Un centenar de organizaciones, lideradas por Rights International Spain y el Equipo del Decenio Internacional Afrodescendiente, han firmado una carta que han enviado al Ministerio del Interior una carta solicitando la implementación de medidas efectivas para erradicar el racismo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Tal y como señalan las entidades, esta misiva se redacta con el espíritu de «favorecer y asentar los cimientos del diálogo entre sociedad civil y autoridades».

Es por ello que, la nota dirigida al ministro Fernando Grande-Marlaska se enmarca «en la línea del pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU» que, según explican, planteó en 2020 la urgencia y necesidad de un debate global sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales y sobre el racismo estructural.

En este sentido, indican que «la perfilación racial es una práctica policial que tiene un gran impacto negativo sobre las personas afectadas, personas racialmente diversas, y la sociedad mayoritaria en general».

Así, señalan «las experiencias sobre el uso policial del perfil racial refieren a situaciones traumatizantes y humillantes que generan indefensión, inseguridad, impunidad y afectan a diario a personas que prefieren no transitar determinadas zonas, ni salir de sus barrios e incluso, no salir de casa por miedo».

FOMENTO DE ESPACIOS COMUNES

En el documento, las organizaciones señalan los datos del informe ‘Ser negro en la UE’ de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del que se desprende que el 24% de las personas encuestadas afirmó haber sido parada en los cinco años anteriores a la encuesta, entre ellas, el 41% consideró que la parada constituía una perfilación racial.

Ante estos datos, las recomendaciones internacionales llaman a implementar formularios de identificación que mejoren los procedimientos de acción policial y que ya se ha implementado en algunas policías locales en España. Esta iniciativa también ha sido recomendada por el Defensor del Pueblo.

Con esta carta, explican las organizaciones, quieren recordar al Ministro del Interior que «un paso esencial para encarar este problema es reconocer su existencia».

«El aspecto étnico-racial de las personas no es un criterio legítimo y objetivo en la intervención policial», denuncian. Así, las organizaciones impulsoras apelan al ministro «a fomentar espacios de trabajo común y diálogo, honesto y valiente, en un clima de confianza entre la sociedad civil y la policía, para avanzar en modelos de seguridad comunitarios».

El comisario de los Mossos d’Esquadra Joan Carles Molinero ha explicado este jueves que desde el pasado 28 de febrero se ha iniciado un dispositivo conjunto con la Guardia Urbana de Barcelona «para intentar neutralizar» las situaciones de botellones en la vía pública.

Lo ha dicho en una rueda de prensa con el conseller de Interior, Miquel Sàmper y la consellera de Salud, Alba Vergés; el director del Servei Català de la Salud, Adrià Comella y el subdirector de Programas en Protección Civil, Sergio Delgado.

Estos dispositivos se han iniciado en la zona del barrio del Born de Barcelona, en la zona del Macba y en otras plazas «donde se ha detectado esta presencia irresponsable de personas que rompen las medidas sanitarias establecidas», ha añadido.

ACTUACIONES POLICIALES

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha manifestado que durante este miércoles se han levantado 54 actas por incumplimiento de la movilidad autonómica, en el sector de la restauración se han levantado 8 actas, y desde las 22 horas del miércoles hasta las 6 horas de este jueves se han levantado 79 actas por incumplimiento del toque de queda.

El comisario Molinero ha informado que durante este año de pandemia –del 14 de marzo de 2020 al 14 de marzo de 2021– el número total de hechos delincuenciales ha disminuido un 31,2%, con 200.00 hechos delictivos menos, y que los delitos que más han bajado han sido los hurtos, con 130.000 casos menos –han descendido un 55,3% respecto el año anterior–.

Ha añadido que los robos con violencia y intimidación han bajado un 39,7%, y los robos con fuerza en los establecimientos han disminuido un 55,3%, mientras que han aumentado los delitos de atentado a la autoridad y resistencia.

SALUD

Vergés ha reivindicado que han avanzado mucho en el ámbito de las sanciones relacionadas con salud: han recibido 103.000, han registrado 16.000 y han impuesto más de 3.000.

Ha explicado que ha habido un ante y un después desde febrero en el que han «multiplicado por diez el ritmo» de sanciones tras la incorporación de 163 administrativos y 130 técnicos juristas con los que han simplificado algunos tramites de expedientes como los relacionados con el uso de las mascarillas, entre otros.

ESTAFAS COVID-19

Molinero ha destacado que existe «un goteo diario» de estafas a través de llamadas telefónicas vinculadas con el intento de venta de vacunas, material sanitario y de limpieza de espacios, que se dirigen a personas individuales pero también a centros de día o Centros de Atención Primaria (CAP).

Durante el 2021, ha explicado que se han detectado 110 estafas relacionadas con el coronavirus: 55 durante el mes de enero, 44 durante el mes de febrero y 11 durante el mes de marzo, y ha recomendado evitar dar números de cuentas bancarias, datos personales y llamar al teléfono de emergencias 112 cuando se sospeche de alguna estafa.

La asociación Derecho a Morir Dignamente se ha concentrado este jueves a las 12:00 horas en la Puerta del Sol para celebrar la aprobación de la Ley de eutanasia, «un reconocimiento a 37 años de lucha», que estiman que «será utilizado minoritariamente» pero que era «un derecho que se tenía que reconocer».

«Creemos que este derecho será utilizado minoritariamente por la ciudadanía, porque la gente quiere vivir, pero eso no significa que no tenga que reconocerse este derecho porque hay situaciones en que la vida es insufrible, una condena», ha explicado el presidente de Derecho a Morir Dignamente, Javier Velasco.

Según ha precisado, estiman que durante el primer y segundo año de estar aprobada la ley en España, la eutanasia no supere «el 1 ó 2%» de las defunciones. «Claro que va a ser minoritaria», ha precisado, añadiendo que esto «no es razón» para oponerse a la ley, y ha criticado a la «derecha recalcitrante que dice que van a matar a los ancianos».

Velasco ha recordado a todas las personas que han dado testimonio estos años de su deseo de morir y ha precisado que los casos que han saltado a los medios, desde el de Ramón Sampedro, hasta el de Ángel Hernández, que ayudó a morir a su mujer en 2019, han sido «un factor importantísimo para concienciar».

Detrás de todas estas familias y de las que han preferido guardar el anonimato, ha estado detrás Derecho a Morir «orientándolas y apoyándolas» y Velasco asegura que viven «con alegría» la aprobación de la ley «aunque sus familiares no han podido gozar de este derecho». «Hay que luchar por conseguir los derechos y superar la visión reducida a nivel egoísta diciendo ‘no sé si yo lo voy a poder disfrutar pero sí cualquier ciudadano español'», ha indicado.

Años atrás, según ha precisado, pensaban que «costaría mucho» llegar a aprobar esta ley «por reticencias políticas e influencias de ciertos grupos, de la Iglesia o de ciertas derechas que dificultaban mucho incluso presentar la ley» y ha recordado que hubo «15 intentos legilsativos en España».

Ahora celebran su aprobación porque «supone un reconocimiento a 37 años de lucha para que se reconozca este derecho a recibir ayuda para morir y una buena noticia para toda la ciudadanía española».

La subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, Gabriella Gambino, ha abogado por una formación pastoral continuada y no intermitente que evite «perder» a aquellos jóvenes que no vuelven a «pisar la Iglesia» después la primera comunión.

«Si se diera una perspectiva vocacional a los cursos de catequesis para niños, continuando con ellos después de la primera comunión y la confirmación, con una formación continuada dedicada a la vocación para el matrimonio en muchos contextos pastorales se podría evitar el riesgo de perder por el camino a tantos jóvenes que tras la primera comunión no vuelven a pisar una iglesia», ha señalado Gambino.

Así lo ha señalado en la presentación del Año de la Familia, convocado por el Papa para continuar el camino abierto por la exhortación apostólica ‘Amoris Laetitia’ (La alegría del amor) publicada en 2016. Este periodo especial en la Iglesia será inaugurado este viernes 19 de marzo, solemnidad de San José, y concluirá con la celebración del X Encuentro Mundial de las Familias que se celebrará en Roma junio de 2022.

