El vicelehendakari primero del Gobierno Vasco y consejero de Interior, Josu Erkoreka, ha afirmado que no hay razón para «desconfiar» de que el traspaso de prisiones a Euskadi vaya a favorecer a los presos de ETA y ha recordado que los funcionarios serán los mismos, aunque pasarán a depender de la Administración vasca. «No hay motivo alguno para plantear sombras de sospecha en relación con la transferencia», ha aseverado.

Además, ha desvinculado el traspaso de la gestión de las cárceles vascas de los acercamientos de reclusos de la banda que realiza semanalmente el Gobierno de Pedro Sánchez.

Erkoreka ha señalado, en la rueda de prensa celebrada en Vitoria para dar a conocer que el próximo 10 de mayo se firmará el traspaso a Euskadi las competencias de Prisiones, transporte por carretera, el ISSN y el edificio Distrito Marítimo de Ondarroa, que no acaba de comprender que «alguien pueda plantear la más mínima desconfianza» sobre la posibilidad de que se vaya a favorecer a los reclusos de ETA.

De esta forma, se ha referido a las declaraciones realizadas por representantes del PP, como el presidente de los populares vascos, Carlos Itugaiz, asegurando que espera que el traspaso de prisiones al País Vasco «se circunscriba a una transferencia y no a dar beneficios a los criminales de ETA».

Según ha destacado el vicelehendakari, la actitud de los funcionarios de las prisiones vascas no han tenido «reproche, hasta el momento», por el PP, mientras ha actuado dependiendo de las instituciones del Estado», y no entiende que los populares «desconfíen» ahora de que, bajo el mando del Gobierno Vasco, «vayan a operar bajo métodos que vayan a ser o merezcan sospecha o mala percepción».

A su juicio, «no hay razón» para ello, aunque ha apuntado que sí puede ocurrir y ocurrirá que «hagan uso del margen que la Ley otorga para que su aplicación pueda ser de una manera distinta».

«La misma Ley es susceptible de aplicaciones diferentes. Lo está siendo todos los días, lo ha sido a lo largo de la historia, incluso dependiendo de la misma institución. Por lo tanto, ahí hay margen importante para hacer políticas propias en el ámbito penitenciario que nadie puede negar, con lealtad total a la Ley y a los criterios, bases y principios con los que tienen que actuar los funcionarios que trabajan en el ámbito penitenciario», ha aseverado.

Preguntado por si el modelo penitenciario vasco basado en las «tres erres: Reeducación, Resocialización y Reinserción de los presos», va a facilitar el cumplimiento de las condenas de toda la población reclusa de Euskadi en régimen de semilibertad, ha respondido que «sería una irresponsabilidad» por su parte, cuando se anuncia el traspaso de una transferencia, adelantar el funcionamiento de una institución, hasta que su dependencia del Gobierno Vasco «arraigue y se asiente definitivamente».

«Den tiempo al tiempo y ya habrá ocasión de saber con qué criterio y de qué manera se actúa. Lo que sí podemos anticipar es que no hay motivo alguno para plantear sombras de sospecha en relación con la transferencia y lo que pueda suponer desde el punto de vista de la actuación irregular de los empleados públicos», ha manifestado.

AGRUPAMIENTO DE PRESOS

Sobre la posibilidad de solicitar el traslado a las cárceles de Euskadi de los presos vascos, entre ellos los de ETA, una vez que la Comunidad Autónoma tenga la competencia de prisiones en sus manos, Josu Erkoreka ha asegurado que no incurrirá en «el inmenso error de confundir una cosa con la otra en el mismo acto».

«Cada cosa tiene su camino, el proceso de acercamiento de presos se está llevando a cabo por parte del Gobierno central en aplicación de la Ley penitenciaria vigente», ha recordado.

CRITERIOS DEL LEHENDAKARI

En todo caso, ha puntualizado que es verdad que, en base a criterios que han sido compartidos en más de una ocasión entre ambas Administraciones y que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, «ha ido trasladando a diferentes presidentes del Gobierno a lo largo de los años, como con Rajoy o Sánchez, eso se está produciendo».

No obstante, ha reiterado que «no hay que establecer conexión de causa efecto» entre la transferencia, una deuda desde hace 40 años, y los movimientos de reclusos de ETA que se están dando en estos momentos, «por decisión de Instituciones Penitenciarias del Estado».

El jurado ha declarado, por unanimidad, culpable al autor confeso del crimen machista de Laredo, al considerar probado que Tomás S.M.R. mató a su pareja, a la que asestó 29 puñaladas en la madrugada del 3 de enero de 2019 en Laredo, en lo que fue el primer delito de violencia de género del año en España.

Así lo han concluido en el veredicto, emitido tras el juicio celebrado esta semana en la Sección Primera de la Audiencia de Cantabria, momento en el que el magistrado que ha dirigido la vista y que dictará sentencia ha reprochado al acusado su conducta.

Ha considerado que «además de injusta, fue injustificada e injustificable», así como «irremediable e irreversible». «Nada puede compensar el daño que causó y eso caerá sobre usted como una losa cada uno de los días de su vida», le ha advertido en una inusual intervención dirigida al procesado una vez disuelto el tribunal.

Con sus palabras, el juez ha avanzado que la pena que impondrá en el fallo, por un delito de asesinato con ensañamiento y alevosía -con las agravantes de parentesco y de género- y otro de amenazas -a las compañeras de piso que intentaron en vano frenar la agresión- «con total seguridad rebasará ampliamente los 20 años de cárcel».

Ha sido después de dar la palabra a las partes para que se pronunciaran sobre el veredicto de culpabilidad y lo pusieran en relación con sus calificaciones de delitos y peticiones de penas.

El fiscal ha aprovechado este punto para introducir la solicitud de que cuando el procesado, de 29 años y natural de Ecuador, sea expulsado al extranjero cumpla tres cuartas partes de su condena, algo con lo que no se ha mostrado conforme el implicado y sobre lo que su abogado ha considerado «prematuro» pronunciarse, dado que será una pena larga.

Además, la defensa, a tenor de los hechos probados y del dictamen de culpabilidad, ha elevado de 15 a 20 años la petición de prisión para su patrocinado, interesando eso sí que se apliquen las atenuantes de entrega y confesión para los dos delitos, el de asesinato y amenazas, y que éste se imponga en su mínima extensión.

UNANIMIDAD EN TODOS LOS PUNTOS MENOS UNO

Los nueve jurados han estado de acuerdo en todos los puntos objeto del veredicto -14 en total-, salvo en uno: en el que tenía que deliberar si el implicado actuó por la dominación que pretendía tener sobre su novia por ser mujer, extremo que han reconocido por mayoría de siete miembros frente a dos.

Al margen de este asunto, han coincidido en todos los demás aspectos y hechos, entre ellos que el procesado atacó con arma blanca a quien hasta horas antes y durante dos años había sido su pareja de forma «sorpresiva, reiterada y valiéndose de gran fuerza», lo que impidió que la fallecida pudiera defenderse.

Asimismo, han convenido en que el implicado infligió a su ex -dominicana, de 26 años y con una hija de ocho- múltiples puñaladas con dos cuchillos: uno que se llevó del bar en el que ambos se encontraron esa noche y otro «de grandes dimensiones» que cogió de la cocina de la vivienda de la chica, hasta donde la había seguido cuando se fue del pub y a la que consiguió acceder con la excusa de recoger unas pertenencias.

Allí mantuvieron una discusión tras la cual, y «queriendo acabar con la vida de ella», le provocó 29 lesiones además de golpes y patadas, para causarle la muerte e «incrementar innecesariamente el dolor». Para llegar a esta y otras conclusiones, el jurado ha tenido en cuenta las declaraciones de las dos testigos presenciales de lo ocurrido -las compañeras de piso-, de los forenses que practicaron la autopsia y los tres vídeos que el autor confeso grabó con su teléfono durante y después de los hechos.

Los dos primeros fueron filmados en la vivienda, con la víctima herida y agonizando, y en uno de ellos se oía al procesado decirle: «Tanto sufrimiento y mira aquí, como acabas, ¿ves Rebeca? ¿Pensabas que ibas a ganar?». El tercero lo grabó de camino a su casa, para pedir perdón a su familia y antes de entregarse en el cuartel.

En este sentido, y también por unanimidad, han considerado probado que el sospechoso acudió a la Policía Local poco después de los hechos y se los reconoció a un agente, como éste testificó en el plenario.

