Canarias ya puede multar con hasta 600.000 euros a quienes provoquen un rescate por imprudencia. El nuevo régimen sancionador entra en vigor este jueves 12 de noviembre y afecta por igual a residentes y turistas que se expongan a situaciones de riesgo en la costa o en la montaña.
El Gobierno autonómico estrena un marco para castigar las conductas temerarias que obligan a movilizar recursos públicos de emergencia. Canarias crea por primera vez infracciones por rescates imprudentes, a través de una reforma de la Ley del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias impulsada por el Ejecutivo autonómico.
¿Qué ha pasado exactamente?
La comunidad era la única con competencias en protección civil sin regulación sancionadora propia. El propio Ejecutivo reconoce ese vacío legal, que impedía castigar conductas incluso cuando se desobedecían órdenes durante una emergencia. Con la reforma, las multas van de 100 euros a 600.000 según la gravedad y el peligro ocasionado.
La norma fija tres niveles. Las leves, de 100 a 3.000 euros, cubren las imprudencias simples que no suponen un peligro particular para los equipos movilizados. Las graves, de 3.001 a 100.000 euros, se aplican cuando la conducta compromete la seguridad del personal o de los medios. En el escalón más alto, de 100.001 a 600.000 euros, están las negligencias que generan un riesgo serio o daños a los rescatadores.
No hace falta que haya heridos ni daños materiales para que exista responsabilidad administrativa. Eso sí, no se sancionará de forma automática a todo el que necesite ayuda: la Administración deberá acreditar la imprudencia y tramitar el procedimiento. Un accidente fortuito durante una excursión o un baño no es, por sí solo, una infracción.
También se podrá sancionar a quienes incumplan órdenes, prohibiciones o instrucciones de las autoridades durante la activación de planes de protección civil. Y hay otra novedad: las llamadas falsas al 112 podrán considerarse infracción muy grave cuando alteren la eficacia del servicio y obliguen a movilizar recursos sin motivo.
Detrás de cada operación de salvamento hay helicópteros, embarcaciones y equipos especializados cuyo coste termina asumiendo el conjunto de la ciudadanía.
El procedimiento contempla un plazo máximo de doce meses para notificar la resolución. El pago voluntario reduce la multa un 50% en leves y graves, una rebaja que no se aplicará a las muy graves. Las leves prescriben a los seis meses, las graves al año y las muy graves a los tres años.
¿A quién afecta y cómo?
A residentes y visitantes. El cambio tiene especial peso en Tenerife, donde los servicios de emergencia intervienen a menudo en el litoral, barrancos, senderos, y espacios naturales. Bañistas que ignoran la bandera roja, personas que acceden a zonas cerradas por fenómenos costeros o excursionistas que desatienden las restricciones son algunos de los supuestos que podrían acabar en sanción.
La Dirección General de Emergencias citó como antecedentes un incidente en el litoral de Santiago del Teide, en un charco balizado y señalizado por una alerta costera, y otro en Los Charcones, en Yaiza (Lanzarote). Ambos ejemplos ilustran la dificultad de intervenir frente a quienes desoyen las advertencias.
Lo que cambia respecto al anuncio de febrero
Emergencias anunció el cambio en febrero de este año, cuando su director general, Fernando Figuereo, defendió que quien provoca un rescate por una actuación irresponsable asuma las consecuencias económicas. El objetivo era separar los accidentes inevitables de las conductas temerarias que obligan a desplegar helicópteros, embarcaciones y personal especializado.
El texto que ahora entra en vigor introduce matices. La norma no obliga a pagar la factura íntegra del rescate: fija multas administrativas según la negligencia y el riesgo, no una cuenta por horas de vuelo o número de efectivos. Como referencia, Figuereo recordó que con las tarifas de 2012 una hora de helicóptero de rescate costaba unos 2.000 euros.
El director del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias, Moisés Sánchez, advirtió de que algunos accidentes con varias víctimas obligan a mantener dispositivos de búsqueda durante días, incluso una semana.
Queda por resolver un obstáculo señalado por Emergencias: identificar a las personas rescatadas. Parte del personal de salvamento trabaja para empresas contratadas y carece de competencias para identificarlas formalmente. Por eso se anunció la intención de implicar a la Policía Canaria cuando haya indicios de negligencia. La potestad sancionadora será de las autoridades autonómicas, insulares o municipales, con arreglo al principio de proporcionalidad.
La recaudación tendrá un destino concreto: el dinero de las sanciones irá a protección civil y emergencias. El Ejecutivo confía en que el efecto disuasorio evite operativos evitables y libere medios para quien de verdad los necesita.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: Canarias estrena multas de 100 a 600.000 euros para los rescates causados por imprudencias.
- 👥 Quiénes son los afectados: Residentes y turistas que practican actividades en costa, barrancos y senderos, además de los equipos de emergencia.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Más control sobre las conductas de riesgo y una rebaja del 50% si se paga antes de la resolución.
