundo Iglesias-- es "constante", según fuentes.

En la reunión que han mantenido este miércoles el PSOE y Unidas Podemos, las fuentes consultadas aseguran que los dos partidos han repasado el "trabajo de colaboración realizado en el primer año de coalición progresista", que ha estado, a su juicio, centrado en la respuesta a la emergencia sanitaria de la COVID-19 y la reducción del impacto social y económico de la pandemia.

La Policía Nacional en colaboración con la Inspección de Trabajo, en el marco de la operación 'Minguela', ha detenido a tres personas pertenecientes a un clan familiar como presuntas autoras de los delitos de fraude a la Seguridad Social, falsedad documental y estafa por valor de unos 800.000 euros.

La investigación, culminada este pasado día 22 de enero, se inició en el mes de agosto del año pasado fruto de la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y otros organismos públicos y se centró en un clan familiar, el matrimonio y su hijo mayor de edad--era mero intermediarios--que a través de la figura de un empresario individual autónomo proporcionaba a los agricultores de la provincia de Valladolid mano de obra para el campo.

Los trabajadores eran dados de alta en la Seguridad Social, si bien nunca se abonaban las cuotas estipuladas para tal efecto, por lo que el beneficio neto del autónomo intermediario es del cien por cien, entregando a estos jornaleros un salario mísero por jornadas maratonianas.

'MODUS OPERANDI'

Este grupo comienza su andadura empresarial en el año 2013, con la creación de la primera de diez sociedades dedicadas a la actividad de apoyo a la agricultura.

En su inicio, las empresas individuales figuran a nombre de los dos cabecillas. Cuando la deuda generada por ambos es muy elevada y comenzaban a recibir requerimientos de pago, creaban un entramado de empresas a nombre de allegados o familiares.

Estos nuevos empresarios en realidad ocupan la figura de falsos autónomos (testaferros). La empresa individual desarrollaba la misma actividad, mismos clientes, domicilios y responsables.

Era el matrimonio el que dirigía la actividad, contratando agricultores, cobrando salarios y organizando el trabajo. Los integrantes de la pareja eran reconocidos como 'jefes', aunque legalmente no figuren como tales. Mientras, el testaferro sigue faenando la tierra como hasta el momento.

Con este 'modus operandi' crearon un total de diez empresas que les permitía mantener su actividad hasta la actualidad; las mismas se forman sucesivamente en cascada y había un trasvase evidente de trabajadores entre todas ellas.

Al generar una abultada deuda se abre la siguiente, consiguiendo así una nueva empresa 'limpia' con la que continuar la actividad empresarial.

La deuda generada, casi 800.000 euros, englobaba también las cuotas de autónomos de los nuevos empresarios, las cuales no eran cubiertas.

Los cabecillas también se daban de alta como empleados de sus propios testaferros para generar una vida laboral inexistente y solicitar prestaciones públicas por desempleo, detectándose el cobro de más de 40.000 euros entre ambos.

En el último año y siendo conscientes del volumen del entramado creado, entró en juego el hijo de ambos, quien ocupaba también la figura de testaferro, si bien se mantuvo al corriente de pago, de este modo compaginaban una empresa con deuda con otra 'limpia' para asegurarse poder presentar certificados sin deuda en todo momento.

La operación ha sido realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en colaboración con la Inspección de Trabajo.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) está ultimando su barómetro correspondiente a este mes de enero, cuyo trabajo de campo se realizó en las primeras semanas de ese año, coincidiendo con el avance de la tercera ola del coronavirus tras las Navidades, con el paso de la borrasca de frío y nieve 'Filomena' y tras conocerse que el ya exministro de Sanidad Salvador Illa dejaría el ministerio para encabezar la candidatura del PSC en las elecciones catalanas.

Precisamente, este primer barómetro mensual del año se va a presentar más tarde de lo habitual porque el CIS ha tenido que dedicar también sus esfuerzos a su tercer estudio sobre los de efectos del coronavirus, presentado a principios de enero, y a la encuesta preelectoral sobre los comicios catalanes que hizo pública la semana pasada.

El contexto de las entrevistas del barómetro está marcado por la tercera ola del coronavirus. Tras las fiestas navideñas se produjo un fuerte incremento de los contagios y se empezaron a detectar cada vez más casos relacionados con la cepa detectada en diciembre en Reino Unido, lo que llevó a algunas comunidades a aprobar nuevas restricciones, mientras varios expertos abogaban por un nuevo confinamiento domiciliario. Desde la oposición se instaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a acudir al Congreso para endurecer las medidas del vigente estado de alarma.

En el plano político, vista la evolución de la pandemia, el 15 de enero se acordó el aplazamiento de las elecciones catalanas al 30 de mayo, aunque después el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad dejó en suspenso el aplazamiento y apostó por mantener la fecha del 14 de febrero.

PSOE Y UP CERRARON 2020 A LA BAJA

El último estudio con intención de voto, el barómetro presentado el 21 de diciembre, mantenía al PSOE como el partido con más respaldo electoral, pero tanto los socialistas como sus socios de Unidas Podemos cosecharon entonces su peor dato en el CIS desde las generales de noviembre de 2019, hasta el punto de que por primera vez fueron superados por la suma del PP, Vox y Ciudadanos, los tres en alza.

En concreto, la encuesta calculaba para el PSOE un respaldo del 29,5, lo que le permitía seguir en cabeza. Pero su tendencia era a la baja pues perdía casi un punto respecto a noviembre, cumplía cinco meses cayendo y por primera vez en el año pasado caía por debajo 30%. Aun así, se mantenía por encima del 28% que logró el 10N.

También continuaba en caída Unidas Podemos, que bajaba seis décimas en un mes y se anotaba un 10,8%, su cota más baja en las encuestas del CIS de los últimos tiempos, incluso por debajo del 12,8% que sumó en las últimas.

