Ifema ha decidido celebrar en 2021 la edición número 24 del Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo de Madrid, dada la inestabilidad generada por la Covid-19, según ha informado la organización del evento en un comunicado.

El Salón ya había trasladado sus fechas al mes diciembre de este año en previsión de las circunstancias mejorasen. Finalmente, se desarrollará del 31 de mayo al 6 de junio, en su emplazamiento habitual de la Feria de Madrid.

Con esta medida, tanto Ifema como la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), coorganizadora del certamen, quieren asegurar a expositores y visitantes todas las garantías sanitarias, así como el mejor escenario para sus intercambios comerciales.

Una patrulla de la Guardia Civil custodia el patrimonio del Pazo de Meirás, supervisando las entradas y salidas al inmueble, a la espera de que lleve a cabo el inventario ordenado por el Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña, tras la petición planteada a este respecto por la Abogacía del Estado.

Para garantizar el cumplimiento de la resolución, el Juzgado requirió este lunes a la Guardia Civil que estableciese un dispositivo de vigilancia en el inmueble. El mismo ya se dispuso hace unos días, según informó antes de conocerse la decisión judicial la Delegación del Gobierno, tras hacer público los Franco su intención de trasladar bienes del pazo.

La jueza acordó, a instancias del Estado este lunes, la realización de un inventario de los bienes existentes, tanto en el interior como en el exterior del inmueble también conocido como Torres de Meirás.

Mientras que no esté finalizado y la jueza no lo autorice expresamente, la familia Franco no puede trasladar o retirar ningún tipo de bien de la finca.

El inventario, que se elaborará con la colaboración de los técnicos de la Consellería de Cultura de la Xunta, comenzará a realizarse este miércoles, día 11, a las 10,30 horas, bajo supervisión de la comitiva judicial.

EL BNG PIDE AL GOBIERNO MEDIOS

Por otra parte, el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha instado al Gobierno a destinar "los medios humanos y materiales necesarios para vigilar el cumplimiento de la medida cautelar impuesta por el juzgado".

Lo hace de cara a asegurar "que no se sustraen bienes del interior del Pazo de Meirás antes de la realización del inventario que catalogue los bienes que contiene".

"Y evitar que la familia Franco retire sin control objetos que ellos consideran de su propieda, pero que pertenecen al pueblo gallego", cita aludiendo al hecho de que en Meirás esté parte de la biblioteca de la escritora Emilia Pardo Bazán o las estatutas de Isaac y Abraham del Pórtico de la Gloria.

La Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado este martes, con competencia legislativa plena, el Proyecto de Ley que regula el Comercio de Derechos de Gases de Efecto Invernadero para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes en el perido 2021-2030.

La nueva ley ha contado con el voto favorable de todos los miembros de la Comisión legislativa excepto el del grupo parlamentario VOX, que se ha abstenido. El texto que sale del Congreso ratifica el informe de la Ponencia, puesto que todas las enmiendas presentadas por todos los grupos han sido rechazadas tras ser votadas una a una.

Durante la comisión, la diputada de CS, cuyo grupo presentaba tres enmiendas, solicitó al resto de los grupos que miraran y trataran de aprobar las enmienda de otros grupos, porque "muchas de ellas" estaban encaminadas a "mejorar conceptos que la harían mejor".

"Todos debemos aportar y mejorar", ha defendido la diputada que, en concreto pidió a PSOE y a Unidas Podemos "amplitud de miras" e "intención de llegar al consenso y al diálogo" porque las leyes de la Comisión para la Transición Ecológica son "importantes" para los ciudadanos, el medio ambiente y las empresas. No obstante, las enmiendas de CS fueron rechazadas, igual que las del resto de grupos parlamentarios.

Desde el PNV, la diputada Idoia Sagastizabal defendió las enmiendas de su grupo, que también fueron rechazadas, mientras que la diputada de Más País Inés Sabanés, defendió las enmiendas de Junts per Cat del Grupo Plural que no estaba en la comisión. También sus enmiendas fueron rechazadas, con la curiosidad de que una de ellas no gozó siquiera con el voto a favor de la representante del grupo plural.

Para Sabanés, el proyecto de ley se ajusta a la trasposición de la Directiva Europea e incluye todas las regulaciones que se incorporan también en algunos contenidos de los Presupuestos generales del Estado que "responden a una lógica y una urgencia" tras años de retraso para adaptarse a la situación de emergencia climática.

Desde el PP, el diputado José Ángel Alonso, ha dicho que su grupo considera que se llega "un poco tarde" con este proyecto de ley que afecta al 45 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de España y confió en que la trasposición constituyera una "nueva oportunidad" de contribuir al proceso de descarbonización de la economía y, al mismo tiempo impulsar la competitividad de la industria.

"España es especialmente vulnerable al cambio climático y con un gran desempleo y no puede dejar pasar la oportunidad de este proyecto de ley", concluyó. En esa línea, también defendió de manera pormenorizada sus enmiendas que, igual que las demás, fueron rechazadas.

NUEVA LEY, NUEVA ETAPA SIN TRUMP

En su intervención, el diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, cuyo grupo no había planteado enmiendas, ha defendido que empieza una "nueva etapa" sin Donald Trump en la Casa Blanca y en la que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado ya la vuelta del país norteamericano al Acuerdo de París.

"Esto es una gran noticia", según el diputado porque se va a poner de nuevo en marcha el segundo mayor emisor de GEI del mundo. "Esto debe darnos fuerza en el proceso climático que iniciamos hoy con la aprobación de esta ley", ha valorado, al tiempo que ha señalado que la aprobación de este texto legal debe ser la "rampa de salida" para aprobar con máximo consenso la ley de cambio climático.

Por su parte, la diputada de Vox Mireia Borrás, ha negado que su partido sea negacionista del cambio climático, sino que que su postura de "ofrecer matices" no supone "negarlo, minusvalorarlo o rechazarlo", aunque desafía el "pensamiento único" que "muchos" han adoptado "de forma sectaria". No obstante, el grupo no ha apoyado el proyecto de Ley pero se ha abstenido.

Por último, el diputado socialista Germán Renau ha explicado que el proyecto de ley finalmente aprobado permitirá consolidar el régimen de comercio de derechos de GEI aumentando su ritmo, mantendrá la asignación gratuita a los sectores más expuestos y ayudará a la industria y a la energía a afrontar mecanismos de financiación. Asimismo, ha destacado que la ley incorpora mayor colaboración entre la administración general y las comunidades autónomas y que añade también mecanismos de participación de las organizaciones sindicales y empresariales.

Finalmente, los 34 diputados presentes han aprobado el proyecto de ley por 29 votos a favor, 5 abstenciones (las de VOX) y ningún voto en contra.

El proyecto de ley aprobado transpone la Directiva Europea sobre la IV fase del comercio de emisiones de CO2 para el periodo 2021-2030, que es uno de los instrumentos principales de la Unión Europea para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones a 2030, en línea con los compromisos climáticos anunciados por los Veintisiete.

Entre las novedades para este periodo destacan el incremento del factor de reducción lineal del 1,74 por ciento en la fase III (2013-2020) al 2,2 por ciento para el próximo periodo a partir de 2021.

Durante la fase IV se dividirán a efectos de asignación gratuita de derechos de emisión y en relación a las instalaciones fijas en dos periodos, de 2021 a 2025 y de 2026 a 2030. Se mantiene también la subasta como método principal de asignación de derechos de emisión, continúan las asignaciones gratuitas pero con una mejora de las disposiciones sobre fugas de carbono y se crean varios fondos destinados a financiar la transición hacia una economía baja en carbono.

