Dos diputados del Congreso, seis diputados autonómicos –en Murcia, Madrid y la Comunidad Valenciana– y tres senadores han abandonado o han sido expulsados de Ciudadanos tras la operación frustrada para impulsar una moción de censura contra el PP en la Región de Murcia y la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid por parte de Isabel Díaz Ayuso (PP), que ha dejado a Cs fuera del Gobierno autonómico.

La inesperada decisión de Ciudadanos de aliarse con el PSOE para presentar sendas mociones de censura en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de la capital el pasado miércoles contra su hasta ahora socio de gobierno generó estupor entre cargos y afiliados del partido.

Una sensación que se extendió cuando, el viernes pasado, el presidente del Ejecutivo regional murciano, Fernando López-Miras, anunció un pacto con tres de los seis diputados de Ciudadanos en la Asamblea, que han votado en contra de la moción de censura a cambio de formar parte del Gobierno.

Los primeros en salir de Cs fueron esos tres diputados –Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez–, expulsados del partido el sábado pasado y a los que se considera tránsfugas.

LA MARCHA DE FRAN HERVÍAS AL PP

Pero el abandono que más efectos negativos e incontrolables está teniendo para el partido liderado por Inés Arrimadas es el de Fran Hervías, que el sábado comunicó que renunciaba a su escaño en el Senado y dejaba Ciudadanos para entrar en el PP. En su carta de dimisión, argumentó que Cs ha «abandonado los valores y principios liberales para convertirse en una muleta más del sanchismo».

Hervías, que siempre ha discrepado de la estrategia de Arrimadas de pactar con el PSOE de Pedro Sánchez, fue el secretario de Organización en la etapa de Albert Rivera, impulsó la implantación territorial del partido y conserva una amplia red de contactos con la que podría ayudar a los ‘populares’ a captar a cargos de Ciudadanos. De hecho, eso es precisamente lo que está haciendo, según han publicado varios medios.

Aunque desde Cs se intentó tranquilizar al PP apostando por mantener los gobiernos de coalición que comparten en lugares como Andalucía, Castilla y León y el Ayuntamiento de Madrid, en el partido liberal seguía habiendo malestar interno por la inestabilidad generada.

Tras las peticiones de varios dirigentes para que se diesen explicaciones, Arrimadas reunió a la Ejecutiva de Ciudadanos el lunes. Allí, Carlos Cuadrado y José María Espejo dejaron sus funciones como vicesecretarios del partido y se amplió el Comité Permanente con nuevos miembros.

GOTEO DE BAJAS TRAS EL ABANDONO DE TONI CANTÓ

Tras cinco horas de debate, se buscó una imagen de unidad de toda la Ejecutiva para reivindicar el proyecto de centro y liberal de Ciudadanos y rechazar las maniobras del PP, pero quedó empañada por Toni Cantó, portavoz en las Cortes Valencianas, que, tras exigir la dimisión de todo el Comité Permanente, salió de la reunión y dijo que dejaba sus cargos en Cs y su escaño.

Desde entonces, el goteo de salidas en Ciudadanos ha continuado. Así, el martes se supo que dos diputados de la Asamblea de Madrid, Marta Marbán y Sergio Brabezo, que era el portavoz adjunto de Cs en la Cámara, se daban de baja como afiliados.

Este último se va ante «la deriva insensata» de la formación naranja que, según ha dicho, puede hacer que la Comunidad de Madrid acabe gobernada por Más Madrid y Unidas Podemos. «Ya no reconozco al partido político al que me afilié con tanta ilusión porque Arrimadas ayer cerró esta crisis en falso y sin ninguna autocrítica», ha manifestado.

Además, Brabezo y Marbán han asegurado que ellos y sus compañeros en la Asamblea fueron instados por la dirección de Cs a firmar una moción de censura contra Díaz Ayuso, algo que ha sido desmentido por la dirección nacional del partido.

El motivo por el que Marbán no quiere seguir en Ciudadanos es porque ya no se identifica con lo que esta pasando en el partido y «lo que no se comprende no se defiende», según ha afirmado. Tanto ella como Brabezo han rechazado que Aguado repita como cabeza de lista en las elecciones del 4 de mayo.

CIUDADANOS PIERDE DIPUTADOS EN EL CONGRESO Y SENADORES

Mientras tanto, el diputado en el Congreso por Sevilla Pablo Cambronero comunicaba su baja del partido y solicitaba a la Mesa de la Cámara integrarse en el Grupo Mixto.

Justificaba su decisión por el «giro hacia la izquierda» y la «deriva sanchista» que achaca a la dirección de Cs por estar haciendo lo contrario de lo que prometió antes de los comicios de noviembre de 2019, cuando su entonces presidente, Albert Rivera, afirmó que «jamás pactaría con el Sánchez socio de Podemos, ERC y Bildu».

Pero estas no fueron las únicas bajas que se produjeron el miércoles, ya que por la noche se sumaron las de los senadores Emilio Argüeso y Ruth Goñi, que en ambos casos se han quedado con sus escaños aunque ya no forman parte de Cs.

Goñi ha dejado de ser militante porque considera que Arrimadas y el resto de la cúpula del partido se han «abrazado al sanchismo» y han incurrido en «transfuguismo» al «defraudar» a quienes votaron a Ciudadanos con la idea de que no pactaría con el PSOE de Sánchez, con el cual Cs ha alcanzado importantes acuerdos durante el último año.

En cuanto a Argüeso, el miércoles se le abrió un procedimiento de expulsión del partido por haber ofrecido «prebendas a cargos y afiliados» para que lo abandonaran y pasaran a ser «tránsfugas» y por hacer manifestaciones públicas en canales de comunicación del Senado con la intención infligir un «daño relevante» a Ciudadanos. Después, él mismo acabó cancelando su afiliación.