Gambino considera que muchos jóvenes no vuelven a la Iglesia no porque «se hayan desinteresado», sino porque «no se les ofrece nada ni a ellos ni a sus padres para acompañarles en el crecimiento espiritual de los jóvenes». Esta experta mundial en Bioética fue la primera mujer laica que el Papa puso al frente de un organismo de la Santa Sede.

Sobre la resistencia de los jóvenes en Occidente al compromiso del matrimonio y la preferencia de la convivencia, Gambino señala que en realidad los jóvenes tienen un «gran deseo de formar una familia», si bien ha constatado que existe un «gran temor ante la elección que supone el matrimonio». Por ello, considera que la Iglesia tiene que estar «preparada» para entrar «con delicadeza» en las cuestiones más complicadas en relación a la familia «sabiendo acompañarlas» a partir de los «fundamentos de la fe».

Gambino espera que este tiempo sirva para «poner en diálogo a los agentes de pastoral de los diferentes ámbitos, actuando con espíritu sinodal». Así, ha indicado que este año especial es «un signo de una Iglesia que quiere crecer, hacerse adulta, que no se contenta con usar métodos viejos e ineficaces, porque sabe involucrarse por amor a la familia». «¿Son las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y nuestras estructuras eclesiales adecuadas para la vida concreta de las familias?», se ha preguntado.

Así, ha insistido en que en la pastoral familiar ya no se puede «dar nada por sentado». Por su parte, el prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el cardenal Kevin Farrell, ha abogado por hacer «transversales los proyectos pastorales para no sean compartimentos estancados». «La Iglesia debe acompañar a los niños, jóvenes, novios, esposos y ancianos de forma que se refleje una visión integral y unitaria de la planificación pastoral», ha señalado.

En relación a la renovación pastoral a la que empuja el Pontífice, el cardenal Farrell ha insistido en que se deben aplicar tres conceptos. El primero habla de la «necesidad de una mayor colaboración» que requiere de la Iglesia un ejercicio para compartir «experiencias que a lo largo de los años han resultado fructíferas y han logrado llevar el anuncio del Evangelio a la vida de los esposos y las familias».

El segundo es un «cambio de mentalidad», que se traduce en «pasar de pensar en las familias como un simple ‘objeto’ de la pastoral a pensar en ellas como un ‘sujeto’ de la pastoral». El tercero es la necesidad de formar a los que realizarán la pastoral con las familias y en especial a los sacerdotes.

Las Cortes de Castilla y León debatirán el próximo lunes, 22 de marzo, la primera moción de censura que se presenta contra un gobierno autonómico, una propuesta encabezada por el socialista Luis Tudanca que se votará de forma telemática y presencial, en este caso por llamamiento público, en principio el mismo lunes aunque como los tiempos del debate son ilimitados se ha habilitado también el martes día 23.

El Pleno comenzará a las 09.00 horas del lunes con una exposición inicial y sin límite de tiempo a cargo de uno de los procuradores del Grupo Socialista firmante de la moción de censura registrada la semana pasada, un nombre que la viceportavoz, Virginia Barcones, ha preferido no avanzar.

Posteriormente, el presidente de la Junta de Castilla y León, el ‘popular Alfonso Fernández Mañueco, o cualquier miembro del Gobierno tendrá la posibilidad de intervenir también sin límite de tiempo, tras lo que se abriría un turno de réplica y de dúplica por un periodomáximo de tiempo de diez minutos en cada caso.

Tras este primer debate le corresponderá el turno, también sin límite de tiempo, al candidato propuesto en la moción de censura, Luis Tudanca, a quien también pueden responder miembros del Ejecutivo autonómico, de nuevo sin límite de tiempo, con los correspondientes turnos de réplica y dúplica con un tiempo máximo de diez minutos.

A continuación y según consta en el orden del día fijado este jueves por la Mesa de las Cortes, el presidente del Parlamento, Luis Fuentes, suspenderá la sesión por un periodo aproximado de dos horas y media tras lo que llegará el turno de las intervenciones de los grupos que arrancarán con los integrantes del Grupo Mixto, en turno ordenado de menor a mayor en función del número de votos obtenidos.

De este modo, el primero en intervenir será el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, que dispondrá de seis minutos, como los representantes de UPL, Luis Mariano Santos, y Vox, Fátima Pinacho, y cerrará las intervenciones Podemos-Equo que contará con doce minutos.

«Tanto el orden como el tiempo de intervención destinado a cada una de las formaciones políticas podría variar si, en el seno del propioGrupo Mixto, sus representantes acordaran cualquier otra fórmula», han aclarado no obstante desde el Parlamento Autonómico.

En el caso del Grupo Mixto, el candidato propuesto a la Presidencia de la Junta de Castilla y León podrá optar por responder de forma individual o conjunta, con un turno de réplica por parte de las formaciones que lo integran de dos, dos, dos y cuatro minutos, respectivamente, de menor a mayor en número de votos.

Por su parte, las formaciones políticas con grupo propio intervendrán posteriormente por un periodo máximo de 30 minutos de menor a mayor en función de su número de escaños –Ciudadanos, PP y PSOE– con la posibilidad de réplicas o dúplicas por un tiempo máximo de diez minutos.

Está previsto que el presidente de las Cortes de Castilla y León anuncie «a lo largo del pleno» la hora fijada para la finalización del tiempo destinado a la emisión del voto telemático que se podrá emitir desde el mismo momento en el que comience la sesión hasta que el presidente anuncie que el tiempo ha expirado y sólo se recogerán votos telemáticos en los supuestos que recoge el Reglamento de las Cortes de Castilla y León en su Artículo 86.2.

En cuanto al voto presencial, será por llamamiento y público para lo que se realizará un sorteo para elegir el apellido de uno de los procuradores autonómicos y, a partir de ahí, se llamará al voto en orden alfabético. Si alguno de los procuradores ha emitido su voto de forma telemática, será el propio presidente de las Cortes el encargado de informar de forma pública el sentido de ese voto. Los procuradores miembros de la Junta de Castilla y León y los integrantes de la Mesa de las Cortes serán los últimos en votar.

Según ha confirmado el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, por razones de seguridad y para ajustarse a las medidas de contención de la pandemia han acordado que ni habrá invitados por parte de nadie.

Hay que recordar que según establece el Reglamento de las Cortes, para ser elegido presidente de la Junta de Castilla y León elcandidato propuesto en la moción de censura deberá obtener la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento, en este caso al menos 41 votos favorables, de los que el PSOE cuenta con 35 procuradores más los dos anunciados a favor por parte de Podemos-Equo, por lo que necesitaría otros cuatro apoyos que podrían llegar de UPL y Por Ávila o de alguno de los integrantes de Ciudadanos ya que VOX ha rechazado apoyar la moción, al igual que insisten los doce procuradores de la formación naranja.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que «la colaboración y el diálogo» con las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos será «fundamental» en el «diseño e implementación» del Plan Corresponsables, «una política pública de cuidado y conciliación» que cuenta con 200 millones de euros, cuyo «grueso» serán «transferencias a las comunidades», para crear, entre otras medidas, una red de empleo público para cuidadores.

Así lo ha manifestado Montero este jueves en la Diputación de Córdoba donde ha participado, acompañada por el presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, y la delegada de Igualdad, Alba Doblas, en la conferencia ‘Conciliación y corresponsabilidad: Plan Corresponsables, políticas de Gobierno’, en la que ha destacado que el Estado y el resto de administraciones «debemos hacernos corresponsables de todo ese trabajo esencial, indispensable pero todavía invisible del que siempre se han hecho cargo las mujeres».

Sobre dicho plan, la ministra ha valorado que ya se ha aprobado en el Consejo de Ministros, «necesario para después transferir los fondos a las comunidades autónomas», aunque «hay una parte que liderará el Ministerio», pero «el grueso de los 200 millones son transferencias a las comunidades». Así, ha aseverado que «se va todo lo rápido que se puede» de cara a la conferencia sectorial, que «será en los próximos días para hacer el reparto» y que «las comunidades dispongan del dinero para ponerlo en marcha».

