Investigar las cargas policiales del 11N y retirar el gas lacrimógeno de las protestas. Son las dos órdenes de Fernando Grande-Marlaska, que no piensa dimitir.
Qué ha ordenado Interior y qué cambia desde ya
La primera orden es una investigación. El ministro ha pedido a la Dirección General de la Policía que abra expedientes por cada incidencia del 11N, para comprobar si los agentes cumplieron los protocolos durante la huelga general del 11 de noviembre. Fuentes de Interior describen el paso como suficiente, al menos por ahora.
Hay una segunda decisión, esta de futuro: queda prohibido el gas lacrimógeno en los controles de manifestaciones. La orden llega después de que ese gas se empleara en algunas actuaciones del propio 11N y se aplicará en los dispositivos que se monten a partir de ahora.
El detonante está en las imágenes del 11 de noviembre. La huelga general contra el Gobierno dejó piquetes en accesos a polígonos y centros de trabajo, cargas policiales en Madrid y saqueos y barricadas en Barcelona, con al menos un centenar de detenidos en toda España, según las cifras difundidas al cierre de la jornada.
Sobre esas imágenes se ha montado el pulso político. Los sindicatos convocantes han anunciado acciones judiciales por lo que consideran un uso desproporcionado de la fuerza. Y los partidos que sostienen al Gobierno han pasado de la crítica a exigir una cabeza.
La investigación interna y la prohibición del gas llegan con el respaldo cerrado de La Moncloa y las críticas abiertas de sus socios.
Quién pide la dimisión de Marlaska y quién le defiende
La Moncloa no se plantea la destitución. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, lo dijo sin rodeos: 'El ministro no está en estos momentos en cuestión, en absoluto'. Antes había marcado distancia con las imágenes: 'He visto algunas imágenes que no me han gustado'. Serán los mandos policiales, añadió, quienes determinen si hubo uso desproporcionado.
Su compañera de Gabinete, la portavoz del Ejecutivo Elma Saiz, dijo que son imágenes que 'nos desagradan profundamente' y defendió que la actuación policial 'siempre tiene que ser proporcionada'. Ernest Urtasun, ministro de Cultura, reclamó investigar tanto las cargas denunciadas como la violencia posterior de 'algunos grupúsculos. El Gobierno admite incomodidad, pero no ruptura.
Los socios del PSOE no comparten ese respaldo. Alberto Ibáñez, diputado de Compromís adscrito a Sumar, fue el más directo: 'Si no puede controlar a la Policía, es evidente que no puede ser ministro'. Enrique Santiago, portavoz de IU, exige depurar responsabilidades internas 'pero también responsabilidades políticas'.
Podemos y Frente Amplio, socio minoritario del Gobierno, se han sumado a la petición de destitución, y ERC reclama explicaciones. Hasta fuentes socialistas admiten que lo visto no se puede tolerar, aunque rechazan que el ministro diera la orden de cargar.
Por qué esta orden abre un frente con los propios agentes
Los sindicatos policiales rechazan de plano la prohibición del gas. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) censura que la respuesta de Interior 'sea poner bajo sospecha a los agentes y restringir sus medios de intervención'. Jupol advierte de que retirar material puede provocar 'más lesiones' entre los propios agentes. Y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) sostiene que la medida 'no es modernizar, ni es progresista' y deja a los agentes 'vendidos, indefensos y expuestos a agresiones directas'.
Investigar una actuación policial es un procedimiento conocido: se llama información reservada, la abre la propia Dirección General de la Policía y su conclusión no siempre se hace pública. Prohibir un material es otra cosa. Cambia el manual de intervención y coloca al ministro frente a sus propios agentes.
Ahí está la clave del choque. Para los socios del Gobierno, la orden demuestra que hay margen para corregir la actuación policial sin esperar a los tribunales. Para los sindicatos, traslada desconfianza hacia quienes estuvieron en la calle. La investigación dirá si hubo uso desproporcionado y de ahí saldrán o no sanciones internas.
El precedente más inmediato son las propias imágenes del 11N, que han forzado al Ejecutivo a moverse en menos de 24 horas. Lo que viene ahora es la investigación de la Dirección General, sin fecha pública de conclusiones, y la vía judicial que anuncian los sindicatos convocantes. Queda una pregunta política: si los socios del PSOE mantienen la exigencia de dimisión cuando el asunto vuelva al Congreso.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Marlaska ha ordenado investigar las cargas del 11N y prohibir el gas lacrimógeno en las manifestaciones.
- Por qué te importa: Cambia cómo puede actuar la Policía en una protesta y abre la puerta a sanciones internas por el 11N.
- A quién afecta: A los agentes antidisturbios, a quienes se manifiestan y a los sindicatos que llevarán el caso a los tribunales.
- Hacia dónde vamos: La investigación interna sigue abierta y los socios del PSOE mantienen la petición de dimisión.