Además, este jueves se ha conocido una nueva salida en el grupo de Cs en el Congreso, la de la diputada por Alicante Marta Martín, portavoz en la Comisión de Educación. En un mensaje en Twitter, ha afirmado que renuncia a su acta y espera que los que se quedan en la formación naranja cumplan en «compromiso» de que su escaño «no sirva jamás para dar alas ni al nacionalismo ni a la corrupción».

EL PP ABRE LAS PUERTAS A GENTE DE CIUDADANOS

A lo largo de la última semana ha habido otros cargos públicos y orgánicos de Ciudadanos en distintos lugares que han dejado el partido, concejales en Ayuntamientos pequeños y personas que ocupaban cargos en comités territoriales de la formación. También hay personas que no formaban parte de Cs desde hacía tiempo y que ahora se han unido al PP.

El día en que se registraron las mociones de censura en Murcia, el Partido Popular visualizó formalmente su ruptura con Inés Arrimadas y lanzó una OPA a los dirigentes y votantes de Ciudadanos de toda España. «Hoy abrimos las puertas del PP a los simpatizantes de Cs que se han sentido huérfanos y defraudados», declaró el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Desde entonces se ha desarrollado un trasvase de cargos de Cs al PP y, aunque ‘Génova’ no ofrece nombres de las personas que están llamando a su puerta, sí que está animando públicamente a «los activos» de Ciudadanos que «no están nada de acuerdo con la deriva» de Arrimadas a sumarse a sus filas.

Mientras, desde la dirección de Cs sugieren que todas las bajas que está sufriendo el partido se deben a la operación del PP para captar a cargos de la formación naranja a cambio de «cargos, dinero o poder». Sin embargo, no todos los que se han marchado lo han hecho para irse al PP, y algunos ni siquiera se sienten próximos a este partido.

El portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado este jueves que tanto los ocho diputados de Cs que han quedado en la Cámara Baja tras la salida de Pablo Cambronero del partido y la renuncia de Marta Martín a su acta, como la persona que ocupará ahora el escaño de esta última, Juan Ignacio López Bas, están «comprometidos con el centro político» y respaldan a la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas.

«Los nueve miembros del grupo estamos absoluta y completamente comprometidos con esos ideales y valores del centro político y apoyando a nuestra líder, Inés Arrimadas», ha respondido, en una rueda de prensa en el Congreso, cuando le han preguntado si teme que haya más bajas en el grupo parlamentario.

Sobre López Bas, que entra en la Cámara Baja en sustitución de Martín al ser el siguiente en la candidatura por Alicante que Cs presentó a las últimas elecciones generales, Bal ha dicho que López Bas –que ya fue diputado en la anterior legislatura– le ha trasladado que está «absolutamente de acuerdo» con la posición actual del partido y que «quiere ayudar a Inés Arrimadas a sacar adelante este proyecto de centro».

Respecto a Martín, el portavoz le ha agradecido su trabajo durante estos años en Ciudadanos, especialmente en el ámbito de la educación, y ha destacado su «tesón» al oponerse a la ‘ley Celaá’, reivindicar la libertad de los padres para decidir la educación de sus hijos y defender la escuela concertada.

NO HAY «NINGÚN COMPROMISO» CON MARTÍN

También ha aplaudido que, tras manifestar sus discrepancias con la estrategia de Arrimadas, la diputada haya actuado con «dignidad y honor» y haya renunciado a su acta en vez de conservarla y pasarse al Grupo Mixto, como ha hecho su compañero Cambronero.

A este último le ha instado a dejar libre su escaño porque, según ha indicado, en los comicios «no le votaron por llamarse Pablo Cambronero, sino por presentarse por Cs», partido del que ahora se aparta. «Nuestro compromiso es con los votantes, con los electores, está en el programa electoral», ha defendido.

Y volviendo a Martín, ha añadido que si ya «no está a gusto con esos valores e ideas» o si «ha cambiado de parecer respecto a con quién se puede pactar o a quién hay que apoyar, hay otros partidos que lo defienden».

En cuanto al tuit que ha escrito la diputada –donde dice «espero que los que se quedan cumplan el compromiso que me han dado» y «ese escaño no sirva jamás para dar alas ni al nacionalismo ni a la corrupción»–, Bal ha aclarado que, en la reunión que ha mantenido Arrimadas este jueves por la mañana con el grupo parlamentario, «no ha habido ningún tipo de compromiso ni negociación». Martín «ha manifestado su malestar» y «eso ha sido todo», ha agregado.

PLASMAR EN LA LEY EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO

Por otro lado, el dirigente de la formación naranja ha afirmado que aunque Ciudadanos acudiera a la Justicia para intentar recuperar los escaños de los diputados y senadores que se han dado de baja como afiliados pero se han quedado el acta, esas acciones tendrían «una viabilidad escasa».

Según ha explicado, la Constitución establece que los diputados y senadores no están sujetos al mandato imperativo y la jurisprudencia muestra que en este tipo de contenciosos los jueces no suelen fallar a favor de los partidos. «Estamos hablando de responsabilidades políticas, más que jurídicas, y sobre todo estamos hablando de ética» y de «prohibir comportamientos inmorales», ha apuntado.

Tras recordar que el Pacto Antitransfuguismo firmado por los partidos políticos no tiene eficacia jurídica, se ha mostrado a favor de «explorar» una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que la definición del transfuguismo y los compromisos recogidos en el pacto «se pudieran incorporar a la legislación electoral».

La asociación Derecho a Vivir se ha manifestado este jueves ante el Congreso de los Diputados contra la aprobación de la Ley de eutanasia, «una de las peores noticias de la historia reciente», y ha hecho un llamamiento a médicos, enfermeros y a todo el personal sanitario a «plantar cara» a la ley.

«Hacemos un llamamiento a los médicos, enfermeros y personal sanitario para que planten cara a esta ley criminal y se nieguen a acabar con la vida de los pacientes. Pedimos a los ciudadanos que nieguen el voto a los partidos de cualquier signo político que hayan impulsado la legalización de la eutanasia, una práctica ancestral que ya se aplicó en la Alemania nazi», ha subrayado la coordinadora y portavoz de Derecho a Vivir, Rosana Ribera de Gracia, tras la aprobación de la ley.

