La polémica con la vacunación de personas que no se encuentran en el primer grupo establecido en el protocolo nacional se está extendiendo a cada vez más sectores, y ya alcanza a al menos 700 ciudadanos, de los cuales la mayoría son políticos, altos cargos, sindicalistas liberados, cúpula militar o informáticos, entre otros. De estos cargos públicos, tan sólo nueve han decidido dimitir y uno de ellos ha sido cesado, por lo que en total diez personas han dejado su cargo por vacunarse cuando no les correspondía.

Una de las dimisiones más sonadas fue la del ya antiguo Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, que presentó su renuncia tras este debate sobre la vacunación en el seno de la cúpula militar. Esta dimisión se produjo unas horas después de conocerse que había cesado también a un alto cargo de la Guardia Civil por este mismo motivo.

También anunciaron su dimisión los ya exconsejeros de Sanidad de Murcia y de Ceuta después de que se conociera que habían recibido la primera dosis de la vacuna a pesar de no pertenecer al primer grupo de vacunación que establece la estrategia nacional de vacunación.

Asimismo, la alcaldesa de Molina de Segura (Murcia), Esther Clavero (PSOE), comunicaba este mismo martes su dimisión como primera edil por recibir la vacuna, el mismo camino que siguió la coordinadora de Izquierda Unida en la ciudad de Murcia, Alicia Martínez, y la teniente de alcalde de Denia (Alicante), Cristina Morera (PSOE).

Por otro lado, se ha conocido que el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, también ha presentado su denuncia por recibir la vacuna contra la Covid-19 antes de que fuera su turno.

Del mismo modo, han presentado su renuncia el Comisionado del Departamento de Salud de Torrevieja (Alicante), José Antonio García Gómez, por administrarse esa vacuna antes de tiempo, al igual que la gerenta del Sepad en Badajoz, Montserrat Rincón.

LA MADRE DE UNA DIRECTORA MÉDICA Y UN OBISPO

En las últimas fechas se ha conocido que incluso la madre de la directora médica de Atención Primaria de Cantabria, Beatriz Josa, fue vacunada contra la Covid-19 hace dos semanas, cuando la campaña de vacunación se dirigía a personal sanitario del servicio de emergencias del 061.

Asimismo, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha recibido ya incluso hasta la segunda dosis de la vacuna en una residencia donde residen sacerdotes mayores y jubilados de la diócesis.

Otra de las polémicas ha surgido en Asturias después de trascender que el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) había decidido vacunar contra la COVID-19 a personal directivo y a liberados sindicales incluyéndolos en el grupo de sanitarios de primera línea.

Estas personas se suman a una lista en la que también se encuentran 200 trabajadores, del área sanitaria de Pontevedra, el director médico del Hospital de Andújar (Córdoba), varios directivos de una empresa de ambulancias, el responsable de una empresa gestora de residencias en Vizcaya y los directores y otros trabajadores no esenciales del Hospital de Basurto.

Además, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, había cifrado en 200 las personas que ya se habrían vacunado en la región valenciana pese a no ser del primer grupo de vacunación. Por su parte, en la Región de Murcia, además del consejero de Sanidad, que ya dimitió, al parecer se habrían vacunado más de 400 altos cargos y funcionarios de esta Consejería, algo que ha provocado la confrontación entre el Gobierno y la oposición, que pide, al igual que la Fiscalía, conocer la lista de estas personas que ya se han vacunado.

AL MENOS UNA TREINTENA DE POLÍTICOS SE HAN VACUNADO

Esta polémica surgió a raíz de varios cargos políticos que decidieron administrarse la vacuna, y, en la actualidad, el número conocido de políticos que ya se han inyectado la primera dosis supera la treintena, y tan sólo cinco han decidido dejar su cargo.

Así, la lista de políticos que se han vacunado ya la conforman el consejero de Sanidad de Murcia; su homólogo en Ceuta; la consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma; el alcalde de Asín (Zaragoza); la alcaldesa de Els Poblets (Alicante); el alcalde de Villahermosa del Río (Castellón); el alcalde de Rafelbunyol (Valencia); el concejal de Sanidad de Orihuela (Alicante) y el alcalde de La Nucía (Alicante).

A estos les siguen el concejal de Sanidad de La Nucía (Alicante); la alcadesa de Molina del Segura (Murcia); la alcaldesa de Torrecampo (Córdoba); la coordinadora de IU en la ciudad de Murcia; el alcalde de Matamala (Soria); dos concejales en La Palma; un concejal en Garachico (Canarias); el alcalde de Castejón de Sos (Huesca) y el alcalde de El Verger (Alicante).

También lo han hecho el alcalde de Valdelosa (Salamnca); la teniente de alcalde de Denia (Alicante); la alcaldesa de Tossa (Gerona); alcalde de Alcaracejos (Córdoba); el alcalde de El Guijo (Córdoba); la concejala de Salud de Bonares (Huelva); una concejal en Murcia; el alcalde y un concejal de Riudoms (Tarragona); un concejal en Plasencia (Cáceres); el alcalde de Villavicencio de los Caballeros (Valladolid) y el primer edil de Luesia (Zaragoza).

EL PP ACUSA A JUNTA DE EXTREMADURA DE CAMBIAR EL PROTOCOLO

Esta polémica ha provocado también que el PP en Extremadura haya acusado a la Junta de esta región de cambiar el protocolo de vacunación para dar "cobertura" a los directivos del SES y del Sepad y a los alcaldes socialistas vacunados de forma "irregular".

Asimismo, en la Comunidad Valenciana y Castilla y León se ha abierto el debate sobre si se debería administrar la segunda de la dosis de la vacuna a las personas que se han saltado el orden de vacunación. En este punto, la Junta de Castilla y León ya ha anunciado que no inyectará esa segunda dosis necesaria para recibir la inmunidad.

Agentes de la Policía Nacional de Benidorm (Alicante) han detenido a un matrimonio de 51 y 60 años de edad, por un presunto delito de tentativa de homicidio contra un trabajador que se encontraba realizando trabajos verticales en un edificio de la localidad a una altura de 13 plantas. El hombre ha quedado en libertad después de que los efectivos policiales hayan descubierto que la acusada estaba sola en la vivienda en el momento de los hechos.

En concreto, la mujer cortó una de las cuerdas de sujeción de uno de los operarios que realizaba reparaciones en la fachada del edificio debido a que no estaba de acuerdo con lo aprobado por la comunidad de vecinos, según ha informado la Policía en un comunicado.

Los hechos ocurrieron cuando dos trabajadores observaron que desde una de las ventanas había unas manos de una persona que manipulaba la cuerda principal y se percataron de que la otra cuerda, llamada de seguridad o de vida, habría sido cortada por la misma persona.

Por ello, ante el temor de que esa persona cortara la única cuerda que le sujetaba, el trabajador se aferró rápidamente a la cornisa del edificio para no precipitarse al vacío a la vez que ambos trabajadores gritaban pidiendo auxilio.

Ante el alboroto, la persona que estaba manipulando las cuerdas de seguridad desde una ventana de la planta 20, soltó la única que quedaba sin cortar y se ocultó en el interior de la vivienda.

Los operarios, que se encontraban a una altura de 13 plantas en el momento de ocurrir los hechos, consiguieron alcanzar el suelo y ponerse a salvo sin llegar a sufrir ningún tipo de lesión.

Tras dar aviso a la Policía, las patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana acudieron hasta el lugar y determinaron que las cuerdas habían sido cortadas con un cuchillo. Una vez personados en la vivienda, el matrimonio arremetió contra los operarios por haber roto las bisagras de una ventana al realizar los trabajos y, en un primer momento, negaron los hechos.

Sin embargo, después de que los agentes investigadores contrastaran todos los datos con los testimonios de la víctima y testigos, determinaron que en el momento de los hechos en la vivienda se encontraba solamente la mujer.

Por ello, los detenidos, un hombre y una mujer, han sido trasladados a dependencias policiales y tras prestar declaración, el hombre quedó en libertad ya que los agentes determinaron que en el momento de producirse los hechos en la vivienda solo se encontraba la mujer.

Asimismo, fuentes policiales han apuntado la posibilidad de que la acusada sufra algún tipo de trastorno psiquiátrico. Se le imputa un delito de tentativa de homicidio por lo que ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la localidad de Benidorm, decretando el Juez su libertad con cargos.

La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este miércoles la ley que refuerza la protección y asistencia de las víctimas de violencia de género, cuyo texto procede del decreto ley impulsado por el Ministerio de Igualdad sobre esta materia como consecuencia de la Covid19.

