Pedro Sánchez quiere blindar en la Constitución las pensiones y el aborto y lo anuncia a tres semanas del 29N. Lo ha hecho en un mitin en Bilbao, con más de 2.000 simpatizantes y sin texto articulado.
El presidente del Gobierno presentó la reforma como uno de sus “compromisos solemnes” y la acompañó de dos promesas más: subirá el Salario Mínimo Interprofesional cada año si vuelve a gobernar y pedirá una “mayoría amplia y progresista” en las generales del 29 de noviembre. No se detalló borrador, calendario ni trámite: el anuncio llegó en formato de promesa electoral.
Qué significa blindar las pensiones en la Constitución
Hoy la revalorización de las pensiones conforme al IPC está en una ley —la de garantía del poder adquisitivo aprobada en 2021— y no en la Carta Magna. Meterla en la Constitución la protege de cambios futuros: sacarla de ahí exigiría una reforma constitucional, no una mayoría simple en el Congreso.
Traducido al bolsillo: el blindaje no cambia lo que cobra mañana un pensionista, porque la subida anual ya se aplica por ley. Cambia lo que puede ocurrir dentro de diez años, cuando gobierne otro partido con otras prioridades. La diferencia es la que hay entre una ley y un candado.
Con el aborto ocurre algo parecido. La interrupción del embarazo se regula por ley orgánica desde 2010 y no figura en el texto de 1978. Elevarla al rango constitucional dificultaría que un futuro Ejecutivo la recortara por la vía rápida. El detalle que casi nadie cuenta es el trámite.
Una reforma de la Constitución exige tres quintos del Congreso y del Senado, esto es, 210 diputados de los 350 del hemiciclo, según el procedimiento fijado en el texto consolidado de la Constitución. Si el cambio afecta a derechos fundamentales, el artículo 168 eleva el listón a dos tercios, obliga a disolver las Cortes y convoca un referéndum. Traducido: sin el PP no hay reforma.
El compromiso es constitucional en la forma y electoral en el calendario: tres semanas separan el anuncio de las urnas.
La respuesta del PP y el cálculo vasco
La respuesta del Partido Popular no se hizo esperar. Sus dirigentes acusan a Sánchez de utilizar las instituciones para hacer campaña y de convertir el anuncio en un acto electoral más. Es la línea que el partido mantiene desde el arranque de la precampaña.
En el Palacio Euskalduna, Sánchez mezcló selfis y aplausos con un discurso de “movilización frente a la involución”. Citó a Trump para reclamar que “lo que pase en España se decida en España” y llamó a las urnas con una referencia al papa León XIV, de origen estadounidense, y a sus mensajes sobre migración, clima e inteligencia artificial.
El acto tenía una segunda lectura, la electoral. El PSOE vasco aspira a repetir los casi 292.000 votos logrados en el País Vasco en las generales de 2023, unos 150.000 más que en las autonómicas de 2024. Patxi López, rival interno de Sánchez en 2017, fue el encargado de calentar el acto con un mensaje de fidelidad al presidente.
Dos precedentes que explican por qué no es sencillo
La Constitución se ha reformado tres veces en casi medio siglo y las dos últimas sirven de brújula. En 2011, PSOE y PP pactaron en dos semanas el artículo 135, el techo de gasto, en plena crisis de deuda. En 2024 salió adelante la reforma del artículo 49 para eliminar el término “disminuidos”. Ambas prosperaron porque había acuerdo previo entre los dos grandes partidos.
Quienes defienden el anuncio subrayan que una garantía constitucional da estabilidad a largo plazo a las pensiones y a los derechos sociales, fuera del vaivén parlamentario. Quienes lo critican responden que un compromiso sin texto ni apoyos es, por ahora, un titular de campaña. Los próximos pasos son claros: la precampaña entra en su recta final hacia el 29N y cualquier reforma de la Carta Magna obligará a negociar con el PP después de las elecciones.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Sánchez promete una reforma de la Constitución para blindar la subida de las pensiones y el aborto, y elevar el SMI cada año.
- Por qué te importa: Esas garantías dejarían de depender de una ley y del Gobierno de turno; hoy la revalorización ya se paga, pero por norma, no por Constitución.
- A quién afecta: A los pensionistas actuales y futuros y a las mujeres que podrían acogerse al derecho al aborto, además de a las cuentas públicas.
- Hacia dónde vamos: Sin acuerdo con el PP no hay tres quintos; el anuncio llega a tres semanas del 29N y sin texto escrito.
