La Comunidad de Madrid ha actualizado el protocolo de medidas sobre salidas y visitas de familiares a las residencias de mayores de la región para permitir los encuentros de los residentes con sus familiares tras completarse la pauta de vacunación contra el Covid-19 en los centros sociosanitarios.

La actualización del protocolo, elaborado por la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria y la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, entra en vigor hoy lunes e incluye varias novedades para incrementar la duración y el número de participantes en estos encuentros.

Así, aunque se mantiene la limitación de tres visitas a la semana de una hora de duración, el número de familiares que pueden participar asciende de uno a dos por residente, una cantidad que se puede incrementar en caso de que el mayor precise algún tipo de ayuda.

Además, por primera vez desde el comienzo de la pandemia, se permite que estas visitas a residentes vacunados que estén inmovilizados se realicen dentro de sus propias habitaciones.

En estos casos, y para permitir la interacción y el contacto físico que precisan estos residentes, durante la visita los familiares no estarán obligados a mantener la distancia de seguridad, aunque sí deberán observar el resto de medidas de protección generales, como el uso en todo momento de mascarilla o la higiene de manos.

Otra de las novedades de la actualización del protocolo es que, a partir de su entrada en vigor, las visitas que se realicen en el exterior de los centros no tendrán limitación de tiempo y se podrán prolongar más allá de la hora permitida en el interior de las instalaciones, respetando siempre la distancia de seguridad y el uso de mascarilla.

Además, en caso de que se declarara un brote que obligara a suspender las salidas y visitas, el mínimo de videollamadas facilitadas por el centro afectado para que los residentes puedan comunicarse con sus familiares pasa de dos a tres. Todas las medidas que se establecen en el protocolo pueden consultarse en el portal web oficial de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid).

La Audiencia de Barcelona ha revocado el auto del Juzgado de Instrucción 13 en el que cerró el sumario de la causa que investiga a excargos del Govern, de la CCMA y de empresas por el 1-O, para que la jueza instructora vuelva a tomar declaración a los 29 procesados en el caso.

La sección 21 de la Audiencia de Barcelona mantiene "intacto" el auto de la jueza pero manda que los procesados vuelvan a declarar para interrogarlos sobre hechos que se añadieron al sumario después de que se les imputara y después de resolverse sus recursos.

Estos hechos incorporados a la causa están relacionados con las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) sobre el 1-O y los investigados no habían tenido oportunidad de declarar al respecto antes del cierre de la instrucción.

Entre los procesados están el secretario de Comunicación y exsecretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons; la vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach; los directores de TVC, Vicent Sanchis, y de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y a excargos del Diplocat.

Con esta decisión, los magistrados aceptan la petición de la Abogacía del Estado, en esta causa en la que investiga un supuesto "plan común" entre los procesados para impulsar el 1-O pese a ser conscientes de que era ilegal.

Los magistrados señalan es pertinente hacer una nueva declaración para que los procesados ejerzan su derecho de defensa y para dar la oportunidad a las acusaciones de preguntarles por estos nuevos hechos.

ARCHIVA PARA 19 INVESTIGADOS

La Fiscalía también pidió revocar el cierre de la investigación para ampliar los procesamientos y añadir documentación a la causa, mientras que la acusación popular, que ejerce Vox, aceptó el cierre de la instrucción.

Por su parte, las defensas pidieron archivar la causa al considerar que no hay indicios de que los procesados participaran en los presuntos delitos investigados, lo que la Audiencia de Barcelona ha descartado.

En cambio, los magistrados sí han archivado provisionalmente la causa para los 19 investigados no procesados, entre ellos los juristas Santiago Vidal y Carles Viver Pi-Sunyer.

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Unidad de Extranjería y Documentación de Valencia de Alcántara (Cáceres) han detenido durante la tarde del pasado jueves, día 15, a dos personas por su presunta autoría de un delito de falsificación de documentos, tras ser descubiertas cuando portaban 19 partes falsos sobre pruebas Covid.

Los detenidos, una mujer de 36 años, y un hombre de 52 años de edad con antecedentes, tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, decretando el ingreso en prisión del varón.

Los hechos sucedieron sobre las 17,00 horas, cuando los agentes se encontraban en el puesto fronterizo de Marvao-Valencia de Alcántara, llevando a cabo funciones de control debido al cierre de fronteras vigente establecido por razones sanitarias.

Fueron los agentes del Servicio de Extranjería y Fronteras de Portugal quienes pararon un vehículo, ocupado por una pareja, y al comprobar la documentación del hombre observaron que le figuraba en vigor un señalamiento por autoridades españolas, al que no eran capaces de acceder, solicitando la colaboración de los agentes españoles.

Las gestiones llevadas a cabo dieron como resultado la vigencia de una orden judicial de prohibición de salida del territorio nacional, por lo que fue detenido este hombre por un delito de quebrantamiento de condena, toda vez que comprobaron que portaba un billete de avión con destino a Santo Domingo (República Dominicana) y una reserva de hotel a su nombre.

Además, en la inspección realizada en el vehículo que circulaban, hallaron 19 documentos test para Covid-19 a nombre de ambos, con fechas posteriores al 15 de abril (cuando ocurrieron los hechos), reconociendo la mujer que los había falsificado en su puesto de trabajo, tras lo que dicha fémina fue detenida e imputado el varón por un delito de falsedad documental.

Entre las pertenencias del hombre hallaron 7.200 euros en efectivo, cantidad de la que no dio razón coherente de su procedencia, informa en nota de prensa la Policía Nacional.

Cabe reseñar que esa misma mañana, sobre las 12,00 horas, también habían intentado cruzar la frontera por el paso fronterizo de Caya, aunque le fue denegada la entrada en territorio portugués.

Los ciudadanos identifican que reciclar, utilizar energía procedente de fuentes renovables o sustituir el coche de combustión por uno eléctrico o híbrido son más eficaces para contribuir a reducir las emisiones de CO2 que otras como tener un hijo menos, carecer de vehículo o no viajar en avión, según una encuesta.

Esta es la conclusión del estudio de Ipsos 'Percepción de los peligros medioambientales' que refleja el "amplio desconocimiento de los ciudadanos sobre las medidas más eficaces para hacer frente al cambio climático" y que cuentan con percepciones "erróneas" que están "muy extendidas".

La encuesta forma parte de la 152 Global Advisor, que fue realizado entre el 19 de febrero y el 5 de marzo en 30 países (entre ellos España) en los que participaron 21.011 adultos de entre 16 y 74 años. Así, refleja que los españoles están entre los europeos que más confiados se sienten sobre el conocimiento de estas medidas, aunque sólo el 2% eligió la opción de tener un hijo menos, un 14% no tener coche y un 22% evitar vuelos de larga distancia.

En concreto, concluye que de media, 7 de cada 10 ciudadanos (69%), consideran que saben cuáles son las medidas que hay que tomar para contribuir en la lucha contra el cambio climático, un porcentaje que sube dos puntos para el caso de los españoles, entre los europeos que más confiados se sienten en este sentido, sólo por detrás de suecos (76%) y franceses (72%).

Pero pese a la confianza generaliza en que conocen las medidas que se han de tomar en cuenta, las percepciones "erróneas" sobre estas medidas son "más comunes" que las correctas.

Los ciudadanos identificaron el reciclaje como la opción que más contribuye a nivel global a luchar contra el cambio climático, la opción escogida por el 59% como medida para reducir emisiones. A esta le sigue la compra de energía procedente de fuentes renovables, elegida por el 49% y sustituir un coche diésel por uno eléctrico o híbrido, 41%.

No obstante, aunque todas estas medidas son formas de reducir el impacto personal sobre el cambio climático, ninguna se encuentra entre las más efectivas, según una revisión académica de 2017, que afirma que tener un hijo menos es la forma "más eficaz" de reducir las emisiones de CO2, seguida de no tener coche y evitar los vuelos largos.

A pesar de ello, de media global, en esta encuesta sólo 1 de cada 10 (11%) ciudadanos señaló "no tener un hijo" como una de las tres medidas principales con más impacto en luchar contra el cambio climático, el 17% eligió no tener coche y el 21% mencionó evitar un vuelo de largadistancia.

España también sigue esta tendencia, según la encuesta de Ipsos, ya que el 67% de la población sitúa el reciclaje como la acción más efectiva. Es el segundo país europeo con más ciudadanos con esta percepción, únicamente por detrás de Francia (70%).

La compra de energía procedente de fuentes renovables (58%) y de la sustitución de un coche diésel por un vehículo eléctrico o híbrido (45%), son las tras dos medidas que los españoles perciben como las más efectivas contra el cambio climático.

Respecto a lo que consideran como la acción más efectiva, reducir el número de hijos, sólo el 5% de los españoles lo señala como una opción efectiva.

El estudio de Ipsos expuso a los encuestados un abanico más amplio de acciones individuales para reducir las emisiones de carbono. Las máselegidas a nivel global fueron las de utilizar menos envases (elegida por el 52% de media global) y comprar menos artículos o más duraderos (46%), de nuevo, ambas medidas se encuentran fuera del listado de las más eficientes, según un estudio académico que recopila las 30 medidas con mayor impacto.

Sin embargo, una de las acciones más eficaces de este estudioacadémico, que consiste en renovar la vivienda para que sea más eficiente (que ocupa el 6º lugar de 30), sólo fue elegida por el 35% de los encuestados, aunque hay que decir que 7 de los 11 países europeos entrevistados, entre ellos España, la eligieron entre sus tres primeras acciones: Hungría (68%), Bélgica (61%) y Holanda (56%) fue su primera opción; Francia (56%), Italia (52%) y España (50%) como segunda opción; y Alemania (48%) como tercera.

En ese aspecto, para los españoles las tres mejores medidas para reducir las emisiones de carbono serían usar menos envases (59%), en línea con la percepción global, seguido de renovar la vivienda para que sea más eficiente (50%), y de utilizar equipos de cocina más eficientes desde el punto de vista energético, que utilicen combustibles más limpios o energías renovables (44%).

