El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha defendido este lunes que la figura del Rey tiene que estar "fuera de toda polémica" tras el cuestionamiento a la neutralidad de su figura que realizaron el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

"La monarquía representa esa unidad en la que todos vernos reflejados sin necesidad de polémica. Como la bandera, son símbolos de unidad", ha asegurado en declaraciones a RTVE.

El también secretario de Organización del PSOE ha admitido la "singularidad" de un Gobierno de coalición en la que cada parte puede tener su opinión pero ha defendido "la condición democrática y rol" de un monarca que "respeta las instituciones y su papel".

En cualquier caso, ha defendido dejar al Rey fuera de toda polémica como la generada por el cuestionamiento de la neutralidad institucional realizada por los líderes de Unidas Podemos e Izquierda Unida después de que Felipe VI llamara el viernes al presidente Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para trasladarle que le "hubiese gustado" estar en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, al que no acudió por decisión del Gobierno.

Sobre la llamada de Lesmes, el ministro ha apelado a la discreción aunque se ha negado a censurar explícitamente que hubiera sido desvelada. "Hay que proteger a la jefatura del estado, que es un símbolo de unidad, hay que ser muy discreto", ha dicho Ábalos, que ha recordado que "las sociedad necesitan una representación que ampare, que acoja, y para esto debe estar fuera de la polémica".

También ha dicho sentirse "perplejo" después que haya que recordar a algunos que el rey debe ser refrendado en sus actos por el Gobierno, que es el que dirige la política del país, y ha vuelto a cargar contra el PP por el bloqueo en la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

"No me molesta el debate, el problema es subvertir las instituciones cuando a uno no le viene bien", ha lamentado Ábalos, que ha denunciado "la apropiación de la monarquía por la derecha", que deja a todos "sin referentes de unidad".

El chófer del ex tesorero del PP Luis Bárcenas y de su esposa Rosalía Iglesias propuso al matrimonio instalar en su domicilio un sistema de videovigilancia con el que luego pudieron ser espiados en el marco de la operación 'Kitchen' que se investiga en la Audiencia Nacional y que presuntamente fue financiada con fondos reservados del Ministerio del Interior.

Así se desprende de una resolución dictada por el juez del caso, Manuel García Castellón, de marzo de 2019, en la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda realizar un análisis pericial sobre el dispositivo, ya que existían "claros indicios de que a través del mismo pudiera haberse instrumentalizado el seguimiento" a los Bárcenas para tratar de impedir que la Justicia accediera a documentos a su disposición que podrían afectar al PP en el 'caso Gürtel".

La orden del juez se incluye en el sumario de la pieza 'Kitchen' del la macrocausa 'Tándem', que investiga las actividades irregulares del comisario jubilado en prisión José Manuel Jiménez Villarejo.

La petición partió del propio matrimonio, quien tras declarar en el marco de este procedimiento se dirigió por escrito al juez para explicarle que, tras el estrambótico episodio de secuestro por un falso cura que sufrió parte de la familia en su propio domicilio, en octubre de 2013 ,fue supropio chófer, Sergio Ríos, quien les convenció para instalar in sistema de videovigilancia.

Fue "el propio señor Ríos junto con otra persona de su confianza quienes instalaron un equipo y cámaras en los dos accesos al domicilio familiar, recalca el auto.

Bárcenas alertó al juez de que desconocía el alcance que podía tener el referido sistema de video-vigilancia así como sí a través del mismo se pudo favorecer el acceso a imágenes y sonido tanto dentro como fuera del domicilio por terceras personas, puesto que el sistema parecía "tener conexión con la línea telefónica, lo que permitiría transmitir la información contenida en el mismo a terceros, presentando claros indicios de que a través del mismo pudiera haberse instrumentalizado el seguimiento que aquellos fueron sometidos".

Como ha quedado apuntado a lo largo del procedimiento, agrega el juez en su resolución, "estos seguimientos eran consecuencia de un operativo parapolicial que fue montado por parte de altos cargos policiales para la intervención de la documentación que aquel detentaba como consecuencia de su condición de extesorero del Partido Popular".

Por ello, el juez ordenó a técnicos de Policía Judicial especializados en este tipo de pericias un informe técnico completo sobre las características de dicha instalación, sus funcionalidades y alcance, si aquella pudo ser utilizado para otros usos, "determinando particularmente si pudo ser empleado como medio para la intervención o escucha de conversaciones privadas o la transmisión de datos oinformaciones no consentidas dentro del domicilio o sus accesos".

Por otro lado, en la misma resolución el juez accedió también a tener como medio de prueba en esta causa el acceso al terminal móvil entregado por doña Rosalía Iglesias.

La razón es que la esposa del extesorero declaró al juez que al tiempo de llegar a su casa se le hizo entrega de un terminal móvil para ponerse en contacto con los funcionarios policiales como medida de seguridad, un teléfono que también "pudiera haber tenido como objeto realmente controlar su ubicación o incluso sus comunicaciones de forma ilícita".

BÁRCENAS Y SUS INHIBIDORES

En una de las conversaciones que Villarejo mantiene con Ríos y que obra en el sumario, éste le comentó que Bárcenas estaba "obsesionado" con que le grabaran y por ello utilizaba inhibidores y controlaba continuamente que éstos funcionaran. "Era súper disciplinado para eso", relató el chófer, recordando que el extesorero le ordenaba llevar el móvil en "modo avión" cada vez que se subían en el coche.

Él sí grababa, pero claro, no quería que nadie más le grabara", resumió Ríos, que reveló a Villarejo que el extesorero del PP llevaba un "inhibidor puesto" en el maletín que llevaba cada vez que salía de su vivienda que provocaba que los micrófonos de los medios de comunicación que le esperaban en la calle no funcionaran. También apuntó que Bárcenas llevaba a las reuniones un pendrive que "quitaba internet".

El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha calificado este lunes de "vergüenza" y "veneno para la población catalana" el discurso del presidente inhabilitado, Quim Torra, y ha defendido que el proceso que le ha juzgado ha derivado en una "sentencia justa y tramitada conforme a derecho".

"Que sea calificada de un acto represivo y todo el discurso sea el de una Cataluña ahogada por un Estado opresor que reprime, inocula el veneno de la ira en muchos catalanes. Lo hacen a sabiendas", ha reaccionado Carrizosa en una entrevista en RNE, en la que ha recordado que Torra "está condenado por no cumplir las leyes" y "no es más que cualquier ciudadano". "Ha ganado la libertad, justicia e igualdad de todos", ha expresado.

Así, ha lamentado que los partidos independentistas --JxCat, ERC y CUP-- "están intentando forzar una interpretación de la ley catalana" y ha señalado que presidente del Parlament, Roger Torrent, tiene que "proponer en el plazo de diez días un candidato" o activar el reloj electoral para unos comicios autonómicos.

"Vamos a intentar que no quede la legislatura bloqueada", ha explicado Carrizosa, que ha avisado que "dejar en las manos de Torrent la disolución de la legislatura tiene el peligro" de que las formaciones independentistas "se pongan de acuerdo e impidan votar a los catalanes".

Por último, ha defendido los contactos con PP para, "en el medio plazo", formar una coalición e ir juntos en "una única lista constitucional". No obstante, Carrizosa ha destacado que la prioridad ahora es acordar una fórmula con los 'populares' y PSC para "evitar que Torrent no use la llave del desbloqueo" en el Parlament. "Una posición consensuada para que Torrent cumpla la ley, cumpla el reloj electoral y proponga un candidato", ha insistido.

La secretaria general de Unión de Autónomos Uatae, María José Landaburu, ha afirmado este lunes que se desmarca de la propuesta que el Gobierno ha hecho para autónomos, que recoge la prórroga del cese de actividad ordinario y el retorno del extraordinario.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios poco después de finalizar el encuentro con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se perfilaba el acuerdo que se llevará mañana a Consejo de Ministros.

