El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que el objetivo de la formación es «recoser el independentismo» y ha reafirmado la ausencia de la misma en la próxima reunión de la mesa de diálogo entre el Govern y el Gobierno, prevista para la semana que viene.

En respuestas a los periodistas este domingo en la escuela de verano Ramon Trias Fargas i Montserrat Trueta de la JNC en Gualba (Barcelona), ha argumentado que aunque la participación del conjunto del Ejecutivo catalán en la mesa era un punto del acuerdo de Govern, «en todo pacto existe el texto y el contexto», y que la mesa era una forma del PSOE de anestesiar, en sus palabras, al independentismo.

Ha remarcado que Junts no pretende reprochar nada a ERC, sino al PSOE y al Estado español, a los que ha acusado respectivamente de engañar y de ejercer la represión, haciendo que la mesa «no haya avanzado por ningún sitio» porque en ella no se abordará ni la amnistía ni la autodeterminación.

Ha defendido, además, que «en el Estado, la política la marcan las togas» y que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le fijan el discurso desde las instancias judiciales, por lo que vaticina que la mesa de diálogo no servirá.

Por todo ello, se propone recuperar un independentismo «cívico, político, social, para volver a pasar a la acción» a meses de que se cumplan cinco años del 1-O, y no entrar en una estrategia anestesiadora del independentismo que lo divida más, ha dicho textualmente.

En cuanto a la polémica sobre el diputado de Junts Francesc de Dalmases tras mantener una discusión con la subdirectora del programa ‘Faqs’, ha asegurado que este lunes se acordará abrir un expediente informativo sobre la misma que servirá para «aclarar todo» y para que el diputado se defienda.

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) considera que la posición de Fiscalía debe ser la que evite la impunidad de crímenes como el de Miguel Ángel Blanco.

«La posición de la Fiscalía ha de ser la de explorar la interpretación razonable de las leyes que tienda a evitar la impunidad de crímenes gravísimos», ha señalado este domingo la asociación.

El comunicado se publica después de que en la declaración judicial del pasado jueves de los ex jefes de ETA Miguel Albisu Iriarte, alias ‘Mikel Antza’, y María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, acudiera un fiscal distinto al que suele llevar el ‘caso de Miguel Ángel Blanco’.

En ese sentido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) negó este sábado haber recibido «directrices», «menos de carácter político», para apreciar la posible prescripción para algunos ex jefes de ETA en el marco de la investigación que busca determinar su implicación en el secuestro y asesinato en 1997 del joven concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco.

La APIF quiere entonces denunciar «el uso desviado y contrario a los derechos profesionales de los fiscales que por la jerarquía de la Fiscalía se está haciendo de los mecanismos de garantías que se tienen internamente para la formación de criterio de la institución».

La asociación recuerda que el artículo 25.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) dice que «los miembros del Ministerio Fiscal pondrán en conocimiento del fiscal general del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer. Las órdenes se realizarán a través del superior jerárquico, a no ser que la urgencia del caso aconseje hacerlo directamente, en cuyo supuesto se dará ulterior conocimiento al mismo».

De esta forma, considera que se deduce que se dirige la comunicación del hecho al fiscal general, no a otro fiscal diferente, en tanto que la comunicación proviene del fiscal encargado del caso: su superior jerárquico es el vehículo para ello. Por tanto si hay que hacer aclaraciones, «debe oírse a quien lleva el asunto».

Asimismo, la comunicación no supone la expresión de dudas o la espera de una posición jurídica que seguir: si el fiscal general del Estado cree que debe intervenir, debe hacerlo formalmente. La APIF también ha señalado que este sistema legal de comunicaciones «no se puede relajar para obligar a un fiscal a adoptar una posición jurídica contraria a su parecer».