Por otro lado, la encuesta analiza también la percepción social sobre si el cuidado del medio ambiente pasa por un cambio en la dieta y concluye que 6 de cada 10 personas a nivel mundial (57%) afirman que seguir una dieta basada en productos locales, es la mejor manera de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generados por una persona, eligiendo la opción de la dieta vegetariana sólo el 20 por ciento de los encuestados.

A nivel europeo, en Francia (70%), Bélgica (68%), y Suecia (66%)piensan que elegir una dieta local es la mejor forma de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque en España ese porcentaje de población es más bajo (59%), también supera de forma abultada al volumen de personas que considera que lo mejor sería llevar una dieta vegetariana, que sólo son el 14% de los españoles.

La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado, este lunes, por unanimidad una moción de Junts por la que se pide al Gobierno una reforma de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, con el objetivo de que esta incluya en su contenido el resto de violencias existentes contra las mujeres y que se recogen en el Convenio de Estambul.

En concreto, el texto llama a ampliar el concepto de violencia de género a toda aquélla ejercida contra la mujer, en cualquier ámbito de la vida, no solamente en la vida personal ejercida por la que sea o fuese su pareja.

Además, el texto llama a que la ley defina expresamente como mujer a toda aquella persona de este sexo aun siendo menor de edad; y que se extienda la protección legal a las personas que puedan actuar en defensa de la víctima de violencia.

Junts ha aceptado, además, una enmienda de adición del PP por la que se añade una reclamación específica para que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual esté también considerada "como uno de los tipos de violencia de género" de modo que este delito "pueda entrar en el ámbito competencial de losjuzgados de violencia sobre la mujer".

EL PSOE DEFIENDE AL GOBIERNO

Todos los grupos presentes en el debate han votado a favor de esta iniciativa, incluido el PSOE. Los socialistas habían presentado otra enmienda al texto que ha sido rechazada por el partido impulsor de la misma.

La propuesta del socio mayoritario del Gobierno proponía modificar el texto de Junts para pedir al Gobierno "seguir" desarrollando las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; e incorporar a la legislación española las reformas necesarias para cumplir con el Convenio de Estambul.

La portavoz de los socialistas en esta comisión, Ana Martínez, ha recordado que el Ejecutivo está redactando en la actualidad leyes específicas para las diferentes violencias contra la mujer, como es la violencia sexual --Ley 'solo sí es sí'--, o la ley contra la trata con fines de explotación sexual.

Para su homóloga de Junts, María Teresa Rivero, este cambio de texto y argumento no son válidos ya que, mientras se legislan estas nuevas normas, explica, existe un "vacío" en la lucha contra estas violencias machistas, así como un "agravio" contra los derechos de las mujeres.

Navarra detectó este domingo 139 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 1.370 pruebas (959 pruebas PCR y 411 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 10,1%.

Por otro lado, 210 pacientes permanecían ayer ingresados por Covid-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral, nueve más que el día anterior. Este domingo se produjeron 12 ingresos relacionados con el coronavirus, uno de ellos en la UCI, y no se registró ningún fallecimiento. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se mantiene en 1.145.

Sobre los nuevos contagios, por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 43% de los casos positivos, en el área de Tudela el 14% y en el área de Estella, el 9%. Los demás positivos (34%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios son el de 45 a 59 años, con el 29%, y el de 30 a 44 años, con un 23%. A continuación, se sitúan los grupos de 15 a 29 años, con el 15%, y el de los menores de 15 años, con el 14%. Finalmente, se encuentran los grupos de 60 a 75 años, con un 13%, y el de mayores de 75 años, con un 6% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 41 años. Con respecto al género, el 51% de los casos son hombres y el 49% restante, hombres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, tras el balance de ingresos y altas, 210 personas permanecen ingresadas con y por Covid-19 (nueve más que ayer), 42 de las cuales se encuentran en puestos UCI (mismo número que ayer) y otras 13 en hospitalización domiciliaria (una menos que ayer). Los demás, 155 pacientes, están en planta (10 más que ayer). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios Covid-19.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 57.771 casos confirmados.

Los presidentes de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la Región de Murcia, Fernando López Miras, han solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque "ya" una Conferencia de Presidentes ante los "muchos asuntos que hay que debatir" en torno a la gestión de la pandemia, al tiempo que han criticado que haya pasado "un año sin abordarla como un único país y sin tener un gobierno que lidere y tome decisiones desde la cogobernanza".

"No tiene sentido que en la primera ola tuviéramos un montón de conferencias de presidentes, y que en la segunda y en la tercera ola, que han sido mucho más virulenta en algunas regiones, no se haya convocado ninguna", ha lamentado Moreno, quien ha avanzado que entre los asuntos "de urgencia" está "abrir el debate" de la movilidad y el acceso a espectáculos públicos de las personas que ya han sido "inmunizadas" con la administración de la vacuna.

Moreno ha remarcado que este o el ritmo de vacunación "son asuntos muy importantes" porque, según ha remarcado, "no podemos estar esperando a que el 80 por ciento de personas inmunizadas para que se puedan mover y los que ya lo están deben tener libertad de moverse entre territorios y poder acceder a ciertas zonas ya que en términos económicos supone una importante reactivación".

Por su parte, López Miras, quien ha escenificado este lunes en Almería junto al líder del ejecutivo andaluz un "frente común" ante el Gobierno central para el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, ha criticado que Sánchez se haya "desentendido en la segunda, tercera y cuarta ola" de la pandemia de la gestión y ha advertido de España "no se puede entender por barrios", por lo que hay que hacerla "de forma conjunta".

"No nos han delegado la gestión de la pandemia, nos han delegado directamente la pandemia", ha remarcado el presidente murciano, quien ha lamentado que "llevemos un año sin abordar" la situación generada por el covid-19 como "un único país" y sin tener al frente "un gobierno que lidere y tome decisiones desde la cogobernanza también".

López Miras ha advertido que cuando el 9 de mayo decaiga el estado de alarma, el ejecutivo de Pedro Sánchez "dará un paso más en ese alejarse de la gestión, en ese lavarse las manos, en ese desatender como Gobierno central lo que le compete".

"Lo más grave es que nos va a dejar sin herramientas jurídicas, nos deja indefensos para tomar decisiones ante un posible incremento de contagios", ha afeado para, en esta línea, abordar ya ese "debate" aunque "tiempo ha tenido para hacer algo y trabajar en esa dirección".

Por último, ha criticado que en lugar de primar en esa gestión en el Gobierno "el concepto de España, de cogobernanza y de colaboración", se haya "alejado" de él para entrar "en derivadas como la competición de que comunidad autónoma pone más vacunas, cuál tiene más contagios, o cuál más ingresos en UCI".

Movimiento contra la Intolerancia ha anunciado este lunes que ha presentado una denuncia contra el epidemiólogo Oriol Mitjà ante la Fiscalía General del Estado por sus mensajes en redes sociales en los que "estigmatizaba" a los policías al atribuirles "alteraciones genéticas que predisponen a la violencia".

La denuncia, según este colectivo, se ha presentado ante el Servicio contra Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía al difundir teorías de que los agentes de la Policía tendrían "el síndrome XYY o enfermedad del superhombre, que les equipararía a los criminales e invitaría a que fueran más violentos". El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también ha anunciado una demanda por estos hechos.

Movimiento contra la Intolerancia recuerda que Mitjà acompañó sus comentarios en Twitter de la foto de una detención de un independentista catalán en 2019, acusado de atentado a la autoridad y desórdenes públicos durante una marcha contra la sentencia del procés en Cataluña.

"Además de acientífico, pues la ciencia ha demostrado sobradamente que nadie nace violento, realiza una estigmatización discriminatoria que, sin duda, favorece el rechazo de estas personas al imbricarles con la violencia, una práctica discriminatoria conocida como Genoísmo, una forma de intolerancia similar al racismo", defiende el Movimiento contra la Intolerancia.

DISCULPAS DE MITJÀ

El epidemiólogo Oriol Mitjà, que fue 'fichado' por el Govern de Quim Torra al inicio de la pandemia de Covid-19, se ha disculpado este lunes tras publicar un tuit "sobre la predisposición genética a la agresividad de policías y criminales en base a un estudio científico" desfasado. Según ha explicado, no quiso generalizar ni ofender al colectivo policial.

En un tuit, después de que el sindicato SUP haya asegurado que presenta una demanda, el epidemiólogo ha asegurado que rectificó cuando un profesor de psicología le hizo ver que el artículo al que se refería "quedó desmentido por estudios posteriores y ya no tiene validez".

"Como científico, pido disculpas por haber emitido una opinión basada en una fuente que ya no es válida y aclarar que sí lo era cuando yo estudiaba, de ahí el error", ha dicho. "En ningún momento quise generalizar ni ofender al colectivo de policías", ha remarcado.

Mitjà ha asegurado que rechaza cualquier tipo de violencia y ha reclamado que la policía actúe siempre con profesionalidad, considerando que es "responsabilidad de todos vigilar que la policía no cometa abusos, ya que en un Estado de Derecho son los únicos legitimados a usar la violencia".

Movimiento contra la Intolerancia recuerda que mensajes como los de Mitjà suponen "un acto contra la dignidad humana y una presunta incitación a la discriminación, al denotarse distinción, exclusión o restricción basada en motivos ideológicos, por su condición de representantes constitucionales reflejada en el artículo 104 de la Constitución española".

También se remiten al Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para subrayar que la libertad de expresión "no es infinita", por lo que las sociedades democráticas pueden "sancionar e incluso prevenir formas de expresión que propaguen, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia".

El nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, ha defendido la lucha de la Iglesia española contra los abusos sexuales a menores y ha indicado que "nadie puede poner en duda su credibilidad" ni "interpretar falta de transparencia o negativa" a seguir las directrices del Papa Francisco.

"Nadie puede interpretar falta de transparencia o negativa a secundar lo que el Papa pide al respecto. Los animo pues a la necesaria colaboración en este doloroso tema sobre el que, desde la Secretaría General, se ha manifestado justamente, hace pocos días, monseñor Luis Argüello ante la opinión pública. Con el espíritu de colaboración y honestidad bien expresado, nadie puede poner en duda la credibilidad de la Iglesia en sus declaraciones y actividades", ha precisado el nuncio.

Así lo ha expresado Bernardito Auza este lunes, durante la inauguración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se celebra a lo largo de esta semana en Madrid.

