Triodos Bank obtuvo un beneficio neto de 27,2 millones de euros durante el ejercicio 2020, lo que representa un descenso del 30% respecto a las ganancias de 39 millones de euros logradas un año antes, según ha informado la entidad.

Esta caída se debió principalmente a deterioros por valor de 24,2 millones de euros en instrumentos financieros (préstamos y valores) en 2020, como consecuencia del empeoramiento de los parámetros macroeconómicos que se utilizan en el modelo de cálculo de las pérdidas de crédito esperadas por la crisis del Covid-19.

La entidad apunta que estos deterioros representan un 0,27% de la cartera media de préstamos, frente al 0,05% de hace un año. En esta línea, reconoce que es una ratio relativamente elevada y que las provisiones han tenido un impacto significativo en el beneficio neto.

No obstante, el consejero delegado de Triodos Bank, Peter Blom, ha asegurado que el crecimiento experimentado ha sido «sólido». «A corto plazo tenemos que abordar los desafíos económicos que supone el Covid-19, pero estamos convencidos de que, a medio y largo plazo, los sectores que financiamos están bien posicionados para contribuir a regenerar la economía«, ha añadido.

Triodos Bank también registró un deterioro no recurrente de 5 millones de euros por los edificios de oficinas de Zeist, en los Países Bajos, debido a la decisión de venderlas y centralizar todas las actividades en el edificio de De Reehorst (Driebergen).

Los gastos de explotación del banco ético aumentaron un 5%, hasta los 245 millones de euros, debido a los costes regulatorios y de cumplimiento y a pesar de que mejoró la eficiencia en costes y se mantuvo los de personal prácticamente sin cambios.

La ratio de gastos de explotación sobre ingresos se mantuvo estable en el 80%, mientras que obtuvo una rentabilidad positivasobre el capital (ROE) del 2,3% en 2020, frente al 3,4% de 2019.

Además, la ratio de capital total se situó en el 18,8% y la de capital ordinario de nivel 1 en el 18,7%. En diciembre de 2020 Triodos Bank emitió capital ordinario de nivel 2 en Reino Unido por valor de 6,4 millones de euros.

Triodos Bank aumentó la concesión de créditos a empresas y proyectos sostenibles un 12%, mientras que las hipotecas concedidas a particulares aumentaron un 39%, ocho puntos porcentuales más que un año antes.

Asimismo, la relación entre préstamos concedidos y depósitos se situó al cierre del ejercicio 2020 en el 78%, un punto por encima del dato de 2019.

Todo ello llevó a que su balance experimentara un crecimiento del 15%, hasta los 13.900 millones de euros, a la vez que el número de clientes se elevó hasta los 728.056, un 1% más.

PROPUESTA DE UN DIVIDENDO DE 0,65 EUROS

En circunstancias normales, la política de dividendos de Triodos Bank consiste en repartir entre los titulares de Certificados de Depósito para Acciones un porcentaje justo de los beneficios obtenidos.

La pandemia del Covid-19 llevó al Banco Central Europeo(BCE) a limitar la distribución de dividendos a un pay-out máximo del 15% del beneficio total de 2019 y 2020 combinados. De acuerdo con esas directrices, Triodos Bank propone un dividendo de 0,65 euros por acción.

TRIODOS BANK EN ESPAÑA

La sucursal de Triodos Bank en España gestionó un total de 2.216 millones de fondos confiados y mantenía a cierre de año un balance de 2.434 millones de balance.

En esta línea, la entidad señala que alcanzó en España los 1.636 millones de euros en financiación de la economía real en los sectores medioambiental, social y cultural. Este crecimiento se debió al aumento del volumen de crédito en un 16% durante 2020.

El director general de Triodos Bank en España, Mikel García-Prieto, ha asegurado que durante 2020 se volcaron muchos esfuerzos en la financiación de los sectores clave de la transición ecológica y justa para la regeneración de la economía.

«Las empresas de los cuidados, la agricultura ecológica, la cultura y la educación han sido fundamentales para mantener los servicios a la ciudadanía durante lo peor de pandemia y son también esenciales en cuanto a la recuperación económica», ha apostillado.

Para acelerar el cambio hacia una economía centrada en las personas y el planeta, Triodos Bank España tiene previsto incorporar los fondos de Inversión Socialmente Responsable (ISR) a su oferta de productos con propósito.

PREVISIONES PARA 2021

Respecto a sus previsiones para 2021, Triodos Bank reconoce que la evolución de la situación externa podrá influir en su capacidad para crecer en volumen y beneficios, si bien asegura que responderá aprovechando de forma proactiva las oportunidades que se presenten.

«Se cumplirá con la misión del banco mientras se mantienen niveles de riesgo y rentabilidad aceptables», recoge la entidad, que apunta a la diversificación geográfica de su cartera de préstamos como una ventaja para mantener un riesgo de activos moderado y, por lo tanto, reducir la volatilidad de los beneficios.

A corto plazo, prevé que algunas empresas clientes de Triodos Bank experimenten dificultades económicas, especialmente una vez venzan los planes de ayudas públicas relacionados con el Covid-19.

Con todo, Tiodos Bank tiene previsto aumentar sus ingresos por comisiones a través del incremento de las actividades de Triodos Investment Management, así como las actividades bancarias. Además, espera un crecimiento moderado del balance, con una relación estable entre préstamos y depósitos.

Estos elementos aumentarán el impacto positivo, contribuirán a una rentabilidad justa y presentarán un apetito general de riesgo aceptable.

La Comisión Europea ha anunciado este jueves que enviará una carta a la compañía farmacéutica AstraZeneca para iniciar un procedimiento de resolución de conflictos con el laboratorio a raíz de sus incumplimientos en la distribución de dosis de su vacuna a los Estados miembros del bloque.

Se trata de una posibilidad prevista en el contrato firmado con la empresa para encontrar una solución de manera amistosa, pero también es el paso anterior a elevar la cuestión a los tribunales belgas si ambas partes no llegan a un acuerdo satisfactorio, un extremo que el Ejecutivo comunitario no ha querido todavía valorar.

«Tenemos la intención de enviar una carta a AstraZeneca que nos va a permitir emprender un diálogo con la empresa en el marco de un proceso de resolución de conflicto. Esta carta está en preparación y por supuesto vamos a preguntar a los Estados miembros para poder enviarla rápidamente», ha explicado en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario, Éric Mamer.

El objetivo de Bruselas con este movimiento es llegar a un acuerdo «de buena fe» con la farmacéutica para que cumpla con las entregas previstas en el contrato que ambas partes firmaron en agosto para el reparto a los socios comunitarios de 300 millones de dosis, ha precisado el portavoz de Salud, Stefan de Keersmaecker.

El Ejecutivo comunitario se valdrá de una posibilidad prevista en el contrato con la compañía que contempla el establecimiento de «conversaciones informales para la resolución de disputas» entre las dos partes que deben comenzar como muy tarde veinte días después del envío de la misiva.

