La exconsellera Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, han ingresado en prisión este martes después de que el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Catalunya haya anulado su semilibertad al aceptar el recurso de la Fiscalía.

Ante la prisión, sobre las 20 de la tarde, Basses ha expresado ante los medios que continuará «con las mismas convicciones, digan lo que digan», y ha agradecido las muestras de apoyo.

En su ingreso en el Centro Penitenciario de Puig de les Basses, ha estado arropada por una delegación de ERC encabezada por el candidato del partido a la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès.

Aragonès ha señalado que la decisión de revocar el tercer grado por parte del juez «coarta los derechos en vez de garantizarlos y obedece a la voluntad de venganza por parte del Estado», a la vez que ha destacado la necesidad de poner la amnistía encima de la mesa como resolución al conflicto.

También la han acompañado la consellera de Agricultura, Teresa Jordà, el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, y el vicesecretario general de vertebración territorial, Isaac Peraire, entre otros.

VILALTA Y VERGÉS ACOMPAÑAN A FORCADELL

Poco después, sobre las 21.30 horas, Carme Forcadell ha ingresado también en prisión junto con otra delegación de ERC encabezada por la secretaria general adjunta y portavoz de ERC en el Parlament de Catalunya, Marta Vilalta, en el Centro Penitenciario de Wad-Ras.

Forcadell ha señalado en su reingreso que la prisión «no es el final de nada», sino que es la continuación de una lucha que persiste.

Junto a Forcadell, también han estado la consellera de Salud, Alba Vergés, el conseller de Acción Exterior, Bernat Solé, el conseller de Educación, Josep Bargalló, y la eurodiputada Diana Riba, entre otros.

El presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apuntado que es una «labor de todos» acabar con la violencia de género y la desigualdad y ha invitado a sumar en este objetivo para que no tenga «camino de retorno».

«Es una labor de todos. Y ahí no tenemos que circunscribirnos al ámbito de los que comparten con nosotros el cien por cien de las cosas en la vida. Hay mucha gente que no compartiendo con nosotros otras cosas ésta la pueden compartir, sumémosle», ha dicho.

Fernández Vara ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la clausura de la jornada ‘La respuesta a las violencias machistas, cuestión de Estado’, organizada por el PSOE extremeño y en la que también ha participado la secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

En su intervención, Vara ha recalcado que a las personas de su generación les formaron para ser «machistas», con escuelas segregadas o con una «inmersión machista» como era el servicio militar, aunque acto seguido ha indicado que defiende que, en un periodo breve, hubiera sido «bueno» haberlo mantenido para mujeres y para hombres.

Por ello, ha apuntado que no sabe qué hubiera sido de él si durante su trayectoria no hubiera tenido la condición de militante socialista, pero ha reconocido que no hubiera sido igual, por lo que ha valorado que la experiencia vital con muchas compañeras de partido le «ha cambiado la vida» y le ha ayudado a entender «muchas cosas».

Tras ello, ha dicho que el tiempo le ha dado la oportunidad de formar parte de gobiernos, de estar al frente de ellos y de poder impulsar políticas de igualdad, lo que ha calificado de «política en letras mayúsculas» y que nada tiene que ver con la de la «demagogia».

Asimismo, Fernández Vara ha abogado por entender el mundo más allá las fronteras cercanas, ya que «de nada sirve» tener aquí ya amplias conquistas, más en el ámbito público que en el privado, ha dicho, si a escasos kilómetros al sur se siguen vulnerando los derechos de las mujeres con, por ejemplo, la ablación del clítoris.

INCIDE EN QUE «QUEDA MUCHO CAMINO POR RECORRER»

En este sentido, el secretario general de los socialistas extremeños ha indicado que hay que ser consciente del «mucho camino que queda por recorrer» y ha remarcado lo importante que son los aspectos de la sensibilización, mentalización o la educación en materia de igualdad, algo que es «profundamente ideológico».

«Se está demostrando que no todo el mundo piensa igual, ha habido en estos momentos gobiernos en comunidades autónomas cuyo sostenimiento frente a una moción de censura ha sido, precisamente, elementos relacionados con la manera de entender la igualdad», ha aseverado.

Así, ha reiterado que «queda mucho camino por recorrer», que es el menos grueso pero el «más difícil», y ha situado entre los «nuevos retos» combatir la violencia de segundo orden.