El nuncio ha puesto de relieve "el trabajo bien realizado" por parte de los obispos españoles ante los casos de abusos. "Secundando los deseos del Santo Padre, prestaron enseguida atención y dieron presto cauce institucional, a nivel diocesano, en materia de abusos de menores", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que los prelados españoles estudiarán durante esta semana la necesaria "puesta en marcha de un servicio de coordinación de las oficinas para la protección de menores" por parte de la Conferencia Episcopal Española.

Así se ha pronunciado el nuncio pocos días después del cruce de acusaciones que se produjo entre la nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la Iglesia española, cuando la primera acusó a la Iglesia católica de haber sido "cómplice de la violencia sexual hacia los niños", con motivo de la aprobación en el Congreso de la Ley de protección a la infancia.

Los obispos publicaron al día siguiente un comunicado en el que calificaban de "gravemente injusta" la acusación de Belarra y le reprochaban, a su vez, un "clericalismo rancio" y un intento de "ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas".

Por su parte, el exvicepresidente y ahora candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, defendió a Belarra, asegurando en un tuit que "los que ensucian a la Iglesia son los curas violadores y los obispos que les protegen".

El 61,8% de los españoles está a favor de acabar con el cambio de hora estacional que consiste en adelantar o retrasar los relojes una hora cada seis meses (el último fin de semana de marzo y el último fin de semana de octubre) con el fin de ajustar la jornada laboral a las horas de luz natural y optimizar el ahorro energético. En caso de tener que elegir un horario, el 69,4% de los encuestados se decanta por el denominado horario de verano, el que está actualmente en vigor.

Así se recoge en el Barómetro de abril realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hecho público este lunes, en el que a la pregunta de acabar con el cambio de hora o seguir como hasta ahora, es decir, cambiando los relojes cada seis meses, la mayoría (61,8%) prefiere acabar con esta práctica mientras que el 19,8% es favorable a seguir como hasta ahora y para un 15,7% le resulta indiferente.

Con el cambio de hora se cumple con la Directiva Europea 2000/84/CE que sigue afectando, sin excepción, a todos los estados miembros de la Unión Europea. En 2018 se planteó la propuesta de eliminar el cambio de hora y se inició un proceso que, si bien consideraba suprimir este cambio en 2019, finalmente se decidió que la iniciativa era prematura y se aplazó la decisión que, en un principio, debía adoptarse este 2021.

El cambio horario es obligatorio y siempre se produce en las mismas fechas y horas en el conjunto de la UE, de modo que no existe la posibilidad de que un Estado miembro no aplique este cambio de hora. En la consulta lanzada en 2018 por la Comisión Europea en los países miembros, participaron 4,6 millones de personas, con más de un 80% a favor de poner fin a los cambios horarios.

Coincidiendo con el cambio horario del último fin de semana de marzo de 2021, la comisión de Transportes del Parlamento Europeo instó a los Estados miembros a acabar con esta práctica aunque el Consejo de la UE aún no se ha posicionado al respecto. La decisión final también se ha visto retrasada por la irrupción de otros asuntos como la pandemia provocada por la Covid-19 o el Brexit.

Sobre el horario preferido por los españoles, la encuesta del CIS revela que el 69,4% se decanta por el denominado horario de verano (el que comprende los meses de marzo a octubre), el 16,2% el de invierno (el que comprende de octubre a marzo) y al 10,4% le resulta indiferente.

"Hay que ser un poco didácticos y yo pediría dejar de hablar de horario de verano y de invierno porque al final estamos condicionando la opinión de la gente", señaló el presidente de ARHOE (Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles), José Luis Casero, al ser preguntado por el último cambio de hora estacional.

Desde ARHOE, el mantenimiento del cambio de hora bianual "no es aceptable" y Casero recordó que la propia Unión Europea reconoció "que dicho cambio no tiene un impacto económico y sí un impacto sobre la salud", como problemas de fatiga originados por la alteración del sueño.

"A mí encanta el verano más que el invierno, pero es que no tiene que ver el horario de verano y el horario invierno, con el verano y con el invierno. No mezclemos las horas con las estaciones o situaciones particulares de descanso que se provocan en verano", alertó el experto, diferenciando el cambio horario del huso horario, que depende de la latitud que ocupa cada país.

Así, por ejemplo, Finlandia --con muchas horas de luz en verano-- no es partidaria de modificar la hora en marzo mientras que en España el Gobierno nombró en 2018 una comisión de expertos para estudiar la propuesta de la Comisión de abolir los cambios y, en caso de llevarse a a cabo, analizar la conveniencia de quedarse con el de invierno o el de verano.

LOS EXPERTOS, A FAVOR DEL HORARIO DE INVIERNO

El citado comité emitió un informe que "no era unánime ni concluyente". "Es preocupante si hubiese sido unánime. Es muy difícil encontrar esa unanimidad, sobre todo cuando hay diferentes aspectos que hay que analizar con respecto al cambio horario", defendió Casero.

"Sí que es cierto que la gran mayoría, que no una parte, estamos por adaptar el mal llamado horario de invierno que es el GMT+1, que implica una diferencia de una hora con respecto a la hora de luz solar, mientras que el llamado horario de verano, que se adopta ahora en marzo hasta octubre, implica una diferencia de dos horas", avanzó.

"De este modo --explicó--, al adoptar el mal llamado horario de verano, amanecería y anochecería más tarde y en algunas épocas del año, a las nueve de la mañana sería de noche y en algunos sitios, como en A Coruña, a las diez de la mañana sería de noche".

"Desde nuestro punto de vista, la supresión del cambio bianual debe partir de la adopción del horario de octubre, el GMT+1, basándonos en que su impacto económico es marginal y es acorde a factores relacionados con la salud, el descanso, la productividad, el rendimiento laboral, el rendimiento escolar. Y todo ello, además, acompañado de medidas para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad", enfatizó.

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha abogado este lunes por "rebajar de alguna manera" el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana a partir de mayo y por gestionar las nuevas restricciones "con la máxima prudencia" a partir del fin del estado de alarma, previsto para el día 9.

Puig ha defendido esta postura en rueda de prensa y en una entrevista en Telecinco, recordando que todas las decisiones que adoptó la Comunitat en 2020 sin estado de alarma fueron avaladas por el TSJCV. "No es una situación exactamente nueva y no estamos en un vacío después del 9 de mayo", ha recalcado.

Hasta entonces, lo que más le "preocupa" es consolidar la situación de la Comunitat tras un mes manteniendo la menor incidencia acumulada de España, aunque ha recordado que no es una "isla" y que la situación es complicada en otros países y comunidades autónomas.

"Estamos seis veces por debajo de la media, eso nos hace ser extremadamente prudentes", ha insistido antes de defender que la gestión de las restricciones sin estado de alarma ya fue "razonable" el año pasado.

A su juicio, a partir del 9 de mayo es el momento de que se puedan rebajar algunas medidas, sobre todo el cierre perimetral, porque "muchas familias no han tenido contacto en mucho tiempo. "Ese esfuerzo ha dado buen resultado y ahora hay que superarlo de alguna manera", ha aseverado.

Es algo que Ximo Puig espera que la Generalitat pueda gestionar "con los instrumentos actuales" cuando decaiga la alarma, insistiendo en que hay que esperar al día 9 "y ver cómo está la situación general".

Ha prometido que esta semana analizarán los datos "con la máxima prudencia y sin tomar ninguna decisión precipitada", con el objetivo de llegar a junio "en las mejores condiciones posibles para iniciar la recuperación económica y social". "Cada día que pasa estamos consiguiendo lo más importante: salvar vidas", ha celebrado.

Pero ha hecho hincapié en que "esto no va de ninguna salvación de una comunidad o un país" y que lo importante es que la gente "vea un horizonte claro y se vaya generando ya una superación del imaginario colectivo en este momento, porque muchas personas y familias han sufrido.

OCIO NOCTURNO Y TEMPORADA TURÍSTICA

Preguntado por uno de estos colectivos, el del ocio nocturno que mantiene su acampada ante la Generalitat, Puig ha destacado las ayudas específicas de ocho millones que se aprobaron la semana pasada y la segunda fase del plan 'Resistir' con 650 millones gracias a fondos del Gobierno, sumados a los 420 de la primera edición.

"Mil millones para suturar una herida muy profunda. Esto no es suficiente, son tiritas, es un paréntesis. Estamos haciendo todo lo humanamente posible ir a la nueva normalidad", ha manifestado.

Y ha confiado en que a partir de junio "haya temporada turística" si hay una evolución positiva del virus, tras empatizar con el sufrimiento del sector y confiar en que el esfuerzo de todos sirva para que se pueda volver a viajar.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por el cobro de dietas pero ha rebajado las penas: fija dos años de cárcel para el exdirector Roberto López Abad y un año para otros cuatro encausados más, entre ellos, el exvicepresidente Antonio Gil-Terrón.

Así se desprende de la resolución, en la que el Alto Tribunal estima parcialmente los recursos de los condenados en lo referido a la penalidad, que la ha reducido ante la ausencia de razones justificativas que permitieran establecer la pena que se impuso al no concurrir agravantes.

Inicialmente, López Abad fue condenado a dos años y seis meses de prisión y los otros cuatro encausados a un año y medio por el delito de apropiación indebida. Así mismo, la Audiencia impuso nueve meses de cárcel al expresidente de la caja Modesto Crespo tras reconocer los hechos y llegar a un acuerdo con las acusaciones.

Los directivos condenados orquestaron una estructura para permitir que el entonces presidente cobrara unas dietas por presidir la sociedad Tinser sin actividad real alguna al frente de la misma.

Así, López Abad propuso a la Comisión de Retribuciones de la CAM que en Tinser se constituyese un Consejo de Administración, se nombrase presidente a Crespo y se le retribuyese por el desempeño de tal función con la cantidad de 300.000 euros anuales. Por ello, aceptaron una proposición "inasumible" que vulneraba lo dispuesto en los estatutos y la política retributiva de los consejeros por ellos fijada.