Para Landaburu, las medidas son "manifiestamente insuficientes". De hecho, ha denunciado que la nueva prestación extraordinaria es un "agravio comparativo con respecto a los trabajadores por cuenta ajena, porque mientras estos cobran el 70% de lo que hayan cotizado, los autónomos van a cobrar el 50% de la base mínima". De hecho, ha resaltado que los autónomos van a cobrar una prestación que será de 470 euros como máximo.

También ha puesto de relieve que se dejan fuera muchas actividades que, aunque no han estado afectadas directamente por las decisiones administrativas de cierre, "están muy tocadas", como son, por ejemplo, los taxistas, la distribución de bebidas, la hostelería o todos los autónomos que cotizan por módulos.

Sobre estos últimos, ha recordado que "la experiencia ha dicho que van a tener enormes dificultades para acreditar que han perdido más del 70% de sus ingresos". "Vamos a dejar a muchos autónomos atrás y, desde luego, desde Uatae no lo podemos respaldar", ha apostillado.

Uatae ha acudido al encuentro proponiendo que se incluyera en la prestación extraordinaria a colectivos como el de taxistas o el de los trabajadores de la distribución de bebidas, entre otros.

También ha propuesto la prestación se calcule teniendo en cuenta el 70% de la base que cada cual cotice, como se hizo en un primer momento, y no el 50% que se recoge en el documento que, previsiblemente, aprobará mañana el Gobierno en Consejo de Ministros.

Por otro lado, respecto a los autónomos de temporada, Uatae plantea que se reduzca de cuatro a tres meses el requisito de cotización previa en el mismo período del año anterior y que se elimine la obligación de que uno de esos meses sea entre octubre y diciembre, así como la condición de no haber estado dado de alta entre marzo y mayo.

PREACUERDO

El Gobierno han alcanzado un preacuerdo con ATA y UPTA para prorrogar las ayudas para este colectivo y la prestación por cese de actividad hasta el 31 de enero, con lo que mañana el Consejo de Ministros aprobará su ampliación.

En concreto, se ha recuperado la prestación extraordinaria para autónomos que se hayan visto afectados o se vean afectados hasta el 31 de enero por tener que cerrar por motivos administrativos o del tipo que sea, pero también se ha prorrogado la prestación ordinaria y se ha acordado establecer una ayuda para los autónomos de temporada.

Así, en el primer caso, con el cese extraordinario, los trabajadores por cuenta propia cobrarán el 50% de su base de cotización, en lugar de un 70%, y también se les exonerará la cotización. Podrán acogerse a este cese los autónomos que hayan perdido un 75% de su actividad o que tengan cerrado. Además, podrán cobrarla los que tengan tarifa plana y los nuevos autónomos con antigüedad inferior a un año, siempre que sus ingresos en los próximos meses no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

También tendrán acceso los autónomos en pluriactividad siempre que la suma de sus retribuciones del trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena no supere 2,2 veces el Salario Mínimo Interprofesional (2.090 euros al mes).

En el caso de la prestación ordinaria, que se puso en marcha el 1 de julio, esta se prorrogará inmediatamente hasta el 31 de enero para aquellos autónomos que hayan agotado el periodo que les corresponde como prestación contributiva (4 meses). Van a estar cubiertos todos los autónomos que la disfrutaban hasta ahora, más los que demuestren unas pérdidas del 75% en el próximo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. También estarán cubiertos los pluriempleados.

Por otro lado, se establece una ayuda a autónomos de temporada para los que será obligatorio no haber estado dado de alta entre marzo y mayo de este año. Tendrán esta prestación los próximos cuatro meses.

Cinco nuevos fallecimientos producidos en las últimas horas, uno de ellos el de una usuaria de la residencia Ballesol de Oleiros (A Coruña), ha elevado a 736 las víctimas mortales de la pandemia de la COVID-19 en Galicia.

De las cinco muertes notificadas en la tarde de este lunes por fuentes sanitarias, cuatro de ellas se han producido en hospitales de la ciudad herculina.

En concreto, en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) han fallecido un varón de 85 años, otro de 67 y una mujer de 92 que provenía de la residencia Ballesol de Culleredo. Además, ha perdido la vida un hombre de 78 que permanecía ingresado con coronavirus en el hospital privado HM Modelo.

La quinta víctima se trata de otro hombre de 78 años que estaba hospitalizado por COVID-19 en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).

Así, las muertes comunicadas por la Consellería de Sanidade a lo largo de este lunes ascienden a siete, ya que por la mañana había informado de que perdieron la vida un varón de 61 años en el Hospital Lucus Augusti (HULA), proviniente de la residencia DomusVi de Outeiro de Rei (Lugo); y una mujer de 103 años que murió dentro de la residencia As Salinas, en Ourense.

115 VÍCTIMAS EN 'NUEVA NORMALIDAD'

De este modo, este lunes Galicia ha vuelto a aumentar la lista de las víctimas que deja la pandemia a pesar de que Sanidade no había comunicado ningún deceso este domingo, lo que llevaba un mes sin ocurrir --desde el 27 de agosto--.

Con los seis nuevos muertos conocidos, el número de fallecidos diagnosticados con coronavirus desde el comienzo de la 'nueva normalidad' ha ascendido a 115.

La primera muerte de este periodo fue la de una mujer el 7 de agosto. Antes de eso, la Comunidad gallega había encadenado casi dos meses --desde el 10 de junio-- sin decesos relacionados con el coronavirus.

Podemos ha recibido con "asombro" la decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa penal al diputado y secretario de organización del partido morado Alberto Rodríguez Rodríguez al considerar que existen indicios de que pudo cometer delitos de atentado contra la autoridad y lesiones, han explicado a Europa Press fuentes del partido.

Por su parte, el portavoz del Unidos Podemos, Pablo Echenique, se ha referido a este asunto en redes sociales para aseverar que la decisión del Alto Tribunal "huele de lejos" y aludir a la situación del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Qué casualidad que justo hoy se abra una causa contra Alberto Rodríguez por supuestos hechos de hace 6 años desde la sala en la que (Carlos) Lesmes, con el mandato caducado hace 2 años, quiere nombrar el miércoles 3 jueces vitalicios afines al PP", ha argumentado.

El juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) remitió en diciembre de 2019 al Supremo testimonio del procedimiento abreviado seguido, entre otros, contra el diputado de Unidas Podemos en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna, por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.

Sobre estos hechos, el Ministerio fiscal había presentado escrito de acusación solicitando la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa.

El juzgado de instrucción canario ya había acordado la apertura del juicio oral contra él, pero al acreditar su condición de Diputado al Congreso, acordó la nulidad parcial de dicho auto en lo que se refería al aforado.

Lo hechos a investigar, según la Fiscalía, se remontan a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la LOMCE organizada coincidiendo con la visita a La Laguna (Tenerife) del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral.

Según los atestados la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y lanzamiento lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos agentes resultaron agredidos. Rodríguez se encontraría en un grupo de personas que habrían participado en agresiones, como 'pancartazos' y puñetazos, y su participación exacta en estos delitos deberá ser aclarada ahora por el Supremo.

Respecto a este mismo diputado, el Tribunal Supremo abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.

La decisión ha generado impacto la decisión del Supremo. Se tratan de hechos acaecidos hace mucho tiempo. Esa protesta se saldó con cuatro detenidos. Entre ellos no figuró Alberto Rodríguez.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado confiado en que tras los últimos episodios y cruces de declaraciones entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad finalmente el consenso acabará llegando, al tiempo que ha pedido trabajar para "evitar que se imponga el ruido, que no hace bien a la opinión pública".

En una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, García-Page se ha mostrado "preocupado" por el hecho de que "el ciudadano que esté desconectado de la política y de las luchas partidarias no sepa a qué atenerse".

Ha dicho sobre la región vecina que "evidentemente es más complejo de abordar" por ser el "gran intercambiador nacional", razón por la que su situación es "tan especial, como región abierta y permeable", lo cual "tiene cosas buenas, pero también vulnerabilidad".