El texto ha contado con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos y PNV, la abstención de ERC y Eh Bildu y el voto en contra de Vox.

Fue en abril cuando la Cámara baja convalidó esta iniciativa de Irene Montero. Los grupos parlamentarios presentes, excepto PSOE y Unidas Podemos, votaron también entonces a favor de que el texto se tramitara como proposición de ley y, así poder realizar modificaciones en el mismo.

Esa tramitación ha culminado este miércoles su primera fase, con la aprobación de la norma, que ahora pasará al Senado para continuar con el proceso.

Entre sus principales aportaciones, se encuentra la declaración de esenciales de todos los servicios de atención y protección a las víctimas de esta lacra, con el objetivo de que estas pudieran seguir beneficiándose de ellos durante el estado de alarma.

ACUERDOS DE MEJORA

Además, se reforzaron los sistemas de atención telefónica a víctimas de esta violencia, ya que la presencial no era posible. Además, se crearon canales a través de WhatsApp para adaptarse a la nueva situación. Durante la tramitacíón en el Congreso, se ha incluido en la norma que este servicio de Whatsapp permanezca tras terminar el estado de alarma en el que se encuentra el país.

Por otra parte, una transaccional firmada por PSOE, Unidas Podemos, ERC y Eh Bildu permitirá garantizar la protección de víctimas y el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas contra hombres denunciados o condenados por delitos relacionados con esta lacra.

Socialistas y morados también han llegado a una transaccional con PP y Ciudadanos por la que se garantiza la provisión de los servicios que se incluyen en el texto "mientras duren las medidas derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19" y que impliquen "alteraciones de la normalidad" y también "especial vulnerabilidad" de las víctimas.

Junto a los 'populares', PSOE y Unidas Podemos han acordado también inclior la prestación de seguimiento especial, por parte de las administraciones, a los hijos de las víctimas mientras se prolongue la situación de emergencia; y un refuerzo para la recuperación sociolaboral de las muejeres que sufren esta violencia, especialmente las que ahora están en ERTE.

MUJERES DOBLEMENTE DISCRIMINADAS

Los dos partidos que sustentan el Gobierno han negociado también con PP, Ciudadanos y ERC la recogida de garantías para que las mujeres que sufren discriminación interseccional también reciban los servicios necesarios. Estas son mujeres con discapacidad, que viven en el rural, de etnia gitana o de otros grupos especialmente vulnerables.

También se ha acordado incluir el refuerzo y adaptación de estos servicios a mujeres que sufran doble o triple victimización, es decir, mujeres con alguna discapacidad, que vivan en el rural, que sean de etnia gitana o que pertenezcan a otros grupos sociales más vulnerables.

Los dos partidos que sustentan el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han agradecido el trabajo realizado durante la negociación de esta ley. La portavoz socialista en este debate, Lidia Guinart, ha celebrado la aprobación de una iniciativa que, como ha explicado, nació "en la primera ola de la pandemia" y con el objetivo de ser "una mano tendida hacia las miles de mujeres" que en ese momento sufrían confinamiento con su agresor.

La representante morada, Sofía Castañón, por su parte, ha valorado dos aspectos de lo que ha sido este tiempo de tramitación: por un lado ha destacado que estas medidas que fueron creadas en una situación excepcional se adopten ahora "de forma permanente"; y por otro el "clima de colaboración" vivido estos meses para sacar el texto adelante.

EL "ESPÍRITU" DEL PACTO DE ESTADO

De este mismo clima ha hablado la portavoz de Igualdad del PP, Margarita Prohéns, que lo ha calificado como el "espíritu del Pacto de Estado" aprobado en 2017. La 'popular' ha llamado a PSOE y Podemos a continuar en esta línea, trabajando en "lo importante", y dejar los debates que manienen entre ellos sobre "quién presenta qué iniciativa" que, a su juicio, "desvían el foco".

Sí ha lamentado que no se hayan incluido algunas de sus propuestas sobre accesibilidad en los servicios, o una reforma para destinar fondos del Pacto de Estado para ayuntamientos que han tenido que invertir en mejoras como consecuencia de la pandemia.

También la portavoz de ERC en este debate, Pilar Vallugera, ha lamentado no haber llegado a un pacto en lo económico para realizar el traspaso a las entidades locales. Del mismo modo, ha criticado que no se haya aprovechado esta tramitación para dar el paso e introducir el cambio de denominación de violencia de género a violencia, con el objetivo de que su contenido repercuta en "todas las violencias" que sufren las mujeres.

Por otra parte, la representante de Ciudadanos, Sara Giménez, ha celebrado esta aprobación y ha recordado que su partido estará en contra de quienes "quieren dar pasos hacia atrás" en la lucha contra la violencia de género. Su homólogo de PNV, Joseba Agirretxea, se ha referido en su intervención a quienes son "de otro mundo" y niegan la existencia de esta lacra, para señalar el apoyo de los nacionalistas vascos a cualquier medida que mejora la situación de estas mujeres y acabe con la violencia de género.

Ambos se refieren a Vox, el único partido que ha votado en contra. Su portavoz en la comisión, Carla Toscano, ha defendido esta postura señalando que esta ley "atenta de forma flagrante contra el principio constitucional de la igualdad ante la ley" y busca "blindar" económicamente los "chiringuitos" del Gobierno en esta materia. La diputada ha indicado que Vox considera que todas las personas, independientemente de su sexo, son susceptibles de proteccion de sufrir violencia intrafamiliar y, por tanto, todos necesitarían protección y no sólo las mujeres.

El despacho de abogados Arriaga Asociados ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra el Estado español al considerar que algunas resoluciones del Tribunal Supremo sobre pactos novatorios de cláusula suelo con renuncia de acciones legales vulneran la normativa europea en materia de defensa de los consumidores y usuarios.

Para Arriaga Asociados, el Tribunal Supremo incumple la normativa de protección a los consumidores, así como la jurisprudencia emanada de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en sus sentencias dictadas el pasado 6 de noviembre.

Según informa el despacho en un comunicado, el alto tribunal ha dictado varias resoluciones a favor de las entidades bancarias, no aplica adecuadamente el derecho comunitario en materia de defensa de los consumidores y usuarios, vulnerando el principio de primacía del derecho de la unión europea al no respetar la finalidad de la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Tampoco cumple con la interpretación que de la misma directiva ha realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en varias ocasiones ha manifestado la máxima protección al consumidor, tal y como recoge el artículo 38 de la Carta de Derechos de la Unión Europea, señala Arriaga Asociados.

CONTROL DE TRANSPARENCIA Y ABUSIVIDAD

Según explica, el Tribunal Supremo no realiza un examen extenso del control de transparencia y abusividad sobre las cláusulas del contrato de novación, según lo que exige la mencionada directiva y el propio TJUE.

"No tiene en cuenta que a los consumidores no se les entregó documentación previa a la firma del contrato, ni siquiera una copia del mismo, no recibieron información sobre la evolución pasada del índice, no se les informó sobre los efectos económicos y jurídicos del contrato de novación", destaca el comunicado.

Añade que los consumidores "ni mucho menos que no podrían reclamar en un futuro cuantías que ya se le debían en dicho momento, ni cuáles serían, ni que estaban aceptando renunciar a reclamarlas en un futuro. De lo contrario, jamás hubieran aceptado".

Arriaga Asociados defiende que "utiliza todos los instrumentos jurídicos existentes para defender los derechos de los consumidores" y por ello "solicita a la Comisión Europea que intervenga ante el incumplimiento por parte del Tribunal Supremo de la normativa de protección al consumidor".

La portavoz de Interior del PP en el Congreso y miembro de la comisión Kitchen, Ana Vázquez, ha cargado este miércoles contra el PSOE por ser el único partido que no quiere que el excomisario José Manuel Villarejo comparezca ante este órgano. A su juicio, los socialistas "tienen pánico" a su testimonio porque ellos fueron quienes "lo ficharon y lo crearon".

Así se ha pronunciado Vázquez a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, una vez que todos los grupos han registrado ya sus peticiones de comparecencia y el PSOE es el único que veta a Villarejo. El propio excomisario se ha quejado de que el PSOE no pida su presencia y ha deslizado que es por "miedo a la verdad".

"La Kitchen comienza por Villarejo y resulta que el PSOE es el único partido que no quiere que venga. Ellos lo ficharon y crearon y es el amigo de la Fiscal de (Pedro) Sánchez", añade en referencia a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a la que el PP quiere citar ante la comisión de investigación.