Juntos, los partidos del Gobierno de coalición alcanzaban el 40,3% y, por primera vez en la legislatura, eran superados por la suma de PP, Vox y Cs, que en diciembre reunían el 43,7%.

En concreto, el PP subía seis décimas en un mes hasta recabar el 19,2% de apoyo, su mejor dato desde julio pero aún por debajo del 20,8 que logró en las urnas; Vox también ascendía ocho décimas tras el debate de su moción de censura y cerraba el año en 14%, sólo un punto por debajo de su dato de las generales; y Ciudadanos, también se mostraba al alza anotándose un 10,5% y amenazando la cuarta plaza de Unidas Podemos.

El PSOE ha incluido en su listado de comparecientes para la comisión de investigación del Congreso sobre la operación 'Kitchen' al expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy; a la ex secretaria general del partido y exministra María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López de Hierro; y a las personas que integraban la cúpula de Interior cuando sucedieron los hechos investigados, pero ha declinado citar al excomisario José Manuel Villarejo.

En las 29 peticiones de comparecencia que los socialistas han registrado en solitario, al no haber llegado a un acuerdo sobre este extremo con sus socios de Unidas Podemos, figuran la mayoría de los imputados por el supuesto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, con algunas excepciones, una de ellas la de Villarejo, a quien Unidas Podemos sí ha incluido en su listado.

Dado el procedimiento impuesto a la comisión por los dos partidos que integran el gobierno de coalición, que implica votar las comparecencias en listas cerradas y no nombre por nombre, las propuestas del PSOE son a priori las que tienen más posibilidades de salir adelante ya que los vetos cruzados juegan a su favor cuando este jueves las debata la comisión a puerta cerrada.

Además de a los ya citados, el PSOE también solicita escuchar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a quien fuera su secretario de Estado Francisco Martínez, así como al entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó (de momento no imputado por la Justicia) y también a José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad con Juan Ignacio Zoido.

MANDOS POLICIALES

Los socialistas, que prefieren empezar por las comparecencia de los entonces mandos policiales, también buscan recabar el testimonio de los imputados Enrique García Castaño, que fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Eugenio Pino, quien ejercía como jefe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), así como a sus colaboradores José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz Sevillano y Felipe Eduardo Lacasa.

Asimismo, solicitan que la comisión pueda interrogar a ex comisario jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y a Andrés Gómez Gordo, el comisario que fue jefe de seguridad de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha.

Entre los policías aparecen también los nombres del ex comisario general de Información, Enrique Barón Castaño; y del actual, Eugenio Pereiro Blanco, así como de José Antonio Rodríguez González, conocido popularmente comisario 'Lenin'.

PÉREZ DE LOS COBOS Y LOS FONDOS RESERVADOS

El funcionario encargado de gestionar y trasladar de Interior a la Policía los fondos reservados, Miguel Ángel Bayo Herranz, es otra de las personas que el PSOE plantea que se someta a las preguntas de los comisionados, que, según los socialistas, también deben interrogar a Diego Pérez de los Cobos, a quien Martínez señaló como firmante de los talones de los fondos que se usaron para la Kitchen.

Los socialistas también proponen llamar a José Luis Olivera ex jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) cuando comenzó la investigación del caso Gürtel y, en la actualidad, jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), así como a quien fue su colaborador en la UDEF, Manuel Morocho, y al ex comisario general de Policía Judicial Juan Antonio González García, también investigador de la trama de Francisco Correa.

Entre los directamente implicados en la trama, el PSOE también plantea citar a Bárcenas, a su esposa Rosalía Iglesias, y al ahora policía Sergio Ríos Esgueva, antes chófer del extesorero captado por la trama para espiarle.

La relación de comparecientes del PSOE se completa con personas como Silverio Nieto Núñez, sacerdote de vocación tardía que antes fue policía y era íntimo de Fernández Díaz; Jorge Sanchís Bordetas, ex jefe de gabinete de Francisco Martínez, y Javier Iglesias Redondo, persona de confianza de Cospedal y abogado de Banca Privada de Andorra.

SÍ HAY ACUERDO SOBRE LA DOCUMENTACIÓN

El PSOE ha registrado también una serie de peticiones de documentación, éstas sí, coincidentes con las demandas de Unidas Podemos. En este caso, los socialistas sí reclaman información relativa a Villarejo como sus agendas incorporadas a la causa las grabaciones efectuadas por el excomisario a Cospedal y su marido en la sede nacional del PP, así como la conversación que Villarejo mantuvo con los empresario Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017.

Los archivos del teléfono móvil de Francisco Martínez y las dos actas notariales instadas por el ex secretario de Estado sobre los mensajes que dice haber recibido desde el móvil de Fernández Díaz, también tendrán que ser remitido a la comisión cuando se aprueben las peticiones del PSOE.

El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo ha emitido este miércoles un comunicado desde la cárcel de Estremera en el que se ha quejado de que no sea citado para comparecer en la comisión de investigación sobre la 'Operación Kitchen' en el Congreso de los Diputados, asegurando que no le llaman por "miedo a la verdad".

Villarejo ha planteado "quién pone vetos y por qué", "en el momento en el que se pretende crear la denominada comisión 'Kitchen para el esclarecimiento en sede parlamentaria de la verdad". "¿A quién le tiemblan las piernas?, ¿quién busca, por enésima vez, defraudar a los gobernados?, ¿cuáles son sus espurios pero evidentes intereses?, ¿a qué obedece esa insistencia en tomar a los votantes por idiotas?", ha ahondado.

A este respecto, ha recordado que hace tan solo tres años "existía un enorme" en que "la prensa pusiese luz y taquígrafos sobre las cloacas del Estado y en que, por consiguiente, se supiera completamente todo, sin dejar un detalle por retratar y despellejar".

