La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha definido ante la comunidad iberoamericana la ley de cambio climático y transición energética que está pendiente de aprobación en el Senado como una norma de "aprendizaje colectivo" que establece un "suelo" ante el que "nunca se podrá dar marcha atrás".

Durante su participación en el 'Diálogo Iberoamericano: ¿qué agenda medioambiental para el futuro?', organizado con motivo de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará esta semana en Andorra, Ribera ha explicado los distintos objetivos para 2030 y para 2050 de la norma que está pendiente de su aprobación definitiva .

A su juicio, una las novedades de la ley es que establece una base desde la que se parte y que será revisada periódicamente y al alza en su ambición. "Iremos aprendiendo y tendremos que fortalecer, pero nunca podremos dar marcha atrás", ha manifestado Ribera porque ha subrayado que el cambio climático obliga a estar preparados e incorporar políticas públicas de reflexión.

Además, ha dicho que se trata de una "ley de aprendizaje colectivo" en la que participarán expertos, empresas y todos los ámbitos de la sociedad, incluidos los elementos que conectan con la protección social vinculada al cambio climático en el marco de la estrategia de transición justa.

Ribera confía en que las ideas de la ley serán recogidas en otras normas de países del entorno. "(La Ley) ha generado mucho interés en la opinión pública que ha resultado desesperante porque a todo el mundo se le ocurrían nuevas cosas que incorporar a la ley. Este es el suelo para de una manera transversa acometer ese proceso de cambio con perspectiva de conexión social", ha concluido.

En el acto ha participado la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, así como los ministros de medio ambiente de Costa Rica, Andorra y de República Dominicana. Grynspan ha celebrado que en la cita de Andorra se ha logrado retomar las reuniones de ministros de medio ambiente en las cumbres iberoamericanas después de 11 años sin celebrarse.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Andorra, Silvia Calvó, ha explicado las medidas del Principado en materia de cambio climático que pasan por un refuerzo de la financiación verde para que la recuperación de la crisis sea verde e inclusiva.

Mientras, la ministra de Ambiente y Energía de Costa Rica, Andrea Meza, confía en que este año se produzcan espacios de discusión de alto nivel para acelerar la acción climática en los próximos diez años y confía en que esta semana, en la cumbre climática convocada por Estados Unidos, su presidente, Joe Biden, ponga sobre la mesa una contribución nacional "actualizada y alineada" porque el esfuerzo de los grandes emisores es "fundamental".

"Necesitamos generar confianza de que vamos no solo a hacer la tarea en casa sino a retomar el multilateralismo y a movilizar recursos", ha concluido.

Por último, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, Orlando Mera, considera que este es un momento "clave" en el que no cabe sino mirar hacia adelante y en el que lo primero es combatir y salir "definitivamente" de la COVID-19 para una posterior recuperación en la que el medio ambiente es determinante.

No obstante, ha lamentado que en esta coyuntura, muchos países en desarrollo han sentido la "falta de solidaridad" y recuerda que para combatir el cambio climático es necesaria asimismo esta solidaridad internacional con transparencia.

El PP ha planteado en el Congreso de los Diputados no aplicar hasta un plazo máximo de dos años las obligaciones sobre cobertura de costes en la nueva ley de cadena alimentaria, con el fin de alcanzar un consenso para su aplicación.

Así, según las enmiendas registradas en la Cámara Baja a este proyecto, los 'populares' plantean modificaciones para reconocer estos costes y obligar a pagar un precio igual o superior al coste incurrido, pero también retrasar su aplicación.

La entrada en vigor, propone el PP, se condiciona a la aprobación en el Congreso de un informe sobre el impacto de estos artículos sobre el funcionamiento en la cadena de suministro y la competitividad de las explotaciones agrarias y su incidencia en el sector pesquero.

El PP argumenta esto por "la clara oposición que se detecta entre muchos sectores productivos al establecimiento de una regulación de los precios del contrato que ignore la realidad del mercado".

Así, asegura que esta obligación de cubrir el coste efectivo de producción "no resuelve el problema de los bajos precios a los agricultores, porque el comprador no está obligado a adquirir los productos, ya que dispone de una amplia oferta en España y fuera de ella".

También señala que la fijación del precio debe considerar también otros elementos, como la situación del mercado, el volumen entregado o su calidad; que el planteamiento perjudica a explotaciones con mayores costes y que existen "innumerables" circunstancias en las que el precio del mercado puede estar por debajo de los costes de producción.

RESTRICCIÓN DE LA VENTA A PÉRDIDAS SEGÚN EL COMERCIO MINORISTA

Por otro lado, otra de las modificaciones propuestas por el PP es la restricción de la venta a pérdidas según lo dispuesto en la regulación del comercio minorista, pues consideran que es en esta Ley donde se regula esta competencia.

También proponen cambios en esta ley, con el fin de condicionar la prohibición de estas ventas a pérdidas a que sean consideradas desleales, cuando haya un precio "desproporcionadamente bajo" respecto al valor medio del conjunto de marcas presentes, o la práctica de 'publicidad señuelo'.

Esta supone ofrecer productos sin justificar los motivos que pueda tener para pensar que no estará en condiciones de ofrecer dichos productos, o equivalentes, a ese precio durante un período y en cantidades razonables.

SE AGOTA EL TIEMPO PARA TRASPONER LA DIRECTIVA

Por otro lado, el PP critica que el Gobierno buscaba con esta reforma trasponer la normativa europea sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, y el plazo para hacerlo se agota el próximo 1 de mayo.

Ante ello, lamentan que este retraso, que atribuyen a "la dejadez del Gobierno", puede suponer "multas millonarias a España que acabarán pagando los agricultores y ganaderos". Todo ello en una norma que, abunda el PP, no cuenta con "acuerdo" entre las formaciones del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, que presentan sus enmiendas por separado.

"Pocas veces una norma concita tanto rechazo por parte del sector implicado", asevera el PP, asegurando que en las cerca de treinta comparecencias en el Congreso con motivo de la tramitación de dicha norma, representantes del sector pesquero, del lácteo, de la fruta, del plátano, del aceite, del vino, entre otras, "manifestaron la necesidad de quedar al margen de la aplicación de la norma por la incapacidad de esta ley de solventar sus problemas, que los agrava".

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado, por 25 votos a favor y 9 abstenciones, una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y que ha contado con una enmienda transaccional, por la que se insta al Gobierno a adaptar el sistema 'Nutriscore' a los patrones de consumo de los españoles.

De esta forma, según el texto, se asegura que alimentos y productos alimenticios que forman parte de la dieta mediterránea no se vean perjudicados por el semáforo nutricional, como ya han planteado otros países como Bélgica y Francia.

Además, en la PNL se solicita al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, a que se excluya de la aplicación del sistema 'Nutriscore' a los alimentos y productos alimenticios reconocidos como Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), debido al valor añadido de los mismos y a la imposibilidad de adaptar su composición o elaboración a los requisitos de dicho sistema.

Otras peticiones pasan por realizar una evaluación anual de los cambios en los patrones de consumo de alimentos y productos alimenticios que se hayan llevado a cabo con motivo de la aplicación del sistema de etiquetado Nutriscore, pudiendo así obtener información sobre su funcionamiento y detectar posibles fallos de aplicación.

Finalmente, la Cámara Baja ha acordado pedir al Gobierno no tomar "ninguna otra medida" destinada a incentivar o desincentivar el consumo de algún tipo de alimento o producto alimenticio en base a su valor nutricional hasta haber realizado dicha evaluación del impacto causado por la aplicación del sistema de etiquetado Nutriscore en los patrones de consumo que pueda informar cualquier acción futura en este sentido.

No obstante, la Comisión ha rechazado, con 16 votos a favor, 17 en contra y una abstención, una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se pedía posponer la implantación de este etiquetado hasta que la Unión Europea aprobase uno obligatorio y estandarizado en la parte frontal del envase, y que sea fruto del acuerdo con todos los sectores implicados, con el objetivo de evitar confusión a los consumidores e incertidumbre a las empresas españolas del sector alimentario.