UN SINSENTIDO

En opinión de la diputada del PP, el Villarejo "siempre dijo que vivía genial con el PSOE" y el hecho de que los socialistas no le incluyan en su listado demuestra que "sigue viviendo" así.

También Bildu ha criticado por "absurda" la "obsesión" del PSOE por vetar la comparecencia del expolicía. Su diputado Jon Iñarritu considera "un sinsentido" que Villarejo no vaya a comparecer en una comisión que investiga un asunto en el que su participación fue fundamental.

"Lo hemos pedido y creemos que es esencial. Cuantas más personas implicadas por activa o por pasiva en la trama corrupta comparezcan y aporten información para los objetivos de la comisión, mejor", ha defendido Iñarritu.

MAÑANA SE VOTA

"¿Qué temen que diga Villarejo?", se ha preguntando, avisando de que si el PSOE no cambia de actitud Bildu, que se abstuvo cuando se aprobó el plan de trabajo de la comisión, no apoyará la lista de los socialistas en las votaciones sobre las comparecencias que tendrán lugar este jueves en una sesión de la comisión a puerta cerrada.

En cualquier caso, dado el procedimiento impuesto a la comisión por los dos partidos que integran el gobierno de coalición, que implica votar las comparecencias en listas cerradas y no nombre por nombre, las propuestas del PSOE son a priori las que tienen más posibilidades de salir adelante ya que los vetos cruzados juegan a su favor.

El portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, ha reprochado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, de poner "en peligro el prestigio de la Justicia" con su exposición razonada ante el Supremo contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por presuntos delitos en el denominado 'caso Dina'

En este sentido, ha destacado que el alto tribunal vuelve "a poner las cosas donde estaban", que es en la red de "espionaje ilegal" contra Unidas Podemos y "el escándalo internacional" que supuso la "investigación ilegal a un dirigente político", en alusión a Iglesias.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación tras conocer que la Sala de lo Penal del Supremo ha acordado la devolución al juez de la Audiencia Nacional de las actuaciones que remitió contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, para que agote la investigación en el denominado caso 'Dina' y una vez realizadas las nuevas diligencias, decida si procede remitir una nueva exposición razonada contra el también líder de Podemos dada su condición de aforado.

Con ello responde a la exposición razonada elevada al alto tribunal el pasado mes de octubre por el juez Central de Instrucción número 6, que consideró, indiciaria y provisionalmente, que Iglesias había cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos; otro de daños informáticos; y otro de acusación y denuncia falsa, en relación con el robo del móvil de una asesora del partido Podemos, Dina Bousselham, en noviembre de 2015 y hechos posteriores relacionados con el mismo.

Al respecto, Mayoral ha asegurado que el Supremo marca, con este auto, que se vuelva al aspecto central de este asunto, que es la "red de espionaje ilegal, de extorsión" y "difamación" montado por el excomisario José Manuel Villarejo, en relación con diferentes empresas y miembros que ocuparon la cúpula del Ministerio del Interior.

"Y en concreto, con un escándalo de tamaño internacional que es la investigación ilegal a un dirigente político en una democracia, que es absolutamente inadmisible", ha espetado el también secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos.

VOLVER A LA RACIONALIDAD

Preguntado sobre si Podemos va a emprender alguna acción contra el juez, Mayoral ha dicho que, de momento, las actuaciones procesales se harán en el marco del procedimiento y que ahora creen hay que volver a "la racionalidad", que es "investigar a las "mafias que realizan espionaje" y "labores de intoxicación" para "intentar subvertir el proceso democrático".

"Tienen que ser investigadas", ha enfatizado el dirigente de Podemos, dado que este caso se ciñe a la presunta utilización de medios del Ministerio del Interior, durante la etapa del PP, para "realizar persecuciones políticas a la oposición e impedir que un espacio político como Unidas Podemos llegara al Gobierno".

Además, ha asegurado que lo ocurrido es un "ataque a la democracia" y deben investigarse todas las "ramificaciones", tanto en lo concerniente a la cúpula del Ministerio del Interior cuando gobernaba el PP, como en lo relativo a poderes económicos y mediáticos vinculados a las labores de intoxicación que ha sufrido su formación política.

NO HAY QUE PERSEGUIR A LA VÍCTIMA

"Es en un intento de alterar el procedimiento democrático. Creemos que se ha visto acreditado en sucesivas ocasiones y esto desgraciadamente continúa cuando se persigue a las víctimas en lugar de investigar las supuestas actuaciones ilegales", ha desgranado.

En cuanto a si Villarejo será citado en la comisión de investigación sobre el caso 'Kitchen' en el Congreso, Mayoral ha dicho que lo desconoce y que Unidas Podemos ha pedido que se le cite, por lo que la posición de su partido es "clara".

Sobre si el PSOE puede acceder a ello, aunque no lo ha pedido en su lista de comparecientes, el diputado de la formación morada ha dicho que "cada uno debe responder por sí mismo" y decir en el Congreso lo que opina al respecto como formación política.

Los grupos de la oposición han reclamado este miércoles a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que asuma sus responsabilidades en el caso de la vacunación irregular contra la pandemia de la covid-19 de algunas personas, como los directores de los hospitales bilbaínos de Basurto y Santa Marina, Eduardo Maiz y José Luis Sabas, y han mostrado sus dudas ante las explicaciones de la consejera en sede parlamentaria.

En la comparecencia semanal de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ante la Comisión de Salud del Parlamento vasco para informar sobre la situación de la pandemia, la consejera ha informado de la "investigación" que ha llevado a cabo su departamento sobre la vacunación irregular contra la pandemia de la covid-19 en los hospitales de Basurto y Santa Marina.

Sagardui ha explicado que en el hospital de Santa Marina, además de su director gerente, José Luis Sabas, también fueron vacunados contra el covid cuando no les correspondían, otros directivos y 16 personas no adscritas al centro, como cuatro representantes sindicales, personas de servicios religiosos y personal que gestiona la cafetería, entre otros.

En el caso de lo ocurrido en el hospital de Basurto, ha informado de que, junto al destituido director de dicho centro, el 13 de enero recibieron la vacuna del coronavirus el jefe del Servicio de Medicina Interna, la microbióloga responsable en funciones de control de infección y la jefa del Servicio de Enfermedades Infecciosas.

No obstante, la consejera de Salud ha afirmado que no entiende que los partidos de la oposición pidan su dimisión porque, en cuanto ha conocido estos casos, ha "actuado", en referencia a los directores de los Hospitales de Basurto y Santa Marina que fueron obligados a abandonar sus cargos.

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha acusado a PNV y PSE de "querer ocultar información a la ciudadanía para proteger sus intereses políticos particulares". "Es triste y siento vergüenza ajena porque estando en la situación de pandemia en la que estamos, que la consejera tenga que aclarar si ha mentido o no; que tengamos que estar hablando sobre si ha ocultado algo o no", ha subrayado.

Para EH Bildu, "es grave que la consejera de Salud haya ocultado que no se han cumplido las prioridades de la campaña de vacunación" y ha preguntado a Sagardui si en una situación actual de emergencia como la actual está en condiciones de seguir siendo consejera de Salud

Ubera ha señalado que la versión de la consejera y del exgerente del hospital Santa Marina son "contradictorias" y cree que las preguntas a las que tiene que responder "son muy concretas".

"Puede haber fallos y se puede entender que se meta la pata. Se puede perdonar si se dice la verdad pero no se puede perdonar la mentira y mentir a la ciudadanía es muy grave. En este momento, la consejera de Salud tiene que dar confianza a la ciudadanía y hasta ahora no lo ha hecho", ha insistido.

Además, ha defendido que los responsables de las OSI de Osakidetza y del Departamento de Salud "tienen que ser ejemplares" y ha criticado que los mandos actúan "como si las vacunas fueran suyas". "Queremos que se asuman responsabilidades. Aquí hay que hacer una limpieza y lo que pedimos es que se actúe con sinceridad para prestigiar las OSI, Osakidetza, el Departamento, para prestigiar la política y sobretodo para garantizar y cuidar la salud de la ciudadanía", ha reclamado.

Tras escuchar las explicaciones de la consejera, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha afirmado que "el escándalo es mayor" que la semana pasada porque existen "versiones contradictorias" y tienen "dudas importantes sobre si el departamento podría haber estado al corriente o no de esas vacunaciones".