El ex comisario ha centrado sus críticas en Podemos, a pesar de que la formación 'morada', al igual que la mayoría de la oposición, ha pedido incluir a Villarejo entre los comparecientes. De hecho, este ha sido uno de los puntos de fricción con el PSOE, que se ha negado a citarlo y, por eso, los socios de Gobierno han tenido que presentar sus propuestas por separado.

En concreto, ha tildado a Podemos de "hipócrita". "Mi comparecencia era hace apenas un mes esencial para poner negro sobre blanco lo que sus señorías consideran que debe conocerse a los cuatro vientos, más allá la sede judicial. ¿Por qué ahora los fariseos jerifaltes de este partido no lo ven 'inteligente'?, ¿cuál es la raíz del cambio de chaqueta?, ¿valen lo mismo los principios de los portavoces 'morados' que los que ridiculizaba Groucho Marx?", ha cuestionado.

Villarejo ha acusado al partido de Pablo Iglesias de intentar "mentir, y en la cara", al hablar de "un eventual riesgo de intoxicación del comisario". "¿Pretenden convencer a la opinión pública estos señores proponiendo, paradójicamente, la censura a quien consideran que está en el centro de la trama?, ¿prefieren convocar por motivos inconfesables a actores periféricos?", ha apuntado.

Además, ha interrogado sobre la "credibilidad" que puedan tener Podemos y sus dirigentes, tachando de "broma" que pretendan "dar lecciones de pulcritud y de respeto a la verdad" cuando, según ha indicado, tienen "su financiación entera bajo sospecha en países caribeños y del Gran Oriente Medio" y "a parte de sus dirigentes respondiendo ante los tribunales por presuntos delitos, y muy graves".

LAS "KITCHEN" DEL PSOE

En segundo lugar, Villarejo ha dirigido sus críticas al PSOE. "Sus 'Kitchen' estaban en mis archivos y ahora se dice que están encriptadas o que son secretos de Estado", ha deslizado para después preguntar si "ha tenido alguna vez el PSOE compromiso con la transparencia y la verdad o solo con la táctica y sus intereses partidistas".

Así, el comisario jubilado ha acusado a los socialistas de actuar "tapando y ocultando todo lo que no les interesa que se conozca". "'Su cloaca', que, por cierto, he denunciado ante los tribunales con ningún éxito", ha recalcado.

También ha tenido unas palabras para el PP, aunque en este caso se ha limitado a recordar lo que ya dijo en 2018, cuando se declaró "atónito" por que "una vez más el PP se va a dejar montar una segunda 'Gürtel' con el tema 'Kitchen'", y afirmó que el juez y ahora ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, controlaría el sumario del caso Villarejo para el PSOE. "Es una auténtico trilero manipulando causas, recuerden el 'Faisán'", remachó.

"SE ESTÁ FRAGUANDO UN PARIPÉ"

Villarejo ha atribuido el hecho de que no sea citado en la comisión de investigación a que "alguien teme, que cuente por qué, que la verdad llegue a la sede de la soberanía popular".

En este contexto, ha advertido de que "se está fraguando un paripé, se está preparando un teatro", porque "se está en la obsesión de tapar las vergüenzas, presentes y pasadas, de algunos de los partidos que van a sentar a sus voceros y a disponerlos para que actúen como implacables interrogadores".

Igualmente, ha achacado a ese "miedo a la verdad" su estancia en prisión. Nunca podré salir de aquí", ha augurado, esgrimiendo que no está encarcelado para evitar que destruya pruebas, sino "para que no las aporte. "Por eso tienen intervenidas todas mis comunicaciones, incluso las íntimas con mi esposa y las que mantengo con mi abogado, porque la Fiscalía y los jueces dicen 'que puedo crear una realidad paralela', ¿realidad paralela a qué? ¿A la verdad oficial?", ha espetado.

Villarejo ha atribuido su situación a una "campaña" para "matar al personaje" que buscaría su "aniquilación profesional y, por supuesto, personal".

Con todo ello, y ante "una España que económicamente se desmorona", ha indicado que "uno entiende, cada día con más razón, por qué el repudio de los ciudadanos a nuestra clase política", al tiempo que ha advertido a los diputados, citando a Ortega y Gasset, de que "incluso el hombre masa, en momentos de efervescencia, estalla y se rebela contra la tiranía y contra el hambre".

El PP, Vox, Ciudadanos y Junts defenderán este jueves en el Pleno del Congreso que se aborde el cambio del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en lugar de seguir tramitando la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del órgano de los jueces mientras no sea renovado.

La reforma de las formaciones del Gobierno fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado mes de diciembre y sus impulsores impusieron su tramitación acelerada, acortando al mínimo los plazos de enmiendas y rechazando que se pida informe al CGPJ sobre su contenido.

Para intentar frenar su tramitación, el PP, Vox, Ciudadanos y Junts presentaron enmiendas de totalidad y, como ya no podían limitarse a pedir su devolución, han propuesto textos alternativos de reforma centrados en el sistema de elección de los consejeros.

Eso sí, mientras que los tres partidos de ámbito estatal quieren volver al modelo de 1980 para asegurar que los doce vocales reservados al mundo judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados sin intervención del Parlamento, los independentistas de Junts siguen dejando la decisión a las Cortes, pero quieren cambiar el mecanismo de votación para eliminar las mayorías cualificadas que ahora se exigen y que mantienen bloqueada la renovación del Consejo.

UNA LISTA ABIERTA PARA QUE LOS JUECES ELIJAN DOCE VOCALES

El PP, Vox y Cs proponen establecer una única circunscripción de todos los jueces en activo de España para seleccionar nombres en una lista abierta con el fin de que los doce más votados pasen a formar parte del CGPJ junto con los ocho juristas que, conforme a la Constitución, debe ser votados por el Congreso y por el Senado.