Ribera considera que es una ley que «condena a muerte a los más vulnerables: a los ancianos, a los enfermos y a las personas que sufren alguna discapacidad» y critica que se apruebe tras un año de pandemia «con cerca de 100.000 muertes por COVID-19 y en pleno estado de alarma».

Además, ha lamentado que no se haya aprobado una ley de cuidados paliativos. «¿Por qué el PSOE, Ciudadanos, el PNV, la izquierda radical y los independentistas no son capaces de aprobar una ley que garantice a las personas el derecho a los cuidados paliativos y sí que se han puesto de acuerdo para acabar con la vida de los que sufren y convertir a los médicos en verdugos? Los españoles tenemos que recordar esto cuando nos llamen a las urnas», ha zanjado.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha explicado este jueves que empezará la ronda de consultas de cara a la investidura cuando estén constituidos todos los grupos parlamentarios, tal y como establece el reglamento.

«No he podido empezar esta ronda de consultas porque no están constituidos todos los grupos como tal. Es preceptivo que, para poder empezar esta ronda, haya la constitución de los grupos, y esto no ha pasado aún en el Parlament», ha precisado en declaraciones a los medios tras visitar a los presos del 1-O que están en la prisión de Lledoners.

Sobre si el debate de investidura se podrá celebrar el 26 de marzo, Borràs ha constatado que el reglamento indica «que debería poderse hacer si hay un candidato que disponga» del apoyo suficiente para ser investido presidente de la Generalitat.

«En el caso de que haya este apoyo para uno de los candidato, se hará efectivo el pleno en el límite que marca el reglamento», ha añadido la presidenta del Parlament, que ha pedido dejar trabajar a los equipos negociadores de los partidos.

PONERSE A «DISPOSICIÓN»

También ha explicado que, tras su reciente nombramiento como presidenta del Parlament, una de las primeras acciones que ha querido realizar es visitar a los presos del 1-O apra ponerse a su «disposición» y para escucharles.

«Están preocupados por estas decisiones de la justicia, que muestran un componente de arbitrariedad respecto al tercer grado. Si ellos ya están en una situación de represión, que se les prive del tercer grado es una represión añadida. El tercer grado no es ningún privilegio», ha sostenido.

Además, ha lamentado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya admitido a trámite la querella que la Fiscalía presentó contra el expresidente del Parlament Roger Torrent y otros tres miembros de la Mesa de la cámara catalana por presuntamente desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) al tramitar propuestas de resolución relacionadas con el proceso independentista.

«Reciben una querella por hacer su trabajo y por haber permitido que se produjera este debate en el Parlament», ha apuntado Borràs, que también ha pedido voluntad política para aprobar en el Congreso la ley de amnistía presentada por Junts, ERC, la CUP y PDeCAT.

El estado general del arbolado en España experimentó un proceso de mejora en 2020 con respecto a los valores medios del último quinquenio, pues el 78,1% de los árboles han sido diagnosticados como sanos, frente al 76,5% de la media anual de los últimos cinco años, y la proporción de árboles dañados (20%) es ligeramente inferior a la media anual (20,7%).

Así lo pone de relieve el Inventario de Daños Forestales 2020, documento publicado anualmente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la Dirección General Biodiversidad, Bosques y Lucha contra la Desertificación, que recopila la información nacional correspondiente al Nivel 1 de la Red Europea de Seguimiento de Daños en los Bosques.

Esta red fue creada en 1987 con el objetivo de realizar un seguimiento de la vitalidad de los bosques. La metodología utilizada para este seguimiento consiste en el análisis anual de una red de parcelas distribuida en una malla de 16 por 16 kilómetros. Durante el verano de 2020 se han revisado en España 620 parcelas, lo que ha permitido evaluar una muestra de 14.880 árboles en total.

Entre las especies estudiadas, la mayoría de coníferas muestran cierta recuperación respecto a muestreos anteriores, a excepción del pino rodeno (‘Pinus pinaster’). En cuanto a las frondosas, el alcornoque (‘Quercus suber’) es el que acusa algo más de deterioro, ya que cuenta con menos árboles en la categoría de arbolado sano.

Por otro lado, en los daños observados en árboles con más del 25% de defoliación en su copa, se observa que los asociados con causas abióticas son más del 46%, y están principalmente relacionados con la sequía. En segundo lugar destacan los daños provocados por insectos, que suman más del 25%: la mayor parte de ellos han sido provocados por la presencia de defoliadores como la procesionaria (‘Thaumetopoea pityocampa’). También se han observado daños producidos por insectos perforadores, aunque en menor proporción.

Según el informe, la mayor afección por formaciones observada es la sequía, que afecta especialmente a encinares, dehesas y pinares de pino carrasco (‘Pinus halepensis’), mientras que las formaciones más afectadas por insectos defoliadores son los pinares de pino salgareño (‘Pinus nigra’), con los valores más altos tanto de porcentaje de parcelas afectadas, como de intensidad en la afección.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a seis meses de prisión al conductor de un vehículo que no socorrió al motorista con el que chocó en Santander, y que sufrió «heridas de consideración», sino que siguió su marcha y ni siquiera llamó a emergencias.

Según la sentencia, el condenado conducía su vehículo por una calle de la capital y, al incorporarse a otra vía, chocó lateralmente con una motocicleta, que salió de la carretera «desplazándose todavía unos 80 metros descontroladamente, hasta caer al suelo».

El motorista no respetó «la preferencia general» de que a falta de señalización específica rige la obligación de ceder el paso a los vehículos que circulen por su derecha, situación en la que se encontraba el coche que conducía el acusado.

