El fondo de inversión Ardian ha acordado la adquisición de una participación del 50% en Angus Chemical a Golden Gate Capital por un valor total de la empresa de aproximadamente 2.250 millones de dólares (1.917 millones de euros) y que se cerrará a finales de 2020, según ha informado en un comunicado.

Golden Gate Capital, que inicialmente adquirió Angus en febrero de 2015 a Dow Chemical, conservará el 50% de la participación en Angus. Los términos exactos de la transacción no han sido desglosados.

Fundada en 1935, Angus es el único fabricante mundial de nitroalcanos y sus derivados, incluyendo aditivos especiales e intermedios.

«Las soluciones de Angus son ampliamente reconocidas y se utilizan notablemente en la lucha contra el Covid-19, a través de sus aplicaciones en soluciones de gel hidroalcohólico, kits de diagnóstico, tratamientos de anticuerpos y futuras vacunas», resalta el comunicado.

Ardian y Golden Gate Capital trabajarán con el presidente de Angus, David Neuberger, y su equipo directivo e invertirán para acelerar el crecimiento de la compañía en sus mercados actuales, así como el desarrollo de aplicaciones adyacentes y nuevas moléculas «innovadoras».

«Estamos encantados de asociarnos con el equipo directivo y Golden Gate Capital que han contribuido a hacer de Angus una empresa líder, y permitir que la empresa abra un nuevo capítulo en su historia de crecimiento», ha resaltado el director de Inversiones en América de Ardian Buyout, Thibault Basquin.

Por su parte, el director general de Golden Gate Capital, Dave Thomas, ha señalado que la asociación ha sido «muy exitosa». Desde nuestra inversión inicial, Angus ha experimentado un crecimiento excepcional y ha reforzado su posición en las aplicaciones de las ciencias de la vida y el cuidado personal, gracias a las importantes inversiones en instalaciones industriales y al establecimiento de una organización de ventas centrada en la innovación», añade.

Por último, Neuberger resalta que su equipo directivo «está encantado de contar ahora con el apoyo de Ardian y Golden Gate Capital». «Comparten nuestra visión estratégica del proyecto de la compañía y, en particular, nuestra ambición de acelerar el desarrollo de nuevas innovaciones. El interés de Ardian en Angus refleja nuestra resistencia, nuestro continuo crecimiento, la calidad de nuestro equipo, el increíble valor añadido de nuestra cartera de soluciones y todos nuestros proyectos de I+D», ha apostillado.

El Banco de España ha avisado este martes de que las empresas se enfrentan todavía a retos «muy significativos» y ha pedido medidas de apoyo y liquidez, con una recalibración» de los ERTE, avales y flexibilidad en la gestión de impuestos, así como mejoras en los procedimientos de insolvencias y la contención de costes financieros y no financieros ante una estimación de unas necesidades de liquidez de unos 230.000 millones de euros, de los que menos de la mitad se podrían cubrir usando sus activos líquidos y recurriendo al importe no dispuesto de sus líneas de crédito, quedando pendientes unos 125.000 millones pendientes de cobertura.

Durante su intervención en un acto de la Cámara de Comercio de España, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha avisado de que la solvencia de muchas sociedades no financieras se ha deteriorado por el aumento del endeudamiento y la caída de los ingresos, a lo que se suma el carácter «incompleto y desigual» de la recuperación que «no favorece una rápida mejoría de la situación financiera de las compañías».

Además, ha indicado que el eventual agotamiento del alivio financiero proporcionado por algunas medidas (como el período de carencia de los préstamos garantizados) antes de que se asiente la recuperación supone un «elemento de riesgo».

Por ello, ha pedido el mantenimiento de unas condiciones financieras agregadas «favorables», apelando a la política monetaria común como «elemento clave anti-fragmentación» y al papel de la confianza y la necesidad de una estrategia integral de recuperación y crecimiento, con los fondos europeos, reformas estructurales para aumentar la capacidad de crecer sosteniblemente y una estrategia «creíble» de consolidación fiscal post-crisis.

También ha demandado medidas de apoyo a las rentas y la liquidez, como la actualización y recalibración de ERTES, avales, flexibilidad en la gestión impuestos y cotizaciones de la Seguridad Social, de acuerdo a la evolución de la crisis.

En paralelo, ha pedido sobre los procedimientos de reestructuración de deudas mejoras en los procedimientos judiciales y extrajudiciales de insolvencias que redunden en una mayor «eficiencia y agilidad», para «salvar más empresas viables».

Ve relevante anticiparse a un escenario de necesario despalancamiento empresarial postCovid, siendo «clave» el papel de la competitividad, cuyos resortes a corto plazo pasan por la contención de costes financieros y no financieros y flexibilidad; y a largo plazo por la productividad y las reformas.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN

Arce ha explicado que la fuerte caída de la facturación ha elevado las necesidades de liquidez de las empresas, especialmente en los sectores más afectados, y ha precisado que la parte nuclear de las necesidades de crédito viene determinada por los vencimientos de pasivos financieros.