Por último, la asociación cree que también se deduce de ese artículo que el fiscal jefe de la Secretaria Técnica no tiene, salvo delegación expresa, ninguna autoridad jerárquica sobre ningún fiscal de España salvo los de su inmediata dirección, «pero sorprendentemente aparece en los últimos tiempos en toda situación de debate interno en la Fiscalía».

CAMBIO DE FISCAL

Fuentes fiscales indican que la Fiscalía de la AN ha mantenido siempre el mismo criterio respecto a estas causas reabiertas para acorralar a los comités ejecutivos o zubas de ETA, que es la de apreciar la prescripción cuando hayan transcurrido los plazos pertinentes desde la comisión del delito, salvo que fueran interrumpidos por una imputación.

Las mismas fuentes subrayan que este ha sido el criterio aplicado al ‘caso Miguel Ángel’, donde la acusación particular de Dignidad y Justicia (DyJ) ha puesto encima de la mesa una novedosa doctrina que conduce a concluir que los delitos no han prescrito.

Según ha podido saber Europa Press, el fiscal González Mota expuso a sus colegas la posibilidad de explorar otras vías que permitieran eludir la prescripción, si bien no contó con su respaldo, por lo que al ser él quien se apartaba del criterio conjunto pidió ser relevado del caso y así se hizo, con lo que ha quedado fuera del mismo.

Pese a todo, las citadas fuentes enfatizan que, dado el tipo de procedimiento en el que nos encontramos, es posible reabrir para investigar en profundidad. Será una vez agotadas las pesquisas, en la fase intermedia, cuando se deba resolver la cuestión de la prescripción.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha defendido la necesidad de elevar el techo de gasto para disponer de unos Presupuestos Generales «expansivos» para 2023. También ha marcado como crucial desplegar en ellos una reforma fiscal, pues de ella depende «todo lo demás» como potenciar el gasto social.

Además ha reclamado la aprobación de la nueva Ley de Vivienda y la derogación de la ‘Ley Mordaza’ antes de iniciar la negociación presupuestaria, y advierte al PSOE de que sería un «error programático e ideológico» pactar «medidas de derechas» con el PP, como el caso del aumento del gasto militar.

Durante una entrevista, Echenique ha señalado que el ala socialista no ha contactado aún con su formación sobre el techo de gasto, pero el grupo confederal tiene claro que debe subir para elevar, a su vez, la inversión pública en medio de otra crisis económica, a raíz de la guerra de Ucrania.

Y es que, según ha argumentado, Europa y España entendieron durante la pandemia que «lo público debía estar ahí» para proteger a la ciudadanía y, ahora, el contexto es «idéntico» y no se debe «debilitar la acción pública», sino desplegar «más inversión» que es perfectamente «viable» si se aumentan los ingresos con esa reforma fiscal progresiva.

De hecho, ha desgranado que España está ocho puntos por debajo de la media europea de recaudación y eso se traduce en una merma de recursos para los servicios públicos entre 80.000 y 90.000 millones. Por tanto, ha llamado a superar esa norma económica «muy perversa» que postula menos inversión pública para cuadrar las cuentas cuando hay mucho margen para elevar el gasto y reducir la deuda a la vez, si las grandes empresas y rentas pagan más tributos.

ES UNA EQUIVOCACIÓN «PACTAR MEDIDAS DE DERECHAS» CON EL PP

También ha razonado que la solución a esta crisis «no es aumentar el gasto militar» y tratarán de convencer al PSOE de que «no es una medida sensata», porque España «no está en guerra» sino sufre los efectos económicos del conflicto bélico en Ucrania.

Cuestionado sobre si podrían exigir más gasto social a cambio de elevar el presupuesto de Defensa, el portavoz del grupo confederal ha razonado que «es verdad que matemáticamente hablando se puede aumentar ambas cosas, es obvio», pero al mismo tiempo «es obvio también que si no aumentas el gasto militar puedes aumentar más el gasto social».