Ha recordado que cuando acabó el estado de alarma, el Estado definió un decreto ley con las condiciones, y todas las autonomías "lo han ampliado y han ido a más restricciones".

Sobre si aceptaría en Castilla-La Mancha que se impusiera un estado de alarma llegado el caso, ha recordado que son las autonomías las que tienen que solicitarlo. "Pero, si a mí el ministro me dice que hay que ir a otro escenario, por supuesto. La salud de mi gente va por delante", ha asegurado.

Aunque no cree que vaya a venir un nuevo confinamiento integral, también ha descartado que se vaya a ver este escenario en comunidades autónomas en particular. Para el líder castellanomanchego, "todo lo que sobrepasa y afecta a más de una comunidad autónoma, automáticamente pasa a ser competencia del Estado".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha reconocido que la situación en Melilla se centra en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla por lo que "se puede controlar"

En rueda de prensa para informar sobre la evolución de la pandemia tras la reunión de este lunes con los responsables de Madrid y acompañado del ministro de Sanidad, Salvador Illa, al ser preguntado al respecto Simón ha señalado que la evolución de Melilla "se centra en el CETI por lo que es una situación que se puede controlar".

"Se han realizado muchas PCR y esto hace que el incremento sea sustancial pero está centrado en un ámbito concreto", ha puntualizado. "La transmisión es algo mayor pero el impacto del CETI es lo que realmente hace que los datos no sean todo lo favorables que podían ser", ha añadido.

En la misma línea se ha manifestado el ministro del ramo, Salvador Illa, al hablar de una situación "muy específica". "Hemos estado dando un apoyo técnico para que esta comunidad autónoma evolucione favorablemente y creo que se está avanzando en la dirección correcta. La situación es controlable", ha zanjado.

El presidente inhabilitado Quim Torra y miembros del Govern han desplegado este lunes a las puertas del Palau de la Generalitat la pancarta con el lema 'Llibertat presos polítics i exiliats', que ha motivado la inhabilitación de Torra como presidente.

Junto a los consellers y su esposa, Torra ha salido de Palau tras su última declaración institucional después de haberle sido notificada su inhabilitación y entre gritos de 'President', 'Independencia', '1 de octubre ni olvido ni perdón' y 'Urquinaona, lo volveremos a hacer'.

A su salida, centenares de personas se concentran desde las 19.00 horas de este lunes en la plaza Sant Jaume de Barcelona, en una protesta a la que también han asistido la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresident de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, en representación de las entidades convocantes.

Tras desplegar la pancarta ante los medios, Torra ha salido del recinto protegido por vallas de seguridad y se ha mezclado entre la multitud.

Siempre acompañado por su pareja, ha cruzado la plaza rodeado de sus guardaespaldas, saludando a la gente y dejando atrás el Palau de la Generalitat que ha dirigido los últimos dos años.

El presidente del comité de empresa de la planta de Alcoa, José Antonio Zan, ha avanzado que demandará a la empresa que se amplíen las negociaciones con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para la venta de la planta, pero ha insistido en que rechaza la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), al igual que un expediente de regulación de empleo (ERE), al considerar que supondría un "despido en diferido" para los trabajadores.

Así lo ha trasladado durante el segundo receso de la mesa negociadora con Alcoa, que se celebra en Nigrán (Pontevedra), donde ha detallado que se ha parado de nuevo la sesión para analizar la información relativa al ERTE planteado por Alcoa que esta misma les envía por correo electrónico. De este modo, ha criticado que no haya propuesto esta medida en el marco de la mesa de negociación.

Precisamente, durante el primer receso, Zan denunció que Alcoa intentó condicionar la venta de la fábrica a la SEPI a la aplicación de un ERTE o un ERE a los trabajadores sin informar a estos de ello, una información que se les trasladará finalmente por correo electrónico.

"El ERTE en la planta de aluminio significa lo mismo que el ERE porque es parar cubas y, si paras las cubas, matas la planta igual (...). Es un despido en diferido", ha denunciado Zan.

Además, el presidente del comité de empresa ha señalado que la representación de los empleados volverá a reclamar que se atiendan los dos requerimientos de la autoridad laboral y que se paralice el ERE para dar tiempo a alcanzar un acuerdo con SEPI.

Así, ha demandado que Alcoa dé un plazo de "15, 20 días o un mes" para lograr un acuerdo con SEPI al entender que los términos de la propuesta son "razonables". También ha vuelto a acusar a la empresa de no querer negociar, sino "importar el total de aluminio de Arabia Saudí y otras plantas".

En la medianoche de este domingo finalizó sin acuerdo el plazo de seis semanas que se dieron Alcoa y Liberty House para negociar la venta de la factoría. En este contexto, este lunes ha tenido lugar la última reunión (telemática) de la mesa multilateral de información sobre la evolución del proceso.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado que el fin de las vacaciones y el comienzo del curso escolar ya se está observando en las cifras del COVID-19, pero ha puntualizado que "no está teniendo un impacto excesivo".

En rueda de prensa tras la reunión con los responsables de la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, Simón ha explicado que la positividad media nacional es del 11,5 por ciento, aunque varía entre Madrid con casi un 21 por ciento y otras comunidades autónomas más cerca de la media.

"La situación en España es muy variable y por tanto las actuaciones tienen que ser también variables. enemos un total de 24 provincias en las que se observa una estabilización y sobre todo un descenso claro en la incidencia en las últimas semanas", ha apostillado.

Ahora mismo, en España existe una incidencia media de 290 casos por 100.000 en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. "De todos los casos sospechosos se hace prueba diagnóstica por encima del 94 por ciento, se sigue actuando con una contundencia muy importante. La letalidad sigue siendo muy baja, estamos en letalidades alrededor del 1 por ciento, somos capaces de detectar un gran número de los casos reales que hay en nuestro país", ha agregado.

El portavoz de Sanidad ha señalado, en cualquier caso, que los casos son más leves que en marzo o en abril, pero que ahora mismo, el sistema asistencial "se está saturando". A nivel nacional, la ocupación del COVID-19 es el 9,6 por ciento de camas.

Desde el 11 de mayo, se han notificado 11.886 casos confirmados en personal sanitario. Con fecha de diagnóstico en los últimos 14 días, son 2.488, de los que 1.036 han iniciado síntomas en las pasadas dos semanas. En los centros sanitarios o sociosanitarios se han infectado un 20 por ciento de ellos.

La Comunitat Valenciana ha registrado 438 nuevos contagios de coronavirus desde la última actualización del sábado y cinco fallecimientos desde el viernes, uno de ellos un residente de un centro de mayores. Asimismo, se contabilizan 17 brotes más, dos de ellos, los más numerosos, de 12 y 15 casos en Onda (Castellón), de origen social y laboral.

Según el balance de la evolución del virus de este martes de la Conselleria de Sanidad, la Comunitat Valenciana continúa con la incidencia acumulada más baja del país, tanto en los últimos 14 días (101,12 casos por cada 100.000 habitantes) como en los pasados siete días (37,29 casos por cada 100.000 habitantes).

La consellera, Ana Barceló, ha señalado en un comunicado que aunque los datos son "optimistas", "no debemos bajar la guardia y tenemos que seguir cumpliendo con todas las medidas de seguridad para evitar que el virus se extienda".

Sanidad ha registrado 1.210 altas a pacientes con coronavirus desde la última actualización, por lo que se superan ya las 40.000 personas (40.973) que han superado la enfermedad en la Comunitat Valenciana, de ellas 4.732 son de Castellón, 13.299 de Alicante y 22.909 de Valencia. Además, hay 33 altas no asignadas.

Los 438 nuevos contagios de coronavirus confirmados por prueba PCR sitúan la cifra total de positivos en 39.222 personas: 25 en Castellón (4.277 en total); 205 en Alicante (13.153 en total), y 208 en la provincia de Valencia (21.786 en total). Además, continúa habiendo seis casos sin asignar.