En concreto, el Banco de España estima unas necesidades de liquidez de unos 230.000 millones de euros del tercer al cuarto trimestre, de los que 25.000 millones serían generadas por la actividad de explotación, unos 200.000 millones por amortizaciones de deudas y en torno a unos 10.000 millones generadas por la inversión.

De este total de necesidades, unos 200.000 millones (el 88% del total) estarían bajo una probabilidad media, alta o muy alta de impago. Algo más de 25.000 millones tendrían una probabilidad baja, pero unos 75.000 millones una probabilidad de impago muy alta.

Según Arce, una parte destacada de las necesidades de liquidez se concentran en sociedades no financieras de baja calidad crediticia, con peor acceso al crédito y las empresas podían cubrir menos de la mitad de estas necesidades usando sus activos líquidos y recurriendo al importe no dispuesto de sus líneas de crédito.

En detalle, unos 45.000 millones sería el importe máximo que se podría cubrir con líneas de crédito disponible; unos 65.000 millones el que se podría cubrir con activos de liquidez en poder de la empresa y el restante monto de 125.000 millones estaría pendiente de cobertura.

No obstante, ha repasado la batería de medidas de política fiscal (apoyo a rentas como moratoria de impuestos, ERTE o programa de avales públicos), política monetaria (financiación del Eurosistema a bancos en condiciones más favorables y aumento de las compras de activos) y políticas financieras (flexibilización de la regulación de liquidez y capital y cambios en el cálculo del capital regulatorio para su aumento, interrupción del pago de dividendos hasta el 1 de enero y adaptación de normas contables).

Estas, ha asegurado, han contribuido a mejorar el acceso de las empresas a la financiación externa y reducir su coste. Respecto a cómo han cubiertos las empresas sus necesidades de liquidez, ha indicado que el grueso de los fondos lo han obtenido mediante préstamos bancarios. De hecho, en el segundo trimestre las empresas cubrieron con ellos el 27% de las necesidades de liquidez estimadas para el período abril-diciembre.

Además, el uso del programa de avales ha sido más intenso por parte de las empresas con peor acceso al crédito (pymes, empresas más arriesgadas y empresas más expuestas al shock), al tiempo que habría impulsado la oferta de crédito a través de una relajación de las restricciones de capital.

En este punto, ha resaltado que las condiciones de los préstamos avalados por el ICO son «claramente favorables», ya que los tipos de interés son más reducidos y el plazo es «sustancialmente mayor», lo que reduce la carga financiera a corto plazo y los riesgos de refinanciación.

No obstante, las empresas también han cubierto una parte de sus necesidades de financiación recurriendo a los mercados de capitales. Esta financiación ha desempeñado un papel menor en comparación con la evolución precovid y se ha dirigido en mayor medida hacia las empresas de mayor tamaño y menos afectadas por la perturbación, ha detallado Arce.

PERSISTENCIA ELEVADA DE LA DEUDA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

De igual forma, Arce ha explicado que se produjo un retroceso «muy acusado» de la actividad en el primer semestre como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria y las medidas de contención, que dio paso a una recuperación «gradual» en el tercer trimestre, junto a una «pérdida gradual del dinamismo», cuando el PIB crecerá entre un 13% y un 16,6%.

Las previsiones del Banco de España apuntan a un desplome económico de entre el 10,5% y el 12,6% este año, un avance del PIB entre el 4,1% y el 7,3% en 2021 y de entre el 1,9% y el 3,3% en 2022.

Según Arce, los riesgos se encuentran sesgados «a la baja» en los próximos trimestres, ligados a la evolución epidemiológica y a la disponibilidad de un tratamiento eficaz y, también, a otros riesgos procedentes del entorno exterior.

Además, el déficit se situaría en 2020 entre un 10,8% y 12,1% del PIB, para luego reducirse en los años siguientes, hasta alcanzar un 5,8% en 2022. En paralelo, ha apuntado que la deuda aumentará «significativamente» en 2020 y mostraría una «persistencia elevada» en los próximos años

Más de 350 empresarios, profesionales de distintos sectores, catedráticos y exparlamentarios han suscrito un manifiesto en el que piden al Gobierno de coalición que respete la monarquía constitucional y que ponga fin a declaraciones que cuestionan la Jefatura del Estado.

Los firmantes expresan su preocupación por «las dificultades de las relaciones políticas e institucionales por las que atraviesa España, en un momento de extrema gravedad para los ciudadanos debido a la pandemia», y hacen un llamamiento a «la concordia y el respeto constitucional».

En el manifiesto, recogido por Europa Press, se urge a los responsables políticos a «restituir la colaboración leal entre los poderes públicos y a recuperar el respeto debido legalmente entre las instituciones que conforman la estructura de nuestro sistema democrático, factores que han sido esenciales para la convivencia durante las últimas décadas».