La resolución destaca «la violencia del golpe», pues los airbags del vehículo del acusado «habían saltado y tenía un reguero de pequeños cristales por sus brazos y vestimenta al haberse roto su ventanilla», que le provocaron «lesiones o arañazos superficiales múltiples».

A pesar de ello, «lejos de parar, interesarse y ayudar al conductor de la motocicleta, con evidente intención y falta de solidaridad, abandonó al accidentado herido y desprotegido en una zona semiurbana pero con poca circulación a esas horas».

«No habiendo nada que le impidiera ayudarle, ni que pusiera en peligro su integridad física, no solo no auxilió de ningún modo al motorista y ni siquiera llamó a emergencias, sino que continuó la marcha, deteniéndose cientos de metros más adelante, momento en el que sólo se preocupó de sí mismo», añade la sentencia.

Fue entonces cuando llamó a un familiar, al que esperó unos treinta minutos, para volver después al lugar el accidente, «donde, dice, no encontraron ningún vestigio del fuerte accidente ocurrido».

Al día siguiente, el hombre acudió a la Policía Local, donde se le tomó declaración como participante en el accidente.

El motorista sufrió «heridas de consideración, que le impedían la movilidad por sí mismo, con un importante traumatismo en el tobillo derecho y diversas abrasiones y erosiones», añade la sentencia.

El magistrado presidente del jurado dicta esta sentencia de acuerdo al escrito de conformidad conjunto presentado por la defensa del acusado, por el ministerio fiscal -que inicialmente pedía un año de prisión- y por la acusación particular, en el que se reconoce al conductor del coche como autor de un delito de omisión del deber de socorro, merecedor de una condena de seis meses de prisión.

Debido a que el escrito de conformidad se presentó un día antes de la fecha señalada para el juicio, el jurado no llegó a constituirse y la vista oral no se celebró.

El Partido Regionalista de Cantabria exigirá «el escrupuloso cumplimiento» de toda la normativa vigente en la instalación de parques eólicos en la Comunidad Autónoma, con el objetivo de «respetar y preservar» el medio ambiente y el patrimonio cultural, paisajístico y natural del territorio.

Los regionalistas han llamado a abordar, tanto desde el Ministerio competente en el desarrollo de los parques eólicos de La Garma y Ribota, como en los parques dependientes del Gobierno de Cantabria, el cumplimiento de la legalidad vigente.

En un comunicado, el PRC ha subrayado que se debe garantizar, «de manera prioritaria», el medio ambiente y el entorno en el que se desarrollan los parques mediante el estricto cumplimiento de la legislación vigente, tanto a nivel estatal como autonómico.

Por ello, ha animado a administraciones, entidades o personas que pudieran verse afectadas en sus intereses por la instalación de estos aerogeneradores a presentar las correspondientes alegaciones al estudio del informe de impacto ambiental.

Y ha garantizado que el Gobierno de Cantabria, en la fase de declaración ambiental, será «enormemente riguroso con el cumplimiento de toda la normativa que sea requerida en todos los informes sectoriales de la declaración de impacto ambiental, para que la también se tienen en cuenta los posibles impactos en la salud y el bienestar de las personas».

Los regionalistas han incidido en que la Comunidad Autónoma «no puede seguir en el vagón de cola» en la producción de energía respetuosa con el medio ambiente, porque de ello depende el futuro de la industria cántabra, su desarrollo económico, la creación de empleo y la riqueza y fijación de población en los núcleos rurales.

En este sentido, han apostado por «alinear» a Cantabria con Europa y España, para lo que hay que cumplir con el mandato legal establecido por la Unión y el Ejecutivo español, plasmado en varias fechas: 2025, supondrá el fin de los combustibles fósiles; 2030, el fin del uso de las energías de efecto invernadero; y 2050, todos los países de la Unión Europea deberán conseguir la neutralidad climática.

Para ello, hay que impulsar el uso de las energías renovables como la eólica, que es totalmente compatible con el desarrollo del sector primario cuyo ganado convive, sin ningún tipo de problema, con este tipo de instalaciones, como demuestra el parque Cañoneras en Soba.

El parque eólico de Cañoneras supone unos ingresos anuales al Ayuntamiento de Soba de 150.000 euros al año, que es la misma cantidad que reciben varias juntas vecinales. Además de que el ganado sigue paciendo y reproduciéndose en sus terrenos, el municipio ha incrementado su turismo por 10 en los últimos años.

Los regionalistas han recordado que actualmente hay solicitados 1.400MW, cuando el límite del Plenercan vigente está marcado en 700MW, lo que hace inviable que todos los proyectos salgan adelante.

Además, han incidido en que tanto la normativa europea como española y cántabra son «proteccionistas», por lo que es «imposible» que se desarrollen proyectos de parques eólicos que pudieran poner en peligro el patrimonio natural, paisajístico o cultural. «No salvarían el trámite de impacto medio ambiental», han afirmado.

Por último, han recordado los parques tienen «vida efímera» y que las actuaciones que se lleven a cabo para su instalación «son reversibles». Los actuales proyectos en marcha son competencia estatal porque exceden de los 50 MW de potencia.

Asimismo, han subrayado que se trata de un tema «muy serio» en el que no caben ni informaciones falsas ni demagogia, ya que requiere de la unidad de todos para afrontar un necesario patrón de crecimiento de la Comunidad Autónoma y situar a Cantabria «a la cabeza de la modernidad y el progreso».

El aún vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, se ha mostrado «orgulloso» por haber impulsado el Plan de Choque en Dependencia, firmado este jueves con sindicatos y patronales, porque «viene a reparar una injusticia». En concreto, ha destacado que «reforzará la atención a los dependientes y mejorará las condiciones laborales terribles que padecen buena parte de los profesionales, casi todas, mujeres».