Asimismo, en el texto presentado por los 'populares', y que ha sido rechazado, se subrayaba la necesidad de defender, en los foros y órganos competentes europeos, la aprobación de un sistema armonizado de etiquetado nutricional frontal que ponga en valor la alta calidad nutricional y saludable de los productos alimentarios españoles, "ahora amenazados", que son "básicos" en la dieta mediterránea.

Los impactos e indicadores del cambio climático, al sumarse el clima extremo al COVID-19, empeoraron durante el año 2020, que fue uno de los tres años más cálidos desde que hay registros a pesar del enfriamiento generalizado que provoca el fenómeno La Niña, según concluye un estudio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y otros organismos.

El Informe sobre el Estado del Clima Global, que publica este lunes la Organización de Unidas, refleja que el clima extremo combinado con el COVID-19 fue "un doble golpe para millones de personas en 2020" y que la desaceleración económica relacionada con la pandemia no logró frenar los impulsores del cambio climático y la aceleración de los impactos.

En concreto, el estudio señala que la temperatura media a nivel mundial de 2020 estuvo 1,2 grados centígrados (ºC) por encima de los valores preindustriales (1850-1900) y concluye que los últimos seis años, desde 2015, han sido los más cálidos jamás registrados, al tiempo que, en su conjunto la década transcurrida entre 2011 y 2020 fue la década más cálida nunca antes observada.

En rueda de prensa, el secretario General de la OMM, Petteri Taalas, ha destacado que han pasado ya 28 años desde que la organización emitió su primer informe del estado del clima, en 1993, por las "preocupaciones planteadas en ese momento sobre el cambio climático proyectado".

Así, ha subrayado la "solidez de la ciencia climática basada en las leyes físicas que gobiernan el comportamiento del sistema climático" ya que "todos" los indicadores climáticos clave y la información de impacto asociada que se proporciona en este informe destacan "el incesante y continuo cambio climático, una creciente ocurrencia e intensificación de eventos extremos y graves pérdidas y daños que afectan a las personas, las sociedades y las economías".

Por ello, alerta de que la tendencia negativa del clima seguirá en las próximas décadas independientemente del éxito en la mitigación e incide en la importancia de invertir en adaptación.

"Varios países menos desarrollados tienen importantes lagunas en sus sistemas de observación y carecen de servicios meteorológicos, climáticos y de agua de última generación", recuerda el secretario general de la OMM.

En esta línea, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien ha defendido que el informe muestra que no hay tiempo que perder porque el clima está cambiando y los impactos "ya son demasiado costosos".

"Este es el año de la acción. Los países deben comprometerse con emisiones netas cero para 2050. Deben presentar, mucho antes de la COP26 en Glasgow, planes climáticos nacionales ambiciosos que recorten colectivamente las emisiones globales en un 45% en comparación con los niveles de 2010 para 2030. Y deben actuar ahora para proteger a las personas contra los efectos desastrosos del cambio climático", ha reclamado.

EMPEORAN LOS DATOS

El Estado del clima 2020 refleja que las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero siguieron aumentando en 2019 y 2020. El promedio mundial de las fracciones molares de dióxido de carbono (CO2) ya ha superado las 410 partes por millón (ppm), y si se mantiene la tendencia de la concentración de CO2 de los años anteriores, podría alcanzar o superar las 414 ppm en 2021, según se desprende del informe.

En cuanto a los océanos, la OMM explica que su acidificación y la desoxigenación ha seguido produciéndose, lo que incide en los ecosistemas, la vida marina y la pesca. En 2019 el contenido calorífico de los océanos alcanzó el nivel más alto del que se tenga registro, y es probable que esta tendencia se haya mantenido en 2020.

De acuerdo con el Servicio de Vigilancia Medioambiental Marina de Copernicus de la Unión Europea, la tasa de calentamiento de los océanos en el último decenio fue superior a la media a largo plazo, lo que indica una absorción continua del calor atrapado por los gases de efecto invernadero.

Durante el año 2020 en más del 80 por ciento del océano se produjo, al menos, una ola de calor marina y el porcentaje del océano en el que se registraron olas de calor marinas "fuertes" (45 %) fue superior al correspondiente a las olas de calor marinas "moderadas" (28 %). De hecho, desde 1993 se ha observado un aumento del nivel medio del mar a escala mundial.

Las temperaturas del aire en superficie del Ártico se han elevado, al menos, dos veces más rápido que la media mundial desde los años 80, algo que el informe alerta de que podría tener importantes consecuencias para el clima mundial.

Respecto a 2020, informa de que el valor mínimo de extensión del hielo marino en el Ártico tras el deshielo estival fue de 3,74 millones de km2; desde que se tienen registros, esta fue la segunda vez que se ha reducido a menos de 4 millones de km2. Las temperaturas máximas récords que se registraron al norte del círculo polar ártico en Siberia provocaron una aceleración del derretimiento del hielo marino en el mar de Siberia oriental y el mar de Laptev, en los que se produjo una ola de calor marina prolongada.

En Groenlandia la capa de hielo siguió perdiendo masa por desprendimientos de témpanos se situó en el extremo superior del registro satelital de 40 años. En la Antártida se observa una fuerte tendencia a la pérdida de masa desde finales de los años 90 que se aceleró desde 2005.

Las lluvias intensas y las inundaciones afectaron también a grandes zonas de África y Asia y provocaron en una plaga de langostas del desierto en África, mientras que en Asia se registraron precipitaciones inusualmente elevadas en diferentes momentos del año.

En América del Sur, una grave sequía afectó en 2020 especialmente en el norte de Argentina, Paraguay y zonas fronterizas de Brasil un país que tuvo pérdidas agrícolas de casi 3.000 millones de dólares. También en el sur de África hubo una sequía prolongada, sobre todo en Sudáfrica.

TEMPERATURAS RÉCORD

Por otro lado, sobre las temperaturas, el estudio concluye que en una amplia región del Ártico siberiano, se superaron en más de 3ºC los anteriores récord de 38°C en la localidad de Verkhoyansk.

En el Valle de la Muerte en California (Estados Unidos) se alcanzaron 54,4ºC el 16 de agosto, que es la temperatura más alta de la que se tiene conocimiento en el mundo en, al menos, los últimos 80 años. En el Caribe también se registraron olas de calor en abril y septiembre y se batieron récords, igual que en Australia, que llegó a 48,9ºC en el oeste de Sidney. Europa no fue la excepción, ya que sufrió sequías y olas de calor, pero no tan intensas como las de 2018 y 2019.

2020 también rebasó todas sus marcas en cuanto a los huracanes, ya que en toda la temporada se nombró a 30 tormentas. De ellas, 12 llegaron a tierra en Estados Unidos, tres más que el anterior récord.

Por su parte, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, contabilizó a más de 50 millones de personas se vieron doblemente afectadas en 2020 por los desastres relacionados con el clima (crecidas, sequías y tormentas) y por la pandemia de COVID-19.

Los efectos del cambio climático provocaron una media de 23,1 millones de desplazamientos anuales. Durante el primer semestre de 2020 se registraron alrededor de 9,8 millones de desplazamientos, que obedecieron, en gran parte, a peligros y desastres hidrometeorológicos y ocurrieron principalmente en el sur y sureste de Asia y en el Cuerno de África.

La Dirección Xeral de Saúde Pública se encargará de determinar qué tipo de locales serán los "más adecuados" para realizar la prueba piloto, que se espera que pueda ser en "mayo", de la reapertura del ocio nocturno y comprobar si se esta actividad puede ir recuperándose poco a poco, ya que es el sector de la hostelería que más tiempo lleva cerrado.

Así lo ha expresado el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en declaraciones a los medios este lunes al ser preguntado por esta fase experimental que se está planeando entre el sector y el departamento autonómico, para lo que se tendrá especial contacto con la Dirección de Saúde Público.

"Mantuvimos varias conversaciones, la última esta semana (pasada) con los representantes del ocio nocturno", ha señalado Rueda, antes de enmarcar esta experiencia piloto en la "prudencia" y tras lo que agradeció las declaraciones de representantes del sector manifestándose en este mismo sentido.

Rueda ha convenido en que es necesario avanzar "poco a poco" en las medidas, sobre todo, si la situación epidemiológica lo permite y también se progresa en la vacunación. "El sector de la hostelería es el que lleva más tiempo cerrado y, por lo tanto, nos pedían un horizonte. Y a eso responde esta previsión de intentar, poco a poco, que vuelvan a su actividad", ha manifestado.