BASTA DE DECLARACIONES CONTRA EL JEFE DEL ESTADO

«Apelamos al Gobierno de España para que ponga fin a sus discrepancias internas y evite las divergencias expresadas en declaraciones públicas, en especial las realizadas por algunos de sus miembros contra la Jefatura del Estado, ya que esas manifestaciones vulneran gravemente la voluntad del pueblo español que aprobó la Constitución, en la que se establece la Monarquía Parlamentaria como forma política del Estado español», subrayan.

También instan al Gobierno a respetar al Rey como «símbolo de la unidad y permanencia del Estado, cuyas funciones constitucionales deben ser facilitadas», y rechaza que Felipe VI sea excluido de actos institucionales en los que su participación ha sido una constante.

Por último, reclaman a todas las instituciones «el máximo respeto a los principios del Estado social y democrático de derecho, en especial al principio de legalidad y exigimos su estricta sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, tal como establece su artículo 9.1».

Entre los firmantes figuran más de 50 catedráticos de universidad, una treintena de embajadores, así como de empresarios, de periodistas, representantes de la cultura y más de un centenar de antiguos parlamentarios y responsables políticos de distintos partidos politicos.

ANTIGUOS MINISTROS, EMBAJADORES, ALTOS CARGOS…

En la relación de firmas figuran, entre otros, los exministros Rafael Arias Salgado (UCD y PP), Ignacio Camuñas (UCD), Marcelino Oreja Aguirre (UCD), Jesús Sancho Rof (UCD), y José Luis Corcuera (PSOE); los exembajadores Inocencio Arias y Javier Elorza; los empresarios Lorenzo Amor (presidente de la Asociación de Autónomos), Antonio Basagoiti, Paz Barroso y Juan Antonio Bertrán y Caralt; y los cineastas Iñaki Anteta y Antonio Del Real.

También hay exaltos cargos como Soledad Becerrill (exministra, ex alcaldesa y ex Defensora del Pueblo), Francisco Vázquez (exalcalde y exembajador), Enrique Fernández Miranda (exvicepresidente del Congreso y ex secretario de Estado, Ignacio Astarloa (ex secretario de Estado de Interior) y Leopoldo Torres (ex fiscal general).

Y entre los exparlamentarios aparecen, entre otros, Rosa Díez (UPyD), Juan José Laborda (expresidente del senado) , Josep López de Lerma y Jordi Casas (CiU), Fernando Sanz Alonso, Javier Rupérez Rubio, Luis De Grandes, Eugenio Nasarre, Alejandro Cercas y Elena Faba.

El 60 por ciento de los líderes de la industria textil considera la sostenibilidad como el segundo objetivo estratégico prioritario para sus negocios, superado únicamente por la experiencia del cliente (64%), según un estudio sobre la industria global de la moda del U.S. Cotton Trust Protocol y la Economist Intelligence Unit (EIU).

Según este informe, el compromiso del sector textil con la sostenibilidad se mantiene a pesar de la pandemia originada por la COVID-19.

Así, destaca que para muchas de las principales marcas del mundo, la sostenibilidad ha pasado a ser de «vital importancia» para la compañía. Este estudio se ha basado en una encuesta realizada a 150 altos directivos del sector de la moda, el retail y la industria textil en Europa y Estados Unidos. Los resultados se han recogido en el documento ‘Is Sustainable in Fashion?’ (¿Es la moda sostenible?).

Los directivos han afirmado estar implantando medidas en toda la cadena de suministro, desde el abastecimiento de materias primas obtenidas de forma sostenible (65%), pasando por la introducción de métodos propios de la economía circular y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (51% en ambos casos), hasta la inversión en nuevas tecnologías como la impresión en 3D y el blockchain (41%).

Una de las principales conclusiones, que destaca U.S Cotton Trust Protocol, es que los datos son importantes de cara a afrontar seguimiento de procesos, iniciativas y proyectos en materia de sostenibilidad. Ante la pregunta de qué medidas se están llevando a cabo para conseguir ser sostenibles, la primera posición en la lista de prioridades es la recopilación de datos de todo el negocio y de la cadena de suministro para medir el rendimiento (53%).

Además, seis de cada diez directivos (58%) apuestan por desarrollar e implementar una estrategia de sostenibilidad medioambiental con objetivos medibles. Sin embargo, casi un 73 por ciento de los encuestados han manifestado su apoyo a referencias e indicadores internacionales como un método efectivo para medir el rendimiento sostenible e impulsar el avance de la industria.

A pesar de la importancia de los datos, un 45 por ciento de las organizaciones no realiza un seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan en los procesos de producción, fabricación y distribución de los productos. También un 41 por ciento no hace lo propio con la cantidad de agua y energía consumida para producir las materias primas que obtienen.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que autoriza la consesión de un crédito a la República del Paraguay con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), por un importe máximo de 60 millones de dólares estadounidenses (unos 51 millones de euros).