De esta forma, en estos momentos hay activos 5.935 casos, lo que supone un 12,23% del total de positivos. Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 458 personas ingresadas, 74 de ellas en las Unidades de Cuidados Intensivos. Estas cifras suponen una reducciónrespecto a la semana pasada de un 8% en el caso de los hospitales y algo más de un 6% en las UCI.

Por provincias, 69 personas están en Castellón, con 9 pacientes en UCI; 151 en la provincia de Alicante, 34 de ellos en la UCI; y 238 en la provincia de Valencia, 31 de ellos en UCI.

Por otro lado, se han registrado cinco fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones es de 1.630 personas: 241 en la provincia de Castellón, 565 en la de Alicante y 824 en la de Valencia.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus asciende a 1.089.594, de las que 939.387 han sido a través de PCR y 150.207 mediante test rápido.

RESIDENCIAS

A fecha de este lunes, hay algún caso positivo en 41 residencias de mayores (una en la provincia de Castellón, 12 en la de Alicante y 28 en la de Valencia); en cinco centros de personas con diversidad funcional (dos en la de Alicante y tres en la de Valencia) y tres centros de menores (uno en la provincia de Alicante y dos en la de >Valencia).

Desde el sábado hay nueve nuevos residentes positivos, once trabajadores y un usuario fallecido. Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario siete residencias en la Comunitat Valenciana: dos en la provincia de Alicante y cinco en la de Valencia.

En cuanto a los nuevos brotes, además de los dos de Onda, hay cuatro en valència, con entre tres y seis casos --dos de origen social y dos laboral--; dos en Vinaròs con cuatro casos cada uno, socia y laboral; uno de seis casos en Alcoi (social); Benitatxell/ Poble Nou (3); Càlig (3); La Pobla de Vallbona (3); Orihuela (4) --laboral; Peníscola (3); Sagunto (3); Sax (8) --laboral-- y Vilallonga (4).

Renfe implantará en toda la red de Cercanías el sistema 'Cronos' para el acceso y pago directo en los tornos con tarjeta bancaria sin contacto (contactless), según ha informado hoy el presidente de Renfe, Isaías Táboas, en la reunión del consejo de administración.

El sistema, que se aplica en el Núcleo de Cercanías de Málaga desde el pasado 27 de julio, permite a los usuarios de Cercanías acceder directamente al tren con sólo aproximar la tarjeta (física o virtualizada en un dispositivo móvil), al punto de lectura (EMV) de los tornos o canceladoras, sin necesidad de adquirir previamente el billete en taquillas o máquinas autoventa.

Esta nueva forma de pago, pionera en el acceso al transporte con tarjeta bancaria en España, constituye una solución innovadora y eficaz, y favorece la movilidad sin barreras idiomáticas, sin que el viajero precise un conocimiento previo de los distintos tipos de título de transporte, explica la compañía.

De esta manera, el sistema 'Cronos' permite acceder al andén de una forma más rápida y cómoda, ya que el viajero reduce tiempos, evitando colas para obtener el billete, al tiempo que supone un sistema de pago más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, por el ahorro de papel que conlleva no generar el título de transporte o el ticket correspondiente.

Además, reduce el riesgo de posibles contagios al evitar el uso de efectivo y el contacto físico, y reducir el tiempo en el que los viajeros permanecen en la estación para adquirir sus billetes y para pasar por los tornos.

Este sistema, sólo válido para billete sencillo, admite tarjetas de crédito o débito, siempre que sean sin contacto. Para hacerlo posible, Renfe adaptará tecnológicamente todas las estaciones de Cercanías con la instalación de lectores EMV (Europay, Mastercard y Visa), para el pago con tarjetas con chip sin contacto. Se mantiene la opción, en caso de que la tarjeta no funcione correctamente o no sea la adecuada, de obtener el billete en taquillas o máquinas autoventa.

DOBLE VALIDACIÓN DE LA TARJETA

El viajero está obligado a validar la tarjeta bancaria al iniciar el viaje y al finalizarlo, pasándola por el torno o canceladora correspondiente, para determinar el trayecto realizado y, por tanto, el importe a abonar. Si no se valida la tarjeta al inicio o al final del trayecto, el sistema cargará el importe correspondiente al doble de un billete sencillo del máximo de número de zonas de cada Núcleo de Cercanías.

El sistema permite un número ilimitado de accesos mediante tarjeta bancaria, siempre que todos los viajeros se desplacen con el mismo origen y destino y que la validación a la entrada y a la salida se realice con la misma tarjeta o dispositivo.

De manera simultánea a la puesta en servicio del sistema 'Cronos', Renfe dotará a los tornos de las estaciones de Cercanías con lectores de código QR, que permiten la lectura de billetes del Combinado Cercanías, sin necesidad de la obtención previa del billete.

El Combinado Cercanías permite utilizar de forma gratuita el servicio de Cercanías en cualquier Núcleo de España, antes del inicio y tras la llegada en tren Ave o Larga Distancia a destino. A partir del momento en que se implanten los lectores de código QR, no será preciso la obtención previa del billete de Cercanías.

Los lectores de código QR instalados en los tornos de las estaciones permiten la lectura del código de barras impreso en cada billete de Ave, evitando la adquisición previa del billete de Cercanías.

EL PRECEDENTE DE MÁLAGA

El Núcleo de Cercanías de Málaga es pionero en esta nueva forma de viajar con un sistema de pago seguro, similar al de cualquier otra transacción bancaria en un comercio, ya que Renfe no almacena datos personales contenidos en la tarjeta financiera.

Cada vez que el usuario abona uno o varios billetes sencillos con una tarjeta bancaria sin contacto, se realiza el cargo correspondiente a la tarifa en vigor y al número de zonas por las que ha viajado, que podrá comprobar en el extracto de movimientos de su cuenta bancaria. La operación de pago se realiza a través de la plataforma bancaria RedSys.

El Congreso de los Diputados ha instado este lunes al Gobierno a aprobar un Plan de Digitalización e Inteligencia Artificial que aborde la reducción de la brecha digital y de aprendizaje, en colaboración con las comunidades autónomas, con la finalidad de garantizar el derecho de todos a la educación y la igualdad de oportunidades, asegurando la continuidad educativa a distancia del alumnado para que siga aprendiendo en las mejores condiciones posibles.

La propuesta es resultado de una enmienda transaccional entre el PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox, que habían presentado sus respectivas Proposiciones No de Ley (PNL) en la Comisión de Educación del Congreso de este lunes, todas ellas relativas a la digitalización en las aulas, y ha sido aprobada con 33 votos a favor, contando únicamente con el voto en contra de ERC, PNV y Bildu.

Concretamente, dicho Plan de Digitalización e Inteligencia Artificial deberá incluir: el diseño y puesta en marcha de programas de radio y de una televisión educativa con canales en abierto que ofrezcan una formación adecuada a las distintas etapas educativas, para áreas del país sin Internet o sin televisión por cable; el impulso de propuestas y proyectos de acuerdos con las empresas de telecomunicaciones, sector tecnológico, así como entidades educativas para eliminar o reducir al máximo el coste de acceso a los recursos educativos online; y el avance en la plena interoperabilidad didáctica de los sistemas.

Asimismo, insta a trabajar en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para que desarrolle programas que ofrezcan soluciones que permitan el acceso a Internet al 100% de la población; a coordinar y colaborar con las comunidades autónomas actuaciones dirigidas a establecer las condiciones necesarias para fomentar la educación digital y reducir la brecha digital y de aprendizaje en los siguientes ámbitos y con las siguientes acciones.

En relación al alumnado: fomentar la colaboración con las comunidades autónomas para garantizar que todo el alumnado tenga acceso a un equipamiento tecnológico necesario (hardware y software) para uso educativo, con especial atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo; velar por el aprendizaje digital del alumnado con discapacidad, migrantes, que viven en centros de protección y los niños y niñas de etnia gitana; y mejorar la competencia digital del alumnado para garantizar el uso adecuado del contenido educativo.