El presidente de la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juan López de Uralde, de Unidas Podemos, ha destacado en declaraciones a Europa Press que la aprobación de esta ley supone la "puesta al día" de la legislación española en una materia "clave" como es el comercio de derechos de emisión.

A su juicio, su aprobación este martes llega "en un momento muy oportuno", justo a los pocos días del cambio en la Casa Blanca y espera que ahora comience "una nueva era" en la lucha contra el cambio climático tras la "desaparición de Trump" y con la entrada de Biden.

Finalmente, ha subrayado que desde un punto de vista político, la ley se aprueba justo un año después de las elecciones generales en noviembre de 2019 y que esta es la primera de otras leyes que también se aprobarán como la ley de cambio climático y transición ecológica en la que ya está trabajando el Parlamento. "En definitiva, estamos dando pasos desde el legislativo pra avanzar en esa lucha contra el cambio climático tan necesaria y tan urgente", ha concluido.

La Fiscalía de Madrid solicita un año de prisión para Ana Isabel Q.D. y otros seis meses para su madre Ascensión D. B. por no respetar el perímetro de seguridad que la Guardia Civil había colocado entorno a la vivienda de Galapagar donde residen el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha informado la Fiscalía en un comunicado.

El representante del Ministerio Público imputa a la madre un delito de desobediencia y a la hija un delito de atentado contra agentes de la autoridad y otro leve de maltrato de obra. El juicio se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Juzgado de lo Penal número 17 de Madrid.

Las dos acusadas, según el relato de la Fiscalía, acudieron sobre las 17.30 horas del pasado 30 de octubre de 2020 a las inmediaciones de la zona donde tienen su residencia Iglesias y Montero.

Así, cuando agentes de la Guardia Civil, "uniformados y debidamente identificados", se disponían a establecer el perímetro de seguridad ambas mujeres "mantuvieron una actitud de absoluto desprecio a la labor de los agentes, impidiéndoles el cumplimiento de la función encomendada, desobedeciendo de forma reiterada las indicaciones claras que los mismos les daban, en relación a que retrocedieran en la vía pública y despejaran el perímetro de seguridad".

Pese a las advertencias, la Fiscalía argumenta que, "lejos de deponer su actitud", madre e hija persistieron en su comportamiento "haciendo caso omiso a los reiterados requerimientos que los agentes les realizaban".

De hecho, se aproximaron a los agentes gritándoles a escasos centímetros de sus rostros, "prescindiendo del uso de la preceptivas mascarillas" e incluso les propinaron golpes con las manos en el pecho "motivo por el cual, los agentes, tras informarles de las consecuencias legales de su comportamiento, comenzaron a avanzar con los brazos extendidos, empleando la mínima fuerza indispensable para desplazarlas y conseguir finalmente que despejaran la zona".

Sin embargo, en un momento dado, Ana Isabel Quiroga trató de acceder de nuevo a la zona de seguridad "con la intención de aproximarse a la vivienda".

Allí fue interceptada por un agente "quien le cortó el paso, cayendo ésta al suelo, momento en que la misma, al tiempo que le decía "hijo de puta", intentó agredir con el bolso al Agente en el rostro, golpe que este esquivó, tras lo cual, la acusada le lanzó patadas que impactaron en las botas y tibias del citado agente, sin causar lesión alguna".

El Ministerio de Defensa espera que las relaciones con Estados Unidos sean "más fáciles" a partir del próximo 20 de enero, fecha prevista para que el demócrata Joe Biden tome posesión como presidente del país en sustitución de Donald Trump.

Así lo ha deslizado este martes la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, durante una comparecencia en el Senado. "Confiamos en que a partir del 20 de enero las cosas sean más fáciles y consigamos estabilizar la situación", ha asegurado respecto a la cooperación en materia de defensa.

Entre los asuntos más inmediatos, Estados Unidos y España tienen sobre la mesa la renovación del convenio para el uso de las bases de Morón y Rota, en Andalucía, el posible aumento de las capacidades estadounidenses en España o el previsible traslado del Mando África de Estados Unidos desde Alemania a otra ubicación.

En cuanto al convenio bilateral en defensa, Casteleiro ha explicado que el próximo mes de mayo expiran los ocho años de vigencia pero que su propio articulado contempla una prórroga automática por un año si ninguna de las partes dice lo contrario, lo que no ha sucedido y por tanto seguirá vigente.

Además, ha asegurado a la senadora de Adelante Andalucía Pilar González Modino que el propósito del Ministerio de Defensa es contribuir al fomento del empleo en las zonas próximas a estas bases, en concreto a la instalación en Morón (Sevilla), pudiendo incluso ampliar la carga de trabajo asignada.

SIN NEGOCIACIONES SOBRE EL AFRICOM

En cuanto al traslado del Mando África, actualmente localizado en Stuttgart (Alemania), la 'número dos' de Margarita Robles ha afirmado que el Gobierno no ha recibido ninguna comunicación por la que Estados Unidos haya manifestado su interés para que se ubique en España y por tanto no hay "negociaciones ni contactos al respecto".

Frente a esta postura, la senadora del PP María Teresa Ruiz-Sillero ha pedido al Ejecutivo que tenga una actitud "proactiva" e inicie los contactos diplomáticos "antes de que se adelanten otros países". Además, ha trasladado el apoyo del PP a esta instalación ante las suspicacias que el proyecto pudiera despertar en Unidas Podemos, socio de Gobierno.

El 99% de las familias numerosas consideran que el Gobierno debe asumir parte del coste de las mascarillas, al tratarse de un producto de uso obligatorio en España para todas las personas, incluidos los niños a partir de 6 años, debido a la pandemia de la Covid-19.

Así se desprende de una encuesta elaborada por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), en la que han participado 1.800 familias numerosas.

En concreto, el 57% de las familias reclama la rebaja del IVA por ser un producto obligatorio y 4 de cada 10 apuesta por dar algunas unidades gratis cada mes a través de las farmacias o hacer una especie de copago farmacéutico.

"Es totalmente abusivo que se pague un 21% de IVA en un producto de tipo sanitario y que además es obligatorio en España, el único país, donde se ha impuesto su uso para adultos y niños y donde, curiosamente, las mascarillas tienen el IVA más alto, el de los artículos de lujo, como pasa con los pañales, que también están gravados con el 21%", ha denunciado el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo.

El 46,4% de las familias numerosas encuestadas gasta entre 50 y 100 euros al mes en mascarillas. Este gasto, extraído de la encuesta con datos generales de toda España, se dispara en muchas situaciones y en función de las Comunidades Autónomas, ya que algunas tienen normativas más estrictas en el uso de mascarillas, como obligar a usar desechables en algunos espacios, como en los colegios, donde para una jornada escolar normal hacen falta, como mínimo, dos mascarillas de ese tipo, según precisa la Federación.

Además, según la encuesta, un 17% de familias invierte entre 100 y 150 euros cada mes y un 6,6% llega a los 200 euros, mientras que un 26,4% asegura que no supera los 50 euros en compra de mascarillas. Las diferencias de gasto se explican por el tipo de mascarilla elegido por las familias, que depende de diferentes factores, principalmente, económicos, según la FEFN.