«Hace poco más de un año, pocos imaginaban los ministerios donde gobierna Unidas Podemos fueran capaces de llegar a acuerdos entre sindicatos y patronales, eso se ha normalizado. Este acuerdo es una magnífica noticia para toda la sociedad. Este plan viene reparar una injusticia y da la vuelta a una manera de gestionar la crisis que hizo mucho daño a nuestra patria», ha indicado Iglesias este jueves tras la firma del acuerdo.

Según ha subrayado, la ley de dependencia «supuso un hito» y hoy «más de un millón de personas se benefician de las prestaciones» pero ha puntualizado que «su desarrollo partir de 2012 sufrió las consecuencias gravísimas de los recortes de la administración general que dejó de apostar más de 400 millones cada año a financiar estas prestaciones».

Asimismo, ha dicho que «se recortó el número de horas de atención, las cuantías, la compatibilidad entre servicios» y ha indicado que esto tuvo «graves consecuencias en la calidad de la atención y en las listas de espera en las que hay 230.000 personas».

Además, ha destacado que «aquellos recortes trajeron consigo una precarización escandalosa de las condiciones de trabajo de los profesionales del sistema de atención a la dependencia, casi todas, mujeres».

INCREMENTO DE 600 MILLONES DE EUROS

Del Plan de Choque, Iglesias ha puesto de relieve el incremento en 600 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, con el compromiso de aumentos similares en los próximos años 2022 y 2023. «Queremos revertir en un solo presupuesto los recortes», ha enfatizado.

A su juicio, esto es una «demostración clara de cómo pueden reforzarse los servicios públicos» cuando el país se enfrenta «a una crisis sanitaria pero también económica y social por la pandemia de la Covid».

Igualmente, ha puesto de relieve el hecho de haber logrado este plan con los gobiernos autonómicos de distinto signo político lo que, a su parecer, «revela el gran consenso que hay para reforzar lo público y dejar atrás políticas de recortes».

«Desde la vicepresidencia social estamos muy orgullosos de haberlo impulsado. Este consenso es la segunda de las razones por las que este acuerdo es una gran noticia para la sociedad», ha destacado, poniendo en valor las aportaciones «sustanciales» de los interlocutores sociales para mejorar el texto, y el trabajo realizado por el secretario de Estado de Derechos Sociales Nacho Álvarez.

A él y a la que será nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, les ha dado las gracias por su «excelente labor en este año tan duro», y ha asegurado que seguirán trabajando para cumplir los compromisos adquiridos.

Precisamente, Nacho Álvarez ha destacado que ha sido una «negociación costosa» pero que este jueves «el barco llega a buen puerto, con el esfuerzo de todos». «Gracias a las organizaciones sindicales y empresariales por estos meses trabajados no solo para refrendar la propuesta que traíamos sino para cambiarla, aportar modificaciones y mejorarla», ha subrayado, añadiendo que este acuerdo se puede definir como «política con mayúsculas».

TRAS UN AÑO «DESGRACIADO» DE PANDEMIA

También han firmado el Plan de choque CEPYME, CCOO y UGT. Por parte de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), ha rubricado el acuerdo su presidente Gerardo Cuerva quien también se ha mostrado «orgulloso» por esta firma, más aún tras un año de pandemia «tan desgraciado».

«Quizá en los momentos más complicados es donde se ven las carencias más evidentes», ha precisado, al tiempo que agradecido a todos los que están detrás de las pequeñas y medianas empresas donde ha habido «muchos profesionales dándolo todo».

También ha defendido la «colaboración público-privada» y ha mostrado su deseo de que España se parezca a los países del norte donde «se potencia el Estado del Bienestar creyendo en las empresas». «No me gustaría sentirme como ese árbol frutal en el que con una mano recogemos fruta y con la otra lo taladramos», ha matizado.

Por parte de los sindicatos, el secretario general de CCOO, Unai Sordo se ha felicitado por el acuerdo y ha subrayado la necesidad de financiación en un sistema que «ha estado infrafinanciado desde la administración general del Estado».

Sordo ha subrayado algunos compromisos del plan como «la mejora en la calidad del servicio, la reducción drástica de las listas de espera, el establecimiento de derechos subjetivos como la teleasistencia o la apuesta por servicios profesionales de calidad».

Además, otra de las «claves», a su juicio, es «la mejora de las condiciones laborales, de los ratios de personal, garantizar el cumplimiento de los convenios, la capacitación de los profesionales». También ha denunciado el impacto «intenso» que tiene la «feminización de los cuidados» en las carreras profesionales de las mujeres.

En la misma línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha mostrado su «satisfacción» por la firma del acuerdo «ambicioso y amplio» con cuyo contenido se ven «bastante reflejados» y lo ha puesto como ejemplo frente a la falta de acuerdo con el Ingreso Mínimo Vital.

PRECARIEDAD «INDIGNA» DE LAS TRABAJADORAS

Además de terminar con las listas de espera de la dependencia y mejorar las prestaciones, Álvarez también ha subrayado la importancia de acabar con las «bolsas de precariedad absolutamente indignas» que hay en el sector. «Quiero agradecer a esas mujeres que todo este tiempo, especialmente en la pandemia, han ido a trabajar por 950 euros, aun sabiendo que se iban a contaminar y lo han hecho porque creían en su profesión», ha zanjado.

Asimismo, ha denunciado que durante la pandemia se ha visto que «no hay control público» sobre los servicios privados y ha pedido que «después de esta lección terrible en las residencias, se garantice que aunque se preste un servicio por una empresa privada, ese servicio se dé en condiciones».

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha garantizado que no se afiliará al PP y ha señalado que, pese a estar preocupado por la situación de la formación naranja, cree que hay futuro para Cs y que es un partido «más necesario que nunca».

«Yo no me voy a afiliar al PP, yo estoy aquí para hacer una política en la que cree, acabar con el clientelismo, transparencia y regeneración», ha defendido, tras lo que ha considerado que en Castilla y León no es necesario rubricar un acuerdo como el alcanzado en Andalucía donde PP y Cs han pactado no aceptar trasvases de cargos electos de un partido a otro.