«Queremos, en definitiva, impulsar políticas públicas que fomenten el reparto de las tareas de cuidados, del tiempo que se necesita para desarrollarlas, con una consecuencia evidente, que será que muchas mujeres tengan más tiempo para hacer lo que quieran», ya sea «cuidado personal, formación o trabajo», ha dicho Montero, a la vez que ha agregado que se trata de «distribuir tareas de cuidados y del tiempo que se necesita para desarrollarlas entre hombres y mujeres, pero, sobre todo, entre las familias y las administraciones públicas».

En este sentido, la ministra ha puesto de manifiesto que este plan es «una nueva política pública que aspira a garantizar el derecho al cuidado» y que, en este primer año, «va a ayudar a la conciliación de familias con hijos e hijas de hasta 14 años», pues «hemos observado en este año de pandemia» que «la falta de la escuela o la colaboración de las abuelas y los abuelos nada existía para garantizar ese derecho a la conciliación que recoge nuestra Ley de Igualdad en su artículo 44».

Tal y como ha expresado Montero, al Plan Corresponsables se destina «una cantidad que es modesta, 200 millones de euros, pero que creemos que va a ser un impulso imprescindible para las comunidades autónomas», con quienes «hemos trabajado mucho y nos sigue quedando trabajo por realizar en el aterrizaje básico del plan y esperamos, por tanto, poder seguir colaborando para su fortalecimiento».

Así, el plan se compone de varias líneas de actuación como las «relativas a las campañas y a las tareas de sensibilización en materia de corresponsabilidad y también a los estudios y trabajos para abordar esa transformación del sistema», que «las liberaremos directamente desde el Ministerio de Igualdad.

Igualmente, la ministra ha explicado habrá líneas que «van a tener una incidencia material más directa» y se «articularán junto a las comunidades autónomas», tales como «el establecimiento de bolsas de cuidado profesional que permitan la prestación de ese cuidado», así como «el fomento y la creación de empleo» y «el reconocimiento y la dignificación de la experiencia de cuidados en el mercado informal al objeto de facilitar la transición al formal cuando sea necesario o si las mujeres así lo quieren».

ANDALUCÍA, «POPULAR, PODEROSA Y FEMINISTA»

Durante su intervención, Montero, que recordado a Julio Anguita por su contribución «a hacer de Córdoba un ejemplo de respeto, cuidado y de orgullo de los servicios públicos y de protección de lo común como garantía humana», ha remarcado que «en Andalucía se está construyendo con enorme fuerza una alternativa popular, poderosa y feminista frente a quienes quieren que volvamos al pasado llenando esta tierra de luz de viejos fantasmas».

«Las mujeres andaluzas habéis salido a defender a las calles con la misma valentía que Ana Orantes rompió su silencio y con la misma solidaridad con la que ofrecisteis vuestra casa Juana Rivas», ha expresado la Ministra de Igualdad, quien ha añadido que «España se parece mucho más a esas mujeres que a los señoritos que creen que hasta nuestra libertad les pertenece».

«TRANSFORMACIÓN SOCIAL»

Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha indicado que «las instituciones públicas deben dar un paso adelante en la implementación de políticas en materia de igualdad para conseguir la transformación social que nos lleve hasta el equilibrio entre hombres y mujeres», pues, «pese a que hemos avanzado mucho, aún nos queda mucho camino»

«Este Plan Corresponsables es un ejemplo de decisiones políticas y valientes, una apuesta decidida del Gobierno de España por la conciliación, la igualdad de oportunidades y por el desarrollo profesional de manera igualitaria», ha continuado Ruiz.

«COMPROMISO INELUDIBLE»

El presidente provincial ha explicado, además, que «esta institución provincial viene trabajando en el compromiso ineludible de afianzar las políticas de igualdad, y lo hacemos no solo aplicando iniciativas transversales, sino también dedicando recursos de manera directa, porque esa es la mayor muestra de compromiso de una institución».

Ruiz ha especificado que «dichos recursos van encaminados a la formación y el acceso al mercado laboral, pero también a la puesta en valor y el apoyo del trabajo asociativo que lucha por la igualdad».»Así, desde 2015, las partidas destinadas a la igualdad han experimentado un incremento superior al 30%, ejemplificando un compromiso de este gobierno provincial con esta materia».

«RESPONSABILIDAD DEL PODER PÚBLICO»

Por último, la delegada de Igualdad de la institución provincial, Alba Doblas, ha resaltado que «se trata de una iniciativa que pone el acento en la necesidad de distribuir tiempos y espacios, no solo en el ámbito doméstico, sino en toda la sociedad, y por supuesto como responsabilidad del poder público».

«Superar las diferentes brechas que hoy existen y que se han visibilizado aún más en esta pandemia, supondrá la transformación precisa para lograr la conciliación en un momento en el que las fronteras entre trabajo externo e interno están desdibujadas», ha apuntillado Doblas.

La también vicepresidenta tercera de la institución provincial ha continuado señalando que «requerimos, demandamos y luchamos por una respuesta social de los poderes públicos que nos permita la independencia económica necesaria para romper las cadenas estructurales existentes». Así, ha insistido en que «por todo ello, creemos en políticas semilla que generen políticas útiles para las mujeres en su día a día, en una sociedad en la que el 80% de las familias monoparentales son monomarentales».

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS

El acto, al que también ha asistido la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, entre otras autoridades, ha contado con la presencia de representantes de asociaciones y colectivos de mujeres de la provincia, tales como Ceres Córdoba, La Yedra, Mujeres Gitanas Kamira, Comunidad Gitana, FEPC, la Asociación de Mujeres Hera, la Asociación Feminista de Montilla, Asociación de Mujeres Ventana Abierta, CIC Bata y Cruz Roja.

A ellas, se han sumado representantes de la Plataforma Cordobesa, Vocalía de Mujer Cañero, Vocalía de Mujer de Fátima, Marianne, Vocalía de Mujer de Valdeolleros, Yerbabuena, el Consejo Distrito Sur, Guadalquivir Campo de la Verdad y Nubia.

El acto, retransmitido en directo, puede volver a visionarse en ‘https://youtu.be/17_SNZTbuBc’.

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha asegurado este jueves que la crisis del partido está cerrada, pero cree que habrá un goteo de marchas de la formación para dar la imagen de que continúa: «Esta crisis ya la cerramos, pero quieren dar el efecto de que es más duradera de lo que es, precisamente con este goteo».

«El hecho de que se vaya gente del partido se corresponde a un plan preconcebido y ejecutado con la intención de dar la sensación de una fuga masiva, cuando al final van a ser pocas personas», entre 15 y 30, ha dicho Carrizosa en declaraciones a los medios en una visita a Badia del Vallès (Barcelona).

«Ya sabíamos que hay personas que quieren dejarse comprar, quieren irse del partido y lo harán en un goteo progresivo», ha remarcado Carrizosa, que ha acusado al PP de promover estos movimientos en lo que ha descrito como una guerra por el espacio político, ya que considera que el PP pierde espacio a la derecha por Vox y que lo quiere restar a su izquierda a través de Cs.

Vincula la situación a «ataques externos de otros partidos para dar una sensación de crisis en Cs, y responde a una crisis del espacio político del PP», y ha recordado que dos de los tres diputados que ha logrado el PP en el Parlament no son de este partido –Lorena Roldán lideraba Cs en Catalunya y Eva Parera viene del grupo municipal del exprimer ministro francés Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona–.

Sobre las elecciones en la Comunidad de Madrid, ha dicho que son «un espejo de lo que es la política nacional, que está absolutamente polarizada», con un PP que puede pactar con Vox o un PSOE que puede hacerlo con Podemos, según Carrizosa, que pide que Cs tenga la llave de la gobernabilidad para evitar extremos.

POSIBLE CAMBIO DE SEDE

Preguntado por los medios, ha negado que el resultado de las elecciones catalanas y la pérdida de 30 diputados lleve a Cs a tener problemas económicos y a cambiar de sede, pero ha explicado que se plantean trasladarse porque tanto la sala de reuniones como la de prensa se ubican en sótanos, que no permiten una ventilación adecuada por la pandemia de coronavirus.

«Hace tiempo que esta sede tenía esta pega, pero ahora, en tiempos de Covid, quizá es el momento de valorar encontrar un lugar más adecuado, pero no creo que ahorremos dinero, porque lo que pagamos ya es ajustado», ha dicho, tras asegurar que las subvenciones que corresponden a Cs y las cuotas de los afiliados les garantizan recursos suficientes.