En concreto, la propuesta de Ciudadanos, contempla que pueda presentar candidatura al CGPJ todo juez o magistrado en activo que aporte el aval de veinticinco miembros de la carrera judicial en servicio activo o bien el apoyo de una asociación profesional.

El PP, por su parte, prima a las asociaciones judiciales pese a que son mayoría los jueces sin adscripción. Su idea es que cada asociación pueda promover doce candidatos mientras que los jueces individualmente sólo tenga posibilidad de avalar a un compañero. Además los jueces que se presenten al margen de las asociaciones tendrán que recabar cien firmas de compañeros, cuatro veces más que las que exige Cs.

En todo caso, el PP excluye de la competición, sea por el cupo de jueces o por la cuota de juristas de elección parlamentaria, a aquellas personas que hayan ocupado cargos políticos en los últimos diez años.

Y CARGOS POLÍTICOS, FUERA

También Vox incide en impedir la elección de jueces vinculados a la política. Así, propone que quienes tengan o hayan tenido vinculación con algún partido político", ya sea como afiliados, integrantes de listas electorales o cargos de naturaleza política en cualquier administración territorial, sean excluidos de la competición y no puedan ser candidatos al CGPJ.

En su enmienda de totalidad, el Grupo Popular aprovecha para introducir cambios sobre las funciones del CGPJ como exigir mayoría cualificada a todos los nombramientos y suprimir la figura del llamado 'magistrado autonómico' que se designa a iniciativa de los parlamentos autonómicos.

También quieren obligar a que el CGPJ emita su opinión sobre el candidato del Gobierno a ocupar la Fiscalía General del Estado y sobre aquellas proposiciones de ley sobre sus cometidos que sean tomadas en consideración en el Pleno del Congreso.

ELIMINAR LA MAYORÍA CUALIFICADA

Por su parte, Junts también quiere centrar la reforma en el sistema de elección del CGPJ, pero no para dejar la decisión a los jueces, sino para cambiar el método de votación en el Congreso, pero cambiando el método y evitando la mayoría de dos tercios que ahora impide desbloquear la renovación.

En concreto, la formación independentista propone que, de entre todos los jueces o magistrados que se hayan presentado al proceso, cada diputado marque un máximo de cuatro nombres, con lo que buscan impedir uno o dos partidos acaparen todos los puestos en liza.

Según este modelo, los seis hombres y las seis mujeres más votados pasarán a formar parte del CGPJ y los demás quedarán como suplentes por si hay vacantes más adelante.

La portavoz de Educación del PP en Les Corts, Beatriz Gascó, ha denunciado este miércoles la "pasividad" de la Conselleria de Educación ante la alta incidencia del virus en los docentes y ha pedido que los test PCR en los centros educativos se hagan en menos de 24 horas para evitar situaciones de riesgo.

En un comunicado, ha urgido la actuación inmediata de Conselleria porque "no puede ser que haya aulas confinadas porque la realización de pruebas tarde más de una semana y los resultados todavía más" y la comparecencia del conseller de Educación, Vicent Marzà, en el parlamento porque "los datos oficiales que ofrece la propia Conselleria son esclarecedores y desmienten el absurdo triunfalismo con el que insulta a los docentes".

"La dejación de Marzà (Compromís) y su falta de iniciativas empieza a hacer insostenible la situación en muchos centros, con docentes infectados, bajas por contactos estrechos, aulas cerradas por contagios y muchas bajas sin cubrir, lo que provoca aulas vacías y que se resienta la educación. Los centros se están viendo resentidos por las bajas y la tardanza de la administración en cubrirlas", ha advertido.

Gascó ha rechazado así "la sensación de tranquilidad que intenta transmitir retorciendo los datos y manipulando cifras: Dicen que el 1,5% de los docentes son positivos, esto es 1.206. En términos porcentuales, la incidencia acumulada es de 1.500; es decir, una incidencia mayor que la de la sociedad valenciana que es de 1.423 por cada cien mil, la más alta de toda España".

Ante estos datos, ha recordado que el PPCV lleva pidiendo desde el inicio de curso la realización de test periódicos, una enfermera escolar en cada centro, más celeridad en los PCR y, ahora, que los docentes sean incluidos como grupo prioritario en la vacunación por ser población de riesgo". "No han hecho nada", ha criticado.

La 'popular', por contra, ha agradecido la gran labor de los docentes en la Comunitat, "asumiendo un trabajo impagable". "En este contexto tan complicado los centros y los docentes tienen la sensación de que Educación les ha abandonado a su suerte y que cada cual haga lo que pueda. No hay nadie al timón de la educación. La única medida anunciada en noviembre, la adquisición de 8.000 purificadores para aulas pese a ser 43.000, está empezando a llegar ahora a los centros, dos meses después, y sin ningún tipo de instrucción".

Según ella, esta es la radiografía de la educación en plena pandemia: "Hay miles de alumnos confinados, sin purificadores, sin la digitalización de muchas aulas, pese a que ha habido tiempo y llevamos desde el verano advirtiendo de la necesidad de adaptarlas, sin test masivos, sin enfermera escolar, sin material suficiente, sin medidores de CO2, sin la dotación suficiente de mascarillas FFP2 al colectivo docente, con graves problemas de conciliación, con diez mil alumnos en barracones. Solo vemos mucha improvisación y medidas contradictorias que siembran el desconcierto entre los centros y las familias".

"En la Comunitat Valenciana vivimos una situación sanitaria y social muy complicada. Es lamentable que en plena expansión de contagios, la Conselleria de Educación no esté, junto a la de Sanidad, realizando protocolos rigurosos en caso de que se produzca un caso positivo. La falta de control puede provocar que los centros, que hasta ahora venían siendo un espacio seguro gracias al esfuerzo de los equipos directivos y del personal docente en general, se conviertan en un foco de contagios", ha zanjado.