Finalmente, Guillermo Fernández Vara ha invitado a sentirse orgullosos por los avances conseguidos por el PSOE en materia de derechos sociales.

El viejo PSOE, el nuevo PSOE siempre tiene que ser consciente de que tiene la enorme responsabilidad de aportar esperanza a mucha gente que lo necesita y a mucha gente que si no fuera porque existen fuerzas políticas como las nuestras a lo largo y ancho del mundo probablemente su vida sería la historia de una desesperanza», ha indicado.

M.N.A., el hombre acusado de acabar con la vida de su pareja sentimental y ocultar sus restos bajo una manta en el piso de su hermano en la calle César de la ciudad de Almería ha reconocido este martes ante un jurado popular de la Audiencia Provincial que cometió el crimen, aunque ha enmarcado los hechos en una «agresión mutua» que se sucedió en el transcurso de una pelea.

El hombre se ha mostrado de acuerdo con la acusación efectuada por el Ministerio Fiscal, que ha modificado su escrito de acusación inicial por el que solicitaba 23 años de prisión ante un presunto delito de asesinato al entender que los hechos son susceptibles de un delito de homicidio con agravante de parentesco, por los que finalmente interesa 13 años de prisión y una indemnización de 240.000 euros para la hija que mantenía con la víctima y la abuela materna de la niña.

El juicio proseguirá este miércoles con la entrega del objeto de veredicto a los miembros del jurado al no hacerse necesario la práctica de nuevas pruebas tras el reconocimiento de los hechos por parte del acusado.

Según la Fiscalía, que también pide diez años de libertad vigilada y la retirada de la patria potestad al acusado de la menor, los hechos tuvieron lugar entre el 29 de marzo y el 15 de abril de 2019, cuando el hombre se encontraba con su pareja sentimental en el domicilio en el que ambos convivían, donde se habría originado una fuerte discusión.

Así, según sostiene el Ministerio Público, durante el enfrentamiento el acusado asestó «con gran fuerza» varias puñaladas a la mujer con un cuchillo, de las cuales tres fueron por la espalda, lo que derivaron en su fallecimiento. El cadáver fue encontrado unos cuatro meses después del crimen debido al hedor que desprendía ante su avanzado estado de descomposición.

El hombre, que se encuentra en prisión provisional desde el 31 de octubre de 2019, convivió con la víctima en el citado inmueble un breve periodo tras salir de prisión. La investigación preliminar sobre los restos mortales encontrados a mitad de julio de 2019 ya apuntaban la posibilidad de que la víctima, identificada como M.D.M.M., de 39 años, hubiera sufrido «diversas puñaladas en órganos vitales» en torno a la tercera semana de marzo.

El cuerpo de la víctima fue encontrado envuelto en una manta que, a su vez, había sido colocado debajo de un colchón apoyado sobre la pared de una de las habitaciones. Los investigadores no descartaron entonces que el sospechoso hubiera vuelto con posterioridad a la vivienda.

Fue el administrador de la finca quien, alertado por los vecinos, se puso en contacto con la Sala del 091 para informar de que de una de las vivienda emanaba un fuerte hedor. Así, tras personarse en el domicilio y acceder con ayuda de los bomberos al interior del inmueble, los agentes encontraron los restos de la víctima, de la que en un primer momento solo se pudo determinar el sexo.

El acusado, que cuenta con numerosos antecedentes penales, había permanecido en prisión hasta febrero de 2019 tras cumplir condena desde 2011 por un robo con violencia. La víctima, que también contaba con antecedentes por hurto, tenía otros tres hijos de relaciones anteriores, toda vez que la hija en común estaba bajo el cuidado de la abuela paterna.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque puede quedar registrado en ciertos terminales. El servicio 016 ha incorporado un servicio permanente de WhatsApp al número 600000016 y el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es.

El PSOE ha replicado a Unidas Podemos que la prohibición de desahucios a la población vulnerable ya se negocia de forma avanzada en el marco de la ley de vivienda, por lo que no puede incluirse también en otra normativa, como pretende la formación morada en la ley de protección a la infancia.

Además, ha reiterado que tampoco procede incluir la prohibición de que los menores asistan a espectáculos de tauromaquia, como demanda su socio de coalición, porque es una competencia autonómica y existen pronunciamientos del Tribunal que han rechazado iniciativas que impidan la celebración de corridas de toros.

