La Secretaría General del Congreso ha remitido a la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes la denuncia de Unidas Podemos contra los diputados de Vox por no haber detallado en sus declaraciones de intereses económicos los contratos laborales que han tenido en los últimos cinco años, los regalos recibidos, ni las donaciones efectuadas en ese periodo.

La semana pasada, el grupo confederal solicitó a la Mesa del Congreso que abriera un expediente sancionador a los 52 diputados de Vox porque, a su juicio, no habían cumplimentado convenientemente esas declaraciones de intereses que los parlamentarios tuvieron que registrar, por primera vez, a mediado de febrero, en aplicación del Código de Conducta aprobado por las Cortes el pasado mes de octubre.

En ellas cada miembro de las Cámaras debe consignar detalles como las actividades desarrolladas en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y «que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos», así como los obsequios recibidos o las fundaciones y otras asociaciones a las que hayan contribuido.

Sin embargo, ninguno de los 52 diputados Vox detalló información sobre esto en sus declaraciones y todos optaron por rellenar ese documento de una manera idéntica, señalando que su actividad está siempre al servicio del «interés superior de España» y en ningún caso se puede ver condicionada por otros factores.

POR VULNERACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS CORTES

Así las cosas, Unidas Podemos pidió la apertura de un expediente sancionador a los 52 diputados de Vox por haber «vulnerado» el Código de Conducta de las Cortes, una solicitud que, según han informado fuentes parlamentarias, ha sido remitida a la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes.

Este órgano, dirigido por el letrado Javier Ballarín Iribarren es el encargado de velar por la correcta aplicación del Código de Conducta y debe hacer un informe de oficio sobre las declaraciones de intereses registradas por diputados y senadores.

Eso sí, quien puede solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción del código, especialmente en el caso de conflicto de intereses, es la Presidencia de cada una de las Cámaras, ya sea de oficio o a petición de otro parlamentario.

Las encargadas de elaborar un informe sobre la posible infracciónserán la Comisión del Estatuto de los Diputados o a la Comisión de Incompatibilidades del Senado, que deberán escuchar al afectado y podrán recabar informe de la Oficina de Conflicto de Intereses.

NO SE COMPRUEBA LA VERACIDAD

El informe de la comisión deberá concluir si ha existido o no infracción y, proponer, en su caso, la sanción que corresponda de acuerdo con el Reglamento de la Cámara. Serán las Mesas del Congreso y el Senado, respectivamente, las que resuelvan si se impone o no sanción.

La Oficina de Conflicto de Intereses también tiene entre sus funciones resolver las dudas de interpretación que genere la aplicación del Código ético y que podrán ser planteadas por los parlamentarios o por las Mesas de ambas Cámaras.

La oficina debe actuar «con total reserva respecto de las dudas planteadas» y elaborar un informe anual sobre el cumplimiento del código, pudiendo hacer recomendaciones para mejorar su eficacia, pero manteniendo en todo momento «la confidencialidad sobre los casos que hayan planteado dudas de interpretación». Sin embargo, no puede comprobar la veracidad del contenido de las declaraciones de intereses.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido a la cúpula de su partido denunciar la inacción del Gobierno que lidera Pedro Sánchez un año después de iniciarse la pandemia, ya que, según ha recalcado, ni ha impulsado un pacto sanitario como le ofreció el PP ni ha aprobado un plan de choque con medidas económicas para ayudar a los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, según han informado fuentes ‘populares’.

Así lo ha expuesto Casado durante la reunión del comité de dirección del PP, donde se ha decidido lanzar la campaña ‘Hoy hace un año’ que recuerda las medidas que el PP ya puso encima de la mesa en marzo de 2020 por el Covid-19, pero que el Ejecutivo no ha aceptado.

Durante la reunión, Casado y su equipo también han hecho mención a las consecuencias de mantener el 8M del año pasado las manifestaciones convocadas, omitiendo las alertas internacionales sobre la pandemia, según han señalado las fuentes consultadas.

«El 8M se ha convertido en un símbolo de todo lo que se hizo mal el año pasado», afirmó el líder del PP este lunes en un acto organizado por su partido con motivo del Día Internacional de la Mujer y centrado en rendir homenaje a las mujeres que han estado en primera línea durante el coronavirus.

CAMPAÑA ‘HOY HACE UN AÑO’

El PP ha querido reivindicar este martes cómo ha estado planteando medidas desde el primer momento ante la crisis del Covid. Con ese objetivo ha lanzado la campaña ‘#HoyHaceUnAño’, en la que recuerda cómo el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias «no estuvo a la altura de las circunstancias» mientras Pablo Casado ya el 9 de marzo de hace un año «se adelantaba planteando un plan de choque económico».

Esa campaña incluye la difusión de un vídeo con las medidas que enumeró Casado entonces en rueda de prensa, como el impulso del teletrabajo, la reducción a la mitad del impuesto de sociedades a los sectores afectados, el aplazamiento del cobro del IVA a esas empresas, la creación de un plan de contingencia sanitaria para reforzar los recursos de las autonomías, la ampliación de la tarifa plana para autónomos o la rebaja de los módulos para los sectores más afectados.

El propio Casado ha criticado que el Gobierno no atienda las propuestas del PP y ha recordado que hace un año convocó esa comparecencia en la sede de su partido «para alertar de la crisis del Covid que Sánchez ocultaba y para exigir un plan de choque».

«ESPAÑA ESTARÍA MEJOR»

«Hoy hace un año convoqué una rueda de prensa para alertar de la crisis del Covid que Sánchez ocultaba y para exigir un plan de choque. Tras 100.000 muertos y tres millones de contagiados sigue sin aceptar un pacto sanitario y ley contra pandemias, y otro de reconstrucción económica», se ha quejado.

Según Casado, España «estaría mejor» si Sánchez hubiera aceptado las propuestas de su partido en clave económica. «Estarían mejor cinco millones de desempleados, dos millones de familias en colas del hambre y el 40% de jóvenes en paro. Debe reaccionar y pactar la gestión de fondos europeos», ha reclamado al jefe del Ejecutivo a través de su cuenta de Twitter.

También el PP madrileño ha sacado pecho este martes de la actuación que hace un año tuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al recordar que se adelantó al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y decidió cerrar los colegios en la región por el Covid-19.

ANÁLISIS EN ‘GÉNOVA’ DEL «DRAMA» DEL PARO

Durante la reunión en la sede del PP, Casado, los vicesecretarios del partido y los portavoces parlamentarios han valorado también la situación económica que atraviesa España y, sobre todo, el aumento del paro que se conoció a primeros de marzo.

Según Casado, que haya en España más de cinco millones de desempleados es una «catástrofe social». Por eso, considera que el Gobierno de Pedro Sánchez debe impulsar un plan de choque económico urgente para superar este «drama».

En Génova consideran que una de las «fortalezas» de los gobiernos del Partido Popular es la economía y la creación de empleo. Ése será uno de los principales ejes de su estrategia de oposición en los próximos meses, según han señalado fuentes ‘populares’.

«SOMOS LA ALTERNATIVA A LA INEFICACIA»

Diferentes cargos del PP se han hecho eco en redes sociales de la campaña del partido echando en cara al Gobierno su actuación hace un año, cuando no tomaba medidas ante el Covid. «Somos la alternativa a la ineficacia, las mentiras y las batallas internas de Sánchez e Iglesias», ha asegurado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, que se ha preguntado si el Gobierno podría haber tomado otras medidas, dado que ahora hay 5,5 millones de españoles que no trabajan. A su entender, hoy hace un año que España «podría haber tomado otro rumbo».

La vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, ha puesto el acento en el plan de contingencia de refuerzo del sistema de salud pública y el pacto por la sanidad que el PP planteó hace un año y que el Gobierno «desoyó». «El balance es más de 3 millones de contagios, más de 100.000 fallecidos y más de 130.000 sanitarios contagiados», ha afirmado en un mensaje en Twitter.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá este miércoles en el Congreso de los Diputados con dos puntos en el orden del día: detallar el plan de vacunación contra el Covid-19 en el seno de las Fuerzas Armadas y explicar el futuro de las misiones militares en el exterior en las que participa España.

La comparecencia ante la Comisión de Defensa de la Cámara Baja servirá a Robles para explicar el protocolo que se está siguiendo para suministrar a los militares la vacuna contra el Covid-19, en respuesta a solicitudes del PP, EH Bildu y el Grupo Parlamentario Plural.

La vacunación en las Fuerzas Armadas se vio envuelta en la polémica al conocerse que había recibido la vacuna el que era Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, junto a otros altos cargos militares del Estado Mayor de la Defensa.

Villarroya acabó dimitiendo del cargo después de que la ministra le pidiera explicaciones, aunque defendió que había seguido el protocolo previsto. Sin embargo, la subsecretaria del Ministerio, Amparo Valcarce, replicó poco después en el Congreso que el plan solo prevía la vacunación de los sanitarios militares y no incluía al JEMAD.

Los miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran ahora incluidos en la segunda fase del plan de vacunación aprobado por el Ministerio de Sanidad como miembros de servicios esenciales y parte de sus miembros están recibiendo ya las primeras dosis.

2.464 MILITARES EN EL EXTERIOR

Pero además, Robles dará cuentas en el Congreso del estado actual de las misiones en el exterior, que se vieron mermadas el pasado año como consecuencia de la pandemia pero están ya recuperando efectivos. Según la documentación remitida por el Ministerio a la Cámara Baja, actualmente hay desplegados un total de 2.464 efectivos, 368 más de los que había en junio del pasado año.

Una de las misiones que está en proceso de cambio es la de la Unión Europea en Malí, que ha comenzado su quinto mandato bajo el liderazgo de un general español y tiene previsto ampliar a más zonas del país las labores de adiestramiento a las fuerzas de seguridad locales y extenderlas también a países limítrofes. España prevé llegar este 2021 a los 550 militares en esta zona del Sahel (actualmente cuenta con 397).

Frente a este incremento, las tropas españolas han sufrido una importante reducción durante los últimos meses en Irak y Afganistán, otras dos misiones en proceso de revisión por parte de la OTAN. En Irak se ha pasado de 265 efectivos a mediados del pasado año a los 188 actuales como consecuencia de la finalización de la misión de adiestramiento a las fuerzas de seguridad locales.

España cerró la base de Besmayah y centra ahora sus tareas en la base de Al Assad con una unidad de helicópteros –donde los 70 militares desplegados salieron ilesos esta semana de un ataque con cohetes a las fuerzas internacionales– y en las localidades de Erbil y Bagdag.

Las Fuerzas Armadas también han continuado mermando en Afganistán, donde se ha pasado de 36 militares a 24. La misión está actualmente en proceso de revisión tras el acuerdo del expresidente de Estados Unidos Donald Trump para abandonar el país en mayo de este año, aunque la OTAN ya ha avisado de que quiere hacerlo en condiciones de seguridad y estabilidad.

En total, hay militares españoles presentes en 17 operaciones en el exterior. La más numerosa es la de la Naciones Unidas en Líbano con 621 efectivos, pero también están presentes en lugares como Letonia, vigilando el espacio aéreo del Mar Negro desde Rumanía o en Turquía con una batería antimisiles.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado la importancia de la cooperación con Francia mostrando su deseo de levantar los controles en algunos pasos fronterizos a finales de abril, lo que afecta a País Vasco y Cataluña. Además, ha negado que exista una «llegada masiva» de inmigrantes, como ha expuesto el PNV, a lo que ERC ha reaccionado mostrando su «sorpresa» y avisando de que se ha detectado la presencia de «algún yihadista».

Grande-Marlaska se ha pronunciado de esta forma en una doble pregunta sobre la gestión de la frontera y la llegada de inmigrantes desde Canarias realizada por el PNV y ERC en la sesión de control del Gobierno en el Senado.

La senadora del PNV Almudena Otaola se ha quejado de la afectación que tiene para los trabajadores transfronterizos, estudiantes o la actividad deportiva y de ocio este cierre de pasos fronterizos y también ha denunciado la «llegada masiva de inmigrantes a Irún procedentes de Canarias», algo que ha calificado de «flujo inusual de personas», afeando que se haga sin comunicación previa al Gobierno vasco.

Grande-Marlaska ha reconocido la afectación del cierre de pasos fronterizos pero ha rebatido la posición del PNV en lo referente al traslado de inmigrantes desde Canarias, una cuestión polémica tras multiplicarse la llegada por la ruta hacia las islas debido a la pandemia de Covid-19.

«Si 100 inmigrantes es una entrada masiva, no sé qué entendería usted en otros conceptos cuantitativos», ha comentado Grande-Marlaska en la sesión de control del Gobierno en el Senado, advirtiendo que la cifra la obtenía de comunicaciones oficiales.

En su turno, el senador de ERC Miquel Caminal Cerdá también se ha referido a la cuestión migratoria al calificar como «sorprendentes» las palabras de Grande-Marlaska, sobre todo tras quejarse que ha pasado «bastante tiempo» sin que sepan cuál era el motivo del cierre de algunos pasos fronterizos.

«Lo que más nos sorprende es que haya hablado poco de la inmigración», ha continuado el senador de ERC, puntualizando que se refería a «la entrada de inmigrantes ilegales, entre ellos algún yihadista». Caminal Cerdá ha dicho que su sorpresa es mayor conociendo que la Unión Europea «está sensible en estos casos y en estos atentados que se producen con demasiada frecuencia».

La posible infiltración de yihadistas en las redes migratorias es un tema que ha motivado varias iniciativas por parte de otros grupos parlamentarios, sobre todo Vox. En varias respuestas parlamentarias recientes, el Gobierno ha reconocido que en 2020 se detuvo a cuatro personas por carecer de documentación que les habilitara a estar en territorio Schengen. Desde 2018 son once los encarcelados por delitos de terrorismo sin documentación.

CIERRE UNILATERAL DE FRANCIA

El ministro del Interior ha reconocido que Francia viene aplicando desde 2015 de forma «unilateral» el cierre de algunos pasos fronterizos de acuerdo al Código de Fronteras de Schengen, la última ocasión en una decisión en vigor entre el 1 de noviembre de 2020 y el próximo 30 de abril. Las autoridades galas, ha recordado, alegan para ellos cuestiones de «seguridad interior».

«Respetamos la decisión del Gobierno francés pero entendemos que la protección de libre movimientos es un elemento identitario dentro de Europa«, ha señalado Grande-Marlaska, subrayando que la prioridad debe ser la frontera exterior.

Grande-Marlaska ha deseado que los controles sean «los mínimos e imprescindibles», recordando que España también se ha visto obligada a aplicarlos con Portugal por decisiones derivadas en el estado de alarma para frenar la propagación del Covid-19. «Tiene fecha tope, sin perjuicio de lo que pueda ocurrir, como es el 30 de abril próximo», ha concluido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, darán a conocer este miércoles la nueva ‘Guía de política exterior feminista’ con la que España sigue los pasos de un puñado de países que ya lo han hecho.

La guía, según fuentes gubernamentales, es fruto del compromiso inequívoco y decidido del Gobierno con la igualdad de género y obedece al deseo de convertir en algo trasversal de la acción exterior la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades para las mismas.

En su elaboración, según las fuentes, el Gobierno se ha inspirado en la guía publicada en 2014 por Suecia, primer país en adoptar una política exterior feminista. Tras el país europeo, han seguido sus pasos Canadá en 2017, Francia en 2018, Luxemburgo en 2019 y México en 2020.