«Nuestro objetivo es tener las dosis estipuladas en el acuerdo y tenemos la intención de activar una de las herramientas previstas en el contrato para conseguir este objetivo», ha recalcado Mamer, quien ha evitado aventurarse a desarrollar nuevas acciones si las conversaciones no prosperan. «Es un paso concreto, ya veremos dónde nos lleva», ha dicho.

Las últimas proyecciones de AstraZeneca apuntan a que la farmacéutica sólo será capaz de entregar a los países europeos un tercio de todas las dosis pactadas hasta junio. Es decir, 100 millones de unidades de los 300 millones acordados.

El laboratorio aduce problemas en las plantas de producción situadas en el continente europeo, que han provocado que en el primer trimestre del año sólo pueda distribuir 30 millones de los 90 millones previstos. Para el segundo trimestre, la UE cuenta con recibir sólo 70 millones de dosis, de los 180 millones acordados.

Bruselas reclama a la empresa que envíe dosis de su vacuna desde las dos plantas situadas en Reino Unido y que están también recogidas en el contrato firmado. La jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, amenazó este miércoles a Londres con bloquear el envío de vacunas de Pfizer desde el continente si el Gobierno británico sigue poniendo trabas a la exportación de vacunas de AstraZeneca a la UE.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, considera que la transformación de las pymes es una de las claves para se consiga una recuperación económica a medio y largo plazo de forma «fuerte y sostenida y sostenible», para lo que se necesita rapidez y escalar exponencialmente en los instrumentos empleados para dichos fin con acciones desde el Estado de «gran envergadura» y a través de los territorios.

«Si no conseguimos la transformación de las pymes, no conseguiremos la digitalización del país», ha recalcado la ministra durante la clausura de la presentación del programa de oficinas de la plataforma ‘Acelera Pyme’.

Durante su intervención, Calviño ha refirmado su convicción de que la digitalización puede ser la palanca para impulsar la modernización y transformación de la economía y que permita a largo plazo que el país sea más resiliente y resistente a posibles futuras crisis o ante el cambio climático.

La ministra ha indicado que la crisis del coronavirus ha provocado la necesidad de acelerar el proceso de digitalización del tejido productivo, algo que se refleja en el plan de recuperación y transformación, que contempla que un tercio de las inversiones se dirijan a la digitalización de la economía, o el plan de 5.000 millones de inversión entre 2021 y 2023 solo para las pymes.

9.975 MILLONES PARA LA CREACIÓN DE 60 OFICINAS ‘ACELERA PYME’

Red.es -entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial- y Cámara de España han presentado este jueves la puesta en marcha del convenio de colaboración para la creación de 60 Oficinas ‘Acelera Pyme’ en la Red de Cámaras de Comercio. Este acuerdo tendrá como objetivo durante los dos próximos años, impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, micropymes, autónomos y emprendedores.

El presupuesto del convenio es de 9.975 millones de euros, de los cuales Red.es aportará un máximo de 4.635 millones de euros y la Cámara de España, un máximo de 5.340 millones de euros, y está cofinanciado con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 (POPE).

En concreto, el convenio -de 24 meses de duración- prevé la entrada en funcionamiento de 35 oficinas ‘Acelera Pyme’ durante este año y otras 25 en 2022.

COBERTURA EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CEUTA

Con la red de oficinas «Acelera Pyme’ se pretende alcanzar la mayor cobertura territorial con al menos una oficina por provincia y, en el caso particular de las islas, con tres en Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza) y cuatro en Canarias (Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife).

De este modo, en la primera fase se pondrán en marcha 35 oficinas, que se distribuirán por las 17 comunidades autónomas y la Ciudad Autónoma de Ceuta, mientras que en 2022 se incorporarán las 25 oficinas restantes hasta completar las 60 previstas.

La distribución regional de las 60 oficinas es la siguiente: Andalucía: 10; Aragón: 3; Asturias: 2; Baleares: 3; Canarias: 4; Cantabria: 1; Castilla-La Mancha: 4; Castilla y León: 8; Cataluña: 5; Ceuta: 1; Comunidad de Madrid: 1; Comunidad Valenciana: 5; Extremadura: 2; Galicia: 4; La Rioja: 1; Murcia: 2; Navarra: 1 y País Vasco: 3.

ACTUACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO

Como actuación principal del acuerdo, se ofrecerá atención y asesoramiento a las empresas en su proceso de transformación digital a través de las Oficinas Acelera pyme-Cámaras de Comercio.

Las oficinas llevarán a cabo actuaciones de sensibilización tales como la generación, difusión y puesta en valor de contenidos sobre las ventajas de la incorporación de las TIC en sus procesos de negocio, el establecimiento de centros demostradores TIC para la incorporación de las nuevas tecnologías en las empresas, la capacitación sobre tecnologías digitales, así como la prestación de servicios tecnológicos e infraestructura, como por ejemplo el acceso a instalaciones donde las empresas puedan conocer y experimentar en el desarrollo de productos para el diseño de posible soluciones competitivas para sus negocios.

De igual modo, las oficinas ofrecerán servicios de asesoramiento y atención tanto para autónomos como pymes (incluidas las de nueva creación) en la resolución de dudas respecto a sus procesos de transformación digital, con el objetivo de facilitarles el acceso al mercado de productos tecnológicos, información sobre la obtención de financiación pública y privada, y fomento de las relaciones entre los distintos agentes del ecosistema empresarial.

Adicionalmente, el convenio contempla una serie de acciones horizontales, orientadas a la coordinación, elaboración de materiales y gestión de todas las actuaciones.

La media del número de trabajadores en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en lo que va de marzo es de 806.865, un 11,3% menos que en febrero, cuando de media hubo 909.662 personas acogidas a este mecanismo.

Así se recoge en la presentación que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha realizado ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El ministro ha incidido en que el número de trabajadores protegidos se mantiene estable desde septiembre y ha remarcado el hecho de que el diseño de los ERTE se haya ido adaptando a las distintas fases de la pandemia.

Además, ha puesto de relieve que, en total, las medidas de protección de la Seguridad Social han llegado a más de 8 millones de personas en algún momento de la pandemia y a casi 600.000 empresas.

También ha afirmado que las prestaciones sociales han amortiguado la caída de las rentas en 2020, «casi el doble de lo que lo hicieron en la anterior crisis». De hecho, ha apuntado que las prestaciones sociales han aumentado en un año lo mismo que en un periodo de cinco años en la crisis financiera.

Asimismo, ha recordado que se estima que el gasto total de la protección de empleo se acercará a los 40.000 millones de euros en el mes de mayo.

REFORMA DE PENSIONES

Por otro lado, sobre la reforma de pensiones, el ministro ha apostillado que ya se han tomado decisiones «muy importantes» que cumplen con recomendaciones «muy importantes» del Pacto de Toledo.

De hecho, ha recordado que ya se recogió en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la separación de fuentes de la Seguridad Social, «una de las recomendaciones más importantes y que ha generado tanto incertidumbre innecesariamente en los pensionistas».