Se trata de un crédito con garantía soberana, un plazo de amortización de 24 años y un periodo de carencia de seis años y medio (incluido en los 24) a un tipo de interés 2,5% anual fijo.

El objetivo del proyecto es ampliar la cobertura de los servicios de alcantarillado sanitario en la cuenca de Lambaré, reducir la contaminación mediante el tratamiento y disposición de efluentes, y aumentar la eficiencia operativa y financiera de la gestión de agua potable. Se espera beneficiar a un total de 450.000 personas.

Para ello, con cofinanciación de este crédito, el Gobierno ha autorizado el pago de hasta 390.000 dólares estadounidenses al Banco Interamericano de Desarrollo, con cargo al FONPRODE, por la preparación y supervisión del «Proyecto de agua potable y saneamiento para el área metropolitana de Asunción, Cuenca de Lambaré».

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado acuerdos para aportaciones por un importe total de 5,7 millones de euros para proyectos de cooperación en distintos lugares de Iberoamérica, todos ellos con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.

Se trata de una aportación de 3,3 millones de euros a la Municipalidad de Siguatepeque (Honduras) para el programa «Mejora de la gestión del recurso hídrico de las microcuencas productoras de agua y mejora del servicio de agua potable y saneamiento en zonas periurbanas y rurales del municipio de Siguatepeque, Comayagua, Honduras».

El segundo son 700.000 euros a Acción contra el Hambre Guatemala para el programa «Fortalecimiento institucional y técnico en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento para mejorar la resiliencia en comunidades del municipio de Sololá, Departamento de Sololá».

Un tercero son 600.000 euros al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador para la financiación del programa «Construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del subsector de agua potable y saneamiento en el área rural – FASE II».

Otro acuerdo más autoriza una aportación de 582.000 euros a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, en la República Dominicana, para el programa «Asegurar el derecho humano al agua reduciendo la vulnerabilidad en el Distrito Municipal de Pedro García».

Por último, el Gobierno ha autorizado una aportación de 500.000 euros al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Lorenzo del Pailón (Ecuador) para la financiación del programa «Agua potable y saneamiento en comunidades rurales del cantón San Lorenzo frente a la crisis sanitaria del COVID-19».

UGT ha exigido, durante la constitución de la mesa de negociación sobre pensiones, que se derogue la reforma de pensiones de 2013 impuesta por el Gobierno del PP y que se acabe con el déficit de la Seguridad Social antes de abordar su futuro.

Así lo ha trasladado el sindicato al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, al tiempo que ha señalado que, posteriormente, en una segunda fase se deberán estudiar y acordar medidas que fortalezcan el sistema público de pensiones a partir del último Acuerdo de Pensiones consensuado por los agentes sociales, el de 2011.

Para acabar con el déficit, UGT propone que el Estado asuma los gastos que por su naturaleza no deben ser pagados con cotizaciones. Así, considera que la negociación debería definir qué conceptos son, a cuánto asciende su coste anual, en qué plazo y con qué ritmo se compromete el Gobierno a que se produzca esa total separación de fuentes de financiación.

Por otro lado, cree se debe apostar por una redistribución de las cuotas de las cotizaciones sociales que permita pasar una parte de las de protección por desempleo (que están financiando prestaciones asistenciales, subsidios, y Políticas Activas de Empleo, que son aspectos que deben estar a cargo del Estado) a las contingencias generales (es decir, en realidad a las pensiones).

UGT ha señalado que en la protección por desempleo, «fuera de las crisis, sobra dinero que se lo queda el Estado, y en pensiones, falta, y el Estado no lo pone». «Este juego con las cotizaciones se tiene que acabar. Las cotizaciones deben ser solo para las prestaciones contributivas», ha dejado claro la organización sindical.

Para el sindicato también es necesario que se deroguen «las dos grandes fuentes» de recorte de la reforma del PP de 2013, acabando así con el índice de revalorización de las pensiones, que el sindicato piensa que debe ser sustituido en la Ley de Seguridad Social por el IPC, garantizando así el mantenimiento del poder adquisitivo. También ha apuntado que se debe eliminar el factor de sostenibilidad, que en estos momentos se encuentra aplazado como máximo hasta 2023.

A medio y largo plazo, la organización que lidera Pepe Álvarez se inclina por un sistema de financiación suficiente con más cotizaciones (sobre los ingresos reales) y con compromiso de aportación de la imposición general, pero también por establecer reformas para superar los numerosos problemas pendientes de las pensiones.

Asimismo, ha considerado como objetivo a conseguir el compromiso con las políticas y su implementación, porque si aumenta el PIB, el peso del gasto en pensiones sobre el mismo se reducirá. «Se trata de establecer medidas en relación con la creación de más y mejor empleo, aumento de la tasa de actividad, regulación de los flujos migratorios, reducción más rápida de la tasa de paro, aumento de la natalidad, incremento de la productividad, etc», ha explicado.