"DETALLADA" VALORACIÓN DE PRUEBA

El TS entiende, tras estudiar los recursos, que existe una "detallada y exacta" valoración de la prueba por el tribunal juzgador ante un entramado en la entidad bancaria dirigido a fijar una dieta al presidente de la entidad bajo la creación de una figura instrumental de un cargo en una empresa perteneciente al grupo donde se fija artificialmente una dieta de 600.000 euros sin dedicación alguna al ejercicio de actividad real para soslayar que como presidente de la entidad bancaria no podía cobrar.

Se reconoce que existe una articulación del plan orquestado bajo la intervención directa del director general de la entidad y la comisión de retribuciones que fueron pieza esencial, así como el secretario del consejo que redactó el acta ocultando tal dato en la junta al resto de consejeros, que ignoraron todo lo que se estaba haciendo.

Así, el tribunal da por probado que "e articuló una*artimaña de ingeniería societaria o abuso de la persona jurídica para burlar la clara prohibición estatutaria y cobrar un dinero en contraprestación a un labor meramente representativa que era, por definición, gratuita y honorífica".

Entiende que la remuneración que se confirió al presidente de la CAM vulneraba una clara prohibición normativa y, para ocultarlo, se utilizó el subterfugio de un órgano de gobierno "absurdo, inútil e innecesario".

Además, subraya que no existió prestación de servicio que conllevara tiempo, dedicación y responsabilidad, al margen de su condición de presidente de la CAM que pudiera justificar su percepción y, además, bajo una apariencia formal y simulada de transparencia, se quebró "de forma abrupta e injustificada" la ya generosa política general de retribuciones de los consejeros por su intervención en empresas participadas del grupo.

"Ello denota a las claras que se trató de pagar algo más que la simple asistencia y dirección de un órgano de gobierno, a sabiendas que ello excedía de forma notoria los poderes de administración encomendados delimitados en los Estatutos de la Caja", considera.

"IDEACIÓN CRIMINAL CONCERTADA"

A su entender, hubo una "ideación criminal concertada" del presidente de la CAM y director general, así como de la comisión de retribuciones y el secretario del consejo.

La actuación individual de los miembros de la comisión en el discurrir de los acontecimientos que acabaron permitiendo que Modesto Crespo cobrara injustificadamente una percepción ilícita y desproporcionada está, a juicio del tribunal, "clara".

Asumieron, en definitiva, que el pago encubría algo diferente y distinto del cobro de una mera dieta por asistencia en una sociedad instrumental sin capacidad de determinación estratégica o de vigilancia autónoma, y ese algo distinto era el pago de labores meramente protocolarias dentro de la CAM y, en consecuencia, vulneraba la prohibición estatutaria, siendo por tanto ilícito.

El tribunal destaca que la aceptación favorable de la propuesta, con los datos que ya disponían, "suponía adherirse de forma tácita al plan ideado de poder pagar una remuneración encubierta e ilícita al nuevo presidente de la CAM, causando con ello un perjuicio a la entidad".

Aragón distribuirá esta semana un total de 52.316 dosis de vacunas contra la COVID-19. En concreto, 41.286 de Pfizer, 7.030 de Moderna y 4.000 de AstraZeneca. De este modo se distribuirán 35.376 para personas mayores de 71 años; 4.000 para las personas entre 60 y 65 años; 410 para trabajadores sanitarios y residencia, y 12.530 para segundas dosis.

Por sectores sanitarios, 1.922 dosis se repartirán al 061, 2.642 en al sector de Alcañiz, 3.708 a Barbastro, 2.018 a Calatayud, 4.218 a Huesca, 3.326 a Teruel y 34.482 a los tres sectores de Zaragoza.

Además, durante esa semana se continúa con la vacunación de personas con condiciones de muy alto riesgo, tal y como marca la Estrategia de Vacunación del Ministerio de Sanidad: trasplantados, pacientes en diálisis, enfermos de cáncer y afectados por VIH, fundamentalmente. Para ello, a finales de la semana pasada se distribuyeron 10.000 dosis a los centros hospitalarios, que organizan la vacunación de estos colectivos.

Durante esta semana está prevista la recepción 40.950 dosis de Pfizer, que se producirá a lo largo de este lunes, y 9.700 de AstraZeneca, previstas para este martes.

De esta forma, la vacunación en Aragón está disponible para los siguientes colectivos: nacidos antes del 31 de diciembre de 1941, a quienes se les llama directamente desde su centro de salud, aunque también tienen activada la autocita --se les inocula Pfizer o Moderna--.

Los nacidos en los años 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 y 1950; es decir, personas que cumplen de 71 a 79 años este año. Este colectivo tiene que apuntarse a través del sistema de autocita y recibirán las vacunas de Pfizer o Moderna.

Asimismo, los nacidos en 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 y 1961 --personas que cumplen 65, 64, 63, 62, 61 y 60 años durante este ejercicio--, tiene que pedir cita en Salud Informa también y se les vacunará con AstraZeneca.

Las personas mayores de 60 años de colectivos esenciales --Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, docentes, profesionales sanitarios y emergencias--, se deben autocitar y se les administra la vacuna de AstraZeneca.

Además, continúa la vacunación de forma permanente de las nuevas incorporaciones en los grupos de residentes de centros de personas mayores, trabajadores sociosanitarios, grandes dependientes y sus cuidadores.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha acordado no admitir el recurso de casación formalizado por el condenado por abuso sexual a una joven en las Fiestas Colombinas de Huelva en 2019 contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJA).

En concreto, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó también el recurso de apelación interpuesto, por lo que confirmó la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva que lo condenó a cuatro años de prisión.

Así, según recoge la resolución del TS, la Sala acuerda la no admisión del recurso de casación y explica que "la Sala de Instancia justificó de forma bastante la concurrencia del dolo en el proceder del recurrente, excluyente de cualquier modalidad de error, sin que tal razonamiento pueda ser considerado como ilógico o arbitrario y, en consecuencia, sin que pueda ser objeto de tacha casacional en esta instancia".

En consecuencia, indica que "las cuestiones carecen de relevancia casacional", en la medida en que el recurrente "no ha alegado ni planteado argumentos distintos de los ya esgrimidos con anterioridad que permitan a esta Sala advertir y apreciar cuáles son las razones que podrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones obtenidas en las dos instancias previas a la casación".

Y, "especialmente teniendo en cuenta que en la sentencia recurrida ha recibido por parte del órgano de apelación una respuesta lógica, motivada, razonable y respetuosa con la jurisprudencia de esta Sala", recoge el Tribunal Supremo.

Hay que recordar que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva condenó a cuatro años de prisión a J.N.D.M., un hombre de 26 años, como autor responsable de un delito de abuso sexual a una joven de 20 en las Fiestas Colombinas de Huelva del pasado año 2019.

Según recoge dicha sentencia, además le prohíbe aproximarse a menos de 200 metros de la persona, domicilios, lugares de trabajo o cualquier otro frecuentado por la víctima durante cinco años, así como tampoco puede comunicarse con ella, cumpliéndose la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas por el condenado de forma simultánea.

La sentencia remarca que las conductas desplegadas por este hombre deben ser calificadas como un delito de abuso sexual, pero el tribunal lo absolvió del delito de violación por el que fue acusado por el Ministerio Fiscal y la acusación particular ya que no considera que la penetración se llevara a cabo utilizando la violencia para superar la voluntad contraria de la víctima.

De otro lado, se impuso al citado condenado la medida de libertad vigilada durante cinco años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. En concepto de responsabilidad civil, debe indemnizar a la víctima con la suma de 280 euros por las lesiones y tiempo de curación y 6.000 euros por daños morales.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la titular de Defensa, Margarita Robles, y la recién estrenada vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Días, son las tres integrantes del Gobierno con mejor valoración entre los ciudadanos, con notas medidas superiores al cinco y por encima del presidente Pedro Sánchez. Por contra, los dos ministras con peor nota son Irene Montero y la nueva ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, ambas con un 3,5 de puntuación.

Así se recoge en el Barómetro de abril realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hecho público este lunes, el primero tras la salida del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha supuesto la primera crisis del Gobierno de coalición. La marcha de Iglesias ha elevado a la Vicepresidenta Tercera a Díaz y ha supuesto la entrada en el Consejo de Ministros de Ione Belarra, hasta entonces secretaria de Estado de Asuntos Sociales.

Tanto Calviño como Robles suelen encabezar el ránking de ministros con mejor puntuación entre los españoles y ésta no es la única ocasión en la que Díaz comparte podio con sus dos colegas, pues el pasado mes de octubre las tres repitieron en sus puestos.

En concreto, en este sondeo de abril, la vicepresidenta segunda y la ministra de Defensa han obtenido una nota media de 5,3, y les sigue muy de cerca Díaz, con un 5,2 puntos. Las tres por encima de su presidente, Pedro Sánchez, que no aprueba y que se queda con una valoración del 4,5.

DARIAS, CALVO Y DUQUE, MEJOR VALORADOS QUE SÁNCHEZ

Por encima del jefe del Ejecutivo se encuentran también la ministra de Sanidad, Carolina Darias, con un 4,8, y la vicepresidenta primera, con un 4,8, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, a los que los ciudadanos puntúan con un 4,7.

Calviño, Robles y Díaz obtienen la misma nota entre los votantes del PSOE, un 6,7 las tres, mientras que los de Unidas Podemos valoran a la Díaz con un notable (7,8) y dan más puntuación a Calviño (5,4) que a Robles (5,1), aunque ambas aprueban, según los datos del CIS cruzados con el recuerdo de voto en las generales de 2019.

Entre los votantes de partidos de la oposición, Robles es la que encabeza la lista con mejores notas, puesto que quienes votaron a Más País le dan un 6,5; los que se decantaron por Ciudadanos, un 5,3; quienes eligieron la papeleta del PP, casi un aprobado (4,9); y un 4,1 quienes dieron su voto a la formación que capitanea Santiago Abascal.

Tras el presidente, que obtiene un 4,5 de nota, los ciudadanos sitúan al ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, con un 4,3; a las titulares de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y de Hacienda, María Jesús Montero, con un 4,2; a la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, y a la ministra de Industria, Reyes Maroto, con un 4,1; y a los ministros de Políticas Territorial, Miquel Iceta, y de Educación, Isabel Celáa, con un 4.