«El Estado ha reconocido 14.000 millones de gastos impropios. El déficit, lo que queda, que no llega a 4.000 millones de euros, se hará en el resto de la legislatura», ha dicho Escrivá, que ha incidido en que se ha hecho «un esfuerzo enorme» para cumplir con esta recomendación del Pacto de Toledo.

Por otro lado, ha dicho que el Gobierno se ha comprometido, en el plazo de un año, a crear un fondo de pensiones público «para los colectivos a los que esta posibilidad no les llega».

EL NUEVO INDICE DE REVALORIZACIÓN SE PRESENTARÁ EN BREVE

«Estamos trabajando ahora en los nuevos elementos de reforma. El primero es asegurar el poder adquisitivo de las pensiones, como nos piden todos los grupos del Pacto de Toledo, reformando la Ley del índice de revalorización de las pensiones de 2013, que llevaremos a las Cámaras de forma muy inminente», ha insistido.

De cara al año que viene, Escrivá espera ahondar en otros elementos que están en las recomendaciones del Pacto de Toledo, como «todo lo que tiene que ver con las nuevas carreras de cotización y el periodo de cómputo, la necesidad de introducir un mecanismo de equidad intergeneracional que sustituya al factor de sostenibilidad o la adecuación de las bases máximas de cotización con ajustes tanto en las bases de cotización como en las pensiones».

«Pensamos cubrir el grueso de todas las recomendaciones del Pacto de Toledo y sacar adelante la reforma a la que nos hemos comprometido con las autoridades europeas», ha apostillado el titular de Seguridad Social.

Por último, Escrivá ha anunciado que en los próximos días se va a presentar un nuevo portal de Seguridad Social «absolutamente novedoso», que se llama ‘Importas’ y a través del cual la Tesorería General de Seguridad Social (TGSS) modificará la comunicación que tiene con el ciudadano. «Va a ser una comunicación distinta, de forma más amistosa y fácil y que supondrá un cambio en la forma de comunicación que tiene la Seguridad Social con empresas, autónomos o ciudadanos», ha añadido.

El Banco de España atribuye aproximadamente el 70% de la caída del Producto Interior Bruto (PIB) registrada entre abril y diciembre a las restricciones a la movilidad que se implantaron desde el Gobierno español y los ejecutivos autonómicos para frenar los contagios de coronavirus.

Así lo señala en un documento, publicado este jueves, en el que analiza la relación entre las medidas de contención de la pandemia, la movilidad y la actividad económica.

La institución explica que ha excluido el mes de marzo del periodo mencionado (abril-diciembre) debido a que las medidas que se establecieron para frenar los contagios sólo se aplicaron durante una quincena, en concreto, desde la declaración del estado de alarma.

El Banco de España afirma en este informe que durante los primeros meses de la pandemia, la actividad se contrajo «más intensamente de lo que sugeriría» la reducción observada en la movilidad de la población, un fenómeno que dejó de observarse prácticamente a partir del mes de agosto y que cambió incluso de signo al final del año.

En su opinión, esto podría sugerir la existencia de un «cierto proceso de aprendizaje» por parte de los agentes económicos a la hora de convivir con la pandemia.

«Este aprendizaje podría estar relacionado, entre otros aspectos, con una implantación cada vez más efectiva de nuevas formas de trabajo, en particular, el teletrabajo, y nuevos patrones de consumo, con un mayor sesgo hacia el consumo en línea», apunta.

En todo caso, estima que las restricciones legales tuvieron un fuerte impacto sobre la movilidad de la población y la actividad económica. Además, apunta que, de forma voluntaria, los ciudadanos redujeron su movilidad en el segundo trimestre de 2020 más allá de lo explicado por las restricciones establecidas, efecto que perdió fuerza con la desescalada.

«En las fases iniciales de la pandemia, la reducción de la movilidad fue superior a la que se desprendería de las restricciones aprobadas. Esto es, al principio se produjo, aparentemente, una cierta reducción de la movilidad de carácter voluntario. Sin embargo, tras la desescalada, el comportamiento de la movilidad se ha ajustado más al explicado por las medidas de contención en vigor», subraya.

La institución afirma que el impacto adverso sobre el PIB como consecuencia de las restricciones puede verse contrarrestado a medio plazo «por un efecto de signo opuesto», en la medida en que las restricciones impuestas actualmente sirvan para evitar otras más contundentes en el futuro.

La Comunidad de Madrid ha cerrado esta semana el plazo para la adhesión de empresas al proyecto Factoría Digital, en el que se han inscrito un total de 213 empresas, una iniciativa cuyo objetivo es canalizar el talento de grandes corporaciones, empresas de consultoría, pymes o startups para que la región llegue a ser una Administración 100% digital, aplicando las tecnologías más avanzadas para lograr una relación fluida, rápida y sencilla con los ciudadanos.

El modelo de Acuerdo Marco de este programa, que recoge la actual Ley de Contratos del Sector Público, ha permitido facilitar la concurrencia y la competencia de las empresas, ya que supone que todos los que cumplan conlos requisitos mínimos establecidos pueden participar de forma dinámica en el proceso de digitalización de la Administración pública.

A partir de este momento se pone en marcha la primera fase del proyecto de Factoría Digital, que es la adjudicación del Acuerdo Marco, ha informado desde la Comunidad de Madrid. En esta fase, se homologa a las empresas que podrán ser adjudicatarias de los contratos y se evalúan la solvencia y los criterios de adjudicación. Si las empresas, sin excepciones, cumplen con los criterios de homologación, formarán parte de estainiciativa, ya que la Factoría Digital no se limita a un número concreto de organizaciones.

TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS

El Acuerdo Marco está dividido en dos lotes, en cada uno de los cuáles hay definidas distintas tipologías de proyecto en las que se clasifican las empresas. Estos dos lotes son consultoría de diseño y factoría de innovación digital. El primero de ellos engloba iniciativas relacionadas con las consultorías de análisis y diseño y de gestión de la transformación digital, el diseño de servicios digitales, la capacitación digital y la Oficina de Gobierno y seguimiento de Proyectos y Servicios.

El segundo lote, factoría de innovación digital, se subdivide en 11 tipologías de proyecto. Entre estas se distinguen: asistentes virtuales para la atención al ciudadano; aplicaciones móviles; servicios de realidad virtual y realidad aumentada; tecnología de experiencia de cliente; automatización robótica de procesos o analítica de procesos; blockchain y sistemas de transacciones seguras; servicios de voz e imagen, y gobierno del dato, entre otros.

En definitiva, a través de la Factoría Digital lo que se pretende es seguir avanzado en el objetivo de digitalizar la Administración, contando con todo el talento de las empresas tecnológicas independientemente de su tamaño e impulsando la innovación. Esta iniciativa cuenta con una duración inicial máxima de cuatro años, dos años prorrogables, y un presupuesto estimado superior a los 64 millones de euros, que se podrá ampliar en función de las necesidades.