Así, el coste es la primera razón para comprar una u otra mascarilla, según afirma un 46,3% de las familias, que asegura que elige cierto tipo de mascarilla "para que el gasto sea menor". La segunda cuestión que más influye en la elección es la seguridad: el 37% afirma que usa cierto tipo de mascarillas porque se sienten "más protegidos". En tercer lugar, está la cuestión práctica, que apunta el 21% de las familias, afirmando que en casa son muchos y tienen que optar por algo "más cómodo".

Por último, un 14,9% de las familias numerosas basa su elección en el respeto al medio ambiente, en concreto, para no generar tantos residuos. La mayoría de las familias numerosas (51%) usa de los dos tipos, desechables y reutilizables, la primera para los adultos y la segunda para los niños, con los que es más difícil de controlar el buen uso de las desechables.

"Hay muchas familias que por temas económicos puede que no se protejan adecuadamente, ya que recurren a mascarillas que no son las adecuadas o las usan durante más tiempo del debido porque no pueden gastar más dinero. Por ello, es fundamental que se reduzca el impacto económico de este artículo, bien bajando el IVA, bien dando unidades gratuitas al mes, ya que es un producto sanitario, de uso obligatorio y que afecta a toda la sociedad", ha zanjado el presidente de la FEFN.

La Policía Nacional, la Guardia Civil y las Policías Locales de la comunidad de Madrid han impuesto en las últimas semanas casi 25.000 propuestas de sanción por incumplir las diferentes normativas antiCovid, han informado a Europa Press fuentes oficiales.

Desde principios de octubre hasta el viernes pasado, en poco más de un mes los agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y de la Policía Municipal de Madrid han tramitado más de 15.000 propuestas de sanción por no respetar las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.

A estos datos hay que sumar los de este puente de La Almudena, en los que se han desmantelado más fiestas ilegales que el pasado puente de Todos los Santos. Así, solo en la capital, la Policía Municipal ha intervenido en unas 400 fiestas, ha informado hoy la concejal delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz. Desde principios de octubre hasta hoy han sido casi 1.300 fiestas desmanteladas, en donde no se respetaban las distancias de seguridad, no se usaban mascarillas y en algunas había drogas.

Precisamente por no llevar mascarilla o no usarla bien, los policías municipales han interpuesto en los últimos 40 días más de 8.000 propuestas de sanción por no llevar la mascarilla. Solo en este puente de La Almudena han puesto 935 en Madrid.

230 MULTAS DIARIAS EN LOS MUNICIPIOS FUERA DE LA CAPITAL

Por otro lado, en las localidades de la región excluyendo la capital, las diferentes Policías Locales han gestionado desde el 21 de septiembre, cuando entró en vigor el primer confinamiento perimetral en 37 áreas de salida, hasta finales de octubre, han tramitado un total 9.497 propuestas de sanción, según han confirmado a Europa Press fuentes regionales.

De ellas, una de cada tres multas se han interpuesto por no llevar mascarilla y una de cada cuatro por reuniones superiores a las seis personas. Además, otro 16 por ciento se deben a la celebración de botellones en la vía pública, un 12 por ciento por salir o entrar de manera injustificada en zona confinada, un 7 por ciento por no cumplir con la prohibición de salir a la calle entre medianoche y las 6 de la madrugada y solo un 4 por ciento de las denuncias se han impuesto por incumplimiento de horarios, aforos y otras limitaciones en bares y restaurantes.

Asimismo, los agentes locales de fuera de la capital han efectuado 470 controles para comprobar el cumplimiento de cuarentenas por parte de positivos en coronavirus o contactos estrechos de infectados, un total de 103 acabaron en denuncias.

Por localidades, de las casi 9.500 propuestas de sanción impuestas en este periodo, 933 se dieron en Parla, 767 en Móstoles, 567 en Las Rozas, 552 en Getafe, 550 en Boadilla del Monte, 516 en Majadahonda, 445 en Alcobendas, 435 en Pozuelo de Alarcón y 433 en Alcorcón. En el resto de municipios las sanciones fueron menores a estas cantidades.

El productor de televisión Josep Maria Mainat ha asegurado al regresar a su casa en el barrio de Horta de Barcelona, después de que el pasado miércoles desalojaran a su esposa Angela Dobrowolski, que el interior de la vivienda ha sido "totalmente saqueado".

En declaraciones a Telecinco, Mainat ha recalcado que está "muy cabreado" ya que le han roto la caja fuerte con herramientas profesionales, donde guardaba joyas de la familia que tenían mucho valor sentimental para él.

El fundador de Gestmusic tiene intención de denunciar el saqueo "y que miren quién estaba dentro de la casa en ese momento", y ha indicado que podría denunciar a Angela Dobrowolski en el caso de que ella también estuviera implicada.

Mainat ha afirmado que no va a marcharse de la vivienda familiar, ya que es una casa donde ha pasado momentos muy importantes de su vida: "Esta casa la compramos a medias Rosa Maria Sardà y yo, vivimos, nació Pol, viví un tiempo solo, viví con Angela durante muchos años y bastante buenos muchos de ellos", y ahora pretende vivir allí con sus hijos.

La idea de Josep Maria Mainat es reformar la casa para tener la sensación "de una casa nueva, tranquila, donde se pueda vivir", renovar todo el contenido de la casa con el mobiliario que falte, pintarla por dentro y por fuera, y poner muebles nuevos.

DESALOJO

Una comitiva judicial por orden del Juzgado de Primera Instancia 16 de Barcelona desalojó el pasado miércoles a Angela Dobrowolski, en proceso de separación de Mainat.

La jueza ordenó el desalojo tras acordar que Dobrowolski, investigada por presuntamente intentar asesinar a Mainat, debía abandonar la casa en la que ha vivido el matrimonio durante 11 años, y a Mainat le otorgó el uso de la residencia y la custodia de sus hijos.

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha señalado que espera que se pueda cambiar el número de personas que pueden reunirse en la región, ahora mismo establecido en seis, de cara a la Navidad pero pide "arrimar el hombro".

En una entrevista en 'Telemadrid', ha censurado las fiestas ilegales que se han producido en la autonomía en los puentes de noviembre. "Hay que ser conscientes de la gravedad de la situación en la que estamos y eso es clave. Si no somos conscientes de que o bajamos la curva o se va a complicar la situación pues tenemos un problema", ha declarado.

Para Aguado, es una "minoría" la que celebra este tipo de reuniones pero ha reconocido que "llama la atención" y les "preocupa". El vicepresidente ha apelado a la "solidaridad" y ha subrayado que no se está para tomar la situación "a la ligera".

"Tenemos que arrimar el hombro todos; los políticos, poniendo sobre la mesa las medidas, pero también los ciudadanos, cumpliendo las cuarentenas y evitando ese tipo de fiestas", ha manifestado.

El dirigente autonómico ha sostenido que trabajan "para que pueda cambiar" el límite de personas que pueden reunirse de cara a la Navidad. En este punto, ha recordado que él lleva más de un mes hablando de "salvar" estas fiestas.

"BAJAR LA CURVA DE FORMA RADICAL"

Aguado quiere llegar "en las mejores condiciones posibles" a esas fechas por una cuestión de salud de las personas pero también por la economía. Así, ha incidido en que desde el 'Black Friday' hasta Reyes se firman uno de cada cuatro contratos en la Comunidad y que tanto el sector juguetero como el de la perfumería facturan en torno al 50 y 60 por ciento de todo el año.