En este sentido, ha asegurado que se fía del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha calificado como un hombre «honesto» que no participa en «la compra de voluntades».

No obstante ha considerado que en la Comunidad un pacto como el de Andalucía «se podría rubricar mañana», tras insistir en que la situación es diferente y lamentar que algunos jueguen a la «polarización» para destruir el «espacio central».

De este modo, ha avanzado que en el debate de la moción de censura planteada por el PSOE que se celebra el lunes se pondrá en valor el cumplimiento del acuerdo programático.

En cuanto a la decisión de determinados líderes de Ciudadanos de cambiarse al PSOE Igea ha señalado que le produce «depresión». «En estas semanas no he oído hablar de política, he visto un culebrón, es más difícil levantar una idea que una bandera, en este país se levantan banderas y no levantan ideas», ha señalado, sin olvidar que sí que hay personas que han trabajado mucho por Ciudadanos y lo han abandonado «decepcionados».

Además, Igea ve una «estrategia» en el goteo de trasvases de Ciudadanos a PP. «Es la campaña más polarizada de los últimos 30 o 40 años, eso puede achicar nuestro espacio, pero también es verdad que lo hace más útil», ha defendido.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha apelado este jueves a la responsabilidad de los ciudadanos, tanto españoles como del resto de la UE, y a hacer un último esfuerzo y no realizar viajes que no sean esenciales para poder garantizar un verano con más movilidad.

En rueda de prensa junto a su homólogo de Macedonia del Norte, Bujar Osmani, la jefa de la Diplomacia ha subrayado que tanto el Gobierno español como el resto de socios europeos están pidiendo a sus ciudadanos «que no se muevan si no es esencial porqre sabemos que estamos en un momento frágil de la lucha contra la COVID-19» y aún hace falta avanzar más en la vacunación.

Preguntada sobre si los españoles pueden entender que este puente y de cara a Semana Santa no se les permita viajar entre comunidades autónomas mientras sí que llegan turistas extranjeros, González Laya ha sostenido que «una gran parte» de los ciudadanos respetan las consignas de no viajar y son muy pocos los que «no lo están haciendo».

No obstante, ha incidido en que hay algunas regiones, como Baleares, donde la tasa de contagio es muy baja y por tanto ya no son consideradas zonas de riesgo por lo que «el espacio de movilidad es un poco mejor», siempre desde la responsabilidad y cumpliendo las consignas dadas por las autoridades.

Así las cosas, ha apelado a la «responsabilidad ciudadana» tanto a españoles como al resto de ciudadanos de la UE y les ha pedido que hagan «un esfuerzo último». «Si lo hacemos ahora», ha subrayado González Laya, «podremos disfrutar de un verano con más movilidad».

En lo que se refiere a la propuesta de un certificado propuesta por la Comisión Europea para facilitar la movilidad, la ministra ha reiterado el respaldo de España y ha insistido en que «va a facilitar la movilidad ordenada y segura», facilitando los viajes a quienes estén vacunados pero sin impedir desplazarse a quien no lo esté, aunque en este caso cumpliendo otras medidas como la realización de PCR o cuarentenas.

PIDE A ASTRAZENECA CUMPLIR SUS CONTRATOS

Por otra parte, ha insistido en la necesidad de que las farmacéuticas cumplan con los contratos alcanzados con la UE para el suministro de vacunas, refiriéndose concretamente a AstraZeneca, después de que el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, amenazara a Reino Unido con bloquear las exportaciones de vacunas desde el bloque si el Gobierno británico sigue impidiendo que lleguen a la UE vacunas de esta empresas producidas en fábricas de la isla.

En este sentido, ha dicho que el Gobierno ve «favorablemente que se busquen mecanismos para obligar a AstraZeneca que cumpla con sus contratos», si bien ha recalcado que la amenaza no es «contra otros países sino para que la empresa cumpla con sus contratos».

En el plano bilateral, González Laya ha confiado en que el proceso de negociación para la adhesión de Macedonia del Norte a la UE pueda iniciarse «antes de verano» y en que antes de ello puedan resolverse las diferencias con Bulgaria que han impedido que esto ocurra.

Respecto a esta cuestión Osmani ha reivindicado que el futuro de los países de los Balcanes Occidentales, que están en el «corazón de Europa«, está en la UE y se ha mostrado «optimista» con que la situación pueda desbloquearse.

Así, ha recordado que la decisión de ampliar la UE a Macedonia y Albania se adoptó en marzo de 2020 por consenso por lo que los obstáculos actuales, ha valorado, «son solo baches en el camino» y se podrán resolver las diferencias con Bulgaria.

Los dos ministros han firmado un acuerdo de cooperación entre la Escuela Diplomática española y su equivalente macedonia y también han acordado un plan de trabajo para impulsar la diplomacia económica tras constatar, ha explicado González Laya, que «el intercambio económico está muy por debajo de su potencial». El objetivo, ha añadido, es impulsar la presencia de las empresas españolas ya que existen «interesantes oportunidades».

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado los recursos planteados por el ex presidente catalán Quim Torra contra las tres multas que le impuso la Junta Electoral Central (JEC) por un total de 8.500 euros por incumplir su deber de neutralidad política durante la campaña electoral de 2019 por los lazos amarillos y otros símbolos independentistas en lugares públicos y su mensaje de Sant Jordi.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha concluido que Torra infringió el deber de neutralidad política que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) exige a los poderes públicos durante la campaña, y ha considerado que los acuerdos de la JEC son conformes a derecho y las sanciones, proporcionales.

Así, la Sala III ha avalado la multa de 3.000 euros que la JEC acordó para Torra el 13 de junio de 2019 por exhibir lazos amarillos y banderas esteladas en edificios y espacios públicos dependientes del Gobierno que presidía, favoreciendo así a algunas de las formaciones políticas que se presentaban a las elecciones generales.

