Asociaciones vecinales, sociales, partidos políticos, sindicatos y particulares han firmado un comunicado en el que piden el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche y el resto de estos centros, un escrito conformado por organizaciones de los madrileños barrios de Carabanchel y Aluche englobados en la plataforma Centro de Memoria Cárcel de Carabanchel.

El cierre de los aeropuertos provocado por la pandemia de la Covid-19, hizo que el Ministerio del Interior adoptara la acertada decisión de cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) del territorio nacional, al no poderse realizar las extradiciones en el tiempo estipulado.

En el comunicado, señalan que en los CIEs se priva de libertad, hasta 60 días, a personas que no han cometido delito alguno, que tan sólo carecen de los papeles de residencia.

«Siempre hemos considerado que se trata de un encarcelamiento injusto, sin mediar juicio ni sentencia, con menos derechos de los que tienen las personas presas en las cárceles convencionales. Su única función es la de constituir una amenaza represiva a la inmigración irregular, pero que no llega a afectar ni al 1 por 1.000 de las personas ‘sin papeles’, criminalizando así a la población migrante y fomentando indirectamente la xenofobia. Además, han sido abundantes las denuncias de malos tratos en estos centros», señalan.

Por ello, los firmantes piensan que el cierre decretado en primavera era «una magnífica oportunidad para replantear la existencia y función de estos centros en un Estado democrático». Pero, el CIE de Aluche reabrió la semana pasada con el internamiento de 46 individuos argelinos.

Las asociaciones consideran que esta decisión, además de mantener la injusticia de las detenciones, constituye «una irresponsabilidad en la actual situación de rebrote de la pandemia, lo que puede afectar gravemente a la salud de las personas detenidas, sus familiares y el personal que las atiende.

«El caso del CIE de Aluche nos afecta más directamente, al ocupar el antiguo hospital penitenciario de lo que fue la cárcel de Carabanchel, en cuyos terrenos se lleva reclamando desde hace 20 años, además de los equipamientos sociales, la creación de un Centro de la Memoria, símbolo de la represión franquista y la resistencia. La presencia de una institución represiva que atenta contra los Derechos Humanos, como el CIE, en un inmueble que perteneció a una cárcel emblemática de la dictadura constituye un cruel sarcasmo histórico y una afrenta antidemocrática para la sociedad madrileña», esgrimen.

Por todo ello, las entidades y personas abajo firmantes exigen el cierre inmediato y definitivo del CIE de Aluche y de los demás y que inicien los trabajos para la creación de un Centro de la Memoria de la Cárcel de Carabanchel.

Ente otras entidades, han firmado este comunicado la plataforma ‘La Comuna’, la plataforma contra la impunidad del franquismo, la asociación de familiares de la fosa 115 del cementerio de Paterna, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid Región (FRAVM), la asociación vecinal de Lucero, la Coordinadora Vecinal de Latina (COVELA), la asociación vecinal de Carabanchel Alto, la asociación vecinal Casco Antiguo de Carabanchel Bajo, la Federación Local de asociaciones vecinales de Leganés, la asociación vecinal de Zarzaquemada, la asociación vecinal ‘La Flor’, la Mesa del árbol de Carabanchel, la Asociación de Mujeres de Carabanchel Alto, la asociación cultural Casa del Barrio de Carabanchel, la Confederación General del Trabajado (CGT) Partido Comunista de Madrid (PCM), Izquierda Unida Madrid, Red Roja, además de ciudadanos particulares.

La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ha anunciado «el inicio de un proceso sancionador contra las personas y organizaciones que exhibieron símbolos fascistas» en una ‘marcha de antorchas’ impulsada este lunes por grupos de ultraderecha en el barrio valenciano de Benimaclet.

Desde la administración autonómica señalan que en ese acto «se vulneró la ley autonómica de memoria democrática». Durante esta movilización convocada por España 2000 en el barrio de Benimaclet, se exhibieron «banderas franquistas y otros elementos de simbología nazi en lo que supone una clara vulneración de la Ley 14/2017 de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana», insisten.

En este sentido, argumentan que el artículo 40 de la citada ley hace referencia «a los actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación de la sublevación militar o del franquismo, u homenaje a quienes apoyaron la sublevación militar y la dictadura».

La Conselleria de Calidad Democrática ha solicitado a la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana la identificación de la personas que exhibían estos símbolos, así como la de los convocantes y las posibles actas policiales levantadas.

REUNIÓN CON DELEGACIÓN DE GOBIERNO

Asimismo, la consellera de Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha solicitado a la delegada del Gobierno, Gloria Calero, una reunión para trabajar conjuntamente en la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de memoria democrática «para el cumplimiento de la ley y con el fin de evitar que se repitan sucesos como los vividos ayer».

«No vamos a permitir que se vulnere la legislación vigente ni que se sigan exhibiendo impunemente símbolos que suponen la exaltación de la dictadura franquista y son contrarios a la memoria democrática», ha advertido Pérez Garijo.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que el primer joven invidente que ha accedido a la carrera fiscal, Héctor Melero, «es un referente para muchas personas con diversidad funcional que, en algún momento, han pensado ‘yo no puedo hacer eso'». «Él es un ejemplo de que sí se puede y de que los techos de cristal se pueden romper», ha manifestado Oltra.

La vicepresidenta ha realizado estas declaraciones tras la reunión que ha mantenido con este joven valenciano, que es la primera persona invidente que ha logrado superar las oposiciones a juez y fiscal en España.

Tras el encuentro, la vicepresidenta ha resaltado que es un privilegio poder recibir a Melero, porque «es un símbolo para que muchos niños, niñas y adolescentes sepan que, aunque en la vida hay barreras, entre toda la sociedad tenemos que eliminarlas, se pueden vencer».

Para Oltra, con su esfuerzo «Héctor ha roto un techo de cristal, que no solo afecta a las mujeres, también a otros colectivos vulnerables y vulnerados» como es el de las personas con diversidad funcional visual.

Por eso ha resaltado la importancia de «difundir» los logros de personas que, como Héctor, son capaces de «abrir caminos para romper esos techos de cristal para que más gente se pueda animar y saber que sí se puede.

Asimismo, ha destacado su vocación de servicio público y su interés por causas como la defensa de la infancia o la lucha contra la violencia de género, que le ha llevado a desarrollar la carrera fiscal.

Por su parte, Héctor Melero ha agradecido a la vicepresidenta la celebración de este encuentro. Además, ha mostrado su gratitud con las personas de su entorno que le han ayudado y su satisfacción por haber alcanzado su objetivo.

Asimismo, ha señalado su convencimiento de que, aunque es la primera persona invidente en conseguir ser fiscal, «no será la última» ya que España «es cada vez un país más igualitario, donde tanto las instituciones como la ONCE ofrecen a las personas invidentes mucho apoyo para poder llevar una vida más autónoma e independiente cada día».

El reto de geolocalizar caballitos de mar se ha alzado con el premio del evento científico Ocean Hackathon 2020, celebrado este fin de semana en el centro cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena, informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Cultura, Juventud e Igualdad, David Martínez Noguera, asistió a la final del evento en el que el equipo formado por el biólogo marino José Antonio Oliver, la gestora de proyectos europeos Elen García y la programadora informática Elena Torro consiguieron el pase a la final internacional que tendrá lugar en la ciudad francesa de Brest en las próximas semanas.

En el evento, organizado por el Campus Mondial de la Mer, se darán cita otras doce ciudades marítimas que presentarán diferentes propuestas basadas en tecnologías que sirvan para mejorar la sostenibilidad y protección de los océanos.