POR DEBAJO DEL 4 ESTÁN, ENTRE OTROS, MARLASKA Y ÁBALOS

El resto del Gobierno ya queda por debajo del 4: José Luis Ábalos, Alberto Garzón y Luis Planas (con un 3,9), Juan Carlos Campo, José Manuel Rodríguez Uribes y Fernando Grande Marlaska (con un 3,8) y Manuel Castells (3,7).

En concreto, Marlaska, al que la oposición viene exigiendo su dimisión en las últimas semanas después de que la Audiencia Nacional anulase su decisión de apartar al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, obtiene una puntuación de un 1,6 entre los votantes de Vox, de un 2 entre los del PP y de un 2,7 entre los de Ciudadanos.

En la cola se encuentran la nueva ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, y su compañera y ministra de Igualdad, Irene Montero, ambas con una nota media de 3,5. Montero está peor valorada incluso que Belarra no sólo entre los votantes socialistas, que le dan un 4,6 frente al 4,7 que le dan a Belarra, sino también entre los fieles de Unidas Podemos, que puntúan a la titular de Igualdad con un 5,8 frente al 6,4 que otorgan a la responsable de Asuntos. Sociales

El sector del libro de Catalunya prevé que la celebración de Sant Jordi este viernes, que devolverá las paradas de rosas y libros a las calles de Catalunya, permita facturar un 60% del total de las ventas de esa jornada en 2019.

Así lo ha explicado este lunes el presidente de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis, en un acto en el Ateneu Barcelonès junto a la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, el teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Subirats, la presidenta del Gremi de Llibreters, Maria Carme Ferrer, y el presidente del Gremi de Floristes, Joan Guillén, que han sido recibidos por la presidenta de la institución, Isona Passola.

"Sant Jordi ha vuelto. No será como el de 2019, pero tampoco como el del año pasado", ha asegurado Tixis, que ha dicho tener esperanza en que esta celebración sirva para reforzar las librerías y las floristerias de proximidad y para reivindicar el libro en papel, que --dice-- este año ha sido esencial para la salud emocional de las personas.

Este Sant Jordi se celebrará de manera descentralizada por todo el territorio con protocolos validados por el Procicat, que permiten la apertura, de 9.00 a 20.00 horas, de puestos de libros y rosas a los profesionales de esos sectores, algo que permitirá una celebración en condiciones óptimas de distancia y seguridad, y cada municipio adoptará la celebración a su dimensión y características demográficas.

180 PARADAS EN 11 ESPACIOS EN BARCELONA

En el caso de Barcelona, donde la celebración arrancará de manera anticipada el miércoles y se extenderá hasta el viernes, las librerías podrán habilitar un puesto en la calle frente a su establecimientos, por lo que se prevén un total de 490 mesas de rosas y libros distribuidas en 180 paradas y 31 espacios para firmas.

Por ello, el Ayuntamiento de Barcelona habilitará 11 espacios públicos emblemáticos, dispersados por la ciudad y al aire libre que estarán perimetrados y donde se harán controles de acceso y de aforo para evitar aglomeraciones, sin que se celebre este año en La Rambla.

Estos puntos habilitados se encuentran en paseo de Gràcia, paseo Lluís Companys, Jardinets de Gràcia, plaza Reial, plaza de Sarrià, plaza Universitat, los Jardines Centelles del Palau Macaya, la plaza de Valdívia, la plaza de la Vila de Gràcia, la plaza Orfila y un espacio entre la Rambla del Poblenou y la calle Llacuna.

Todos tendrán un sentido único de circulación y itinerarios diferenciados para la cola de compra de libros y la de firmas; además, en todos ellos se que dispondrá de personal sanitario dedicado al cumplimiento de las medidas Covid-19.

REFORZAR EL COMERCIO LOCAL

Ponsa ha asegurado que la celebración de este Sant Jordi demuestra que la cadena de valor del libro está "unida" y que existen unas instituciones dispuestas a remar juntas, y ha reivindicado la tarea de las asociaciones de municipios y micropueblos para adaptar esta celebración a la realidad de cada municipio y poder reforzar el comercio local.

Joan Subirats ha puesto en valor el esfuerzo colectivo entre administraciones para mantener la actividad cultural y reivindicar Barcelona como ciudad literaria "pese a las dificultades", y ha celebrado que el sector del libro sea, según él, uno de los que más ha podido contener la pandemia del Covid-19.

Por su parte, Joan Guillén ha estimado que el sector de la flor venderá por Sant Jordi unas 3 millones de rosas por valor de 10 millones, una cifra que supone el 50% de las vendidas en 2019, y ha dicho que prevé un incremento de las ventas por internet.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, exige que la comisión de investigación sobre el proceso de vacunación contra el Covid-19 que acordó crear el Congreso se constituya justo después de las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo.

Fue Más País, junto a Compromís, quien impulsó la apertura de esa investigación para, por un lado, evaluar la gestión del proceso de vacunación y, por otro, indagar sobre las personas de distintos colectivos que se colaron para recibir sus dosis ante de lo estipulado.

El Pleno del Congreso aprobó la puesta en marcha de esa comisión el pasado 11 de marzo. Lo hizo por amplia mayoría --sólo se abstuvieron Vox y el PNV--, pero más de un mes después, según explica Errejón, no se ha dado ni un paso para ponerla en marcha.

Lo primero que han de hacer los grupos es llegar a un acuerdo sobre la composición de la mesa que dirigirá los trabajos de este órgano y que, como es habitual, estará compuesta por cinco personas: presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías.

Errejón admite que "algunos" aprobaron su puesta en marcha "sin mucho entusiasmo" y teme que ahora estén "esperando a que se acabe el proceso de vacunación" para dejar que de decaiga argumentando que ya no hace falta activarla. "Eso sería un truquito de mal jugador", avisa.

"La idea principal es que la comisión ayude a mejorar el proceso de vacunación", esgrime el líder de Más País, quien señala que "lo razonable" es que se pueda constituir "inmediatamente después de las elecciones madrileñas".

Errejón apunta que si alguna de las personas que se han colado son citadas a comparecer y lo "pasan mal" no le "importa", pero que el objetivo no es ése, sino buscar fórmulas que contribuyan a que el ritmo de vacunación sea el mejor posible.

En concreto, según la iniciativa aprobada, la comisión deberá analizar la posible existencia de estructuras de tráfico de influencias que hayan posibilitado prácticas irregulares de vacunación, así como investigar a sus beneficiarios y los fallos en el control del protocolo.

Asimismo, tendrá entre sus objetivos averiguar las posibles irregularidades, falta de transparencia y cláusulas abusivas que han podido darse en relación con los contratos con las farmacéuticas, y las actuaciones relativas a estos hechos por parte de la UE como de los Estados miembros por separado.

La Fundación para en Análisis y los Servicios Sociales (FAES) ha acusado al Partido Comunista de querer ocultar y negar los "crímenes del comunismo" mientras la izquierda busca que se recuerde "todos los días a Franco". Tras asegurar que el PCE "no ha aprendido nada" de la "experiencia terrible" del comunismo, señala que la situación es "llamativa" porque en España se ha creado un Ministerio de la Presidencia, de las Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Así se recoge en un análisis del profesor de Ciencia Política y de la Administración en la UAM, Ángel Rivero, difundido por la fundación que dirige José María Aznar bajo el título 'La mala memoria democrática del comunismo español'.

El autor se hace eco de lo ocurrido recientemente en el Congreso cuando el Pleno rechazó el 25 de marzo condenar los totalitarismos comunista y nazi, como había solicitado el PP en una iniciativa que sí contó con el apoyo de Vox, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y Coalición Canaria, mientras que el PNV, Junts y Teruel Existe se abstuvieron.

En ese debate parlamentario, recalca que Enrique Santiago --secretario general del Partido Comunista de España y recién elegido secretario de Estado para la Agenda 2030--, subrayó que "el único régimen político que ha planificado y ejecutado la eliminación sistemática de forma industrial de colectivos y pueblos enteros ha sido el nazismo".

A su entender, el "negacionismo del que habla cínicamente Santiago no está en su equiparación de los crímenes comunistas con los crímenes nazis sino en quienes intentan blanquear los primeros con el olvido". Y recalca que no se puede negar "una realidad atroz" porque fueron "matanzas repugnantes" y "crímenes contra la humanidad, que deben ser conocidos y condenados".

EL PCE "SIGUE REPITIENDO LOS MISMOS ERRORES DE ANTAÑO"

A la vista de esa votación en el Congreso, señala que España "sigue sin formar parte del grupo muy amplio de países democráticos que consideran esencial el conocimiento del totalitarismo para conjurar sus males y defender la democracia". A su entender, esta situación no deja de ser llamativa cuando hay un "Ministerio de la Presidencia, de las Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática".

Según el análisis de FAES, el PCE de hoy "no solo quiere que no se conozcan los crímenes del comunismo, sino que no ha aprendido nada de la experiencia terrible del comunismo" y sigue "repitiendo los mismos dogmas de antaño" como "si no hubiera pasado nada en estos cien años". A su juicio, "la mala memoria del comunismo no tiene nada de democrática".

La fundación recalca que "la izquierda española" quiere que los ciudadanos recuerden "todos los días a Franco, al que vinculan con la derecha democrática" pero que se "olviden por completo de los crímenes del comunismo". Además, señala que el actual PCE "parece haber retrocedido bastante" porque en 1956, le parecía que "la derecha democrática era un interlocutor legítimo, pero ahora la asocia con el franquismo con ánimo de desautorizarla".

El lenguaje integrador de entonces ha sido sustituido por la vieja retórica maniquea del PCE de siempre", afirma, para subrayar que el propio ministro de Consumo, Alberto Garzón, "reniega del PCE democrático de la transición" en su libro y "pinta a Santiago Carrillo como un demonio. Según concluye el análisis de FAES, el PCE que dirige Enrique Santiago "ha seguido el camino opuesto al de Carrillo y ha rehabilitado a Lenin como ideólogo de su partido".

Cataluña ha registrado hasta este lunes 629.830 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia --582.738 con una prueba PCR o test de antígenos--, 875 más que en el recuento del domingo, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 21.683, que son 20 más que los registrados el domingo: 13.761 en hospital o centro sociosanitario, 4.562 en residencia, 1.166 en domicilio y 2.194 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.717, que son 38 más que en el último recuento.