Según ha expuesto, para llegar a Navidad bien había que "bajar la curva de forma radical", algo que, a su parecer, se está haciendo. El dirigente ha puesto en valor las medidas impulsadas desde el Ejecutivo autonómico, como el toque de queda o el cierre perimetral de la Comunidad.

Por otra parte, Aguado ha insistido en que no es partidario del confinamiento total ni del cierre de la hostelería, que está haciendo un "trabajo formidable" para adaptarse a la nueva situación.

El abogado que defiende a uno de los presuntos miembros de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 de agosto de 2017 ha asegurado al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga estos hechos que abandonará la sala de vistas si le mantienen sentado detrás de la Fiscalía y las acusaciones.

"Este letrado renuncia a la defensa", ha afirmado el abogado Luis Álvarez Collado, que defiende a Driss Oukabir, nada más comenzar la primera sesión del juicio. "Estamos detrás de la Fiscalía, perdemos las perspectivas de las reacciones de la Fiscalía. No tenemos medios materiales, ni enchufes como las acusaciones y Ministerio Fiscal", ha explicado al presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara.

Según ha indicado el abogado de Oukabir, para quien la Fiscalía solicita 36 años de prisión de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos, y conspiración para cometer estragos terroristas, las defensas "como mínimo deberían estar frente a la Fiscalía y acusaciones como es habitual".

Sin embargo, aunque el presidente del tribunal, visiblemente enfadado, ha dado la posibilidad de que dos defensas se sitúen al lado de las acusaciones, ha espetado que "precisamente se le ha elegido ese sitio porque es el más cercano al acusado y tener visión directa de su patrocinado". "Lo que hay que ver es la reacción del testigo, no la cara que ponga el fiscal", ha añadido.

Tras esta discusión, el magistrado Guevara ha dado paso al interrogatorio del primero de los acusados, Mohamed Houli Chemlal, miembro de la célula que resultó herido por la explosión de Alcanar, no aceptando las peticiones de algunas acusaciones de presentar cuestiones previas. "No hay cuestiones previas, es sumario ordinario", ha concluido el presidente del tribunal.

Las mujeres españolas no cobran por sus labores profesionales, en comparación con sus compañeros los hombres, a partir de este miércoles 11 de noviembre, por lo que las empresas "se ahorran" un total de 51 días en sueldos de trabajadoras hasta el 31 de diciembre, según los últimos datos de Eurostat correspondientes a 2020 y facilitados por UGT.

El sindicato, que ha denunciado esta situación, ha decidido aprovechar el miércoles para relanzar la campaña que inició en 2016 para denunciar la brecha salarial entre mujeres y hombres, y que se realiza bajo el lema #Yotrabajogratis.

Tal y como explica UGT, en 2016 y 2017, las mujeres españoles trabajaban gratis desde el 8 de noviembre hasta el final del año, una cifra que mejoró en dos días en 2018 y empeoró de nuevo en 2019, cuando se determinó que ese año las mujeres trabajaron gratis desde el 7 de noviembre y hasta final de año.

En 2020, el sindicato vuelve a recoger los datos de Eurostat, que analiza 25 estados miembros, para determinar que la desigualdad salarial ha descendido respecto al año anterior en 16 países; en tres ha aumentado (Francia, Polonia y Eslovenia) y en dos se mantiene prácticamente invariable (España y Chipre).

CONTRA LA BRECHA SALARIAL

El Eurostat determina que la brecha en España es del 14%, por debajo de la media de la UE que está en 15,7%, un porcentaje que, si se transforma en cifras, determina que las mujeres trabajan 51 días del año gratis, frente a sus compañeros hombres.

Esta cifra, supone una mejora de cuatro días con respecto al año pasado. Sin embargo, UGT advierte de que, este año, su campaña tiene mayor importancia, si cabe, por las posibles consecuencias que pueda tener la pandemia en este sentido.

El sindicato ha recordado la "merma en las cotizaciones sociales y, por consiguiente, en la protección social de las mujeres" que ocasiona esta situación. "Tienen pensiones más bajas o peor prestación por desempleo", denuncia, para añadir que esta situación supone, además, menos recaudación, menos ingresos para Hacienda o cotizaciones a la Seguridad Social.

"Conviene recordar que la discriminación salarial es, de todas as discriminaciones que sufren las mujeres, la que más dificultades entraña para ser erradicada", apunta el sindicato. A su juicio, la brecha salarial sólo puede ser explicable "desde el punto de vista del coste económico que tiene para las empresas".

Así, indica, "un coste que no sería tal porque corregir esta discriminación permitirá una mayor integración de las mujeres en el mercado laboral con los consecuentes beneficios para la competitividad y productividad de las empresas y en el ámbito económico y social".

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha flexibilizado el acceso de los hosteleros a la prestación extraordinaria por suspensión de actividad, por lo que aquellos que cierren su negocio como consecuencia del impacto de la crisis del Covid-19 podrán cobrar la prestación extraordinaria, presten o no servicio a domicilio o de recogida en local.

En concreto, el departamento que dirige José Luis Escrivá ha adoptado un criterio, a través de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por el que flexibiliza el acceso a la prestación extraordinaria por suspensión temporal de la actividad para trabajadores autónomos.

Así, el artículo 13 del Real Decreto-Ley, en el que se decretaron las ayudas a los autónomos y que fue consensuado con las principales asociaciones de autónomos, indica entre los requisitos para el acceso a esta prestación que los trabajadores autónomos estén "afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus Covid-19".

Con el criterio se especifica que los hosteleros que no realicen servicio a domicilio o de recogida en local podrán presentar una declaración responsable para acceder a esta prestación.

Esta ampliación se produce después de que en algunos territorios se haya suspendido la actividad de la restauración, salvo en el servicio a domicilio, con el objetivo de mitigar la propagación de la Covid-19.

La cuantía de esta prestación es el 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada, una cantidad que se incrementa un 20% si el trabajador autónomo es miembro de una familia numerosa, o del 40% si convive con parientes de primer grado con derecho a esta prestación. Además, queda exonerado de pagar las cuotas pero el periodo le cuenta como cotizado.

Los trabajadores autónomos, tanto si realizan actividad a domicilio como si no, pueden solicitar la prestación compatible con la actividad si registran una caída de facturación del 75% respecto al último trimestre del año pasado o del 50% en relación con el primer trimestre de 2020 según resulte de aplicación la disposición adicional cuarta o el artículo 13.2 del RDL 30/2020.

El pasado 30 de octubre, la Seguridad Social abonó 234,21 millones de euros a más de 256.000 trabajadores autónomos a los que les ha sido reconocida alguna de las prestaciones puestas en marcha para paliar la situación de este colectivo como consecuencia de la pandemia de la Covid-19. De ellos, casi 15.000 fueron beneficiarios de la prestación por suspensión temporal de la actividad.

En octubre se registraron de media 3,265 millones de afiliados a la Seguridad Social en el Régimen de Autónomos, 1.816 más que en septiembre. Con este aumento se superó la cifra marcada en febrero, antes de la pandemia.

Andalucía suma este martes 10 de noviembre 95 muertes por coronavirus Covid 19 en 24 horas, récord de fallecimientos en esta segunda ola y 66 muertes más que la víspera, según datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza 2.845 positivos confirmados por PCR y test de antígenos.