Así lo han trasladado fuentes socialistas después de que Unidas Podemos reprocharan al PSOE su rechazo, en el marco de la ponencia sobre la ley de protección a la infancia, a su enmienda para incluir la prohibición de desahucios a familias con menores a cargo.

Concretamente, el texto de Unidas Podemos que quiere introducir en el marco de la ley plantea que las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, «priorizarán las soluciones habitacionales adecuadas ante los desahucios o los lanzamientos de las familias en el que alguno de sus miembros sea menor de edad».

Al respecto, las mismas fuentes han subrayado que la prohibición de desahucios a familias con menores es uno de los puntos que está avanzados en la negociación de la ley de vivienda. Por tanto, es un compromiso que quieren desplegar pero se muestran contrarios a hacerlo en dos leyes a la vez.

Tras insistir en que el marco adecuado para impedir lanzamiento que afecte a población vulnerable es la ley de vivienda, desde el PSOE han enfatizado también el compromiso de modificar la ley de enjuiciamiento civil, por parte del Ministerio de Justicia.

Específicamente se refieren a la modificación, que se ha planteado en el marco de los contactos en la ley de vivienda, para ampliar más allá de los supuestos de impagos de rentas por arrendatarios ya existente desde 2019 y previas a las medidas Covid en materia de vivienda, adelantar el momento de la notificación por el juzgado a los servicios sociales a un momento procesal «previo al lanzamiento», concretamente al momento de admisión de la demanda.

LA ENMIENDA SOBRE LA TAUROMAQUIA HARÍA PELIGRAR LA LEY

En consecuencia, el grupo parlamentario socialista no puede votar a favor en el debate de la ponencia a esta enmienda de Unidas Podemos, al igual que en lo relativo a la prohibición de que menores acudan a espectáculos relacionados con la tauromaquia.

El grupo confederal ha planteado una modificación al texto promovido por la Vicepresidencia Segunda, que ostentó hasta la semana pasada Pablo Iglesias, relativa a proteger a los menores ante la «violencia física y mental de la tauromaquia», como solicitó al Gobierno de España el Comité de Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Naciones Unidas.

Un aspecto que para los socialistas no es viable por ser una competencia que recae en las autonomías y a raíz de las sentencias del Constitucional que avalan la celebración de la tauromaquia. Por tanto, introducir este punto podría generar que la ley de infancia fuera recurrida y corriera el riesgo de que fuera «tumbada» en el Alto Tribunal.

Finalmente, desde el PSOE han recalcado que la normativa ha sido remitida al Congreso precisamente a través de un departamento de Unidas Podemos y han llamado la atención de que precisamente este grupo parlamentario trate de introducir ahora estas dos enmiendas que no se incluyeron en el texto original.

Pese a esta divergencia, desde el ala socialista de la coalición han subrayado que la ley de infancia tiene otros múltiples contenidos que serán apoyados para que prosiga la tramitación parlamentaria de dicha normativa.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) ha rogado por carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que incluya al personal docente e investigador (PDI), así como al personal de Administración y Servicios (PAS) de las universidades en la Estrategia nacional de vacunación.

En una carta remitida a la ministra, los rectores insisten en que tanto profesores como demás personal universitario sean incluidos dentro de los grupos que están recibiendo la vacuna en estos primeros meses del año, es decir, que sean tenidos en cuenta dentro del Grupo 6 en esta nueva etapa de vacunación aprobada el pasado 30 de marzo.

«Al igual que ocurre con los docentes de Primaria y Secundaria (Grupo 6c), a los que ya se está vacunando, los trabajadores de las universidades somos un colectivo en activo con una función especial para la sociedad y desarrollamos nuestra actividad con carácter presencial, al menos una parte de la jornada», defiende José Carlos Gómez Villamandos, presidente de la Crue y rector de la Universidad de Córdoba, que firma la misiva.

Según expone en la carta, «los riesgos de morbilidad grave y mortalidad, de exposición, de impacto socioeconómico y de factibilidad de la comunidad universitaria son muy similares a los que afrontan el resto de docentes del sistema educativo», que sí están incluidos entre los colectivos prioritarios para recibir la vacuna.

Villamandos recuerda que a lo largo de este curso 2020-2021, las universidades no solo han mantenido la presencialidad en las prácticas y laboratorios, sino que la han extendido «siempre que ha sido posible al resto de las clases», eso sí, «buscando minimizar el impacto de la pandemia sobre el estudiantado».