Los gobiernos de Hungría y Polonia continúan con su presión para que las ayudas europeas del plan de recuperación y los fondos procedentes del presupuesto comunitario no estén vinculadas al respeto del Estado de derecho, mientras que los países nórdicos y el Benelux reclaman un mecanismo «eficaz».

Esta división ha quedado patente en el debate público que han mantenido este martes los responsables de Asuntos Europeos de los Veintisiete, precisamente un día después de que comenzaran las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre esta cuestión, que amenaza con bloquear el plan europeo de recuperación si no se encuentra una solución.

«El mecanismo sobre el Estado de derecho sigue siendo un problema sin resolver. No podemos aceptar un mecanismo que no tenga solidez jurídica y que esquive los Tratados, socavando el equilibrio interinstitucional y pueda utilizarse para presionar políticamente a algunos Estados miembros», ha enfatizado el ministro polaco de Asuntos Europeos, Konrad Szymanski.

En una línea similar, la ministra de Justicia de Hungría, Judit Varga, ha lamentado que el Parlamento Europeo «por desgracia» quiera volver a incluir en las negociaciones «requisitos políticos e ideológicos» para vincular el pago de ayudas a no acometer reformas que socaven el Estado de derecho.

Además, ha acusado a los países «que no apoyaron el plan de recuperación» (en una alusión velada a Países Bajos y los nórdicos) de «utilizar el mecanismo del Estado de derecho para desmantelar el acuerdo» sobre el fondo de recuperación de 750.000 millones.

Antes, el ministro sueco de Asuntos Europeos, Hans Dahlgren, había tomado la palabra, también en representación de Dinamarca y Finlandia, para remarcar la importancia que dan estos tres países a lograr un acuerdo que contemple «una condicionalidad eficaz» con respecto al respeto de los valores democráticos del bloque.

También ha intervenido con un mensaje parecido el holandés Stef Blok, en nombre también de Bélgica y Luxemburgo: «Un mecanismo de condicionalidad fuerte del Estado de derecho es esencial para el funcionamiento de la UE», ha reivindicado.

ESPAÑA PIDE CERRAR EL ASUNTO «CUANTO ANTES»

España, uno de los países más afectados por la pandemia y, por tanto, de los que más necesitan los fondos europeos, ha intervenido para pedir que tanto el Marco Financiero Plurianual (MFF) del periodo 2021-2022 como el fondo europeo de recuperación sean aprobados y aplicados «cuanto antes».

Además, el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba ha subrayado la importancia que España da a poner en marcha «una salvaguardia y un instrumento efectivo en materia de Estado de derecho».

«Quiero suscribir el llamamiento a todas las partes e instituciones para lograr un acuerdo lo más rápidamente posible», ha expresado el representante italiano Vincenzo Celeste, para quien «las posiciones de unos y otros son legítimas y deben respetarse» dentro de la responsabilidad común de conseguir un «paquete realista y con flexibilidad».

El ministro de Asuntos Europeos de Alemania, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la UE, Michael Roth, reconocido que el debate sobre el Estado de derecho es «muy delicado», pero ha confiado en que sea posible llegar a un acuerdo si todas las partes «se muestran dispuestas a hacer concesiones».

Además, Roth ha enfatizado que «no se puede examinar cada elemento de un modo asilado» porque las diferentes negociaciones en marcha en Bruselas para sacar adelante el presupuesto comunitario de la UE y el fondo de recuperación son «un conjunto».

EL ministro alemán ha valorado que durante la primera ronda de negociaciones con la Eurocámara sobre la condicionalidad ligada al Estado de derecho se han conseguido avances aunque las posiciones siguen estando alejadas. También se han logrado avances con respecto a las reclamaciones de los eurodiputados para incluir un calendario más preciso sobre la introducción de nuevos impuestos europeos.

Sin embargo, siguen encalladas las conversaciones sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027. El Parlamento Europeo aboga por aumentar las partidas para programas como Erasmus o Horizonte (sobre investigación y desarrollo), pero los Estados miembros disponen de poco margen para aumentar los 1,074 billones que pactaron los jefes de Estado y de Gobierno.

NUEVA OFERTA DE LA EUROCÁMARA

Los representantes del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (los Estados miembros) se verán de nuevo las caras este miércoles en una nueva ronda de negociaciones sobre el MFF y la Eurocámara ha preparado para la cita una nueva oferta con la que desbloquear las conversaciones.

En particular, los eurodiputados han ofrecido a las capitales un paquete que asciende a 39.000 millones de euros, de los cuales 9.000 millones servirían para aumentar al dotación de diversos programas europeos.

En una carta dirigida a la presidencia alemana, el negociador jefe del Parlamento Europeo, Johan Van Overtveldt, ha insistido en que su equipo no aceptará «trucos» presupuestarios que no incrementen realmente el presupuesto comunitario y se limiten a jugar con los márgenes de flexibilidad que se reservan para gastos inesperados.