"Hay que aclarar si el Departamento y la propia consejera estaban al corriente de que se habían hecho esas vacunaciones y si sabían previamente de que se iba a vacunar de aquella manera", ha reclamado.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Para Elkarrekin Podemos-IU las explicaciones de la consejera "no son convincentes" y ha insistido en solicitar una Comisión de investigación parlamentaria con el objetivo de "escuchar e investigar para aclarar lo sucedido", ya que existen "diferentes versiones de lo que ha pasado".

Hernández ha preguntado a la consejera si se autorizan remesas de vacunas sin su supervisión. "Usted dice que no estaba tanto de algunas de las cuestiones que nos ha explicado y al menos uno de los gerentes dimitidos o cesados, el señor Sabas, dice que sí estaba usted al tanto. Es muy importante aclarar esto porque si estaba al tanto cuando insiste en que no lo estaba, le correspondería dimitir", ha defendido.

Además, cree que ante estos hechos "no es el momento de sentir pena y rabia" como dijo este pasado martes el lehendakari sino de "que se sepa toda la verdad".

La parlamentaria de la coalición PP+Cs Laura Garrido ha pedido a Sagardui que aclare si alguien de la dirección de Osakidetza y del Departamento de Salud conocía estas vacunaciones irregulares, especialmente en el caso de Santa Marina, tras las declaraciones de su director gerente afirmando que la consejera conocía que se iba a vacunar a toda la plantilla del hospital.

La parlamentaria ha pedido que aclare quién organizó las vacunaciones "a escondidas", por qué hubo un "desfase" en el número de dosis enviadas al hospital Santa Marina. "Si esto es una descoordinación usted debería de asumir su responsabilidad", ha subrayado.

"TIENE QUE IRSE, COMO SABAS"

Para PP+Cs, las explicaciones de la consejera presentan "dudas razonables" sobre el hecho de que el exgerente del hospital Santa Marina, José Luis Sabas, se vacunara sin que Sagardui lo supiera. "Si usted ha hecho dimitir al señor Sabas, según él bajo amenazas y coacciones por parte de la consejera; si usted autorizó esta vacunación como la del resto de la plantilla, está claro que usted tiene que irse junto con el señor Sabas", ha reclamado.

Garrido cree que el "buen nombre" de Osakidetza ha sido "manchado" la pasada legislatura por las irregularidades en la OPE y ha señalado que este asunto de las vacunaciones presentan "muchas dudas" respecto a la actuación de la consejera. "Consideramos que usted no está capacitada para seguir en su cargo", ha zanjado.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha comenzado su intervención condenando las agresiones a agentes de la ertzaintza y policías locales en varios disturbios registrados la semana pasada.

Además, ha afirmado que la consejera de Salud "conocía lo que se iba a hacer y permitió" las vacunaciones irregulares y cree que Sagardui ha hecho "dejación de sus responsabilidades" al diseñar un protocolo de vacunación "insuficiente". "Desde Vox le solicitamos que dimita y si no sabe conjugar el verbo dimitir, que el lehendakari la cese", ha pedido.

GRUPOS EN EL GOBIERNO

El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha destacado que el Departamento de salud ha hecho "muy buen trabajo" con la "investigación" y cree que los vacunados "se saltaron conscientemente una norma de la propia Osakidetza".

Además, ha acusado a los grupos de la oposición de "zancadillear" al Gobierno con ese asunto que cree que son "dos gotas en un océano de problemas" con el que "se ha pretendido crear un gran pantano" para "desgastar" al Gobierno y "desprestigiar" a Osakidetza.

El parlamentario del PSE Ekain Rico, por su parte, ha defendido que el Departamento de Salud remitió una instrucción "clara" a todos los centros con un protocolo de vacunación "específico", que no incluye personal directivo y sí a la plantilla que está "en primera línea".

"Los protocolos de vacunación son claros y están para que se cumplan", ha insistido antes de pedir a la consejera que "se depuren las responsabilidades" en el ámbito de la investigación.

El portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Luis Santamaría, ha acusado este miércoles a PSOE y Unidas Podemos de "hacer trampas" en la comisión de investigación sobre la operación 'Kitchen' porque, según ha recalcado, solicitan en el Congreso documentación de la que ya disponen al estar personados en la causa. Por eso, ha avanzado que su partido está estudiando qué pasos puede dar "para evitar estos abusos" y que los grupos ejerzan su función en "un régimen de igualdad".

"Los socialistas y Podemos están personados en la pieza siete que se está juzgando en el juzgado central de instrucción número 6 y, en consecuencia, tienen acceso a todos los documentos del expediente judicial. Son unos tramposos", ha declarado Santamaría.

En este sentido, el dirigente del PP ha subrayado que PSOE y Podemos están "utilizando" ese expediente judicial para los trabajos de la comisión 'Kitchen' y, como prueba de ello, ha citado que en el acuerdo de creación de este órgano "se menciona un escrito de la Fiscalía Anticorrupción donde se incorporan entrecomillados y se señala a personas".

"ESTÁN JUGANDO CON LAS CARTAS MARCADAS"

Además, y tras la última documentación requerida sobre oficios policiales, Santamaría ha preguntado "cómo lo saben" y ha recalcado que "la única forma de saberlo es porque están personados y tienen acceso a la documentación" de la causa, que investiga el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para evitar que las investigaciones judiciales salpicaran a cargos del partido.

"Acaban de pedir la documentación que ya tienen. Esto es hacer trampas y un descaro", ha enfatizado, para añadir que PSOE y Unidas Podemos están "jugando con las cartas marcadas y se guardan todas los ases en la manga".

En este punto, ha señalado que el Grupo Popular está "estudiando" qué pasos puede dar para impedir esta "utilización" que, a su juicio, está haciendo PSOE y Podemos de la comisión de investigación de la operación 'Kitchen'.

Según Santamaría, el Congreso tiene que "garantizar" que la función parlamentaria de los diputados en esta comisión de investigación "sea ejercida en un régimen de igualdad". A su entender, lo "lógico" es que la Mesa de la Cámara Baja y la propia mesa de la comisión "eviten estos abusos".

"TEMOR COMPARTIDO" DE PSOE Y PODEMOS A VILLAREJO

Asimismo, el portavoz de Justicia del PP en el Congreso ha señalado que Unidas Podemos al final ha solicitado la comparecencia del excomisario José Manuel Villarejo "para salvar la cara", ya que el partido morado no la consideraba prioritaria la semana pasada.

Santamaría considera que PSOE y Podemos no van por separado en esta comisión de investigación "sino de la mano" porque "el temor que tienen a Villarejo es compartido". "Pero este listado diferenciado le permite a Podemos salvar la cara", ha aseverado.

El dirigente del PP ha insistido en que "a quién más parece preocupar el contenido de esa comisión es a PSOE y Unidas Podemos", si bien ha recordado que esas dos formaciones tienen mayoría en esa comisión de investigación, "en cuyo nombre están escritas las conclusiones".

Tras asegurar que PSOE y Podemos "han estado mareando la perdiz seis meses" con esta comisión, ha denunciado que hayan aprobado su plan de trabajo aplicando el "rodillo y sin aceptar las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios".

La que fuera jefa de ETA María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto' o 'Marisol', ha negado este miércoles haber entregado material explosivo y armamento a un comando de la banda terrorista en 1994 para que colocaran un artefacto explosivo en una entidad bancaria en la localidad de Getxo (Vizcaya).

Iparraguirre --que ha respondido sólo a su abogado-- ha vuelto a negar, como en los tres juicios anteriores ante la Audiencia Nacional, que fuera conocida en la banda como 'Anboto'. Tesis que ha sido respaldada por los dos miembros del comando --Agustín Almaraz y Aitor Fresnedo-- que atentó contra la oficina de Credit Lyonnais.

Sin embargo, los agentes de la Guardía Civil responsables de la toma de declaración de ambos cuando fueron detenidos en los noventa, han indicado que en ese momento sí que reconocieron a 'Anboto' como Maria Soledad Iparraguirre y que además la identificaron en rueda fotográfica. Esto ha sido refutado por ambos etarras señalando que ya no recordaban lo declarado debido a que han pasado muchos años, y Fresnedo ha apuntado que además él declaró después de haber sido "salvajemente torturado".

Durante la vista de este miércoles, Iparraguirre ha comparecido tras las mamparas de protección, algo que ocurrió también en alguno de los juicios previos, si bien no en todos. En su turno final de palabra se ha declarado inocente de los hechos por los que era juzgada y ha subrayado que sentarla en el banquillo por algo que ocurrió hace 27 años es anacrónico y es muestra de "una justicia vengativa".