PRIMERA INICIATIVA EN EL PARLAMENT

Carrizosa ha acusado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de utilizar recursos comunicativos de la Cámara para dar publicidad a sus ideas políticas: «Tiene que representar a todos los catalanes, y no sólo al señor Puigdemont y a ella misma», ha dicho después de que Borràs haya visitado a encarcelados por el 1-O en la cárcel de Lledoners (Barcelona).

Ha criticado que Borràs plantee modificar el artículo del reglamento del Parlament que prevé la suspensión de derechos de diputados con juicio oral por delitos vinculados a la corrupción, y ha avanzado que la primera iniciativa de su grupo parlamentario será registrar una propuesta de resolución contra esta modificación.

Lo ha explicado durante una visita a Badia del Vallès, en la que ha pedido recursos al Govern para promover la retirada de amianto de barrios de esta ciudad, en la que ha criticado que faltan equipamientos como residencias de ancianos: «En vez de gastarnos el dinero poniendo satélites en el espacio con la NASA catalana», deberían invertirse en ámbitos como estos, según él.

El aún vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, se ha mostrado «orgulloso» por haber impulsado el Plan de Choque en Dependencia, firmado este jueves con sindicatos y patronales, porque «viene a reparar una injusticia». En concreto, ha destacado que «reforzará la atención a los dependientes y mejorará las condiciones laborales terribles que padecen buena parte de los profesionales, casi todas, mujeres».

«Hace poco más de un año, pocos imaginaban los ministerios donde gobierna Unidas Podemos fueran capaces de llegar a acuerdos entre sindicatos y patronales, eso se ha normalizado. Este acuerdo es una magnífica noticia para toda la sociedad. Este plan viene reparar una injusticia y da la vuelta a una manera de gestionar la crisis que hizo mucho daño a nuestra patria», ha indicado Iglesias este jueves tras la firma del acuerdo.

Según ha subrayado, la ley de dependencia «supuso un hito» y hoy «más de un millón de personas se benefician de las prestaciones» pero ha puntualizado que «su desarrollo partir de 2012 sufrió las consecuencias gravísimas de los recortes de la administración general que dejó de apostar más de 400 millones cada año a financiar estas prestaciones».

Asimismo, ha dicho que «se recortó el número de horas de atención, las cuantías, la compatibilidad entre servicios» y ha indicado que esto tuvo «graves consecuencias en la calidad de la atención y en las listas de espera en las que hay 230.000 personas».

Además, ha destacado que «aquellos recortes trajeron consigo una precarización escandalosa de las condiciones de trabajo de los profesionales del sistema de atención a la dependencia, casi todas, mujeres».

Del Plan de Choque, Iglesias ha puesto de relieve el incremento en 600 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, con el compromiso de aumentos similares en los próximos años 2022 y 2023. «Queremos revertir en un solo presupuesto los recortes», ha enfatizado.

A su juicio, esto es una «demostración clara de cómo pueden reforzarse los servicios públicos» cuando el país se enfrenta «a una crisis sanitaria pero también económica y social por la pandemia de la Covid».

Igualmente, ha puesto de relieve el hecho de haber logrado este plan con los gobiernos autonómicos de distinto signo político lo que, a su parecer, «revela el gran consenso que hay para reforzar lo público y dejar atrás políticas de recortes».

«Desde la vicepresidencia social estamos muy orgullosos de haberlo impulsado. Este consenso es la segunda de las razones por las que este acuerdo es una gran noticia para la sociedad», ha destacado, poniendo en valor las aportaciones «sustanciales» de los interlocutores sociales para mejorar el texto, y el trabajo realizado por el secretario de Estado de Derechos Sociales Nacho Álvarez.

A él y a la que será nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, les ha dado las gracias por su «excelente labor en este año tan duro», y ha asegurado que seguirán trabajando para cumplir los compromisos adquiridos.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha reivindicado la fortaleza de España como país y ha asegurado que se está preparando para que los millones de personas que cada año lo visitan puedan regresar de forma segura este verano.

La ministra ha sido la encargada de clausurar la presentación en el Teatro Real de la segunda entrega de ‘Spain for sure’ (‘España por supuesto), la campaña con la que el Gobierno busca promocionar a España a nivel internacional y que ofrece «un mensaje de positividad».

España es un país «abierto, diverso y solidario», ha reivindicado, defendiendo que «tenemos que sentirnos orgullosos y reivindicarlo», además de ser un país que «se toma en serio la igualdad entre el hombre y la mujer». «Nuestro país es fuerte porque los pilares sobre los que asienta son sólidos», ha sostenido.

Este es el país, ha añadido, que «queremos que pronto vuelvan a visitar» los millones de turistas que lo hacen cada año. Para ello, ha asegurado, «nos estamos preparando» vacunando a la población y preparando un certificado de vacunación que «nos permita volver a movernos con seguridad y de manera ordenada».

España se está preparando con el «horizonte» en mente del verano. «Queremos que vuelvan a visitarnos esos millones de personas», ha agregado, insistiendo en que tenemos «un gran país al que todo el resto del mundo tiene ganas de volver».

SPAIN FOR SURE

En esta ocasión, en lugar de apostar por personalidades españolas como en la primera edición lanzada el pasado junio, para ‘Spain for sure’ se ha contado con siete extranjeros que han elegido España como su lugar de residencia y que han desarrollado aquí su trayectoria en distintos ámbitos como el deportivo, el cultural, el empresarial o el científico.

La campaña de imagen y reputación, como la anterior, es obra de la Secretaría de Estado de España Global, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, con el apoyo de la CEOE, la Cámara de Comercio y el Foro de Marcas Renombradas, a los que se ha sumado la Asociación de Multinacionales por la Marca España.

En la elección de los participantes se ha buscado que sean perfiles diversos, de distintas nacionalidades y que sirvan para reflejar y promocionar fortalezas y virtudes concretas de España que se quiere hacer valer a nivel internacional.

Los protagonistas son el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, en representación de la grandeza del deporte español; el violinista libanés Malikian, como ejemplo de la cultura pero también de la diversidad y la multiculturalidad de España; el presidente de SEAT, el británico Wayne Griffiths, en representación de las multinacionales españolas; el danés Peter Sisseck, fundador de las bodegas Pingus, como representante de las pymes y de la gastronomía.

También participan en la campaña la física italiana Caterina Biscari, directora del Sincotrón ALBA, para ilustrar la vanguardia de la ciencia española; la cantante cubana Lucrecia, como ejemplo de la cultura y la solidaridad; y la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, en representación de la apuesta de España por la diplomacia y el multilateralismo.

LA IMAGEN ES EXCELENTE

El secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, ha sostenido que «la imagen de España es excelente y estable», como lo demuestran los numerosos estudios que se realizan en este ámbito y «apenas ha registrado cambios en los últimos doce meses» por mucho que haya servido de «arma arrojadiza» en la escena política nacional y que los españoles la valoren por debajo de lo que se hace fuera.

Muñiz ha puesto en valor la colaboración público-privada que hace posible esta campaña. Así, está previsto que los vídeos sean difundidos en redes sociales tanto desde el Gobierno como desde el resto de entes colaboradores y sus miembros, lo que tendrá un alcance mundial habida cuenta de la presencia de embajadas y consulados en todo el mundo y también de las empresas españolas.

Además, la campaña contará con el apoyo de RTVE, AENA, Adif e Iberia, que ayudarán a su difusión en estaciones, aeropuertos y nodos de transporte así como en los vuelos internacionales, así como de La Liga.

En el acto han participado Lucrecia, que ha puesto en valor que los españoles son solidarios y acogedores, así como Grynspan, que ha resaltado el «compromiso decidido» de España con América Latina y que sirve de «puente» entre los dos lados del Atlántico.

Por su parte, Biscari ha destacado los avances que ha hecho el país en el plano científico y ha aprovechado para apelar a invertir más en investigación con la llegada prevista de los fondos europeos. Hay que invertir «para volver a relanzar la investigación en España y para dar futuro a los científicos, ingenierios, al talento que hay entre jóvenes y que no debemos que permitir que se vaya», ha sostenido.