La idea es poner al servicio de la igualdad de género todos los instrumentos al alcance de la política exterior, empezando por la diplomacia bilateral, y pasando por el ámbito europeo y multilateral. Así, en todos ellos se buscará promover iniciativas que promuevan la igualdad y que en todas las acciones esté presente el componente de género.

Otro de los instrumentos clave será la cooperación internacional. En este sentido, la guía prevé que al menos el 85 por ciento de las acciones de cooperación al desarrollo que realice España tengan como objetivo principal o relevante el empoderamiento de las mujere y las niñas y la igualdad de género.

Por otra parte, otra de las medidas concretas que plantea la guía es impulsar la presencia de mujeres en la Carrera Diplomática, donde en la actualidad representan el 27 por ciento. Así, por ejemplo, se fija el objetivo de que las mujeres embajadoras –el nivel más alto– representen el 25 por ciento del total al final de esta legislatura, frente al 15 por ciento que eran al arranque.

En opinión del Gobierno, aunque parezca que el objetivo no es ambicioso es acorde con la ratio actual existente respecto al número de mujeres diplomáticas. En todo caso, las fuentes han resaltado que en el año en que González Laya lleva en Exteriores ya ha habido varios nombramientos de embajadoras, por lo que el dato es superior al inicial.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Asimismo, la guía establece una serie de cinco líneas de acción, a las que podrían irse sumando otras en un futuro: mujeres, paz y seguridad; violencia contra mujeres y niñas; derechos humanos de mujeres y niñas; participación de mujeres en espacios de toma de decisión; y justicia económica y empoderamiento de las mujeres.

La presentación de la guía tendrá lugar en el Palacio de la Moncloa y su clausura correrá a cargo de Sánchez. Por su parte, González Laya será la encargada de moderar el acto en el que participarán por vía telemática la antigua secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright y la antigua Alta Representante de Política Exterior de la UE Federica Mogherini, mientras que de forma presencial estarán la directora general de Google España, Fuencisla Clemares, y la actriz y activista Mabel Lozano.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha afirmado que en la industria cultural y de eventos están «muy apoyados y reconocidos» por el Gobierno y el senador del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Lorenzo, le ha respondido que en el sector le llaman «el ausente» porque les tiene «abandonados».

«Se encuentran en una situación difícil, complicada, delicada, pero también muy apoyados y muy reconocidos por este Gobierno», ha asegurado este martes el ministro de Cultura y Deporte durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Ante las acusación del senador popular de haber «abandonado» al sector, Rodríguez Uribes le ha pedido que «ayuden», que «no molesten con críticas que no se ajustan a la realidad» y que «echen una mano, hablen con los sectores». La cultura es un derecho, un valor y una industria fundamental de este país», ha apostillado.

Por ello, el ministro le ha dado datos al popular para que tenga «opiniones más fundamentadas». En concreto, ha destacado que desde el comienzo de la crisis sanitaria aprobaron el 5 de mayo un paquete de medidas específicas para el sector de la cultura, el primer Real Decreto aprobado para un sector concreto de la economía española desde el inicio de la pandemia.

El Decreto, según ha enumerado Rodríguez Uribes, incluía una línea de avales específicas por valor de 800 millones de euros; el acceso a la prestación por desempleo en los artistas de espectáculos públicos, con un presupuesto de 65 millones de euros; incentivos fiscales y por mecenazgo para la producción cinematográfica, con un impacto económico de 96 millones de euros; o ayudas directas por casi 80 millones de euros para todos los sectores culturales, además de la bajada del IVA del libro electrónico.

Asimismo, ha destacado que en noviembre habilitaron un subsidio por desempleo para el personal técnico y auxiliar de la cultura por un presupuesto de 14 millones de euros y también para los trabajadores vulnerables de la tauromaquia por una cuantía de en torno a 3 millones de euros prorrogados todos hasta el próximo 31 de mayo.

«Nada de esto existía cuando gobernaba el PP. Este Gobierno ha asumido también el compromiso de desarrollar el Estatuto del Artista como un objetivo esencial para esta legislatura. El Estatuto del Artista no existe hay que hacerlo», ha manifestado.

En la misma línea, el ministro ha apuntado que la compatibilidad entre la pensión de jubilación y la percepción de derechos de autor «ya está en vigor gracias a este Gobierno» y ha recordado los 1.100 millones de euros destinados a la cultura en los Presupuestos Generales del Estado, a los que hay que añadir los más de 800 millones de euros para los próximos tres años de los Fondos de Recuperación de la Unión Europea.

«ABANDONO TOTAL DEL GOBIERNO» A LA CULTURA

Por su parte, Miguel Lorenzo ha señalado que el ministro «al menos reconoce» que la cultura está «en una situación difícil» y ha criticado que «hay un abandono total de este Gobierno al sector de la cultura». «No es consciente de lo que está pasando, en el sector cultural le llaman ‘el ausente'», ha dicho.

Precisamente, ha hecho referencia a que muchos trabajadores del sector «se encuentran en las colas del hambre» y que «ni siquiera han podido acceder a los ERTE» porque en el Ejecutivo «no legislan». «Muchos de los trabajadores no han podido acceder a las prestaciones. No se si trabajan porque no se les nota», ha sentenciado.

«Hablan de un Gobierno que no va a dejar abandonado a nadie y más de 42.000 personas han dejado de trabajar en la cultura. Le pido un favor, primero que se dirija a todos los representantes del sector cultural, se sienten abandonados por este Gobierno. Detrás de esta situación hay mucho drama personal. A usted ni está ni se le espera en el sector cultural», ha concluido el senador del GPP.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se ha defendido este martes de las críticas del Partido Popular por «ocultar» el informe del Consejo de Estado sobre el decreto de los fondos europeos instando a la formación ‘popular’ a explicar «sin pudor» que dicho texto era favorable y les ha acusado de dejar «al país tirado» al rechazar este decreto.

Así ha replicado Calvo a la senadora del PP Salomé Pradas durante la sesión de control al Gobierno que se está celebrando esta tarde en el Senado. La parlamentaria ‘popular’ ha recriminado al Gobierno que se aprobara el decreto de fondos europeos sin haber mostrado el informe del Consejo del Estado.

«Dígale a los españoles sin pudor que el informe era favorable», ha subrayado Calvo, que durante su segunda intervención ha cargado contra el PP por «haber dejado al país tirado para que esos fondos pudieran venir a España».

Además, considera que los ‘populares’ han «enredado» con la polémica acerca del informe del Consejo de Estado, del que ha recalcado que era favorable», y ha reivindicado que el Ejecutivo ha recogido «todas las observaciones».

PODER JUDICIAL

Por otro lado, durante su intervención Calvo ha recogido el hilo de las acusaciones de la senador ‘popular’ acerca de la normalidad democrática en España y ha atacado al PP asegurando que «lo que no ayuda a la calidad y prestigio de la democracia» son las declaraciones del extesorero del PP Luis Bárcenas.

«Al final le tendremos que dar la razón a Pablo Iglesias cuando dice que España no es una democracia plena, porque con este Gobierno vamos camino de que así sea», ha asegurado la senadora ‘popular’ Salomé Pradas.

Por último, Calvo también ha recriminado al PP el ‘veto’ en las negociaciones por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha vuelto a insistir en que eso es «mejorar la calidad democrática».

El diputado del PP Rubén Fausto Moreno Palanques ha aplaudido que algunos países de la Unión Europea (UE), como Hungría o República Checa, estén negociando la compra de vacunas contra la COVID-19 procedentes de Rusia o China, a pesar de que se sitúan fuera de los acuerdos comunitarios, y ha pedido a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que actué al respecto.