"Muestra una justicia vengativa que en lugar de buscar soluciones ahonda aun más en el conflicto por medio de la represión", ha añadido, para luego comentar que constata que a la Sala le resulta incómodo que se trate el tema de la tortura sufrida por miembros de ETA.

Por eso, ha abogado por una "justicia reparativa" que permita avanzar en el proceso de resolución en el País Vasco y que "permita a Euskal Herria seguir adelante y hacer frente a los problemas actuales y cerrar las heridas".

EL COMANDO ITSASADAR

El fiscal, que ha elevado a definitivas sus conclusiones, con leves modificaciones sobre alguna sustancia explosiva que incluía en su escrito, solicita doce años de prisión por el delito de estragos terroristas para 'Anboto', además de la prohibición de que vuelva a Getxo por un periodo de cinco años.

En su escrito de acusación, el fiscal sostenía que los integrantes del comando 'Itsasadar' "confeccionaron un artefacto deflagrante, compuesto por explosivo amosal, con un temporizador mecánico, colocándolo en una bolsa de plástico que depositaron hacia las 00.44 horas del día 14 de septiembre de 1994 en la fachada del banco Credit Lyonnais España de Getxo. El comando avisó telefónicamente de la colocación de la bomba, que estallaría 30 minutos después.

Según el Ministerio Público, el material explosivo, los temporizadores mecánicos y eléctricos, las dos pistolas, un subfusil, las cuatro cajas de balas, los dos manuales (uno de ellos sobre manejo de explosivos) y 500.000 pesetas, fueron entregados a estos dos miembros de ETA por Iparraguirre en marzo de 1994.

FISCALÍA VS DEFENSA SOBRE EL ALIAS

Gran parte de la vista de este miércoles ha girado en torno a demostrar si realmente María Soledad Iparraguirre era 'Anboto' o no. Para el fiscal no hay duda y en su exposición final ha incidido que "queda acreditado que sí era Anboto y por tanto era jefa de los comandos legales de ETA --no fichados por la Policía-- en el momento de los hechos".

"Sus funciones eran dar adiestramiento, suministrar material explosivo e indicar los objetivos contra los que los comandos deben atentar", ha recordado, para añadir que incluso uno de los testigos ha reconocido que Iparraguirre le impartió el curso en manejo de explosivos en Francia, "aunque haya tratado de desdecirse" posteriormente.

Ha apuntado además que la elección del objetivo de esa entidad francesa no era casual porque en esa época hay un cambio de paradigma y se varía hacia ese tipo de objetivos, algo que coincide con la llegada a jefa de comandos de 'Anboto'. "Su participación es por tanto mediata en este atentado", por lo que ha sostenido que ahí entra la calificación de autoría o, "cuanto menos", cooperación necesaria.

NO HAY PRUEBA "VÁLIDA"

Por su parte, la defensa de Iparraguirre ha pedido la libre absolución de su cliente al entender que "no hay prueba válida o suficiente para enervar la presunción de inocencia". Y ha pedido no caer en el "automatismo" de calificar a Iparraguirre como 'Anboto'.

En su informe, ha tratado de desacreditar las declaraciones de los peritos de inteligencia y las declaraciones policiales de los dos etarras que formaron parte del comando al entender que se realizaron en situación de incomunicación y vulnerando los derechos fundamentales de los detenidos. Y ha apuntado que es extraño que ambos dieran nombres y apellidos de otros miembros voluntariamente.

Al hilo, ha indicado que el reconocimiento fotográfico que estos etarras hicieron de Iparraguirre era sobre una imagen del 81, cuando tenía 19 años, por lo que ha dudado que fuera real. "Curiosamente todos reconocen sin género de dudas a Iparraguirre", ha apuntado, para luego recordar que un reconocimiento fotográfico por si solo "no constituye prueba para destruir la presunción de inocencia".

La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, y el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, han suscrito este miércoles un nuevo convenio de colaboración con el objetivo de seguir colaborando en todo lo relacionado con la información de medicamentos y productos sanitarios y contribuir a un uso más seguro de los mismos.

Ambas instituciones promoverán acciones conjuntas formativas e informativas, dirigidas tanto a profesionales como a ciudadanos, en el ámbito de los medicamentos y productos sanitarios. Además, el convenio recoge la posibilidad de colaborar en el intercambio de información de interés y desarrollar actividades científicas y técnicas de forma conjunta que potencien la información objetiva y rigurosa sobre los medicamentos y que contribuyan a un uso más responsable de los mismos.

En este sentido, la AEMPS y el Consejo General ya están colaborando en el desarrollo de acciones dentro del Plan Nacional frente a las Resistencias a los Antibióticos, entre ellas una campaña de educación sanitaria que será presentada en las próximas semanas.

"Este convenio es muy especial porque no podríamos cumplir con nuestra misión - garantizar la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de medicamentos y productos sanitarios- sin la participación de los farmacéuticos", ha señalado la directora de la AEMPS, María Jesús Lamas.

Por su parte, el presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, ha destacado "la importancia de este acuerdo que permite avanzar en la suma del potencial de dos grandes instituciones, su personal e infraestructuras, para ponerlo al servicio del interés general".

Ambas entidades han destacado entre sus preocupaciones los problemas de suministro, motivo por el que se han comprometido a continuar trabajando en el impulso de iniciativas encaminadas a mejorar la accesibilidad al medicamento por parte de los pacientes y, en general, cualquiera que redunde en garantizar y promover los derechos de los ciudadanos en el acceso a los mismos, combatiendo los efectos derivados de posibles faltas de abastecimiento.

También se avanzará en el desarrollo de los Sistemas de Farmacovigilancia, Vigilancia de Productos Sanitarios y Cosmetovigilancia u otras iniciativas encaminadas a la vigilancia de la salud pública, con la participación activa de los 75.000 farmacéuticos colegiados y las 22.102 farmacias.

En la reunión además han tratado la necesidad de garantizar el buen uso de los test de diagnóstico de COVID-19. Esto es imprescindible, en primer lugar, para evitar la sensación de falsa seguridad en la ciudadanía, algo que pueda llevar a un menor cumplimiento de las normas de higiene y distancia social.

En segundo lugar, por la preocupación ante un uso de estos test fuera de sus especificaciones, por personal no cualificado, o por su adquisición en canales que no ofrezcan seguridad y garantías, puesto que esto puede suponer una menor fiabilidad. Y por último, para informar a todos los usuarios y usuarias de cuál es el objetivo y la utilidad de cada tipo de test.

La reunión que el viernes mantendrán el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su homólogo estatal, Pedro Sánchez, ha marcado la comparecencia en la Cámara del mandatario gallego, quien ha aprovechado para buscar el apoyo de los grupos políticos a las propuestas que llevará a La Moncloa, entre duras críticas al Gobierno estatal por "no gestionar ni dejar gestionar" la pandemia.

Feijóo ha arrancado su comparecencia recordando vidas perdidas en la pandemia, con la voz entrecortada, y unas palabras de reconocimiento a los profesionales que en los ámbitos sanitario y sociosanitario trabajan para combatir los efectos de la covid-19. Y a renglón seguido, ha defendido su gestión y la toma de medidas, entre ellas las últimas restricciones, que han entrado en vigor a las 00,00 horas de este miércoles.

Mientras los líderes de la oposición --Ana Pontón (BNG) y Gonzalo Caballero (PSdeG)-- le han afeado su "falta de autocrítica" y su estrategia de "confrontación", Feijóo ha replicado que "mientras sea presidente" atenderá antes a las recomendaciones del comité clínico que a las que le formule cualquier partido político. Y ha vuelto a insistir en que el confinamiento general que tendría "terribles" consecuencias económicas y sociales, por lo que debe ser "el último recurso".

En todo caso, para no generar "falsas expectativas" a una "sociedad madura" como la gallega, ha admitido que no puede cerrar la puerta a que haya que endurecer más las medidas y ha advertido que, si bien los datos gallegos de tasa de mortalidad y presión asistencial, por ejemplo, son aún "mejores" que los del conjunto estatal, la Xunta "no dudará en aplicar medidas más rigurosas" si es "imprescindible".

Y él, ha añadido, dará la cara ante los gallegos para anunciarlas. Lo hará porque es el presidente --ha dicho-- de un Gobierno "en el que nadie se esconde". En el polo opuesto ha situado al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez, al que ha instado a "asumir sus responsabilidades", ya que "toda España se encuentra en el pico de la tercera ola".