Un total de 506 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, 11 más que en el balance anterior.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) baja hasta 1,19 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en el 6,04%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 262,36 por cada 100.000 habitantes.

La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el domingo alcanzaba un nivel de 346, y 24 horas después se sitúa en 311.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 33.908 personas que han dado positivo, de las que 8.786 han muerto y 19 se encuentran actualmente ingresadas.

VACUNACIÓN

Cataluña ha administrado la vacuna contra el coronavirus a un total de 1.572.518 personas desde que empezó la campaña de vacunación --501.375 personas ya han recibido la segunda dosis--: se han administrado 535 primeras dosis de vacuna en las últimas 24 horas.

Del total de personas vacunadas con la primera dosis, 1.156.786 son de la provincia de Barcelona, 148.388 de Girona, 100.667 de Lleida y 163.317 de Tarragona.

En porcentajes, se ha vacunado en primera dosis al 20,2% de la población catalana, de la que un 6,7% ya tiene la pauta completa de vacunación y, por lo tanto, goza de inmunidad frente al virus.

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado que este mismo lunes empiezan los contactos, de carácter técnico, entre los Gobiernos central y autonómico para abordar las diferencias sobre la ley de salud gallega para la que el Estado ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad con el fin de paralizar determinados preceptos.

En declaraciones a los medios este lunes, Rueda, que confía en llegar a un "acuerdo", ha ratificado que, después de la conversación telefónica la pasada semana con el ministro Miquel Iceta, ahora comienzan los contactos de carácter técnico antes de convocar formalmente la comisión mixta bilateral Xunta-Estado para iniciar la negociación sobre el "fondo" de la ley.

"Trataremos de demostrar lo que siempre defendimos y estamos convencidos de que es cierto, que es necesaria una normativa para la pandemia", ha aseverado Rueda, quien ha argumentado que "si el Estado no la quiere hacer" a las "las comunidades" no les queda "más remedio" que impulsar el marco legal.

El vicepresidente primero ha remarcado que la ley gallega, que se tramitó a través de una proposición legislativa del PPdeG, se elaboró "de acuerdo" con la opinión no solo del Gobierno, sino de los técnicos jurídicos de la Xunta y "de acuerdo" con los "marcos constitucionales" para "tener una seguridad jurídica a la hora de actuar".

CONSEJO DE ESTADO

El Gobierno central anunció y confirmó haber presentado un recurso de constitucionalidad tras recibir el informe del Consejo de Estado encargado por el Consejo de Ministros, el cual es preceptivo pero no vinculante. En ese informe el órgano consultivo avalaba la presentación del recurso en cuanto al apartado cinco de la ley de salud --en la que se definen actuaciones concretas como la obligación de vacunación--, pero también sugiere al Estado la necesidad de elaborar una ley orgánica que atienda las necesidades de la gestión de la pandemia.

"El Consejo de Estado no dijo que la normativa fuese anticonstitucional, sino que lo que dijo es que para que pudiera haber normativas autonómicas, lo que tenía que hacer el Estado es una normativa general. Esperemos que lo haga", ha declarado Rueda este lunes, tras lo que confió en que pueda "haber un acuerdo".

Así, ha remarcado que "lo único" que desea es que "no tengan que afrontar" el escenario del levantamiento del estado de alarma el 9 de mayo, anunciado por el presidente Pedro Sánchez, "sin ninguna seguridad jurídica". "Y para eso tenemos nuestra ley", ha zanjado.

ARTÍCULOS QUE PRETENDÍA RECURRIR EL GOBIERNO

La idea inicial del Gobierno central, tal y como expresó en la petición de informe ante el Consejo de Estado, era recurrir tres aspectos: las medidas preventivas (es decir, las cuestiones a regular), la adopción de las medidas preventivas ('el modus operandi' para ejecutar las medidas, recogido en el apartado cinco de la ley) y el régimen de sanciones (en varios artículos y, especialmente, en lo referido a las multas por incumplimientos de las medidas que el Gobierno central cuestiona).

En su informe, el Consejo de Estado considera que es pertinente interponer recurso de inconstitucionalidad --o como dice textualmente, "existen fundamentos jurídicos suficientes"-- a uno de los apartados concretos, el relativo a las medidas. Literalmente, señala: cabe este recurso al apartado cinco del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febrero, en lo relativo al apartado 2 del artículo 38 que introduce en la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia.

Concretamente, el apartado cinco introduce un artículo 38 a la ley de salud gallega con dos apartados, de los cuales, el Consejo de Estado avala que se recurra la segunda parte, como se ha mencionado. Esta 'segunda parte' habla de medidas preventivas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando haya un peligro para la salud de la población.

Y para ello, además de otras medidas generales, establece que se podrán adoptar medidas de control de las personas enfermas, como el aislamiento domiciliario (actualmente los confinamientos de las personas que están contagiadas por el coronavirus), el internamiento en un centro hospitalario o el aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para tal fin.

Entre las siete principales de esta 'segunda parte', también recoge medidas de control para personas que hayan estado en contacto con personas enfermas (como actualmente los aislamientos de contactos positivos); o el sometimiento a medidas profilácticas de prevención, incluida la vacunación o inmunización.

Este apartado de la ley también habilita medidas de control del "entorno inmediato" de las personas enfermas o que hayan estado en contacto con ellas, así como de "zonas afectadas" (lugares geográficos), lo que puede conllevar, por ejemplo, la limitación de movilidad o circulación (como han sido los cierres perimetrales de ciudades o áreas sanitarias) o restricciones a las agrupaciones de personas (como el límite en las reuniones, tal y como está vigente en este momento en Galicia).

La plataforma de venta online y entrega a domicilio de Aguas Danone España, Font Vella en Casa ('www.fontvellaencasa.es'), ha presentado un nuevo servicio de recogida de las botellas que sirve a sus clientes para ayudar en su reciclaje. El objetivo, en pro de la economía circular, es asegurar la recuperación de esas botellas y darles una segunda vida en forma de plástico reciclado en nuevas botellas.

"Nos responsabilizamos de todo el proceso de nuestras botellas porque para nosotros la economía circular es la solución real. Tenemos a más de 26.000 usuarios entre familias y oficinas con Font Vella en Casa, a los que podemos concienciar, hacerles partícipes del reciclaje de los residuos y conseguir que estos vuelvan a ser recursos. Se trata de un servicio innovador y pionero, que prevemos que se extienda y generalice mucho más en los próximos años", afirma la directora de Marketing de Aguas Danone en España, Jerusa Moura.

Este servicio está ya disponible para los clientes de Font Vella en Casa de Madrid y Barcelona, que podrán solicitarlo a través de la plataforma cuando realicen sus pedidos. Las botellas recogidas se gestionarán a través del proyecto Renueva, un proyecto de economía circular financiado por Aguas Danone España y el Fondo Danone Ecosystem.

Renueva cuenta con la colaboración de Ecoembes y Fundació Trinijove, que busca la circularidad de los envases puestos en el mercado a la vez que se contribuye a la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión.

La responsable de sostenibilidad de Danone España y del proyecto Renueva, Mar Güell, señala que son "conscientes de que el consumidor está cada vez más preocupado por la sostenibilidad de los envases y, con esta innovación en la logística del servicio Font Vella en Casa, queremos facilitarle el reciclaje". "Nuestro objetivo es que la circularidad llegue a la puerta de casa de nuestros clientes, ya que ellos son un actor clave en la economía circular", añade.

Como señala la compañía, el impacto de la COVID-19 ha generado una nueva realidad en cuanto al consumo de productos esenciales de manera online. En España, antes de la crisis, un 30%1 de los consumidores compraban con regularidad en el canal. Desde su lanzamiento en 2017, la plataforma de e-commerce apuesta por un plan progresivo de expansión y crecimiento, tomando así cada vez más protagonismo entre las líneas comerciales del negocio de Aguas Danone. Ha pasado de estar disponible únicamente en la ciudad de Barcelona a expandirse a más de 100 poblaciones en Cataluña, y la ciudad de Madrid solamente en el último año. Actualmente cuenta con más de 26.000 usuarios.

Para Aguas Danone el camino hacia una economía circular pasa por dejar de ver los envases como un residuo y verlos como un recurso que debe permanecer en la cadena de valor, dándole una segunda vida. Por ello, tiene el compromiso de que todo su porfolio sea 100% hecho de r-Pet en 2025, un hito que logrará este año con Lanjarón. En 2020, trabajó con una media de un 29% de plástico reciclado en sus botellas y, en 2019, consiguió reducir en 270 toneladas el uso de PET virgen.

Por el momento, cuenta con varios formatos de botellas ya en su totalidad compuestas por plástico reciclado: 75cl de Font Vella, 1,25L, 75cl y 50cl de Lanjarón y, en restauración, 1,5L y 50cl de Font Vella. Además, el segundo formato más vendido de Font Vella, la garrafa de 6,25L, cuenta con un 50% de plástico reciclado. La compañía también ambiciona llegar a ser 0 emisiones netas en 2025, meta que pretende alcanzar a través de proyectos de reducción y compensación.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afirmado este lunes que el fin del estado de alarma es una cuestión que se debe debatir y decidir en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), y ha señalado que lo que ha hecho el presidente del Gobierno ha sido "más bien" expresar "una intención" de no prorrogarlo más.

"Yo al presidente lo que le he visto es expresar más bien una intención, una voluntad. Dijo incluso formalmente la primera vez que ojalá podamos lograr que no sea necesario el estado de alarma", ha asegurado en un desayuno informativo organizado, al ser preguntado por los planes del Ejecutivo al respecto y sobre si él es partidario de prorrogarlo, como piden algunas comunidades autónomas.

Aunque no ha respondido sobre sus preferencias, Gabilondo ha destacado que la realidad actual es diferente a la de hace meses, gracias al desarrollo de la estrategia de vacunación. "Estamos en una evolución, hay que crear esperanza", ha afirmado.