La Federación Española de Daño Cerebral (Fedace) ha llevado a cabo el estudio 'Modelos de atención al Daño Cerebral en España', en el que alerta de la falta de un plan de atención unificado para toda la población con daño cerebral en España y que abarque desde los primeros momentos hasta la fase crónica; así como de la deficiencia de recursos públicos en algunas zonas y la ausencia de coordinación y continuidad existencial.

Concretamente, el informe, elaborado con la asistencia técnica del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca y la financiación de la Fundación Gmp, tenía por objetivo analizar los distintos modelos de atención al daño cerebral existentes en las 17 comunidades autónomas (CCAA) y las dos ciudades autónomas de España.

Así, las fases de atención al daño cerebral, en todas las CCAA se han subdividido en tres fases: la fase aguda o primera fase, cuyos recursos sanitarios son la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la neurocirugía, la planta de Neurología y la Unidad de Ictus; la fase subaguda o segunda fase, que se refiere a la Unidad de Rehabilitación Hospitalaria, Unidad de Régimen de Hospital de Día y la Unidad de Rehabilitación Ambulatoria; y, por último, la fase crónica, que se trata de la única etapa centrada en los recursos sociales, tales como residencias, centros de día o pisos tutelados.

Mediante un cuestionario estructurado según las etapas mencionadas, las investigadoras principales, Alba Aza Hernández y María Fernández Sánchez, concluyeron que la curación o supervivencia, esto es, la primera fase o fase aguda, constituye un "objetivo fundamental" de la atención a esta población, y se desarrolla de manera óptima en todas las CCAA. De hecho, todas las comunidades disponen de al menos de una unidad de Ictus o equipos de Ictus, a excepción de Ceuta y Melilla.

Sin embargo, en ninguna comunidad existe un código de diagnóstico del daño cerebral, sino que suelen emplearse otros códigos de la décima edición de la Clasificación internacional de enfermedades (CIE-10), contemplando el ictus, traumatismo craneoencefálico, anoxia y tumor cerebral, entre otros. Con relación a la existencia del servicio de Teleictus, han expuesto que el 72,22 por ciento de las CCAA analizadas cuentan con el Servicio de Teleictus, frente al 27,78 por ciento que no disponen del mismo.

En cuanto a la fase subaguda, en el estudio se destaca que, en general, hay buena coordinación entre las distintas unidades hospitalarias y todas las comunidades ofrecen algún tipo de rehabilitación física transcurridas las primeras horas. Sin embargo, esta rehabilitación suele centrarse exclusivamente en la fisioterapia, dejando de lado otras áreas importantes como la logopedia, la neuropsicología y la terapia ocupacional. Asimismo, la duración de la rehabilitación es muy variable, pero no suele ser superior a los 6 meses, y suele ser aún más corta para los recursos residenciales.

Con todo, las diferencias asistenciales entre los diferentes territorios en esta fase comienzan a acentuarse en el momento del alta hospitalaria. Es entonces cuando suelen establecerse dos vías de atención; candidatos para rehabilitación de alta intensidad, por un lado, y de baja intensidad, por el otro; lo que alimenta la discriminación entre pacientes, según las investigadoras principales.

En el primer grupo, se encuadran los centros de rehabilitación hospitalarios residenciales de media y larga distancia, los hospitales de día y la rehabilitación ambulatoria en el ámbito hospitalario, que en muchas ocasiones no cumple criterios de intensidad. En el segundo grupo se inscriben los hospitales de convalecencia de media estancia y los centros residenciales, en muchos casos de la tercera edad. Así, el informe alerta de que la regulación normativa de la derivación y la atención en la fase subaguda está regularizada de forma específica en el 35,29 por ciento de los casos.

AUSENCIA TOTAL DE COORDINACIÓN EN LA FASE CRÓNICA

Así las cosas, en la última fase, en la etapa crónica, el estudio advierte de "una falta total de coordinación". De hecho, tan solo la Comunidad Valenciana cuenta con normativa que regula la continuidad sociosanitaria una vez finalizada la fase de rehabilitación subaguda; a diferencia de Extremadura, Ceuta o Melilla, donde los recursos son prácticamente inexistentes.

En este sentido, la gestión de atención a través del reconocimiento de la dependencia es un proceso que puede tardar hasta dos años en muchas CCAA, causando "un vacío en la atención proporcionada", tal y como señalan las autoras. Además, la mayoría de la atención se proporciona desde recursos no específicos, en los que se atiende a otra población, y que varía de una comunidad a otra, aglutinando a personas con discapacidad física, discapacidad intelectual, parálisis cerebral y personas mayores, entre otros colectivos.

CONCLUSIONES

Así, el informe concluye que la atención en la fase aguda deldaño cerebral está muy estructurada en la mayoría de las CCAA,al menos en lo que se refiere en la atención al ictus. No obstante, a medida que avanzan las fases de atención, es menos frecuente la existencia de una regulación, así como de normativas que conecten la atención que se da desde sanidad con la que se proporcionan desde servicios sociales.

Por todo ello, desde Fedace insisten en que la atención proporcionada debería centrarse en "la promoción de la calidad de vida" y no tanto en rehabilitación. "La curación o supervivencia no puede ni debe ser el único objetivo, sino que se debe trabajar en una rehabilitación intensiva de las funciones perdidas, que permita alcanzar niveles de calidad de vida lo más óptimos posibles", señalan las investigadoras.

Asimismo, Fedace también ha querido llamar la atención sobre el hecho de que no exista una atención estructurada a la familia de personas con daño cerebral, especialmente en el ámbito hospitalario. "Debería haber atención familiar para todos tanto a nivel informativo como de apoyo psicológico", manifiestan desde la organización.