«Hay pocas vacunas y para su adquisición hay que ir de la mano de la Unión Europea. Pero también son muy europeístas Austria, República Checa, Dinamarca, Hungría, Polonia y Eslovaquia, que han explorado acuerdos con China, Rusia o Israel. ¿Tiene usted la intención de hacer algo más que esperar?», ha preguntado retóricamente a la ministra durante la Sesión de Control al Gobierno en el Senado este martes.

Darias ha contestado al diputado popular que el Gobierno está trayendo vacunas a España a través de «una compra anticipada sin precedentes en la Unión Europea». «¿Por qué no reconocen el trabajo de la Unión Europea trayendo vacunas?», ha defendido la ministra.

Hungría ha aprobado ya la vacuna rusa ‘Sputnik V’ y está vacunando a su población, mientras República Checa y Eslovaquia, por ejemplo, también han pedido dosis y dicen que no esperarán a la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), que comenzó la semana pasada su revisión.

Preguntada por la posibilidad de que Austria dé el mismo paso, la presidenta del Consejo de Administración de la EMA, Christa Wirthumer-Hoche, señaló este lunes en declaraciones a la televisión austriaca ORF que «es algo comparable a la ruleta rusa» y desaconsejó su aprobación por parte de los países comunitarios hasta que no se pronuncie la EMA.

A través de una pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con la evolución de la campaña de vacunación, el diputado popular ha criticado la estrategia española para acabar con la pandemia de COVID-19.

«Hay pocas vacunas pero el 25 por ciento de las distribuidas a las comunidades autónomas aún no se han puesto. ¿Se va a poner la vacuna de AstraZeneca a mayores de 55 años, tal y como recomienda la OMS? ¿Por qué no se está vacunando 24/7 [24 horas al día, siete días a la semana]?», ha lamentado.

Darias ha espetado que el proceso de vacunación «avanza adecuadamente» y ha reconocido el «buen trabajo de las comunidades autónomas», que son las encargadas últimas de poner las dosis. «Mantenemos el objetivo de que el 70 por ciento de la población española esté vacunado durante el verano», ha reivindicado.

Rubén Fausto también ha cuestionado a la ministra sobre el paradero de 28.000 dosis de Moderna que, según ha denunciado, «han desaparecido», ya que no se identifican en el registro que publica diariamente el Ministerio de Sanidad. «No se ha perdido ninguna vacuna. Máxima transparencia. Cuando ustedes quieran comparezco en la Comisión de Sanidad del Senado sobre vacunación», ha respondido Darias.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado el compromiso «firme» del Gobierno de aumentar los efectivos de la Guardia Civil en Cantabria que, según ha lamentado, se perdieron durante los siete años de gobierno de Partido Popular y ha afirmado que «la seguridad no es gasto, es inversión».

Así ha dado respuesta Marlaska a una pregunta del senador del Partido Regionalista de Cantabria, José Miguel Fernández Viadero, sobre si el Ejecutivo se plantea aumentar el número de efectivos en la región cántabra y ha puesto en relieve cómo ha afectado la disminución de plantilla, en especial, al mundo rural.

Marlaska ha defendido la actuación del Gobierno durante los últimos tres años en lo que se refiere a ofertas de empleo público «con una tasa de reposición superior al 115 por ciento». Además, ha destacado que están preparando la cuarta oferta de empleo público y que, de los 12.000 efectivos perdidos durante esos siete años, «a día se han recuperado 6.000».

Sin embargo, durante el turno de réplica, Fernández Viadero, ha puesto el foco sobre la importancia que tiene la seguridad que ofrece en el ámbito rural la Guardia Civil para el reto de la despoblación. Asimismo, ha enfatizado que, en muchos casos, «no se cubren las bajas» y se centraliza «todo» en las zonas comarcales.

En este contexto, el senador del Grupo Mixto ha sugerido a Marlaska que «quizás» el arreglo no solo está en el aumento del número de plazas, «sino también en un estudio detallado de la redistribución de los recursos de la Guardia Civil, de los efectivos a lo largo de todas las comunidades para seguir atendiendo a los pueblos y ciudades que necesitan este servicio».

Sobre esta cuestión, el titular de Interior ha contestado que el Gobierno ya valora los parámetros de redistribución atendiendo a la densidad de población, a las necesidades, o los índices de criminalidad, entre otros. También le ha recordado que el Gobierno elaboró un Plan de Infraestructuras del año 2019 «con más de 600 millones de euros para cuarteles y comisarías».

Por último, Marlaska ha compartido el interés de Fernández Viadero en torno a la seguridad en las zonas rurales. «Estoy con usted en que todas las grandes acciones de recuperación de población exigen seguridad. Estamos dando los medios necesarios y precisos para fortalecer la seguridad», ha zanjado.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido que el Gobierno ha sido «extremadamente diligente» en la ejecución de las medidas para paliar los daños por los temporales en el Mediterráneo en septiembre de 2019 y después en enero de 2020 y ha confirmado su voluntad de «agilizar» las tareas para restaurar los daños en el litoral que aún están pendientes desde la borrasca ‘Gloria’.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, Ribera ha respondido a la senadora de ERC-EH Bildu, Elisenda Pérez i Esteve respecto a las medidas que va a tomar el Gobierno para actuar «de forma inminente en los municipios aún afectados por los temporales y las medidas de prevención para minimizar las consecuencias de los nuevos temporales que acechan.

Para la vicepresidenta este es un asunto «tremendamente importante» pero ha defendido la rapidez del Gobierno en actuar si se compara con el hecho de que en 2018 aún hubo que pagar daños por el terremoto de Lorca acaecido en mayo de 2011.

«Este gobierno ha sido extremadamente diligente sobre las medidas para dar respuesta a las catástrofes», ha asegurado la vicepresidenta que, no obstante, ha reconocido que «no es sencillo» actuar en esta materia porque en la zona litoral hay competencias compartidas con otras administraciones.

Así, ha justificado la demora en que tras los efectos por las DANAS de septiembre de 2019 en el litoral mediterráneo y después de invertidos 8 millones de euros para hacer frente a sus efectos, pocos meses después, en enero de 2020 llegó el temporal ‘Gloria’ e «inmediatamente después» la declaración del Estado de alarma y el confinamiento, lo que ha «ralentizado» las actuaciones.

Hasta la fecha, según ha indicado, se han destinado 39 millones de euros en la recuperación del litoral y ha garantizado que le «interesa mucho agilizar los trabajos que quedan pendientes».

«No tenemos resuelto el problema», ha admitido Ribera que considera que los temporales en la costa deben «integrar una respuesta para minimizar sus impactos y costes».

En este contexto, ha destacado que el problema es mayor cuantas más infraestructuras hay en los espacios frente a los espacios naturalizados donde el propio ecosistema tiene la capacidad de regenerarse. A las infraestructuras en la costa, según ha añadido, se suma el cambio climático, no siempre para mejor sino para agravar la situación.

«Trabajamos en planes que nos permita hacer frente a la erosión», ha apuntado la ministra antes de que expirase su tiempo previsto de intervención.

El ministro de Política Territorial y Administración Pública, Miquel Iceta, ha asegurado este martes en el Senado que el Gobierno «está satisfecho con el 8 de marzo», tanto con el de este año, como con el del año anterior.

Durante la sesión de control en el Pleno de la Cámara alta, Iceta ha defendido que para las celebraciones del Día Internacional de la Mujer de este 2021 se actuó «con mucha precaución» porque «el derecho a manifestación es importante y su restricción merece una ponderación de criterios».

Es por eso que ha puesto en valor que, «pese a la dificultad», en el caso de la Comunidad e Madrid, no se autorizaron las manifestaciones «en atención a que la capital concentra a muchísima gente y tiene mucha participación» ese día. «Era muy difícil, por no decir imposible mantener las distancias de seguridad», ha reconocido.