La provincia de Sevilla con 28 y la de Granada con 22 centran la mayoría de los decesos de esta jornada, seguida de Málaga con 13, Jaén con 12, Cádiz con nueve, Córdoba con ocho, Huelva con dos y Almería con uno.

En cuanto a los casos diagnosticados, Sevilla vuelve a ser la provincia con más casos diarios con 852, seguida de Cádiz con 503, Málaga con 401, Jaén con 344, Granada con 253, Córdoba con 227, Almería con 172 y Huelva con 93.

Por su parte, los hospitales andaluces vuelven a registrar este martes un nuevo incremento de su presión asistencial por el coronavirus Covid-19 y suma 143 ingresados más en 24 horas hasta los 3.478, 542 más que hace una semana, de los que 460 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), tres más que la víspera, 60 más que hace una semana y 22 más que los registrados en el pico máximo del pasado 30 de marzo

El Ayuntamiento de Toledo ha anunciado que tanto la alcaldesa, Milagros Tolón, como los concejales -tanto del equipo de Gobierno como de la oposición- y el personal eventual asociado a todos ellos verán su sueldo congelado durante el año 2021, a pesar de la autorización del Gobierno central de una subida del 0,9 por ciento.

Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa la alcaldesa, que ha considerado que el actual es "un momento delicado" y, aunque el Consistorio tiene que "cumplir" con las subidas salariales designadas para los funcionarios, no lo hará con los concejales y el personal eventual. "Es el momento de dar ejemplo y solidarizarnos", ha justificado.

La primer edil ha especificado que esta decisión no solo afectará a los concejales y personal eventual del equipo de Gobierno municipal, sino que también estará vigente para los de los grupos de la oposición.

Tolón ha defendido que su equipo de Gobierno "se ha caracterizado por la austeridad" y por ello va a seguir con esa política "sobre todo en un momento tan difícil como este, en el que tantas personas lo están pasando mal".

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé, ha llamado este martes a convertir las fronteras españolas en un "muro infranqueable" y a expulsar de forma "inmediata" a quien entra en el país de forma ilegal.

En rueda de prensa, Buxadé ha denunciado el "auténtico desembarco" que se ha registrado este fin de semana en Canarias, días después de la visita que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska realizó al archipiélago, acompañado de la comisaria europea del ramo, Ylva Johansson.

En su intervención, también ha criticado que, antes esta situación, en el Parlamento Europeo, los "grupos del consenso progre" hayan debatido este lunes sobre "cómo se pueden garantizar los derechos y las libertades" de las personas "agolpadas en las costas de Turquía, Lampedusa o Canarias" o "cómo se puede conseguir que a estos inmigrantes se les convierta en refugiados".

"NOS VA EN ELLO"

El portavoz de Vox ha señalado que "el terrorista islámico que asesinó a tres católicos" en Niza había llegado "hace un mes" como "inmigrante ilegal a Lampedusa"; que el "terrorista islámico que degolló a un profesor" en Francia, era "un falso refugiado"; mientras que el "autor del atentado de Viena había salido de la cárcel sin terminar su condena por pertenecer a DAESH".

Ante este escenario, ha explicado Buxadé, la posición de Vox es "clara". Las fronteras de España son las de Europa y hay que convertirlas en un muro infranqueable", ha declarado.

A su juicio, hace falta "mayor protección a la Policía", "más medios materiales y jurídicos" y la "expulsión inmediata" de cualquier persona que entre de forma ilegal en territorio español.

Nos va en ello la seguridad de los barrios, la vida de los españoles, el sostenimiento del Estado del Bienestar y de la economía nacional", ha concluido.

El que fuera gerente y tesorero del PP Luis Bárcenas, que permanece en la cárcel de Soto del Real desde mediados de 2018 tras ser condenado por la primera época de Gürtel, aun tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional, en concreto el de la conocida como 'Caja B' del PP. Con este horizonte en los tribunales y con la intención de lograr una reducción de condena para su esposa Rosalía Iglesias, que afronta una pena de más de 12 años de cárcel, se abre la posibilidad de que decida colaborar con el Ministerio Fiscal.

No obstante, fuentes fiscales han negado la existencia de ningún pacto con el que fuera tesorero del PP, aunque reconocen que sí se han dado manifestaciones genéricas de colaboración por parte de Bárcenas, si bien las mismas no se han concretado.

Sin embargo, aun no es tarde para que el extesorero decida dar un paso al frente y colaborar con la justicia aportando datos clave y relevantes para la instrucción de causas como Gürtel o 'Caja B'. Aunque en todo caso, el primer movimiento, recuerdan esas fuentes consultadas, ha de partir del propio Bárcenas y no de la Fiscalía.

LA CONDENA POR LA PRIMERA ÉPOCA DE GÜRTEL

Rosalía Iglesias ingresó en el módulo de mujeres del Centro Penitenciario de Alcalá-Meco este domingo 8 de noviembre después de recoger el pasado 30 de octubre la orden de entrada en prisión para cumplir la condena de 12 años y 11 meses por la primera época de la trama Gürtel, después de que la Sala le concediera 10 días para ingresar en un centro penitenciario.

En la sentencia de 1.843 folios, dictada por unanimidad, la Sala concluyó que había indicios plurales y acreditados de que Iglesias conocía la procedencia delictiva del dinero y el incremento del patrimonio de su marido no justificado con sus ingresos ordinarios, y destacaba la conducta activa de la condenada.

"No sólo en la elaboración de tal documentación falsa relativa a operaciones inexistentes, sino también en su efectiva gestión de las cuentas bancarias abiertas a su nombre, en los ingresos mismos por ella verificados de esas cantidades de dinero que posteriormente se reflejaban en las declaraciones tributarias o en la operación relacionada con la compra de acciones de la entidad Libertad Digital para la apropiación de 149.600 euros de la 'Caja B' del PP, con cuyo importe emitió un cheque para la compra de un inmueble", señalaba.

Se da la circunstancia de que, hace unas semanas, Bárcenas inició los trámites para solicitar el traslado desde la cárcel de Soto del Real a la prisión de Alcalá Meco, donde ha ingresado su mujer.

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, se ha negado este martes valorar la victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, alegando que su partido sólo se pronunciará sobre esos comicios cuando se sepa el resultado de los mismos.

"Valoraremos el resultado cuando sepamos el resultado. Cuando se haya cumplido el procedimiento y haya una proclamación formal del presidente, lo podremos valorar, lo que no podemos valorar son declaraciones de la Asociación de la Prensa estadounidense proclamando a un presidente que aún no ha sido proclamado", ha sentenciado durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de su formación.

EL FRACASO DE LOS QUE PRONOSTICABAN LA DERROTA DE TRUMP

Lo que sí ha comentado, para criticarla, ha sido la decisión de varias televisiones norteamericanas de cortar la semana pasada el discurso del presidente Donald Trump cuyas palabras dejaron de emitir alegando que se trataba de mentiras.

Y, además, ha subrayado que los únicos "derrotados" en las elecciones presidenciales han sido los medios de comunicación y los expertos y politólogos que anunciaron "una derrota inmisericorde de Trump y las fuerzas patrióticas frente a la democracia".

"Han perdido y la forma de demostrarlo es eliminar tuits y quitar la emisión en directo de las declaraciones de Trump para que no se vea que han sido derrotados", ha protestado Buxadé.

IGLESIAS ABUSA DE LA FIGURA DEL REY

Por otra parte, el dirigente de Vox ha aprovechado su comparecencia para cargar contra el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, al que ha acusado utilizar "de forma abusiva" al Rey Felipe VI para impulsar "sus proyectos ideológicos en contra de la libertad".