En la final, el grupo ganador se enfrentó a la valoración de otras dos propuestas, la de un equipo que había desarrollado un dispositivo para detectar blooms de algas tóxicas y la de un tercero que ideó un sistema de recuperación de boyas de medición oceanográfica, tipo argo.

El jurado, compuesto por varios expertos en medio ambiente, innovación o ciencias del mar y cultura valoró el talento e ingenio de los participantes y destacó la creatividad e innovación de los diferentes equipos.

Además, durante la jornada, Martínez Noguera hizo entrega a un grupo de cuatro niñas, de edades de entre 12 y 13 años, de un premio honorífico del Ocean Hackathon 2020 por su trabajo de concienciación y salvaguarda del océano entre los más jóvenes.

Las integrantes de este equipo, llamado Tecnhofighters, pertenecen a la Asociación Talento STEM y en su proyecto han desarrollado, gracias a la técnica de la realidad aumentada, un caballito de mar al que han llamado Cory.

El equipo de estudiantes de Secundaria lo ha denominado así como agradecimiento a las siglas de CORI, el Cartagena Oceanographic Research Institute, ONG de investigación del océano que ha organizado este evento científico por primera vez en España, junto a la ciudad de Cádiz, y que este año cumple su quinta edición en el resto del mundo.

Entre las entidades que han participado en la propuesta de retos científicos para la mejora del océano se encuentran instituciones como la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la Universidad de Murcia (UMU), la Asociación Hippocampus, la empresa Diveapp y colectivos como el de buceadores de Cabo de Palos o Talento STEM.

«El Ocean Hackathon 2020 nos ha permitido, durante este fin de semana, poner en valor el talento científico y tecnológico de la Región y la actualización de los avances en el área del desarrollo sostenible y protección de los océanos. Cartagena se ha convertido un referente para la innovación oceanográfica», ha destacado David Martínez Noguera.

El evento, que se ha desarrollado durante el fin de semana, ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Cartagena, la UPCT, Europe Direct Región de Murcia, Innova Oceanografía Litoral, Navantia y SABIC, y la colaboración de la Autoridad Portuaria de Cartagena, SAES, Primafrío, COEC, Talento STEM y el CEEIC de Cartagena.

La asociación de docentes PLIS Educación, por favor ha asegurado que el consejero de Educación, Universidad e Investigación, Martí March, «sabe que la inmersión obligatoria es ilegal y por eso dilata su respuesta» ante el Defensor del Pueblo.

En un comunicado, la entidad ha señalado este martes que la Consejería «nunca atiende a las reclamaciones lingüísticas que exigen respeto» a los derechos de los castellanohablantes.

«Da largas, deja pasar el tiempo con la finalidad de diluirlas, porque, aunque sabe perfectamente que la inmersión obligatoria es ilegal, también sabe que los padres que quieran acudir a los tribunales deben gastarse mucho dinero y pasar mucho miedo», ha recalcado PLIS.

En este sentido, la entidad ha comunicado que, en junio, remitió con entrada de registro a la Consejería una denuncia de que la mayor parte de los proyectos lingüísticos de centros de Baleares no cumple el ordenamiento jurídico. También lo hizo el Defensor del Pueblo. «Pues bien, ni ha respondido a PLIS ni al Defensor del Pueblo», ha dicho.

Ante la falta de respuesta, desde PLIS han insistido en que la Conselleria «solo sabe negar los derechos» de los castellanohablantes, «creyendo infantilmente que con ello protege el catalán, sin preocuparle lo más mínimo los perjuicios y serios daños en la formación» de los alumnos. «La inmersión es para March dogma sagrado, sin ninguna excepción», han subrayado.

El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes por la tarde la suspensión de los objetivos de déficit por la crisis del coronavirus y dedicará el miércoles y el jueves a la moción de censura presentada por Vox contra el Gobierno de PSOE y Podemos.

Así se ha decidido este martes, a propuesta de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en la Junta de Portavoces del Congreso, que es la encargada de diseñar el orden del día de las sesiones plenarias.

En concreto, la tarde del próximo martes 20 de octubre se dedicará a debatir la decisión del Gobierno de suspender las reglas fiscales para este año y el siguiente por la situación de crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

MAYORÍA ABSOLUTA PARA JUSTIFICAR LA SUSPENSIÓN

Conforme a los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Congreso deberá votar ese martes si aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifique la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y, para lograr el aval de la Cámara, el Gobierno necesita mayoría absoluta.

Esos artículos recogen la posibilidad de exceder los límites de déficit estructural y de deuda en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria «que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado». Eso sí, esas excepciones deben ser «apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados».

La suspensión, aprobada por el Consejo de Ministros tras la aplicación de la cláusula de salvaguarda por parte de la Comisión Europea, deja sin efecto los objetivos de déficit, deuda y gasto público para este año y 2021, si bien el Gobierno ha trasladado a las comunidades autónomas un déficit recomendado del 2,2% del PIB para 2021.

¿QUIÉN DEL GOBIERNO REPLICARÁ A GARRIGA Y ABASCAL?

El Pleno se reanudará a las nueve de la mañana del miércoles 21 de octubre con el debate de la moción de censura de Vox. Arrancará con las intervenciones de Ignacio Garriga, que será quien presente la iniciativa al Congreso, y del candidato a presidente del Gobierno, Santiago Abascal, líder de Vox.

El Gobierno podrá intervenir en cualquier momento y será Moncloa quien decida cuál de sus integrantes, si el presidente o alguno de sus ministros, debate con los representantes de Vox.

Tras una pausa para comer, la sesión se reanudará por la tarde con la intervención de los distintos grupos parlamentarios, que dispondrán de dos turnos de 30 y 10 minutos para debatir con el candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno. Eso sí, no es obligatorio agotar los tiempos y los grupos decidirán quién interviene y por cuanto tiempo.

En todo caso, los debates no acabarán hasta el jueves, 22 de octubre, que será cuando se vote la moción de censura en votación pública y por llamamiento, con los diputados presentes puestos en pie anunciando su voto. En el caso de quienes voten telemáticamente, su voto se anunciará desde la Presidencia.

Para prosperar, la moción de censura necesitará mayoría abso0luta, 176 votos, un umbral muy lejano habida cuenta de que ni siquiera el PP piensa apoyarla y el resto de grupos ha anunciado el voto en contra. Con sólo los 52 votos de Vox, todo apunta a que será la moción de censura menos apoyada desde la restauración de la democracia.

La pandemia del coronavirus ha «multiplicado» las necesidades de los territorios de misión, donde actualmente hay casi 11.000 misioneros españoles, según ha advertido el director de Obras Misionales Pontificias (OMP), José María Calderón.

«El coronavirus ha trastocado la forma de vivir las cosas y la necesidad de la Iglesia en los territorios de misión es mucho mayor, se ha multiplicado, ya no solo es mantener esas diócesis, es también que viven en una situación de verdadera necesidad sanitaria en muchos casos», ha explicado Calderón este martes en rueda de prensa.

El sostenimiento de estos territorios de misión y de la labor de estos misioneros es posible gracias a la colecta del Domund, que se celebrará el próximo domingo 18 de octubre en todo el mundo y que este año estará marcada por la pandemia, que impedirá sacar las huchas a la calle como es tradición.

Precisamente, Calderón ha puesto de manifiesto las dificultades para recolectar los donativos del Domund en determinados países donde «no hay bizum» y «cuando se cierran las parroquias, se deja de hacer colecta y el sacerdote no come porque no le entra ningún ingreso».

En este sentido, ha avisado de que la pandemia del Covid no solo ha incrementado las necesidades sanitarias en los territorios de misión sino que también está «aumentando el problema de la pobreza».