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido al PSOE de que no cumplir el acuerdo de gobierno para regular el precio del alquiler es «faltar el respeto a los ciudadanos» y ha subrayado que, precisamente, un «gobierno de izquierdas» es el que asume los compromisos pactados ante la sociedad.

«Un gobierno es de izquierdas cuando cumple los compromisos firmados», ha apostillado durante su intervención en la firma del acuerdo de la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia, en la que han participado representantes de COO, UGT, CEOE y Cepyme.

Con ello, hacía referencia a la situación de la negociación sobre la nueva Ley de Vivienda y las discrepancias que existen entre ambos socios de coalición sobre cómo encarar la regulación del alquiler.

Unidas Podemos rechaza la propuesta de incentivos planteada por el PSOE dado que supone incumplir el compromiso de controlar el precio del alquiler y no entraña obligaciones a grandes propietarios. Por ello, los morados llegaron a acusar a los socialistas de «sucumbir» a las presiones de la patronal inmobiliaria y desplegar un modelo «antisocial».

Por su parte, las ministras de Economía y Hacienda, Nadia Calviño y María Jesús Montero, respectivamente, han defendido el sistema diseñado por el titular de Transportes, José Luis Ábalos.

IGLESIAS: SOY «CRISTALINO», EL ACUERDO DEBE CUMPLIRSE

Ante esta nueva tensión generada en el seno de la coalición, Iglesias ha querido ser «cristalino» sobre este asunto para manifestar que el acuerdo de gobierno «está para cumplirse», pues lo contrario es «faltar el respeto» a los ciudadanos y él no lo va a consentir.

También ha asegurado que esa lealtad al acuerdo para regular el precio del alquiler es una «necesidad» porque es «indecente» que haya familias españoles tengan que soportar el tener que destinar hasta el 60% o el 70% de sus ingresos para poder vivir de alquiler.

«La libertad en una sociedad democrática no es libertad de imponer unos alquileres a precios abusivos. No hay libertad si una familia no puede acceder a una vivienda digna, y decir esto es cerrar filas con un principio constitucional», ha zanjado Iglesias para enfatizar que la vivienda «no es solo un bien de mercado, es un derecho». «Y lo que se firma, se cumple».

La comisaria de Salud, Stella Kyriakides, ha pedido este jueves a las autoridades locales y regionales que aprovechen su cercanía con los ciudadanos para «animarles» a vacunarse contra el coronavirus y explicarles que todas las vacunas disponibles en la Unión Europea son seguras porque de lo contrario no habrían sido autorizadas por la Agencia Europa del Medicamento (EMA).

«Necesitamos su apoyo para combatir las reticencias a la vacunación. La EMA nunca ha rebajado el nivel de seguridad y por eso, ustedes, que están más cerca de los ciudadanos, pueden animarles para que fueran vacunados», ha indicado Kyriakides en un debate con el pleno del Comité de las Regiones de la UE, órgano consultivo de las instituciones europeas.

La comisaria ha dicho ser consciente de la situación «extremadamente difícil» que atraviesan muchos ciudadanos europeos en su día a día por el impacto de la pandemia en sus vidas y trabajos, por lo que ha subrayado el compromiso del Ejecutivo del que es parte por apoyar a los Estados miembro y a sus ciudadanos en esta crisis.

Kyriakides ha reconocido los problemas de producción y suministro que se han dado con los distintos laboratorios que producen alguna de las vacunas con las que los Veintisiete han negociado compras conjuntas, pero ha defendido que esta estrategia ha sido la «correcta» pese a los problemas, porque ha permitido asegurar que todos los socios de la UE han recibido lotes de vacunas.

Las mayores tensiones se han dado con la farmacéutica AstraZeneca por sus reiterados incumplimientos en el reparto de dosis contratadas y también por las dudas de algunos Estados miembros que han llegado a suspender su inoculación hasta conocer una nueva evaluación de la agencia europea del medicamento este mismo jueves.

La comisaria chipriota ha reconocido, sin embargo, que las dudas en parte de la población afecta a todas las vacunas y ha insistido en que todas las vacunas disponibles en la Unión Europea han sido autorizadas por la EMA tras evaluar su seguridad y eficacia, por lo que no debe haber temor a suministrarlas.

Con todo, la comisaria ha querido subrayar que es la primera vez en que se afronta una campaña de vacunación tan vasta, a escala europea, por lo que es lógico que durante el proceso se den imprevistos y dificultades.

Por eso, ha reiterado que la compra conjunta fue la manera correcta porque consiguió que todos los Estados miembro tuvieran acceso a la vacuna al mismo tiempo, una idea que comparte el presidente del CdR, Apostolos Tzirzikostos, quien ha opinado que de lo contrario se hubiera dado una «guerra de vacunas» entre los socios de la UE.

Tzitzikostas, que no ha omitido que ha habido «graves errores» durante el despliegue de la campaña, también ha ofrecido el apoyo de las regiones y municipios para acelerar una vacunación que está teniendo un despliegue desigual en los Estados miembro.

«Podemos ayudar a las autoridades y a la UE a afrontar esta crisis sin precedentes. Sepan que somos sus aliados en estos esfuerzos», ha remachado el político griego.

El líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha anunciado este jueves que su partido ha presentado un escrito de reconsideración a la Mesa del Parlament para permitir la asistencia como oyentes a las formaciones sin representación en el órgano, y ha afeado a la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, haber tomado una «medida sectaria que rompe la tradición que se lleva haciendo desde hace años».

Lo ha dicho en declaraciones a los medios después de que Vox haya resgistrado el escrito, y que pide que la «totalidad de los grupos parlamentarios sin representación en la Mesa del Parlament puedan participar en las reuniones de la misma, en calidad de oyentes y con derecho a tomar la palabra».

En las dos últimas legislaturas, las formaciones sin representación en la Mesa podían asistir a las reuniones de este órgano con derecho a voz y no a voto, pero en la primera reunión de la Mesa liderada por Borràs se decidió que en este mandato no se permitirá, por lo que la participación de Vox, comuns, Cs y el PP se limitará a la Junta de Portavoces.

El escrito exige que, en caso de que se desestime la petición, se les «proporcione una explícita y adecuada justificación de los motivos por los cuales se ha adoptado el cambio de criterio respecto a lo acordado y habitual en las dos legislaturas previas».

Garriga ha criticado que con esta medida «no solo se tiene la voluntad de silenciar a un partido», en referencia a Vox, sino a millones de catalanes que quieren ver cómo se escucha en el Parlament sus problemas cotidianos, ha dicho textualmente.

«Con este escrito solicitamos la reconsideración y una vez más denunciamos este sectarismo y profundas convicciones antidemocráticas que rompen la neutralidad del Parlament y desprecian a cientos y millones de catalanes», ha incidido.

BORRÀS EN LLEDONERS

Además, Garriga ha criticado a Borràs por haber visitado este jueves a los presos independentistas a la cárcel de Lledoners (Barcelona): «No vamos a permitir que sigan adelante con su sectarismo y sus tropelías».

«Vamos a luchar por que los que han votado a Vox se sientan representados en las instituciones» y ha avisado que, ante el primer atisbo que vean de ilegalidad, se presentarán ante los tribunales.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha destacado este jueves que la suspensión de las Fallas como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 supone no celebrar ningún acto fallero y ha indicado así que no se deben realizar eventos de este tipo. «Ya se dijo, no estamos para fiestas. La suspensión de las fiestas –falleras– determina que no se deben organizar estos actos», ha afirmado.

Oltra se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntada por si el Gobierno valenciano considera conveniente la suspensión de los actos falleros programados en algunos municipios como ofrendas o castillos de fuegos artificiales teniendo en cuenta que no se celebran Fallas por la Covid-19 y que se sigue estando en pandemia.

La responsable autonómica ha agregado que para cumplir esa premisa de no celebrar este tipo de acontecimientos está ayudando esta jornada la lluvia, que tiene efecto disuasor. «Parece que tenemos como aliado al tiempo en este momento como efecto disuasorio de la posible celebración de cualquier acto que suponga aglomeración de personas y que suponga poner la salud y la vida en riesgo», ha expuesto en este sentido.