Además, advierte de que «en unos meses comenzará la etapa de evaluación del curso», al igual que la organización de las pruebas de acceso a la Universidad (la EBAU o antigua Selectividad), que tal y como subraya, se realizarán de manera presencial.

«Vacunar a las cerca de 200.000 personas que forman parte de nuestras plantillas aumentaría aún más la seguridad en los campus y no implicaría un incremento significativo de las dosis previstas en esta nueva etapa ni una complicación logística reseñable», destaca el presidente de los rectores.

«Te rogamos que, puesto que la estrategia del Gobierno está abierta a actualizaciones, tengas en cuenta la situación que afrontan nuestras plantillas de PDI y PAS, muy castigadas por la imposibilidad de haber rejuvenecido sus efectivos tras años de severos recortes, y nos ponemos a disposición de tu Departamento para mantener una reunión en la que podamos trasladaros con más detalle la situación actual de las universidades», concluye Villamandos.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de atribuirse «éxitos futuros» con las vacunas y hacer «propaganda» por «motivos electorales». Además, ha advertido de su incoherencia porque, según ha dicho, el fin de semana alertaba en un mitin del PSOE de una situación «casi catastrófica refiriéndose a Madrid» y «48 horas después» se está en el «mejor de los mundos y en una situación maravillosa».

«Me gustaría un Gobierno que no haga propaganda, que no venda cosas antes de tenerlas y que por favor actúe con responsabilidad, con la responsabilidad que requiere una pandemia como ésta», ha asegurado Pastor, después de que Sánchez haya anunciado en Moncloa que hasta 33 millones de españoles estarán totalmente vacunados contra el Covid-19 a finales de agosto, logrando que el 70 por ciento de la población esté inmunizada.

Pastor ha señalado que «parece» que el Gobierno solo sale «cuando hay anuncio de que van a llegar las vacunas» pero «cuando no hay vacunas nadie sale a explicarlo». «Cuando algo va bien, somos el Gobierno de España; y cuando va mal, es la UE o las CCAA», ha criticado en una entrevista en Onda Cero.

RECUERDA EL INCUMPLIMIENTO CON LOS MAYORES VACUNADOS

En este sentido, ha echado en cara a Sánchez que hoy salga a ofrecer una rueda de prensa «fantástica de cómo van de bien» pero ha destacado que hace tres días ofrecía un «mitin explosivo» en Madrid hablando de que estaban «fatal» y que era «el fin del fin». «Creo que todo el mundo se da cuenta de que lo que hay es mucha propaganda», ha abundado.

Además, Pastor ha recalcado que Pedro Sánchez «ya se comprometió en enero a tener vacunados en marzo al 80% de los mayores de 80 años» y ha recalcado que «solo el 44,2% de los mayores de 80 años ha recibido las dos dosis».

A su juicio, está «muy bien» que el presidente hable de los «éxitos futuros» pero no habla de los «incumplimientos» y de que no haya habido una «estrategia real de vacunación en toda España», ya que, según ha dicho, las desigualdades entre autonomías son «palmarias».

Por eso, ha insistido en que Sánchez ha realizado este martes una «rueda de prensa propagandística» en la que está utilizando las vacunas «con motivos electorales», ante la proximidad de las elecciones madrileñas del 4 de mayo.

DICE QUE AYUSO HA SIDO SIEMPRE PROACTIVA

Ante los contactos del Gobierno madrileño para explorar la posible compra de la vacuna ‘Sputnik’, Pastor ha indicado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha «intentado ser proactiva» como ya hizo en el pasado con el cierre de colegios o la compra de material fuera de España, adelantándose al Gobierno de España.

«Siempre han sido proactivos. Parece que al Gobierno le molesta, cuando ha hecho una mala gestión de la pandemia», ha manifestado, para señalar que el Gobierno madrileño estaría después a lo que autorizara la Agencia Europea del Medicamento.

Finalmente, la vicesecretaria de Política Social del PP ha recalcado que el Gobierno de Pedro Sánchez «tenía que haber sido más proactivo» para intentar que «lleguen más vacunas a España» para frenar el coronavirus.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para modificar la composición de las Comisiones Delegadas del Gobierno tras la marcha del ya exvicepresidente segundo Pablo Iglesias, y sustituirle en las mismas por la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es la actual líder de Unidas Podemos dentro la coalición.