Buxadé se refería a las gestiones realizadas por Iglesias durante su visita a Bolivia, donde ha acudido junto al jefe del Estado y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a la toma de posesión del nuevo presidente, Luis Arce.

En concreto, el también eurodiputado de Vox ha recriminado a Iglesias que haya aprovechado el viaje para "hacerse fotos con pequeños o grandes tiranos" y para impulsar la 'Declaración de la paz', un manifiesto en defensa de la democracia en el que se alerta contra "el golpismo de la ultraderecha" y que lleva la firma de varios mandatarios y exmandatarios latinoamericanos y del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.

Según Buxadé, ese texto es una respuesta a la 'Declaración de Madrid', impulsada hace dos semanas por el líder de Vox, Santiago Abascal, en la que más de 50 personalidades de la escena internacional se pronunciaban "en favor de la libertad y la democracia en toda la Iberosfera". A su juicio, esa declaración "dolió" y puso "un poquito nervioso" al líder de Podemos y por eso ha optado por "contraprogramarla".

Dos de los tres acusados por pertenecer a la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 de agosto de 2017 y que dejó 16 fallecidos y cientos de heridos en las calles de Barcelona y Cambrils (Tarragona) se han negado a declarar a las preguntas de la Fiscalía y no han reconocido los hechos por los que le piden hasta 36 años de cárcel.

Tras la declaración de otro de los acusados Mohamed Houli Chemlal -que se ha acogido a su derecho a no declarar, pero ha dicho que se ratifica en todo lo dicho en instrucción y que está "arrepentido" por lo sucedido-, ha sido el turno de Driss Oukabir y Said Ben Iazza, quienes sólo han respondido a las preguntas de sus defensas tras un habitáculo de cristal. Así lo ha manifestado Oukabir tras la primera cuestión formulada por el fiscal Miguel Ángel Carballo.

Así, ya en respuesta a su abogado Luis Álvarez Collado -quien ha conseguido que le cambiaran de sitio tras quejarse al inicio del juicio de que renunciaría a la defensa si le mantenían sentado detrás de las acusaciones-, ha afirmado que no era una persona "ni religiosa ni practicante".

En este sentido, ha negado haber tenido algún tipo de relación con el imán de Ripoll (Barcelona) Abdelbaki Es Satty, a quien se considera líder de la célula yihadista que atentó en agosto de 2017 y que falleció en la explosión de una vivienda en Alcanar (Tarragona) donde se preparaban los explosivos para atacar.

"SALIR DE FIESTA, CONSUMIR DROGAS E IR CON CHICAS DE COMPAÑÍA"

"Jamás he estado en Alcanar, ni conocía la existencia de Alcanar ni nada de esto", ha dicho. "No iba a la mezquita. Mi vida era la de aquí, salir de fiesta, era consumidor de droga, cocaína, hachís, ir con chicas de compañía", ha añadido, al mismo tiempo que ha señalado que ni siquiera tenía chilaba.

Para seguir negando los hechos de acusación que expone la Fiscalía en su escrito provisional de calificación, Driss Oukabir ha dicho que tenía una relación "normal" con su hermano Moussa, uno de los miembros de la célula terrorista que fue abatido por los Mossos d'Esquadra el día de los atentados, pero que en los últimos meses le vio "no mucho".

A Oukabir, para quien la Fiscalía solicita para 36 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos, y conspiración para cometer estragos terroristas, se le relaciona con el alquiler de la furgoneta que luego se utilizó para el atropello en La Rambla de Barcelona.

Sobre este hecho, ha señalado que accedió a alquilar el vehículo porque tanto su hermano como Mohamed Hichamy y Younes Abouyaaqoub -también abatidos el día de los atentados- le dijeron que era para hacer una mudanza, ya que no alcanzaban la mayoría de edad.

Así, se ha desmarcado de la tesis de la Fiscalía, que en su escrito de acusación sitúa a Driss Oukabir "plenamente asentado" en la célula terrorista en la que se integró "a mediados de 2017". Además, subraya que estaba "aislado de su entorno habitual y dispuesto para la consecución de sus fines", lo cual se demuestra con su participación en el "traslado de sustancias explosivas" desde la vivienda del imán hasta Alcanar y con alquiler de furgonetas.

EN "SHOCK" AL ENTERARSE DE LOS ATENTADOS

Preguntado por su abogado si su marcha a Marruecos tenía algo que ver con su radicalización, Oukabir, que ha dicho que estuvo en "shock" al enterarse de los atentados, ha negado este extremo y ha explicado que se fue para "desconectar" porque tenía una orden de alejamiento hacia su pareja tras "una discusión muy fuerte".

La declaración del tercer acusado, Said Ben Iazza, ha sido más breve, ya que tan solo ha declarado ante el tribunal que conoce a los miembros de la célula yihadista porque eran "clientes" de su tienda, pero que en ningún momento le comentaron sus intenciones de atentar en Barcelona.

Asimismo, ha negado haber tenido algún contacto con el imán Abdelbaki Es Satty ni con Alcanar. Preguntado por su defensa que por qué prestó a Younes Abouyaqoub una furgoneta que era propiedad de su tío, ha explicado que le comentaron que querían "transportar productos de limpieza".

La Fiscalía pide para Said Ben Iazza -que fue detenido en Castellón un mes más tarde de los atentados- 8 años por colaboración con la célula por prestar el vehículo "a sabiendas de que iba a ser usada para la adquisición y transporte de productos químicos", así como por dejar su documentación personal para ocultar la verdadera identidad del comprador de los productos químicos y ayudar a la célula yihadista "en la consecución de sus fines de hacerse con los precursores necesarios para la elaboración de sustancias explosivas".

Euskadi ha detectado este pasado lunes 1.310 nuevos positivos en coronavirus, lo que supone 132 más que en el día anterior y la reducción de la tasa de positividad al 9,3%. Además, 91 personas con coronavirus han ingresado en planta y 135 pacientes permanecen en las UCI de los hospitales vascos, lo que supone cinco más que la jornada previa.

Según ha informado el Departamento vasco de Salud, a lo largo de este pasado lunes se hicieron 14.039 pruebas PCR y de antígenos, por encima de los 12.037 test diagnósticos realizados el día anterior, de los que 1.310 fueron positivos, frente a los 1.178 de la jornada precedente. De esta forma, la tasa de positividad ha descendido cinco décimas, del 9,8% al 9,3%.

Por territorios, Vizcaya ha contabilizado este pasado lunes el mayor número de positivos, 631, frente a los 620 detectados 24 horas antes. Por su parte, Guipúzcoa ha sumado 552 contagios más, por encima de los 478 del domingo, y Álava ha detectado 110 casos nuevos, 41 más. También se han registrado 17 casos positivos de personas residentes fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, tres menos que en la jornada precedente.

Respecto a la situación en los hospitales, durante la jornada de este pasado lunes han ingresado 91 personas con covid en planta, lo que supone 54 más que en la jornada anterior. En la actualidad, un total de 135 pacientes con covid-19 permanecen en las UCI, lo que supone cinco más que el día previo.

La Comisión Europea ha acusado formalmente este martes a la multinacional estadounidense Amazon de haber utilizado en su propio beneficio información confidencial de empresas que utilizan la plataforma de ventas, violando de esta forma las reglas comunitarias de competencia.