Además, con este estudio, reclaman la necesidad de una atención a cargo de equipos con funcionamiento interdisciplinar. "Es muy infrecuente la presencia de intervenciones de carácter neuropsicológico, fundamentales desde un primer momento; además, es necesario que todos los profesionales que participen en la intervención trabajen de manera interdisciplinar", exponen, y añaden que "es recomendable evitar que el paciente reciba atenciones simultáneas en diferentes recursos".

Desde Fedace instan, también, a la creación de programas de atención individualizados por parte de las autoridades. "Resulta de suma utilidad la creación de posibles recorridos asistenciales a lo largo de todo el sistema sociosanitario para facilitar la coordinación y organización de la red de recursos, que deben ser específicos y donde deben tener cabida la existencia de casos excepcionales que no se ajusten a la norma".

Asimismo, piden que, al igual que se postulan criterios muy específicos y contrastables sobre cómo debe ser la atención en la fase aguda, también existan criterios en el resto de las fases atencionales. "Es inadecuado basarse en normativa referente a otras poblaciones (como parálisis cerebral, discapacidad física o intelectual) para la construcción de los recursos en los que se atiende a personas con daño cerebral", afirman desde la federación.

Por último, han reiterado la idea de la necesidad de eliminar la desigualdad territorial en la atención al daño cerebral, ya que va en contra de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. "Por ello, sería importante la creación de una normativa estatal que garantizara unas cuestiones mínimas en todas las CCAA; además, hay recursos a los que el acceso no es igualitario, con criterios dudosos como es la edad", concluyen desde Fedace.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado la devolución al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de las actuaciones que remitió a este órgano contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, para que agote la investigación en el denominado caso 'Dina' y una vez realizadas las nuevas diligencias, decida si procede remitir una nueva exposición razonada contra el también líder de Podemos dada su condición de aforado.

El auto del Supremo, del que ha sido ponente el magistrado Andrés Palomo del Arco, analiza la exposición razonada elevada al alto tribunal el pasado mes de octubre por el juez Central de Instrucción número 6, que consideró, indiciaria y provisionalmente, que Iglesias había cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos; otro de daños informáticos; y otro de acusación y denuncia falsa, en relación con el robo del móvil de una asesora del partido Podemos, Dina Bousselham, en noviembre de 2015 y hechos posteriores relacionados con el mismo.

La Sala ha concluido, en línea con lo informado por el fiscal, que es necesario devolver lo actuado al Juzgado Central de Instrucción con el fin de que lleve a cabo varias diligencias ampliatorias que el alto tribunal detalla en su auto, entre ellas la declaración de Dina Bousselham, para que sea oída acerca de si efectivamente denuncia los hechos relacionadas con el delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya que, según recuerda el auto, el Código Penal exige la denuncia de la persona agraviada para proceder por esos delitos.

ACLARAR LA POSTURA DE DINA

En ese sentido, el Supremo indica que "el cumplimiento de tal requisito en modo alguno ha sido determinado con la precisión o claridad exigida, para hacer efectiva su declinación competencial, en alusión al hecho de que no haya sido citada para aclarar este extremo, que comunicó únicamente por escrito al juez. "Abundan razones para afirmarlo y también para negarlo, según la intervención procesal de Dina que examinemos y el correlativo acto de injerencia en su intimidad contemplado; en ningún caso, sin la asertividad requerida", aseveran.

Por ello, entiende el tribunal que es inexcusable oír a Bousselham acerca de si "efectivamente 'denuncia' el acto antes descrito, donde el aforado Pablo Iglesias el día 20 de enero de 2016, examina el contenido de la tarjeta y posteriormente se la guarda; e incluso como un prius a esa denuncia, relacionado con uno de los elementos típicos inexcusables del delito que el Instructor indica, si el aforado Pablo Iglesias contaba con su autorización para que ese día, examinara sin restricciones el contenido de su tarjeta de memoria y restara en su posesión".

Y añade: "O en la formulación conjunta de esos extremos, si no mediaba tal autorización, si manifiesta ahora que consiente tolera y acepta que aquel hubiera entrado en conocimiento de todos los documentos, fotografías, incluidas las íntimas y personales, archivos y comunicaciones contenidos en la tarjeta de su titularidad, pues de haber conocido que iba a hacerlo le hubiera otorgado su expreso consentimiento".

AMPLIAR PERICIA SOBRE DAÑOS INFORMÁTICOS

En cuanto al delito de daños informáticos, en relación a los sufridos en la tarjeta del móvil sustraido, la Sala, sin entrar a examinar la solidez o consistencia de los indicios planteados por el instructor, considera necesario también que Dina Bousselham sea oida por el juez García Castellón en relación a si el contenido de la tarjeta era accesible cuando se la entregó Pablo Iglesias, ya que ha hecho diferentes matizaciones al respecto.

Además, considera necesaria una ampliación de la pericial informática realizada sobre los daños en la tarjeta para precisar las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta, cual fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso.

Por último, respecto al delito de acusación y denuncia falsa, el auto recuerda que el juez instructor parte de que Dina Bousselham mintió al ser consciente de que las capturas de pantalla publicadas por Okdiario eran las que ella había enviado a otras personas y que el aforado lo sabía.

REPROCHA QUE SOLO SE SIGA UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

La Sala señala que en la determinación del origen de los archivos procedentes de la referida tarjeta de memoria publicados en diversos medios, sin indicios concluyentes, "se abandonan diversas líneas de investigación, para abogar como realidad acaecida una concreta alternativa sin mayor plausibilidad, sin investigación específica de las fechas de los archivos de origen (y sin atender a las coincidencias de julio de 2016 como de creación)".