Pero al respecto, creen que no lo hizo sin saber o suponer que la Guardia Civil había recibido el aviso y acudía al domicilio de la víctima y que los agentes conocían o iban a conocer de forma «inminente» que él era el autor. De igual modo, entienden que el reconocimiento no supuso una colaboración «importante» y «sin ocultar ningún hecho relevante» para el esclarecimiento de hechos y autoría.

Y tampoco creen demostrado que los 500 euros consignados antes del juicio para reparar el daño causado a los familiares de la fallecida es «procedente» conforme a las capacidades económicas del acusado, que no se han demostrado documentalmente en el plenario.

En relación con las compañeras de piso que intentaron parar el ataque, el jurado ha considerado que ambas trataron de «calmarle y cogerle el cuchillo» que buscó en la cocina después de que se le rompiera el que había traído del bar escondido en la manga. Creen que se dirigió a ambas exhibiendo el arma, que les dijo que no quería hacerles daño y que se quitasen, ante lo que las dos chicas se encerraron en su cuarto.

Con todo, el tribunal se ha opuesto a que se concedan a Tomás S.M.R. los beneficios de la suspensión de la pena que se le imponga y a que se proponga al Gobierno de la Nación el indulto total o parcial de la misma.

Leído el veredicto, se han pronunciado sobre el dictamen de culpabilidad todas las partes personadas: Fiscalía, acusación particular -ejercida por la familia de la víctima-, Gobierno de Cantabria y Asociación Clara Campoamor, como acusaciones populares, y defensa.

El ministerio público ha insistido en que se imponga al procesado la pena máxima por un delito de asesinato y que se le condene también por el de amenazas, dada la «gravedad, maldad e inhumanidad» de los hechos que cometió.

Todas las acusaciones se han opuesto al indulto y remisión de la pena, y la pública y la particular han planteado una condena por responsabilidad civil conforme al baremo establecido para víctimas de accidente incrementando la cuantía un 15% por ser una muerte dolosa.

REPROCHE DEL JUEZ

La sesión, vista para sentencia, ha concluido con las palabras del presidente del tribunal, que dictará el fallo, al procesado. Tras reprocharle su conducta que va a «pagar con años de prisión», ha matizado que «eso es el pasado y no lo puede cambiar. Lo que sí puede cambiar es el futuro», ha añadido.

Después de aludir a su juventud y a la posibilidad de que algún día recobre la liberad, le ha recordado que puede «dar sentido a su vida», «primero aprendiendo unos valores que deben guiar al ser humano». «Es incompatible decir que se ama a alguien y a la vez agredirla. La violencia supone que no se ama a aquel contra quien se ejerce. Si se maltrata a alguien es porque no se le ama», ha reflexionado el magistrado.

En segundo lugar, le ha dicho que debe valorar una mujer como un ser humano con los mismos derechos que el hombre. En este sentido, ha apuntado que tener más fuerza física no otorga «ninguna superioridad» mientras que la violencia «releva una incapacidad».

Le ha instado en tercer lugar a un «arrepentimiento de verdad» por lo ocurrido, que incluya la reparación del daño con todo el dinero que le sea posible consignar, y finalmente, el juez le ha recordado que «está a tiempo de dedicar lo que le queda de vida a intentar reparar el mal ejecutado» en las relaciones con los demás y actos en los que participe. «Eso sí depende de usted», ha concluido.

El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha recomendado este viernes a los gobiernos del bloque que garantice la «calidad» de sus planes de recuperación y sigan en ellos los criterios pactados para que la institución pueda realizar un análisis «rápido» de los mismos para su aprobación

«Por parte de la Comisión Europea, subrayamos que lo importante para garantizar un análisis rápido de los planes de recuperación es que tengan buena calidad y sigan todos los criterios legales del reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», ha dicho el letón en la rueda de prensa posterior a la reunión telemática de los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin).

Dombrovskis ha asegurado que para algunos Estados miembros será «factible» entregar sus planes de reformas e inversiones antes del30 de abril, mientras que otros será «más complicado» y serán necesarios «más trabajos» durante las próximas semanas.

«Desde ese punto de vista, es probablemente más importante tomarse una semana o más para mejorar la calidad de los planes que concentrarse esa fecha concreta», ha explicado el máximo responsable económico del Ejecutivo comunitario.

Por su parte, el ministro de Finanzas de Portugal, Joao Leao, que este semestre ostenta la presidencia de turno del Ecofin, ha puntualizado que su país, España, Grecia y Francia son los países «más avanzados» con sus planes de recuperación y ha pedido a todas las capitales que agilicen los trámites.

«A dos semanas de que finalice el plazo oficial, la presidencia portuguesa insta a los Estados miembros a finalizar sus planes para que puedan ser aplicados rápidamente», ha sentenciado en una comparecencia de prensa en la que ha afirmado que, una vez en marcha, serán «un poderoso instrumento» para impulsar la recuperación.

Por otro lado, Leao ha pedido a todos los socios del bloque que no lo han hecho que ratifiquen la normativa que permite a Bruselas emitir la deuda con la que financiará el fondo de recuperación. «La Comisión solo podrá emitir deuda cuando este proceso concluya», ha enfatizado.

Por ahora, 17 Estados miembros han ratificado el fondo y 10 Estados miembros todavía no lo han hecho. Preocupan sobre todo Polonia, debe resolver una disputa entre los partidos de Gobierno, y Alemania debe esperar a que su Tribunal Constitucional avale la base legal del plan anticrisis. Países Bajos, por su parte, va a esperar a conocer el veredicto alemán.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, abrirá este sábado su campaña electoral en Hortaleza alejado de la confrontación, los extremos y con el objetivo de «parar el Gobierno de Colón» para recuperar un Madrid «conciliador, progresista, joven, verde y digital».

Desde hace casi un mes el candidato ya se ha encontrado inmerso en una precampaña en la que ha recorrido diferentes municipios de la Comunidad de Madrid como Móstoles, Getafe, Parla, Rivas, Fuenlabrada, Alcorcón y Coslada, así como los distritos de Chamberí, Arganzuela, Latina y Vallecas. Además, cada fin de semana ha dado sus mítines en la sede del partido, en Ferraz, donde ha estado acompañado en tres ocasiones por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por diferentes ministros.

En todos estos encuentros Gabilondo se ha centrado en un mensaje principal: que Madrid «no esté gobernada por la ultraderecha» y que los madrileños acudan a votar «masivamente» el próximo 4 de mayo por un «gobierno de progreso» frente a las políticas «fallidas» del actual Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Así, ha buscado un equipo con «capacidad de gobernar». A su lista, además de diputados de la Asamblea de Madrid se han sumado figuras procedentes del Ejecutivo central como su ‘número 2’ y exsecretaria de estado de Migraciones, Hanna Jalloul, y la expresidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano. Además, ha adelantado que de lograr conformar gobierno contaría con la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, como su vicepresidenta económica, que se centrará en la recuperación económica, uno de los ejes de su programa.

De hecho, el candidato socialista ha sido de los primeros en dar a conocer su programa de Gobierno al completo, con 350 medidas centradas en «la pandemia, la reconstrucción social y la recuperación económica». Entre ellas, destacan 1.300 millones para el tejido empresarial, la construcción de 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler social, una ley por la que ningún ayuntamiento de la Comunidad de Madrid podrá vender viviendas públicas a fondos de inversión y el primer gobierno paritario en Madrid.

También, quiere activar los centros de salud para la vacunación incluso los fines de semana, el abono transportes joven hasta los 31 años para estudiantes y desempleados, un billete anticontaminación, y 25.000 nuevas plazas públicas en el sistema educativo madrileño.

Pero, sin duda, hay algo con lo que se ha comprometido Gabilondo que ha generado cierto escepticismo entre el electorado de derechas: que no subirá ni bajará impuestos. «Me comprometo solemnemente a no tocar la fiscalidad en los dos años de gobierno. No tendrá que pagar nadie ni un euro más», aseveró el líder socialista pese a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiera que las subidas del Impuesto sobre Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, estos últimos tributos cedidos a las comunidades, puedan entrar en vigor el próximo ejercicio, en 2022.

A este respecto, ya el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, le ha sugerido a Gabilondo que una de las líneas rojas que pondrán desde su formación para pactar es «subir impuestos», algo que al socialista le sorprende y le parece que se está hablando «demasiado pronto», porque primero tendrá que verse «cuál es la decisión de los ciudadanos en las urnas».