Como ya trasladó al propio Sánchez durante el Debate sobre la Nación, sería una equivocación «tomar medidas de derechas pactándolas con el PP», pero además es un doble «error» darle «carta de naturaleza de partido de Estado» cuando lleva bloqueando tres años la renovación del Consejo General del Poder Judicial y legitima a una formación que «está comprando un montón de ideas de extrema derecha». «Mantener la ficción de que Feijóo es moderado es negativo porque es una mentira», ha lanzado Echenique.

DESBLOQUEAR VIVIENDA Y LA LEY MORDAZA

Por otro lado, ha indicado que «nadie entiende» que aún no estén aprobadas la derogación de la ‘Ley Mordaza’ y la futura normativa de vivienda, que deberían desbloquearse «inmediatamente» antes de los presupuestos.

Sobre el primer caso, ha apuntado que no están lejos del acuerdo final para terminar con esta ley «infame» y «represiva» aprobada por el PP pero que lleva más tiempo desde la moción de censura al expresidente Mariano Rajoy, aunque hay algunos «escollos» que solventar.

Entre los elementos que demanda el espacio confederal y otros socios parlamentarios, ha citado la necesidad de revisar la sanción por falta de respeto a los agentes policiales porque ahora es «ambigua» y puede utilizarse «para poner multas cuando alguien mira mal a un Policía», o la responsabilidad jurídica de los convocantes de manifestaciones cuando se producen altercados.

En vivienda, Echenique ha recalcado que aspiran a reducir la ‘vacatio legis’ a la hora de aplicar la regulación de precios del alquiler, que la Sareb ceda sus pisos al parque social de las administraciones públicas y prohibir de forma permanente los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. «Son cosas razonables (…) no estamos pidiendo la luna», ha exhortado Echenique.

Asimismo, ha deslizado que posiblemente planteen en la negociación presupuestaria endurecer diez puntos el Impuesto sobre Sociedades a los grandes supermercados y financiar con esta recaudación adicional un cheque de ayuda a la cesta de la compra para las familias o aplicar el IVA en las universidades privadas con ánimo de lucro, acabando con la exención que ahora disfrutan.

Sobre todo porque son «buenas ideas» y por eso las plantearon en las propuestas de resolución en el marco del Debate sobre el Estado de la Nación, que el PSOE no respaldó, aunque el elemento fundamental es conseguir una reforma fiscal «valiente» y un aumento presupuestario de las partidas sociales. «Todo lo demás se puede hablar», ha deslizado.

DEFIENDE INHABILITAR A CONSTRUCTORAS MULTADAS POR LA CNMC

También ha tildado de «gravísimo» las multas impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

En este sentido, ha denunciado que estas compañías han buscado «sacar más dinero» de la administración que dejan de ir a sanidad y educación, por lo que apoya la prohibición de contratar con estas empresas que ya recoge el organismo regulador.

No obstante, ha recalcado que aunque esa posibilidad existe, es un proceso que se dilata aunque defiende que no es «no es mala idea» que esas inhabilitaciones para contratar con el sector público se aceleren. Por ello, abre la posibilidad a formalizar algún tipo de iniciativa parlamentaria al respecto.

PIDE MÁS DIÁLOGO PARA LA LEY DE SECRETOS OFICIALES

A su vez, ha pedido al PSOE dialogar más en el seno de la coalición sobre el anteproyecto de la nueva ley de Secretos Oficiales. «Me consta que se está hablando a nivel de Gobierno, aunque también me consta que se debería hablar más. Creo que con esto queda claro lo que está ocurriendo», ha relatado.

De esta forma, ha instado a emular a los países más modernos en esta materia y ha explicado que su formación rechaza el modelo de que «por defecto» los documentos sean materia reservada y se publiquen cuando «el Gobierno así lo dice». Desde su punto de vista, debería ser «al revés»: «Ser por defecto públicos la mayoría y clasificarse por un acto expreso del Gobierno».