Para los magistrados, «ninguna duda ofrece que el lazo amarillo y las banderas esteladas no representan a todos los ciudadanos de Cataluña, careciendo de prueba alguna el pretendido carácter transversal de los citados símbolos».

EL DÍA DE SANT JORDI

También han respaldado el acuerdo del 22 de julio de ese año, por el que la JEC le impuso otra multa de 3.000 euros por su mensaje institucional por el día de Sant Jordi de 2019, al coincidir con el de algunas formaciones políticas concurrentes a dichos comicios. El entonces president habló de «demócratas convencidos encerrados en la cárcel u obligados a vivir lejos de su casa por haber defendido los derechos y las libertades más fundamentales».

El Supremo ha entendido que «lo dicho por una autoridad en esa condición no puede ser caracterizado como ejercicio de la libertad de expresión, entre otrasrazones, porque los derechos fundamentales no están concebidos como instrumento de los poderes públicos, sino como medio de protección de los ciudadanos».

Ha enfatizado que incluso en el supuesto de que, tal y como esgrimía Torra, su intención con esas palabras era lograr una resolución pacífica y democrática de la situación en Cataluña, «no estarían justificadas manifestaciones públicas de una autoridad que sustentan de manera clara las posiciones de algunas fuerzas políticas concurrentes a las elecciones, en detrimento de las posiciones de otras fuerzas políticas».

Además, el TS ha rechazado el argumento de Torra de que la JEC le sancionó por participar en una fiesta popular. «Es evidente», ha razonado, que Sant Jordi constituye una «importantísima fiesta» en Cataluña y que el líder regional puede participar en ella en periodo electoral. «Ahora bien, de aquí no se sigue que, con ocasión de la festividad y haciendo uso de su cargo, el presidente pueda hacer manifestaciones incompatibles con su deber de neutralidad», ha subrayado.

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

El tercer acuerdo de la JEC impugnado por Torra y confirmado por el TS, también de 22 de julio de 2019, le impuso una multa de 2.500 euros por un correo electrónico dirigido a los funcionarios catalanes con motivo de Sant Jordi en el que se hacía referencia a «el nefasto 155» o a la ausencia de «el presidente Puigdemont y los consejeros de su gobierno que están con él en el exilio o en prisión».

Aquí, los magistrados han recordado que Gobierno y administración no significan lo mismo, explicando que el primero es un «órgano político», mientras que la segunda «sirve con objetividad a los intereses generales, de ahí que se hable de la ‘eficacia indiferente de la administración’ y de su neutralidad política, desde esa vocación servicial».

Torra, han indicado, actuó en ese correo electrónico como «órgano superior de la Administración de la Generalidad», por lo que, «al margen de la relevancia de esa fiesta, no cabe que con ocasión de la misma y haciendo uso de su cargo el presidente, en esa dimensión administrativa, haga manifestaciones incompatibles con su deber de neutralidad en periodo electoral».

Asimismo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha puntualizado que, de los términos empleados por Torra en ese ‘email’, no se puede deducir la constatación de un hecho, sino «una valoración política de unos hechos», incidiendo en que se trata de una «valoración ajena a esa neutralidad política exigible a todo órganoadministrativo, en este caso al órgano máximo de la administración catalana».

Igualmente, ha aclarado que «no cabe aceptar como excusa que haya fuerzas políticas que optan por el silencio respecto de los hechos a los que se refiere el correo electrónico sancionado y de ahí considerar que tal silencio, en sí, tiene también dimensión electoral». «Cada fuerza política elige su mejor estrategia electoral, pero este no es el caso», ha zanjado el Supremo.

La presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, ha señalado que España es desde este jueves «un país mejor» tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de regulación de la eutanasia.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la líder del Ejecutivo autonómico ha resaltado que cada «nuevo derecho» hace avanzar a toda la sociedad. «Aborto, dependencia, matrimonio igualitario y, ahora, eutanasia», ha relatado.

Armengol ha destacado que con la aprobación en la Cámara baja de la Ley de regulación de la eutanasia, que entrará en vigor en tres meses, la sociedad «progresa con más libertad y empatía, con dignidad y humanidad».

La presidenta, que ha compartido el vídeo del momento de la votación en el Congreso, ha agradecido «los años de lucha».

Armengol ha criticado igualmente la posición del PP, que ha votado en contra de la norma y ha acusado a la formación ‘popular’ de oponerse a las libertades y derechos conquistados en España.

«Derecha o derechos», ha apuntado Armengol que ha acusado a la formación que lidera Pablo Casado de situarse de nuevo «en el lado equivocado de la historia» tras votar en contra de la ley, como ya sucedió con el aborto y el matrimonio igualitario.

Por su parte, el diputado del PSIB en el Congreso Pere Joan Pons ha celebrado la aprobación definitiva de la norma y ha asegurado que ha emitido su voto «con el orgullo de saber que se está creando un nuevo derecho subjetivo que supone un acto de justicia para mucha gente.

En concreto, Pons ha resaltado que con la regulación se da una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual, «como es la de morir dignamente».

El parlamentario ha argumentado que se trata de una ley voluntaria que permitirá «tener una vida digna y morir dignamente».

En línea con Armengol, el diputado del PSIB ha resaltado que el PSOE «garantiza una nueva libertad» como ya hizo con el matrimonio igualitario, la ley de la dependencia, la ley integral contra la violencia de género o el Ingreso Mínimo Vital.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha condenado a 22 años y medio de prisión al hombre de 42 años al que el jurado popular declaró culpable de asesinato hace una semana por matar a su compañera sentimental, en agosto de 2018 en Dúrcal, en la comarca de El Valle de Lecrín, clavándole un cuchillo «al menos hasta en cuatro ocasiones».

La sentencia, contempla la agravante mixta de parentesco en la condena a este varón marroquí con permiso de residencia comunitaria, que mantenía una relación con la víctima, que estaba a punto de cumplir 21 años cuando falleció, desde 2013, y convivía con ella en Dúrcal desde que ella fue mayor de edad, habiendo tenido un niño, inscrito solo como hijo de la madre.