Se trataría de líneas relacionadas con diversos dispositivos "donde se han encontrado imágenes procedentes del móvil de la señora Bousselham; y cuando la falta de coincidencia en la aplicación de la función hash, no conlleva que el origen sea diverso, pues basta cualquier mínimo cambio ulterior en el archivo para otorgar una cifra diferente".

Además, respecto a este delito, recuerda el auto que también hay exigencia previa de un requisito de procedibilidad que es que no podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada, lo que no aparece en la exposición razonada, lo que en cualquier caso, impide la apertura del proceso penal por razón de este delito.

El alto tribunal cree que tras agotar la investigación en el sentido indicado, es cuando el juez podrá, "sólo en la hipótesis de que el resultado lo aconseje y se hayan cumplimentado los requisitos de procedibilidad exigidos, elaborar una nueva exposición razonada".

ARCHIVO DE LA CAUSA CONTRA ELIZO

La exposición razonada de García Castellón se refería a una segunda aforada, la diputada de Unidas Podemos Gloria Elizo, pero únicamente por el delito de acusación y denuncia falsa. El Supremo también archiva la causa ante la ausencia de indicios consistentes e inexistencia del mencionado requisito de procedibilidad.

Por otro lado, el auto declara la falta de competencia respecto a las personas no aforadas mencionadas en la exposición razonada, la abogada de Podemos Marta Flor, su marido y Ricardo de Sa Ferreira y el también miembro de partido Ricardo Carballedo.

La magistrada del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria María de los Reyes Jimeno Gutiérrez ha acordado la libertad condicional para el histórico dirigente de ETA Antonio Troitiño, que no se hará efectiva hasta que esta resolución sea firme. La juez fija medidas de control como la custodia familiar, prohibición de participar en actos de la banda terrorista o comparecencias cada 15 días en dependencias policiales.

La decisión se adopta dos semanas después de que el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro concediera la progresión de su grado penitenciario al tercer grado por "razones humanitarias y dignidad personal" debido a la enfermedad de gravedad que padece. Asimismo incoó expediente de libertad condicional.

Ahora, la juez Jimeno Gutiérrez ha aprobado la propuesta elevada por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Estremera conforme al artículo 196.2 del Reglamento Penitenciario, que establece que se elevará expediente de libertad condicional cuando, "según informe médico, se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables".

"Cuando los servicios médicos del Centro consideren que concurren las condiciones para la concesión de la libertad condicional por esta causa, lo pondrán en conocimiento de la Junta de Tratamiento, mediante la elaboración del oportuno informe médico", añade dicho artículo.

También el artículo 91 del Código Penal que se expresa en los términos similares sobre la libertad condicional para reclusos mayores de 70 años o cuando "se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables, y así quede acreditado tras la práctica de los informes médicos".

En este sentido, la magistrada acuerda la libertad condicional para Antonio Troitiño por el tiempo que le falta para cumplir condena y una vez satisfecha ésta comenzará a cumplir la medida de libertad vigilada que le fue impuesta por sentencia.

Este miércoles se ha conocido que el preso de ETA ha comunicado a su abogada su decisión de dejar el tratamiento que recibe con quimioterapia "por ser inviable" con su mantenimiento en prisión, "dado su delicado estado de salud", según ha informado la Asociación de familiares de reclusos de la banda, Etxerat.

REGLAS DE CONDUCTA

La juez fija unas reglas de conductas para hacer un seguimiento a Troitiño, como la custodia familiar, obligación de residir en el lugar que designe y de fijar domicilio y prohibición de abandonar o ausentarse temporalmente de su lugar de residencia y provincia en la que se fije la misma sin autorización del Juzgado.

Además, los Servicios sociales penitenciarios serán los encargados de hacer un seguimiento de la situación sanitaria del exdirigente de la banda terrorista, que estará obligado a facilitar al servicio médico penitenciario, al médico forense, o a aquel otro que determine el juez, la información necesaria para poder valorar sobre la evolución de su enfermedad. "El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la revocación de la libertad condicional", advierte la magistrada.

Por otro lado, Troitiño estará obligado a "comunicar inmediatamente" a estos servicios cualquier situación en la que resultase detenido, implicado, imputado, acusado o condenado en proceso penal, durante el periodo de libertad condicional.

Además, tendrá que comparecer personalmente cada quince días ante dependencias policiales o Servicio Sociales de la administración para informar de sus actividades y justificarlas.

La juez también impone la prohibición de participar en cualquier homenaje o acto público que se celebre en su honor o en honor a otros miembros de la organización terrorista ETA. Tampoco podrá "realizar cualquier tipo de entrevista, declaración o aparición en medios de comunicación.

FISCALÍA NO SE OPONE

La Fiscalía, que no se opuso a que se otorgara a Troitiño el tercer grado, tampoco se ha manifestado en contra de la libertad condicional, señala el auto.

Troitiño cumple la condena impuesta en 2018 de cinco años, 11 meses y 29 días, además de dos años y medio de libertad vigilada por integración en organización terrorista por reengancharse a las filas de la banda terrorista después de salir de la cárcel en 2011 y huir a Londres, una causa en la que no consta víctimas. En mayo de 2021 se cumplen las tres cuartas partes de esta condena, que será liquidada en su totalidad en noviembre de 2022.

La juez explica en su auto que la decisión se ha tomado tras valorar las circunstancias penales-penitenciarias del interno, que "deben estar presididas por la situación de su enfermedad".

"TRATAMIENTO PALIATIVO Y NUNCA CURATIVO"

Así, reitera los argumentos expuesto por el juez Castro y destaca que los informes médicos obrantes en el expediente de grado, valorados por el servicio forense dependiente del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se concluye que sobre el pronóstico vital no se puede realizar una precisión, pero que en cualquier caso el ex dirigente de ETA necesita un tratamiento "paliativo y nunca curativo"

En este sentido, el auto, que recoge sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, concluye que "no resulta necesario" que los internos sean enfermos terminales para que puedan ser excarcelados, pues la finalidad de esta medida "es que pueda vivir el tiempo que pueda quedarle en libertad".