España es, después de Estados Unidos, el segundo país del mundo que más colabora con el Domund. Juntos aportan más de la mitad del Fondo (13,5% y 38,7% respectivamente). En concreto, en 2019, España envió 10,5 millones de euros recaudados del Domund para financiar 439 proyectos en 39 países.

Este año, el Domund se celebra en todo el mundo bajo el lema ‘Aquí estoy, envíame’, «muy oportuno», según Calderón, para describir la vocación de los misioneros que «no van por libre» sino que se ponen «al servicio de la Iglesia».

Sobre la recaudación de este año en España, Calderón teme que no se alcance la cifra del año pasado porque la pandemia hace más difícil llegar a mucha gente, sobre todo, a los mayores que tienen miedo a salir y ante los aforos reducidos de las iglesias.

Tampoco podrán ir a los colegios ni salir con las huchas por lo que cree que «va a bajar» la recaudación. En todo caso, para facilitar la donación, OMP España ofrece otras opciones como hacer un Bizum (00500), una transferencia (ES32 0049 5117 2821 1009 4950), por teléfono (915900041) o por la web ‘www.domund.es’.

LA IGLESIA, «MISIONERA POR NATURALEZA»

Por su parte, el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, ha destacado que «la Iglesia es misionera por naturaleza» y ha precisado que «ir al mundo entero quiere decir traspasar las fronteras culturales, religiosas, políticas, sociales y económicas».

En vísperas del Domund, el nuncio ha subrayado que la oración por los misioneros es «indispensable» pero «también la contribución financiera para sostener las obras en cada rincón». Las oraciones son esenciales pero el dinero ayuda a construir escuelas y centros de salud en los lugares más remotos donde los gobiernos tampoco llegan», ha subrayado.

Además, ha puesto de relieve que en el Domund no solo contribuyen los países ricos sino que también «los países pobres hacen colectas» y donan aunque sea «un centavo» para las misiones.

Esa colecta ayuda a misioneros como Enrique Rosich quien en 1981, tras conocer a los misioneros combonianos, se fue como misionero a Chad, donde ha vivido la guerra civil. Actualmente, está en la diócesis de Doba junto con otros 27 sacerdotes de 14 nacionalidades, donde la Iglesia tiene 23 instituciones educativas, un hospital, cuatro centros de salud, y una residencia de personas con discapacidad.

Rosich ha recordado que allí experimentó otro tipo de virus, el de la guerra, que también «te confina» pero que, a diferencia del otro, «lleva armas, metralletas». También ha descubierto a la gente del Chad, con quien ha compartido su vida, de quienes ha destacado su «generosidad» con el extranjero al que tratan como si fuera un «enviado de Dios».

Como Rosich, hay registrados 10.893 misioneros en la base de OMP España, de los cuales, 7.792 están en destino, y 3.101 en España, colaborando con la animación misionera o a la espera de nuevos destinos. Están en 135 países y el país que tiene más misioneros españoles es Perú con 727. El director de OMP España ha animado a rezar para que «surjan nuevas vocaciones jóvenes».

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá este jueves por la mañana en el Pleno del Congreso para informar de la decisión del Gobierno de declarar el estado de alarma en la ciudad de Madrid y en ocho municipios de la región para tratar de frenar la expansión del coronavirus.

Así se ha decidido en la Junta de Portavoces del Congreso, donde se necesitaba la unanimidad de los grupos parlamentarios ya que debía modificarse el orden del día de esta semana –que ya estaba aprobado–, y así lo ha anunciado a su término la presidenta de la Cämara, la socialista Meritxell Batet.

El Gobierno avanzó el pasado viernes en el decreto con el que aprobó el estado de alarma en Madrid de que informaría del mismo a la Cámara, tal y como establece la ley, pero no especificó cómo lo haría.

COMPARECENCIA SIN VOTACIÓN

Se tratará de una comparecencia informativa pero sin votación, ya que el Congreso sólo debe pronunciarse en el caso de una eventual prórroga del estado de alarma si se considera necesaria más allá de los 15 días para los que ha sido inicialmente declarado.

El pasado mes de marzo, cuando se declaró el estado de alarma derivado del coronavirus, fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que informó al Congreso de sus pormenores e hizo lo propio con las diferentes prórrogas solicitadas.

Pero en esta ocasión, el Gobierno ha delegado esa responsabilidad en el titular de Sanidad. Como el miércoles no podía comparecer por cuestiones de la agenda oficial del Ministerio, la comparecencia se ha pasado al jueves.

Así, el Pleno comenzará a las nueve de la mañana, que será cuando Illa suba a la tribuna de oradores para detallar a la Cámara Baja y sin límite de tiempo los motivos que llevaron al Gobierno a decretar el estado de alarma en Madrid y, a continuación, intervendrán los grupos parlamentarios durante quince minutos, con la posibilidad de cinco minutos más de réplica, según informaron fuentes parlamentarias.

La defensa del acusado de degollar a su mujer en La Coruña en 2018, el procesado R.S.G., ha sostenido en la primera sesión del juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que fue un suicidio asistido, por lo que pide una pena de entre seis y diez años. Por su parte, la fiscal solicita 25 años de cárcel y la acusación particular y la de la Xunta, prisión permanente revisable.

La Fiscalía califica los hechos como asesinato con alevosía y con agravante de parentesco y género. Asegura que el sospechoso decidió acabar con la vida de la víctima en el domicilio que compartían en A Coruña para lo que, relata el escrito de calificación, cubrió la cama que usaban con bolsas de plástico y le cortó la carótida con un cuchillo muy afiliado «aprovechando que estaba acostada, de forma sorpresiva y repentina».

La acusación particular, que representa a los tres hijos de la víctima, pide prisión permanente revisable por asesinato con alevosía y ensañamiento. Según el abogado, Jorge Vila, la víctima era «especialmente vulnerable», porque sufría depresión desde hacía meses. «Estaba planificado de antemano», insistió ante los medios.

El abogado defendió ante el jurado popular que el hombre es «violento» e «inestable» y que hizo creer a la víctima que tenía «un cáncer óseo terminal». Por su parte, el letrado de la Xunta está de acuerdo en pedir la prisión permanente revisable.

En cambio, el abogado del acusado, José Ramón Sierra, remarcó que no fue un asesinato. «Se tiene que castigar a este hombre por lo que hizo, no por lo que dicen que hizo», explicó al jurado, que reprochó que las acusaciones no tengan «móvil» para el crimen.

INGRESO HOSPITALARIO

La fiscal explicó en el juicio que la falta de trabajo de la víctima le causó una «fuerte depresión». El «deterioro» de la mujer, tanto físico como mental, transformó, ha dicho, la relación entre ambos por lo que, para el hombre, la situación fue «insostenible». «La enfermedad no era incurable», destacó la representante del Ministerio Público.

Previamente a los hechos, el Ministerio Público destaca que la mujer, con la que el acusado se casó cuatro años antes, había protagonizado un intento de suicidio, en concreto una semana antes de los hechos, ocurridos el 18 de julio de 2018.

Aunque se recomendó entonces su ingreso en el centro hospitalario, el acusado, señala la fiscal, insistió en que no quedase en el hospital «y se comprometió a su vigilancia y a iniciar el tratamiento a nivel ambulatorio con supervisión estrecha y permanente por su parte en el domicilio familiar».