Con estos cambios, Díaz estará a partir de ahora en todas las comisiones delegadas, ya que además de seguir participando en la de Asuntos Económicos y en la de Reto Demográfico, entrará en el Consejo de Seguridad Nacional, en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, y en la de Agenda 2030, según han informado fuentes gubernamentales.

De hecho, como responsable de la vicepresidencia social que ostenta Unidas Podemos, en sustitución de Iglesias, será ella la encargada de presidir a partir de ahora la Comisión Delegada para la Agenda 2030, en la que también entrará la nueva ministra de Agenda 2030, la dirigente de Unidas Podemos Ione Belarra.

Ha sido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha informado, en la rueda de prensa que ha ofrecido tras el Consejo de Ministros, de la aprobación de esta remodelación, al ser preguntado sobre la relación que espera tener ahora con Díaz, en su calidad de principal interlocutora de Unidas Podemos tras la marcha de Iglesias del Ejecutivo.

«Creo que la coordinación es absolutamente transparente en el sentido de que hay un compromiso de coordinación firmado y publicado por parte de las dos formaciones que componen este Consejo de Ministros», ha apostillado.

El real decreto con los detalles de la nueva composición de las cinco comisiones delegadas que existen –Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional, Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico, y Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030– debe todavía hacerse publico en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Tribunal de Cuentas ha detectado deficiencias en el funcionamiento de la Oficina de Conflictos de Intereses que, entre otras cosas, se encarga de gestionar el régimen de incompatibilidades de los altos cargos, y señala, por ejemplo, que no cuenta con un manual de procedimientos que pueda servirle de guía para el «desarrollo sistemático, eficaz y eficiente» de las tareas que tiene legalmente encomendadas.

Así consta en el informe sobre el cumplimiento de la normativa de las indemnizaciones por cese recibidas por los altos cargos en el ejercicio 2019 que el órgano que preside María José de la Fuente acaba de remitir al Congreso y que dedica un apartado especial a este organismo, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

En el informe, el fiscalizador describe «deficiencias» en las declaraciones de actividades que los altos cargos deben presentar cuando toman posesión y cuando cesan. Los ex altos cargos tienen un plazo improrrogable de tres meses desde su cese para entregar la declaración de las actividades que vayan a realizar tras el mismo.

En los 39 cese producidos entre 2017 y 2019 en los organismos reguladores o de supervisión analizados, en cuatro casos no consta que se haya presentado dicha declaración ni que la Oficina la haya requerido. Además, en otros tres casos la declaración fue presentada fuera del plazo de tres meses tras el cese que establece la ley.

El tribunal también apunta deficiencias en cuanto a la anotación de la fecha de los nombramientos o ceses y que la Oficina sólo solicita información al Registro Mercantil Central sobre los altos cargos en el momento de nombramiento, lo que considera «claramente insuficiente para ejercer un adecuado control de sus actividades», teniendo en cuenta «el tiempo de mandato de los altos cargos y las limitaciones establecidas durante los dos años posteriores a su cese».

RIESGOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

Asimismo, el informe alerta de que de que el sistema informático utilizado por la oficina no permite identificar a la persona que graba los datos en los Registros de Actividades y Bienes y Derechos Patrimoniales de los altos cargos, «lo que genera riesgos sobre la seguridad de la información» contenida en los mismos.

El tribunal también sostiene que la Oficina debería haber emitido instrucciones concretas para evitar que, como ha sucedido, se haya hecho «una interpretación de la condición de alto cargo que no coincide plenamente con lo señalado en la ley».

Según los datos que aporta el Tribunal de Cuentas, de los 49 nombramientos de altos cargos realizados entre 2017 y 2019 en las entidades fiscalizadas, en 22 casos (el 44% del total) no consta que se haya producido la notificación del nombramiento a la Oficina de Conflictos de Intereses, en contra de lo que establece la legislación vigente. No obstante, el grado de cumplimiento de esta obligación se ha ido mejorando y en 2019 esto sólo sucedió en seis casos.

En el caso de los ceses, de los 53 ocasionados entre 2017 y 2019, en 24 no consta que se haya producido su comunicación a la Oficina. Eso sí, en el último año fiscalizado sólo se ha encontrado un caso de este tipo.

