La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha puesto cifra a la vida útil del móvil en España: cuatro años de media, la mitad que una lavadora.
El dato procede de una encuesta de la organización sobre los hábitos de reparación de los hogares. Y no es un tema baladí puesto que renovar el teléfono cuesta de media 383 euros, el precio que los consumidores pagaron por su último dispositivo. Un desembolso que, en muchos casos, se podría evitar.
La OCU añade que la sustitución rápida del aparato averiado es "una mala noticia para la sostenibilidad", y señala a la desactualización del software un factor que empuja al cambio incluso cuando el teléfono funciona.
En cualquier caso, y como decimos, es una duración de cuatro años la expectativa de uso que la OCU atribuye a los teléfonos móviles, frente a los ocho años y medio de una lavadora. La comparación entre dispositivos se hace porque ambos son aparatos de uso habitual, pero el móvil se cambia mucho antes.
Un móvil que dura cuatro años y cuesta 383 euros de media obliga a mirar la reparación como primera opción, no como último recurso
Los motivos que recoge el estudio son el uso intensivo, las caídas y el deterioro de los componentes. A ellos se suma la falta de actualizaciones, que deja fuera de juego a terminales que aún funcionan bien. En concreto, el 37 % de los móviles averiados se sustituye por uno nuevo sin intentar la reparación. Solo el 39 % de los dispositivos que fallan pasan por el taller, según la encuesta.
Sea como fuere, hay un dato que invita al optimismo: el 71 % de los españoles valora tener plataformas con información sobre mantenimiento y reparación, y el 68 % considera útil recibir ayuda para arreglar sus propios dispositivos. Por tanto, el interés por reparar los móviles existe, lo que falta es respaldo.
Reparar o comprar otro móvil: cuánto está dispuesto a pagar el consumidor
El freno principal es económico. La OCU cifra en 90 euros el máximo que un consumidor está dispuesto a pagar por una reparación durante los dos primeros años de vida del teléfono. Pasado ese tiempo, el límite baja hasta los 72 euros.
Con esas cifras sobre la mesa, muchas reparaciones quedan fuera de presupuesto. La organización maneja precios de referencia como baterías oficiales desde 35 euros y pantallas completas a partir de 179 euros, en función de la marca y el modelo. Si el presupuesto del taller supera el valor que el usuario atribuye al aparato, la compra de uno nuevo parece la salida rápida, aunque salga más caro a medio plazo.
De ahí que ganar tiempo con el terminal averiado resulte complicado. El problema es que la sustitución rápida acorta todavía más la vida útil del smartphone y dispara el gasto del hogar.
Cómo alargar la vida del móvil y dónde reclamar
En cualquier caso, hay margen de mejora... y parte depende de la normativa. El reglamento europeo del denominado ecodiseño (las reglas que fijan cómo debe diseñarse un aparato para que dure y se pueda arreglar) se aplica a móviles y tabletas desde 2025 y obliga a facilitar el acceso a piezas de recambio y herramientas.
Sin embargo, un estudio europeo en el que participa la OCU detecta que todavía falta disponibilidad de hasta el 46 % de las piezas en algunos de los fabricantes analizados. Sobre el papel existe el derecho a reparar; en la práctica, encontrar el repuesto sigue siendo el cuello de botella.
El otro frente abierto es el software, y por ello la OCU reclama ampliar el plazo obligatorio de actualizaciones, fijado hoy en un mínimo de cinco años. Un móvil sin actualizar pierde aplicaciones habituales y condiciones adecuadas de seguridad, por mucho que el hardware siga vivo.
Mientras eso se decide, las pautas que empezar a aplicar pasan por pedir presupuesto en el servicio técnico oficial antes de cambiar de móvil y compararlo con el umbral que maneja la OCU (el de 90 euros los dos primeros años y 72 después). Para ello, hay que consultar las plataformas de mantenimiento y reparación, una herramienta que valora el 71 % de los usuarios encuestados.
Si la reparación no llega o la garantía no se aplica, hay que reclamar por escrito al vendedor y acudir a una oficina municipal de consumo, a la OCU, a Facua o al arbitraje de consumo, un sistema gratuito para resolver conflictos.