A todo ello añade que el pronóstico de reincidencia delictiva es "muy bajo", y que "la evolución de la enfermedad le aleja de la capacidad necesaria para decidir y ejecutar un hecho criminal".

CONDENADO POR 22 ASESINATOS

El histórico de ETA, miembro del sanguinario 'comando Madrid', cumplió 24 años de prisión de los 2.7000 años de cárcel a los que fue condenado por 22 asesinatos. En abril de 2011 abandonó la prisión de Huelva por un error administrativo en el cómputo de sus condenas, pero cuando se ordenó de nuevo su detención unos días después, ya había pasado a la clandestinidad.

Troitiño ingresó en prisión el 5 de mayo de 2017, cuando las autoridades británicas aceptaron, tras cuatro peticiones, entregarle para poder ser juzgado por su reincorporación a la estructura de la banda terrorista mientras se ocultaba de la justicia española.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado desde junio de 2018 el acercamiento de 153 de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco, que se corresponden a 139 etarras, entre ellos 54 con delitos de sangre.

El pasado mes de octubre, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dio luz verde al traslado de Troitiño desde la prisión de Estremera, en la que se encontraba desde entonces, hasta el centro penitenciario de Soria. Además, se flexibilizó su clasificación de primer grado con la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro aceptó la petición de Troitiño y el 11 de enero de 2021 concedió el tercer grado en virtud del artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario, que señala que "los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad".

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de 14 años, 11 meses y 29 días de prisión para un hombre procesado por intentar asesinar a su expareja de quince cuchilladas en su bar de Lugones en febrero de 2019. A la mujer le quedaron importantes secuelas físicas y psicológicas por lo sucedido.

La vista oral está señalada para el martes 2 de febrero en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado inició en mayo de 2018 una relación de amistad con la víctima, que posteriormente tomó caracteres íntimos, sin convivencia. La mujer tenía a su cargo a sus dos hijos menores de edad, fruto de relaciones anteriores, y no deseaba que su nueva pareja viviera en el mismo domicilio con ellos.

Esto, en principio, fue aceptado por el procesado, que confiaba en conseguir doblegar la voluntad de la mujer, utilizando para ello todo tipo de recursos, incluso adquiriendo un bar a nombre de la denunciante para que ella lo explotase.

El procesado comenzó a mostrar una actitud obsesiva y controladora con ella, y le decía expresiones tales como "si no eres para mí no eres para nadie", menospreciándola con insultos como "puta" y similares, en presencia de los clientes del bar, por quienes sentía unos celos exagerados, pues presumía que todos pretendían mantener relaciones con ella.

En esta situación, la mujer tomó la decisión de poner fin a la relación (ya lo había intentado en ocasiones anteriores) y así se lo hizo saber al procesado en las navidades de 2018. El procesado, en un principio, respetó su decisión y no trató de disuadirla, como había hecho otras veces. Sin embargo, a finales de enero de 2019, comenzó a enviarle mensajes, instándole a retomar la relación.

Tras ese contacto, mantuvieron relaciones íntimas y, a partir de ese momento, el procesado volvió a comportarse de un modo controlador, exigiéndole saber con quién y dónde estaba en cada momento, e insultándola. Así, el martes 5 de febrero de 2019, el procesado se presentó en el bar de la denunciante, en Lugones, en el que también se encontraban unos amigos de la mujer que solían acudir ese día de la semana.

Tras cerrar el establecimiento, estuvieron en otros locales tomando unas consumiciones. El procesado adoptó en todo momento una actitud crítica y despreciativa hacia la mujer, observando y vigilando su comportamiento, llegando a llamarla "puta". Ella hizo caso omiso, reaccionando con total indiferencia e ignorándole a partir de ese momento, sin contestar posteriormente a ningún mensaje ni llamada, lo que provocó en el procesado una fuerte sensación de rechazo y frustración.

A la mañana siguiente, sobre las 11.00 horas, cuando la denunciante abrió el bar y se encontraba en su interior, el procesado se presentó en el local, sin previo aviso, iniciándose una discusión entre ambos. En un momento dado, cuando ella accedió al almacén, él, tras coger un cuchillo, de forma repentina y sorpresiva, se lo clavó por la espalda, sin que ella pudiera advertir y defenderse del ataque.

La acuchilló, al menos, en 15 ocasiones, causándole otras tantas heridas, siendo la localizada en la parte cervical media-derecha horizontal la de mayor tamaño y profundidad, produciendo desgarro longitudinal de vena yugular que afectó a estructuras vitales, si bien la muerte no se produjo dada la rápida y eficaz intervención de las personas que acudieron en su auxilio y de los servicios médicos.

El tiempo total de curación fue de 343 días y le quedaron varias secuelas. Teniendo en cuenta el número de cicatrices, localización y visibilidad de las mismas y cicatrización hipertrófica de bastantes de ellas, se estima un perjuicio estético importante.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa de los artículos 139.1 y 16 y 62 del Código Penal. Concurren las circunstancias agravantes de parentesco y de desprecio de género.

Y solicita que se condene al procesado a 14 años, 11 meses y 29 días de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y la medida de libertad vigilada por un período de 5 años.

Además, el Ministerio Fiscal solicita que se imponga al procesado la prohibición de aproximación a la mujer, a su domicilio, lugar de trabajo, ocio o cualquier otro frecuentado por aquella a una distancia inferior a 500 metros, y de comunicación con ella por cualquier medio, todo ello durante 16 años.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el procesado indemnice a la víctima con 115.000 euros por las lesiones, secuelas, daños morales y psicológicos padecidos y, al SESPA, con la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por los gastos de asistencia sanitaria prestada a la víctima.