Asimismo, el informe destaca la existencia de deficiencias formales en las declaraciones de actividades realizadas al cese de los altos cargos que la Oficina no solicitó subsanar. Por ejemplo, en varios casos no se especifica suficientemente la actividad pública que va a realizar el cargo tras su cese y en otros la fecha de cese comunicada por el afectado no coincide con la que consta en el registro.

Respecto a la transparencia y control del régimen de incompatibilidades, y el informe semestral sobre las mismas que la oficina debe elevar al Gobierno sobre este tema, el tribunal concluye que «su contenido y su forma de presentación hacen difícil extraer conclusiones sobre el correcto cumplimiento por parte de los altos cargos de sus obligaciones de declarar».

Además, el fiscalizador señala que la Oficina no ha establecido ningún mecanismo de control para el cumplimiento del precepto legal que establece que este organismo debe informar a los altos cargos que tengan condición de autoridad de las materias de las que deberán abstenerse en el ejercicio de su cargo.

En el periodo analizado se registraron 87 anotaciones de abstenciones de altos cargos de organismos reguladores o de supervisión, todas correspondientes a reuniones de órganos colegiados. De ellos, ocho registros corresponden a altoscargos del Banco de España, 17 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 60 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y dos al Consejo de Seguridad Nuclear.

«Cabe señalar que todas las abstenciones comunicadas corresponden a la reunión de un órgano colegiado, lo que determina la necesidad de que se verifique si los altos cargos deberían haber comunicado su abstención de un determinado asunto, información que no consta en ninguna de las abstenciones registradas», señala el informe, en el que el Tribunal recuerda a la Oficina su función de «prevenir y controlar la posible existencia de un conflicto de intereses en el ejercicio de las funciones y responsabilidades de los altos cargos».

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reunirá este miércoles con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y desplegará en el futuro diversos encuentros con dirigentes políticos, según ha confirmado en fuentes conocedoras de la cita.

Díaz ha participado este martes en el Consejo de Ministros una vez que la semana pasada se oficializó su nombramiento de vicepresidenta y mañana tendrá este encuentro con el dirigente del PNV, una de las formaciones que el Ejecutivo considera socio de investidura. Le seguirán en el futuro otras con otras formaciones que dan apoyo frecuente al Ejecutivo.

Unidas Podemos se ha afanado en tender lazos con formaciones que considera bloque progresista y destaca que la actual correlación de fuerzas parlamentaria es la única que aporta estabilidad al Ejecutivo.

En marzo Ortuzar criticó «el pim, pam, pum» entre PSOE y Unidas Podemos, socios en el Ejecutivo, y definió la coalición como «una especie de olla a presión que genera crispación».

NUEVO LIDERAZGO DE DÍAZ

Tras la salida del Gobierno del líder de Podemos, Pablo Iglesias, para concurrir como candidato a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, Díaz ha elevado su rango en el Ejecutivo al de vicepresidenta y ostenta, con ello, el liderazgo de Unidas Podemos dentro de la coalición. De esta forma, le corresponderá la máxima interlocución del socio minoritario con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, el propio Iglesias propuso a Díaz como próxima candidata del espacio político a las futuras elecciones generales, al considerar que es un referente para el electorado de izquierdas.

Con el salto del secretario general de Podemos a la política madrileña se abre una nueva etapa en Unidas Podemos, que a partir de ahora será más «colectivo» y «coral», como él mismo comentó en una reciente entrevista.

De esta forma, las ministras Ione Belarra e Irene Montero, que han negociado diferentes medidas y proyectos normativos con el PSOE, junto al titular de Consumo, Alberto Garzón, también están llamados a potenciar su papel en esta nueva etapa. A su vez, Iglesias seguirá «el tiempo que toque» como líder de la formación morada.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizará en la Comisión Permanente prevista para este miércoles las entrevistas que le quedaban pendientes de los dos últimos candidatos para ocupar sendos puestos que han quedado vacantes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Esta función se realiza con independencia de la reciente entrada en vigor de la reforma instada por PSOE y PODEMOS que impide realizar nombramientos en funciones a los vocales en funciones -como es el caso, ya que el Consejo concluyó su mandato en diciembre de 2018–.