Tanto la Delegación de Gobierno de Madrid, como el resto, ha tomado la decisión sobre el 8M siguiendo tres criterios, ha indicado: las características de las convocatorias, un informe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la opinión de la autoridad sanitaria de cada autonomía.

EL PP PIDE UN CRITERIO ÚNICO

Iceta respondía así a una pregunta formulada por la senadora del PP Ana Camins, quien le ha pedido una valoración de la relación del ministro con las delegaciones de Gobierno en relación a la celebración del 8M.

«Mi relación con los delegados y delegadas es buena, es la que marcan las leyes. Dependen de mi y compartimos criterios y los hemos compartido con motivo de la celebración de las manifestaciones del 8M», ha añadido.

Sin embargo, Camins ha criticado que el responsable de Política Territorial no haya «establecido un criterio único» para todo el territorio y que, finalmente, lugares con una incidencia acumulada alta haya celebrado actos este lunes. «Solo tenía que mandar una circular o un correo electrónico» a las delegaciones, ha declarado.

La senadora le ha recordado, además, que el 8M se ha celebrado, a pesar de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguraba que «no entendía» que se realizaran manifestaciones o después de que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, avalara la decisión del delegado en Madrid.

PIDE RESPETO A LA ESPAÑA PLURAL

A su juicio, esto es consecuencia de que el ministro cree que «España funciona como el Comité Federal del PSOE» en donde dijo que el país «tiene entre 6 y 9 naciones». «Con estos pensamientos conceptuales nos lleva a hacer el ridículo de coordinación», ha señalado.

Iceta, por su parte, ha pedido al PP que «ayude a que todo el mundo entienda este Estado compuesto» en el que viven y le ha llamado a ser «respetuosos con la idea de una España plural». Así, les ha recordado que en determinadas comunidades el Gobierno central no es el que toma todas las decisiones y que, en casos como el 8M, hay flexibilidad para que las delegaciones de Gobierno actúen «intentando no limitar derechos», excepto «en los lugares donde sea imprescindible».

«Ustedes montaron una escandalera el año pasado por el 8M y en este iban a hacer lo mismo aunque las decisiones fueran distintas», ha concluido.

El Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC) ha respaldado la Proposición de Ley sobre la Eutanasia que se debatirá en las próximas horas en el Senado pero aboga por permitir que los menores de edad puedan solicitar la eutanasia.

El GEPC, integrado por alrededor de 200 catedráticos y profesores de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de universidades españolas, jueces, magistrados y fiscales, señala en un comunicado, que es «inadecuado que el derecho a recibir la ayuda a morir se reconozca solamente a las personas mayores de edad».

«Con las debidas garantías, debería ser suficiente con que la persona posea capacidad natural de juicio para entender el alcance de su decisión y decidir por sí misma lo que es mejor para ella», añaden.

En todo caso, valora positivamente la ley y considera «razonables tanto el procedimiento como las garantías que incorpora el modelo para el correcto ejercicio del derecho a la eutanasia, al prever medidas adecuadas para eludir los riesgos de posibles abusos».

En esta línea, el GEPC aplaude que la Proposición de Ley contemple «la posibilidad de ejercer el derecho a la libertad de conciencia del personal sanitario que intervenga directamente en la prestación de la ayuda, así como que prevea las condiciones básicas de su ejercicio, la necesidad de su previa manifestación por escrito y la creación de un registro destinado a asegurar la efectiva realización de los derechos relativos a la disponibilidad de la propia vida».

Para el GEPC, esta ley que va a debatirse y votarse en la Cámara Alta, supone «un avance indiscutible para resolver las situaciones en las que la vida pierde su sentido como valor humano».

El Grupo, que hace 30 años propuso ya diversas medidas para garantizar la libre disposición sobre la propia vida bajo determinadas condiciones, sostiene que «los límites del deber médico no pueden estar determinados únicamente por las posibilidades del tratamiento médico, sino que este ha de fundamentarse en una finalidad curativa, incompatible con estados inhumanos de mantenimiento y prolongación de la existencia».

Además, el Grupo de Estudios de Política Criminal afirma que «una creciente mayoría de la población española muestra una actitud favorable al reconocimiento del derecho de la persona a decidir sobre su propia vida». También asegura que existe una «opinión médica mayoritaria, que confirma la insuficiencia de los cuidados paliativos para tratar estas situaciones».

Aunque reconoce que España «ha avanzado en los últimos años en el reconocimiento del derecho a rechazar un tratamiento médico y en algunos casos a la sedación paliativa», subraya que el actual Código Penal aún considera punible la causación de la muerte a petición expresa de la persona para poner fin a una situación de sufrimiento o dolor, grave e irreversible.

«El castigo penal en estos casos es sumamente insatisfactorio, por lo que la regulación jurídico-penal de las conductas relacionadas con el suicidio ha de reconocer, bajo determinadas condiciones, la disponibilidad de la propia vida y, correlativamente, el derecho a morir. Porque la vida es un derecho y no un deber», ha destacado el Grupo.

La reunión conjunta entre ERC, Junts y la CUP para negociar la composición de la Mesa del Parlament ha concluido sin «ningún acuerdo destacable» y se han emplazado a seguir reuniéndose.

Lo ha dicho la CUP en un comunicado, después de que los tres partidos hayan mantenido un encuentro por primera vez de manera conjunta para buscar un acuerdo de cara a la próxima legislatura, ya que hasta ahora los encuentros habían sido bilaterales.

Los ‘cupaires’ han reiterado a ERC y Junts la importancia que le dan a la Mesa de la Cámara en esta legislatura, que exigen que garantice que en el Parlament «se pueda hablar de todo» y que ellos se abren a asumir la Presidencia para lograrlo.

Consideran que se debe garantizar la soberanía del Parlament «ante las amenazas, discursos de odio y coacciones de la extrema derecha y ante las ingerencias constantes del Tribunal Constitucional».

Asimismo, la CUP ha insistido en la necesidad de alcanzar pactos concretos para hacer frente «a la profunda crisis social, económica y democrática», como una renta básica universal, regular el precio del alquiler de manera efectiva, fortalecer el sector público e impulsar una industrialización que avance hacia la transición ecológica y que genere empleo estable y de calidad, además de concretar el ejercicio del derecho a la autodeterminación.

En otro comunicado, Junts ha asegurado que el encuentro «ha servido para continuar avanzando en la consolidación de mayorías independentistas», pero no ha revelado más detalles.

Además, fuentes de ERC han explicado que seguirán trabajando entre los tres partidos en «las próximas horas para tirar adelante un proyecto independentista y de izquierdas» tanto en el Parlament como en el próximo Govern.

ACUERDO ANTES DEL VIERNES

Los tres partidos buscan un acuerdo antes del pleno de constitución del Parlament de este viernes, en el que se elegirá el presidente de la Cámara y el resto de miembros de la Mesa.

Si alcanzan un pacto podrían llegar a ocupar cinco de los siete puestos de la Mesa y la principal incógnita es qué partido se queda con la Presidencia del Parlament: la CUP está dispuesta a asumir este cargo, pero Junts considera que le corresponde a su formación este puesto porque hasta ahora siempre lo ha ostentado el segundo partido independentista más votado.

Sin embargo, de momento el PSC y los comuns son los únicos que han postulado a un diputado para presidir el Parlament: los socialistas a la viceprimera secretaria del partido, Eva Granados, y los comuns al que iba como número dos en las elecciones, Joan Carles Gallego.

Ambas propuestas tienen difícil llegar alcanzar su objetivo, aunque no se pueden descartar definitivamente, habida cuenta la falta de acuerdo que por el momento han mostrado las fuerzas independentistas para proponer a un candidato de consenso y hacer valer su mayoría de escaños en el hemiciclo, en una votación que es secreta.