UN CANDIDATO ‘SOSO, SERIO Y FORMAL’ EN CONTRA DE LOS EXTREMOS

De hecho, desde el inicio de la precampaña el líder socialista ha indicado que está dispuesto a pactar «con las dos manos» pero que no quiere a los extremos, donde también incluye a Pablo Iglesias, con quien dice no estar de acuerdo en su modo de plantear las elecciones, «en términos de confrontación».

Para Gabilondo, esto no se trata de «fascismo o comunismo», sino de resolver los problemas de los ciudadanos con un gobierno de «progreso y de transformación, conciliador, joven, verde, feminista y digital». Así, opta por la opción que considera «más centrada» que es gobernar «con Más Madrid y con Cs».

Pese a ello, el candidato ‘naranja’, Edmundo Bal, ya ha mostrado su negativa a pactar con Gabilondo por «ir en pack» con Podemos y Más Madrid, ante lo que el socialista critica que los ‘naranjas’ «vuelvan a las andadas» cuando ya han visto que el Gobierno conformado con el PP dio resultados «fallidos» y «unas elecciones innecesarias».

Aunque Gabilondo no ha querido entrar estos días al cruce de «insultos» públicamente con el resto de candidatos, como, a su parecer, ha hecho la presidenta y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, sí se ha encargado de interponer diferentes denuncias al PP ante la Junta Electoral Provincial de Madrid.

La que más revuelo ha causado es la denuncia del PSOE contra la inclusión en las listas ‘populares’ de Toni Cantó y Agustín Conde por estar empadronados fuera de tiempo. Finalmente, después de semanas y de acudir a la Justicia, el Tribunal Constitucional acordó mantener a ambos fuera de la lista de Ayuso al no cumplir con los requisitos de empadronamiento previo al cierre censal, fijado el 1 de enero de 2021.

Esta será la segunda vez que Gabilondo y Ayuso se enfrenten en las urnas. En las anteriores elecciones, en 2019, el socialista ganó a la ‘popular’ pero no consiguió llegar a la Puerta del Sol. Dos años más tarde vuelve a presentarse tras haber sido designado por el partido sin pasar por primarias «por la emergencia» de las elecciones anticipadas. Fue el propio Sánchez quien le llamó para conocer su disposición a volver a liderar una candidatura.

Así, Gabilondo se presenta a estos comicios como un candidato «soso, serio y formal», al que le sobra «espectáculo» y «ruido». Además, reconoce que no es un «político de marketing», que «el descaro, el insulto, el odio y la tensión» no le representan y que quiere ser el presidente de la Comunidad de Madrid para «gobernar en serio».

El vicelehendakari primero del Gobierno Vasco y consejero de Interior, Josu Erkoreka, ha afirmado que Euskadi está preparada para gestionar «la crucial» competencia de Prisiones con un modelo penitenciario propio basado «en la reeducación, resocialización y reinserción». Con la transferencia de los centros penitenciarios y de otras tres materias, acordada entre los Gobiernos vasco y central, ha destacado que se avanza en «el largo y tortuoso camino» para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika.

Erkoreka ha comparecido ante los medios de comunicación en Vitoria, junto a la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, para anunciar que la gestión de las tres prisiones vascas, valorada en 70 millones de euros, pasará a manos de Euskadi el próximo 1 de octubre. La transferencia se materializará en la comisión mixta que se celebrará el próximo 10 de mayo, junto a otras tres: el transporte por carretera, el ISSN y el edificio Distrito Marítimo de Ondarroa.

Durante su intervención, el vicelehendakari ha señalado que «el largo y tortuoso camino» del cumplimiento del Estatuto de Gernika «está jalonado por hitos», que suponen los acuerdos de transferencias que, «con frecuencia, se espacian más entre sí de lo que sería deseable». «Hoy nos encontramos en uno de esos hitos», ha remarcado.

Según ha asegurado lo es, sobre todo, por tres motivos, el primero por el hecho mismo del acuerdo alcanzado que permitirá convocar la Comisión Mixta de Transferencias para materializar cuatro nuevostraspasos que corresponden a materias que, a partir de ahora, se gestionarán «en casa». «Por tanto, avanzamos en el Autogobierno», ha asegurado.

En segundo lugar, ha destacado «la relevancia política de una de ellas, la de Instituciones Penitenciarias», una transferencia nuclear está recogida en dos títulos del Estatuto de Gernika. En este sentido, ha dicho que, mientras el 10.14 atribuye a Euskadi la competencia para la organización, régimen y funcionamiento de instituciones, entre otras, las penitenciarias, con arreglo a la Ley Penitenciaria, el 12.1 le atribuye la ejecución de la legislación penitenciaria del Estado.

«Es de sobra conocido el cúmulo de acuerdos, exigencias y reclamaciones planteadas por las diferentes instituciones en relación a ese transferencia, aquí, en Euskadi, o en las Cortes Generales de Madrid», ha manifestado.

TRANSPORTE DE CARRETERA

El tercer motivo por el que, a su juicio, supone un hito el día de hoy es porque la transferencia de transporte por carretera, «que se materializa en clave foral, simboliza muy gráficamente la singularidad del autogobierno vasco».

«En los términos en los que se produce, nunca antes ha sido transferida a ninguna otra Comunidad Autónoma y nunca lo será porque es competencia de las Diputaciones Forales», ha añadido.

Josu Erkoreka ha afirmado que una transferencia «no es un mero cambio de manos de un servicio público», sino que «es mucho más», una «oportunidad para cambiar un modelo, para gestionar la competencia aprovechando el conociendo la realidad social» de Euskadi.

En este sentido, ha destacado que la Comunidad Autónoma Vasca «está preparada para recibir la crucial competencia» de Prisiones. «Nos avala la gestión que venimos desarrollando en el ámbito de la justicia juvenil, con las medidas impuestas a los menores infractores. Los resultados avalan nuestra gestión», ha aseverado.

Asimismo, ha explicado que, «año tras año, los datos sitúan a Euskadi a la vanguardia en la educación y resocialización de las y los menores que han cometido delitos», ha añadido.

MODELO PROPIO

Erkoreka ha manifestado que «uno de los indicadores del nivel de desarrollo humano de un país es el trato que ofrece a su población reclusa», y ha recordado que el Gobierno Vasco ha diseñado un modelo penitenciado propio basado en las «tres erres»: Reeducación, Resocialización y Reinserción de los presos.

«Asentaremos el nuevo ‘sistema penitenciario vasco» sobre las bases de los modelos restaurativos más avanzados. Euskadi tiene un perfil propio de servicio público que, ahora, vamos a aplicar también a laspolíticas públicas penitenciarias», ha asegurado.

El vicelehendakari primero del Gobierno Vasco ha reiterado que Euskadi hoy «tiene mucho que celebrar». «Pactar la transferencia del ‘Sistema Penitenciario Vasco’ es cumplir un sinfín de acuerdos y mandatos parlamentarios; es acercarnos a uno de los principales compromisos y objetivos de este Gobierno Vasco: conseguir el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika; es avanzar en el autogobierno reconocido para gestionar con cercanía los temas que nosincumben», ha indicado.

EL PACTO

Josu Erkoreka ha puesto en valor la cultura del pacto para asegurar que pactar es «el camino. «Es nuestro modelo histórico de relación: negociación bilateral para el pacto, modelo de éxito porque hoy, de nuevo, se demuestra que el cumplimiento íntegro del Estatuto deGernika es viable a través de la vía del diálogo político e institucional», ha dicho.

Por ello, ha revalidado el compromiso del Gobierno Vasco «con esta fórmula para avanzar en el resto de ‘cronograma’ de transferencias pendientes hasta culminarlo».

El Gobierno ha afirmado este viernes que el Ministerio de Sanidad «en ningún caso» ha considerado la posibilidad de permitir a las empresas que adquieran y administren por su cuenta vacunas a sus plantillas laborales, tras la propuesta que ha planteado al respecto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

«El Ministerio de Sanidad quiere transmitir a través de los medios de comunicación que en ningún caso se ha considerado esta posibilidad», ha afirmado Moncloa en un comunicado del Ministerio de Sanidad, en el que vuelven a confirmar su apuesta por la compra centralizada de vacunas en la Unión Europea, basada en el Acuerdo de los Estados miembros para la adquisición de vacunas contra la COVID-19, de 18 de junio de 2020.

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección ha sostenido este viernes que no ve mal que las empresas salgan fuera de España a los mercados a comprar vacunas. En un acto en Valdebebas, la dirigente madrileña ha puesto el foco en que sería «interesante» en un momento en el que además cree que se debería «empezar a trasladar patente y que todos los países» empezasen a fabricar «a la máxima celeridad».