8M Y ELECCIONES CATALANAS

A las puertas de su encuentro con Sánchez, Feijóo ha rememorado el reciente rechazo del Ministerio de Sanidad, aún con Salvador Illa al frente, a flexibilizar el toque de queda y ha lamentado que el Ejecutivo estatal "ni gobierne ni deje gobernar" a las comunidades autónomas por priorizar "criterios políticos de corto alcance", en referencia a las elecciones catalanas.

"Es triste que se mantenga en un segundo plano", ha sostenido Feijóo, quien ha criticado que, en un contexto de gravedad, los ciudadanos tengan que observar "el relevo del ministro de Sanidad" o el "despliegue de miembros del Ejecutivo en actos de campaña". "Pero lo más grave es que, por encima de todo, se impidan a las comunidades los instrumentos que vemos necesarios desde la primera línea", ha afirmado.

Asimismo, ha cuestionado que el Ejecutivo de Sánchez tome decisiones "inspiradas por criterios políticos de corto alcance". "¿Por qué se le restó importancia a la primera de ola de marzo? ¿Porque había que celebrar el 8M?", se ha preguntado, antes de equiparar lo sucedido con que no se adopten medidas como adelantar toque queda pese a que lo piden varias autonomías porque "hay que celebrar a toda costa elecciones en Cataluña".

PROPUESTAS

Y tras las críticas, ha pedido a la oposición apoyo para las propuestas que planteará en su reunión del viernes, entre las que ha incluido, precisamente, flexibilizar el toque de queda, y también abrir el debate sobre en qué contextos se podría exigir que sea obligatorio el uso de las mascarillas FFP2 --analizando el impacto económico que podría derivar de esta medida--.

Entre sus peticiones estará también alcanzar "un consenso nacional" por el teletrabajo, que España se dote de una herramienta legislativa para la gestión de la pandemia "a largo plazo" o la necesidad de disponer un calendario de vacunación definido "de principio a fin". En este punto, ha esgrimido que el suministro debe hacerse, para las próximas fases, en porcentaje equivalente a la población diana.

"Si el próximo grupo prioritario van a ser los mayores de 80 años, y Galicia tiene el 8,2% de estos mayores, la Comunidad tiene que recibir el 8,2% de las vacunas", ha apostillado.

Asimismo, Feijóo pedirá al presidente del Gobierno que fije "criterios objetivos" al respecto de los fondos habilitados para las comunidades.

"CONFRONTACIÓN" Y "FALTA DE AUTOCRÍTICA"

Por su parte, tanto la líder del BNG, Ana Pontón, como el secretario xeral del PSdeG han coincidido al críticar que Feijóo acuda de nuevo a la "confrontación" con el Estado y a culpabilizar a la ciudadanía para eludir sus "responsabilidades" en la gestión de la pandemia. Frente a ello, le han emplazado a "anticiparse" y a "ponerse a gobernar".

En primer lugar, en un turno de réplica en el que también ha críticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté "haciendo campaña" en lugar gestionar la pandemia, Pontón ha acusado a Feijóo de ser "incapaz" de anticiparse y le ha reprochado también su falta de "autocrítica".

La líder nacionalista, que ha alertado de la gravedad de los datos, ha censurado que "lo primero" que hiciese Feijóo después de la Navidad fuese "echar la culpa" a los gallegos de la situación "sin hacer autocrítica" y le ha reprochado que "no fuese capaz de poner sobre la mesa la única medida que es capaz de cortar de raíz" los contagios que, en su opinión, pasa por "un confinamiento de dos semanas", ampliable.

"¿Qué más tiene que pasar?", se ha preguntado Pontón, que ha mostrado su "mano tendida" para colaborar con la Xunta en la gestión de la pandemia.

También ha trasladado su voluntad de colaboración para doblegar al virus el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, quien se ha mostrado muy crítico con la estrategia política de "confrontación" que, en su opinión, lleva a cabo Feijóo, al que ha emplazado a "ponerse a gobernar" y "proteger a la gente. Así, le ha recordado que tiene "todas las competencias" en el marco del Estado de Alarma decretado en el ámbito estatal.

El socialista, que ha censurado la "soberbia" mostrada por Feijóo y le ha llamado a "bajarse del pedestal", ha cargado contra la "política del anuncio continuo" del mandatario gallego, a quien le gusta, ha dicho, "ponerse las medallas cuando las cosas van bien", pero después pone el foco en la actuación de otras administraciones, sobre todo del Gobierno, así como en la propia ciudadanía.

Sobre este punto, ha subrayado que son las autoridades las que tienen que ser "implacables" y ha mostrado su rechazo a una "policía de balcón" alentada por las palabras de Feijóo al señalar a los ciudadanos de la responsabilidad del avance de los contagios. "No ponga a la gente contra la gente", le ha reclamado.

Por último, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha defendido la gestión realizada por la Xunta de la pandemia con base en el "saber especializado" de los expertos y ha acusado a la oposición de confundir "improvisar" con "ajustar" las medidas a las necesidades.

De este modo, ha censurado que Caballero culpe a la Xunta de intentar "salvar la Navidad" cuando el Ejecutivo estatal tomó decisiones más restrictivas que las del Ministerio de Sanidad y ha criticado también que la única solución por parte del BNG pase por un confinamiento total.

"Pontón propone el confinamiento de 15 días, Caballero dice que es lesivo e inconsistente, afortunadamente no tenemos un bipartito", ha ironizado Puy, que ha subrayado que las propuestas que hace el presidente de la Xunta "son razonables" y contrastan con una actuación por parte del Ejecutivo estatal "empañada" por la campaña electoral catalana.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el archivo de la causa contra el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, la actual secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, y dos funcionarios por supuestamente no haber acatado las órdenes de paralización y demolición de unas obras que fueron declaradas ilegales cuando el ahora diputado era alcalde de la localidad valenciana de Sueca.

De esta forma, la Audiencia, en un auto fechado el 1 de diciembre y facilitado este miércoles por Compromís, confirma la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sueca de sobreseer el caso al considerar que "de las diligencias practicadas (...) no aparece debidamente justificada la perpetración de ilícito penal alguno".

Ante esta resolución, los impulsores de la denuncia --que sostenían que se habrían producido en el año 2007 unas irregularidades administrativas ante una construcción sin licencia-- interpusieron un recurso de apelación que ahora ha sido desestimado.

El auto argumenta, entre otros motivos, que "existe una patente debilidad indiciaria respecto de la infracción que señala la parte recurrente que no tiene expectativas de ser enriquecida con lapráctica de las diligencias que se solicitan".

"Puede contraargumentarse a la anterior afirmación, que, precisamente, si no se practican dichas diligencias no podrán obtenerse datos para valorar si cabe obtener los fines investigativos. Sin embargo, el círculo argumental se rompe si partimos de la idea de que no cualquier hipótesis posible de eficacia justifica lapráctica de cualquier diligencia. Es aquí donde entra en juego la racionalidad, como factor de corrección. Visto lo expuesto, en este caso la debilidad es tan evidente que no puede pretenderse la apertura o la continuación de un proceso judicial de investigación sobre la base esencial de la propia palabra", añade la Audiencia.

El auto, contra el que no cabe recurso, informa de que tanto Tamarit como Baldoví solicitan la condena en costas de los recurrentes. Al respecto, afirma que "la temeridad respecto de Tamarit es evidente", ya que "recurrir la resolución incluyendo el sobreseimiento respecto de ella sin incluir razonamiento alguno respecto de la misma, ni justificar que en ese periodo tenía alguna competencia respecto del expediente es una conducta temeraria que debe ser sancionada con la imposición de sus costas". En cuanto al resto, se declaran de oficio.

Tras conocer la resolución, desde Compromís recuerda que elaño pasado el Juzgado de Sueca ya decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, como también hizo Fiscalía, donde los denunciantes también presentaron unadenuncia.

"CONCIENCIA MUY TRANQUILA"

En un comunicado, Joan Baldoví celebrado el archivo definitivo de la causa: "Siempre tuve la conciencia muy tranquila. Hoy más que nunca la justicia nos ha dado la razón a aquellos nos teníamos quecomer titulares poco agradables cuando nunca hicimos nada que nos pudiera avergonzar", asevera.

Y añade: "Hoy termina una batalla judicial absurda y se demuestra que tanto Tamarit como yo siempre hemos defendido, por encima de todo y de todos, los intereses de nuestro pueblo, Sueca".

Por su parte, Raquel Tamarit --que no era aún alcaldesa de Sueca cuando ocurrieron los hechos denunciados-- agradece que en la sentencia se condene a los recurrentes a pagar las costas del juicio por su "temeridad" al incluirla en un proceso judicial en el que no tenia ninguna competencia al respecto.