Casi la mitad de los españoles ve con indiferencia a la UE, según un eurobarómetro especial sobre el futuro de Europa, que señala que la percepción del bloque europeo durante la pandemia ha empeorado para el 24 por ciento de los españoles.

Así se extrae de la encuesta que sitúa a España, con el 47 por ciento, como el estado miembro en el que más ciudadanos tienen una imagen neutral de la UE, por delante de quienes tienen una positiva, el 40 por ciento.

A España le siguen Eslovaquia, Italia y Austria, como países donde la UE evoca más indiferencia que adhesión, si bien en ninguno de los Veintisiete el proyecto europeo genera gran oposición. República Checa, con el 29 por ciento, y Grecia, con el 24 por ciento, son los socios europeos donde la UE suscita una percepción más negativa.

En términos totales, el 47 por ciento de los europeos tiene una imagen positiva, el 39 por ciento neutral y el 14 por ciento negativa. Entre los países más entusiastas con la UE se encuentra Irlanda, 74 por ciento; Portugal, 64 por ciento; y Lituania, 61 por ciento.

EVOLUCIÓN DURANTE LA PANDEMIA

En cuanto a la evolución de la imagen de la UE durante la emergencia del coronavirus, el estudio muestra que la crisis no ha influido en la percepción del 60 por ciento de los encuestados.

Eso sí, entre quienes han cambiado de opinión sobre el proyecto europeo, hay más ciudadanos comunitarios que la han empeorado, un 26 por ciento, que aquellos que la han mejorado, un 13 por ciento.

La imagen de la UE ha retrocedido especialmente en los últimos meses en países como Luxemburgo, Francia y Finlandia, donde el 43 por ciento, el 34 por ciento y el 30 por ciento, respectivamente, han empeorado su percepción.

CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA

Con respecto a la adhesión que genera la conferencia participativa que prevé la UE para acercar las instituciones a los ciudadanos y repensar el futuro del proyecto europeo, conocida como Conferencia sobre el Futuro de Europa, el barómetro señala que un 92 por ciento de los europeos está de acuerdo en que se tenga más en cuenta la voz de los ciudadanos para decidir el futuro del proyecto comunitario.

Es por ello que un 76 por ciento de los encuestados considera que la iniciativa representa un progreso para la democracia en el seno de la UE, una percepción positiva que tiene eco en todos los países miembros con gran adhesión en Irlanda, 90 por ciento; Suecia y Bélgica, con el 88 por ciento.

En España, la Conferencia sobre el Futuro de Europa levanta menos pasiones. Un 70 por ciento de los encuestados comparten esa opinión, por debajo del 74 por ciento de media en la UE y en el furgón de cola de los Veintisiete.

Sobre la predisposición de los ciudadanos a participar en los debates organizados en el marco de la conferencia, la mitad, el 51 por ciento, se abren a participar, mientras que la otra, el 48 por ciento, se declara menos propenso.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha informado de que este martes por la mañana ha finalizado el sacrificio de los cerca de 900 terneros que se encontraban a bordo del buque ‘Kharim Allah’, atracado en Cartagena desde el pasado 25 de febrero.

El departamento dirigido por Luis Planas ha explicado que el sacrificio se ha llevado a cabo en estricto cumplimiento de la normativa comunitaria y española, tras la inspección veterinaria realizada los días 25 y 26 de febrero.

Los cadáveres de los animales se han llevado a una planta de destrucción y eliminación de residuos y subproductos animales, siguiendo el protocolo habitual.

Además, el operativo del Punto de Inspección Fronterizo que se inició la mañana del pasado sábado, 6 de marzo, tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid denegando la suspensión de la orden, se ha producido sin incidentes.

Tras sufrir dos meses y medio de travesía a la deriva por el Mediterráneo, hace unos días el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó denegar la suspensión de la orden de sacrificio de los animales solicitada por la empresa de transporte.

Los 864 animales supervivientes, de los 895 que salieron, han sido sacrificado en el muelle de Escombreras, en Cartagena. Los abogados del barco pretendieron evitarlo intentando probar que los animales estaban sanos y acusaron a las autoridades españolas de bloquear sus intentos por demostrarlo.

La inspección veterinaria oficial concluyó que el estado de los terneros, tras más de dos meses de viaje, impedía que emprendiesen un nuevo viaje para ser re-exportados y vendidos fuera de la Unión Europea.

DOS MESES Y MEDIO A LA DERIVA

El 18 de diciembre de 2020, el ‘Kharim Allah’, que transportaba 895 terneros, salió del Puerto de Cartagena con destino a Iskenderun (Turquía). A continuación, cambió el rumbo y se dirigió a Trípoli (Libia). Se sospecha que el ganado estaba infectado con la enfermedad de la lengua azul.

El Centro Nacional de Sanidad Animal de Libia se negó a aprobar la entrada del ganado enfermo, de manera que el buque partió y posteriormente solicitó permiso para atracar en Bizerta (Túnez), presumiblemente para llevar forraje para los animales, pero se le negó la entrada en cualquier puerto tunecino, con lo que se vio obligado a abandonar esas aguas territoriales.

Fue avistado en el puerto de Augusta (Sicilia, Italia) el 28 de enero. Salió de allí, luego se detuvo y quedó anclado frente a Cagliari (Cerdeña, Italia). El lunes 22 de febrero llegó a Cartagena, atracando en Escombreras el 25 de febrero.

La portavoz del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que sus socios de coalición de Unidas Podemos son «libres» de expresar el «sentido de su voto» como consideren, tras haberse opuesto a retirar la inmunidad al expresidente catalán Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo, en contra del criterio del PSOE y del Ejecutivo.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero ha argumentado que son «conscientes» de que son dos formaciones políticas distintas, aunque sí ha reconocido que el Grupos Socialista en el Parlamento Europeo tiene derecho a pedir las explicaciones que considere a quien es su aliado.

Preguntada en concreto por el malestar que ha generando en el PSOE la postura de Unidas Podemos, Montero ha insistido en que «cada entorno de poder tiene que trabajar en su ámbito» y que, por tanto, es en el marco del Parlamento Europeo donde los respectos portavoces deban pedirse y darse las explicaciones que sea.

De este modo, Montero ha evitado valorar la postura adoptada por los ‘morados’ y, de hecho, ha afirmado que este tema tampoco se ha abordado durante la reunión del Consejo de Ministros ni tampoco les han pedido explicaciones.

LA COALICIÓN NO OBLIGA A QUE SE «MIMETICEN»

«No hay entorno donde se resuelvan esas discrepancias puesto que somos libres. El hecho de tener un Gobierno de coalición no obliga a que las dos formaciones se mimeticen», ha enfatizado la portavoz.

Según Montero, lo importante es que el PSOE y Unidas Podemos comparten hoja de ruta y siguen teniendo «muchos elementos» en los que coinciden. «Nos une el acuerdo de gobierno, que es le pegamento que permite que ambas formaciones tengan una hoja de ruta clara», ha recalcado.

Así, ha insistido que cada formaciones política es libre de expresar el sentido de su voto, «ni más ni menos que en el Parlamento Europeo a propósito de una cuestión que tiene carácter nacional pero son los eurodiputados los que expresan su voto».

EL GOBIERNO ESPERA QUE PUIGDEMONT SEA JUZGADO EN ESPAÑA

Lo que sí ha querido dejar claro es que, a pesar de ese voto en contra de Unidas podemos, el Gobierno está satisfecho de que haya salido adelante el suplicatorio y, con él, la posibilidad de que Puigdemont pueda ser juzgado en España, como había solicitado el poder judicial.