Las entrevistas, que vienen a sumarse a las de otros dieciocho realizadas antes de la aprobación de la reforma, permitirán al nuevo Consejo una vez el actual se renueve poder realizar estos nombramientos de forma más rápida que si tuviera que comenzar el proceso desde el principio, según han señalado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Así, en el orden del día de mañana aparecen tres propuestas del Servicio de Personal Judicial (Calificación) para provisión de magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo turno juristas, por las vacantes que han dejado Francisco Javier Borrego y Jorge Rodríguez-Zapata. También se incluye otra propuesta dsobre provisión de plaza de presidente de la Audiencia Provincial de la Rioja

El Consejo ha dejado pendientes cuatro nombramientos en el Tribunal Supremo (TS), entre otras vacantes, que ya no podrá realizar debido a la entrada en vigor de la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos que ha sido aprobada por las Cortes Generales para limitar las funciones de un CGPJ con el mandato caducado, como el actual.

La reforma ‘exprés’ del CGPJ, que ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado martes, señala en su preámbulo que un CGPJ en funciones ya no podrá proponer a los presidentes del TS, la Audiencia Nacional, las audiencias provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ); a los presidentes de sala y magistrados del TS; ni a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

También hay otros puestos vacantes que aún no habían sido convocados oficialmente pero cuyas bases de convocatoria ya están aprobadas. Se trata de una plaza de magistrado en la Sala de lo Militar del TS por la jubilación de Ángel Calderón; las presidencias de las audiencias provinciales de Lugo, Girona y Burgos; y las presidencias de la Sala de lo Social del TSJ de Extremadura y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ del País Vasco. Un total de seis plazas.

Además, hay que añadir al menos otra plaza de magistrado de en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por el reciente fallecimiento de Nicolás Maurandi, según fuentes del órgano de los jueces.

En febrero, PSOE y PP –cuyo acuerdo es matemáticamente necesario para lograr la mayoría parlamentaria de 3/5 que exige la ley para designar a los vocales del CGPJ– retomaron las negociaciones para elegir a los nuevos miembros del Consejo, pero naufragaron, esta vez, por el veto de los ‘populares’ a Unidas Podemos y a sus candidatos, los jueces Victoria Rosell y José Ricardo de Prada. Desde entonces, no se han conocido progresos.

El líder opositor venezolano Leopoldo López ha asegurado este martes que España «puede hacer más» en el contexto de la crisis de Venezuela y ha llamado a «ejercer la presión necesaria» en este sentido.

En un debate de Madrid Foro Empresarial en el que ha participado con su padre y eurodiputado del PP Leopoldo López Gil, ha aludido a los «vínculos» que mantienen ambos países y, mencionando la palabra «complicidad», ha recordado que «España recibió ayuda de Venezuela cuando era una dictadura». Por ello, a su juicio, el país europeo tiene el «deber histórico, moral de hacer todo lo que sea necesario» para apoyar al país latinoamericano.

«Pasa por ejercer la presión necesaria, utilizar las herramientas que permitan hacer presión para lograr un acuerdo político», ha agregado, antes de mencionar también «la necesidad de garantías» para llevar a cabo un proceso electoral libre en Venezuela. «Europa tiene una responsabilidad muy importante», ha zanjado, insistiendo en el rol de los países «democráticos» en la búsqueda de la «libertad» de los venezolanos.

Cuestionado sobre si la salida de Pablo Iglesias del Gobierno de coalición puede cambiar la posición del Ejecutivo español respecto a Venezuela, López ha insistido en que la oposición espera que «entre quien entre o salga quien salga apoye la ruta hacia la libertad y las elecciones libres en Venezuela».

Por otro lado, ha reiterado que Venezuela es una «dictadura» y ha pedido «apoyo internacional» y «una ruta que permita unificar a todos los sectores democráticos de Venezuela y del mundo», aunque ha reconocido que lograr la soberanía «no es un camino fácil ni será fácil.

«La causa de Venezuela tiene que ser apoyada por todos los países del espectro democrático», ha insistido, subrayando que en Venezuela no existe la «libertad». Asimismo, ha lamentado que el país caribeño recibe apoyo «firme y permanente» de naciones como China, Rusia, Turquía, Irán o Cuba, que «supera con creces» el que recibe la oposición venezolana.