El responsable también de la cartera de Turismo ha indicado que "hay que hacerlo especialmente bien", porque se trata de un sector "especialmente sensible". "Lo que queremos es ir poco a poco, por eso planteamos pruebas piloto", ha explicado, para añadir que esperan que se puedan "hacer el próximo mes".

PRINCIPIOS DE MAYO

La idea, ha indicado el vicepresidente primero, es poder hacerlo "en mayo", para poder mantener el horizonte de apertura en el verano. "Pero con muchísima prudencia", ha aseverado Alfonso Rueda, quien ha dicho que esta situación solo se dará si el escenario mejora. "Si empeora no sería planteable, lo tienen todos claro, los (empresarios) del ocio nocturno y todos en general", ha remarcado.

En todo caso, el responsable de la Vicepresidencia Primera se ha mostrado confiando en que pueda salir adelante, porque el comportamiento de la sociedad en general está siendo "destacable", y ha esperado que "se puedan plantear cosas que hace un par de meses eran ciencia ficción.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se ha reunido este lunes con el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, quien le ha traslado la importancia de trabajar "con agilidad y con urgencia" durante los próximos meses en aspectos "fundamentales para la recuperación del sector turístico español".

A la reunión, que ha tenido lugar tras la presentación en Lanzarote de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino, también han asistido los responsables de las patronales turísticas canarias, para abordar los principales asuntos que preocupan al sector de cara al futuro.

El presidente de Cehat ha insistido en la necesidad de reforzar y agilizar los procesos de vacunación para poder recuperar la confianza de los viajeros y, con ella, la demanda turística. "Es imprescindible dotar a los viajeros, a la mayor brevedad posible, de mecanismos que les permitan recuperar la confianza en el turismo y la movilidad", ha apuntado.

Así, ha resaltado que el sector alojativo "está preparado" para comenzar a operar "a pleno rendimiento en el momento en que las condiciones sanitarias lo permitan". Por ello, ha indicado que necesitan la ayuda del Gobierno y todos los agentes implicados "para cerrar el círculo y recuperar la confianza de los viajeros, la demanda y la reactivación del turismo".

Para el presidente de la patronal hotelera el Pasaporte Sanitario Digital o Green Pass será también una "herramienta clave" en este proceso de vuelta a la normalidad turística. No obstante, Marichal ha señalado la necesidad de que se articule de forma consensuada a nivel europeo, para contar con un criterio unificado que permita que puedan viajar las personas vacunadas o testadas, evitando las cuarentenas.

El presidente de Cehat ha recordado la "difícil situación" en la que se encuentran las empresas turísticas y, por consiguiente, el tejido empresarial de todos los subsectores relacionados. En este sentido, Marichal ha trasladado a Maroto la urgencia de abordar la prolongación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta finales de año y la exoneración total de las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa para los trabajadores afectados.

"Esta medida será vital para proteger a los empleados del sector, en primer lugar, y para evitar la destrucción de numerosas empresas turísticas", ha recalcado Marichal.

El presidente de la patronal también ha recordado la importancia de ampliar los plazos y reformular las solicitudes de las carencias hipotecarias y ha planteado la habilitación de un programa de bonos turísticos que contribuya a la reactivación de la demanda y fomente el turismo dentro de un contexto de movilidad segura. Además, ha incidido en la necesidad de adelantar y potenciar en la medida de lo posible el programa del Imserso.

Por último, Marichal ha destacado que los fondos europeos 'Next Generation' son una "gran oportunidad" para el futuro del sector, pero ha señalado que hay que pensar, sobre todo, en el presente y el futuro a corto plazo con el fin de iniciar la actividad "lo antes posible".

El Congreso de los Diputados ha recibido la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a inhabilitación al diputado Joan Josep Nuet, miembro del grupo de ERC, pero antes de proceder a la retirada del escaño ha pedido aclaraciones al Alto Tribunal sobre su ejecución.

Nuet, que no milita en ERC, sino en Soberanistes, un partido escindido de Catalunya En Comú que concurrió con los republicanos en 2019, fue condenado por desobediencia a ocho meses de inhabilitación y multa por haber apoyado en la Mesa del Parlamento catalán la tramitación de determinadas resoluciones independentistas que el Tribunal Constitucional había rechazado.

El Reglamento de la Cámara Baja establece que un diputado perderá su condición por una decisión judicial "firme" que anule la elección o su proclamación como tal, como es el caso de la sentencia del Tribunal Supremo.

La resolución judicial fue comunicada formalmente la pasada semana, como siempre a través de sus presidentes (correo oficial de Carlos Lesmes a la presidencia de la Cámara, Meritxell Batet).

Ahora bien, la defensa de Nuet puede pedir aclaraciones al propio Tribunal Supremo sobre los efectos de la sentencia, y además tiene derecho a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, paralelamente, solicitar que suspenda la ejecución de la sentencia hasta que el TC resuelva.

En ese contexto, y antes de proceder a la retirada del escaño, una medida que no tiene marcha atrás, el Congreso ha pedido confirmación sobre la firmeza de la sentencia y la ejecución de la inhabilitación, ya que no ha recibido un auto de ejecución, según confirmaron fuentes parlamentarias.

EL PRECEDENTE DE HOMS

Se sigue así el procedimiento que la Presidencia de Ana Pastor llevó a cabo en el último precedente en la Cámara, la inhabilitación del que fuera portavoz del PDeCAT, Francesc Homs, condenado por su apoyo a la consulta del 9 de noviembre de 2014.

En cuanto responda el Supremo, lo previsible es que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, llamará a Nuet para comunicarle la pérdida del escaño y, tras informar a la Mesa y a la Secretaría General de la Cánara, se dará aviso a la Junta Electoral Central para expedir la credencial al siguiente de la lista de ERC por Barcelona, que es Gerard Álvarez.

Andalucía registra este lunes 19 de abril un total de 2.034 casos de coronavirus, en la línea a los 2.183 del sábado, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza once fallecidos, una cifra por encima de los tres del lunes pasado y los seis del sábado.

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma vuelve a ascender por quinto día consecutivo y se sitúa en 263,7 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 4,7 puntos más que la tasa del sábado --el domingo no se actualiza-- y 38,4 puntos por encima de la tasa de 225,3 del lunes pasado.

Los 2.034 contagios de esta jornada se registran tras los 2.182 del sábado, los 2.477 del viernes, los 1.899 del jueves, los 2.368 del miércoles y los 3.192 del lunes pasado --el martes la Junta no informó de los datos por motivos técnicos--.

Sevilla repite de nuevo como provincia que suma más casos con 493, seguida de Granada con 380, Jaén con 270, Cádiz con 237, Málaga con 223, Huelva con 160, Almería con 143 y Córdoba con 128.

En cuanto a los fallecidos, los once de esta jornada se registran tras los seis del sábado, los 19 del viernes, los 14 del jueves, los 19 del miércoles y los tres del lunes --el martes la Junta no informó de los datos por motivos técnicos--.

Por provincias, Granada suma cuatro muertes, seguida de Almería con tres, Córdoba con dos, Jaén y Málaga con una cada una, y Cádiz y Huelva con ninguna.

MÁS DE 1.500 HOSPITALIZADOS MES Y MEDIO DESPUÉS

Andalucía sube los hospitalizados por coronavirus este lunes 19 hasta 1.532, 75 más que la víspera y 139 más que el lunes pasado, mientras que los ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) aumentan hasta 308, seis más en un día y que hace una semana.

De esta forma, la región vuelve a superar el umbral de 1.500 hospitalizados otra vez desde que se dejase atrás el 6 de marzo, en el descenso de la tercera ola.

Granada sigue siendo la provincia con más hospitalizados con 370 y 73 de ellos en UCI, seguida de Sevilla con 369 y 70 en UCI; Almería, con 135 y 50 en UCI; Málaga con 156 y 34 de ellos en UCI; Córdoba, con 131 y 28 en UCI; Cádiz con 147 y 27 en UCI; Jaén, con 131 y 14 en UCI, y Huelva, con 93 y 12 en UCI.