"Me alegra que la Audiencia Provincial haya sido tan contundente condenando el comportamiento 'temerario' de los denunciantes, se hademostrado que mi implicación en este caso era solo por razones políticas que nada tienen que ver con el supuesto incumplimiento de la legalidad", recalca.

La directora médica de Atención Primaria de Cantabria, Beatriz Josa, cuya madre fue vacunada de Covid hace dos semanas cuando la campaña se dirigía a sanitarios del servicio de emergencias del 061, ha presentado su dimisión al trascender este hecho, pero la gerente de Atención Primaria, Alicia Gómez, ha rechazado la renuncia.

"Primero dimito yo. Así de claro", ha sentenciado Gómez en declaraciones en las que ha explicado lo ocurrido, y que a su juicio "más ético no ha podido ser" destacando que se ha actuado, además, "con total transparencia".

La responsable de los centros de salud de la región considera "vergonzoso" y una "mediocridad" que se pida la destitución de la directora médica por este asunto, y cree que ese extremo no se puede "admitir" como tampoco "se debería consentir".

Según ha relatado, para vacunar a los sanitarios del 061 se mandaron al centro de salud de Nueva Montaña de Santander, donde tiene su sede este servicio, los viales con las dosis necesarias, conforme a la relación de trabajadores pedida y remitida previamente.

Así, aunque los viales coincidían con el número de empleados del listado, sobraron "dos dosis", de las que dio cuenta la coordinadora, así como también de que no encontraba en el centro -que asimismo alberga la Línea 900 de información Covid- a "nadie" sin inmunizar. "Todo el mundo" se había puesto ya la vacuna, ha indicado Gómez.

Ante esto, y teniendo en cuenta que el suero solo se puede administrar en las seis horas siguientes a su descongelación, la coordinadora llamó a la directora médica, ya que a ella no se le ocurría a quién poner las dosis sobrantes.

De este modo, Beatriz Josa planteó la posibilidad de administrar la vacuna a su madre, de 87 años, y tuvo que "dar mil vueltas" para que alguien acercara a la mujer al centro, extremo que finalmente llevó a cabo un familiar.

Al trascender este hecho, la gerente de Atención Primaria tiene sobre la "mesa" la renuncia de la directora médica, pero se niega a aceptarla: "Primero dimito yo", ha advertido, al considerar "vergonzoso" solicitar o admitir el cese por algo así.

QUE SE APROVECHEN LAS DOSIS, NO SE PUEDEN PERDER

Alicia Gómez cree que en el arranque de la campaña de vacunación del Covid el Servicio Cántabro de Salud y la Gerencia de Atención Primaria no han actuado con la "suficiente previsión" como para decidir qué hacer con las dosis sobrantes, más allá de determinar "que se aprovechen", porque "no se pueden perder".

Se trata de algo que está sucediendo "en todos los centros" de atención primaria, de modo que cuando han sobrado dosis se han buscado personas a las que ponérselas para no perderlas.

"Era lo que había que hacer: optimizar las dosis, no tirarlas", ha zanjado para concluir la gerente de Atención Primaria de Cantabria, que rechaza así la dimisión de la directora médica.

La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, se ha plantado frente al "negacionismo" del Holocausto y ha asegurado el "compromiso firme" del Gobierno con leyes como la ley de Memoria Democrática y la ley de Igualdad de Trato.

"Sí, frente a quienes niegan, combaten y discuten tantas verdades que son tan necesarias para avanzar, ocurrió una masacre en toda línea en Europa contra judíos, gitanos, disidentes, antifascistas españoles, testigos de Jehová, contra aquellos que no cumplían un canon macabro de una definición de la propia humanidad que en sí misma es la antihumanidad", ha subrayado Calvo.

En este sentido, ha precisado que uno de los retos a los que se enfrenta el mundo en la actualidad "se inició negando la tragedia e ignominia que supuso el Holocausto". "Negar la verdad nos coloca en una zona de peligro extraordinario, a nuestra propia existencia, a las convenciones con que somos capaces de convivir y respetarnos", ha precisado.

Así lo ha expresado este miércoles durante su intervención en el Acto de Estado en el Senado en Memoria del Holocausto, para recordar a las víctimas del genocidio que tuvo lugar en Europa a manos de los nazis, que asesinaron a 6 millones de judíos, a cientos de miles de gitanos, a decenas de miles de personas con discapacidad, testigos de Jehová, homosexuales y a miles de republicanos españoles.

Cada 27 de enero se conmemora el Día Internacional en Memoria del Holocausto, coincidiendo con la fecha de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, de la que se cumplen ya 76 años.

Tras asegurar que hay actos como este que "no están en la agenda sino en la conciencia" y que este año de la pandemia, la obligación era "aún mayor", la vicepresidenta primera ha manifestado el "compromiso firme" del Gobierno con la defensa en todo momento de "los valores de la convivencia y la democracia".

Esto, según ha añadido, se materializa en las leyes y, por ello, ha puesto de relieve dos normas "de máxima importancia" que se dispone a aprobar el Ejecutivo: la de Memoria Democrática y la de Igualdad de Trato. "No hay más compromiso que las normas que nos damos por procedimiento democrático con la exigencia de su cumplimiento", ha destacado.

Calvo también ha agradecido a los diplomáticos que ayudaron a miles de judíos a escapar del Holocausto, como el español Ángel Sanz Briz. "Fueron sencillamente humanos y valientes", ha ensalzado. Y ha invitado a seguir manteniendo la "memoria viva" de lo que ocurrió porque "la desmemoria es una enfermedad pero el olvido es un delito contra ellos".

NO CAER EN EL OLVIDO

Por su parte, la presidenta del Senado, Pilar Llop, ha insistido en que "no se puede tolerar el negacionismo ni la distorsión del Holocausto" ni tampoco "caer en el olvido", para lo que ha destacado la importancia de transmitir las lecciones aprendidas a las nuevas generaciones.

"Nuestra obligación es permanecer alerta", ha asegurado Llop, al tiempo que ha advertido de que, aunque en la actualidad se cuentan con mejores mecanismos de control, "ninguna sociedad está completamente protegida de la sinrazón".

Por ello, ha subrayado la importancia de defenderse de "fenómenos pseudopolíticos, como el populismo y la polarización que crecen en las sociedades" y que le generan "mucha preocupación".

"El populismo es un río que esconde peligrosas corrientes que recorren Europa. Debemos rechazar contundentemente cualquier movimiento, idea, gesto, expresión xenófoba, racista, supremacista o negacionista de los derechos humanos, y aquellos movimientos o ideas que deslegitiman las instituciones democráticas", ha añadido.

También ha recordado el actual "drama de la crisis humanitaria" de miles de personas que huyen de la guerra, que sufren desplazamientos forzosos y conflictos, y que "merecen que su dignidad, sus derechos y su integración sean respetados por cada Estado".

ENSEÑAR EL HOLOCAUSTO EN LA ESO

En el Acto de Estado ha intervenido asimismo el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Isaac Benzaquén, quien ha pedido a todas las comunidades autónomas que incluyan la historia del pueblo judío y el Holocausto en el currículo de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) siguiendo el ejemplo de "la Comunidad de Madrid o Aragón".

Este estudio desde la escuela, según ha dicho, es importante ante el "recrudecimiento del antisemitismo". "En Europa siguen asesinando a judíos por el hecho de serlo y los actos antisemitas siguen creciendo", ha advertido.

En el caso de España, ha precisado que los colegios judíos y las sinagogas están protegidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha lamentado que "los cementerios judíos son profanados", como ocurrió recientemente en el de la comunidad judía de Madrid. Si bien, ha indicado que "estos actos execrables son obra de unos pocos fanáticos ajenos al sentir de la inmensa mayoría de la sociedad".

QUE EL PUEBLO GITANO NO SEA SILENCIADO

Por su parte, Henar Corbi ha leído unas palabras del director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Luis Fernández, en memoria de "los más de 500.000 gitanos muertos por la barbarie nazi" y ha pedido que "nunca más el pueblo gitano sea silenciado" y que reciba el "reconocimiento que le corresponde" no solo centrado en "aspectos asistenciales.

En recuerdo de los 10.000 republicanos españoles deportados y asesinados en campos de exterminio, ha intervenido la vicepresidenta de Amical Mauthausen y otros campos, Concepción Díaz Berzosa, quien ha alertado de que en la actualidad se observan "algunos de los elementos que produjeron el Holocausto" como los "movimientos neofascistas, partidos de extrema derecha, grupos que proclaman consignas negacionistas a todo y escupen barbaridades en las redes sociales" y que "han conseguido estar presentes en las instituciones políticas". "Estamos ante un viejo espectro", ha avisado.