«Pese a ello el acusado decidió acabar con su vida, menospreciando su condición de mujer y para librarse de ella por estar agobiado por las atenciones que le tenía que prestar, sin importarle la larga convivencia que habían tenido», detalla el escrito.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado que la campaña de la vendimia en Castilla La Mancha ha finalizado con un total de 23 millones de hectolitros de vino y mosto recogido, una campaña de tamaño «muy razonable» y con una cosecha que ha definido como de «enorme calidad».

El consejero, que ha realizado declaraciones a los medios antes de participar en una reunión por videoconferencia de la Asociación de Regiones Europeas Vitivinícolas, ha señalado que la producción «no ha sido muy grande» y que ha estado por debajo de la media de los últimos años, pero ha destacado que ha ido en consonancia con lo que estaba previsto.

Además, ha hecho hincapié en que la campaña se ha desarrollado «en muy buenas condiciones» en el ámbito sanitario, ya que no ha habido «ningún brote procedente de la pandemia». «Esto es muy importante para nosotros porque significa que se han hecho las cosas muy bien», ha subrayado.

CASI 22 MILLONES PARA RESTRUCTURACIÓN DE VIÑEDO

De otro lado, Martínez Arroyo ha señalado que se han realizado pagos «muy importantes» en reestructuración de viñedo a 576 viticultores, que han cobrado un total de 9,2 millones de euros. En total, ha sostenido el consejero, antes del 15 de octubre, fecha de finalización de la campaña de la Política Agraria Común (PAC), en Castilla-La Mancha se han conseguido pagar 21,9 millones de euros a 1.836 viticultores de la región.

Esto es, ha continuado, 2,5 millones más del presupuesto que estaba asignado para la región, lo que significa que se han hecho las cosas «muy bien». Por ello, ha querido dar las gracias tanto al sector como a los trabajadores de su consejería que, ha añadido, «han hecho posible una vez más que Castilla-La Mancha agote todos los fondos que le corresponden y además se haga cargo de recursos que otras comunidades no han podido pagar para que España no pierda fondos».

«Es una noticia excelente, seguimos trabajando por el sector y esto pone de manifiesto la necesidad de que en la futura PAC haya un programa específico de apoyo al sector del vino que incluya una medida como esta», ha concluido.

Vox ha cargado este martes contra el PP por renunciar a hacer oposición al Gobierno de coalición y ha pedido a sus diputados que voten la moción de censura contra Pedro Sánchez al margen de la disciplina de voto de su partido.

Los dirigentes del partido liderado por Santiago Abascal han celebrado que el Congreso vaya a debatir la próxima semana la moción de censura –aunque han criticado que la fecha saliera en los medios de comunicación antes de trasladarse oficialmente a la Mesa de la Cámara– y han insistido en que, al margen del resultado parlamentario que obtenga, se trata de una iniciativa que «ya se ha ganado en la calle».

Vox ha recordado que «cientos de miles» de ciudadanos respaldaron este lunes su llamamiento a movilizarse contra el Gobierno coincidiendo con la celebración del Día de la Fiesta Nacional. «No es una moción de censura de Vox, nosotros solo estamos dando voz a millones de españoles que están en la calle reclamando un cambio de Gobierno», ha aseverado su portavoz político, Jorge Buxadé.

En este sentido, el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha lamentado el rechazo del PP a la moción de censura, que cree que obedece a su «deriva en descenso y pérdida de votos, apoyos y comprensión».

SI EL PP NO APOYA, QUE NO MOLESTE

Espinosa de los Monteros ha recordado la actitud «responsable» de Vox para la formación de gobiernos en Andalucía, Madrid y Murcia y ha pedido al PP que, si no quiere apoyar la moción de censura, al menos que «se aparte y no moleste.

A su juicio, cada vez son más los ciudadanos que apoyan las movilizaciones contra el Gobierno y también esta moción de censura para convocar nuevas elecciones generales, por lo que «la única alternativa y la única oposición» cree que es la de Vox.

Además, ha lamentado que las críticas del secretario general del PP, Teodoro García Egea, y ha avisado de que los votantes del PP en el año 2011 se sintieron «engañados» cuando el Gobierno de Mariano Rajoy renunció a «la batalla» en asuntos como la memoria histórica, el derecho a la vida o la memoria histórica. «Eso sí que fue un gran engaño», ha lametado.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la pieza ‘Kitchen’ dentro del conocido como ‘caso Villarejo’, ha citado a declarar como investigado este viernes 16 de octubre a Enrique Olivares García, el falso cura que asaltó la casa del extesorero del PP Luis Bárcenas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha citado a Olivares a partir de las 10.00 horas como posible cómplice en los delitos de malversación y cohecho del operativo policial organizado para espiar a Bárcenas, según han informado las fuentes jurídicas.

Antes de que el juez comience a interrogar a este investigado, condenado en firme a 22 años de prisión por el secuestro en octubre de 2013 de la mujer e hijo de Bárcenas, se practicara un reconocimiento forense, han indicado las mismas fuentes. Un informe pericial, que obra en el sumario de ‘Kitchen’, señala que «no reúne aptitudes» para declarar en la causa.

PETICIÓN DE FISCALÍA

El juez García Castellón ya ordenó en 2019 investigar el listado de las personas que habían acudido a visitar a Olivares en la cárcel, las llamadas que había recibido durante su estancia en el centro penitenciario, así como la identidad de las personas que hubieran efectuado ingresos en las cuentas de peculio –250 euros en los primeros días del mes–, a raíz de una petición que realizó la Fiscalía Anticorrupción en enero de ese año.

En su escrito, los fiscales indicaron que, «por medio de fuentes abiertas –directas referencias en medios de comunicación digitales–, se ha tomado conocimiento de que el investigado Sergio Ríos Esgueva (el chófer de Bárcenas), captado como colaborador en la ‘Operación Kitchen’, en la que era designado como ‘cocinero’ o ‘1’, podría no haber sido el único colaborador captado (…) y que también podría haber tomado parte en la misma operación policial otro individuo identificado como Enrique Olivares García.

Entre las diligencias, el juez también pidió averiguar el origen del revólver utilizado por el falso cura en el asalto para intentar determinar si era una de las personas captadas por la trama ‘Kitchen’, organizada por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y la cúpula policial de entonces, para espiar al extesorero ‘popular’ y su familia con cargo a los fondos reservados del Ministerio de Interior.

NO SE DETERMINÓ EL ORIGEN DEL REVÓLVER

Se trata del arma con la que amenazó, una vez que entró en la casa tras hacerse pasar por un cura de Instituciones Penitenciarias para tramitar la libertad condicional de Bárcenas, a Rosalía Iglesias, su hijo Guillermo y a una empleada doméstica. «O me decís la información que tumbe al Gobierno u os mato», les advirtió, según consta en el atestado policial, incluido en el sumario del caso ‘Kitchen’.

Sin embargo, en un informe febrero de 2019, Asuntos Internos señaló que «no ha sido posible determinar el origen concreto» del revólver –tipo ‘Bristish Bulldog’–, subrayando que «se recibe en mal estado de conservación».

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha ordenado este martes el traslado de seis internos relacionados con la banda terrorista ETA, entre ellos uno de los terroristas condenados por el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola, en el que murió una niña, y Antonio Troitiño Arranz, histórico dirigente etarra condenado por una veintena de asesinatos y que fue entregado por Reino Unido en 2017.

Según ha informado el organismo dependiente del Ministerio del Interior, Andoni Otegi Eraso, alias ‘Ioso’, pasa del centro penitenciario de Almería al de Logroño. Ingresó en prisión el 17 de octubre de 2008 y cumple una condena de 30 años por los delitos de atentados, estragos, depósito de armas y municiones, y robo de vehículo. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en abril de 2031.