MÁS DE 530.000 HAN PASADO EL VIRUS

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 531.734 casos confirmados --2.036 más en 24 horas-- y ha alcanzado las 9.525 muertes tras sumar once. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 42.828, 78 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 4.562, tras sumar seis, y el número de curados es de 445.416 después de añadir 4.525.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 9.525 fallecidos desde el inicio de la pandemia --once más--, Sevilla con 1.878 se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Granada con 1.644 --cuatro más--; Málaga con 1.595 --una más--; Cádiz con 1.413; Córdoba con 924 --dos más--; Jaén con 936 --una más--; Almería con 779 --tres más-- y Huelva con 356.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 531.734 desde el inicio de la pandemia --2.036 más--, liderados por Sevilla con 113.444 casos --493 más--, seguida de Málaga con 92.219 --223 más--, Granada con 78.173 --380--, Cádiz con 76.636 --238 más--, Almería con 51.366 --143 más--, Córdoba con 48.261 --128 más--, Jaén con 44.475 --270 más-- y Huelva con 27.160 --161 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 42.828 --78 más--, con Sevilla a la cabeza con 9.213 --once más--, seguida por Málaga con 7.579 --19 más--; Granada con 6.983; Cádiz con 5.316 --12 más--; Jaén con 4.152 --ocho más--; Córdoba con 4.138 --12 más--; Almería con 3.543 --uno más-- y Huelva con 1.904 --15 más--.

De ellos, 4.562 han pasado por la UCI en Andalucía --seis más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 896 --uno más--, seguida de Granada con 823; Málaga con 703 --tres más--; Cádiz con 587; Almería con 562 --dos más--; Córdoba con 491; Jaén con 374 y Huelva con 126.

GRANADA TIENE LA TASA MÁS ALTA

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 445.416 en toda la región, 4.525 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 91.834 --1.156 más--, seguida de Málaga con 80.132 --484 más--; Granada con 62.872 --622 más--; Cádiz con 65.250 --1.166 más--; Jaén con 37.864 --131 más--; Almería con 44.711 --511 más--; Córdoba con 39.952 --326 más-- y Huelva con 22.801 --129 más--.

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 263,7 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Granada a la cabeza con 467,5. Detrás se sitúan Jaén con 364,6; Huelva, con 283,3; Sevilla con 280,4; Almería con 273,0; Córdoba 236,0; Cádiz con 205,3, y Málaga con 141,6.

SÉPTIMA CCAA CON MAYOR TASA

Por su parte, el Ministerio de Sanidad detalla también los casos confirmados en los últimos 14 días y en la última semana por cada 100.000 habitantes y sitúa a Andalucía como la séptima y octava región con mayor incidencia acumulada, respectivamente.

Andalucía ha registrado 22.297 casos en los últimos 14 días con una tasa de 263,42 por cada 100.000 habitantes --superior a la media nacional de 230,54--, y 9.725 en los últimos siete días con una tasa de 114,89, superior también a la nacional de 109,93.

El Ministerio de Sanidad contabiliza 1.613 pacientes Covid en hospitales andaluces, con una ocupación del 8,89% de camas, por encima de la media nacional, situada en el 8,32%, y 312 en UCI, que registran una ocupación del 16,46% de las camas, inferior a la media nacional del 22,40%. Además, registra 166 ingresos por covid en las últimas 24 horas y 104 altas.

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha pedido una mecánica "más rigurosa e enriquecedora" en la elaboración de la nueva Ley del Sistema Universitario (LOSU) durante la Conferencia General de Política Universitaria.

En relación al documento de trabajo remitido por el Ministerio de Universidades para iniciar el proceso de elaboración de la nueva norma, 'La universidad que queremos', el conselleiro declaró que se estructura sobre una serie de asuntos alrededor de los que se proponen interrogantes a responder por los receptores del mismo, "un planteamiento que resulta anómalo y ni siquiera ofrece la información mínima que debe ponerse a disposición de los ciudadanos para el trámite de consulta pública previa".

Asimismo, conforme ha indicado la Xunta en un comunicado, el conselleiro explicó que la conferencia es un foro idóneo para abordar esta iniciativa normativa mediante debates y grupos de trabajo específicos que analicen de forma sistemática las propuestas, integren aquellas en las que exista consenso y, en definitiva, "garanticen la igualdad de los participantes y el conocimiento plural del proceso de elaboración de la nueva ley".

En este sentido, ha recordado que este fue, precisamente, el modo de actuar en los años 2018 y 2019, cuando se abordaron asuntos como la redacción del decreto de organización de enseñanzas universitarias. Asimismo, el representante autonómico ha explicado que, desde la entrega en vigor de la actual Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, "son muchos los debates, estudios y documentos elaborados" por distintas organizaciones y administraciones cuyas conclusiones "son un buen punto de partida para afrontar la nueva regulación" del sistema universitario.

PROPUESTA DE ANTEPROYECTO

En lo referente al documento remitido desde el Ministerio como punto de partida para la elaboración normativa, Román Rodríguez ha señalado que el departamento estatal es el que tiene la competencia para elaborar un anteproyecto de ley, "un primer borrador sobre el que trabajar y llegar a consensos enriqueciendo la redacción final con el alegaciones concretas".

La Xunta considera que la metodología de trabajo propuesta por el Ministerio de Universidades llevaría a una demora indeseable a la hora de abordar el anteproyecto y solo conseguiría recoger "una serie de opiniones parciales" que no aportarían "nada positivo al debate, salvo dejar pasar semanas en un periodo de participación ciego".

FINANCIACIÓN ESPECÍFICA

Además, el Gobierno gallego pide un cambio de criterio sobre la "intención del Ministerio de no aportar fondos finalistas para universidades a las comunidades autónomas", que deberán obtenerlos del "reparto de fondos generales que reciban del Estado.

A este respecto, ha incidido en que es necesario que el departamento estatal asegura una "concreción específica y nominal de fondos para las universidades, que complemente el esfuerzo que todas las comunidades hacen para financiar estas instituciones académicas". "En definitiva, que garantice una financiación suficiente y no se escude en transferencias indirectas, sin claridad".

LIMITE DE PRECIOS DE MATRÍCULA

En la Conferencia General de Política Universitaria, el Ministerio de Universidades ha acordado limitar los precios públicos de las tasas universitarias para el próximo curso 2021/2022.

Según han informado fuentes de este departamento, durante la reunión, se ha preguntado sobre si había alguna objeción a esta medida, siendo País Vasco la única región que se ha manifestado en contra recordando que ya se había opuesto a la misma el año pasado.

La medida acordada este lunes supone una prórroga de las condiciones aprobadas en el pleno de la Conferencia General de Política Universitaria del 27 de mayo de 2020 de los precios públicos en segunda, tercera, cuarta matrícula de Grado y Másters no habilitantes para el curso 2021/2022.

Por entonces, votaron en contra de esta propuesta cinco regiones: País Vasco y las cuatro que gobiernan el PP y Cs (Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia).

Así, los precios máximos de los estudios conducentes a la obtención del título oficial de Grado, en segundas y sucesivas matrículas, quedan fijados en los vigentes en el curso 2020/2021 en cada comunidad autónoma para cada tipo de experimentalidad que estas hubieren establecido.

También los precios máximos de aquellos Másteres no habilitantes serán aquellos vigentes en el curso 2020/2021 en cada comunidad autónoma para cada tipo de experimentalidad que estas hubieren establecido.

Asimismo, las comunidades autónomas podrán fijar el precio de los estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado y de Máster, en primeras y sucesivas matrículas, para los estudiantes nacionales de países no pertenecientes a la Unión Europea como consideren adecuado, teniendo presente que se establece como valor máximo los vigentes para esta tipología de estudiantado en el curso 2020/2021.

Esta medida acordada este lunes se suma a la aprobada el pasado miércoles 29 de marzo de este año, también a propuesta por el Ministerio de Universidades, para establecer la equiparación de los precios de primera matrícula de los Másteres habilitantes y vinculados a los precios medios de la primera matrícula de Grado para el curso 2022/2023.

GALICIA, DONDE MÁS BARATO SE ESTUDIA

Según un informe del Ministerio de Universidades, durante este curso 2020/2021, el precio medio por crédito en las titulaciones de Grado en primera matrícula bajó más de un 7,6%, pasando de los 18,61 euros del curso anterior a 17,18 euros.