A este respecto, Montero ha señalado que ahora «les corresponde a las autoridades judiciales dar los pasos para que pueda ser juzgado en nuestro país», algo que el Ejecutivo espera que ocurra, según han explican fuentes gubernamentales.

Eso sí, la portavoz ha defendido que este procedimiento, y el hecho de que el PSOE haya votado a favor de que Puigdemont pierda la inmunidad, no implica que el Gobierno vaya a cambiar su hoja de ruta de apuesta por el diálogo. «Nuestra vocación siempre ha sido muy clara», ha apostillado.

De hecho ha afirmado que la posición del Gobierno de España y del PSOE era ya «absolutamente conocida» en este asunto, por lo que no puede sorprender a nadie. «Y no vamos a alterar para nada ni la vocación de diálogo ni de entendiendo ni de intentar llegar a acuerdos puntuales con formaciones que no comparten el sentido del suplicatorio», ha afirmado, en relación a la amenaza de ERC de retirar su apoyo al Gobierno.

Ifema, en colaboración con Educación 3.0, avanza en el programa de contenidos del nuevo evento telepresencial The Summit by Simo Educación, que se celebrará los próximos días 7 y 8 de abril, en el marco de la nueva plataforma digital Semana de la Educación Live Connect.

Según ha informado Ifema en un comunicado, el evento reunirá a la comunidad educativa de España y Latinoamérica, y al ecosistema tecnológico, en torno a un espacio de reflexión y análisis donde hablar de innovación, compartir experiencias reales y lecciones aprendidas.

La celebración de The Summit by Simo Educación representa un puente de conexión con el gran evento anual de la tecnología para la enseñanza, Simo Educacion 2021 que se desarrollará en su habitual formato presencial los días 2 al 4 de noviembre en Feria de Madrid bajo el lema «Aprendizajes después de la crisis».

Alineados con esta realidad, los contenidos del Summit se articularán en torno a dos mesas redondas que analizarán, de la mano de expertos, la situación actual de la educación desde una doble perspectiva.

Por un lado, la mesa titulada ‘Educar en la virtualidad’ abordará las dudas e inquietudes que ha generado este escenario obligado por la pandemia para ofrecer respuestas a cuestiones clave como: ¿Sirven todas las pedagogías para educar online? ¿Están los docentes preparados para el reto que supone la educación híbrida o la virtual? ¿Falta formación ante este escenario? ¿Existe un cierto agotamiento del modelo online? ¿Esta crisis ha servido para poner en valor más que nunca la importancia de la educación presencial? ¿Cómo se puede evaluar una educación con un fuerte componente virtual?

La segunda mesa tratará sobre «El Equipamiento TIC en tiempos pandemia» en la que representantes de firmas tecnológicas y docentes opinarán sobre cómo se ha desarrollado el proceso de la digitalización durante pandemia, tendencias de futuro y como sacar provecho de lo aprendido, así como del equipamiento y tecnologías mínimas necesarios en centros y familias.

Entre otras cuestiones claves del momento se debatirá sobre ¿Qué hemos aprendido de todo este proceso? ¿Deberían haber estado los centros y la Administración mejor preparados para hacer frente con garantías a la digitalización de la educación? ¿Esta digitalización ha llegado para quedarse? ¿Volveremos a una presencialidad total en cuanto superemos la pandemia y este equipamiento dejará de utilizarse? ¿Cuál es la infraestructura mínima que deben poseer los centros y las familias para una digitalización real de la educación y sacar el máximo provecho de lo adquirido?

Y es que el confinamiento domiciliario y el cierre de los centros educativos durante los primeros meses de la pandemia supuso la implantación de una educación totalmente online de un día para otro.

Esta situación puso sobre la mesa las debilidades y las carencias de un sector que, aunque llevaba años apostando por la digitalización de sus centros, todavía se encontraba muy lejos de contar de una infraestructura que le permitiera hacer frente a situaciones como la vivida de forma satisfactoria.

Además, INTEF participará de manera destacada en el Summit y a su vez expedirá al profesorado asistente a las actividades un certificado acreditativo de 8 horas de formación, siempre que reúnan los requisitos establecidos. Los contenidos de sesiones y jornadas quedarán a disposición de la comunidad virtual para ser consultados conposterioridad al evento «LIVEConnect».

En The Summit también se darán a conocer las prácticas ganadoras en las diferentes categorías de los VIII Premios a la Innovación Educativa 2020 que, cada año, destacan las experiencias docentes más innovadoras ya llevadas a cabo y que cuentan con las TIC como aliados en esa mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

SEMANA EDUCACIÓN LIVE CONNECT

Ifema está dando pasos de gigante para incorporar en sus grandes ferias todos los recursos tecnológicos y apostar por las oportunidades que brinda la transformación digital.

Un contexto de innovación en el que se enmarca, entre otras, la puesta en marcha de la gran convocatoria global Semana Educación Live Connect, la mayor comunidad y red profesional e institucionalen torno al mundo de la Educación nunca antes vista, proyectada para potenciar la interacción de todos los agentes del mundo de educación durante los 365 días del año.

Con Aula a la cabeza y el resto de convocatorias que integran la Semana de la Educación (el Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua, el Congreso Red, Schools Day y Expoelearning, además de The Summit by Simo Educación, arrancará con el programa «Mes de la Orientación Educativa» del 17 de marzo hasta el 17 de abril.

Y ello gracias a las ventajas que ofrece la nueva plataforma digital con base en tecnología de inteligencia artificial que permitirá, a partir de una edición también excepcional, abrir la brecha para futuras ediciones, rompiendo la estacionalidad, su actividad y gestión de contactos a lo largo del año, y globalizando sus contenidos, interacciones y proyectos con el acceso a comunidades de otros países, con especial atención a Iberoamérica.

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado hoy que no considera una «amenaza» la advertencia que ha realizado hoy el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ya que considera que sus palabras expesan el «malestar lógico» de ERC por la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al expresidente catalán, Carles Puigdemont.

«No va a afectar para nada» a las relaciones entre el PSOE y ERC, ha dicho Montero, que enmarca estas palabras en la intención de Gabriel Rufián de «poner en valor su opinión».

«Veo lógico y legítimo que en su pensamiento y en su hoja de ruta no comparta el sentido del voto del PSOE en el Parlamento Europeo, pero de sobra conocen ERC y el señor Rufián cuál era la opinión del PSOE en esta materia», ha espetado la Portavoz del Ejecutivo.

En cualquier Caso, María Jesús Montero ha dicho estar convencida de que este asunto «no va a afectar para nada a las relaciones entre ambas formaciones» ya que, ha recalcado: «todos somos conscientes de lo que pretende el otro» y de la necesidad de superar la situación en Cataluña.

El Portavoz de ERC en el Congreso ha afirmado esta mañana que le «harta» que el Gobierno no haga nada por el diálogo y que «si siguen así lo celebrarán en sus casas, no en la Moncloa», dando a entender que podrían no contar con su apoyo, aunque sin decirlo expresamente.

La Portavoz del Ejecutivo ha dicho que ella no interpreta estas palabras como «una amenaza», sino como una «lógica» dentro de la posición de ERC que «expresa el malestar obvio de una formación política que no querían que se produjera el suplicatorio y que entienden que no hay que juzgar a Puigdemont en España».

Sin embargo, ha insistido en que ERC y el resto de los partidos conocen la posición del Gobierno de que Puigdemont debe ser juzgado en España. En este sentido, ha pedido que se deje trabajar a los poderes judiciales que, ha precisado, son los que han reclamado el suplicatorio.

«No lo interpreto como una amenza, sino el malestar lógico de ERC», ha vuelto a insistir antes de mostrar su convencimiento de que el diálogo va a permitir avanzar en las cuestiones que preocupan en Cataluña sobre la «crisis de convivencia».