Junto a Óscar Celarain Ortiz, ‘Peio’, fue condenado en 2012 a 843 años de cárcel por ser los autores del atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante), que ETA perpetró el 4 de agosto de 2002, matando a una niña de seis años, y a Cecilio Gallego Alaminos, de 57. La condena les atribuyó otros 51 asesinatos en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas.

Según Interior, Andoni Otegi Eraso — condenado también por el asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica Astibia en 2001–, «acepta la legalidad penitenciaria y ha manifestado su intención de hacer frente a su responsabilidad civil». La condena impuso indemnizaciones de 211.768 euros a los padres de la niña asesinada, así como con 75.539 a la familia del hombre, que murió cuando se encontraba en una parada de autobús situada junto al acuartelamiento. También fijó en nueve millones de euros el coste en compensación al Estado.

A propuesta de la junta de tratamiento del centro almeriense, el interno mantiene su clasificación en segundo grado y será trasladado al centro penitenciario riojano.

El histórico Antonio Troitiño Arranz es otro de los acercados. Será trasladado del centro penitenciario Madrid VII-Estremera a la prisión de Soria. Ingresó en prisión el 5 de mayo de 2017, tras un largo litigio para su entrega desde Reino Unido, y tiene una condena de cinco años, once meses y 29 días por el delito de pertenencia a organización terrorista.

‘Antxon’ fue condenado en 2018 por la Audiencia Nacional por reintegrarse en ETA en 2011, cuando salió de prisión tras cumplir 24 años por 22 asesinatos. Troitiño, miembro del sanguinario ‘comando Madrid’ en los años de plomo, se fugó a Londres y no fue entregado a España hasta la cuarta petición.

A propuesta de la junta de tratamiento del centro madrileño, la Secretaría General ha resuelto aplicarle el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a su clasificación en primer grado y su traslado al centro penitenciario soriano. Troitiño cumplirá las tres cuartas partes de la condena en mayo de 2021.

Aitzol Maurtúa Eguren pasa, por su parte, de la cárcel de Huelva a la prisión de Dueñas, en Palencia. Ingresó en prisión el 14 de junio de 2002 y cumple una pena de 20 años por pertenencia a banda armada, tenencia de explosivos, tenencia de armas sin licencia y falsedad en documento público.

Cumplió las tres cuartas partes de la condena en junio de 2017 y, según Interior, acepta la legalidad penitenciaria, por lo que la Secretaría General ha resuelto aplicarle el principio de flexibilidad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a su clasificación en primer grado.

DELITOS DE SANGRE

Interior también aprueba el traslado de Víctor Franco Martínez del centro penitenciario de Huelva al centro penitenciario Madrid VII-Estremera. Ingresó en prisión el 12 de octubre de 2002 y cumple una condena de 20 años por los delitos de asesinato e incendio. Este preso de ETA es uno de los condenados por intentar asesinar a dos agentes de la Ertzaintza el 5 de agosto de 2001 en la localidad de Portugalete (Vizcaya) mediante un ataque con ‘cócteles molotov’.

Cumplió las tres cuartas partes de la condena en noviembre de 2017.La Secretaría General ha resuelto aplicarle el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a su clasificación en primer grado y, a propuesta de la junta de tratamiento del centro de Huelva, su traslado al centro penitenciario madrileño.

Mikel Arrieta Llopis deja la cárcel de Algeciras para ingresar en la de Soria. Ingresó en prisión el 19 de enero de 2000 y tiene una pena de 30 años por los delitos de asesinatos, atentados y receptación y utilización ilegítima de vehículos a motor. Cumplió las tres cuartas partes de la pena en julio de 2020.

Según Interior, «acepta la legalidad penitenciaria y se ha desvinculado de la banda terrorista», de ahí que la junta de tratamiento de la prisión gaditana propusiera la progresión del interno a segundo grado y su traslado a la prisión castellanoleonesa.

Agustín Almaraz Larrañaga, el último etarra acercado, pasa de Puerto I en Cádiz a Madrid VII-Estremera. Ingresó en prisión el 29 de diciembre de 1995 y cumple una condena de 30 años por terrorismo, asesinatos y atentados. Cumplió las tres cuartas partes de la pena en noviembre de 2014.

La Secretaría General, a propuesta de la junta de tratamiento de la prisión gaditana, ha resuelto aplicarle el principio de flexibilidad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a su clasificación en primer grado y su traslado al centro penitenciario madrileño. Fue condenado a 48 años por el asesinato de Emilio Castillo López de la Franca en 1993, así como el de Ángel María González Sabino o el de Rafael Leiva Loro y Domingo Durán.

El Grupo Socialista en la Cámara Alta está negociando con el PNV la modificación del texto de la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado sobre la evaluación de la pandemia del coronavirus con la intención de buscar su apoyo para que salga adelante sin incluir la petición del PP que reclama una investigación sobre la gestión del Gobierno de la crisis del coronavirus en España.

Así lo ha explicado la vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona, en una rueda de prensa posterior a la reunión de la Mesa de la Cámara, dónde se ha debatido esta cuestión tras la exigencia del Grupo Popular para que este grupo de trabajo mixto también investigara la gestión del Ejecutivo central en esta crisis sanitaria.

El portavoz de los ‘populares’, Javier Maroto, avanzó la semana pasada que este punto era una condición necesaria para que el PP apoyara la creación de la comisión. Según ha asegurado este mismo martes, de aprobarse sin el punto de la investigación, se trataría de un grupo de trabajo «incompleto».

En este punto, Narbona ha detallado que el texto presentado por el PSOE, sin incluir la propuesta de investigación del PP, ha encontrado la mayoría de la Junta de Portavoces. Sin embargo, en la Mesa del Senado no ha encontrado esos números suficientes como para llevarlo al orden del día del próximo Pleno.

RECHAZO INICIAL DEL PNV

Así, el miembro del PNV en la Mesa del Senado se ha sumado a los tres integrantes del PP y han rechazado incluirlo en la sesión plenaria de la próxima semana. En la conformación de este órgano de la Cámara Alta, el PSOE, con tres senadores actualmente, cedió un escaño al grupo vasco, por lo que necesita de su apoyo para sacar las iniciativas adelante frente a los otros tres miembros del PP.

Eso sí, según ha explicado la propia Narbona, el grupo vasco se ha opuesto a apoyar el texto porque consideraba que no se explicitaba correctamente que las competencias en materia sanitaria y educativa pertenecen a las Comunidades Autónomas, mientras que el PP lo ha rechazado porque pedía añadir el punto de la creación de la investigación como condición ‘sine qua non’ para apoyarlo.

Por ello, Narbona ha avanzado que, desde este momento, el PSOE está negociando con el PNV la modificación del texto para recabar su apoyo en la Junta de Portavoces y la reunión de la Mesa de la semana que viene e incluirlo así en el orden del día del siguiente Pleno.

De ese modo, si el PSOE finalmente encuentra el apoyo de los nacionalistas vascos, la sesión plenaria de la semana que viene debatirá la creación de una Comisión Mixta para evaluar la pandemia del coronavirus en los términos pactados entre ambos grupos.

La Policía Municipal de Madrid puede acceder desde este fin de semana a los datos de Salud Pública para controlar si las personas que para o identifique está infectado de coronavirus y/o debería estar en aislamiento domiciliario.

En una nota interna emitida ayer lunes por la Comisaría Principal de Secretaría General del Cuerpo Local, a la que ha tenido acceso, confirman que se ha dotado de acceso para esta base de datos. Y clarifican que en el caso de que un agente que se encuentre en una intervención necesite comprobar esta situación, podrán consultarlo tanto por DNI o NIE como por domicilio del interesado, o a través de la empresa directora, ya que únicamente se tiene acceso a esta base de datos por parte de la Unidad de Comunicaciones y Videovigilancia.