También ha defendido que el periodo de desclasificación automática de dicha información «tiene que bajar», dado que no puede plantearse periodos de «cuatro o cinco décadas» sino a ir a plazos entre 20 o 15 años, que es un periodo «razonable».

«Creo que nuestro país es mayor de edad para conocer lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer desde estamentos gubernamentales. Y siempre que se desclasifican documentos se garantiza la seguridad de los agentes, las operaciones en marcha, se tacha lo que no se tiene que conocer para no poder en peligro a las Fuerzas y Seguridad del Estado», ha remachado para sentenciar que la regulación de los Secretos Oficiales se puede «hacer bien» y no con una «ley franquista como la que tenemos ahora».

La coordinadora de Cs en la Comunitat Valenciana, María Muñoz, pone en cuestión que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pueda ser capaz de desatascar la reforma de la financiación autonómica si llegara a la Moncloa en 2023, ya que «el PP tuvo años de mayoría absoluta y no lo hizo» por los «chantajes» de los partidos nacionalistas.

Así reacciona a la afirmación de Feijóo hace unos días en Valencia de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido incapaz de reformar la financiación esta legislatura porque no tiene «el visto bueno de ERC, su socio parlamentario».

Muñoz, se muestra sorprendida de que Feijóo utilice ahora un argumento que ella trasladó hace años: «Dije que si estamos infrafinanciados es porque el bipartidismo se ha dedicado durante décadas a tratar a los españoles de diferente categoría».

También rechaza que el presidente ‘popular’ asegure estar comprometido con la reforma cuando «el PP ha tenido años de mayoría absoluta con Mariano Rajoy en los que no ha necesitado a nadie y no lo ha hecho». «¿Ahora va a ser Feijóo la solución a la infrafinanción valenciana cuando llegue al poder? Lo dudo mucho, porque cuando vuelva tendrá otra vez la presión y el chantaje» de los nacionalistas, advierte.

Por contra, a su juicio, lo necesario es impulsar una reforma de la Ley Electoral para que los partidos independentistas no estén sobrerrepresentados, algo que «no costaría un euro a los españoles. «Pero nadie quiere, que no nos vendan nada nuevo», denuncia.

Muñoz tampoco espera avances por parte del Gobierno en el año que queda de legislatura, afirmando que «Pedro Sánchez es consciente de la infrafinanciación pero no va a hacer nada» como en su opinión demostró en el reciente Debate sobre el Estado de la Nación.

LAS NUCLEARES, «A PLENO RENDIMIENTO»

Al margen de la financiación, rechaza la petición de Feijóo de impulsar un plan de ahorro de energía para reducir el consumo en los hogares y en el alumbrado público, al considerar que es prioritario pensar medidas a largo plazo que realmente permitan la transición energética.

Para ello ve conveniente poner las siete centrales nucleares de España «a pleno rendimiento» en lugar de cerrarlas en 2030, dentro de «una política energética adulta» y de una reducción de la «grasa política» de la administración del Estado para lograr un ahorro de gasto.

En clave autonómica, la también diputada nacional muestra su rechazo a la tasa turística consensuada por los socios del gobierno valenciano (PSPV-Compromís-UP) para su implantación a partir de 2024 de forma voluntaria por cada ayuntamiento. «Es un tiro en el pie de Ximo Puig», resume sobre el ‘president’ de la Generalitat ante la negativa mostrada por varios alcaldes socialistas y por el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.

Se pregunta si lo ha hecho para contentar a sus socios, si tiene realmente sentido implantarla ahora cuando hay dos años de moratoria, si el PSPV votó a favor en Les Corts para sacar adelante los presupuestos autonómicos o si no se más que «otra política cortoplacista de huida hacia adelante para mantenerse en el poder».