En concreto, las autoridades comunitarias han enviado a la firma dirigida por Jeff Bezos un pliego de cargos en el que confirman las sospechas por las cuales iniciaron una investigación en profundidad en julio del año pasado. Se trata de un nuevo paso de un procedimiento que podría resultar en una multa si el gigante digital no resuelve las acusaciones de Bruselas.

"Debemos asegurar que el doble papel de las plataformas con poder de mercado, como Amazon, no distorsionan la competencia. La información sobre las actividades de terceros vendedores no debe utilizarse en beneficio de Amazon cuando ésta actúa como competidor de estos vendedores. Las condiciones de la competencia en la platataforma de Amazon deben ser justas", ha resumido la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

Además, Bruselas ha abierto un nuevo expediente contra Amazon por un posible "trato preferente" hacia sus propias ofertas minoristas y las de aquellos proveedores que utilizan sus servicios de logística y reparto.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 'think tank' que agrupa a las economías más desarrolladas del planeta, registró al cierre del tercer trimestre de 2020 un total de 49,469 millones de desempleados, cifra que supone un incremento de 13,79 millones respecto de los 35,677 millones de parados contabilizados al cierre de los primeros tres meses del año, que solo recoge el impacto de la pandemia en las últimas semanas de marzo.

De este modo, el número de personas en paro en la OCDE en el tercer trimestre del año se redujo en 5,228 millones respecto de los 19,02 millones registrado en el segundo trimestre. En el mes de septiembre, la cifra de desempleados registrada en la OCDE fue de 47,613 millones.

En términos absolutos, las mayores cifras de desempleo se observaron en Estados Unidos, con 14,15 millones de parados en el tercer trimestre, frente a los 6,27 millones entre enero y marzo; Colombia, con 4,16 millones, frente a los 2,74millones del primer trimestre, y España, con 3,78 millones, frente a los 3,21 millones del primero.

No obstante, la tasa de paro en el tercer trimestre en la OCDE se moderó al 7,6% desde el 8,6% del segundo trimestre, aunque se mantenía significativamente por encima del 5,4% registrado en los tres primeros meses de 2020.

Las mejores cifras de desempleo relativo correspondieron en el tercer trimestre a la República Checa, con un 2,8% de paro, por delante de Japón, con un 3%, y de Polonia, con un 3,1%. Por contra, las mayores tasas de paro se observaron en Colombia (17,8%) y España (16,6%).

En el mes de septiembre, la tasa de paro de la OCDE retrocedió al 7,3% desde el 7,4% de agosto, muy por debajo del 8,8% registrado en abril, pero todavía lejos del 5,2% de febrero de 2020, antes del impacto de la pandemia.

El desempleo en septiembre entre los hombres afectaba al 7,1%, dos décimas menos que en agosto, mientras que el paro femenino alcanzaba el 7,5%, frente al 7,7% del mes anterior.

La tasa de paro en la eurozona en septiembre se mantuvo estable en el 8,3%, un punto porcentual por encima del nivel de febrero, mientras que en EEUU era del 7,9%, medio punto por debajo de la lectura de agosto, pero todavía un punto porcentual más que en febrero de 2020.

La iniciativa de Naciones Unidas U4SSC Unidos por las Ciudades Inteligentes y Sostenibles ha nombrado vicepresidenta a la española Tania Marcos, responsable de Ciudades Inteligentes de la Asociación Española de Normalización (UNE), a propuesta por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU).

Este nombramiento supone un reconocimiento a la experiencia española en materia de estándares para las Smart Cities. Varias normas del comité técnico de normalización (CTN) 178 sobre ciudades inteligentes han sido la base para elaborar Recomendaciones Internacionales de ITU, donde UNE ha representado al Gobierno de España.

Para el director general de UNE, Javier García, "la normalización española se caracteriza por una creciente proyección internacional, que se traduce en beneficio de la competitividad de nuestros sectores económicos y empresas y un ejemplo ilustrativo es que los expertos españoles ya gestionan cerca de 130 órganos técnicos de normalización internacionales y europeos.

U4SSC (United for Smart Sustainable Cities) es una iniciativa de las Naciones Unidas dirigida a ayudar a las ciudades a lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11, que tiene como finalidad lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Está codirigida por ITU, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y cuenta con el apoyo de otras 15 agencias de Naciones Unidas.

UNE, firmante de la Red Española del Pacto Mundial, desempeñará diferentes roles desde esta nueva responsabilidad: como organismo español de normalización pondrá en valor en Europa y en Latinoamérica los estándares españoles y como palanca para la optimización de resultados de I+D.

Además, tendrá un papel clave como partner para la cooperación internacional y proyectos de asistencia técnica. Asimismo, contribuirá a la implementación de la Agenda Urbana y al despliegue de las ciudades inteligentes en España y servirá para reforzar el posicionamiento de UNE como aliado estratégico de las organizaciones para conseguir los 17 ODS de la ONU: más de 4.000 estándares UNE facilitan a las empresas su consecución.

Los seis últimos nombramientos en el Tribunal Supremo -tres nuevos magistrados para la Sala de lo Penal y las presidencias de las de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social y de lo Militar- toman posesión esta semana de sus plazas en dos actos formales que ven limitados de aforo por las medidas a que obliga la pandemia por covid-19 y sin la asistencia de la prensa, según ha informado este martes el alto tribunal.

Se trata de las designaciones realizadas en el Pleno del pasado 30 de septiembre, en lo que fue considerada una contundente respuesta por parte del órgano de gobierno de los jueces frente bloqueo institucional que mantiene a este órgano sin renovar desde diciembre de 2018 por falta de acuerdo político.

Así, mañana martes tomarán posesión César Tolos (nuevo presidente de lo Contencioso-Administrativo), Jacobeo Baraja de Quiroga (en la Presidencia de la Sala de lo Militar) y María Luisa Segoviano (en lo Social), siendo esta última la primera mujer que alcanza una presidencia de Sala en el Tribunal Supremo.

Un día después se celebrará otro acto formal, igualmente presidido por Carlos Les mes, presidente del CGPJ y el Supremo, para la toma de posesión de los tres nuevos miembros de la Sala de lo Penal, Ángel Hurtado, Leopoldo Puente y Javier Hernández.

Todos estos nombramientos se produjeron con un rotundo consenso entre los sectores conservador y progresista de ese órgano, suponiendo una reactivación de la actividad de designación que corresponde al CGPJ después de que el pasado mes de julio Les mes ordenara retirar del orden del día los referidos a la Sala Segunda (de lo Penal), dada la inminencia de un acuerdo parlamentario que hubiera permitido la renovación y que finalmente no se produjo.

NUEVOS MAGISTRADOS

Por lo que respecta a la Sala de lo Penal, entran en el Supremo el conservador Ángel Hurtado y los progresistas Javier Hernández y Leopoldo Puente como nuevos miembros de la Sala de lo Penal. El primero fue el juez de 'Gürtel' contrario a condenar al POP como partícipe a título lucrativo.

Por el lado progresista logra acceder a la cúpula judicial el magistrado del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) Javier Hernández, de quien sus compañeros destacan su brillantez técnica, mientras que para la tercera plaza vacante se ha designado a Leopoldo Puente Segura, actualmente en el TSJ de Madrid.