UN LABORATORIO DE IDEAS

La Factoría Digital incluye también la creación de un Laboratorio de Ideas que canalizará las mejores prácticas y soluciones innovadoras que las empresas y los emprendedores de la Factoría Digital puedan desarrollar. De esta forma, se podrá desarrollar una solución con una empresa desde el laboratorio de ideas cuando cumpla con tres características básicas: que sea una solución innovadora de base tecnológica, que no exista una alternativa equivalente en el mercado y que cubra una necesidad pública.

El Laboratorio de Ideas fomentará la innovación y protegerá los derechos de propiedad intelectual de la empresa que presenta un servicio o desarrollo que no tenga equivalente en relación calidad-precio en el mercado.

El Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil decidió por unanimidad en su última reunión de política monetaria subir los tipos de interés en 75 puntos básicos, hasta el 2,75%, una acción que la institución no emprendía desde junio de 2015.

En consecuencia, los banqueros centrales decidieron iniciar un proceso de reducción del estímulo monetario después del impacto sufrido por la crisis derivada de la contingencia sanitaria.

La subida de 75 puntos básicos en la tasa Selic es más alta que la prevista de 50 puntos por analistas. El comité ha explicado que este mayor ajuste en los tipos de interés contribuirá a reducir la probabilidad de no cumplir con la meta de inflación de este año, además de mantener las expectativas inflacionarias en horizontes de tiempo más largos.

De hecho, el Banco Central asegura que la información de la que dispone sugiere que esta estrategia es compatible con el cumplimiento de la meta de inlfación en 2022, incluso en un escenario de aumento temporal de medidas para frenar el avance de Covid-19.

Para su próxima reunión, salvo que se produzca un cambio significativo en las proyecciones de inflación o en el balance de riesgos, el comité prevé la continuación del proceso de normalización parcial del estímulo monetario con otro ajuste de la misma magnitud, aunque dependerá de la evolución de la actividad económica, el balance de riesgos y las proyecciones y expectativas de inflación

Entre los motivos que explican esta decisión de política monetaria, los banqueros centrales creen que los indicadores recientes de la actividad económica brasileña, en particular los datos del Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre, continúa mostrando una recuperación consistente a pesar de la reducción de programas de ayuda al ingreso diseñados por el Gobierno.

No obstante, la institución es precavida y advierte de que estos datos no abordan los posibles efectos del reciente aumento en el número de casos de Covid-19, por lo que la incertidumbre persiste en las proyecciones de la economía brasileña, especialmente para el primer y segundo trimestre de este año.

En el escenario externo, el instituto emisor se muestra optimista ante la llegada de nuevos estímulos fiscales en algunos países desarrollado y el avance en las campañas de vacunación, lo que debería facilitar una recuperación más sólida de la actividad económica a lo largo del año.

Sin embargo, el Comité entiende que la presencia de estímulos monetarios por parte de bancos centrales persistirá durante algún tiempo, y ha indicado que las dudas sobre el riesgo inflacionario en los mercados han provocado una revalorización de los activos financieros, lo que puede generar un entorno más desafiante para las economías emergentes.

Con respecto a la inflación, la institución ha explicado que la reciente subida en el precio de las materias primas internacionales en moneda local ha afectada a los niveles actuales de inflación, lo que ha provocado nuevos aumentos en las proyecciones para los próximos meses, especialmente por su efecto en los precios de los combustibles.

En este sentido, el comité ha resaltado que pese a la fuerte presión inflacionaria en el corto plazo, las previsiones es que estos choques sean transitorios, aunque permanecerá atento a su evolución.

Las expectativas de inflación para 2021, 2022 y 2023 determinadas por encuestas recientes se sitúan alrededor del 4,6%, 3,5% y 3,25%, respectivamente.

En el escenario básico del Banco Central de Brasil, con una tasa de cambio de 5,7 reales por cada dólar estadounidense, la inflación se ubicará en el 5% en 2021 y en el 3,5% en 2022

La Campaña de la Renta y Patrimonio de 2020 comenzará el miércoles 7 de abril de 2021 para la presentación de declaraciones por Internet, y el 2 de junio para la presentación en las oficinas, prolongándose hasta el miércoles 30 de junio de ese año, según la orden ministerial que publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el 7 de abril arranca la campaña para la presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2020, mientras que los contribuyentes que deseen realizar por teléfono la declaración de Renta podrán hacerlo desde el 6 de mayo.

Asimismo, los contribuyentes que opten por la presentación presencial en las oficinas de la AEAT de la declaración anual de Renta 2020 podrán hacerlo a partir del miércoles 2 de junio, en torno a medio mes más tarde de la fecha en que habitualmente solía iniciarse.

De hecho, en la Campaña de 2019, desarrollada en 2020, se tuvo que aplazar la atención presencial en las oficinas de la AEAT para confeccionar la declaración del 13 de mayo inicialmente previsto al 8 de junio como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Desde el pasado 1 de julio las oficinas de la Agencia Tributaria prestan todos los servicios habituales de forma presencial con cita previa.

El plazo de la Campaña de 2020 finalizará el 30 de junio en general, si bien concluirá con anterioridad, el 25 de junio, en los casos de declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta.

Además, aquellos que elijan el fraccionamiento del pago de la declaración tendrán que realizar el segundo abono como límite el 5 de noviembre.

SIN NOVEDADES NORMATIVAS

El Ministerio de Hacienda recuerda que en el ámbito del IRPF no hay muchas novedades normativas en 2020, a pesar de que la pandemia, dado que las principales medidas adoptadas se han dirigido al plano sanitario, económico y social.

Así, se mantiene en esta Campaña la identificación del domicilio fiscal del contribuyente introducida en 2019, que permite, de forma sencilla e intuitiva, identificar o ratificar el último domicilio fiscal disponible en la base de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, en su caso, modificarlo.

En relación con los rendimientos de capital inmobiliario, como consecuencia de las modificaciones introducidas en el modelo del impuesto correspondiente al ejercicio 2019, se mejora «notablemente» la información que se pone a disposición del contribuyente, lo que sin duda facilitará la cumplimentación de este apartado de la declaración, según Hacienda.

Esta mejora es especialmente notable en el caso del cálculo de la amortización, principal gasto deducible cuando el bien inmueble haya estado arrendado durante el ejercicio.

En concreto, se mostrará al contribuyente la información cumplimentada en la declaración del ejercicio anterior y le permitirá trasladarla a la declaración del ejercicio 2020, en su caso modificarla, y calculará sin más operaciones, el importe de la amortización deducible.

Como novedad «muy destacable» en este ejercicio 2020, precisa Hacienda, en el apartado de rendimientos de actividades económicas en estimación directa, con carácter voluntario se permite por primera vez que los contribuyentes puedan trasladar los importes consignados en los libros registro del IRPF, de forma agregada, a las correspondientes casillas de este apartado del modelo.

OBTENER EL BORRADOR DESDE EL PRIMER DÍA

Por otra parte, en 2020, al igual que los años anteriores, todos los contribuyentes, cualquiera que sea la naturaleza de las rentas obtenidas, podrán obtener el borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración (Renta WEB), tras aportar, en su caso, determinada información que les será solicitada al efecto, u otra información que el contribuyente pudiera incorporar.