CREE QUE OLTRA TIENE EL PRESTIGIO DAÑADO

Entre los partidos valencianos, sobre la situación de Compromís tras la salida de Mónica Oltra, Muñoz afirma que cuando la exvicepresidenta se «aferró» al cargo perjudicó tanto a la coalición como «a todos los valencianos», después de ser imputada por presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

«En política hay que saber irse», recalca, y sostiene que Oltra tiene su «prestigio» dañado aunque pueda seguir manteniendo sus adeptos si fuera absuelta en los próximos meses.

A su parecer, el diputado nacional Joan Baldoví sería un buen sustituto como candidato de Compromís, ya que comparten una «buena relación» en el Congreso y considera que es un buen defensor de los intereses valencianos dentro de su «regionalismo nacionalista».

En cuanto a la oposición del PPCV que dirige Carlos Mazón, Muñoz estima que podría verse beneficiado en las urnas del «efecto novedad» provocado a nivel nacional por Feijóo y el buen resultado de este partido en las elecciones andaluzas.

La dirección nacional del PP considera que la actuación del jefe del Ejecutivo al recibir el mismo día «de una tacada» a Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda, evidencia la «descortesía» y el «desprecio» de Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos del PP, según han señalado fuentes de la formación.

«Es como las visitas del médico. Y encima casi a punto de empezar agosto y con medio país de vacaciones», se quejan en la cúpula del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo ante el hecho de que Sánchez haya citado el 28 de julio en el Palacio de la Moncloa a los presidentes de Andalucía, Castilla y León y Galicia, todos ellos del Partido Popular.

En ‘Génova’ advierten de que este «ajuste de cuentas» del presidente del Gobierno con tres destacados ‘barones’ autonómicos del PP es en realidad una «desconsideración» con los más de 14 millones de ciudadanos que viven en esas comunidades. «No son presidentes del PP sino presidentes autonómicos», proclaman.

CREE QUE BUSCA QUITARLES LA RELEVANCIA INSTITUCIONAL QUE MERECEN

Los ‘populares’ consideran que hacer coincidir el mismo día a tres presidentes de CCAA confirma que Sánchez quiere que pasen desapercibidos esos encuentros y por eso no les da la «relevancia institucional» que merecen.

Fuentes del PP también critican la tardanza en recibir a algunos de ellos, como es el caso de Mañueco, que tomó posesión de su cargo el pasado 19 de abril, o de Rueda, que lo hizo el pasado 14 de mayo. En el caso de Moreno, su toma de posesión de produjo este pasado sábado.

Es más, contraponen esa demora a la diligencia con la que Sánchez actúa con el presidente de la Generalitat, con el que mantuvo una reunión hace dos semanas en Moncloa en la que se acordó convocar la mesa de diálogo a finales de julio.

En ‘Génova’ descartan que Rueda, Moreno y Mañueco se vayan a reunir con carácter previo con Feijóo para diseñar una estrategia de concertación conjunta, según fuentes de la dirección del PP, que recuerdan que Feijóo ha sido presidente autonómico y mantiene su perfil «autonomista» desde la Presidencia del PP. Por eso, subrayan que cada presidente expondrá las prioridades de su territorio y las reivindicaciones de sus ciudadanos.

Eso sí, Feijóo tendrá oportunidad de dialogar con sus presidentes autonómicos este martes en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, en el que hará balance del curso político. Se prevé que después celebre un almuerzo con ellos, como ha ocurrido en otras ocasiones.

FEIJÓO SEGUIRÁ TENDIENDO LA MANO A SÁNCHEZ

Los ‘populares’ aseguran que el comportamiento de Sánchez con los presidentes del PP es solo un «desaire más a los que les tiene acostumbrados» el presidente del Gobierno, que no ha atendido a ninguna de las ofertas de pacto del PP, según las fuentes consultadas.

Así, en ‘Génova’ recuerdan su plan económico, su oferta de pacto en materia de seguridad y defensa, o la propuesta judicial para avanzar en la despolitización y la independencia de la Justicia. «Ni siquiera hemos recibido un acuse de recibo», se quejan en el equipo de Feijóo.