Asimismo, si el resultado de la consulta es positiva, los agentes deberán confeccionar un informe de su Unidad, que será remitido que será remitido directamente a la Comisaría Principal, con copia a la comisaría del área, realizándose un adelanto por correo electrónico.

Los datos de localización de las personas con medidas de aislamiento o cuarentena serán cedidos al servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid mientras el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM) esté activado.

Así, serán facilitados a los cuerpos policiales (Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil) a los servicios de inspección, incluidos los servicios de inspección educativa, o a los servicios públicos de emergencia cuando realicen tareas incluidas dentro de las operaciones de lucha contra la pandemia. Los datos que se traten serán los estrictamente necesarios para la finalidad pretendida.

En aquellos casos de negativa o ausencia de colaboración en el cumplimiento de las medidas de aislamiento por parte de los ciudadanos, podrá requerirse la adopción de resoluciones, individuales o colectivas, de imposición coactiva, es decir, multas.

En caso de que puedan suponer restricción de derechos fundamentales, se comunicarán también a la Abogacía General de la Comunidad de la Madrid para que solicite la ratificación ante el órgano judicial competente al efecto establecido en el artículo 8.6, segundo párrafo, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, indica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

El presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, ha expresado este martes su satisfacción por la llegada al Congreso de los Diputados del proyecto de ley para reformar la profesión porque, aunque cree que es «mejorable», supone el «fin» de la batalla con la UE sobre la procura, lo que dará «tranquilidad» a los procuradores y les permitirá afrontar nuevos retos.

En una entrevista concedida, Estévez se ha referido al proyecto de ley que el Gobierno acordó el pasado 29 de septiembre enviar a las Cortes Generales para adaptar la profesión de procurador a las exigencias del derecho comunitario, lo cual pasa por tres grandes modificaciones.

El principal cambio es que se establece el acceso único a las profesiones de abogado y procurador, de modo que se exigirá el mismo título académico –el grado en Derecho– y el mismo máster de capacitación, pero se mantiene la separación en la práctica profesional; podrá haber sociedades profesionales mixtas, para que un solo despacho pueda prestar todos los servicios jurídicos; y la cuantía máxima por un mismo asunto pasa de 300.000 a 75.000 euros y se elimina el límite mínimo.

Estévez ha definido como un «lastre» el expediente europeo, por lo que se ha declarado feliz de que finalmente el Gobierno y la Comisión hayan llegado a un acuerdo plasmado en dicho proyecto de ley. Llevamos muchos años con el problema de Europa y creo que estamos llegando ya al final del camino», ha celebrado.

Interrogado sobre el contenido del borrador, se ha mostrado «consciente» de que recoge las «líneas rojas» del pacto entre Bruselas y Moncloa, que no cabe más que «respetar», si bien ha estimado que «técnicamente» es «mejorable», mencionando en este sentido el desarrollo de los máster que dan acceso a la profesión.

A este respecto, ha expresado la disposición del Consejo General a hacer las aportaciones oportunas para que el texto legal sea «lo más perfecto posible». El desarrollo parlamentario, ha señalado, es «la guinda del pastel» para zanjar la disputa con la UE.

PASAR A LA «OFENSIVA»

Estévez ha destacado que, en cualquier caso, una vez aprobada la ley dará «tranquilidad» a la profesión, lo que permitirá al Consejo General pasar de la postura «defensiva» que ha adoptado durante todos estos años a una «ofensiva» para encarar el «futuro».

Entre los principales retos, ha mencionado la posibilidad de seguir avanzando en las competencias de ejecución que tienen los procuradores. En España, ha explicado, «la Justicia declarativa funciona muy bien. (…) Sin embargo, si nos examinamos en ejecución, sacamos suspenso, y eso es lo que habría que solucionar». En su opinión, los procuradores podrían ser la clave asumiendo las funciones de los agentes de ejecución, una figura existente en otros países europeos.

El presidente de los procuradores españoles ha indicado asimismo que este nuevo rol podría suponer un alivio para la profesión, que viene de pasar una época difícil porque durante los meses de confinamiento por la pandemia de coronavirus «ha habido falta de procedimientos judiciales», lo que se ha traducido en «falta de ingresos».

«OBRA INACABADA»

Estévez ha comentado igualmente que «mejorar la ejecución de sentencias en España» es una de las tareas que aún tiene pendiente desde que llegó al cargo, en 2001, y que pretende rematar si el próximo 20 de noviembre es reelegido para otros cuatro años.

Su principal objetivo es dar carpetazo al asunto europeo para avanzar en las competencias de ejecución, la formación continua de los procuradores, la conciliación de la vida laboral y familiar y que los colegios profesionales presten un mejor servicio.

Como cuestión «realmente novedosa», Estévez plantea crear la figura del Defensor del Procurador, «algo parecido al Defensor del Pueblo para atender a los procuradores que se sientan perjudicados o acosados por quien sea».

También ha puesto sobre la mesa la necesidad de «negociar con entidades bancarias créditos o pequeños créditos para despachos o colegios (de procuradores) y que puedan avanzar más y mejor en la tecnología.

Su programa de gobierno también contempla impulsar un nuevo Estatuto General de la Procura, dar visibilidad a la profesión y fomentar su rol y liderar un nuevo pacto por la justicia, entre otras cosas.

Con todo ello, ha considerado «una obligación moral» presentarse a la reelección para concluir la «obra inacabada». «La profesión está en un momento difícil y hay que rematar la faena. No puedo dejar el barco en un momento de tempestad, hay que dejarlo siempre cuando se llega a buen puerto», ha justificado.

NUEVO EQUIPO

Estévez busca un nuevo mandato respaldado por una candidatura conjunta en la que él figura como presidente, Javier Sánchez como vicepresidente, Antonio María Álvarez Buylla como secretario, María Granizo como tesorera, Inmaculada García como vicesecretaria y María Dolores Cantó como vicetesorera.

Esta es la única candidatura, ya que solo se ha presentado una alternativa para el cargo de vicetesorero, que también ambiciona María del Mar Gázquez. A juicio de Estévez, esto demuestra que sus compañeros respaldan su gestión. «Si estuvieran descontentos, supongo que alguien presentaría una candidatura, y con éxito», ha apostillado.

Además, ha recalcado que no es la primera vez que no se presentan más candidaturas, resaltando que todos los integrantes de la suya –salvo él y Sánchez– son nuevos en las funciones que aspiran a desempeñar, lo cual implica cierta renovación.

La plataforma formada por más de 200 asociaciones, sindicatos y profesionales del sector de los espectáculos y los eventos, Alerta Roja, ha rehusado ir a la presentación de este martes 13 de octubre de la campaña ‘#CulturaSegura’ del Ministerio de Cultura y Deporte al entender que se ha puesto en marcha «sin consenso previo».

«Es una campaña en la que no ha participado el propio sector tal y como se comprometió el ministerio en la reunión mantenida. No es el momento para presentar la campaña sin consenso previo y sin que se rectifique para encontrar el camino que realmente tenga el efecto que todos los profesionales necesitamos», ha criticado la asociación.

La plataforma ha pedido «trabajo conjunto» para que esta campaña «sea efectiva y llegue de verdad a las personas», al entender que se ha quedado fuera. Además, ha alertado de que «ninguna campaña puede arrancar si no hay medidas concretas que la acompañen y que se implementen con urgencia».