Asimismo, estará inhabilitado para ejercer la patria potestad y habrá de cumplir orden de alejamiento de al menos 500 metros y de prohibición de comunicación por 30 años al niño, señala la sentencia, ante la que cabe recurso de apelación ante el Supremo.

La Fiscalía solicitaba por el delito de asesinato 25 años de prisión, una petición a la que se sumaron la acusación particular, que ha ejercido el letrado Francisco Ruiz Baena, en nombre de la madre y el hijo de la víctima, y la popular, que ha ejercido la Junta de Andalucía en defensa del interés general, en el marco de la legislación contra la violencia de género.

Los miembros del jurado consideraron probado que, como señala la sentencia, el condenado, en prisión provisional por estos hechos desde el 14 de agosto de 2018, conducía un vehículo sobre las 00,00 horas de ese día por los alrededores de Dúrcal, con su pareja en el asiento de copiloto, y que, en un momento dado, «con el evidente propósito de causarle la muerte a su pareja, esgrimió un cuchillo con un filo de 13,5 centímetros de largo y 2,9 centímetros en su parte más ancha, y se lo clavó» a ella «al menos hasta en cuatro ocasiones».

La víctima «no pudo en forma alguna defenderse por lo repentino e inesperado de la acción», al encontrarse dentro del coche, y «eliminando la forma de proceder del acusado toda posibilidad de reacción» por su parte. Una de las heridas le perforó el pulmón izquierdo, «provocando pérdida masiva de sangre hacia cavidad torácica izquierda y hacia el exterior del cuerpo», y, como consecuencia, su muerte.

Fue sobre las 0,30 horas cuando el condenado llegó con ella en el vehículo al centro de salud de Dúrcal, «tocando el claxon», y «gritó» al médico y celador de guardia «cúrala». «A preguntas del facultativo sobre el origen de las lesiones», habría esbozado la palabra «puñalada» para marcharse luego corriendo.

Los médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, que «ya había fallecido», detalló en su momento la fiscal, que pidió también, una vez elevadas a definitivas sus conclusiones, la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad del menor, así como la prohibición de acercarse a él a menos de 500 metros, así como de comunicarse con el mismo, durante 30 años. La defensa interesaba la libre absolución o, alternativamente, una condena por homicidio imprudente, según las fuentes del caso.

En la declaración con que dio comienzo el lunes 8 de marzo el juicio, el procesado mantuvo que ella habría caído encima de la navaja que portaba en el transcurso de una discusión dentro del coche que él conducía en torno a las 00,00 horas de aquel 14 de agosto de 2018.

Negó, asistido por un traductor, desavenencias en la pareja hasta que, unas dos semanas antes de los hechos, ella «empezó a tomar drogas», por lo que empezaron a hacerse frecuentes las discusiones y los «gritos» de ella. Asimismo, pidió, en el inicio de su declaración, «perdón» a la familia y manifestó su «dolor» por lo sucedido.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado este jueves que en el actual nivel de alerta ante la Covid-19, la situación de las residencias de mayores y dependientes hay prácticamente «una situación de normalidad». «La convivencia, el transcurrir de la cotidianidad en una residencia tal como está la normativa ahora mismo se parece mucho a un funcionamiento normal en este nivel de alerta», ha expuesto.

La también portavoz del Ejecutivo autonómico se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntada por las «quejas» planteadas por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunitat Valenciana (Aerte).

La entidad ha denunciado este semana la falta de interlocución con la Conselleria de Sanidad durante la fase más dura de la pandemia en los centros residenciales y ha señalado que lleva más de dos meses sin reunirse con el sector. Así, ha censurado que estos centros siguen «con el protocolo sanitario del 12 de enero a pesar de que todas las personas de las residencias se encuentran vacunadas desde hace semanas» contra la Covid-19.

«La resolución de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ratificada por el Consell, es muy clara respecto a qué se puede hacer y que no en el ámbito residencial dependiendo de los niveles de alerta», ha expuesto la responsable autonómica, que ha dicho que «en estos momentos el nivel de alerta en los municipios valencianos está en 1».

Mónica Oltra ha detallado que «en ese nivel de alerta, las personas residentes pueden salir y recibir visitas, al menos una vez a la semana y de tres personas juntas si son convivientes.

Asimismo, ha manifestado que las personas que viven en residencias pueden –como además se recomienda a estos centros, ha precisado– salir y «estar al aire libre, que se hagan actividades, que se utilicen los espacios comunes y el servicio de comedor común de menara normalizada».

«En este nivel de alerta, prácticamente se establece una situación de normalidad en las residencias», ha declarado, tras lo que ha planteado que «lo que se está trabajando ahora en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas es una nueva propuesta que tendrá que ratificar la Conselleria de Sanidad» y que «tenga en cuenta el fenómeno de la vacunación».

La vicepresidenta ha añadido que eso, «en principio, no va a afectar al espacio convivencial» de estos centros, «quitando algunas cuestiones como establecer la necesidad de que las personas que ingresen en las residencias vayan con la vacuna» o que en esos ingresos, si ya no es necesario un aislamiento, se puede sustituir este «por una vigilancia más activa» de estos nuevos usuarios.

«NO VAN A CAMBIAR MUCHO»

«Lo que son las normas convivenciales no van a cambiar mucho respeto a lo que hay», ha insistido Mónica Oltra, que ha comentado que ha tenido ya una reunión con representantes de Aerte y ha considerado que se va «en una misma línea de por dónde tiene que ir la normativa». Ha precisado que hay que tener en cuenta que «aún no están todos los residentes vacunados».

La consellera ha agregado que a Aerte se le dijo que «la nueva normativa estaría hacia finales de marzo, cuando ya» se tuviera «a todas las personas residentes vacunadas».