Por comunidades autónomas, el precio medio del crédito de Grado en primera matrícula más alto es el de la Comunidad de Madrid (23,17 euros). En el otro extremo se sitúa Galicia (11,78 euros por crédito).

En cuanto a los Másters no habilitantes, durante el curso 2020/2021, el precio medio del crédito en primera matrícula descendió más de un 4% con respecto al curso anterior, pasando de 35,53 euros el crédito a 33,99 euros.

Por comunidades autónomas, la mayoría mantuvo este curso académico los precios del curso anterior, a excepción de Galicia y Cataluña, que los bajaron un 50% y un 15% aproximadamente con respecto al curso 2019/2020, respectivamente. El precio más alto lo alcanza la Comunidad de Madrid (52,29 euros). En el extremo opuesto se encuentra Galicia, con 11,87 euros el crédito.

En lo que respecta a los precios de los Másters habilitantes, el precio medio del crédito en primera matrícula es de 22,48 euros. Castilla y León es la comunidad donde más caro está el crédito en la primera matrícula, con 31,14 euros, frente a los 10,98 euros de

El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España, en lo que va de 2021, se ha elevado a siete, tras confirmarse como un caso de violencia machista el asesinato de una mujer este lunes 19 de abril en la provincia de León. Ninguna de estas mujeres habían denunciado previamente a su agresor.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha incluido en el registro de víctimas mortales por violencia de género a la mujer de 36 años que ha sido asesinada este lunes presuntamente a manos de su pareja, en Mansilla de las Mulas.

Con esta confirmación, asciende a siete el número de víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año, once menos que en los mismos meses de 2020, cuando por estas fechas habían sido asesinadas 18 mujeres. Además, desde que hay registros en 2003, han muerto a manos de sus parejas o exparejas un total de 1.085 mujeres.

La mujer de León no tenía hijos ni hijas menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha confirmado este caso como el primero de violencia de género que se produce en la comunidad en 2021.

El hecho de que no hubiera denuncias previas, "preocupa especialmente" a la Delegación, dado que esta violencia "permanece oculta", a pesar de que, según informes de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, una de cada dos mujeres en España son víctimas de algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida.

"La violencia de género golpea sin cesar nuestra sociedad y debemos combatirla desde las instituciones y en todos los ámbitos", ha señalado la Delegación en un comunicado, en el que ha incidido en que "cuando una mujer sufre violencia o cuando una mujer es asesinada, las personas comprometidas con la democracia sufren con ellas".

Los hechos se han producido la pasada noche en una vivienda de la calle De Lil de la localidad leonesa, y la Guardia Civil ha detenido a un hombre, de 28 años, como presunto autor de la muerte de esta mujer, "muy querida" en la localidad, como ha reconocido el alcalde.

El Gobierno ha recordado que está a disposición de las víctimas y de cualquier persona el teléfono 016, que no deja huella en la factura telefónica.

El hombre juzgado por amenazar, golpear e insultar a una mujer que saltó por la ventana de la vivienda en Marbella (Málaga) ha negado todas las acusaciones, asegurando que el día de los hechos ni hubo discusión; al tiempo que ha insistido en que no ha tenido nunca una relación sentimental con ella. La víctima, por su parte, que ha quedado tetrapléjica, sí ha dicho que tuvieron una relación y que se tiró después de que la agrediera para "intentar salvarme".

La Sección Octava de la Audiencia de Málaga ha juzgado este lunes a este hombre acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa por supuestamente pegar, insultar y amenazar de muerte a una mujer que, según las acusaciones, había sido su pareja, sumando la agravante de actuación por razones de género a la de parentesco. Solicita que se le condene a diez años de prisión y a indemnizar a la mujer con 498.723 euros.

"Yo no me di cuenta de nada, me entero por la Policía que entró aporreando la puerta de lo que había pasado, de que se había tirado", ha declarado el procesado, quien ha negado que mantuviera en algún momento una relación sentimental o encuentros sexuales con la víctima, insistiendo en que solo eran amigos y en que se conocían desde pequeños, "de toda la vida de Marbella", y "del mundo de las drogas".

Los hechos sucedieron en noviembre de 2018. El acusado ha explicado que encontró a la mujer de madrugada, tirada en el suelo y le dijo que su novio le había pegado, por eso le ofreció que subiera a su casa; apuntando que durante esa noche consumieron droga juntos; pero ha insistido en que no la insultó ni amenazó con un cuchillo, y tampoco le pegó un puñetazo; "no hubo ni discusión", ha declarado el hombre.

"Si llego a saber que se va a tirar por la ventana intento que no se tire, no la dejo", ha asegurado el acusado, mientras que la mujer ha declarado que lo hizo porque sintió "mucho miedo", que el hombre no le había pegado antes, pero ese día la amenazó de muerte y con un cuchillo, la insultó y le dio un puñetazo que la dejó semi inconsciente. Cuando volvió en sí "no vi otra salida y me tiré, no vi otra solución", ya que pensaba que la iba a matar.

Ha coincidido en que se lo encontró en la calle, que le dijo que se fuera a su casa, apuntando que él salió y cuando volvió "me cerró la puerta y no me dejaba salir", ha dicho, apuntando que daba "voces, diciendo que yo tenía su cartera. "Esa noche no era él, tenía el demonio dentro", ha asegurado la mujer, quien ha reiterado que entró "en pánico".

La víctima ha asegurado que mantuvo con el acusado una relación durante un año, llegando a vivir juntos ese tiempo; y ha negado que en el momento de los hechos ella consumiera droga, ya que lo había dejado hacía meses, apuntando que ella "jamás" hubiera querido tirarse. Esto ha sido corroborado por su hermana, al igual que el hecho de que había dejado de consumir droga hacía tiempo.

Asimismo, dos vecinas, que han declarado como testigos, han señalado que el acusado solía mantener continuas peleas con mucha gente y normalmente amenazaba, asegurando que esa mañana lo escucharon discutir. Además, una de ellas ha indicado que oyó cómo el hombre dijo: "Te voy a matar"; mientras que la otra ha asegurado que en un momento del enfrentamiento "ella parecía que pedía auxilio".

Además de la pena de prisión y el pago de una indemnización a la mujer de 498.723 euros por las lesiones y daños morales, el fiscal insta a que se le imponga la prohibición de acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante 16 años.

El trabajador de un local de Magaluf acusado de causar la muerte a un turista, al sacarlo a golpes del local, ha declarado este lunes, en el juicio por estos hechos, que no pretendía hacer daño al cliente, que falleció días más tarde por un golpe en la cabeza.

Así lo ha expresado en su declaración durante el juicio que se celebra con un tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial. En el banquillo se sientan dos hombres, un británico de 38 años acusado de homicidio y un español de 40 años acusado de encubrimiento. La Fiscalía pide 12 años de cárcel por el homicidio y un año y ocho meses por el encubrimiento.

La Fiscalía también solicita una indemnización de 10.000 euros para los padres de la víctima, 30.000 para su esposa y 25.000 para cada uno de sus hijos.

El suceso tuvo lugar la madrugada del 27 de abril de 2018 en Magaluf, en el local donde trabajaba el principal acusado, en la zona de Punta Ballena. La víctima es un ciudadano británico de 30 años que se encontraba de vacaciones en Mallorca.

En el interrogatorio, el hombre ha reconocido que propinó una bofetada al hombre, no un puñetazo, pero ha negado que le diera una patada en la cabeza cuando la víctima estaba en el suelo. Según su versión, le golpeó, con la palma de la mano, al verle acercarse en actitud agresiva con los puños en alto, porque pensó que le iba a pegar.

SOSTIENE QUE SALIÓ EN DEFENSA DE UNA MUJER

En concreto, el trabajador del local ha contado que, cuando estaba trabajando en la caja, una camarera le avisó de que un cliente había pegado dos veces a una mujer -que resultó ser la novia de la víctima-; y que el cliente lanzó una copa a la mujer.

Por ello, ha mantenido el acusado, él se dirigió hacia el cliente para intentar detenerle. En un momento dado el cliente trastabilló y el trabajador intentó a agarrarle, y después el turista se le encaró y fue cuando se produjo la bofetada, según el acusado.