Los contribuyentes podrán acceder a su borrador y a sus datos fiscales, desde el primer día de la campaña de renta, a través del servicio de tramitación del borrador/declaración, utilizando alguno de los sistemas de identificación solicitados, es decir, con certificado electrónico reconocido, ‘Cl@ve PIN’ o con el número de referencia, desde donde podrán confirmarlo y presentarlo o, en su caso, modificarlo, confirmarlo y presentarlo.

Asimismo, en los supuestos en los que sea necesario aportar determinada información para finalizar la elaboración del borrador, una vez aportada la misma, los contribuyentes podrán obtener el borrador a través del servicio de tramitación del borrador/declaración.

LA CAMPAÑA DE 2019, MARCADA POR EL COVID

En la campaña de 2019 se presentaron un total de 20,99 millones de declaraciones, un 1,9% más. De ese total, 14,41 millones (-0,24%), el 68,6% del total, salieron a devolver, con un importe de 11.163 millones de euros (+3%), y 5,59 millones (+5,2%) resultaron a ingresar, por total de 12.650 millones de euros (+5,9%).

A través de la web se presentaron 19,1 millones de declaraciones, un 6,7% más y a través de la aplicación móvil más de 363.000 declaraciones, un 25,5% más, al tiempo que aumentaron las declaraciones confeccionadas a través de cita previa por el plan ‘Le llamamos’, reforzado por el Covid, con más de 1,15 millones de declaraciones, seis veces más respecto a las 239.000 del ejercicio anterior.

Con la mitad de tiempo y la mitad de espacio que en una campaña presencial convencional para garantizar las distancias de seguridad, se presentaron en oficinas casi 319.000 declaraciones, frente a los 2,1 millones del año previo, un 75% menos dadas las limitaciones.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este jueves que respeta la política de «eslogan» y de «comunicación pública» de Podemos respecto a la derogación de la reforma laboral y la Ley de Vivienda, pero ha dejado claro que ella está «en la sustancia».

Calviño se ha expresado así en una entrevista en Onda Cero, tras ser preguntada sobre la posición de Podemos con respecto a sendas materias, y sobre si cree que la derogación íntegra de la reforma laboral del PP es un éxito del que quieren adueñarse los ‘morados’.

En esta línea, la vicepresidenta ha insistido en que ella no está centrada en la batalla del relato sino en el trabajo, el mismo que ha llevado en estos meses a conseguir «buenos acuerdos» basados en el diálogo social, y relacionados con los ERTE, el teletrabajo y los ‘raiders’.

Precisamente, Calviño ha destacado esa «línea equilibrada y responsable», que a su juicio debe mantenerse en el futuro. Asimismo, la vicepresidenta ha destacado el «trabajo intenso» de cuatro Ministerios: su departamento, el de Trabajo, Hacienda e Inclusión.

Así, la vicepresidenta ha defendido el trabajo del titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que está tocando un «conjunto de palos» para tratar de que facilitar el acceso a la vivienda. Eso sí, ha incidido en que no existe una «solución milagrosa» y ha vuelto a pedir ver más allá de los eslóganes.

LA SALIDA DE IGLESIAS FUE UNA «SORPRESA»

Por otro lado, Calviño se ha referido a la salida del Gobierno del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que será el candidato de Podemos en las elecciones de la Comunidad de Madrid. «Yo estaba en una entrevista en la televisión, me enteré al salir. Fue una sorpresa», ha reconocido.

En este contexto, la responsable económica del Ejecutivo ha asegurado que es «difícil entender las decisiones» que cada persona toma «en la vida», pero ha mostrado su confianza en que se «mantenga la fortaleza del Gobierno» a pesar del movimiento , porque es un «elemento importante de estabilidad» en España.

Preguntada sobre si la reestructuración interna y el ascenso de la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, a la Vicepresidencia, va a afectar a su trabajo, Calviño ha sido clara: «El presidente será quien tendrá que anunciarlo, pero yo no tengo noticia de que vaya a haber un cambio significativo respecto a cómo trabajo».

A su juicio, el ajuste no va a producir un «cambio muy significativo» en la forma de trabajar «dentro del Ejecutivo» y al hecho de que sea ella la encargada de coordinar la política económica en la coalición.

El Banco de España abrió en 2020 tres expedientes sancionadores, resolvió otros ocho que habían sido iniciados con anterioridad y reanudó uno contra una caja de ahorros, sus cargos de administración y dirección y los miembros de su comisión de control, que había quedado suspendido durante varios años por prejudicialidad penal.

Así lo recoge en su Memoria de Supervisión de 2020 publicada este jueves, en la que revela que el pasado año continuó abriendo y resolviendo expedientes sancionadores, pese a que los plazos quedaron suspendidos desde el 14 de marzo hasta el 1 de junio como consecuencia de la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

De los doce expedientes que estuvieron en tramitación el pasado año, cinco de ellos eran relativos a la transparencia y protección de la clientela (contra tres bancos, una cooperativa de crédito y un establecimiento financiero de crédito).

En concreto, se sancionaron conductas como no entregar las fichas de información personalizada en las novaciones en el ámbito de la información precontractual y contractual ofrecida a los clientes, mientras que en el ámbito del Código de Buenas Prácticas se penalizaron conductas como no informar debidamente sobre este código y la posibilidad de solicitar su aplicación o como aplicar un plazo de reestructuración distinto a los 40 años sin que conste que medie solicitud previa de otro plazo por parte del cliente.

En cuanto a otras entidades supervisadas, el Banco de España también sancionó a una entidad de pago y a sus cargos, a los accionistas de una entidad de dinero electrónico que adquirieron una participación significativa de forma concertada y a dos sociedades de tasación y a sus cargos, a una de ellas por no tener medios humanos suficientes, por insuficiencias en su procedimiento de control de incompatibilidades o por contar con metodologías de valoración que no satisfacían íntegramente las necesidades de la normativa sectorial.

Asimismo, el Banco de España sancionó a sociedades no autorizadas por el organismo, bien por realizar actividades reservadas a entidades de crédito, bien por no suministrar la información requerida en el marco de una inspección.

SUPERVISIÓN DE CONDUCTA Y PUBLICIDAD

El Banco de España explica que una parte fundamental de la labor supervisora llevada a cabo el pasado año se centró en el seguimiento de las actuaciones de las entidades para dar respuesta a la pandemia y cumplimiento a las medidas aprobadas para hacer frente a su impacto económico.

Además, la actividad supervisora en materia de conducta también se enfocó especialmente en las áreas de actividad relativas al crédito hipotecario, al crédito al consumo, a las tarjetas revolving y a los depósitos.

Así, el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos concluyó 144 actuaciones supervisoras a lo largo de 2020, de las que 38 estaban relacionadas con el crédito hipotecario, 28 con el crédito al consumo, 26 con las tarjetas revolving, 28 con los depósitos y el resto con otros asuntos, como publicidad, servicios de atención al cliente, servicios de pago o financiación de pymes.