«Sobre todo el rescate de los muchos profesionales que, por el carácter intermitente de la actividad se encontraban fuera del sistema de la seguridad social; o que tras los sucesivos Reales Decretos se han quedado fuera por no haber cotizado un período de tiempo mínimo», ha apuntado.

También ha lamentado que no se incluyan medidas para «aquellos que tienen problemas con los ERTE y los ingresos indebidos sin cartas de pago o para el rescate de todas las empresas que forman parte del tejido productivo que están viendo cómo los gastos siguen siendo los mismos y se terminan los tiempos de carencia de los créditos ICO».

«No hay manera de pagar las facturas. Personas que ya no tienen margen para seguir adelante, empresas que se van a la quiebra y un sector que se va hundiendo poco a poco sin contemplar medidas concretas para su rescate y recuperación», ha explicado Alerta Roja.

La plataforma entiende además que esta campaña no es la única medida de la que se habló en la reunión que mantuvo la semana pasada con el Ministerio y ha pedido tanto al ministro de Cultura como a los demás responsables institucionales «a que se lleven a cabo con urgencia las medidas para salvar el sector.

«Estamos dispuestos a participar desde ya en esa campaña, tal y como se indicó en la reunión, y estamos seguros de que si el público conociese los cientos de profesionales que hay detrás de cualquier evento o espectáculo podrá concienciarse de que cuando acude a los mismos está generando empleo para muchas personas», ha señalado.

«Pero más seguros estamos de que la campaña solo será efectiva si se van cumpliendo los compromisos adquiridos durante las reuniones, y medidas que hace meses esperamos. El Ministerio tiene la oportunidad de hacer historia recuperando y construyendo un sector desde la base y, sin embargo, se sigue dejando pasar el tiempo. Y tiempo es lo que ya no tenemos», ha concluido.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT exige a los empresarios agrarios que no han aplicado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2019, que procedan a hacerlo a la «mayor brevedad», tras la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ha considerado ajustado a derecho el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fijó en 30 euros al día o 900 euros para 2019.

En concreto, el sindicato se ha congratulado de que el Alto Tribunal haya zanjado «de una vez por todas este debate estéril» y exigen a las empresas que cumplan con la sentencia y actualicen las tablas salariales abonando los atrasos adeudados a todos los trabajadores del campo.

Sin embargo, lamenta el tiempo transcurrido desde la aprobación del Real Decreto, que va en perjuicio de los trabajadores, y el impago del SMI tanto de 2019 como del 2020.

El sindicato ha recordado que durante el pasado año se declararon en España un total de 110 millones de jornadas, de las cuales los empresarios dejaron de abonar a cuenta del SMI en torno a 4 euros diarios, lo que significa un impago de 44 millones de euros para los trabajadores.

UGT FICA ha precisado que se da además la circunstancia de que la gran mayoría de los empleados afectados son eventuales, y que una gran parte de ellos proceden de otros países, a los que regresan al finalizar las campañas, como ocurre con las temporeras de Marruecos, por ejemplo, que vienen a la recolección de fresas en Huelva.

De esta forma, reclama a la patronal que abone todos los atrasos a las trabajadoras que llegan con contratos en origen, por estar perfectamente identificadas, al igual que a los demás empleados, sin que tengan que acudir a instancias judiciales para reclamar lo que legalmente se les adeuda, al tiempo que también exige al Gobierno que vele por el cumplimiento del Real Decreto también con estas trabajadoras.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que la reforma para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) constituye un «fraude» porque se hace a través de una proposición de ley para sortear los informes de órganos consultivos. Tras avisar que el PP no lo va a «consentir» y recurrirá al Tribunal Constitucional y a Europa, ha recalcado que este paso evidencia las «conductas autoritarias y dictatoriales» del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

La decisión de que sean el PSOE y Unidas Podemos los que impulsen en el Congreso esa reforma para cambiar el sistema de elección del CGPJ a través de una proposición de ley evitará al Gobierno los informes de órganos consultivos –como el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el propio Consejo General del Poder Judicial– que se exigen en los anteproyecto de ley que tramita el Consejo de Ministros.

«NO LO VAMOS A CONSENTIR»

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha afirmado que esta reforma legal que plantean es «sin duda alguna un fraude» porque, según ha dicho, «lo que buscan es cambiar las reglas del juego democrático por la puerta de atrás» cuando «siempre han funcionando». Esas reglas y las mayorías establecidas, ha proseguido, han permitido «garantizar la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y el equilibrio entre los distintos poderes».

La dirigente del PP ha subrayado que ese «fraude» se materializa también a través del camino elegido, ya que se hace con una proposición de ley para no encontrar «obstáculos». A su entender, no se promueve esta reforma desde el propio Ejecutivo porque «no podría contar con esos informes favorables» de los órganos consultivos.

Gamarra ha recordado que el líder del PP, Pablo Casado, ya ha anunciado que el PP recurrirá este «ataque» del PSOE y de Unidas Podemos ante el Tribunal Constitucional y ante las instancias y tribunales europeos porque es «un paso más en el deterioro democrático» que, a su juicio, están viviendo por parte del Gobierno de coalición.

«Desde el PP no lo vamos a consentir y utilizaremos todos los instrumentos que estén en nuestra mano para defender que se siga manteniendo el equilibrio de poderes, la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial, algo que tanto molesta a los partidos de la izquierda», ha manifestado.

«ESTÁ EN LA MANO DEL PSOE»

Al ser preguntada entonces por qué el PP no se sienta a negociar y evita esta reforma legal, Gamarra ha señalado que su partido ya ha indicado al PSOE «cuál es el impedimento», que pasa porque Podemos quede fuera de ese proceso de renovación del CGPJ. En este punto, ha criticado que Pedro Sánchez si sea «capaz» de apartar al partido morado en el caso de la fusión de Bankia y La Caixa y, sin embargo, no haga lo mismo con el Consejo.

«Está en la mano del PSOE y en el tejado de Pedro Sánchez que se pueda llevar a cabo esa renovación», ha resaltado, para insistir en que las «condiciones» que plantea su partido ya las conoce el presidente del Gobierno. Por eso, ha dicho que él es «el máximo responsable de este bloqueo».

A renglón seguido, ha asegurado que «la naturaleza» de Sánchez no pasa por llegar a acuerdos con el PP. «Esta estrategia de los cambios normativos debilitando las mayorías necesarias para adoptarlas a las mayorías de quien gobierna tiene como objetivo debilitar la democracia y controlar desde el Gobierno todos los resortes que una democracia establece como contrapesos», ha enfatizado.

Es más, ha dicho que si no tuviera «ningún viso» de ser inconstitucional no se habría optado por una proposición de ley. «Por algo no se hace», ha proclamado, para añadir que los promotores de la iniciativa «saben que adolece de vicio de constitucionalidad y es un auténtico fraude».

«SE BUSCA ANULAR EL PAPEL DE LA OPOSICIÓN»

Gamarra ha afirmado que el PSOE busca que la mayoría parlamentaria se ajuste a la mayoría de un Gobierno y ha avisado que esa actitud es propia de dictaduras. «Solo un dictador considera que las únicas mayorías viables son las que él tiene», ha enfatizado.

En este punto, Gamarra ha echado en cara a la portavoz socialista, Adriana Lastra, que hable de «la mayoría parlamentaria que ya no existe» cuando «el camino» que debe seguir Sánchez es buscar un acuerdo parlamentario. «Tiene la pelota en su tejado», ha apostillado.

Al ser preguntada después si cree que Sánchez es un dictador tras sus reflexiones, la dirigente del PP ha aclarado que ella no cuestiona su legitimidad porque ha sido elegido democráticamente. Sin embargo, ha indicado que sí que lo son tanto sus conductas como los mecanismos que está impulsando.