Y en relación al profesorado: poner en marcha un plan especial de formación para los docentes en capacitación TIC sobre metodologías de enseñanza activas; promover que todo el profesorado obtenga el reconocimiento de la competencia digital docente dentro del Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente; capacitar digitalmente y potenciar la acción de todos los servicios educativos de apoyo en colaboración con las administraciones educativas de las comunidades; crear materiales educativos abiertos tanto digitales como audiovisuales y desarrollar itinerarios didácticos para la educación a distancia; e impulsar políticas de cooperación territorial a través del Instituto Nacional de Tecnologías educativas y de Formación del Profesorado (INTEF).

En relación al entorno familiar: poner en marcha recursos educativos y acciones de formación dirigidas a las familias y otros agentes de la comunidad educativa con el objetivo de formarles en competencia digital; y promover el acompañamiento a las familias en el proceso formativo digital de sus hijos.

En relación a la sociedad civil: fomentar la participación de la sociedad civil, a través del mecenazgo, para que al menos el alumnado que cursa la enseñanza básica tenga acceso a un dispositivo digital.

Y en relación al uso y acceso a las nuevas tecnologías: potenciar la investigación sobre el uso y el acceso a las nuevas tecnologías de los niños y adolescentes con una perspectiva de equidad, haciendo especial hincapié en las características y necesidades particulares de los estudiantes en desventaja cultural, social, económica o personal (discapacidad); adoptar medidas y programas para que toda la comunidad educativa haga un uso responsable y adecuado de los medios digitales garantizando en todo momento la protección de la infancia y la adolescencia frente al ciberacoso y otros delitos informáticos.

Además de instar a que apruebe un Plan de Digitalización e Inteligencia Artificial, el Congreso pide al Ejecutivo elaborar un protocolo o guía de actuaciones educativas en colaboración con las comunidades ante cualquier posible suspensión de la actividad presencial; elaborar un nuevo plan de conectividad que tenga en cuenta las necesidades de Infraestructuras de telecomunicaciones en todo el territorio; apostar por los Recursos Educativos Abiertos (REA) en el proceso de aprendizaje, impulsando su incorporación en convivencia con los libros de textos; y apostar por el uso de herramientas educativas de difusión libre como medida de autonomía y ahorro.

RECHAZO AL MIR DOCENTE

Durante la Comisión se han debatido otras PNL, como es el caso a la relativa a impulsar la elaboración de una Ley de Ordenación General de la Profesión Docente, que ha sido rechazada por 21 votos frente a 15 a favor.

La Proposición No de Ley (PNL), presentada por el PP y que finalmente ha sido sustituida por una enmienda transaccional del PP, Cs y Vox, pedía al Ejecutivo la elaboración de un Proyecto de Ley de Ordenación General de la Profesión Docente que contemplase un nuevo modelo de sistema de acceso a la profesión docente y un diseño básico de la carrera profesional que considere la evaluación, la formación, los incentivos, la promoción y el desarrollo profesional.

En concreto, el documento pedía un sistema de acceso a la función docente inspirado en el MIR sanitario, que garantizase como criterios de selección el mérito y la capacidad; estuviese basado en el esfuerzo, la vocación y la implicación personal; y comportase la superación de una prueba de selección nacional, que incluyese las materias específicas de cada asignatura, seguida de una fase de formación de postgrado, de carácter teórico-práctico, que habilitase a los candidatos para el ejercicio de la profesión.

El documento también incluía reforzar los sistemas de formación permanente del profesorado en ejercicio, que se articularía en torno a: la formación para la atención a los alumnos con necesidades educativas específicas de apoyo educativo; la formación en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación; la formación en lenguas extranjeras; y la actualización científica y didáctica en las distintas áreas, asignaturas o materias así como en la organización y dirección de los centros, en la coordinación didáctica, en la orientación y en la tutoría.

La Comunidad de Madrid comenzará este martes a realizar los test de antígenos de coronavirus a los vecinos de la Zona Básica de Salud (ZBS) de Puente de Vallecas, una de las áreas sanitarias con restricciones por registrar una mayor transmisión del Covid-19.

Esta medida, que se extenderá a las 45 zonas con restricciones de movilidad y actividad, se enmarca en la estrategia del Gobierno regional para detectar a población asintomática y cortar las cadenas de transmisión en los lugares con mayor incidencia de coronavirus.

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, teniendo como referencia las zonas básicas de salud, ha establecido como criterios para aplicar restricciones la incidencia acumulada en los últimos 14 días superior a 1.000 casos por 100.000 habitantes; la incidencia acumulada en los últimos 14 días con una tendencia estable o creciente; y la contigüidad geográfica que facilite el control perimetral de la movilidad.

El dispositivo para la realización de las pruebas está formado por profesionales del SUMMA 112, de centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, del SAMUR-Protección Civil, de la entidad municipal Madrid Salud y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha precisado la Consejería de Sanidad en un comunicado.

También se cuenta con la colaboración de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital para los casos positivos que precisen de recursos sociales a la hora de guardar el aislamiento, así como de la Policía Municipal en el control de acceso a las pruebas.

Será requisito esencial para que el ciudadano pueda realizarse el test de antígenos haber recibido los mensajes de texto en el teléfono móvil, indicando la hora a la que tiene que acudir, con objeto de evitar esperas innecesarias y aglomeraciones. Además, se debe portar la tarjeta sanitaria individual.

RESULTADOS EN 15 MINUTOS

Una vez que se le realice el test al usuario que ha sido citado, se le hará pasar a una sala de espera para, pasados unos 15 ó 20 minutos, comunicarle el resultado.

En caso de infección positiva, se le solicitará que se aísle durante diez días en su domicilio y se le proporcionará información para guardar las medidas higiénicosanitarias correspondientes durante la cuarentena.

A través de la Dirección General de Salud Pública, para la primera jornada se han citado, a través de un mensaje SMS, a casi 1.000 vecinos de Puente de Vallecas para la realización de la prueba en el centro cultural Lope de Vega, unas instalaciones municipales de Entrevías.

Se trata de población que no presentan síntomas ya que, en las citaciones, se ha descartado a los ciudadanos que, previamente, han resultado con infección positiva.

Las pruebas de test de antígenos proseguirán el miércoles en otros puntos de Puente Vallecas, así como en otras zonas de mayor transmisión de Covid-19 en la región.

El Gobierno regional hará las pruebas de manera progresiva y priorizando las zonas con mayor incidencia, para lo que se ha analizado la evolución epidemiológica incluso por secciones censales.

574 EFECTIVOS DE GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL

A través de los mecanismos de coordinación establecidos en el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM) y de la Unidad Técnica del Grupo Covid-19 puesto en marcha con el Gobierno central, el Ejecutivo regional ha solicitado la colaboración de 574 efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para toda la región.

Estos efectivos llevarán a cabo labores de control de las áreas sanitarias afectadas, seguimiento de las cuarentenas establecidas tras los casos positivos detectados e información a la población de las medidas de restricción de movilidad y actividad establecidas.

El número de agentes responde, según precisan desde el Gobierno regional, a las necesidades trasladadas por parte de los distintos municipios de la Comunidad de Madrid a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas.

Respecto a la UME, el pasado viernes el Ministerio de Defensa puso a disposición de la Comunidad de Madrid los servicios del Primer Batallón de Intervención en Emergencias, que se encargará de las labores de desinfección en infraestructuras públicas y de poner en marcha la logística necesaria para el propio dispositivo de las pruebas.

5 MILLONES DE TEST

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, anunció la semana pasada que la Comunidad de Madrid había adquirido 5 millones de unidades de estos test de antígenos.