«Pedro Sánchez ha hecho de la descortesía y el desprecio su forma habitual de tratar al PP», recalcan las mismas fuentes, que señalan que, pese a esa actitud, el presidente del Partido Popular seguirá tendiendo la mano en asuntos de Estado al presidente del Gobierno y apostará por una «política pactista».

De hecho, fuentes del PP consideran que Sánchez está «perdiendo la batalla del diálogo» porque se «niega a escuchar propuestas del principal partido de la oposición. «En política, las formas también son importantes», aseguran.

La consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha defendido que «España tiene leyes que son disparatadas respecto a un estado democrático europeo homologable», y considera que deben reformarse para garantizar la defensa de derechos fundamentales.

En una entrevista en el diario ‘La Vanguardia’ este domingo, ha apostado por modificar el Código Penal y los procedimientos administrativos del Tribunal de Cuentas, «al igual que otros muchos elementos que afectan a la libertad personal y política de los líderes» independentistas y a los movimientos sociales que los apoyan.

También ha pedido modificar la ‘Ley Mordaza’ porque asegura que no defiende los derechos fundamentales, la libertad de expresión o de reunión, y ha advertido de que «no hay ninguna ley europea en países con democracia consolidada que planteen unas penas tan elevadas para movilizaciones sociales».

Por otro lado, ha defendido que la «desjudicialización del conflicto político» pasa por impulsar cambios legislativos para que la cuestión de la independencia no se pueda dirimir desde la justicia, que –dice textualmente– es lo que ha intentado el Estado y lo que ha provocado que líderes independentistas hayan sido condenados con penas de prisión que tacha de increíbles e intolerables.

A la pregunta de si las relaciones se han normalizado tras la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respondido que «se normalizarán cuando la mesa de negociación obtenga resultados», que las confianzas se están reconstruyendo y que esta relación debe basarse, dice, en unas condiciones que fijó con el ministro Bolaños.

DIÁLOGO CON RESULTADOS PALPABLES AUNQUE PARCIALES

Ha explicado que espera que la mesa de diálogo, que se reunirá esta próxima semana, tenga resultados palpables y tangibles, aunque sean parciales: «Los estamos construyendo y empezando por los acuerdos que están más maduros y son posibles y acabando por aquellos que tienen una dificultad técnica».

Preguntada por si Junts debería participar en el encuentro, ha respondido que «en el acuerdo de Govern se fijaron los representantes de la mesa de negociación y está abierta la posibilidad que se incorpore», y ha dicho textualmente que los de Laura Borràs se descalifican ellos mismos de la mesa.

ESPERA QUE JUNTS PARTICIPE «PESE AL ESCEPTICISMO»

Ha detallado que el pacto de Govern entre Junts y ERC establece que la mesa se celebra para impulsar la resolución de la cuestión independentista: «Entiendo que Junts respeta los acuerdos, además el pacto de gobernabilidad recoge que, pese al escepticismo, Junts participaba de la mesa y respetaría la herramienta para llegar a acuerdos. Espero que así sea», ha avisado.

Preguntada por si Aragonès convocará la mesa de partidos catalanes que pide el PSC, ha respondido que esta medida no está en la agenda del Govern, y que en todo caso formará parte de la «segunda fase» de esta apuesta por el diálogo, porque primero prioriza consolidar la negociación, que tenga resultados y darle robustez.

Y si sobre la presidenta del Parlament, Laura Borràs, debería dimitir tras ser procesada, ha destacado que este es un asunto que afecta a la Cámara catalana y que «el Govern intenta respetar la separación de poderes», y asegura que los miembros del Govern se han conjurado para trabajar internamente en las discrepancias.

JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO, «SI NO ES EL 2030, SERÁ EL 2034»

Preguntada por si habrá Juegos Olímpicos de Invierno en 2023 en Catalunya, ha respondido que no depende el Govern y ha recordado que la semana que viene presentará un documento para presentar la candidatura en solitario, con colaboración externa.