«Yo no veo mal que las empresas fuera de España, en los mercados, no en detrimento de la Sanidad pública española, empiecen ya a comprar vacunas», ha declarado. Para Ayuso, tal y como están sucediendo los acontecimientos, tanto empresas como países acabarán «comprando por su cuenta porque es la única manera de salir adelante.

Sin embargo, el Gobierno ha querido salir a descartar de plano esta posibilidad, porque, según el acuerdo firmando en Europa, los Estados miembros se han comprometido a no iniciar sus propios procedimientos de compra con aquellas vacunas objeto de negociación por la Estrategia Europea.

Asimismo, Sanidad recuerda que todas las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y la Comisión europea están dentro de la Estrategia Europea de Vacunación.

En cuanto a la administración de vacunas, el Ministerio que dirige Carolina Darias destaca «las capacidades del sector público para ejecutar, a través del Sistema Nacional de Salud y de las Comunidades Autónomas, el plan de vacunación en marcha».

EL SISTEMA DE SALUD, PREPARADO PARA VACUNAR MASIVAMENTE

Además, el Gobierno aprovecha para reafirmar el plan de vacunación que recientemente presentó el presidente Pedro Sánchez, que supondrá llegar al objetivo del 70% de la población vacunada, es decir, 33 millones de españoles y españolas, en el mes de agosto.

«El Sistema Nacional de Salud está suficientemente preparado para abordar un campaña de vacunación masiva como ha demostrado, sin ir más lejos, en la última campaña de la gripe, en la que fueron administradas 14 millones de dosis en tres meses», defienden.

Estudiantes en Movimiento y Frente de Estudiantes han llamado a la movilización en toda España el próximo 6 de mayo, «por una educación pública de calidad y al servicio de la mayoría del estudiantado».

Según denuncian ambos sindicatos, los derechos de los estudiantes «continúan siendo atacados año tras año». Así, critican que, en medio de una crisis que «ha aumentado la desigualdad en el sistema educativo y expulsado a miles de estudiantes de la universidad, el último ataque, aún no consumado», es la propuesta de nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, la llamada LOSU, promovida por el ministro del ramo, Manuel Castells.

Sostienen que «la voluntad de precarizar aún más al estudiantado en prácticas contenida en este Real Decreto no es, sin embargo, sino la punta de lanza de una reforma más amplia de la universidad española que se prevé para el otoño próximo».

De esta forma, los convocantes de las movilizaciones exigen la paralización «inmediata» del Real Decreto, así como la participación «real, democrática y efectiva» del estudiantado y trabajadores del ámbito en una nueva ley de universidades.

También advierten del «fraude generalizado» en las prácticas académicas, «la mayoría sin remunerar, como antesala de un mercado laboral incierto en el que el empleo juvenil se caracteriza por altos índices de paro, temporalidad y parcialidad».

En otro punto, alertan de la «intromisión» de la empresa privada en la universidad. Los sindicatos explican que la crisis económica «facilita que haya quienes ven en la universidad un negocio, y aparecen nuevas vías de mercantilización educativa: la privatización educativa por la vía de la digitalización; el aumento de la presencia directa de las empresas a través de las prácticas».

«FALTA DE DEMOCRACIA» EN LAS UNIVERSIDADES

Igualmente, Estudiantes en Movimiento y Frente de Estudiantes rechazan «la falta de democracia» que, a su juicio, hay en las universidades, «sin tener en cuenta al estudiantado y a gran parte del personal en la toma de decisiones». «Se trata ésta de una cuestión que se ha evidenciado durante la gestión de la pandemia en las universidades», argumentan.

En este contexto, las organizaciones reclaman la «gratuidad total» del sistema educativo en todos sus niveles y proponen la creación de becas salario «para que las estudiantes de extracción popular no se vean obligadas a abandonar sus estudios».

Un aumento «sustancial» de la financiación, «tras años de recortes, de la educación pública a todos sus niveles como condición de posibilidad de una educación de calidad», y la reducción de las ratios en enseñanzas medias a 20 alumnos por aula, «no solo en pro de la calidad docente sino también de la seguridad sanitaria en las aulas» son otras de sus reclamaciones.

En relación con la Formación Profesional, las organizaciones abogan por un aumento generalizado en las plazas públicas y apuestan por «una FP de calidad, dotada de los recursos suficientes para asegurar la calidad de la enseñanza».

En materia de vivienda, exigen que las viviendas vacías pertenecientes a bancos y fondos buitres sean de carácter público y se destinen a alquileres sociales, frente «al aumento indiscriminado de los alquileres», que, según aseguran, «ha ocasionado que muchos estudiantes no puedan cursar sus estudios por no poder desplazarse».

Finalmente, piden «recursos, igualdad real, atención al desarrollo pleno de las estudiantes y protección del patrimonio lingüístico y cultural de cada lugar», así como una mayor dotación de recursos para la sanidad pública en materia de salud mental. «Los estudiantes han venido sufriendo problemas relacionados durante los últimos años a causa de diversos factores económicos y académicos, lo cual se ha visto nuevamente agravado por la pandemia», concluyen.

El embajador de Portugal en España, João Mira Gomes, ha subrayado que Europa debe marcarse como «una prioridad» apoyar el desarrollo sostenible en África durante las próximas décadas.

«Apoyar el desarrollo sostenible de África debe ser una prioridad para Europa en las próximas décadas. Es esencial trabajar en conjunto para impulsar la transición energética en el continente, creando riqueza y empleo con menos polución y más sostenibilidad», ha afirmado João Mira Gomes.

Así lo ha indicado este viernes en una jornada de diálogo en Madrid sobre la transición energética en África, organizada por la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El evento ha transcurrido en el marco de las ‘EU-Africa’s Green Talks: New investments pathways towards sustainable, inclusive development’, que las representaciones diplomáticas portuguesas, el BEI y otros socios están organizando en África y Europa, previas al evento principal Fórum UE-África sobre Inversión Verde del próximo día 23 de abril, en Lisboa.

Las ‘Green Talks’ permiten compartir las perspectivas locales de desarrollo sostenible e inversión verde lideradas por el sector público y privado de toda África. En ellas, se examinan las inversiones recientes que han tenido éxito para identificar los enfoques innovadores y las oportunidades para movilizar el capital público y privado hacia la transición verde en África.

El evento de este viernes en Madrid comenzó con las palabras de João Mira-Gomes, quien ha afirmado que el Fórum de Alto Nivel UE-África sobre Inversión Verde, en Lisboa, será «un hito importante en el diálogo entre los dos continentes sobre crecimiento verde».

Por su parte, el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Ricardo Mourinho Félix, ha subrayado que es «imprescindible» continuar trabajando en proyectos que «aceleren una transición tras la crisis provocada por el COVID-19».

«Compartiendo conocimientos técnicos, financieros y medioambientales entre África y Europa, así como identificando las mejores prácticas en relación a los desafíos compartidos, avanzaremos hacia un futuro más verde y sostenible. En 2020, el Grupo BEI proporcionó un récord de 4.700 millones de euros para inversiones innovadoras públicas y privadas en África, de las cuales un 70% se destinó a estados y regiones frágiles», ha destacado.

El evento también ha reunido a representantes gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil, como: el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación de Portugal, Francisco André; la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Ángeles Moreno Bau; el director de Desarrollo de Negocio en África de Siemens Gamesa, Jean-Pierre Sánchez, y el manager de Estrategia e Innovación para África, CESAL, João Neto.

Los intervinientes han debatido formas de reforzar la cooperación entre los diferentes actores relevantes para impulsar la transición energética, crear economías y empleos verdes y hacer frente a los efectos del cambio climático en África.

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha elegido Móstoles para abrir su campaña de cara a las próximas elecciones del 4 de mayo con la intención de teñir de ‘verde’ el conocido como ‘cinturón rojo’ de la región, por haber optado tradicionalmente por opciones de izquierdas, y se lanza a conseguir más apoyos en el sur.

En Móstoles estará arropada, como ya es habitual en los recientes actos preelectorales que ha realizado en diferentes municipios y barrios de Madrid, por el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien se ha volcado con la campaña de Monasterio y cierra su lista a la Asamblea de Madrid, además de dirigir su campaña.

Pese a que esta comienza oficialmente este fin de semana, Monasterio ha visitado junto a Abascal municipios del sur de la región, como Alcorcón o Leganés, y distintos distritos de la capital como Puente de Vallecas, donde lanzaron su candidatura, Carabanchel, Moncloa o Chamartín. La candidata también ha participado en diversos actos junto al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, y la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona.