En todo caso, ha querido dejar claro que lo que hizo Sánchez al hablar del fin del estado de alarma fue "expresar una intención, una voluntad", y ha defendido que se trata de un asunto que se debe abordar en el Consejo Interterritorial, en el que están representado el Ministerio de Sanidad y todos los gobiernos autonómicos.

"El Estado de alarma lo decide el Parlamento y lo decide teniendo en cuenta el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Pues que sea allí donde se decida, teniendo en cuenta lo que se dice allí", ha abogado.

Eso sí, ha exigido a las comunidades autónomas y a las formaciones que están reclamando que se prorrogue que sean "consecuentes" con su petición y, en el hipotético caso de que se decidiera prolongar este instrumento, lo apoyen.

"Espero que esas comunidades autónomas que reclaman el estado de alarma, cuando llegue el momento de votar, entreguen sus votos, porque aquí a veces ocurre que una cosa se reclama y no se vota. Reclamamos pero no votamos. Eso supongo que no pasará", ha ahondado.

REVISAR LA HORA DE CIERRE DE LA HOSTELERÍA Y EVITAR AGLOMERACIONES

En cuanto a la situación de la pandemia en Madrid y las medidas a adoptar, Gabilondo ha aclarado que él "nunca ha propuesto que se cierre la hostelería" pero sí cree que se debería pensar hasta qué hora de la tarde se mantienen abiertos los bares y restaurantes, y también evitar las aglomeraciones.

Sobre todo teniendo en cuenta, según ha señalado que la incidencia acumulada de contagios en la Comunidad de Madrid es de 372 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, mientras que la media nacional es de 230. Eso sí, ha añadido que si se hace alguna restricción, debe ir acompañada de ayudas económicas.

La Comunidad de Madrid retoma los campamentos juveniles de verano con nuevas medidas como que todas las actividades de la campaña de verano están adaptadas y cumplen las medidas necesarias para evitar los contagios por Covid-19 y que a los participantes se les realizará un test de detección de antígenos antes de la salida.

Así lo ha trasladado el Gobierno regional en un comunicado, en el que ha dado a conocer que además se ha actualizado la Guía para la organización de actividades de ocio y tiempo libre durante el Covid-19, elaborada en colaboración con entidades del sector y la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.

Se trata de un documento que establece las pautas para asegurar que este tipo de actividades en la región se puedan llevar a cabo con las garantías de seguridad adecuadas, tanto para los jóvenes como para los monitores y educadores que participan.

En esta edición, la Dirección General de Juventud ofrece durante este verano 16 campamentos para jóvenes de entre 11 y 17 años sobre ciencia, tecnología, cine, teatro, fotografía, danza y multiaventura.Asimismo, los jóvenes madrileños interesados en la ecología, la sostenibilidad o la agroecología podrán disfrutar de dos campos de voluntariado en el entorno de la Sierra de Guadarrama.

Ambas propuestas, que ofertan cerca de 600 plazas, tendrán lugar en los albergues juveniles de la región durante los meses de julio y agosto.

El programa incluye cuatro campamentos en inglés: dos sobre cine, del 28 junio al 8 julio y del 20 al 30 julio; uno de teatro, del 2 al 12 agosto, que se desarrollarán en el albergue juvenil El Escorial; y otro de fotografía y naturaleza, del 2 al 12 agosto, en el albergue Villa Castora de Cercedilla.

Los inscritos en www.comunidad.madrid facebook.com/comunidadmadrid twitter.com/comunidadmadrid estos campamentos participarán en talleres específicos relacionados con estas materias, disfrutando de las actividades en plena naturaleza.

Además, contarán con excursiones y visitas a las piscinas naturales de Las Berceas y al parque de Aventura Amazonía en Cercedilla, entre otros.

TECNOLOGÍA Y MULTIAVENTURA

También en Cercedilla, en el albergue juvenil Las Dehesas, los jóvenes podrán participar en tres campamentos de multiaventura.

Estos les ofrecen la posibilidad de divertirse con un ocio activo y saludable, en contacto con la naturaleza, mediante actividades deportivas durante el mes de julio.

Habrá talleres de iniciación a la orientación y supervivencia, de estrellas, de técnicas y búsqueda de vivacs, identificación de trochas, tiro con arco y juegos acuáticos. También se practicará senderismo, descenso de barrancos, bautismo de escalada y rápel.

En el entorno natural de Rascafría, los jóvenes con espíritu aventurero disfrutarán con tres campamentos de actividades náuticas y de aventura en la naturaleza, con un claro componente lúdico y educativo.

La oferta incluye piragüismo, canoas, pádel surf, kayak polo, y actividades de multiaventura como senderismo, tirolina, orientación o supervivencia.

Se celebrarán en tres turnos durante el mes de julio en el albergue juvenil de Los Batanes y las actividades náuticas se llevarán a cabo en el embalse de La Pinilla.

De igual forma, en el albergue juvenil El Escorial, el Gobierno regional ha organizado en julio dos campamentos de ocio tecnológico, donde los jóvenes se convertirán en expertos desarrolladores de aplicaciones y videojuegos para móviles.

Y también en esta localidad madrileña, del 9 al 19 de julio, tendrá lugar el campamento Jóvenes científicos, que pretende fomentar la creatividad y el interés por la ciencia, la tecnología y el medio ambiente de una forma lúdica e interactiva a través de la realización de dinámicas, talleres y demostraciones relacionados con ramas emergentes de la ciencia.

Los participantes también dispondrán de actividades deportivas y del contacto con la naturaleza en un ambiente de diversión y aprendizaje.

Por último, el albergue Villa Castora de Cercedilla acogerá tres campamentos de danza urbana en julio, donde los jóvenes tendrán la oportunidad de bailar y acercarse a los diferentes estilos de danza moderna: urban dance, comercial dance, hip hop, free style, break dance, fusión...

Se realizarán juegos y dinámicas para trabajar el ritmo, la percepción espacial, el desarrollo del sentido estético, el uso del cuerpo como expresión artística, la improvisación, o cómo hacer una coreografía, la puesta en escena y la interpretación ante una cámara, entre otros.

Para optar a estos campamentos de verano es necesario participar en un proceso de preinscripción online, abierto desde el 19 de abril hasta el 9 de mayo. Posteriormente, se efectuará un sorteo y, a partir de ese momento, comenzarán las inscripciones.

CAMPOS DE VOLUNTARIADO

Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha programado, del 2 al 14 de agosto, dos campos de voluntariado dirigidos a jóvenes de 14 a 17 años. Se trata del denominado Equilibrios biológicos, que tendrá lugar en el albergue juvenil Las Dehesas de Cercedilla, y el de Huerto ecológico, que se desarrollará en El Escorial.

Los voluntarios realizarán trabajos relacionados con el medio ambiente y el huerto ecológico respectivamente disfrutando de actividades recreativas, de ocio y tiempo libre. El plazo de preinscripción para este programa finaliza también el próximo 9 de mayo.

Para preinscribirse, tanto en los campamentos de verano como en los campos de voluntariado, es necesario contar con un certificado digital o clave pin que permita la identificación.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha defendido este lunes que tanto la vicepresidenta segunda de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), avalan con sus posturas su propuesta de que no es conveniente subir impuestos en un momento con el actual, todavía en plena pandemia del coronavirus.

"No tocaré la fiscalidad. Coincido plenamente con la vicepresidenta Calviño, no es el momento de tocar los impuestos, es el momento de la recuperación. Así lo creo yo y también muchos organismo internacionales, y quien será mi vicepresidenta económica, si soy elegido presidente, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto", ha afirmado.

"ABSOLUTAMENTE COMPATIBLE" CON LA REFORMA DE MONTERO

Así lo ha asegurando durante su participación un desayuno informativo en el que, no obstante, ha defendido que esto es "absolutamente compatible" con que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, plantee a la vez la necesidad de ir trabajando en una reforma fiscal, como pide Europa.

A este respecto, Gabilondo ha defendido que no pasa "nada malo" con Montero sino al contrario, ya que para captar los fondos europeos es necesario hacer "reformas e inversiones" y, por ello, "es lógico" que se haga, entre otras cosas, la forma fiscal, "pero no por el Gobierno de España o por Montero, sino por toda Europa.

"Es absolutamente compatible el que ahora durante estos dos años no se toquen los impuestos y se siga trabajando en la línea de hacer esas reformas imprescindibles para la recuperación europea", ha apostillado.

Eso sí, tanto durante su intervención inicial como en el turno de preguntas, Gabilondo ha querido poner de manifiesto que su estrategia de no subir impuestos ha sido avalada por la ministra de economía y también por organismos internacionales.

"Esto que digo no es tan exótico para los organismos internacionales. No es tan exótico para la ministra Calviño", ha ahondado. "No es tan exótico que en un momento excepcional, que tiene una prioridad absoluta que es al recuperación del empleo, de la economía, se mantenga la estabilidad fiscal", ha defendido, antes de señalar que así lo puso también de manifiesto al OCDE.

Y por ello, se ha reafirmado en que él no tocará la fiscalidad en Madrid. "Ni un euro más pagará ningún madrileño por impuestos", ha sentenciado, tras señalar que cree que los madrileños sí se fían de su palabra porque no debuta como candidato. "Yo creo que más o menos se van haciendo a la idea de quién soy", ha apostillado.

Además, ha defendido que su promesa no se ve afectada por los planes del Ministerio de Hacienda, porque no "contradice" las "opiniones que se están haciendo" sobre la reforma que habrá que hacer en Europa. "Se harán esta y muchas más", ha vaticinado. Y por otro lado, ha alabado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmara que respetaba su "autonomía". "Me parece bien, nadie puede pesar otra cosa", ha asegurado.

La primera semana de clases tras las vacaciones de Pascua ha concluido con 5 aulas confinadas en la Comunitat Valenciana. Así, tras el período de descanso, de los casi 47.000 grupos que hay en los colegios e institutos valencianos sostenidos con fondos públicos, el 99,99% ha seguido las clases presenciales sin que se haya presentado ninguna incidencia.

En estos momentos, 1.840 centros educativos, el 99,7% de los 1.845 que conforman el sistema educativo valenciano, no tienen ningún aula confinada. La semana del 13 al 16 de abril ha finalizado con 5 grupos confinados en otros tantos centros educativos, según los datos facilitados por la Conselleria de Educación.