De forma paralela, López ha reiterado su petición de elecciones libres en Venezuela, esbozando los cinco requisitos que tienen que cumplirse para que se lleven a cabo. Así, ha enumerado la necesidad de establecer un cronograma electoral; que el tribunal electoral o Consejo Nacional Electoral (CNE) sea «imparcial»; que a los partidos políticos se les devuelva su «autoridad», ya que han sido «expropiados»; que se les devuelva «autoridad legítima» a todos los participantes en las elecciones; y, finalmente, que haya observadores electorales internacionales.

«Estamos pidiendo lo básico y estrictamente necesario, lo elemental», ha indicado, destacando que no se ha hablado de libertad de prensa o de un registro electoral de los venezolanos que residen fuera del país.

EL ENCUENTRO DE ÁBALOS Y RODRÍGUEZ, UNA «BURLA»

Por su parte, Leopoldo López Gil ha afeado el encuentro que mantuvo el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ha afirmado que se trató de una «burla».

El eurodiputado ha recordado que sobre Rodríguez pesan una serie de sanciones impuestas por la Unión Europea. «Está sancionada y la recibe un ministro», ha censurado López, subrayando que para los opositores venezolanos se trató de una «burla, no solamente de los españoles, sino de todos los europeos». En este sentido, se ha cuestionado «para qué sirve sancionar» si los estados que lo hacen «no respetan» estas medidas.

En este contexto, ha asegurado que «promover los Derechos Humanos y la democracia no es solamente dejarlo escrito» y ha reiterado el papel que puede jugar España, de la que ha dicho que tiene «tantos vínculos, culturales e históricos» con Venezuela, en la crisis del país caribeño.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha insistido en demandar al Gobierno central que retire los artículos 18.3 y 18.4 de la Ley de Cambio Climático, relativos a las prórrogas a las concesiones en la costa, al tiempo que pide que el Ejecutivo central «se siente» con el sector de la cadena mar-industria en una mesa de trabajo.

Así lo ha expuesto en declaraciones a los medios antes de un encuentro este martes con el sector en Santiago, en el cual también ha participado la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

Quintana remarca que la asesoría jurídica de la Xunta manifiesta que esos artículos, «tal y como están redactados, son inconstitucionales», lo cual acaba de ser avalado por el Consello Consultivo.

Precisamente, el Consello Consultivo de Galicia ha emitido un informe en el que considera «inconstitucional» parte del articulado de la Ley de Cambio Climático, una norma envuelta en una polémica a dos bandas entre el Gobierno central y la Xunta por su supuesta afectación al sector conservero e industrial del litoral gallego y, en concreto, a la situación de empresas como Ence en Pontevedra.

El Consello Consultivo considera que la redacción del artículo 18.4 tendrá consecuencias en el régimen de prórroga extraordinaria que contempla la vigente Ley de Costas y, por ello, limitará el plazo hasta 75 años a las concesiones al tener una «evidente eficacia retroactiva tácita».

De tal forma, Quintana avisa de que «ese criterio de retroactividad es inconstitucional», por lo que deja al sector en «una inseguridad jurídica en la que es difícil trabajar y conseguir que el sector pueda seguir haciendo inversiones».

ACUSA DE «MENTIR» AL GOBIERNO

Por todo ello, la conselleira do Mar insta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a analizar «con calma lo que se dice desde Galicia con la máxima lealtad», pues esta ley supone «generar inseguridad y malestar».

Hace unos días, Ribera aseguraba en su cuenta oficial de Twitter –en varios mensajes escritos en gallego– que la Ley de Cambio Climático «no afecta a ninguna de las concesiones ya otorgadas ni a sus prórrogas legales», por lo que pedía «ser responsables» y «no mentir ni asustar a la gente. Igualmente, apuntaba que la concesión es una decisión que depende de los tribunales.

Esas declaraciones que está haciendo (Teresa Ribera) en los medios de comunicación, personalmente me están doliendo bastante, porque lo que no se puede hacer al sector es mentir, y eso no lo voy a consentir», sostiene Rosa Quintana.

«Se está trasladando al sector que la única que dio un informe desfavorable a una prórroga fue la Xunta de Galicia, cuando ellos saben que eso no es así; la Xunta regula una actividad que se desarrolla en un terreno que es titularidad del Estado, y es el Estado el que hace un informe preceptivo y vinculante si da o no da periodo concesional», explica.

Por tal motivo, Rosa Quintana reclama a la ministra «que deje de engañar al sector» y que «se siente con el sector en una mesa de trabajo» para avanzar «de manera constructiva».