Asimismo, preguntada por si la menor incidencia de la Covid-19 que registra en la actualidad la Comunitat Valenciana puede generar una sensación de tranquilidad o confianza incierta entre la población, Mónica Oltra ha subrayado que no debe darse esa confianza porque se está ante un virus «muy traicionero».

«Que tengamos la incidencia más baja de España no nos tiene que llevar a confiarnos. Este virus es muy traicionero. Hoy tenemos la incidencia más baja de España pero hace dos meses teníamos la más alta», ha respondido, a la vez que ha resaltado que esto «no se nos puede olvidar».

A este respecto, ha agregado que se tiene que recordar que hace dos meses en la Comunitat Valenciana había «más de cien personas muertas al día», una cifra que equivalente a «dos autobuses» de pasajeros, y un índice de contagios por encima de 1.400 personas por 100.000 habitantes.

«Este virus baja pero cuando decide escalar, escala a una velocidad enorme y con una pérdida de vidas y de salud asociada con un impacto de mucho dolor en muchas familias», ha insistido la vicepresidenta, que ha precisado que «son nuestros comportamientos los que determinarán que sigamos en una incidencia baja, que avance el proceso de vacunación y que podamos avanzar hacia el horizonte deseable de conseguir la inmunidad de rebaño».

Mónica Oltra ha declarado, en consecuencia, que no puede haber «ningún exceso de confianza» y ha asegurado que las fiestas se harán «cuando podamos». «Todos tenemos ganas», ha aseverado.

QUE NO FALTE NADIE»

La portavoz del Consell ha destacado que este jueves es 18 de marzo, uno de los días destacados de la fiesta fallera, y ha preguntado «quién nos iba a decir» que nos encontraríamos en esta situación de pandemia y con las Fallas suspendidas «hace dos años».

«Es la situación en la que estamos. Tenemos que seguir con la disciplina y en el camino para salir todos y todas de esta situación» sin que «falte nadie», ha expuesto Oltra, que ha precisado que «ese es el objetivo: que no falte nadie.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado este jueves que hay «espacio para converger» con Unidas Podemos en el proyecto de la ley de la vivienda y la regulación de los alquileres ya que no está «culminado y seguimos discutiendo» al tiempo que ha señalado que no da «por liquidadas» las negociaciones.

En esta línea, Ábalos ha remarcado que no se trata «solo de cumplir acuerdos» sino también «de llegar a acuerdos con el socio de gobierno».

«Compartimos objetivo, pero cuestión distinta es que podamos discrepar en los instrumentos, por lo que no hemos acabado ni estamos ante un debate cerrado», ha trasladado para añadir que el PSOE «estamos en conseguir una forma de bajar los precios pero sin desanimar la oferta».

A preguntas de los periodistas en Almería, ha indicado que siempre «hemos tenido voluntad» de «cumplir el acuerdo de gobierno que hablaba de influir en el los precios de los alquileres en las zonas tensionadas» pero ha defendido que, a su juicio, se trata de «distribuir los beneficios, de equilibrar cuestiones, y no de someter a nadie».

«Yo sé que es una política muy socialdemócrata pero uno es así y hay que equilibrar para poder atender los intereses generales», ha señalado después de que desde Unidas Podemos han cuestionado la propuesta socialista que pasa por aumentar el nivel de desgravaciones fiscales en el IRPF a los propietarios, hasta un 90%, para formalizar un nuevo contrato con menor renta y no fija un tope a los precios de alquiler.

El ministro ha lamentado que se esté «simplificando» o que las medidas propuestas «no estén teniendo la comprensión o difusión adecuada» y ha remarcado que se trata de «beneficios sociales sobre las rentas, no de impuestos de sociedades o fondos de inversión. «Estamos hablando de personas que también hay que sumar», ha dicho en alusión a los propietarios arrendadores.

En esta línea, ha explicado que las deducciones fiscales «hoy en día ya existen» y que lo que se persigue es que «estos beneficios fiscales sean más progresivos, no generalizarlos». «Se trata de mejorarlos progresivamente en función del compromiso que se adquiera con precios asequibles al alquiler».

«NO DOY POR LIQUIDADAS LAS NEGOCIACIONES»

Ábalos ha detallado que en la propuesta que critican desde Unidas Podemos «no sólo» se recogen incentivos fiscales, sino que también prevé que «determinados contratos que no finalizan no puedan aumentar precio, o limitaciones a los precios de los nuevos contratos».

«El proyecto no son solo cuestiones fiscales; se está simplificando mucho porque hay medidas más allá», ha reivindicado para insistir en que «hay espacio para converger» porque, según ha dicho, «estamos planteando medidas a la vanguardia de Europa y de lo más progresista.

El ministro ha concluido asegurando que él «no da por liquidadas» las conversaciones con el socio en el gobierno de coalición «y pienso que ellos tampoco las darán por liquidadas porque creo en la mejor voluntad por su parte».

«Seguimos discutiendo, no hay un proyecto culminado y tenemos pendientes más reuniones para intentar llegar a acuerdos. Tenemos el mismo objetivo y el mismo compromiso de poner fin a la escalada especulativa y al abuso en el alquiler aunque podamos discrepar en el cómo», ha finalizado.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por las defensas del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y los ex consejeros huidos junto a él en Bélgica Clara Ponsatí y Antoni Puig contra la decisión adoptada en su día por el instructor del ‘procés’ Pablo Llarena, ratificada posteriormente por la Sala de lo Penal del Supremo, de mantener las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictadas contra ellos tras su elección como eurodiputados. No obstante, y hasta que se establezca doctrina sobre este asunto, rechaza dejarlas en suspenso.

El Tribunal aprecia que en el recurso concurre una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal. Añade que el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica.

En una providencia notificada este jueves, el TC acuerda que se dirija atenta comunicación a la Sala Penal del Tribunal Supremo para que remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos anteriormente citados.

En relación con la suspensión solicitada, el tribunal de garantías no considera justificada su adopción sin escuchar al resto de partes, que es lo que se solicitaba como medida «cautelarísima», todo ello a la vista de los derechos fundamentales cuya vulneración alegan los demandantes, así como la naturaleza cautelar de la resolución judicial impugnada y los intereses constitucionalmente relevantes que sedirige a tutelar.

En consecuencia, acuerda formar pieza separada de suspensión y dartraslado al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que efectúen o, en su caso, amplíen alegaciones respecto a dicha petición cautelar. De la sentencia que en su día se dicte será ponente el Magistrado Cándido Conde-Pumpido.

La petición por parte de Puigdemont y Comín, argumentada por el abogado Gonzalo Boye, calificaba la decisión de Llarena de «manifiestamente arbitraria» y se presentó en contra de la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, que confirmó el criterio inicial del instructor.

PRESUNTOS DERECHOS VULNERADOS

Para la defensa de Puigdemont y el resto de cargos en Bélgica, la postura adoptada por el Supremo y posteriormente confirmada por el Tribunal Constitucional es contraria a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que reconoció la inmunidad del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras desde que fue proclamado eurodiputado el 13 de junio de 2019 y que podría tener incidencia en sus clientes.

Debido a la decisión adoptada en su día el expresidente de la Generalitat y el exconseller no pudieron comparecer ante la Junta Electoral Central para realizar los trámites necesarios y recoger sus actas de diputados. Así, el 20 de junio de 2019, el órgano supervisor de los procesos electorales dictó sendos acuerdos en los que decidió no tener por efectuada la promesa o juramento y declarar vacantes los escaños correspondientes a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Antoni Comí.,

Y es que, según la defensa, «más de un millón de ciudadanos de la Unión Europea que votaron la lista de la coalición Lliures per Europa (Junts) en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo vieron como su voto no es respetado por el orden jurisdiccional penal al no respetar ni la elección de los diputados que han escogido ni su correspondiente inmunidad.

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Castaño, ha ratificado este jueves que los doce procuradores que se sientan en las Cortes de Castilla y León están «unidos» y ha vuelto a confirmar que votarán en contra de la moción de censura que ha presentado el Grupo Socialista, con su portavoz, Luis Tudanca, como candidato al que ha recomendado que el lunes «deberá ponerse frente al espejo» y explicar el resultado de una moción que previsiblemente fracasará.