Como resultado de las actuaciones supervisoras llevadas a cabo en 2020, el Banco de España sancionó a una entidad y formuló 33 requerimientos e hizo 27 recomendaciones centradas en la comercialización de tarjetas revolving y en la cartera hipotecaria.

En cuanto a la actividad supervisora relativa a la publicidad, el Banco de España formuló 117 requerimientos, que culminaron con 56 ceses y 61 rectificaciones.

De forma complementaria a la adopción de las citadas medidas, remitió 514 escritos como resultado de la labor de verificación de los reglamentos de los servicios de atención al cliente y de valoración de la idoneidad de sus titulares.

INSPECCIONES E INVESTIGACIONES DE MODELOS INTERNOS

El Banco Central Europeo (BCE) es el responsable directo de la supervisión de las entidades significativas, mientras que al Banco de España le corresponde la supervisión directa de las entidades menos significativas constituidas en España, si bien también contribuye a la supervisión de las primeras, tanto en los trabajos de supervisión continuada a distancia como en las inspecciones in situ y en las investigaciones de modelos de dichas entidades.

En 2020 se llevaron a cabo nueve inspecciones in situ para entidades significativas (dos de riesgo de crédito para distintas carteras, dos de riesgo tecnológico, dos de capital, dos de gobernanza, modelo de negocio y rentabilidad y una de riesgo de mercado).

Por lo que respecta a las investigaciones de modelos, el impacto de la pandemia fue más reducido que en el caso de las inspecciones. Se llevaron a cabo nueve investigaciones a entidades españolas, ocho centradas en modelos internos de riesgo de crédito y una en modelos de riesgo de mercado.

En cuanto a las entidades menos significativas, se llevaron a cabo seis inspecciones in situ en 2020, en las que se hizo especial hincapié en el análisis de la calidad crediticia y de activos adjudicados, la gobernanza y la solvencia, así como en los aspectos vinculados a la tecnología.

El Banco de España también participó en 195 procedimientos de evaluación de idoneidad de altos cargos de entidades y prestó especial atención a las condiciones personales y profesionales que deben reunir los consejeros independientes.

Como resultado de estas actuaciones supervisoras, el Banco de España envió 99 escritos a entidades menos significativas con 405 requerimientos y recomendaciones. De ellos, 57 corresponden a decisiones de capital, 33 a la revisión de los planes de recuperación y 9 a inspecciones in situ.

Los requerimientos efectuados estuvieron mayoritariamente relacionados con la solvencia y corresponden a las decisiones de capital, debido a que a todas las entidades se les está solicitando anualmente un requerimiento de nivel de capital, con mejoras de los planes de recuperación y de los informes de autoevaluación del capital y de la liquidez.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha resaltado la importancia de ejecutar de manera rápida y homogénea el nuevo paquete de ayudas aprobado la semana pasada por el Gobierno, al tiempo que ve necesario que se agilicen los procesos de liquidación.

En la carta que acompaña a la Memoria de Supervisión Bancaria de 2020, el gobernador ha afirmado que las nuevas ayudas pueden ser «una herramienta útil» para reducir el riesgo de que la pandemia provoque el cierre de aquellas empresas y negocios que están atravesando una situación de dificultad especial, pero que siguen siendo viables.

En este sentido, ha advertido de que una de las consecuencias más preocupantes de la persistencia de la crisis es que las dificultades iniciales de liquidez de las empresas puedan convertirse en problemas de solvencia.

«En caso de que se materializaran, estos problemas de solvencia no solo provocarían una destrucción de tejido productivo y de empleo, sino que también acabarían afectando a la posición patrimonial del sector bancario, que podría responder con una restricción crediticia que realimentara los efectos negativos sobre la capacidad de recuperación y el crecimiento económico a medio plazo», ha alertado.

En cuanto a las nuevas ayudas del Gobierno, que pueden contribuir a reducir este riesgo, Hernández de Cos ve «particularmente relevante» una ejecución «rápida y homogénea», que los mecanismos de reparto permitan focalizar selectivamente las ayudas en las empresas viables que tienen problemas de solvencia y que se evalúe permanentemente el volumen de fondos comprometidos en función de la evolución de la pandemia y la eventual materialización de los riesgos.

En el caso de las empresas no viables, el gobernador del Banco de España ha asegurado que «sería necesario que se agilizaran los procesos de liquidación para evitar que se consuman en ese proceso recursos que podrían ser más beneficiosos en otras actividades».

En su opinión, este apoyo ayudaría a evitar que la crisis incorpore un elemento financiero adicional que la haría «potencialmente mucho más persistente».

De esta forma, el sector bancario podría, como hasta el momento, seguir siendo parte de la solución de la crisis a través de la concesión de crédito a familias y a empresas, y contribuir a la reactivación de la economía una vez que se supere la pandemia, que, a buen seguro, precisará del buen funcionamiento del canal crediticio, tan relevante en las economías europeas y, por supuesto, en la española», ha destacado.

SIN IMPACTO ADICIONAL EN EL BALANCE DE LOS BANCOS

El real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la solvencia de las empresas aprobado el pasado viernes por el Gobierno incluye, entre otras, un conjunto de medidas de apoyo y flexibilización de los préstamos que cuenten con aval público, permitiendo así que el ICO se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración que pacten los bancos y sus clientes.

Como medida de último recurso, se permite la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia, dentro de un proceso de renegociación acordado por los clientes con las entidades financieras, que asumirán la parte proporcional de la reducción del préstamo.

Durante la presentación de la Memoria de Supervisión Bancaria de 2020, la directora general de Supervisión, Mercedes Olano, ha explicado que el eje de medidas que afecta a los bancos tiene la ambición de permitir que en todos los procesos de renegociación que tienen los bancos con sus clientes en el transcurso normal de su negocio estén acompañadas de los avales del ICO.

Según ha relatado, la regulación en los avales del ICO era hasta ahora «un poco rígida», de manera que el aval no podía mantenerse si se ampliaba el plazo, si había un cambio de un préstamo normal por un préstamo participativo o si había una quita en el préstamo principal.

«El ánimo fundamental es que los avales del ICO acompañen a los bancos en este proceso normal de renegociación de las condiciones de los préstamos que tienen sus clientes.

En cuanto al impacto que podrían tener estas medidas en las entidades, la directora general de Supervisión ha asegurado que será el mismo que se produciría si no hubiera este tipo de medidas. «Los bancos renegociarán con todos sus clientes que empiecen a entrar en problemas de la mejor manera posible, facilitando a las empresas la posibilidad de repago de sus deudas, y en este proceso de negociación los avales ICO seguirán acompañando a los bancos», ha apuntado.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha reconocido que las entidades han sufrido una caída significativa de sus resultados en 2020 por la anticipación de provisiones por deterioro de crédito, el cual deberán seguir reconociendo «de manera adecuada y a tiempo» para tener un diagnóstico fiable de la situación que impida que se produzcan dislocaciones en la asignación de recursos financieros a las actividades productivas.