ALTERCADOS Y LANZAMIENTOS DE OBJETOS

Fue precisamente en la presentación de su candidatura, en la conocida como ‘Plaza Roja’ de Vallecas, donde se produjeron altercados, lanzamiento de objetos, como piedras o adoquines, y cargas policiales después de que diferentes vecinos y miembros de colectivos antifascistas como ‘Vallekas Antifa’ o ‘Bukaneros’ rodearan el espacio donde estaban realizando el acto para intentar boicotearlo.

Algunos de los congregados lanzaron objetos que superaron el cordón policial e impactaron contra miembros de Vox. Ante esta situación, tanto Monasterio como Abascal exigieron la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no realizar «las cargas necesarias» para alejar a las personas que querían agredir a miembros del partido, ni contar con el dispositivo suficiente para garantizar la seguridad.

Monasterio ha recriminado en diferentes ocasiones desde entonces esta situación y ha criticado a determinados medios de comunicación por su cobertura, así como a miembros de Unidas Podemos, como su candidato a las elecciones de Madrid, Pablo Iglesias, por «fomentar» la violencia y ha llegado a pedir la ilegalización del partido.

Precisamente, evitar la entrada de Iglesias y de la izquierda «radical y pija» a las instituciones madrileñas es uno de los objetivos de Vox, algo que resaltan que es su «función social»; además de acabar con las políticas de izquierda que se han implantado en Madrid y en España, con el apoyo del Partido Popular.

NO TIENE PROBLEMA EN NEGOCIAR CON AYUSO

Monasterio ha dejado claro cuáles son sus prioridades si llega al Gobierno regional y también a quién daría su apoyo. Tal y como lo hizo en 2019 apostaría por la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso.

Aunque no ha querido concretar si exigirá entrar en el Gobierno para dar su apoyo a los ‘populares’, sí que se ha mostrado dispuesta a negociar con Díaz Ayuso y ha asegurado que será «más fácil» que en 2019 porque ya no tendrán que contar con el exvicepresidente del Ejecutivo madrileño Ignacio Aguado (Cs).

La candidata ha insistido en que lo importante para Vox es acabar con las políticas de izquierda, de «adoctrinamiento» en las escuelas y de género, además de defender la repatriación de la inmigración ilegal y de los menores extranjeros no acompañados, algo que asegura que solo defiende Vox y no el PP, además de acabar con la ‘okupación’ y la inseguridad en las calles de Madrid.

Otras de sus propuestas son las bajadas de impuestos, con deducciones fiscales a familias y ayudas a los trabajadores afectados por la pandemia, y acabar con las restricciones, pidiendo que se quite ya el toque de queda en la región y que se permita que los madrileños se «ganen el pan».

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha iniciado contactos con grupos parlamentarios para recabar apoyos con el objetivo de aprobar en el Congreso una alternativa jurídica al estado de alarma, cuya prórroga finaliza el próximo 9 de mayo, según han confirmado fuentes ‘populares’.

El Grupo Popular ya registró el miércoles en el Congreso su proposición de ley para reformar la Ley Orgánica de Salud Pública con el fin de que, en casos de pandemia como la del coronavirus, las comunidades autónomas puedan limitar la circulación de personas y el derecho de reunión sin necesidad de decretar el estado de alarma

Aparte del Partido Popular, grupos como Ciudadanos y aliados del Gobierno como el PNV, Bildu o Compromís también ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, alternativas al levantamiento del estado de alarma.

Fuentes del PP han señalado que Gamarra ya ha trasladado la iniciativa del Grupo Popular a la mayoría de grupos parlamentarios con el objetivo de recabar apoyos en la Cámara Baja. Según añaden, su propósito es contar con un marco legal que ofrezca «seguridad y certidumbre» a los gobiernos regionales.

Hemos iniciado contactos parlamentarios para que en el Congreso una mayoría parlamentaria pida al Gobierno de España que articule de urgencia ese plan B jurídico», ha confirmado públicamente en TV3 el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, quién ha emplazado además a Pedro Sánchez a llamar a Pablo Casado para trabajar «juntos» en este asunto.

EL CALENDARIO

Según los ‘populares’ se trata de modificar por el trámite de urgencia y en lectura única la Ley 3/86 de Medidas Especiales en materia de Salud Pública con el fin de que se pueda aprobar en un plazo de quince días y que así esté en vigor para cuando venza el vigente estado de alarma, que acaba el 9 de mayo.

Sin embargo, aunque la Mesa del Congreso pueda calificar esa iniciativa en su reunión del 20 de abril, la ausencia de Pleno por la campaña madrileña en las dos semanas siguientes retrasará su debate para después del 9 de mayo, fecha en la que ya habría terminado el estado de alarma.

Casado lleva desde el verano pasado exigiendo un marco legal alternativo al estado de alarma y, de hecho, ya presentó una proposición de ley similar que se debatió en el Pleno del Congreso en noviembre. Sin embargo, los ‘populares’ contaron entonces con un amplio rechazo y solo lograron el apoyo del PNV.

Los ministros de Unidas Podemos arroparán al candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, en diferentes actos de campaña para reivindicar su presencia en los comicios como condición de posibilidad del cambio político y su papel para fraguar ejecutivos y políticas progresistas.

Sobre todo destacará la participación de la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, junto a la titular de Igualdad, Irene Montero y los también ministros Alberto Garzón (Consumo) e Ione Belarra (Ministerio de Derechos Sociales).

También está previsto, según explican fuentes de la candidatura, el concurso durante la campaña, que arranca ya oficialmente este domingo 18 de abril, de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Este mismo viernes Iglesias ha estado apoyado por Montero, el sábado será el turno de Garzón y este domingo será el turno de Belarra y Díaz.

Todos ellos ya han acompañado a Iglesias en actos de precampaña, como se pudo comprobar en la presentación de la lista completa de Unidas Podemos a los comicios madrileños, en el acto sectorial dedicado a la vivienda (una de las grandes apuestas de Iglesias para tratar de derrotar a la derecha) y en el consejo confederal de Unidas Podemos (que reúne a la formación morada, IU y En Comú Podem) que presentó el lema para esta cita electoral: ‘Que hable la mayoría’

Sobre todo se ha notado la implicación de Díaz, a quien Iglesias propuso para el liderazgo de Unidas Podemos dentro del Gobierno. Y es que además de estos actos acompañó recientemente al candidato a una reunión con trabajadores de servicio de limpieza.

ELOGIOS A IGLESIAS Y CRÍTICAS A AYUSO

El mensaje de Díaz y otros ministros hasta la fecha han pivotado en la trascendencia de estas elecciones, que traspasan el ámbito de Madrid para tener alcance nacional, y en contraponer el valor de la presencia del exvicepresidente para, con su renuncia al Ejecutivo, tratar de impedir que PP, con el apoyo de Vox, pueda volver a gobernar.

Por ejemplo, Díaz enfatizó que en esta cita electoral «está en juego democracia», que el PP había convertido los servicios públicos en Madrid en un «despojo» y que la gestión de la pandemia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, era una de las peores.

A su vez, Garzón calificó a Ayuso como la vanguardia de la «ola reaccionaria» mientras que Belarra también destacó la determinación de Iglesias por incluir la regulación del alquiler en la nueva ley de vivienda, su papel clave para conseguir el primer gobierno de coalición a nivel nacional, el plan de apoyo a la dependencia, la ley de protección a la infancia o su trabajo para acelerar la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital.

Esa combinación de una gestión antagónica al Ejecutivo popular del PP y la apuesta por reeditar un gobierno progresista de coalición marcan una campaña que focaliza como eje principal en propuestas que logren movilizar al electorado de izquierda, sobre todo en barrios del sur de Madrid y en municipios de la periferia de la región.

MOVILIZACIÓN

En Unidas Podemos están convencidos de que un sector de la población de claras convicciones de izquierda, que en otras citas electorales optó por la abstención, puede respaldar su candidato abanderada por Iglesias y crecer electoralmente para que den los números para la alternancia política en Madrid.

Un mensaje insistente es que los comicios los determina una minoría que se concentra en bastiones electorales del PP, que siempre están hipermovilizados y que pueden, además, sumar gran parte del antiguo votante de Ciudadanos.