«Dijeron que negociarían con Ciudadanos de forma honesta, honrada y directa y veo en los medios de comunicación que da la impresión de que están intentando comprar a gente de mi grupo», ha reprochado Castaño a modo de «recado» ante el «relato» que, a su juicio, están trasladando los socialistas estos días ya que, según asegura, él no tiene datos sobre un asunto «indecente y de baja moralidad».

«En mi grupo parlamentario no hay fisuras. Nadie se va a vender, pongo la mano en el fuego por cada uno de ellos», ha sentenciado el portavoz que ha ironizado sobre las «suspicacias» para añadir que el grupo está tranquilo y que mantiene contactos diarios con todos.

Castaño se ha confesado «muy ofendido» tras haber sido diana de las lecciones de moralidad del PSOE y de las referencias al «pacto de la rapiña» y de no hacer lo que los ciudadanos dijeron que tenían que hacer cuando, al parecer ahora, los socialistas pretenden que algunos procuradores de Ciudadanos rompan la disciplina de voto y apoyen la moción de censura. «¿Eran impostadas? ¿Se trata de eso, de llegar a la presidencia de cualquier manera?», ha sentenciado un Castaño «ofendido» por los intentos del PSOE contra el honor de los procuradores de Cs.

«Hasta aquí nos ha llevado el señor Tudanca. A hablar, a discutir y a votar aquello que no ha superado. Que no consiguió la confianza de los procuradores de la Cámara para ser presidente», ha sentenciado el portavoz de Ciudadanos que ha recordado que el partido más votado puede no tener la mayoría. «Lo inventaron ellos, porque el señor presidente del Gobierno en su momento lo fue sin ser la lista más votada», ha ironizado que ha acusado al PSOE de estar hablando en clave interna para los suyos y de cara a los congresos.

Sobre el cambio de postura de los tres diputados de Ciudadanos en Murcia que determinó el fracaso de la moción en esa comunidad tras conseguir puesto como consejeros, ha aseverado que no le parece bien sea cual sea las siglas y ha sentenciado: «Desde mi punto de vista es corrupción».

«Mal por el PP y mal por mis excompañeros de Cs que han elegido ese camino», ha añadido para recomendar al exsecretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, que se ha pasado al PP que también se ponga frente al espejo por la mañana «a ver lo que ve».

Dicho esto, ha aclarado que Murcia no se parece a Castilla y León y ha reivindicado una vez más que el pacto de gobernabilidad firmado entre PP y Ciudadanos se está cumpliendo y asegurado que con las personas con las que trabaja en esta Comunidad Autónoma, procuradores y consejeros de la Junta, «no hay ningún imputado» y son todos igual de honrados, como el propio proyecto.

«Los pobres sólo tenemos la palabra y su la perdemos no tenemos nada», ha defendido para insistir en que Ciudadanos en Castilla y León cumplirá lo pactado con el PP «pase lo que pase en Madrid y pase lo que pase en Murcia» sin descartar, no obstante, una «segunda hoja de ruta» ya que la primera no incluida el COVID. «Si es bueno para la Comunidad por qué no lo vamos a firmar», ha añadido.

No obstante, ha restado importancia a incluir un pacto antitransfuguismo como en Andalucía desde el convencimiento de que «no sirven» porque lo que sirve es la palabra.

Castaño ha admitido en clave interna que su partido no está atravesando un buen momento y ha defendido la labor de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en la «reflexión profunda» que están realizando los liberales «con toda la humildad» porque también se confunden. «Yo tengo muy claro lo que voy a hacer yo. Yo seguiré en Ciudadanos», ha concluido.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha firmado el relevo del general jefe de la Guardia Civil en Cataluña, Pedro Garrido Roca, al pasar a la situación de reserva. Este mando cobró notoriedad por sus discursos en defensa de las actuaciones policiales y judiciales contra el referéndum independentista del 1-O y contra los actos violentos organizados por los Comités de Defensa de la República (CDR).

El relevo consta en una Orden del Ministerio del Interior firmada por Grande-Marlaska con fecha de 10 de marzo, antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que se enmarca el cese del general de Brigada jefe de la Séptima Zona, con efectividad de 31 de marzo de 2021, «al pasar a la situación de reserva por cumplir los cuatro de años de permanencia en el empleo».

El cese lo firma el ministro del Interior a propuesta de la directora general del instituto armado, María Gámez, y con la conformidad del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, según consta en la resolución en la que se cita el artículo 79 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.

DISCURSO POR EL DÍA DE LA GUARDIA CIVIL

Dos años después del referéndum, el 9 de octubre de 2019, coincidiendo con la festividad de la Guardia Civil y días antes de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas, el general Garrido pronunció un discurso en la sede del Instituto Armado en Sant Andreu de la Barca (Barcelona) que motivó la protesta de la Generalitat de Cataluña.

Ante diversas autoridades presentes en la ceremonia, el jefe de la Guardia en Cataluña defendió el papel de sus subordinados durante el referéndum del 1-O y avisó que combatirán «sin tregua» a quienes ansíen la independencia «siguiendo de una u otra manera la senda del terror». «Lo volveremos a hacer», dijo sobre las actuaciones bajo tutela del Poder Judicial.

El jefe de la Guardia Civil en Cataluña también felicitó a los agentes por la operación en la que se detuvieron a nueve miembros de los CDR que presuntamente tenían sustancias que podían ser explosivas o incendiarias. «Enfrenta a todos a la realidad de que las pretendidas sonrisas revolucionarias se convierten, con más facilidad de la que se podría pensar o desear, en tan solo el rictus que disimula el odio y la mezquindad capaz de generar destrucción, dolor y sufrimiento bajo la justificación de la defensa de una causa que la ley no contempla», señaló.

MALESTAR EN LA GENERALITAT

Ese discurso provocó la protesta de la Generalitat, cuya Consejera de Presidencia, Meritxell Budó, remitió una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la que pedía el «cese inmediato» del jefe de la Guardia Civil en Cataluña, Pedro Garrido, por considerar que su discurso había sido una «provocación» que socavaba la relación con los Mossos.

De hecho, durante el aquel acto en el otoño de 2019, fuentes de la Consejería del Interior indicaron que los representantes de la Generalitat y de Mossos d’Esquadra se encontraban presentes en la celebración de la Benemérita se habían marchado al sentirse ofendidos, «en protesta con los discursos y especialmente las referencias» al mayor cesado Josep Lluís Trapero y la intendenta Teresa Laplana, por entonces investigados en la Audiencia Nacional.

Desde la Guardia Civil sostuvieron que la despedida de las autoridades fue cordial y una vez finalizado el acto oficial. Fuentes gubernamentales añadieron que en ningún momento en los discursos se hizo referencia explícita a Trapero y pusieron en valor la buena sintonía entre la policía catalana y las Fuerzas de Seguridad del Estado en lo referente al dispositivo conjunto que se preparaba ante las posibles protestas por la sentencia del ‘procés’.

Pedro Garrido fue nombrado a mediados de 2018 nuevo jefe de la Guardia Civil de la Séptima Zona en sustitución de Ángel Gozalo, que ostentaba el cargo desde 2012 y que fue ascendido a teniente general para incorporarse a los servicios centrales del Instituto Armado en Madrid. Con anterioridad ocupó la jefatura de la Secretaría de Cooperación Internacional, así como la de los servicios de Costas y Fronteras.

El BOE también ha publicado el nombramiento del teniente general Juan Luis Pérez Martín para el Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Dirección General de la Guardia Civil (Madrid), una decisión que se enmarca en el refuerzo de este puesto como autoridad de coordinación de las actuaciones frente a la inmigración.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con el voto en contra del PP, una primera prórroga de tres meses para que la comisión de investigación sobre la operación ‘Kitchen’ pueda continuar trabajando hasta el próximo 30 de junio. Después, si es necesario se pueden solicitar más ampliaciones.

El Congreso acordó crear esta comisión el pasado 1 de octubre con un plazo inicial de duración de tres meses. Sin embargo la comisión no se constituyó hasta el el 22 de diciembre y ese primer plazo se va a cumplir cuando recién acaban de empezar las comparecencias.

Los comisionados iniciaron los interrogatorios este miércoles con el extesorero del PP Luis Bárcenas y Miguel Ángel Bayo, el ‘cajero’ de los fondos reservados de Interior durante la etapa del supuesto espionaje en búsqueda de pruebas que implicaran a dirigentes ‘populares’ en casos de corrupción.