También ha expesado su deseo de que se configure cuanto antes el Gobierno en Cataluña para retomar las negociaciones de la mesa de diálogo para avanzar posturas y «superar el conflicto».

Al ser preguntada si no le preocupa que algunos integrantes de los partidos europeos hayan roto la disciplina de voto para no apoyar el suplicatorio contra Puigdemont, Montero ha despachado el asunto asegurando que los votos son secretos y se desconoce cuáles son las personas que han votado en un sentido u otro.

En su opinión, «lo importante es que se haya podido producir el suplicatorio y se pueda investigar a Puigdemont en nuestro país». En este punto, ha recordado que la actuación de Puigdemont, con la aprobación del referéndum ilegal de independencia, fue una «imposición unilateral por los dirigentes catalanes quebrantando las mayorías democráticas y las competencias que cada administración tiene asignadas».

Se trata, ha insistido, de «hechos graves» y ha dejado claro que «con esa diferencia de criterio se tienen que producir el diálogo: tanto ERC como el PSOE pensamos de forma distinta».

El 15 por ciento de las mujeres españolas entre 15 y 49 años ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida y el 3 por ciento en los últimos 12 meses, según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 10.485.184 mujeres de 15 a 49 a fecha de 1 de julio de 2020. Si se aplican las estimaciones de la OMS, esto significaría que unas 1.572.777 mujeres de 15 a 49 años en España han sido víctimas de violencia de género.

A nivel mundial, el documento estima que esta violencia ha afectado a entre 736 y 852 millones de mujeres, es decir, una de cada tres. Dentro de esta clasificación, no obstante, España se sitúa entre los países con menor prevalencia, junto con Austria, Chipre, Irlandia, Italia, Montenegro, Kazajistán, Comoras y Panamá. Todos estos países se encuentran en el rango del 15-16 por ciento.

Este informe, que presenta datos obtenidos en el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres, ha sido realizado por la OMS por encargo de un grupo de trabajo especial de las Naciones Unidas. Se basa en datos que corresponden al periodo comprendido entre 2000 y 2018 y aporta nuevas estimaciones después de las más recientes, publicadas en 2013.

El documento, presentado este miércoles en rueda de prensa, apunta que esta violencia empieza en edades tempranas: una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 24 años que han mantenido alguna relación íntima habrán sido objeto de las conductas violentas de un compañero íntimo cuando cumplan 25 años.

Según estos datos, alrededor de 641 millones de mujeres en el mundo sufren actos violentos perpetrados por un compañero íntimo. Esta forma de violencia es, con diferencia, la más frecuente que sufren las mujeres. Sin embargo, el 6 por ciento de las mujeres refieren haber sido agredidas sexualmente por personas que no son ni su marido ni un compañero íntimo. La OMS detalla que si se tienen en cuenta el «alto grado de estigmatización» y el hecho de que muchos abusos sexuales «no se denuncian», es probable que, en la práctica, «estas cifras sean mucho mayores».

«La violencia contra la mujer es endémica en todos los países y culturas. Es dañina para millones de mujeres y para sus familiares y se ha visto exacerbada por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, no disponemos de vacunas para ponerle freno y solo podremos hacerle frente si los gobiernos, las comunidades y las personas adoptan medidas y las integran plenamente con el fin de cambiar actitudes perjudiciales, mejorar el acceso a las oportunidades y los servicios para las mujeres y las niñas y fomentar las relaciones saludables y de respeto mutuo», ha señalado en su intervención el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

LA PANDEMIA EXACERBA LA VIOLENCIA

La OMS detalla que si bien las cifras publicadas revelan tasas «alarmantemente altas» de violencia contra las mujeres y las niñas, no reflejan el impacto que la pandemia de COVID-19 está teniendo en la actualidad.

Así, advierten de que esta pandemia «ha expuesto todavía» más a las mujeres a conductas violentas a causa de medidas como los confinamientos y las interrupciones de los servicios de apoyo vitales.

«Resulta muy preocupante que las tasas de esta violencia generalizada de los hombres contra las mujeres no solo no disminuye, sino que quienes más la sufren son las mujeres de 15 a 24 años que, en muchos casos, ya son madres. No olvidemos, además, que estamos hablando de la situación previa a la imposición de medidas para hacer frente a la pandemia, como la permanencia en los domicilios. Sabemos que las numerosas repercusiones de la COVID-19 han dado lugar a una ‘pandemia oculta’ de todos los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas, como demuestra el incremento de los casos notificados. Todos los gobiernos deben tomar la iniciativa de forma decidida para hacer frente a este problema y empoderar a las mujeres con ese fin», ha resaltado la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Por otro lado, el informe señala que, aunque en muchos países se ha registrado un aumento de las denuncias de violencia de pareja a los servicios telefónicos de información y ayuda, la policía, el personal sanitario, los profesores y otras personas durante los días de confinamiento, «solo podremos conocer el verdadero impacto de la pandemia cuando se puedan volver a realizar encuestas».

LAS DESIGUALDADES, UNO DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO

Las mujeres que viven en países de ingresos bajos y en la franja de países de menores ingresos dentro del grupo de países de ingresos intermedios sufren esta violencia de forma desproporcionada. Según los cálculos, el 37 por ciento de las mujeres de los países más pobres han sido objeto de violencia física y/o sexual por parte de un compañero íntimo en algún momento de su vida, y en algunos de estos países la prevalencia llega a ser de una de cada dos mujeres.

Las regiones que presentan las mayores tasas de prevalencia de la violencia de pareja entre las mujeres de 15 a 49 años son las de Oceanía, Asia meridional y África subsahariana, con unos índices que oscilan entre el 33 por ciento y el 51 por ciento, mientras que las tasas más bajas se registran en Europa (16-23 por ciento), Asia central (18 por ciento), Asia oriental (20 por ciento) y Asia sudoriental (21 por ciento).

El grupo de edad en el que las tasas de violencia sufrida más recientemente son más elevadas es el de las mujeres jóvenes. Entre las mujeres que han tenido algún compañero íntimo en el transcurso de los 12 meses previos, la tasa más elevada en ese periodo, con un 16 por ciento, corresponde a las jóvenes de entre 15 y 24 años.

«Para luchar contra la violencia contra la mujer es imprescindible actuar urgentemente para reducir la estigmatización en torno a este problema, formar a los profesionales de la salud para que aprendan a interrogar a las víctimas mostrando compasión y luchar contra las estructuras que perpetúan la desigualdad entre los géneros. Además, es fundamental dirigir las intervenciones a los adolescentes y los jóvenes con el fin de promover la igualdad de género y las actitudes que la fomenten», ha reclamado Claudia García Moreno, de la OMS.

El documento recuerda que todas las formas de violencia que sufre una mujer pueden afectar a su salud y su bienestar durante el resto de su vida, incluso mucho tiempo después de ocurridas. «Las víctimas corren mayor riesgo de presentar lesiones, depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual (incluida la infección por el VIH) y muchos otros problemas de salud. Además, se trata de un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y conlleva unos costos enormes que repercuten en el desarrollo general y en los presupuestos de los países», argumenta.

Para prevenir la violencia, instan a «solventar las desigualdades económicas y sociales sistémicas, velar por el acceso a la educación y al trabajo seguros e introducir cambios en las normas y las instituciones que discriminan por motivos de género». «Hay también otras intervenciones eficaces, como los programas aplicados para garantizar la disponibilidad de servicios esenciales para las mujeres que han sobrevivido a actos violentos, prestar apoyo a las organizaciones de mujeres, hacer frente a las normas sociales que perpetúan las desigualdades, reformar las leyes discriminatorias y potenciar los mecanismos jurídicos pertinentes, entre muchas otras», concluyen.