Además, el belga ha advertido de que no servirá de nada sentarse de nuevo sobre la mesa si Berlín no cuenta con el permiso de resto de capitales para negociar dichos aumentos.

El Consejo de Ministros ha autorizado los criterios de distribución y la distribución de los 241,3 millones de euros correspondientes al tramo autonómico de las subvenciones sociales con cargo al 0,7% del IRPF. Andalucía, Cataluña y Madrid recibirán casi la mitad del reparto.

El Gobierno ratifica de esta forma el acuerdo al que llegaron el pasado 2 de octubre las comunidades autónomas y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.

Estos fondos se reparten entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, para que a su vez lo destinen a financiar programas de interés social dentro de sus competencias, dirigidos a la atención de la pobreza y la exclusión social.

Esta cantidad corresponde al 85,14% de los fondos obtenidos a través de la recaudación del 0,7% del IRPF en la declaración de la renta de 2019, correspondiente al ejercicio 2018, lo que supone 27 millones más que el año anterior, según ha informado el Gobierno.

El reparto entre las comunidades autónomas se realiza por primera vez, tomando en consideración una serie de indicadores propuestos y acordados por las mismas administraciones autonómicas como son: la tasa AROPE, la población, población dependiente, dispersión, superficie, tasa de envejecimiento, tasa de discapacidad, renta per cápita, número de familias monoparentales, tasa de desempleo, población perceptora de rentas mínimas, insularidad y grandes urbes.

Por CCAA, Andalucía, Cataluña y Madrid recibirán casi la mitad de los fondos del 0,7% del IRPF destinados al tramo autonómico. Así, en el reparto final, Andalucía recibirá 52,35 millones de euros (6,75 millones más que en 2019); Cataluña, 32,78 millones de euros (1,26 millones más), y Madrid, 27,6 millones (1,06 millones más).

Les siguen en el reparto de estos fondos la Comunidad Valenciana, con 21,34 millones de euros (3,21 millones de euros más); y Castilla y León, con 21,16 millones (813.933 euros más).

A la cola del reparto se sitúan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 1,9 millones de euros cada una (unos 630.000 euros más que el año anterior); La Rioja, con 2,47 millones (822.499 euros más); Cantabria, con 3,24 millones (494.070 euros más); y Baleares, con 4,68 millones (655.012 euros más).

ENFADO DE LAS ONG

El restante 14,86% de la recaudación del 0,7% del IRPF corresponde al tramo estatal, es decir, es la parte que el Estado reparte en forma de subvenciones a entidades del Tercer Sector de Acción Social para desarrollar actividades sociales.

Mientras que en 2019, se destinó el 18,86% de los fondos al tramo estatal y el 81,14% al tramo autonómico, este año la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha decidido reducir en 4 puntos porcentuales el tramo estatal.

En términos absolutos, esto supone que las subvenciones que gestionará el Estado se reducirán en 7,76 millones de euros (un 15,57% menos) y que las que gestionan las comunidades autónomas se incrementarán en 26,7 millones de euros (un 12,45% más).

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 28.000 ONG, denunció esta decisión del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España pues lo consideró «un recorte drástico» a la financiación a las ONG estatales de Acción Social «en un momento de crisis devastadora causada por la pandemia».

Esta reducción, según advirtió el presidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano Poyato, supone «una pérdida de 14,5 millones de euros, que servirían para garantizar la solvencia de las entidades sociales estatales y para seguir trabajando en favor de las personas que verdaderamente lo necesitan».

Por su parte, fuentes de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales justificaron esta decisión indicando que son las CCAA «las que pueden derivarlo a acciones para paliar los efectos del Covid-19», es decir, a proyectos de «intervención social directa», mientras que, según precisaron, los fondos que irían a parar a las ONG estatales se emplearían en la realización de estudios o proyectos de I+D+I, entre otros.

Delta Air Lines ha registrado unas pérdidas netas de 11.630 millones de dólares (9.900 millones de euros) durante los primeros nueve meses del año, frente a los beneficios netos de 3.669 millones de dólares (3.123 millones de euros) obtenidos en el mismo periodo del año pasado, debido al impacto del coronavirus.

Las suspensiones de vuelos y las restricciones de movimiento en países de todo el mundo han lastrado las cuentas de la aerolínea estadounidense, que ha perdido 5.379 millones de dólares (4.578 millones de euros) solo en el tercer trimestre del año, entre julio y septiembre.

Respecto a la facturación, la compañía alcanzó hasta septiembre unos ingresos de 13.122 millones de dólares (11.170 millones de euros), lo que supone una caída del 63% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando esta cifra se situó en 35.568 millones de dólares (30.277 millones de euros).

La crisis también ha provocado que los gastos operativos, que alcanzaron los 24.733 millones de dólares (21.053 millones de euros), se hayan reducido un 19% respecto a los nueve primeros meses de 2019.

