El interrogatorio de los acusados en la macrocausa Poniente que enjuicia una presunta trama de corrupción política y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido (Almería) entre 2002 y 2009 ha dado comienzo este martes tras más de un año de continuos aplazamientos a causa de la pandemia provocada por el covid-19.
Con bastante retraso e interrupciones debido a problemas técnicos con el sonido de la sala habilitada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce para celebrar la vista oral con garantías de seguridad, la magistrada-presidenta del tribunal, Társila Martínez, ha llamado a declarar en primer lugar a José María Marañón, consejero delegado de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) y entonces presidente no ejecutivo de Agua y Gestión de Servicios, mercantil vinculada al denominado Grupo Abengoa.
Elsur, participada en un 70% por la multinacional sevillana y al 30% por el consistorio, está señalada como eje clave de la supuesta red de subcontratas tejida para mediante sobrefacturación detraer supuestamente de las arcas públicas ejidenses casi 71,5 millones de euros.
Las partes estaban citadas a las 10,00 horas para dar comienzo a la sesión, pero finalmente los problemas técnicos que han obligado a hacer hasta dos recesos para solventarlos, han retrasado el inicio a las 13,35 horas.
José María Marañón, quien solo ha respondido a las preguntas de su letrado, ha indicado que, entre los años 2000 y 2013 en los que formó parte del consejo de administración de Elsur, «nunca hubo razón para sospechar que no fueran fiables» los informes que presentaba la dirección general de la empresa mixta o que «los gastos públicos no estuviesen legitimados».
«Las cuentas anuales estaban auditadas y comprobadas por un verificador externo y el grado de conocimiento al detalle que se obtenía en el consejo de administración no alcanzaba a proveedores o al tipo de contrato que se les hacía», ha trasladado para añadir que, «en términos generales, la cuenta de explotación era razonablemente proporcional en ingresos, gastos y resultado».
Ha remarcado el acusado que, en la «información oral» que transmitía el director general, «tampoco hubo razones para sospechar que se estaba haciendo algo ilegal».
José María Marañón ha asegurado, en esta línea, que el nivel de control en Elsur era el «habitual y normal en este tipo de sociedades, donde es casi imposible que el consejo de administración llegue descendiendo a poder controlar tanto contratos como pagos» y ha afirmado que los pagos bajo sospecha de la empresa mixta «fueron legítimos».
«Estaban enmarcados en un contrato, este contrato tenía un alto valor para Elsur y el importe estaba legalmente soportando por el estándar de aplicación industrial», ha dicho al referirse a la supuesta sobrefacturación al tiempo que ha remarcado «que, incluso, tributariamente, la AEAT da la razón al respecto».
Tras este interrogatorio, en el que también ha subrayado que las decisiones tributarias con respecto al IVA y al Impuesto de Sociedades sobre los que pivotan los delitos fiscales imputados a la mayor parte de los enjuiciados, la sala ha previsto que declaren este miércoles otros cinco acusados por su participación en el consejo de administración de Elsur.
Si bien estaba previsto que abriese los interrogatorios el exalcalde de El Ejido Juan Enciso, la Fiscalía Anticorrupción propuso alterar el orden por razones médicas y procesales, y la Sección Tercera de la Audiencia Provincial se avino, por lo que contestarán a las preguntas de las partes en primer lugar los integrantes del consejo de administración de Elsur.
La última suspensión a causa de la incidencia del covid-19 se acordó el pasado día 2 y afectó a las sesiones señaladas para los pasados días 5, 11 y 12 de acuerdo al calendario fijado. La decisión llegó después de que, de nuevo, algunos acusados y letrados comunicasen la imposibilidad de asistir por ser positivos en covid-19 o por estar afectados por cuarentenas obligatorias por contacto estrecho con positivos.
La incidencia del covid-19 ya obligó al tribunal hace más de un mes a suspender ‘in situ’ la sesión por 14 ausencias, nueve de ellas por contagio de coronavirus. Era el enésimo intento de reanudar la vista después de que el estado de alarma decretado en marzo de 2020 obligase a su suspensión ‘sine die’ tras celebrar varias sesiones de cuestiones previas.
Una vez en la desescalada, el tribunal decidió suspender todas las sesiones señaladas para mayo y fijar un nuevo calendario ya que la sala del Palacio de Justicia de Almería en el que se había estado celebrando la vista hasta la declaración del estado de alarma «no reunía las condiciones» de seguridad por el covid-19.
Ante las restricciones obligadas por la pandemia, la Junta ha invertido 44.000 euros en adaptar para celebrar las sesiones el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce. No obstante, algunos letrados han elevado protesta por las «condiciones técnicas» que, en algunos casos, ha obligado «a compartir micrófono» y en otros, según han señalado, a no poder escuchar las intervenciones de tribunal y contrarios.
ONCE AÑOS DESDE QUE EXPLOTÓ LA OPERACIÓN
Han transcurrido casi once años y medio después de que la mayor operación policial y judicial contra la corrupción en Almería explotase con la intervención del Ayuntamiento de El Ejido y la detención de una veintena de políticos y empresarios.
La acusación del Ministerio Público indica que el saqueo de las arcas públicas se realizó «orquestando la creación» de una red de sociedades que se dedicaban a «subcontratar» con la empresa mixta Elsur con «una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública».
La Fiscalía Anticorrupción sitúa en el epicentro de la presunta trama para «aprovechamiento ilícito» al grupo empresarial Abengoa como socio privado de Elsur y le acusa de haberse apoderado de poco más de 31 millones de euros con «sobrefacturación», todo ello, según remarca, «con la connivencia» del exalcalde y del exinterventor municipal, Jose Alemán.
Tras el trámite de cuestiones previas, el Ministerio Público retiró la acusación por los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005 al considerar que habrían prescrito y acordó rebajar las penas de prisión, en algunos casos en más de la mitad, que solicitaba para los principales acusados.
El fiscal Jesús Gázquez estimó parcialmente «por justificadas» las alegaciones realizadas por las defensas, mantuvo, no obstante, los delitos fiscales que imputa respecto a los ejercicios entre 2006 y 2009 ya que señaló que la prescripción quedaría «interrumpida» por una providencia del juzgado instructor de 2011 por la que las «partes tuvieron suficiente información» como para «pensar que la investigación también iba dirigida contra ellos también por delito fiscal».
Tras las modificaciones introducidas en su escrito de calificación provisional y desgranadas en sala, el exalcalde de El Ejido Juan Enciso, y el ex interventor municipal José Alemán se enfrentan a penas que suman 40 años de cárcel frente a los 64 años de prisión solicitados inicialmente al tiempo que ven rebajada la cuantía de las multas de 49 a 23,2 millones de euros.
En total, se les atribuye la presunta comisión de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil, ocho delitos contra la Hacienda Pública en calidad de cooperadores necesarios, un delito de cohecho pasivo propio continuado y un delito de prevaricación continuada.