Así lo ha puesto de manifiesto en una carta que acompaña a la Memoria de Supervisión Bancaria de 2020 que el Banco de España ha publicado este jueves, en la que reconoce que los bancos españoles afrontan esta crisis mejor preparados, pero señala que la rentabilidad «sigue siendo la asignatura pendiente».

La Memoria de Supervisión Bancaria refleja que el volumen de crédito total de las entidades españolas a escala consolidada ha repuntado significativamente en 2020, al tiempo que el importe de activos dudosos «parece haberse estabilizado», tras varios años de tendencia marcadamente decreciente, con una ratio de dudosos que ha seguido mejorando por el crecimiento de su denominador (el volumen de crédito).

Sin embargo, el Banco de España ha advertido de que «es previsible que en un futuro próximo ambas magnitudes comiencen a aumentar, a medida que los efectos negativos derivados de la crisis del Covid-19 se vayan materializando en los balances bancarios».

Durante la presentación de la Memoria, la directora general de Supervisión, Mercedes Olano, ha añadido que las entidades deberán seguir constituyendo provisiones adicionales, si bien no es posible cuantificar su volumen.

«Evidentemente, las entidades ya han constituido provisiones extraordinarias en 2020, que también se utilizarán a lo largo de 2021, 2022 y lo que dure la crisis, pero tendrán que seguir haciendo un esfuerzo de provisiones importante», ha asegurado.

De hecho, como resultado de las actuaciones supervisoras llevadas a cabo durante 2020, el Banco de España envió 99 escritos a entidades menos significativas (LSI) con 405 requerimientos y recomendaciones. De ellos, 57 corresponden a decisiones de capital, 33 a la revisión de los planes de recuperación y 9 a inspecciones ‘in situ’.

La mayoría de los requerimientos realizados como consecuencia de las inspecciones se refiere a gobernanza (para mejorar la composición y las funciones de los comités, el control interno y los planes de contingencia), seguido de los que corresponden a riesgo de crédito, que se refieren en su mayoría a reclasificaciones a activos dudosos y a la necesidad de incrementar las provisiones por riesgo de crédito y de mejorar los controles internos específicos de riesgo de crédito.

BAJA RENTABILIDAD, ASIGNATURA PENDIENTE

Hernández de Cos sostiene que la crisis ha hecho más visible la importancia de afrontar la baja rentabilidad del sector bancario, lo que requiere que las entidades mejoren su eficiencia reduciendo costes y utilizando más intensivamente las nuevas tecnologías. En este sentido, ha recordado que las fusiones pueden ser «un instrumento útil adicional» para afrontar los retos futuros en mejor posición.

Además, ha incidido en que las operaciones transnacionales europeas «serían particularmente positivas, dado que permitirían profundizar en la unión bancaria, minorar el nexo de riesgo bancario-soberano e incorporar mayores posibilidades de diversificación».

De su lado, la subgobernadora, Margarita Delgado, ha apuntado en una entrevista incluida en la Memoria que las fusiones son «procesos complejos» y no todas tienen un sentido económico.

«El papel del supervisor se limita a asegurar que, sobre la base de un plan de negocio creíble que utilice hipótesis razonables y conservadoras, la entidad resultante tenga un modelo de negocio viable y sostenible en el tiempo. Asimismo, los supervisores deben constatar que tiene un gobierno corporativo y una estructura organizativa adecuados, y puede gestionar los riesgos de forma eficaz y prudente», ha señalado Delgado.

PRIORIDADES SUPERVISORAS PARA 2021

La Memoria de Supervisión recoge las prioridades supervisoras del Banco de España para 2021, en cuya identificación ha tenido un papel fundamental la pandemia, así como sus efectos en el sector bancario, y la incertidumbre sobre las expectativas de recuperación de la economía.

Los principales riesgos identificados para este año han sido el prolongado impacto de la pandemia sobre la actividad económica y el potencial aumento de los NPL, la corrección de precios en los mercados financieros, la ciberdelincuencia y los retos tecnológicos, y las incertidumbres geopolíticas.

Asimismo, se han detectado otra serie de factores de riesgo, la mayoría de los cuales persisten desde hace años, como los relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el cambio climático o los riesgos asociados al Brexit.

Además, el Banco de España apunta que este año se han identificado una serie de vulnerabilidades internas de las entidades del mecanismo único de supervisión (MUS) y otras externas a estas que pueden exacerbar los citados riesgos.

En concreto, se refiere a vulnerabilidades en la gestión y en la cobertura del riesgo crediticio, bajos niveles estructurales de ingresos y baja rentabilidad, deficiencias en tecnologías de la información, gobernanza y gestión estratégica mejorables, ineficiencias persistentes en materia de costes, altos niveles de deuda pública y privada, exceso de capacidad en el sector bancario y fragmentación en el marco reglamentario y jurídico.

Teniendo en cuenta lo anterior, las prioridades supervisoras para 2021 se han agrupado en cuatro grandes áreas: la gestión del riesgo de crédito, el fortalecimiento del capital de las entidades, la sostenibilidad del modelo de negocio y la gobernanza.

Siguiendo un proceso similar, se fijaron como prioridades supervisoras para las entidades menor significativas la calidad de los activos y la gestión del riesgo de crédito, la rentabilidad y el modelo de negocio, la gobernanza, la fortaleza de los recursos propios y el riesgo tecnológico, la ciberseguridad y la resiliencia operativa.

El 31% de los españoles hizo la compra ‘online’ por primera vez durante el confinamiento por las restricciones sanitarias para frenar la expansión del coronavirus, según se desprende del estudio estudio realizado por Mastercard.

El informe muestra que un 27% reconoce que ha gastado más dinero en la compra cuando la hace por Internet, ya que son más propensos a hacer ‘compras impulsivas’. Sin embargo, esto no supone una desventaja, ya que más de un tercio (36%) seguirá haciendo la compra ‘online’ incluso después de que pase la crisis.

Asimismo, el gasto en torno al ritual de comer -como los utensilios de cocina, los libros de recetas, la vajilla o las velas- también ha experimentado un auge por la crisis sanitaria.

Varios productos para ambientar las cenas están en alza. Así, dos de cada diez españoles (un 21%) han comprado altavoces inteligentes para poner música y más de una cuarta parte de la población (27%) ha adquirido reguladores de luz para ambientar sus cenas con una iluminación más acogedora.

El estudio confirma que la crisis sanitaria ha despertado y acentuado el interés de los españoles por la cocina y el mundo gastronómico. Más de la mitad de la población (un 64%) afirma que ha mejorado sus habilidades culinarias en el último año, un porcentaje por encima de la media europea, que se sitúa en el 58%.

Además, los españoles también aseguran pasar más tiempo ahora cocinando, ya que en promedio, cada hogar dedica 21 horas a la semana a preparar comida, lo que supone un 52% más que el año anterior.