De los 818.644 alumnos y alumnas de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP, hay un 0,04% de positivos activos, 325 alumnos y alumnas. Con la aplicación de los protocolos y las medidas de seguridad, se ha establecido el aislamiento preventivo, porque han sido contacto estrecho con positivos, de un 0,03% del alumnado.

En cuanto al profesorado, de los 78.434 docentes del sistema educativo valenciano, se ha registrado un 0,05% de positivos activos, es decir, 38 docentes.

Además, con la aplicación de las medidas estrictas de prevención y protección de contactos estrechos con positivos activos, se ha determinado el aislamiento preventivo de un 0,2% del profesorado.

SIN CONFINADOS EN ALICANTE

Por provincias, la totalidad de los 638 centros educativos de las de Alicante no tiene ningún grupo confinado. Por lo tanto, el cien por cien de los cerca de 16.700 grupos de estas comarcas recibe clases presenciales con toda normalidad.

De los 297.281 alumnos y alumnas escolarizados en las comarcas alicantinas, hay un 0,02 % de positivos activos, 71 alumnos y alumnas. Con el establecimiento de los protocolos y las medidas de seguridad, se ha determinado el aislamiento preventivo, porque han sido contacto estrecho con positivos, de un 0,1% del alumnado.

En cuanto al profesorado, de los 27.694 docentes de las comarcas de Alicante, se ha registrado un 0,04 % de positivos activos, es decir, 10 docentes.

Además, con la aplicación de las medidas estrictas de prevención y protección de contactos estrechos con positivos activos, se ha determinado el aislamiento preventivo de un 0,03 % del profesorado.

Por lo que respecta a Castellón, el 99,6 % de los 249 centros educativos no tiene ningún grupo confinado. En este caso, solo un centro educativo tiene un grupo confinado, lo que quiere decir que el 99,98% de los más de 6.000 grupos de estas comarcas realiza clases presenciales sin problemas.

De los 96.763 alumnos y alumnas escolarizados de las comarcas de Castellón, hay un 0,1 % de positivos activos del total de alumnado, 114 alumnos y alumnas.

Con el establecimiento de los protocolos y las medidas de seguridad, se ha determinado el aislamiento preventivo, porque han sido contacto estrecho con positivos, de un 0,04 % del alumnado.

En cuanto al profesorado, de los 9.867 docentes de las comarcas de Castellón, se ha registrado un 0,2 % de positivos activos, es decir, 20 docentes. Además, con la aplicación de las medidas de prevención se ha determinado el aislamiento preventivo de un 0,04 % del profesorado.

Finalmente, en Valencia, el 99,6 % de los 958 centros educativos sostenidos con fondos públicos no tiene ningún grupo escolar confinado. Hay cuatro centros que tienen cuatro grupos confinados. Es decir, el 99,98 % de los cerca de 24.300 grupos realiza clases presenciales con toda normalidad.

De los 424.600 alumnos y alumnas escolarizados en las comarcas de Valencia, hay un 0,03 % de positivos activos, 140 alumnos y alumnas.Con el establecimiento de los protocolos y las medidas de seguridad se ha determinado el aislamiento preventivo, porque han sido contacto estrecho con positivos, de un 0,04 % del alumnado.

Dentro del profesorado, de los 40.873 docentes de las comarcas de Valencia, se ha registrado un 0,02 % de positivos activos, es decir, 8 docentes. Se ha determinado el aislamiento preventivo de un 0,02 % del profesorado.

La Rioja ha descendido, por segundo día consecutivo, sus casos activos por coronavirus en las últimas 24 horas y se sitúa en 502 (32 menos que ayer), según ha actualizado este lunes el Gobierno de La Rioja. Ello, en un día en el que se han registrado dos personas fallecidas desde el pasado viernes, mientras que la Incidencia Acumulada a 14 días sigue subiendo, hasta 241,86 (frente a 215,98 del viernes).

Las fallecidas, en concreto, han sido dos mujeres, una de avanzada edad y otra de mediana edad, y que no vivían en residencias de mayores. De este modo, desde que comenzó la pandemia, han fallecido en la comunidad un total de 756 personas, de las que 300 vivían en residencias de mayores.

Con respecto a la presión asistencial, en total, en los diferentes centros hospitalarios de la región se encuentran 73 personas ingresadas por Covid-19, el mismo número que se registraba hace 72 horas, cuando se ofrecieron los últimos datos al respecto.

En concreto, el Hospital San Pedro de Logroño cuenta con 33 personas en camas de hospitalización ocupadas por pacientes Covid-19 (cuatro menos que el viernes), con 3 ingresos y 0 altas en los últimos tres días. En la UCI, además, hay 22 pacientes Covid (sin cambios sobre el viernes).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano cuenta en el San Pedro con 43 camas UCI. De este modo, sumando a los ingresados por patologías No-Covid (10 a día de hoy, tres menos que el viernes), la UCI riojana tiene un total de 32 pacientes y se encuentra al 74,42 por ciento (en torno a siete puntos por debajo de hace 72 horas).

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra tiene 18 personas en planta con Covid-19, cuatro más de los que se registraban el pasado viernes, con 2 ingresos y cero altas contabilizadas en este periodo de tiempo.

De este modo, siguiendo los datos, se observa un repunte en la Incidencia Acumulada a 14 días, de 215,98 a 241,86 casos por cada 100.000 habitantes. La Incidencia a 7 días, también sube, de 114,06 a 122,37. La positividad, del mismo modo, aumenta ligeramente, del 7,66 por ciento al 7,78.

Finalmente, hay un total de 6.350 personas en cuarentena, frente las 6.121 de viernes. Además, afortunadamente, las residencias riojanas continúan un día más sin positivos en ninguno de los 33 centros de mayores de la comunidad.

Los pacientes Covid hospitalizados en Galicia han ascendido a 199, siete más que la jornada anterior, mientras que los casos activos mantienen la tendencia ascendente por undécimo día consecutivo y se sitúan en 2.767.

Así se refleja en los datos actualizados en la mañana de este lunes por la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18,00 horas de este domingo, en los que se incluyen 33 pacientes Covid en UCI --tres más-- y 166 en otras unidades --cuatro más--.

Por áreas sanitarias la presión hospitalaria se incrementa en seis de las siete y solamente se alivia en la de A Coruña y Cee, donde si bien siguen ocho pacientes Covid en UCI, descienden a 52 los de otras unidades --dos menos--.

Por su parte, en la de Vigo ascienden a cinco los pacientes Covid ingresados en UCI --uno más-- y a 33 en otras unidades --uno más--; mientras que en la de Ferrol hay uno en críticos --tras varios días sin ninguno ingresado-- y nueve en otras unidades --uno más--.

En el área de Santiago y Barbanza aumentan a cinco los ingresados en UCI --uno más-- y a 22 los de otras unidades --uno más--, mientras que en la de Ourense prosiguen seis en críticos y suben a 15 los de otras unidades --uno más--.

Mientras, en la de Pontevedra y O Salnés siguen cinco en UCI y se incrementan a 27 los de otras unidades --uno más--; y en la de Lugo continúan tres en críticos y suben a ocho los de otras unidades --uno más--.

MÁS CASOS ACTIVOS

En cuanto a los casos activos, ascienden por undécima jornada consecutiva y se sitúan en 2.767, lo que supone 74 más, al haber más contagios (154) que altas (78), a lo que hay que añadir dos fallecimientos.

Por áreas sanitarias, las infecciones activas se incrementan en las siete: Vigo (+26), Pontevedra y O Salnés (+20); Lugo (+13); Ourense (+6); A Coruña y Cee (+4); Ferrol (+3) y Santiago y Barbanza (+2).

Por tanto, el área de Vigo se mantiene a la cabeza, con 732; seguida de la de A Coruña y Cee, con 677; Pontevedra y O Salnés, con 448; Santiago y Barbanza, con 370; Ourense, 26; Lugo, 205; y a la cola sigue Ferrol, con 109.

NUEVOS CONTAGIOS

En cuanto a los nuevos contagios de Covid-19 detectados con cualquier tipo de prueba han descendido ligeramente comparado con la jornada anterior a 154, lo que supone 34 menos.

Galicia ha confirmado en las últimas 24 horas 134 positivos por PCR, de los cuales 31 corresponden al área de A Coruña y Cee; 30, a la de Vigo; otros 30, a la de Pontevedra y O Salnés; 16, a la de Lugo; 12, a la de Ourense; 9, a la de Santiago y Barbanza; y seis, a la de Ferrol.

De este modo, los contagiados por este coronavirus ascienden en la Comunidad gallega a 120.019, de los cuales 29.081 corresponden al área de A Coruña y Cee; 22.982, a la de Vigo; 18.919, a la de Santiago y Barbanza; 15.116, a la de Ourense; 13.270, a la de Pontevedra y O Salnés; 12.284, a la de Lugo; y 8.367, a la de Ferrol.

La Comunidad gallega ha llevado a cabo hasta la fecha de la última actualización de datos 1.963.439 PCR desde el inicio de la pandemia, lo que implica 8.241 pruebas más que las contabilizadas hasta la jornada anterior --unas 2.000 más que las hechas el día pasado--.

Por su parte, la tasa de positividad ha caído en este inicio de semana a un 1,2 por ciento, tras haber subido a un 3,5% la jornada anterior, por lo que se mantiene por debajo del 5% que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija para dar por controlada la pandemia.

VÍCTIMAS Y CURADOS

Desde el inicio de la pandemia han fallecido 2.373 personas diagnosticadas con la Covid-19 en la Comunidad gallega, tras notificar Sanidade este domingo el fallecimiento de dos más.

En concreto han muerto un hombre y una mujer con Covid-19 según los óbitos comunicados este domingo. Así, tras tres jornadas consecutivas sin notificar nuevos fallecimientos, Sanidade ha informado de las muertes de dos personas que presentaban patologías previas.

Por un lado, este sábado falleció un hombre de 84 años en el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) y este domingo se registró la muerte de una mujer de 86 años en el mismo complejo hospitalario.

Mientras, hasta la fecha se han curado de este coronavirus en toda la Comunidad gallega 114.901 pacientes, lo que implica 78 personas más que las registradas hasta la jornada anterior.