Por tanto, apelan a ese concepto, antaño usado por los populares, de dirigirse a esa mayoría «silenciosa» que vote no solo a la candidatura de Unidas Podemos, sino a las otras opciones progresistas. En consecuencia, tratan de seducir con propuestas de refuerzo de servicios públicos o vivienda en una cita que, a ojos de la formación morada, va a estar muy polarizada en el plano ideológico, pues detectan que el riesgo a una reelección de Ayuso con apoyo de Vox es un factor que apele a un voto masivo.

CONFRONTAR CON AYUSO Y VOX Y BUENAS RELACIONES CON LA IZQUIERDA

También tienen claro que la confrontación debe centrarse en el PP y Vox y, por tanto, habrá guante de seda con el resto de candidaturas dado que la «codazos» (término recurrente en Iglesias) entre formaciones de izquierda desmoviliza a sus votantes.

Las encuestas electorales realizadas hasta la fecha apuntan a un incremento discreto de Unidas Podemos, que oscila entre el cuarto o quinto puesto dependiendo del sondeo, respecto a 2019, cuando la lista encabezada por Isa Serra logró el 5,6%. No obstante, el propio Iglesias y su equipo han destacado que los propios datos que manejan son buenos y marcan tendencia de crecimiento.

También confían en la capacidad de su candidato en el propio periodo de campaña, como ha demostrado en las últimas elecciones generales al cosechar más votos que los previstos inicialmente en los sondeos.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acompañará al candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, en los actos electorales de este fin de semana y se prevé que tenga una participación destacada en la campaña para estos comicios claves para el futuro de la formación naranja.

El acto que marcará el inicio de la campaña se celebrará este sábado por la tarde en la plaza de Isabel II –plaza de Ópera–, en el centro de Madrid, y en él intervendrá, además de Bal y Arrimadas, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís.

Los mismos protagonistas repetirán en el mitin del domingo a mediodía, aunque en esta ocasión se unirán a ellos alcaldes, vicealcaldes y concejales de Ciudadanos de distintos gobiernos municipales de la Comunidad de Madrid. Entre ellos, Yolanda Sanz, alcaldesa de El Molar, una localidad del noreste de la región donde Cs ganó las últimas elecciones y gobierna junto al PSOE.

Está previsto que Arrimadas esté en los actos centrales de la campaña para los comicios del 4 de mayo y tenga una participación «importante y destacada» en este periodo electoral para respaldar a Bal, igual que hizo con el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, en las elecciones catalanas del 14 de febrero, según han explicado fuentes de Cs.

RESPALDO DE VILLACÍS, MARÍN E IGEA

La líder de la formación naranja ya arropó a Bal en la presentación oficial de su candidatura, el pasado 27 de marzo en la plaza de Santa Ana de la capital, y desde entonces ha compartido con él otro acto de precampaña –en ambos casos junto a Villacís– y le ha presentado en un desayuno informativo.

Los candidatos que forman parte de la lista electoral de Ciudadanos para el 4-M contarán en esta campaña con el apoyo no solo de Arrimadas y Villacís, sino también de los vicepresidentes de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y del Gobierno de Andalucía, Juan Marín, y diferentes miembros del Comité Permanente y la Ejecutiva del partido.

Esta cita con las urnas es crucial para Ciudadanos, que tenía 26 diputados en la Asamblea de Madrid y que ahora, según las encuestas, podría perder a gran parte de sus votantes e incluso quedarse sin representación parlamentaria si no alcanza el 5% de los votos.

Esto supondría un revés para Bal, que dio un paso al frente postulándose como candidato de Cs tras retirarse el exvicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, y que previamente había manifestado su deseo de seguir como portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados.

LA RELEVANCIA DEL 4-M PARA ARRIMADAS

Quedar fuera de la Asamblea de Madrid sería también un nuevo fracaso para Arrimadas, después del hundimiento electoral en Cataluña y de que en los comicios gallegos de hace nueve meses Ciudadanos no lograra entrar en el Parlamento. En el caso del País Vasco, obtuvo representación parlamentaria por primera vez, al presentarse en coalición con el PP.

La convocatoria de las elecciones en Madrid fue la reacción de la presidenta del Gobierno autonómico, Isabel Díaz Ayuso (PP), a la decisión de Cs de presentar sendas mociones de censura junto al PSOE en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de Murcia contra el PP, con el que gobernaba en coalición, igual que en la Comunidad de Madrid.

Desde Ciudadanos sostienen que nunca tuvieron intención de impulsar una moción de censura contra Díaz Ayuso y, de hecho, apuestan por reeditar el Ejecutivo y el acuerdo de coalición que tenían con los ‘populares’, pero la relación con el PP –que se ha dedicado a captar a cargos de Cs, incluidos varios tránsfugas en Murcia– se ha resentido en el último mes.

Si finalmente la formación naranja no logra ser una fuerza decisiva tras las elecciones madrileñas ni formar parte del futuro gobierno, tan solo conservará el poder en dos de las cuatro comunidades autónomas donde hasta hace poco gobernaba, Andalucía y Castilla y León.

La juez del Juzgado de Instrucción Número 5 ha decretado el ingreso en prisión preventiva comunicada y sin fianza de tres de los ocho detenidos el pasado miércoles como autores de un delito de lesiones por agredir a personas en Fuerteventura y subir vídeos a las redes.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la magistrada, en funciones de guardia, ha tomado esta decisión tras la declaración de los cinco implicados mayores de edad, dejando a otros dos en libertad provisional bajo los mismos cargos con la prohibición de salir de la isla y de acercarse a las personan que aseguran ser víctimas de sus ataques.

Mientras, los otros tres presuntos implicados en estos sucesos son menores y han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.

Por su parte, la Policía Nacional detuvo el pasado miércoles a los ocho jóvenes que forman parte de un grupo autodenominado los ‘vater’ y conocido por organizar peleas con otros jóvenes en un instituto de Puerto del Rosario.

Los hechos se remontan a finales del mes de marzo cuando los agentes recibieron varias denuncias por agresiones «totalmente desmotivadas» y cometidas por un grupo organizado violento de carácter juvenil en distintas calles de la capital majorera.

Así se tuvo constancia de que en total fueron cinco las personas agredidas, teniendo que ser hospitalizadas tres de ellas por las lesiones que sufrieron y la gravedad que revestían. En concreto, una de las víctimas fue un hombre, de 60 años, que quedó inconsciente sobre el firme de la vía pública.

Ante estos hechos, iniciaron una investigación policial que les permitió identificar plenamente a un grupo de ocho jóvenes, cinco de ellos de 18 años y otros tres menores de 17, comprobando que habían actuado de manera premeditada y sorpresiva a la hora de cometer los ataques, asegurándose siempre una superioridad numérica.

Asimismo, las pruebas policiales determinaron que los investigados formaban parte de un grupo perfectamente organizado, los ‘váter’, que es conocido en un instituto de Puerto del Rosario por organizar peleas con otros grupos de jóvenes, contando además entre sus filas con miembros federados de artes marciales mixtas y quienes hicieron uso de dichos conocimientos durante las agresiones.

Además, tras los ataques realizados, entre las 21.00 y las 21.50 horas, de la noche del 27 de marzo, los agentes pudieron constatar que los mismos subieron a sus redes sociales vídeos vanagloriándose de los hechos.

El PP someterá este martes a debate en el Pleno del Congreso una proposición de ley para aprobar el primer régimen estatutario de los funcionarios que trabajan en las prisiones españoles para que, entre otras cuestiones, sean considerados agentes de la autoridad, una vieja reivindicación de este colectivo.

Esta iniciativa, es fruto de la reunión que el pasado mes de octubre la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, mantuvo con representantes de la asociación de funcionarios Tu Abandono Me Puede Matar.

En su texto, el PP sostiene que el marco de estructuración y organización de los funcionarios de instituciones penitenciarias es «deficiente», se ha quedado «obsoleto» y no regula correctamente las especificidades de su trabajo.

CUERPOS NACIONALES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Por eso, los ‘populares’ consideran «imprescindible» impulsar una Ley del Estatuto de los Funcionarios de Instituciones Penitenciarias que recoja las singularidades que implica el trabajo en el ámbito penitenciario en tanto que «el volumen, dispersión y antigüedad de las normas vigentes en este sector es fuente de una evidente inseguridad jurídica».

En su texto, el PP sitúa a los trabajadores de prisiones al mismo nivel que la Policía o la Guardia Civil en tanto que «recibirán la denominación genérica de funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias».

Así las cosas, serán reconocidos como agentes de la autoridad, a todos los efectos legales, «pudiendo identificar tal condición por su placa con el número de registro profesional, en procesos administrativos judiciales que sean consecuencia de su actividad profesional».