Si bien ha asegurado que el Comité Olímpico Internacional (COI) avala que Catalunya se presente en solitario, ha apuntado que depende del Comité Olímpico Español (COE) y del Gobierno, a lo que añade: «El territorio apuesta por estar. Si no es el 2030, será el 2034»

Sobre si se ha dejado atrás el caso del espionaje con el software Pegasus, ha recordado que el presidente «Sánchez se comprometió a colaborar con la justicia, incluso en el caso que afecta al propio Aragonès para desclasificar información», e insiste que este compromiso debe ir acompañado de asunción de responsabilidades y de garantías de no repetición.

Por eso, ha defendido que la modificación de la ley de secretos es positiva: «ERC lo ha pedido y, por eso, en el acuerdo marco con el Gobierno hablamos de garantías de privacidad y de no criminalizar al independentismo».

La segunda ola de calor que asola España este verano mantendrá este domingo en aviso amarillo, naranja y hasta rojo (Córdoba y Cádiz) a un total de 41 provincias, con temperaturas que alcanzarán los 45ºC en Andalucía, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, se llegará a los 45ºC en la provincias andaluza de Córdoba y 44º en Cádiz, ambas en aviso rojo. En Huelva, Granada, Jaén, Sevilla y Málaga se alcanzarán los 40-42ºC.

Además, en Aragón las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza estarán en aviso amarillo o naranja, así como las Islas Baleares o Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, en Castilla y León.

Por su parte, en Castilla-La Mancha estarán en aviso naranja Albacete, Ciudad Real y Cuenca y en aviso amarillo Toledo y Guadalajara, al igual que Barcelona, Girona y Lleida, en Cataluña. Las altas temperaturas también tendrán en riesgo importante a Badajoz y Cáceres, en Extremadura; al igual que la Comunidad de Madrid; la Región de Murcia; y Valencia y Alicante. Por otro lado, en el Cantábrico y norte de Galicia se prevé intervalos de nubes bajas tendiendo a abrirse a lo largo del día para aumentar a nuboso o cubierto al final.

También se esperan intervalos de nubes bajas en el Estrecho y en algunas zonas del Levante peninsular. Además, Canarias estará poco nuboso o despejado con intervalos de nubes medias y altas, junto con la mitad oeste peninsular, mientras que por la tarde habrá intervalos de nubes de evolución en zonas altas de los tercios norte y este peninsular, sin descartar algún chubasco aislado o tormenta dispersa.

También habrá calima espesa en Canarias, menos probable e intensa en el sur y este peninsular, Ceuta y Melilla. A ello se une la probabilidad de brumas o bancos de niebla en el Estrecho, y de forma matinal en el Cantábrico, norte de Galicia y en el litoral Catalán.

Las temperaturas diurnas estarán en descenso en el oeste de Galicia, pudiendo llegar a ser localmente notable en Pontevedra. En el resto del tercio norte peninsular, así como en el interior del tercio este y en el norte de Baleares las temperaturas estarán en aumento, mientras que en Navarra, Cantábrico oriental y alto Ebro llegarán a notable e incluso localmente extraordinario.

En el resto del país, pocos cambios, ya que se alcanzarán los 40º en el suroeste peninsular y en el valle del Ebro. Mínimas en aumento en el interior de la mitad norte peninsular e islas occidentales de Canarias; pocos cambios en el resto.

Asimismo, se prevé viento flojo del este en el Cantábrico que arreciará y rolará a oeste por la tarde. Del levante en el Estrecho amainando, y del norte y noreste en las costas de Galicia rolando a oeste y también amainando. Viento del sureste en Baleares y valle del Ebro y del sur en Ampurdán. En el resto, habrá vientos flojos variables que en el centro, oeste y sur peninsular arreciarán y rolarán a componente oeste por la tarde.