«Con un aumento lento y constante de la demanda, estamos restableciendo el vuelo para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, al tiempo que mantenemos nuestra capacidad a la luz del Covid-19», ha señalado Glen Hauenstein, presidente de Delta. No obstante, ha advertido de que pueden pasar «dos años o más» hasta que la compañía regrese a un entorno de ingresos normalizado.

Durante el tercer trimestre, la quema de efectivo alcanzó una cifra de 24 millones de dólares diarios (20,5 millones de euros), aunque en septiembre esta cifra bajó a 18 millones de dólares diarios (15,3 millones de euros).

Delta, como respuesta a la crisis del coronavirus, ha decidido reestructurar sus pedidos de aviones Airbus y CRJ para ajustar mejor el calendario de entregas de los aviones a las necesidades de la red y financieras de los próximos años.

Esta reestructuración reduce los compromisos de compra de aeronaves en más de 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros) en 2020 y en más de 5.000 millones de dólares (4.250 millones de euros) hasta 2022.

Los ponentes del congreso Forum TurisTIC, que se ha celebrado este martes en Barcelona, han situado la digitalización y la sostenibilidad como elementos clave para la recuperación del sector turístico ante la pandemia del Covid-19.

En la jornada, expertos en tecnología y turismo han debatido cómo las tecnologías pueden ofrecer más información a los viajeros para que conozcan mejor «los cambios del comportamiento de la demanda y reforzar la sostenibilidad del sector», informan los organizadores en un comunicado.

EURECAT

En la sesión inaugural del congreso, el presidente del centro tecnológico Eurecat, Xavier Torra, ha destacado que la pandemia «ha hecho aflorar la importancia de repensar el turismo y aprovechar el impulso tecnológico para hacer frente a los desafíos y las oportunidades del sector».

Para el responsable de tecnología del departamento de innovación turística de Eurecat, Jordi Borràs, herramientas como el Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial y el Big Data se aplicarán de forma combinada, «innovadora y con la colaboración de los agentes, tanto públicos como privados.

Así, en los próximos años habrá «un turista más digitalizado», que aprovechará las ventajas de esas tecnologías para planificar sus visitas y obtener información personalizada para evitar colas, pero también para vivir las experiencias digitales que permitirá el 5G.

El ‘contactless’ también jugará un papel estratégico en esa recuperación, según ha destacado el fundador del hub The Digital Tourism Think Tank, Nicholas Hall: se espera que «sea demandada por los consumidores y se convierta en la norma para transformar» sus experiencias.

GOVERN Y DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

En este contexto, el secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Joaquim Ferrer, ha apostado por buscar sinergias en sectores clave, como turismo y tecnología: «Lo que necesitamos en esta época de distanciamiento social es interrelacionarnos en aquellos ámbitos donde podemos aportar un valor añadido».

El diputado delegado de turismo de la Diputación de Barcelona, Joan Luis Ruiz, ha afirmado que «ahora más que nunca» es necesaria la celebración de ForumTurisTIC para buscar un nuevo modelo de turismo sostenible que permita superar la crisis del sector a raíz de la pandemia.

El concejal de Turismo e Industrias creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, también ha situado la digitalización y la apuesta tecnológica como objetivos estratégicos, para lo que en Barcelona se están «redoblando esfuerzos» desde la atención al visitante y los contenidos que se ponen a su disposición.

STARTECHTOUR CHALLENGE

Forum TurisTIC también ha acogido la presentación del StarTechTour Challenge, un programa impulsado por la Agència Catalana del Turisme (ACT) de apoyo a las start-ups tecnológicas.

El director ejecutivo de la ACT, Patrick Torrent, lo ha justificado porque estas start-ups son claves «en la transformación hacia un modelo más digital y sostenible».

CHARM

También se ha presentado el proyecto europeo Charm, que se propone dirigir los flujos turísticos hacia zonas rurales o menos turísticas a través de un plan de marketing que les permita atraer más visitantes para ayudar a la economía local.

En ese sentido, el investigador y director asociado del Instituto de Investigación Turística del Norte de Europa (NIT), Ulf Sonntag, ha destacado que los pueblos deben contar con «una estrategia general y no proyectos aislados», que sean coherentes e incluyan tecnologías avanzadas.

Forum TourisTIC ha celebrado esta jornada con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona, Diputación de Barcelona, y la colaboración de la Fundación La Caixa y el proyecto europeo Charm, liderado por la ACT.

Eurecat, Centro Tecnológico de Catalunya, aglutina a más de 650 profesionales que generan un volumen de ingresos de 50 millones de euros anuales y presta servicio a más de 1.600 empresas.

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) han vuelto a unirse para reclamar a los gobiernos que utilicen las pruebas de Covid-19 como medio para reabrir las fronteras de forma segura y restablecer la conectividad mundial, así como para evitar el colapso de la industria de la aviación con un apoyo financiero que no genere deuda.