No es la primera vez que el PP lleva una iniciativa al Congreso con esta solicitud. De hecho, el año pasado registraron una propuesta para reconocer de forma transitoria a los funcionarios de prisiones como autoridad mientras durase el estado de alarma derivado del coronavirus.

Además, el Estatuto que plantean los ‘populares’ en su proposición de ley recoge otras reivindicaciones del colectivo de funcionarios de prisiones, entre ellas la creación de una mesa sectorial, la creación de una Escuela de Estudios Penitenciarios o una mejora de su régimen retributivo.

AMENAZAS DE MOVILIZACIONES

Hace escasos días, los sindicatos de prisiones ACAIP-UGT, CIG y CSIF alertaron al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que convocarán movilizaciones si no «desbloquea» la negociación para aprobar la Ley de Función Pública Penitenciaria, un proyecto que por ahora «no recoge aspectos imprescindibles» para mejorar la situación laboral del colectivo.

En un comunicado conjunto, se remitían a la reunión del pasado 24 de febrero donde Instituciones Penitenciarias aseguró que les presentarían un borrador del texto, pero denuncian que «no se ha aclarado la situación y el recorrido de este texto normativo desde entonces».

Se trata de una norma que se abordó en un grupo de trabajo creado en julio de 2020 y que busca reconocer las especificidades del colectivo de funcionarios de prisiones acabando con una «legislación dispersa», además de mejorar las condiciones de los empleados públicos.

El Tribunal Supremo (TS) ha resuelto que «no ha lugar a la admisión» de un recurso de casación formulado por un varón, contra una sentencia de la Audiencia de Sevilla que le condena por abusos sexuales sobre una menor de edad familiar de su mujer, que portales motivos visitaba «con frecuencia» su domicilio.

En esta sentencia emitida el pasado 4 de febrero, el Supremo aborda un recurso de casación interpuesto por un varón, contra una sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla emitida en marzo de 2020 y que le condena a ocho años de cárcel, como autor de un delito de abusos sexuales sobre una menor.

La sentencia de la Audiencia declara como hechos probados que antes del verano de 2009, esta menor nacida en 1999 acudía frecuentemente al domicilio» del acusado por su «relación familiar con la mujer del» mismo.

En ese contexto, según la sentencia de la Audiencia, «aprovechando las ocasiones en que estaba solo con la menor en la habitación del hijo del citado domicilio, y que la tenía sentada en sus piernas, el procesado, en varias ocasiones y con ánimo libidinoso, le dio besos en la boca, le tocó por debajo de la ropa los pechos y los genitales, y le introdujo los dedos en la vagina e incluso cogió la mano de la menor para tocarse y frotarse sus partes genitales por debajo de la ropa».

Ello, después de que la menor manifestase que «los tocamientos los realizó el procesado desde que tenía (ella) cuatro años hasta los ocho y que bajo la excusa de que le iba a enseñar imágenes de Semana Santa en el ordenador, la llevaba al dormitorio del hijo y allí le tocaba el pecho y sus partes» genitales.

EN EL CHALÉ

En agosto de 2010, según agrega la sentencia inicial condenatoria, «cuando se encontraban en una reunión familiar en un chalet que la familia de la menor había alquilado, el procesado entró en la habitación en la que se encontraba la menor para que esta le diera un masaje y cuando la menor se encontraba a horcajadas sobre la espalda del procesado, dándole un masaje, éste se dio la vuelta repentinamente, cogió a la menor por la cadera, la tumbó, la besó en la boca y tras bajarse los pantalones, la penetró».

Frente al recurso de casación del condenado, el Supremo considera que «ha existido prueba de cargo suficiente contra el recurrente, al margen de que éste no comparta la valoración que de las pruebas personales ha realizado el tribunal, porque la declaración de la víctima, que resulta corroborada por la prueba testifical y documental expuesta es prueba suficiente y hábil para destruir la presunción de inocencia, habiendo explicado la sala de instancia de manera suficiente y motivada por qué otorga tal condición a las citadas declaraciones».

Por ejemplo, cita el Supremo «la declaración de la sobrina de la esposa del procesado, que declaró que el día del incidente de agosto de 2010 la menor le contó que el procesado le había dado un beso, y reconoció que ella no supo reaccionar y que era cierto que la menor se ofrecía a dar masajes a todos los familiares».

EL TESTIMONIO DE LA MENOR

«Como alegó la defensa, se advierten en la perjudicada imprecisiones, olvidos o incluso contradicciones y que el relato ofrecido en el juicio oral se percibe un tanto elaborado y poco espontáneo. Sin embargo, precisa la sentencia que ello no puede suponer que se cuestione automáticamente la credibilidad de la menor, pues es explicable que alguien no recuerde, olvide o sea impreciso, o incluso contradictorio al relatar unos hechos acaecidos varios años atrás, cuando tenía una edad en la que no es fácil mantener los recuerdos y una misma versión inalterable», indica el Supremo respecto a la resolución recurrida.

Para el tribunal, «el relato (de la menor) fue coherente, persistente, rico en detalles y matices difíciles de inventar, sin que se advirtiese animadversión hacia el procesado ni intención de hacerle daño injustificadamente».

Respecto a la alegada ausencia de la defensa en las declaraciones de la menor practicadas en instrucción, el Supremo señala un acta según la cual el día de la exploración de la menor en sede judicial, la defensa del acusado se marchó porque no podía «esperar más» al tener que atender otros asuntos.

Así, el Supremo determina que «no ha lugar» a la admisión del recurso de casación del condenado frente a la sentencia inicial de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla.

El Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirán el próximo lunes a los mandatarios de Guatemala, Alejandro Giammattei, y de República Dominicana, Luis Abinader, quienes llevarán a cabo una visita oficial aprovechando su asistencia al día siguiente a la Cumbre Iberoamericana en Andorra.

En el caso de Guatemala, durante la visita de su presidente se procederá a la firma de un memorándum de entendimiento de consultas bilaterales entre los Ministerios de Exteriores de ambos países con el objetivo de institucionalizar y sistematizar los contactos políticos bilaterales y el seguimiento de los asuntos de interés común, según ha indicado el departamento que dirige Arancha González Laya.

Durante la visita de Giammattei se abordarán entre otros, además de los asuntos de interés bilateral, regional e internacional, la Cumbre Iberoamericana cuya anterior edición en 2018 albergó precisamente Guatemala, de ahí la presencia de su presidente en la XXVII cita.

«El Gobierno de España reitera su compromiso de seguir trabajandoestrechamente con las autoridades guatemaltecas para continuar enriqueciendo nuestras excelentes relaciones bilaterales, construidassobre una sólida asociación histórica, cultural y económica; en interés del bienestar y la prosperidad de nuestros ciudadanos y del espacioiberoamericano», ha señalado Exteriores en un comunicado.

En el caso de República Dominicana, igualmente, está prevista la firma de un memorándum de entendimiento de consultas bilaterales a nivel de Ministerios de Exteriores, con el mismo objetivo que en el caso de Guatemala.

La visita de Abinader permitirá abordar temas de la agenda bilateral, regional e internacional, al igual que la Cumbre Iberoamericana. Se da la circunstancia de que República Dominicana será el país que albergará la próxima cumbre, prevista para 2022, y el que ejerce la Secretaría Pro-Tempore para el periodo 2021-2022.

Al igual que en el caso de Guatemala, el Gobierno ha expresado su compromiso de trabajar con República Dominicana para seguir estrechando las relaciones «en sus múltiples dimensiones incluida la económica, así como nuestros profundos lazos históricos y culturales, en aras del bienestar y la prosperidad de nuestros dos países».

AGENDA DE ABINADER EN MADRID

Según ha informado la Embajada dominicana en Madrid, Abinader llegará el domingo y tiene previsto reunirse con los expresidentes Felipe González y José María Aznar. Además, visitará la sede de la Organización Mundial del Turismo (OMT), donde le recibirá su secretario general, Zurab Pololikashvili.

Además, se reunirá con dirigentes en España de su Partido Revolucionario Moderno (PRM) y ofrecerá una cena a una veintena de personalidades de la comunidad dominicana en España, la más numerosa después de la de Estados Unidos.

Ya el lunes, participará en un encuentro con empresarios en Casa de América organizado por la Cámara de Comercio de la República Dominicana, que preside Juan Luis Cebrián, y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, que encabeza Nuria Vilanova.

El Gobierno y la Xunta de Galicia se sentarán de forma inminente en la Comisión Bilateral para tratar de solventar las diferencias en torno a la reforma gallega de la ley de salud, ante el recurso de inconstitucionalidad impulsado por el Ejecutivo que dirige el socialista Pedro Sánchez.