Cuando se busca machacar y anular el papel de la oposición, evidentemente esas conductas son autoritarias, son dictatoriales y se apartan de la buena salud democrática y de la buena calidad democrática. Y éste es un ejemplo claro», ha aseverado.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado este martes que este miércoles el Ejecutivo catalán anunciará medidas para frenar la «segunda ola» de coronavirus, que considera que ha comenzado tras el aumento de contagios de los últimos días.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha afirmado que la Generalitat todavía está trabajando en medidas para hacer frente a esta situación y que se anunciarán después de que el Procicat las apruebe.

Budó ha destacado que estas medidas buscarán «reducir la movilidad y la interacción social», que ha definido como dos de los factores que desencadenantes del incremento de casos positivos.

MEDIDAS PARA 15 DÍAS

Ha avanzado que las medidas serán una mezcla de recomendaciones y otras que se implementarán con obligatorio cumplimiento, y ha explicado que inicialmente se harán para los próximos 15 días, pero que en función de como evolucionen las cifras epidemiológicas se analizará si hay que prorrogarlas o no.

Según ella, la voluntad del Govern es que se aprueben lo antes posible para que estén vigentes entre el jueves y el viernes, ya que recuerda que hay que seguir varios trámites como la autorización por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Budó ha descartado la posibilidad de aplicar por ahora un «confinamiento perimetral», como en marzo, y también solicitar al Gobierno un estado de alarma en Cataluña, porque considera que todavía la situación no lo requiere y las medidas que se plantean no necesitan esta cobertura legal, a su juicio.

Sin embargo, ha advertido de que no tendrán «ningún problema» en pedir un estado de alarma si lo ven necesario y si quieren aplicar medidas que afecten a los derechos individuales de la ciudadanía.

GOVERN TELEMÁTICO

La portavoz del Govern también ha señalado que el Ejecutivo se está planteando volver a reunirse de manera telemática, como hizo durante la aplicación del estado de alarma, pero que primero tienen que analizar «jurídicamente» como hacerlo.

En este sentido, ha subrayado que el Govern ya se ha impuesto medidas de restricción, como en la organización de actos, que pasarán a ser virtuales y sin público.

«CORRESPONSABILIDAD» Y TELETRABAJO

Sobre si habrá sanciones en estas nuevas medidas, Budó ha dicho que es mejor hablar de «corresponsabilidad» de la población ante la pandemia, aunque no ha descartado que se incluyan sanciones.

Asimismo, ha expresado la preocupación del Ejecutivo por la evolución del coronavirus en Cataluña y ha llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de protección necesarias ante la pandemia y a seguir las recomendaciones que se irán dando desde el Govern.

También ha señalado que una de las medidas clave para hacer frente a la pandemia será incrementar el teletrabajo, ya que, según ella, ahora mismo el 8% de la población catalana está teletrabajando y aspira a incrementar esta cifra hasta el 25%.

Por eso, se está trabajando con empresas, sindicatos y la administración pública para ver de qué manera se puede «acompañar» a las empresas y a los trabajadores a llevar a cabo el teletrabajo.

Budó ha confiado que aplicando las medidas esta semana se estará a tiempo de revertir la tendencia de contagios: «Todavía las cifras nos hacen pensar que tomando estas medidas podemos aplanar estas cifras. Si se aprueban y se llevan a cabo, creo que ya tenemos parte importante del trabajo hecho. Pero seguimos sin ninguna garantía para decir que dejamos de tener riesgo».

«Son todas medidas que conocemos y sabemos que, si las aplicamos, los resultados son buenos», ha añadido, y ha argumentado que, si se hacen las cosas bien, los sectores afectados lo estarán por menos tiempo.

HUELGA DE MÉDICOS

Al ser preguntada por cómo afronta el Govern la huelga de médicos de la atención primaria ante esta situación, Budó ha asegurado que el Ejecutivo valora y escucha el mensaje que mandan los trabajadores con esta huelga, y ha reivindicado que se está trabajando para fortalecer la atención primaria y para buscar soluciones a las demandas de los sanitarios.

«Tenemos que ser conscientes del cansancio mental y físico de todos los trabajadores de la primaria», por lo que considera que este debe ser otro argumento para que la ciudadanía coopere y no deje toda la responsabilidad de la lucha contra la pandemia a los trabajadores de la sanidad pública.

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha tachado de «cobarde» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no sea quien defienda este jueves en el Pleno del Congreso el decreto de estado de alarma decidido por el Ejecutivo en la ciudad de Madrid y otros ocho municipios más.

El Gobierno avanzó el pasado viernes en el citado decreto que informaría del mismo a la Cámara, como establece la ley, pero no especificó cómo lo haría y finalmente será el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien asuma esa responsabilidad.

La dirigente ‘popular’ sostiene que la decisión es lo suficientemente importante como para que sea el presidente quien la defienda, sobre todo cuando él mismo la ha promovido, pero ha lamentado que no sea así lo que, a su juicio, evidencia una actitud «cobarde».

En rueda de prensa en el Congreso, la dirigente ‘popular’ ha avanzado que su grupo parlamentario ha solicitado todos los informes, tanto técnicos como jurídicos, que han avalado la decisión adoptada por el Gobierno, teniendo en cuenta que los parámetros de incidencia del virus que maneja la Comunidad de Madrid, ha dicho, están por debajo de los establecidos por el propio Gobierno.

ANTEPONEN LA IDEOLOGÍA A LA SALUD

Y ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo, al que ha acusado de «anteponer la ideología a la salud» con la decisión de decretar el estado de alarma en Madrid, y no en otras comunidades con datos similares o peores, pero también por su «pasividad» al no haber previsto en estos siete meses «un plan B jurídico» como le viene reclamando el PP desde el pasado mes de mayo.

Gamarra ha insistido la necesidad de fijar un marco jurídico que permita al Gobierno y las autoridades sanitarias adoptar medidas sin tener que recurrir al estado de alarma, como han hecho en otros países de nuestro entorno.

Sin embargo, ha lamentado que el Ejecutivo de coalición no haya hecho «nada» en este sentido y que no sólo no haya ejercido ni ejerza su responsabilidad, sino que además tire de «soberbia». Se impuso la soberbia y la ideología frente a la salud», ha resumido.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que la moción de censura presentada por Vox y que se debatirá la próxima semana «pone en un aprieto» al Partido Popular, que hace «seguidismo» al discurso de los de Santiago Abascal.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha recordado que la moción «no va a prosperar» al no contar con los votos suficientes, pero si que servirá para colocar a los ‘populares’ en una tesitura por las «tesis» que el partido que lidera Pablo Casado «defiende en su discurso.

«No va a ser aprobada, solo va a ser el ruido controlado por parte de los que la defienden», ha insistido, para después recordar que el PP mantiene una «mirada consentidora», que no cómplice, con el «lenguaje» y los «llamamientos guerracivilistas» de Vox.

Por ello, la ministra ha pedido «rebajar el tono político» y desechar el «insulto y las agresiones verbales». «La tristeza o parte preocupante no es justo que sea esa formación la que use ese tipo de lenguaje, sino que sea seguida por otras formaciones como el PP, que no solo hace seguidismo en el discurso, sino que cuenta con esa formación para gobernar en las comunidades autónomas en que gobierna», ha apuntado.

Con todo, y tras pedir «normalidad y tranquilidad» para España, Montero ha dejado claro que la moción de censura de los próximos días 21 y 22 de octubre no va a suponer «ninguna afectación a los planes» del gobierno de coalición.