En el acto, también han estado presentes, entre otros, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, el rabino de Madrid Moshé Bendahan, y el director del Centro Sefarad-Israel, Miguel de Lucas. Durante el mismo, se han encendido seis velas en memoria de las víctimas del Holocausto y se ha escuchado la melodía 'Eli, Eli', de David Zehavi para el poema de Hannah Szenes, y el 'Gelem, Gelem', himno tradicional gitano nacido en los campos de concentración.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca (USAL) ha aprobado por unanimidad la concesión de su "máxima distinción estatutaria" al colectivo sanitario, una Medalla de la Universidad que servirá de "reconocimiento" por la labor que está llevando a cabo durante la pandemia.

El rector de la institución académica, Ricardo Rivero, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado y ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias "todos los recursos" de la USAL para "lo que sea preciso" en la lucha contra la covid.

En este sentido, además de indicar que está "disponible" el Colegio Arzobispo Fonseca, como en la primera ola, ha puesto como ejemplo otros servicios que los sanitarios podrían precisar como dependencias, personal de laboratorios o nuevas tecnologías.

En cuanto a otros asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, Ricardo Rivero ha destacado también la aprobación del Plan Estratégico de la Universidad de Salamanca, que ahora tendrá que abordarse en el Consejo Social.

Sobre este documento, ha explicado que el equipo de Gobierno ha incorporado "modificaciones menores y técnicas" solicitadas por algunas personas "disconformes", antes de la aprobación en el Consejo de Gobierno, ya obtenida, y en el Consejo Social, que será el siguiente paso.

MEDALLA

La medalla de la universidad salmantina es el máximo galardón que concede la institución académica a personas y organizaciones a las que el estudio reconoce "una labor extraordinaria".

La última vez que la Universidad de Salamanca concedió este honor fue al catedrático emérito de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Elías Díaz García, en enero de 2019.

Antes que él también la obtuvieron, entre otros, el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el que fuera presidente del Consejo Social de la USAL, Salvador Sánchez-Terán, y Gloria Begué Cantón, primera catedrática y decana de la Universidad de Salamanca.

Entre las instituciones, algunas de las que cuentan con este galardón son la Cámara de Comercio de Salamanca, las universidades de San Marcos de Lima y Nacional Autónoma de México y el Parlamento Europeo.

La universidad tiene previsto organizar una ceremonia de entrega en marzo en el Colegio Fonseca, "uno de los edificios emblemáticos del estudio", que durante la primavera de 2020 se transformó en un espacio para la recuperación de los enfermos leves infectados por COVID-19.

La Comisión Europea ha instado a AstraZeneca a enviar a la UE dosis de su vacuna desde alguna de las dos plantas que la farmacéutica tiene en Reino Unido si ha registrado problemas de producción en una de las plantas que tiene dentro del bloque, en Bélgica y Alemania.

El Ejecutivo comunitario ha puntualizado que el contrato con la compañía prevé que las entregas a los Estados miembros se harán desde cuatro fábricas, de las cuales dos se encuentran en Reino Unido, una en Bélgica y la cuarta en Alemania.

"No hay jerarquía entre las plantas. En esos contratos hay cuatro plantas pero no diferencia entre las de Reino Unido y las de la UE. Las de Reino Unido son parte de nuestros acuerdos de compra anticipada", ha reiterado en una comparecencia de prensa la comisaria de Salud, Stella Kyriakudes.

La chipriota ha añadido que en el contrato no se especifica que "un país, o Reino Unido, tenga prioridad por haber firmado antes". "Contempla un calendario trimestral y si fuera el caso (que un país concreto tiene preferencia), AstraZeneca tendría que haberlo puesto en una cláusula", ha señalado.

Bruselas, ha insistido Kyriakides, rechaza la "lógica" de que "se sirve primero al que llega primero". "Puede funcionar en una carnicería de barrio, pero no en contratos y desde luego no en nuestros acuerdos de compras anticipadas", ha subrayado.

Además, la Comisión Europea ha invitado a AstraZeneca a publicar el contrato firmado entre ambas partes para la adquisición de hasta 400 millones de vacunas, puesto que entiende que su consejero delegado, Pascal Soriot, ya ha desvelado algunas de las cláusulas protegidas por confidencialidad en la entrevista que concedió este martes a varios medios europeos.

La vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford todavía no está autorizada en la UE, pero se espera que la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) pueda llegar este mismo viernes. La tensión entre Bruselas y la compañía ha ido en aumento desde que la semana pasada la segunda comunicara que el ritmo de las entregas a los Estados miembros será mucho menor del pactado por problemas en la producción de las dosis.

EXPLICACIONES INSUFICIENTES

Hasta ahora, AstraZeneca ha argumentado que el retraso en la entrega de dosis de su vacuna a los Estados miembros de la UE se debe a un peor "rendimiento" en una de las fábricas que tiene en la UE, una razón que Bruselas ve "inconsistente" porque da por seguro que la empresa tiene más vacunas en el resto de plantas, según han explicado fuentes comunitarias.

"No se nos ha dicho cuál es el problema real", critican las mismas fuentes, que apuntan incluso a "diferentes versiones" dentro del equipo de representantes de AstraZeneca que han mantenido conversaciones con la Comisión Europea. "No nos creemos que no tengan 'stock' (de vacunas) en las otras tres plantas", han enfatizado.

Las dos partes se reunirán de nuevo esta tarde a partir de las 18.30 horas y Bruselas espera que el grupo farmacéutico explique "con claridad" cómo piensa solucionar el problema y cumplir con el contrato.

De cara a dicho encuentro, Kyriakides ha instado a la farmacéutica a "involucrarse completamente, reconstruir la confianza, dar información completa y cumplir sus obligaciones contractuales, sociales y morales".

Aunque la comisaria no querido entrar en cifras concretas, fuentes de la Comisión señalan que AstraZeneca prevé entregar únicamente un cuarto de las dosis prometidas para todo el tercer trimestre, que alcanzaban una cantidad de "tres cifras". Esta reducción es "inaceptable" para Bruselas.

Lo que sí ha querido dejar claro Kyriakides es que Bruselas no prohibirá ni restringirá las exportaciones de vacunas desde la UE a terceros países, sino que el mecanismo que propondrá esta semana tendrá el objetivo de aportar "transparencia" y "claridad" con respecto a las dosis que son producidas en la UE y a quién se entregan.

Un 94,1% de los profesionales de distintas áreas relacionadas con la publicidad perciben cambios en los hábitos de consumo durante los primeros seis meses de 2020, según concluye el estudio 'Influencia de la publicidad en las actuales tendencias de consumo'.

La investigación ha sido presentada este miércoles por Sonia Díaz, socia en Estudio de Comunicación, y Miguel Ángel Corrales, presidente y editor de 'La Publicidad'. Ambas entidades han realizado este trabajo en base a las respuestas de 203 expertos en publicidad en medios, agencias y departamentos de empresas.

Según este estudio, el 50,8% de los profesionales que han observado cambios en los hábitos de compra opina que el principal es el trasvase del ámbito presencial al digital. Además, el 56,5% de los que han apreciado estos cambios cree que se deben a las circunstancias derivadas de la pandemia de la COVID-19 y que son "una tendencia imparable".

Los profesionales consultados en este estudio apuntan al 'branded content' programado en los medios digitales, tanto nativos como versiones 'online' de los convencionales, como el tipo de publicidad que más influye en las compras 'online'.

El informe señala que la publicidad en medios 'online', tanto nativos como versiones digitales de los convencionales, tiene mucha o bastante influencia en el consumo para un 94,3% de los entrevistados.

Respecto a los medios convencionales, la influencia de la publicidad en las compras 'online' es significativa (mucha o bastante) para un 71,4% de los entrevistados en la televisión, para un 54,7% en la radio, y para un 25,8% en la prensa impresa.

Por otro lado, la investigación destaca que todos los profesionales de las agencias de medios consideran mucha la influencia de la publicidad enfocada al e-comerce en medios digitales.

Los formatos de publicidad nativa branded content y content ads son los que mayor valoración tienen con un 83,4% y un 76%, respectivamente, sumando quienes valoran mucha y bastante influencia.

Además, el estilo emocional para la creatividad publicitaria es el que más convence al conjunto de los entrevistados (49,8%), seguido del informativo (17,7 %), y el 63,1% cree que es posible generar publicidad 'online' eficaz que no sea programática.