"Se trata de una prueba rápida de detección de antígenos del coronavirus, con una sensibilidad superior al 93 por ciento y una especificidad superior al 99 por ciento", explicaba el viceconsejero sobre estas pruebas, que ya se han incorporado en los servicios de urgencias de los hospitales y a lo largo de esta semana lo harán en Atención Primaria.

Este método de diagnóstico rápido ofrece el resultado en 15 a 20 minutos, y la semana pasada el Ministerio de Sanidad lo incluyó como herramienta rápida de diagnóstico y cribado de la Covid-19, equiparándolos a la prueba PCR.

La asociación 'La España que reúne', que integra entre otros a varios exdirigentes socialistas como Joaquín Leguina, Nicolás Redondo o César Antonio Molina, ha acusado este lunes al Gobierno de deslealtad al Rey y de interferir gravemente en el poder judicial, por vetar la participación de Felipe VI en la entrega de despachos a jueces en Barcelona y por "amparar con su silencio" la estrategia de "acoso y derribo de Podemos contra la Constitución del 78" y contra el monarca.

Así lo ponen de manifiesto en un comunicado, en el que rechazan en concreto las "calumnias" y la "deslealtad" del ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, al acusar al Rey de no ser neutral y de actuar contra el Gobierno por llamar al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para trasladarle que le hubiera gustado asistir. También reprueban las palabras del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por respaldar, a su juicio, a su compañero de Unidas Podemos.

Por todo ello, piden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "reconduzca la crisis institucional que han provocado sus ministros, desautorice sus declaraciones y expresamente cese al ministro Garzón".

Al obstruir sin explicación válida ni creíble que el Jefe del Estado participara en una ceremonia que simboliza ante todo la independencia de los jueces, el Gobierno ha interferido gravemente en otro de los poderes del Estado", comienza el texto que han hecho público este lunes, y que recoge Europa Press.

Asimismo, critican que "el necesario refrendo de los actos del monarca por el presidente y los ministros se ha pervertido al utilizarse como un arma política con la que entorpecer su papel de garante del funcionamiento regular de las instituciones y de símbolos de la unidad y permanencia del Estado".

Y tras cargar contra las afirmaciones de Garzón y Iglesias, esta asociación critica que "todos los demás miembros del Consejo de Ministros amparan con su silencio este incumplimiento de la lealtad al Rey que adoptaron al prometer sus cargos".

"Ambas declaraciones vuelven a poner en evidencia la estrategia de acoso y derribo de Podemos contra la Constitución del 78 y contra el Rey Felipe VI", denuncian a continuación, al tiempo que señalan que "la coalición de Podemos con los independentistas de Cataluña y País Vasco trasciende el día a día del gobierno".

AVISAN DE LOS "INTERESES RUPTURISTAS" DE PODEMOS

A su juicio, "no les importa la situación económica y social que ha provocado la pandemia", sino "dirigir la situación hacia sus intereses rupturistas". "Hoy constatamos la imposibilidad de una acción de gobierno reformista, moderada, moderna y europeísta con un partido neocomunista integrando el ejecutivo", aseguran.

En este sentido, apelan "a la responsabilidad de los partidos constitucionales" y, en concreto, al PSOE, a "que resuelva las incertidumbres de la política española provocadas por una coalición que parece más atenta a su programa ideológico que a gobernar, a su proyecto partidario que a enfrentar los gravísimos problemas sociales y económicos que ha provocado la pandemia".

"La política ideologizada del gobierno de coalición se ha convertido en el primer y mayor obstáculo para la solución de los gravísimos problemas que tienen a la sociedad española atemorizada por un presente gravísimo y un futuro que ya se nos insinúa tenebroso", advierten.

Además del exlíder del PSE Nicolás Redondo, el exministro César Antonio Molina o el expresidente madrileño Joaquín Leguina, forman parte de esta asociación el exsocialista José María Múgica --hijo del dirigente socialista Enrique Múgica asesinado por ETA--; el jurista y cofundador de Ciudadanos Francesc de Carreras; el ex primer ministro francés y ahora concejal de Barcelona Manuel Valls; la catedrática Mercedes Fuertes; o el ex eurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciado que suministrarán 120 millones de test rápidos a países de pequeños y medios ingresos, en los próximos seis meses, por un precio máximo de 5 dólares la unidad (4,29 euros), como parte de una "estrategia vital" contra la Covid-19.

"Esto permitirá la expansión de las pruebas sobre todo en áreas de difícil alcance, en aquellas zonas que no cuentan con instalaciones de laboratorio o lo suficientemente capacitados con profesionales sanitarios para llevar a cabo las pruebas de PCR", ha señalado en una rueda de prensa celebrada este lunes en Genova.

Acompañado por la doctora Catharina Boehme, directora ejecutiva de la Fundación para nuevos diagnósticos innovadores (FIND) y el director ejecutivo del Fondo Mundial, Peter Sands, han destacado que pata conseguirlo se han desarrollado acuerdos de garantía de volumen entre dos fabricantes y laFundación Bill y Melinda Gates, que harán que estas nuevas pruebas de diagnóstico rápido, "altamente portátiles y fáciles de usar, estén disponibles en un período de seis meses.

"Aunque hemos avanzado muchísimo todavía quedan muchos desafíos para llegar a todos aquellos que necesitan las pruebas, y para reducir el precio de estas; y para ello necesitamos cubrir la financiación", ha señalado Boehme, quien ha destacado la necesidad de que los países sigan invirtiendo en el programa 'ACT-Accelerator' de la OMS.

En el mismo sentido, Sanda ha señalado que "poner en marcha diagnósticos rápidos será un paso muy importante para permitir a los países que puedan contener y luchar contra la Covid. Esto permitirá a los países de ingresos bajos y medios el comenzar a cubrir la dramática brecha de pruebas existente entre los países ricos y los pobres".

"Llevar 120 millones de pruebas en seis meses supone un aumento impresionante con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora", ha advertido, recordando que los test son una de las herramientas que los Gobiernos pueden usar contra la Covid-19.

Desde la organización han señalado que se trata de una prueba de antigenos, con una rapidez de detección de 15 minutos, lo que la convierte en "una herramienta muy útil" para romper la cadena de trasmisión del coronavirus.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado este lunes la publicación del borrador del IV Plan de Gobierno Abierto en el Portal de la Transparencia, un trámite que abre el proceso de consulta pública que durará tres semanas con el objetivo de aprobarlo previsiblemente en el mes de octubre.

Darias también ha destacado la firma de un convenio internacional sobre acceso a documentos públicos y la propuesta en breve de una candidatura a la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que deberá someterse a la consideración de la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados.

Este borrador, según ha destacado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en un comunicado, contiene "compromisos ambiciosos" como la reforma de la Ley de Transparencia, la implantación de la huella normativa, la puesta en marcha de laboratorios de innovación y participación ciudadana, el establecimiento de sistemas preventivos de integridad, la regulación de los lobbies y la protección de denunciantes.

Además, todo ello estará acompañado de buenas prácticas sectoriales en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) y medidas de formación, sensibilización y comunicación social.

En la inauguración del V Congreso Internacional de Transparencia y Acceso a la Información, junto al rector de la UNED, Ricardo Mairal, y el director del encuentro, el profesor Manuel Sánchez de Diego, Darias ha indicado que el alcance de la reforma se perfilará en los procesos de consulta y audiencia pública. "Nuestro propósito es profundizar en las cuestiones más demandadas por la sociedad civil y por la ciudadanía", ha explicado.

Según ha apuntado la ministra, el balance global del III Plan de Gobierno Abierto, que finalizó en junio de 2019, ha sido el de la cooperación. "A diferencia de los anteriores planes, por primera vez en España el último Plan fue un logro del consenso del trabajo conjunto de las administraciones públicas y de estas con las organizaciones de la sociedad civil", ha recalcado.