Aunque todavía están cerrando fechas, tanto la Vicepresidencia Primera de la Xunta, departamento encargado de las relaciones institucionales, como el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, han iniciado los contactos para arrancar las negociaciones, según han trasladado fuentes del Gobierno gallego.

Las mismas fuentes han confirmado que este mismo viernes se ha producido un contacto telefónico entre el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, y el titular del Ministerio de Política Territorial, Miquel Iceta.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se posicionó este jueves sobre este asunto –la voluntad de activar la comisión mixta ya se había trasladado el día anterior– e incidió en que para que las negociaciones vayan más allá de «hablar por hablar» el Ejecutivo central debería «retirar» el recurso.

PROPUESTA DE RECURSO Y DICTAMEN

La idea inicial del Gobierno central, tal y como expresó en la petición de informe ante el Consejo de Estado, era recurrir tres aspectos: las medidas preventivas (es decir, las cuestiones a regular), la adopción de las medidas preventivas (‘el modus operandi’ para ejecutar las medidas) y el régimen de sanciones (en varios artículos y, especialmente, en lo referido a las multas por incumplimientos de las medidas que el Gobierno central cuestiona).

En su informe, el Consejo de Estado considera que es pertinente interponer recurso de inconstitucionalidad a uno de los apartados concretos, el relativo a las medidas. Literalmente, señala: cabe este recurso al apartado cinco del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febrero, en lo relativo al apartado 2 del artículo 38 que introduce en la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia.

El apartado cinco introduce un artículo 38 a la ley de salud gallega con dos apartados, de los cuales, el Consejo de Estado avala que se recurra la segunda parte, como se ha mencionado. Esta ‘segunda parte’ habla de medidas preventivas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando haya un peligro para la salud de la población.

Y para ello, además de otras medidas generales, establece que se podrán adoptar medidas de control de las personas enfermas, como el aislamiento domiciliario (actualmente los confinamientos de las personas que están contagiadas por el coronavirus), el internamiento en un centro hospitalario o el aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para tal fin.

MEDIDAS DE CONTROL

Entre las siete principales de esta ‘segunda parte’, también recoge medidas de control para personas que hayan estado en contacto con personas enfermas (como actualmente los aislamientos de contactos positivos); o el sometimiento a medidas profilácticas de prevención, incluida la vacunación o inmunización.

Este apartado de la ley también habilita medidas de control del «entorno inmediato» de las personas enfermas o que hayan estado en contacto con ellas, así como de «zonas afectadas» (lugares geográficos), lo que puede conllevar, por ejemplo, la limitación de movilidad o circulación (como han sido los cierres perimetrales de ciudades o áreas sanitarias) o restricciones a las agrupaciones de personas (como el límite en las reuniones, tal y como está vigente en este momento en Galicia).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este viernes que espera que en el año 2021 se pueda contar ya con la primera vacuna española. Asimismo, ha defendido la estrategia de vacunación desarrollada por el Ejecutivo, basada en la compra centralizada de dosis a través de la Unión Europa, a pesar de las crítica que está recibiendo de comunidades autónomas y partidos políticos.

Así lo ha asegurado durante su vista de este viernes a las instalaciones de la multinacional farmacéutica HIPRA, ubicada en el término municipal de Amer, en Girona, durante la que ha trasladado el apoyo del Gobierno a los proyectos que están desarrollando para producir una vacuna contra el coronavirus.

«Vemos en HIPRA uno de los proyectos más esperanzadores. Con esta visita quiero trasladaros que el Gobierno va a apostar por vosotros. Os apoyamos en esta esperanza que tenemos de contar con una vacuna española a lo largo de 2021″, ha defendido durante la intervención que ha protagonizado antes de finalizar la visita.

En este sentido, ha asegurado que es fundamental que España sea capaz de tener su «propia respuesta a la pandemia», aunque ha reafirmado su apuesta por seguir trabajando junto al resto de países de la Unión Europea en la adquisición de dosis, para garantizar un reparto equitativo.

Un reparto que, según ha defendido, permitirá que lleguen a España 87 millones de vacunas entre abril y septiembre para «poder garantizar la vacunación de todos los compatriotas, vivan donde vivan».

Es más, ha defendido que esa estrategia europea, basada también en «la unión entre lo público y lo privado» para garantizar la producción de vacunas, debe hacerse a escala española. «Podemos aportar y mucho en esta alianza entre lo público y lo privado para garantizar que en muy poco espacio de tiempo España tenga su propia vacuna», ha remarcado.

LOS ENSAYOS CLÍNICOS EMPEZARÁN ANTES DEL VERANO

«Como presidente del Gobierno, estoy muy esperanzado e ilusionado», ha confesado, tras señalar que la empresa HIPRA tiene previsto empezar los ensayos clínicos de la antes de que comience el verano.

La compañía ha informado de que prevé producir 400 millones de dosis de su vacuna Covid-19 durante el 2022, y de que se trata de una vacuna de proteína recombinante que ha sido diseñada para optimizar su seguridad e inducir una potente respuesta inmunitaria neutralizadora del virus de la Covid-19. Además, se conservará entre 2 y 8 grados centígrados, lo que facilitará su logística y distribución.

Sánchez ha estado acompañado por la ministra de Sanidad, Carolina Darias; por el ministro de Ciencia, Pedro Duque; y también por la consejera de Salud de Generalitat de Cataluña, Alba Vergés. A diferencia de otras visitas oficiales del presidente a Cataluña, en esta ocasión el Govern sí ha querido estar presente.

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD

Es más, el jefe del Ejecutivo ha querido aprovechar su visita para destacar también que tanto «desde la Generalitat» como desde «todos y cada uno de los municipios» y desde el Ejecutivo central han sido capaces de «trabajar codo con codo» para luchar contra la pandemia.

«Una de las grandes lecciones que tenemos que extraer de la pandemia es aquello que se dice de que la unión hace la fuerza. Desde luego, desde la Generalitat, que nos acompaña la consellera, desde todos y cada uno de los municipios, y desde el Gobierno de España, hemos sido capaces de trabajar codo con codo, unidos, para dar respuesta unánime a una crisis global como es la pandemia», ha ensalzado Sánchez.

Este llamamiento a la unidad, y el reconocimiento de la labor de la Generaliat que ha hecho Sánchez, se produce en un momento en el que el Gobierno ha redoblado sus críticas contra otro ejecutivo autonómico por la gestión que ha hecho de la pandemia: el del Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, cuando está a punto de empezar la campaña de las autonómicas madrileñas.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se desplazará el próximo jueves a Bruselas para reunirse con el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en un encuentro que tendrá lugar una semana antes de que acabe el plazo para presentación el plan nacional reformas e inversiones.

La cita ha sido confirmada por el Ejecutivo comunitario y se enmarca en el viaje a la capital europea de la responsable española de Trabajo. En dicha visita también tiene previsto entrevistarse con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, a petición de Díaz, según señalan fuentes parlamentarias.

La reunión con el vicepresidente económico de la Comisión Europea reviste de especial interés porque tiene lugar a pocos días de que finalice el plazo para la entrega del plan nacional de reformas e inversiones con el que España va a absorber los 140.000 millones de euros que le corresponden entre transferencias y créditos del fondo europeo de recuperación.

En encuentro, por tanto, se producirá poco antes de que el Gobierno remita el documento a las autoridades comunitarios o incluso lo haya hecho ya. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha precisado este viernes que España cumplirá el compromiso de enviarlo antes del 30 de abril, pero no ha detallado la fecha concreta.

La reforma laboral que debe incluir dicha estrategia es uno de los temas que más tiempo ha ocupado en las conversaciones entre Bruselas y el Gobierno español. De hecho, el propio Dombrovskis subrayó hace poco que Bruselas esperaba una revisión «amplia y ambiciosa» de las normas laborales españolas para en especial el problema de la temporalidad y reducir el «muy elevado» desempleo juvenil.

La medida estrella en el ámbito del mercado laboral que recoge el Plan de Recuperación que esta semana presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la reducción a tres tipos de contratos de trabajo (estable, temporal y de formación) para reducir las tasas de temporalidad.

También prevé la creación de un mecanismo permanente para la formación y recualificación de trabajadores en procesos de ajuste empresarial, la consolidación de los ERTE aplicados durante la pandemia como un instrumento «permanente», la modernización de las políticas activas de empleo y la simplificación y racionalización de los incentivos a la contratación.