En este sentido, el empleado del pub ha insistido en que el hombre cayó al suelo de espaldas, de manera que su cabeza quedaba a unos dos metros de distancia de él. Por este motivo el procesado sostiene que era "imposible" que le diera la patada mortal. "No hubo patada", ha incidido.

El acusado ha contado que tras estó se alejó volviendo a entrar en el bar, y que otras personas fueron a levantar al cliente pero que le dejaron caer. Más tarde, fue otra persona quien le propinó la patada mortal, ha defendido el procesado.

El hombre también ha declarado que no había tenido ningún otro altercado ni conversación con la víctima, y ha lamentado que desde este incidente le llaman "asesino".

VERSIÓN DE LAS ACUSACIONES

La Fiscalía recoge en su escrito que el hombre sacó a golpes y empujones al joven del bar, que le dio un puñetazo que lo tumbó, y que una vez en el suelo le propinó una fuerte patada en la cabeza. Las acusaciones sostienen que estas lesiones le provocaron la muerte unos días después, el 1 de mayo, y aseguran que el procesado tenía intención de "hacer daño" a la víctima cuando le agredió.

Las acusaciones también señalan al propietario del local por encubrir el homicidio, porque aseguró a la Policía Local y a la Guardia Civil que no sabía nada de la agresión. Asimismo, afirmó que el sistema de grabación del bar estaba averiado.

La vista celebrada este lunes en la Audiencia Nacional para decidir si la extradición del ex juez peruano César Hinostroza se amplía al delito de cohecho activo, que se sumaría a los de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas por los que ya fue autorizada su entrega al país andino, ha quedado suspendida a la espera de que se resuelva su petición de asilo.

El objetivo de la vista era analizar la solicitud realizada por el Estado peruano para incluir el delito de cohecho activo en el pliego de cargos por el que se acordó su extradición, si bien la defensa ha planteado suspenderla hasta que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la propia Audiencia Nacional se pronuncie sobre la petición de asilo de Hinostroza.

El abogado defensor ha fundado su petición en el riesgo de que haya dos resoluciones contradictorias, un riesgo que ha apreciado también el fiscal, señalando además que el proceso contencioso-administrativo lleva ya más de un año, por lo que ha abogado por esperar a que concluya.

El letrado del Estado peruano, por su parte, ha accedido a lo que acordara el tribunal, aunque ha negado que Hinostroza sea víctima de una persecución política que permita detener la extradición.

En cambio, Hinostroza ha incidido precisamente en que ha sufrido una "violación flagrante de derechos fundamentales" en Perú, denunciando que el proceso que se sigue allí en su contra tiene un "interés político" porque se le considera "brazo legal" del partido 'fujimorista' Fuerza Popular. "Se ha iniciado una cacería contra mi persona", ha afirmado.

Así, ha vuelto a contar que huyó de Perú para proteger su vida. "Dejando a mis niñas solas allá, desprotegidas, porque peligraba mi vida, mi integridad física", ha declarado, detallando que recibió "amenazas de muerte".

Hinostroza ha mencionado a modo de prueba "nuevos hechos gravísimos" que se han conocido recientemente, a raíz de la salida de Martín Vizcarra de la Presidencia de Perú, según los cuales este último se habría reunido con fiscales y policía para que interceptaran sus comunicaciones.

SEGUNDA AMPLIACIÓN

El Gobierno español autorizó el pasado mes de julio la extradición a Perú de Hinostroza por posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, después de que la Audiencia Nacional diera el visto bueno en septiembre de 2019.

Las autoridades peruanas le reclamaban también por el presunto delito de organización criminal, pero los magistrados rechazaron incluirlo al entender que no se dan los "datos objetivos de la mecánica operativa diseñada por la organización o el grupo, en qué se concretó y cuál fue la participación de cada uno de los miembros".

La representación peruana formuló entonces una primera solicitud de ampliación de la extradición para intentar mantener el delito de organización criminal, que fue rechazada. Quedaba pendiente una segunda petición --la que se ha abordado este lunes-- para incorporar uno de cohecho activo ya que, según las autoridades peruanas, Hinostroza entregó 10.000 dólares a una funcionaria encargada del control de migraciones en la localidad de Tombes para poder huir del país.

EN LIBERTAD PROVISIONAL

Hinostroza salió de Perú el 7 de octubre de 2018 y fue detenido diez días después en España, donde fue detenido y enviado a prisión provisional por riesgo de fuga, tras declarar ante el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, José de la Mata. Sin embargo, la Sala de lo Penal acordó su puesta en libertad provisional, situación que mantiene en la actualidad.

A su llegada a España solicitó asilo, una petición de protección internacional que le fue denegada. La defensa de Hinostroza ha recurrido y está pendiente de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se pronuncie al respecto.

Hinostroza, antiguo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, está señalado por su presunta implicación en el escándalo de corrupción judicial conocido como 'Los cuellos blancos', descrito por las autoridades peruanas como una organización criminal instalada en el Poder Judicial y dedicada a sobornos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias para beneficiar a políticos y empresarios con problemas con la ley.

Los hospitalizados en Castilla-La Mancha por coronavirus han aumentado este fin de semana en más de un 20% respecto al fin de semana anterior, tanto como los de cama convencional, que pasan de 299 a 364, y los enfermos UCI, que ascienden de los 56 a los 69. Por otro lado, los nuevos positivos con fecha de este lunes son 909, comparados con los 901 del lunes pasado, y los fallecidos ascienden a 11, cuando esta cifra llegó a los 9 hace una semana.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 909 nuevos casos por infección de coronavirus correspondientes al fin de semana.

Así, el viernes se registraron 411 casos, el sábado 349 y el domingo 149.Por provincias, Toledo ha registrado 278 casos, Guadalajara 265, Ciudad Real 254, Cuenca 77 y Albacete 35. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 181.262. Por provincias, Toledo registra 65.677 casos, Ciudad Real 44.646, Albacete 28.247, Guadalajara 23.949 y Cuenca 18.743.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 364. Por provincias, Toledo tiene 177 de estos pacientes (151 en el Hospital de Toledo, 25 en el Hospital de Talavera de la Reina y 1 en el Hospital Nacional de Parapléjicos), Guadalajara 76 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara), Ciudad Real 71 (24 en el Hospital Mancha Centro, 13 en el Hospital de Tomelloso, 12 en el Hospital de Valdepeñas, 10 en el Hospital de Puertollano, 8 en el Hospital de Ciudad Real y 4 en el Hospital de Manzanares), Cuenca 21 (todos ellos en el Hospital de Cuenca) y Albacete 19 (13 en el Hospital de Albacete, 3 en el Hospital de Almansa y 3 en el Hospital de Hellín).

Los pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 69. Por provincias, Toledo tiene 26 de estos pacientes, Guadalajara 19, Ciudad Real 16, Albacete 5 y Cuenca 3.

Durante el fin de semana se han registrado 11 fallecidos por COVID-19, 10 en la provincia de Toledo y 1 en la provincia de Guadalajara. El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia es 5.873.

Por provincias, Toledo registra 2.151 fallecidos, Ciudad Real 1.700, Albacete 880, Guadalajara 608 y Cuenca 534.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Tres centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes. De los tres centros, dos están en la provincia de Toledo y uno en la provincia de Ciudad Real.

Los residentes con caso confirmado son 17. Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.035.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha resaltado la contribución a la paz de las misiones que está realizando la Brigada 'Aragón I' del Ejército de Tierra, tras visitar sus instalaciones, conocer sus equipos y departir con los militares que la integran, en la Base 'San Jorge', ubicada en Zaragoza.

Esta visita se produce tras la despedida realizada hace tres días del contingente militar, denominado 'L/H XXXV', que se desplegará durante los próximos seis meses en el Líbano cuyo objetivo principal se centra en mantener la paz y seguridad internacionales, ayudando al Gobierno del país a restablecer su autoridad en la zona, así como garantizar el acceso humanitario a la población civil.

Robles ha estado acompañada por la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, y el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Francisco Javier Varela.

Ha afirmado que España es un "gran país" y referencia "en seriedad, compromiso y defensa de la paz" con las distintas organizaciones internacionales, tanto con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como con la Unión Europea y Naciones Unidas (ONU).