PRIMERA MUJER EN PRESIDIR UNA SALA

En la Sala Cuarta (de lo Social) la elegida ha sido la magistrada María Luisa Segoviano, que se convierte así en la primera mujer en presidir una Sala del Tribunal Supremo en los más de doscientos años de historia del alto tribunal, creado por las Cortes de Cádiz en 1812.

La relación de la nueva presidenta con la jurisdicción laboral comenzó en 1974, antes de su ingreso en la Carrera Judicial. Tras aprobar la oposición como secretaria de Magistratura de Trabajo, ejerció como tal en Barcelona, Palencia y Valladolid desde 1974 hasta 1987. Tras ocupar varios puestos en la judicatura entró en el Supremo en 2006 y desde el pasado mes de junio, como consecuencia de la jubilación de Jesús Gallón, ejercía como presidenta en funciones de la Sala Cuarta del alto tribunal.

Por su parte, César Tolos nació en Santa María la Real de Nieva (Segovia) en 1957 e ingresó en la Carrera Judicial en 1982. El CGPJ le eligió en 2004 presidente del Tribunal Superior cántabro, cargo en el que permaneció durante dos mandatos, hasta que en 2014 fue designado magistrado del Tribunal Supremo.

Para la Presidencia de la Sala de lo Militar toma posesión este miércoles Jacobeo López Baraja de Quiroga, quien ingresó en la Carrera Judicial en 1981. Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001 y magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, adscrito a la Sala Segunda.

La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) celebrará el próximo lunes, 16 de noviembre, el primer debate que marcará el inicio formal del procedimiento para responder a los suplicatorios cursados por el Tribunal Supremo español para levantar la inmunidad parlamentaria del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

Así consta en la agenda de la próxima sesión de la comisión europarlamentaria que además de los expedientes de los tres políticos independentistas se ocupará ese mismo día de lanzar también otros dos suplicatorios que afectan a los democristianos portugueses Álvaro Amaro y Nuno Melo.

Será por tanto un primer debate "breve", según han indicado fuentes parlamentarias, que servirá para iniciar un procedimiento que se activó en enero pero que las restricciones por el coronavirus obligaron a aparcar. Los eurodiputados han podido finalmente relanzar el proceso tras contar con el aval de los servicios legales para celebrar las sesiones por vía telemática.

Al ser una fase muy inicial tampoco asistirán al debate los implicados, han precisado otras fuentes, que recuerdan que el proceso incluirá varias sesiones más, incluidas las audiencias de los eurodiputados cuya inmunidad se examina y la presentación del borrador de informe que más tarde votarán los eurodiputados.

Las reglas de la Eurocámara obligan a tramitar los expedientes de los suplicatorios a puerta cerrada para hacer valer una estricta confidencialidad, lo que complicó que se pudieran discutir durante la pandemia porque la actividad parlamentaria quedó relegada fundamentalmente a contactos por videoconferencia.

En los tres expedientes el encargado de redactar el informe que recogerá la opinión de la comisión parlamentaria que, en última instancia se someterá a la votación del pleno, es el conservador búlgaro Angel Dzhambazki, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).

El reparto de los ponentes encargados de cada suplicatorio se realiza por turnos entre los distintos grupos parlamentarios y en esta ocasión la responsabilidad recaerá sobre un diputado que comparte grupo con la delegación de Vox, pero también con los nacionalistas flamencos de la N-VA, muy cercanos y simpatizantes de la causa independentista catalana.

PROCESO QUE LLEVARÁ MESES

Así las cosas, Dzhambazki presentará los casos el lunes y habrá un intercambio de opiniones antes de que se fije el calendario para las siguientes fases del proceso que, en cualquier caso, llevará meses hasta su conclusión. La comisión de Asuntos Jurídicos sólo tiene previsto un encuentro más en lo que queda de año, el 3 de diciembre.

Antes de llegar al pleno de la Eurocámara, el caso se trata a puerta cerrada e incluye la posibilidad de que el afectado comparezca en una audiencia a la que puede acudir acompañado por un abogado que le asesore o puede designar a otro eurodiputado para representarle.

Si el reclamado no puede acudir en un plazo de tiempo "razonable" el procedimiento debe continuar sin esta sesión. Una vez que el ponente ha redactado su recomendación, ésta se discute también a puerta cerrada y se somete a votación.

El informe finalmente se eleva al pleno para decidir si se aprueba o no el suplicatorio, en un voto a mano alzada que se resuelve por mayoría simple.

Las reglas de la Eurocámara permiten rechazar un suplicatorio si está motivado por opiniones o votos del eurodiputado en el ejercicio de sus funciones y también si se da un caso de 'fumus persecutionis', es decir, cuando se concluye que la intención de la petición es "perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución".

El Parlamento europeo recibió a lo largo de la pasada legislatura 55 suplicatorios de autoridades judiciales de los Estados miembro solicitando que se levantara la inmunidad de alguno de sus eurodiputados y solo rechazó suspender esta protección en cinco de los casos.

Mohamed Houli Chemlal, acusado de formar parte de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 de agosto de 2017, ha asegurado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga estos hechos que ratifica todo lo que ha declarado hasta ahora y ha afirmado que está "arrepentido".

Houli Chemlal es el primero de los tres acusados en el juicio que ha comenzado este martes en declarar ante el tribunal de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidido por Alfonso Guevara. Tras un habitáculo de cristal, donde se encontraba acompañado de los otros dos acusados, ha recordado que durante la instrucción de la causa declaró voluntariamente.

Asimismo, este acusado, que resultó herido por la explosión de una vivienda en Alcanar (Tarragona) donde se preparaban los explosivos para atentar en Barcelona, ha indicado que se acoge a su derecho a no declarar pero que ratifica todo lo que ha dicho hasta ahora en este procedimiento y ha mostrado su arrepentimiento.

"Mi arrepentimiento se basa en que todas las veces que me han llamado para declarar he declarado, incluso he declarado voluntariamente", ha afirmado a preguntas de su abogada, María del Carmen González, quien le ha preguntado si era un sentimiento "sincero". "Obviamente", ha dicho Holui Chemlal.

VISIONADO DE VÍDEOS Y FOTOGRAFÍAS CON EXPLOSIVOS

A petición de la fiscal Ana Noé, la Sala ha visionado vídeos y fotografías en los que aparece el acusado manipulando explosivos con otros miembros de la célula yihadista. También se han reproducido las declaraciones que prestó ante el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 Fernando Andreu, ya que la representante del Ministerio Público considera que incurrió en contradicciones en sus comparecencias.

La Fiscalía solicita para Houli Chemlal la pena más alta para los tres acusados, 41 años de cárcel por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos, y conspiración para cometer estragos terroristas, al entender que "formó parte de una célula criminal local seguidora de los postulados de la organización terrorista Estado Islámico reunida en torno a la figura del fallecido imán que fue de las comunidades 'El Fath' y 'Annour'", de Ripoll.

En el escrito de acusación provisional añade que "mantenía" con el imán una "buena relación de amistad" y que comenzó a "mostrar interés por el islam y a asistir también regularmente a la mezquita".

A preguntas de su defensa, Holi Chemlal ha afirmado con un simple "sí" a varias preguntas sobre su colaboración con la justicia, como que contactó voluntariamente con el equipo de seguridad del centro penitenciario de Alcalá-Meco para asumir los hechos, si bien el interrogatorio de la abogada ha sido interrumpido en varias ocasiones por el presidente del tribunal porque el acusado estaba respondiendo cuando inicialmente se había acogido su derecho a no declarar.