Según han explicado las organizaciones internacionales, estas medidas protegerían a los países de la importación de casos de Covid-19, evitarían una crisis de empleo en el sector de los viajes y el turismo, y asegurarían que la estructura crítica de la aviación siga siendo viable.

El Grupo de Acción sobre el Transporte Aéreo (ATAG) estima que 46 millones de puestos de trabajo están en peligro debido a la pérdida de conectividad causada por la crisis de la Covid-19. La gran mayoría de ellos (41,2 millones de empleos) se encuentran en el sector de los viajes y el turismo que depende de la aviación, mientras que el resto (4,8 millones de empleos) se reparten entre el empleo directo en la aviación, incluidos los aeropuertos y las aerolíneas.

La Asociación de Aeropuertos prevé que sufrirá una reducción del 60% en sus ingresos, mientras que la organización de las aerolíneas estima que los ingresos del sector caerán un 50%.

«Necesitamos actuar rápidamente. Las pérdidas de empleos dentro y fuera de la industria aumentan cada día y con cada trabajo perdido la recuperación y el impacto en la economía en general se hace aún más difícil», ha alertado Alexandre de Juniac, consejero delegado de IATA.

Plátano de Canarias ha afirmado que si la Unión Europea (UE) recorta las ayudas a las Regiones Ultraperiféricas (RUP) pondría en peligro al sector, según ha señalado Asprocan, que insta al Gobierno de España a incluir este tema en la agenda europea, ya que están en riesgo el futuro laboral de más de 15.000 familias.

En este sentido, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias ha hecho especial hincapié en que esta semana es «muy importante» para la agricultura de las islas.

«Si la industria turística canaria se ha visto seriamente dañada como consecuencia de la COVID, se corre el riesgo de que la falta de atención y, por tanto, de presión en Europa dé al traste con uno de los sectores clave para la economía y el empleo del archipiélago como es la producción de plátanos», apuntó la organización.

Así, Asprocan apuntó que de no negociarse adecuadamente, estas ayudas corren el riesgo de reducirse más allá del límite, lo que supone un riesgo para esta actividad económica que repercute en todos los canarios.

Al respecto, el jueves y el viernes se celebra en Bruselas la reunión de presidentes de gobiernos comunitarios en la que se podría debatir, entre otros temas, si se mantienen los fondos del Programa Comunitario de Apoyo a la Producciones Agrarias (POSEI).

Por ello, los más de 8.000 productores –agrupados en las 6 organizaciones de productores que representa Asprocan a través de la IGP Plátano de Canarias– ha recordado a España que es de vital importancia poner en la agenda el mantenimiento de estas ayudas y liderar las negociaciones de estos días para evitar que Europa decida un recorte del 3,9% de los fondos destinados a las RUP.

PIDEN A SÁNCHEZ QUE LIDERE EL DEBATE

Los productores canarios han pedido expresamente y en varias ocasiones al presidente, Pedro Sánchez, que lidere el debate en el Consejo Europeo para que este indique de forma clara y expresa a la Comisión Europea que los fondos POSEI para las RUP se mantengan en el próximo septenio y que dichos fondos sean así consolidados en el presupuesto comunitario.

Por su parte, los fondos para las RUP representan tan solo un 0,01% del total de los fondos agrícolas comunitarios de la Política Agraria Común (PAC), cifra irrelevante (y que no se ha incrementado desde 2007) dentro de los presupuestos europeos en comparación con la necesidad y urgencia con la que las RUP requieren que estos fondos, por lo menos, se mantengan (a pesar del 20% de déficit que presentan como consecuencia de la inflación desde 2007) y que alcanzarían los 280 millones de euros tomando como referencia una ficha POSEI a precios actualizados.

CANARIAS RECIBE 268 MILLONES CADA AÑO

En total, cada año, Canarias percibe 268 millones de euros de ayudas de Europa para proteger su agricultura, que en algunos municipios de las islas supone más de un 40% del empleo.

De esta manera, el recorte planteado por Bruselas supondría 10 millones de euros menos anualmente para Canarias, que se convertirían en 20 millones de euros al año menos considerando el incremento de los precios desde 2013.

La industria del plátano en España está 100% centralizada en las Islas Canarias y da empleo (directo e indirecto) a más de 15.000 familias. Al año se producen una media de más de 400.000 toneladas de plátanos que suponen más del 85% de las exportaciones agrícolas del archipiélago, con una contribución económica directa de más de 430 millones de euros.

Por último, cada día se exportan a la Península más de un millón de kilos con los que se compensa la dependencia del exterior de las islas y le permite un 10% de ahorro de costes de importación de productos básicos.

«El recorte en estas ayudas podría deprimir aún más la delicada situación económica que atraviesan las islas como consecuencia de la paralización del sector turístico con motivo de la pandemia por la Covid-19», aseveró Asprocan.