En el caso de la Brigada 'Aragón I', además de en el Líbano, tiene actualmente efectivos desplegados en Letonia, en una misión de la OTAN que se inició en 2017, como disuasión ante cualquier agresión a los países bálticos, y próximamente estará presente en Malí, en una misión de la Unión Europea, para formar y asesorar al Ejército de ese país.

En concreto, de entre los 2.500 y 2.700 integrantes de la Brigada 'Aragón I', 150 están en Letonia; de 300 a 350 van a estar en Mali, de un total de 500 militares del Ejército de Tierra en la zona; y 250 en el Líbano, de los 650 desplegados allí, mientras que otros 200 acaban de finalizar su misión en ese país.

La ministra Robles ha contado que la presencia de la OTAN en Letonia "está dirigida por los canadienses", pero España tiene un "importante papel" por la contribución de sus carros de combate, en una zona "muy próxima a la frontera rusa". En su visita a la brigada, ha visto dos carros de combate Pizarro y Leopardo, estos últimos con un simulador de uso en combate.

ACCIÓN EN EL LÍBANO

Robles ha indicado que el Ejército de Tierra actúa en el Líbano en una misión de la ONU de vigilancia de la 'Blue Line' --zona de alto al fuego--, donde los militares españoles son "uno de los componentes importantes para que se mantenga la paz".

Ha recordado que España "lleva muchos años" allí, desde 2006, a través de la Operación 'Libre Hidalgo', y su actuación "es absolutamente solidaria y generosa", como lo refleja su colaboración en la limpieza y desescombro tras la explosión ocurrida en el puerto de Beirut el verano pasado.

Además, realiza en ese país una acción de formación en centros para niños. Ha narrado que ella visitó con la Brigada 'Aragón I' la misión en ese país. "No lo olvidaré nunca" por el compromiso "con la paz y la cercanía con la población civil", ha comentado. La ministra ha contemplado en Zaragoza material de Zapadores para desactivar minas y otros artefactos explosivos.

Sobre la misión de la UE en Mali, Robles ha señalado que se desarrolla en la zona del Sahel, donde el terrorismo "cada vez tiene mayor intensidad" y España entrena y forma al personal militar del país africano desde 2013. "Nos sentimos muy orgullosos por contribuir de forma muy importante a la paz en África", ha apuntado. En la sede de la brigada ha podido ver vehículos ligeros blindados RG y Lince desplegados en ese país.

PANDEMIA

La ministra ha remarcado que la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ha dificultado las misiones militares y ha querido expresar un agradecimiento "a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas" que participan en ellas y a los que van a irse pronto "porque hacen un esfuerzo muy especial". Deben guardar una cuarentena de 10 días en España antes de partir y otros 10 o 15 en el país que les recibe. "Estoy segura de que, como siempre, dejarán muy alto pabellón de España", ha agregado.

En el caso de la Brigada 'Aragón I', Robles se ha congratulado de su trabajo también dentro de España y ha mencionado su actuación en la Operación Balmis, que contribuyó a desinfectar residencias de personas mayores y otras instalaciones y lugares cuando se declaró la pandemia, y la actual misión Baluarte, en la que los militares ayudan al rastreo de casos.

"Nos seguimos emocionando todavía cuando nos cuentan su experiencia", militares a quienes las personas mayores les han transmitido su "cariño" y éstos, a su vez, a ellos. "Es algo que humanamente no tiene precio". En su visita, le han mostrado material de protección NQB --contra el riesgo Nuclear, Bacteriológico y Químico--.

También ha podido ver las palas empleadas por la brigada para retirar nieve de carreteras y vías urbanas durante la borrasca 'Filomena', el pasado mes de enero, además de que intervino en el rescate de personas y vehículos atrapados.

En el caso de la Brigada 'Aragón I', acudió a Guadalajara y a Molina de Aragón, lugares donde "agradecen muchísimo" la labor del Ejército de Tierra, que permitió recuperar la "normalidad" lo más rápido posible, ha precisado la ministra, que, por otra parte, ha subrayado la vinculación de la ciudad de Zaragoza y de la comunidad autónoma con las Fuerzas Armadas.

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL

La ministra ha comenzado su visita en el centro de educación Infantil 'San Jorge', ubicado en la base militar del mismo nombre, situada en la carretera de Huesca, junto a la Academia General Militar, escuela que cuenta con 39 alumnos de cero a tres años, hijos de militares, aunque también puede pedir plaza en ella personal civil de Defensa.

"Queremos hacer una apuesta muy importante por la conciliación dentro de las Fuerzas Armadas" y que los padres que acuden a esta base a prestar sus servicios "puedan tener a los niños bien cuidados y protegidos", ha manifestado Robles.

Ha sostenido que hace año y medio, en una visita a Zaragoza, se comprometió con la puesta en marcha este centro, como ha cumplido. "Es una satisfacción" y también "ver a los niños ya integrados", ha apostillado. Durante su visita, tres alumnos del centro --Bianca, Daniela y Gael--, le han entregado un centro de flores hecho con manualidades. Ella se ha mostrado cercana y les ha dicho a los niños: "Ha llegado la tía Margarita".

Este centro tiene capacidad para 82 niños y actualmente trabajan en él ocho personas entre tutoras, auxiliares, cocinera, limpiadora y directora. Está abierto de 7.15 a 15.15 horas. Comenzó a prestar servicio el 1 de diciembre de 2020 y está gestionado por la empresa 'Kidsco', que también se encarga del resto de centros de Infantil del Ejército que existen en otras zonas de España.

En estos momentos, hay otras tres escuelas de este tipo en fase de construcción, en el Acuartelamiento Sancho Ramírez de Huesca, en la base militar 'El Goloso' de Madrid, y en Ceuta.

BRIGADA 'ARAGÓN I'

La Brigada 'Aragón I' depende de la División Castillejos. Se creó en junio de 1986 con el nombre de Brigada de Caballería Castillejos II y tras el proceso de transformación del Ejército de Tierra adoptó el nombre actual, el 1 de enero de 2017.

Tiene su sede principal en Zaragoza y está formada por Cuartel General, Batallón del Cuartel General, Regimiento Acorazado Pavía número 4, Regimiento de Artillería de Campaña número 20, Batallón de Zapadores I y Grupo Logístico I.

También forman parte de ella el Regimiento de Infantería 'Arapiles' número 62, en San Clemente de Sasebas (Gerona) y el Regimiento de Infantería 'Barcelona' número 63. Desde 1992, sus unidades han participado en diferentes misiones internacionales en los Balcanes, Líbano, Afganistán, Irak y Mali.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha defendido este lunes la necesidad de hacer un "ejercicio de humildad" respecto a la gestión de la pandemia y, en lugar de dar lecciones, apostar por la cooperación para salir de la crisis.

"Frente a la pandemia todos tenemos que hacer un gran ejercicio de humildad", ha subrayado la ministra en una entrevista en Onda Cero. "Aquellos que fuimos golpeados por la pandemia lo sufrimos primero, otros lo han ido sufriendo a medida que se ha ido desarrollando olas sucesivas", ha señalado.

Tenemos que ser muy humildes y no dar lecciones a nadie sino buscar entre todos aprender por la experiencia por la que hemos pasado, que aún no ha terminado, ayudarnos los unos a los otros para salir cuanto antes de la pandemia", ha defendido, incidiendo en que "nadie sabía cómo enfrentarse a una situación de semejante impacto.

Frente a quienes pensaron en algún momento que "esto no les iba a tocar o que no era importante", al final la COVID-19 "nos ha ido poniendo a todos frente al espejo tanto en España como en América Latina y también en otros países", ha añadido la ministra.

Así las cosas, ha insistido en que lo que se necesita es "más cooperación entre los países" tanto para vacunar como para contener el avance de la pandemia y también para salir "más rápido de la pandemia".

En este sentido, ha reiterado que la respuesta europea, "todos juntos", ha sido la correcta y que aunque lo ocurrido sea "casi un milagro", la tarea aún no ha concluido y es necesario que el sector público y el privado sigan trabajando juntos, apoyando a las farmacéuticas para que incrementen la producción de vacunas.

Además, hay que desplegar los recursos de la sanidad pública que, en el caso de España, ha valorado, es la "gran garantía" para que a todos los españoles "les estén llegando poco a poco las vacunas".