Estos avances, ha añadido, han de afrontar el diseño del IV Plan apostando en mayor medida por la participación y la colaboración, "para conformar una estrategia de todos y para todos", fruto del consenso y del acuerdo, y que tenga un enfoque más ambicioso en los compromisos, en línea con las demandas de la sociedad civil y de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

DURACIÓN DE CUATRO AÑOS

El proceso de diseño del IV Plan se ha desarrollado según las directrices acordadas en la Comisión Permanente del Foro y en la Comisión Sectorial, que recogen los objetivos para desarrollar el proceso participativo, criterios para valorar las propuestas recibidas en el proceso de consulta abierto a la ciudadanía, o la propia vigencia del nuevo plan que, a diferencia de los anteriores, que eran bienales, tendrán una duración de cuatro años.

La ministra ha subrayado que "el trabajo conjunto y el consenso" ha aportado dos importantes novedades. La primera, la celebración de "talleres deliberativos con la sociedad civil" para valorar "las propuestas ciudadanas y priorizar su incorporación al Plan". Y por otra parte, también se han incorporado "iniciativas innovadoras" de las administraciones autonómicas y locales, a través de la FEMP.

REFORMA DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

Darias ha señalado que el Gobierno reformará esta legislatura la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de 2013, para "avanzar en la ampliación de las obligaciones de publicidad activa, aumentar las garantías en el ejercicio del derecho de acceso a la información, incrementar la actividad de los órganos garantes, como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, e impulsar la participación ciudadana en las políticas públicas".

Asimismo, en el calendario normativo para este semestre, la ministra ha indicado que el Gobierno aprobará el reglamento de la Ley de Transparencia.

Además, Darias ha anunciado la próxima tramitación del expediente para que el Consejo de Ministros autorice la firma de adhesión del Reino de España al Convenio del Consejo de Europa, sobre el acceso a documentos públicos de 18 de junio de 2009. Se trata del primer instrumento jurídico internacional de alcance general que tiene por objeto reconocer el derecho general de acceso a los documentos oficiales en poder de las autoridades públicas.

También el Ministerio propondrá en breve a la persona candidata a la Presidencia del Congreso de Transparencia y Buen Gobierno, que tendrá que someterse a la consideración de la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados y obtener el respaldo necesario para su posterior nombramiento por el Consejo de Ministros.

RÉCORD DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA

La ministra ha compartido en este congreso la importancia del Portal de la Transparencia en España con datos. El número acumulado de solicitudes de acceso a la información a 31 de agosto suma 31.606, el 93,2% con tramitación finalizada. El crecimiento se produce cada año: 260 solicitudes mensuales de media en 2015 y 2016, que pasaron a 350 en 2017 y a casi 500 en 2018. El incremento fue mayor en 2019, con 620 solicitudes de media al mes.

El año 2020 registra cifras récord, con 859 solicitudes mensuales de media. Solo en agosto se han recibido 1.657 solicitudes de acceso a información, de estas, más de 1.000 corresponden a la tramitación de peticiones del Ingreso Mínimo Vital.

El PP llevará este miércoles al Pleno del Congreso su plan de choque para afrontar la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19, centrado en la rebaja de la presión fiscal, con una bajada del Impuesto sobre Sociedades a las empresas por debajo del 20% y la supresión de tres impuestos: el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Patrimonio y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas.

Asimismo, llama a aprobar exenciones fiscales a empresas afectadas la pandemia, un aumento del período de carencia en los créditos del ICO, una nueva 'Ley Beckham' de incentivos fiscales y una modalidad de contratación bonificada de personas desempleadas por la crisis.

Todo ello en la moción consecuencia de la interpelación dirigida a la vicepresidenta Nadia Calviño en la última sesión de control al Gobierno, y que los 'populares' completan con medidas en el mercado laboral, la formación y el facilidades para las empresas.

"AUTOPISTA ADMINISTRATIVA" PARA EMPRESAS Y PLAN DE RELOCALIZACIÓN

Para estas, proponen un plan de captación de empresas deslocalizadas y "grandes empleadores"; facilitar "una autopista administrativa para que una empresa pueda crearse en cinco días"; transformar el sistema de licencia previa por el de declaración responsable; la eliminación de "trabas fiscales, burocráticas y laborales" en una Ley de crecimiento empresarial; potenciar la Ley de segunda oportunidad; y la armonización de normas en otra de unidad de mercado.

En el mercado de trabajo, mantener la reforma laboral de 2012, ampliar los ERTE con vinculación a itinerarios formativos, especialmente en sectores más afectados, como el turismo y la hostelería, ampliar la tarifa plana para autónomos --"a ingresos cero, cuota cero"--, y una regulación del teletrabajo.

Para la Administración, el PP plantea su "racionalización, digitalización y eficiencia", una carrera funcionarial con incentivos y menos estructura, "empezando por el Gobierno", especifican.

POR CADA NUEVA LEY, DEROGAR DOS

En materia de formación, los 'populares' defienden impulsar la FP dual en Educación Secundaria, la participación de la empresa en la Universidad, garantizar el bilingüismo, materias de emprendimiento, las llamadas STEM tecnológicas y científicas, orientar los currículos, titulaciones y plazas a la demanda laboral y realizar "evaluaciones públicas nacionales" a lo largo de toda la etapa educativa.

Finalmente, como recetas para mejorar la competitividad, plantean fomentar la reindustrialización y el abaratamiento de la energía, respaldar la internacionalización de las empresas, apostar po la economía circular, la sostenibilidad y el sector primario, potenciar la digitalización de empresas, el 5G y el fomento de 'start ups' y garantizar seguridad jurídica, a través de la despolitización de organismos reguladores y la simplificación de la regulación, "con el compromiso de derogar dos normas por cada norma que se apruebe".

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza, a propuesta del alcalde, Jorge Azcón, y de los portavoces de los grupos municipales, ha acordado, por unanimidad, la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a los sanitarios y, entre otros nombramientos, figura el de Hijo Predilecto al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

El acto de entrega de distinciones de la ciudad se trasladará a un pleno municipal que se celebrará en el próximo mes de noviembre para desvincularlo del tradicional acto de las fiestas del Pilar, que este año se han suspendido por la pandemia de coronavirus.

Asimismo, se entregará el título de Hijo Predilecto al Cuerpo de Policía Local de Zaragoza; el de Hijas Predilectas a las Víctimas del COVID-19 en Zaragoza; y el de Hijos Predilectos al colectivo de Detallistas Mercados de Zaragoza. Por su parte, se concederán los títulos de Hijo Adoptivo a título póstumo al cantautor Joaquín Carbonell y a Monseñor Miguel Olaortúa Laspra.

MEDALLA DE ORO

Se propone la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a los profesionales sanitarios, tanto en el ámbito público como en el privado, por su trabajo "encomiable". Son quienes han hecho, y siguen haciendo, el mayor esfuerzo ante la pandemia y quienes han sufrido la mayor tasa de contagio.

Los profesionales sanitarios y los de los servicios auxiliares "se enfrentan a la enfermedad en la primera línea de batalla, dando lo mejor de sí mismos para cumplir su misión, la de salvar todas las vidas posibles y cuidar de la salud de todos los ciudadanos", según consta en el expediente que se tramitará tras el acuerdo de la Junta de Portavoces.

PREDILECTOS

Se propone como Hijo Predilecto al Cuerpo de Policía Local de Zaragoza, en nombre de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por su trabajo durante la pandemia y por su "entrega, sacrificio y profesionalidad" durante los 365 días del año desde 1850, cuando bajo el nombre de Cuerpo de Guardia Municipal, comenzó su labor en Zaragoza.

"Su labor durante la pandemia se ha caracterizado por su cercanía. Han atendido las dudas de los ciudadanos, han velado por la seguridad en nuestras calles, inclusive cuando estaban vacías, y han mostrado su cara más humana, asumiendo tareas en ocasiones que no les pertenecían. Han dejado atrás horas con sus familias, expuestos al virus, por y para el bien común".