Este jueves recibirán a otros dos comparecientes, pero la lista de personas que, según lo acordado, tienen que pasar por la comisión asciende a 30 –el plan inicial es que se reúna una vez por semana– y luego hay que acordar las conclusiones, con lo que no se descarta que la comisión tenga que extender sus trabajos más allá del 30 de junio.

PENDIENTE DESDE HACE DOS LEGISLATURAS

Asimismo, el Pleno ha acordado dar otros tres meses de margen a la comisión que investiga el accidente en 2008 del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Madrid Barajas, en el que murieron 154 personas y 18 resultados heridas.

En este caso, el Pleno acordó retomar esa investigación el pasado mes de abril, en pleno estado de alarma por la primera ola de la pandemia, pero la comisión no se constituyó hasta el 22 de diciembre, el mismo día que la de la ‘Kitchen’

Esta investigación parlamentaria arrancó hace dos legislaturas pero se vio interrumpida por las sucesivas convocatorias electorales de 2019. De momento, sólo han comparecido ante la misma dos personas y se ha acordado citar a otras dos. El plan es que sus conclusiones se presenten por fin en abril y que no agoten el nuevo plazo que les permite trabajar hasta el 30 de junio.

HAY QUE CONSTITUIR UNA TERCERA

Por otra parte, el Congreso tiene pendiente la constitución de otra comisión de investigación, ésta relativa a las posibles irregularidades en la gestión de las vacunas contra el coronavirus y que también pretende funcionar como órgano independiente de seguimiento del plan de vacunación que España comenzó a aplicar a finales de 2020.

La apertura de esta investigación, impulsada por Más País-Equo y Compromís, fue acordada por el Pleno el pasado 11 de marzo con la abstención de Vox y el PNV. Ahora los grupos deben buscar un acuerdo sobre la personas que la presidirá y quienes le acompañarán como miembros de su mesa.

La idea es que durante el presente periodo de sesiones –que culmina el 30 de junio– se investiguen «las irregularidades, los fallos y los retrasos en la gestión de las vacunas» así como el plan de vacunación en España. Ese plazo, no obstante, también puede ser ampliado si así lo acuerdan los grupos parlamentarios.

El Tribunal Supremo ha denegado la suspensión cautelarísima solicitada por el grupo parlamentario de Vox y por su portavoz, Rocio Monasterio, del Decreto 22/2021, de 12 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que establece el cierre perimetral de la comunidad autónoma durante el Puente de San José y Semana Santa.

El Decreto establecía las restricciones de movilidad para los madrileños en los términos aprobados para todas las comunidades, excepto Baleares y Canarias, por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 10 de marzo dentro de las medidas frente al Covid.

Tras presentar el recurso, Monasterio afirmó en su cuenta de Twitter que «había que actuar de inmediato». «España no puede detenerse», aseveró ayer la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio.

En un auto, el tribunal no aprecia las razones de especial urgencia pretendidas por Vox para que se acuerde la suspensión sin escuchar antes las razones de la Comunidad de Madrid y a la Abogacía del Estado, sobre todo teniendo en cuenta que el Decreto impugnado se publicó el 13 de marzo y el recurso de Vox no se ha interpuesto hasta el día 17.

«No es congruente esa demora con la pretensión de que resolvamos ‘inaudita parte’ (sin escuchar alegaciones de otras partes)», señala la resolución del Alto Tribunal.

Además, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala III de lo Contencioso Administrativo, que han resuelto la petición, señalan que Vox no ha ofrecido «razones concretas que exijan una decisión inmediata de la Sala pues sus alegaciones son de carácter general y se encaminan a afirmar la nulidad que predican de las medidas, y, por tanto, del Decreto que las aplica, pero no explican qué situaciones irreversibles se producirían sin la suspensión reclamada».

Tras desestimar la suspensión cautelarísima, el tribunal acuerda tramitar el incidente como medida cautelar ordinaria, pero sin agotar el plazo máximo de 10 días que permitiría la Ley para la presentación de alegaciones por la Comunidad de Madrid y la Abogacía del Estado, plazo que se limita hasta las 14 horas del martes 23 de marzo.

El motivo es resolver antes de la Semana Santa, ya que el momento en que se ha interpuesto el recurso de Vox no ha permitido hacerlo antes del Puente de San José.

El auto indica que hay que escuchar al letrado de la Comunidad de Madrid como autora del Decreto y al Abogado del Estado «toda vez que la controversia trae causa de las medidas dispuestas el 10 de marzo por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud».

El Supremo tiene pendiente resolver el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la orden comunicada y a su juicio «ilegal» de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que obliga al cierre perimetral de Madrid. En el caso del Gobierno regional, no se solicitaron medidas cautelárisimas al cumplir con las restricciones pese a no estar de acuerdo al no haber consenso.

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves por amplia mayoría sendas mociones de Ciudadanos y Vox, apoyadas por el PP, que buscaban reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la política de acercamientos de presos de ETA a cárceles de País Vasco o próximas a esa comunidad.

Los partidarios de reprobar a Marlaska han sumado 153 votos del PP, Vox, Cs y UPN, mientras que han sido 193 los diputados que han votado en contra de esa censura, fundamentalmente del PSOE, Unidas Podemos y las formaciones independentistas y nacionalistas.

El pasado martes, Ciudadanos sometió a debate del Pleno del Congreso un texto en el que pedía censurar estos traslados de presos de la banda terrorista y exigía al Gobierno aclarar si éstos y la intención del Gobierno de traspasar la competencia de Prisiones al País Vasco se llevan a cabo «a cambio de apoyos parlamentarios» de Bildu.

LA ÚLTIMA INICIATIVA DE CAMBRONERO

Así lo reclamó el entonces diputado de Cs Pablo Cambronero, que ahora ha pedido incorporarse al Grupo Mixto tras darse de baja en la formación naranja. Entonces, tanto el PP como UPN ya adelantaron su apoyo a la iniciativa e incluso Vox acabó acordando con él una enmienda transaccional que, sin embargo, este jueves no ha recibido los apoyos necesarios para salir adelante.

En esa enmienda, Cs y Vox planteaban que el Congreso reprobara a Marlaska por su «incapacidad e incompetencia», por su política de acercamientos y progresiones en grado y demás «privilegios» penitenciarios otorgados, «por razones políticas», a los presos de ETA y por su «permisividad» con la celebración de actos de homenaje a etarras.

Entre otras cuestiones, también le instaba a comprometerse a no acercar a ningún preso etarra que no acredite «de manera explícita e indubitada» arrepentimiento por los crímenes cometidos o que no muestre su total disposición a colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los crímenes aún pendientes de resolver.

También le emplazan a promover modificaciones legales para que estos traslados se realicen atendiendo criterios legalmente establecidos, «y no se trate de una potestad discrecional de la Secretaría General de Instituciones», y que los acuerdos de las Juntas de Tratamiento de las prisiones se sobre los traslados o progresiones de grado de los condenados se basen «en criterios técnicos y no políticos».

LA MISMA SUERTE CORRE EL TEXTO DE VOX

Un resultado similar ha cosechado la moción que Vox llevó este miércoles a debate del Pleno de la Cámara Baja y que tiene una redacción similar a la enmienda acordada con el partido de Inés Arrimadas.

En concreto, han sido 153 los votos a favor del texto de los de Santiago Abascal –los que suman el PP, Vox, Cs y UPN entre otros–, y 192 los votos en contra, entre ellos también los del PSOE y Unidas Podemos.

Además de exigir la censura de Marlaska por los acercamientos semanales de presos de ETA que autoriza cada semana, Vox también pretendía que el Congreso obligara al Gobierno a mantener la política de dispersión de presos de ETA y a prohibir todos los homenajes a etarras, ya sean fallecidos o excarcelados.

De la misma forma, proponía modificar la Ley de Víctimas para incluir multas de 200 a 150.000 euros para quienes participen en actos de enaltecimiento o justificación de delitos terroristas y sus autores, y que el Gobierno llevara a cabo «una deslegitimación del terrorismo» de ETA mediante la utilización de «un lenguaje claro y nítido que no deje la más mínima duda de una organización terrorista llamada ETA».