En cuanto a la posibilidad de que la Autoridad Europea del Medicamento (EMA) pueda autorizar próximamente la vacuna rusa Sputnik V, González Laya ha apelado a dejar que sean las autoridades sanitarias las que tomen la decisión, ya que esta es la "mejor garantía" para que las vacunas que se inoculan en la UE sean "seguras para los ciudadanos".

"El que que los científicos hagan su labor, sin interferencias políticas, será la mejor garantía para todos", ha remachado.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas un aumento de los positivos hasta los 79 casos y dos personas fallecidas, en concreto, un varón de 66 años de Arroyo de la Luz y una mujer de 74 años de Don Benito.

Con estas dos nuevas muertes, el total de víctimas en Extremadura desde el inicio de la pandemia asciende hasta las 1.745, ha informado la Junta en nota de prensa.

En los hospitales extremeños hay ingresadas 91 personas, seis más que las notificadas este pasado domingo, siete de las cuales están en UCI, una menos que el día anterior.

Asimismo, se han dado 121 altas, lo que equivale a un total de 70.986 altas, y la incidencia acumulada en Extremadura se sitúa en 135,52 casos a los catorce días y en 66,87 casos a los siete días.

Finalmente, según ha apuntado la Junta, se ha notificado un brote en Badajoz con tres casos y tres contactos y se ha cerrado el brote de la localidad pacense de Rena.

ÁREAS DE SALUD

El Área de Salud de Badajoz ha notificado 17 casos positivos, tiene 11 pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI, y ha registrado 310 fallecidos y 20.172 altas.

El Área de Salud de Cáceres ha registrado dos casos positivos, tiene 20 pacientes ingresados, uno de ellos en UCI, y acumula 467 fallecidos y 12.672 altas.

El Área de Salud de Mérida ha registrado 23 casos confirmados, tiene 26 pacientes hospitalizados por Covid-19, uno de ellos en UCI, y acumula 233 fallecidos y 12.538 altas.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha notificado 12 casos positivos, tiene 19 pacientes hospitalizados, ninguno en UCI, y acumula 232 víctimas mortales y 9.296 altas.

El Área de Salud de Plasencia ha registrado 11 casos positivos, tiene 14 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI, y ha registrado un total de 194 fallecidos y 5.351 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata no ha notificado casos positivos, tiene un paciente ingresado por covid y ha registrado 108 fallecidos y 3.371 altas.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha registrado 10 casos positivos, no tiene pacientes ingresados por covid y, desde el inicio de la pandemia, ha registrado un total de 120 fallecidos y 5.375 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Coria ha registrado cuatro casos positivos, no tiene pacientes hospitalizados por Covid-19 y ha registrado un total de 81 personas fallecidas y 2.211 altas.

El inspector jefe de la UDEF encargado de investigar la presunta caja 'b' del PP, Manuel Morocho, se ha sometido este lunes al interrogatorio de las defensas en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por el supuesto pago en negro de la reforma de la sede del PP, quienes han llegado a poner en un aprieto al policía al pedir explicaciones sobre cómo analizaron algunos documentos y las conclusiones que plasmaron en los informes entregados al juez.

La vista oral se ha retomado con la parte final del interrogatorio de Morocho y su equipo, que en la sesión previa celebrada el jueves de la semana pasada, desgranó toda la documentación elaborada por Unifica, empresa que realizó la reforma de la sede de la calle Génova de Madrid planta por planta, para exponer ante el tribunal el sistema presuntamente utilizado para que el PP pudiera sufragar parte de estas obras con dinero procedente de la caja 'b'.

El turno de las defensas lo ha inaugurado el abogado Luis Jordana de Pozas, que defiende al arquitecto Gonzalo Urquijo. El letrado ha comenzado reprochando al policía que en uno de sus informes concluyera que los socios de Unifica sacaron 163.000 euros de la cuenta de la empresa con el fin de "blanquearlos" sin conocer cuál era su verdadero destino, una cuenta judicial para participar en una subasta, ha indicado.

Morocho ha sostenido en todo momento que los investigadores analizaron esta salida de dinero porque la entidad bancaria alertó al Banco de España de que la cantidad retirada en efectivo superaba el límite legal establecido y no contaba con el documento preceptivo en el que se debía señalar el destino.

ADVERTENCIA DEL TRIBUNAL

Durante el interrogatorio, se han presenciado varios momentos de tensión entre letrado y Morocho, que ha llevado la voz cantante en las explicaciones de los miembros de la UDEF que han comparecido en calidad de testigo-perito, si bien el jefe de grupo ha sido advertido en varias ocasiones por el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia presidido de su obligación a contestar a todas las preguntas que le hicieran las partes.

De hecho, el presidente del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, que ha interrumpido el interrogatorio para hacer él mismo las preguntas, ha llegado a "llamar al orden" a Morocho por tratar de eludir algunas de las cuestiones planteadas por el abogado de Urquijo.

En otro momento de la declaración, el abogado Jordana de Pozas también ha preguntado si alguna vez la UDEF dudó de la credibilidad de los conocidos como 'papeles de Bárcenas', donde el extesorero del PP Luis Bárcenas anotaba las entradas y salidas de la caja 'b' del partido, ya que contaba con distintas versiones.

Morocho, como hizo en las sesiones anteriores, ha defendido que estos documentos manuscritos contienen algún "error humano", como la omisión de algunas anotaciones, pero cree que son fiables ya que los saldos siempre coincidían.

Al respecto, ha insistido en que todas las anotaciones en estos documentos referentes al acusado Gonzalo Urquijo, y en los que no aparece su socia Belén García, se relacionan con las obras en la sede del PP: "Todos los movimientos que he estado reseñando se refieren a Unifica. Otra cosa es que Bárcenas se refiera en una nomenclatura al administrador" de la empresa, ha afirmado.

ALUSIÓN A LA 'OPERACIÓN KITCHEN'

Este interrogatorio no ha sido el único en el que se ha puesto en duda la labor de la UDEF a lo largo de la investigación de la presunta caja 'b'. El abogado Jesús Santos, que representa al PP --acusado como responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que de los demás acusados habrían cometido--, ha preguntado directamente a Morocho por qué no valoró la entrada y registro en el domicilio del extesorero del PP si era el principal "objeto de investigación".

El inspector jefe del grupo que investigó la caja 'b' ha recordado que Bárcenas ya estaba siendo investigado en el marco del caso 'Gürtel' y que por ello el juez instructor había solicitado comisiones rogatorias a Suiza para que remitieran información de las cuentas bancarias abiertas en ese país.

Al hilo, ha señalado que toda la documentación requerida a las autoridades suizas llegó a la Audiencia Nacional en 2013 y que desde entonces el trabajo de los investigadores fue "permanente y continuo" elaborando informes. Ha afirmado que en ese momento, aunque, según ha apuntado, se le instó a pedir el registro de la vivienda de Bárcenas, consideró que lo oportuno era analizar toda la documentación antes de pedir "una medida suplementaria".

"Implementamos medidas que eran lógicas y tenían un sentido en la investigación", ha añadido, destacando que una de las solicitudes que hizo la UDEF al juez que el bloqueo de una cuenta en Estados Unidos a nombre de la sociedad Brisco.

En cualquier caso, Morocho ha dejado entrever que aunque hubiera pedido la entrada y registro en la casa del extesorero 'popular' no hubiese sido de utilidad porque en 2013 "ya estaba en marcha" la 'operación Kitchen', a la que ha aludido sin mencionar su nombre, sino el número de diligencias del procedimiento abierto en el Juzgado Central de Instrucción número 6 para investigar este operativo parapolicial que tuvo lugar entre 2013 y 2015 para sustraer toda la información comprometedora del PP que guardaba Bárcenas.

"Por tanto, cualquier acción que hiciera estaba monitorizada por la Dirección General de la Policía, y por tanto era imposible que hiciera algo porque era inviable", ha concluido.

Cabe recordar que Morocho, tal y como indicó el mismo en una de sus comparecencias ante el Congreso de los Diputados y ante el juez que investiga la 'Kitchen', no tuvo hasta 2015 "constancia material" de que se estaba llevando a cabo una "investigación paralela" sobre Bárcenas.