También se propone como Hijos Predilectos a las víctimas del COVID-19 en Zaragoza, a las personas que han perdido sus vidas y sus familias, "quienes a la siempre temible experiencia de la muerte, han tenido que añadir las circunstancias especialmente dolorosas, por las necesarias medidas de prevención y aislamiento, en las que son atendidos los enfermos y enterrados los fallecidos".

En la Comunidad Autónoma de Aragón suman más de mil víctimas, una gran parte de ellas fallecidas en los hospitales de la ciudad.

Se propone, asimismo, como Hijo Predilecto al colectivo de Detallistas de los Mercados de Zaragoza, tanto públicos como privados, un total de 40 mercados que emplean a casi mil personas, de las que 428 son detallistas.

La elección se ha hecho porque este colectivo ha estado en primera línea prestando sus servicios a la ciudadanía durante la pandemia, a pesar de las circunstancias tan adversas que está viviendo la ciudad. Los detallistas han estado trabajando y comprometiéndose para seguir prestando servicio a la ciudad en momentos de mayor incertidumbre.

FERNANDO SIMÓN

Se propone como Hijo Predilecto a Fernando Simón (Zaragoza), médico epidemiólogo, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, conocido por su actuación de portavoz del comité especial sobre la enfermedad del virus ébola en España en 2014 y como portavoz del Ministerio de Sanidad contra la pandemia de enfermedad por coronavirus en España 2020.

Se licencia en Medicina por la Universidad de Zaragoza y se especializa en epidemiología en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Completa sus estudios con el Programa Europeo de Formación en Epidemiología de Intervención del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades antes de ingresar en el Cuerpo de Médicos Titulares del Estado de España.

ADOPTIVOS

Se propone como Hijo Adoptivo al cantautor, poeta y periodista, Joaquín Carbonell, fallecido el pasado 12 de septiembre por las complicaciones derivadas por coronavirus. Dentro de su extensa trayectoria musical, Carbonell, nacido en Alloza (Teruel), graba más de una decena de discos como cantautor y crea canciones relacionadas con el club de fútbol Real Zaragoza.

Ha trabajado como periodista en El Día de Aragón y ha colaborado en diferentes secciones culturales de El Periódico de Aragón durante más dos décadas. También ha dirigido y presentado varios programas de televisión en TVE en Aragón y, en colaboración con José Miguel Iranzo ha realizado dos documentales biográficos: José Iranzo, el Pastor de Andorra (2007) y José Antonio Labordeta, con la voz a cuestas (2009).

Meses antes de morir había empezado a escribir sus memorias. La ciudad le reconoce a título póstumo su aportación a la cultura aragonesa como uno de los principales cantautores de esta tierra.

Se propone como Hijo Adoptivo al obispo agustino Miguel Olaortúa Laspra (Bilbao), fallecido en Iquitos (Perú) el 1 de noviembre de 2019 a los 56 años. Estudia Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de los padres agustinos en Valladolid y en la Universidad de Deusto. En Italia se licenció en Ciencias de la Educación por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma.

Regresa a España en 1990 e inicia su ministerio sacerdotal en Zaragoza. Durante los más de 20 años que permanece en esta ciudad trabaja en el Colegio San Agustín (Agustinos) y es vicario parroquial de Santa Rita. En febrero de 2011, el papa Benedicto XVI lo nombra vicario apostólico de Iquitos en Perú y también es nombradoobispo titular de la diócesis africana titular de Abir Maggiore. Es consagrado obispo en abril de 2011, en la iglesia de San José de Bilbao.

El entrenador de un club deportivo de Vigo, acusado de abuso sexual a una menor y juzgado en la ciudad olívica, ha negado que hubiera motivación sexual en los tocamientos que realizó a una niña a la que preparaba en la modalidad de taekwondo acrobático, y ha justificado esos contactos alegando que se trataba de "trabajos corporales". "En los trabajos corporales se toca mucho", ha argumentado.

La Fiscalía pide 5 años de cárcel para este hombre al que acusa de haber hecho tocamientos sexuales a la menor, a la que había convocado a unas "clases especiales" en su casa para mejorar su expresividad. Esas clases incluían instrucciones sobre la respiración, movimientos corporales en los que el entrenador se ponía detrás de la niña, y ejercicios en los que le tocaba el cuerpo y le preguntaba si se sentía incómoda.

En el juicio, que se celebra en la sección quinta de la Audiencia Provincial, el procesado ha explicado que ofreció esas clases a la niña, de 15 años de edad, porque "estaba bloqueada y no evolucionaba", y ha negado que los ejercicios tuvieran connotación sexual o que la menor se quejara de que se sintiera intimidada.

Según ha explicado, le tocó en varias zonas del cuerpo y le dijo que se quitara el sujetador, todo ello era para tratar de mejorar su "bloqueo", aunque ha admitido que no hizo esos ejercicios con ningún otro deportista del club porque "no les hacía falta". "Ella era un caso excepcional", ha justificado y ha reconocido que, en ocasiones anteriores, le había preguntado a la alumna por su vida sexual, para "saber en qué estado de maduración y desarrollo estaba".

El acusado ha declarado ante el tribunal que es "difícil" explicar este tipo de ejercicios a personas profanas porque "enseguida es facilísimo pensar otra cosa".

TESTIGOS

En la jornada de este lunes también han declarado algunos compañeros del mismo club deportivo que la víctima. Algunas de las deportistas señalaron que no habían observado comportamientos extraños en el entrenador, y precisaron que a ellas el acusado no las había interrogado sobre su vida íntima ni les había pedido quitarse la ropa interior en ningún ejercicio.

Una de las testigos explicó que se enteró de lo que había pasado por la propia víctima, que se lo confesó en una nota que le entregó en clase. "Le dije que se lo contara a sus padres, porque no me parecía normal", ha explicado, y ha añadido que, dado que a su amiga le daba "vergüenza", fue ella misma la que informó de lo sucedido a su madre.

"COMO UN PADRE"

Otro testigo, un joven deportista del mismo club, declaró ante el tribunal que el acusado era "como un padre" para él, hasta el punto de que se inmiscuía en su vida personal. En un momento determinado, y dado que este joven 'tonteaba' con niñas menores, el entrenador le advirtió de que era "un peligro" y podría llegar a convertirse "en un pederasta" por lo que le aconsejó ir a una terapeuta.

Este testigo explicó que era tal la ascendencia del entrenador sobre él que llegó a ir a una "terapeuta de constelaciones familiares", que el acusado le recomendó para tratar su supuesto problema. "Yo confiaba en él", ha incidido, y ha confirmado que, en su caso, nunca el acusado le hizo insinuaciones sexuales o tocamientos.

La madre de la víctima también ha prestado declaración este lunes, y ha señalado que la "confianza" en el acusado era muy grande. De hecho, ha explicado que llegaba a decirles como educar a la menor, o a advertirles de que la tenían "muy mimada". Incluso, ha apuntado, les alertó contra uno de los deportistas del club, que "podría ser un futuro pederasta".

Esta testigo explicó que, tras las clases particulares que su hija recibió en casa del entrenador, la notó "nerviosa" y que, por ello, pidió a un compañero que estuviera atento por lo que pudiera pasar en los entrenamientos. Precisamente, en uno de esos entrenamientos, al ver que el acusado se llevaba a la menor al vestuario para darle "un masaje", este compañero avisó a la madre, que se presentó en el lugar y sorprendió al entrenador tocando la pelvis de la menor, por debajo de la ropa interior.

Esta mujer ha insistido en que su hija no tenía nada contra el acusado, antes bien, "era la primera en sacar las uñas por él". "Mi hija no es una fabuladora, lo tenía en un pedestal", ha declarado.

Finalmente, en esta jornada también han declarado agentes de la UFAM de la Policía Nacional, que han explicado que la menor era reacia a contar lo que le había pasado, que se mostraba muy nerviosa pero que, en todo caso, su relato era "completamente creíble".