El estudio de Mastercard ha revelado que a la gente le relaja preparar los platos favoritos de la familia, siendo la tortilla de patata el más cocinado en el último año en España.

Por otro lado, la crisis ha cambiado las prioridades de los españoles. Ahora, buscan tener un estilo de vida más saludable (54%), aprender nuevas habilidades (57%) y pasar más tiempo de calidad con sus seres queridos.

El 63% afirma que la hora de la comida ha supuesto una oportunidad para volver a conectar con quienes comparten su hogar, y el 66% reconoce que el ritual de reunirse en torno a la mesa ha llegado para quedarse.

El año pasado también hubo un auge en las cenas, ya que más de la mitad de la población (57%) confirma haber organizado una para amigos o familia cuando las restricciones sanitarias lo permitían. Además, la crisis ha abierto nuevas vías para compartir momentos, ya que un 32% ha llevado a cabo una cena virtual en el último año.

Sin embargo, la mayoría (un 67%) asegura que las cenas presenciales volverán a ser un evento habitual en la agenda social cuando se permita. En este sentido, España es uno de los países más entusiastas en retomar los encuentros presenciales, mientras que los alemanes (un 52%), holandeses (51%) e ingleses (un 45%) expresan menos interés en estos encuentros.

La vicepresidenta senior de marketing de Mastercard Europa, Jeannette Liendo, ha señalado que tras «12 meses difíciles es bueno ver que han surgido tendencias positivas, como el ‘boom’ culinario que se está viviendo en toda Europa».

El 31% de los españoles hizo la compra ‘online’ por primera vez durante el confinamiento por las restricciones sanitarias para frenar la expansión del coronavirus, según se desprende del estudio estudio realizado por Mastercard.

El informe muestra que un 27% reconoce que ha gastado más dinero en la compra cuando la hace por Internet, ya que son más propensos a hacer ‘compras impulsivas‘. Sin embargo, esto no supone una desventaja, ya que más de un tercio (36%) seguirá haciendo la compra ‘online’ incluso después de que pase la crisis.

Asimismo, el gasto en torno al ritual de comer -como los utensilios de cocina, los libros de recetas, la vajilla o las velas- también ha experimentado un auge por la crisis sanitaria.

Varios productos para ambientar las cenas están en alza. Así, dos de cada diez españoles (un 21%) han comprado altavoces inteligentes para poner música y más de una cuarta parte de la población (27%) ha adquirido reguladores de luz para ambientar sus cenas con una iluminación más acogedora.

El estudio confirma que la crisis sanitaria ha despertado y acentuado el interés de los españoles por la cocina y el mundo gastronómico. Más de la mitad de la población (un 64%) afirma que ha mejorado sus habilidades culinarias en el último año, un porcentaje por encima de la media europea, que se sitúa en el 58%.

Además, los españoles también aseguran pasar más tiempo ahora cocinando, ya que en promedio, cada hogar dedica 21 horas a la semana a preparar comida, lo que supone un 52% más que el año anterior.

El estudio de Mastercard ha revelado que a la gente le relaja preparar los platos favoritos de la familia, siendo la tortilla de patata el más cocinado en el último año en España.

Por otro lado, la crisis ha cambiado las prioridades de los españoles. Ahora, buscan tener un estilo de vida más saludable (54%), aprender nuevas habilidades (57%) y pasar más tiempo de calidad con sus seres queridos.

El 63% afirma que la hora de la comida ha supuesto una oportunidad para volver a conectar con quienes comparten su hogar, y el 66% reconoce que el ritual de reunirse en torno a la mesa ha llegado para quedarse.

El año pasado también hubo un auge en las cenas, ya que más de la mitad de la población (57%) confirma haber organizado una para amigos o familia cuando las restricciones sanitarias lo permitían. Además, la crisis ha abierto nuevas vías para compartir momentos, ya que un 32% ha llevado a cabo una cena virtual en el último año.

Sin embargo, la mayoría (un 67%) asegura que las cenas presenciales volverán a ser un evento habitual en la agenda social cuando se permita. En este sentido, España es uno de los países más entusiastas en retomar los encuentros presenciales, mientras que los alemanes (un 52%), holandeses (51%) e ingleses (un 45%) expresan menos interés en estos encuentros.

La vicepresidenta senior de marketing de Mastercard Europa, Jeannette Liendo, ha señalado que tras «12 meses difíciles es bueno ver que han surgido tendencias positivas, como el ‘boom’ culinario que se está viviendo en toda Europa».

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, comparecerá en el Congreso el próximo lunes, día 22 de marzo, en plenas negociaciones de su departamento con sindicatos y patronal para el desmontaje de la reforma laboral de 2012, y por primera vez tras ser señalada por el vicepresidente Pablo Iglesias a sucederle en el liderazgo de Unidas Podemos.

Según han informado fuentes parlamentarias, Díaz acudirá a la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Baja para comparecer a partir de las 10.00 horas, y lo hará a petición propia.

En todo caso, Díaz mantiene cerca de veinte solicitudes de comparecencia, prácticamente todas por parte del PP y Vox, para que la ministra rindiera cuentas acerca de medidas aprobadas, problemas en la tramitación de prestaciones, el ataque informático sufrido por el SEPE o discrepancias con su colega el Ministerio de Inclusión, José Luis Escrivá, acerca de la futura reforma de pensiones.

TODAVÍA MINISTRA, FUTURA VICEPRESIDENTA

Será la primera vez que Díaz comparezca como más que probable sucesora de Pablo Iglesias en el Gobierno y en la coalición confederal. Y es que el secretario general de Podemos, al postularse como candidatao a disputar la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas, propuso a la ministra gallega como nueva vicepresidenta del Gobierno y como la señaló para sucederle al frente de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales.

Pese a no haberse oficializados estos cambios, el presidente Pedro Sánchez recibió positivamente el ‘ascenso’ de Yolanda Díaz con la marcha de Iglesias del Ejecutivo, si bien planteó que, en caso de querer conservar la cartera de Trabajo, debía ocupar un rango inferior a la actual vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, por su prevalencia en el área económica del Gobierno.

ACORDADA LA LEY ‘RIDER’ SE ESPERA LA ‘CONTRARREFORMA’ LABORAL

En lo que respecta a sus competencias al frente de Trabajo, Díaz acudirá al Congreso tras sumar un nuevo acuerdo con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC.OO. y UGT para regular la situación laboral de los repartidores a través de plataformas digitales, los conocidos como ‘riders’.

En este acuerdo se reconoce la presunción de laboralidad de estos trabajadores, en línea con la sentencia dictada en septiembre de 2020 por el Tribunal Supremo y se contempla que la representación de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas.

El siguiente paso pasa por la reforma del Estatuto de los Trabajadores, con la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, que ya ha tenido esta semana una primera toma de contacto, y para la que Trabajo ha acordado un calendario de reuniones de carácter semanal.

SIMPLIFICAR LOS CONTRATOS Y GENERALIZAR EL INDEFINIDO

Algunas de las materias que formarán parte de esta mesa, como la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ‘ultraactividad’ y la subcontratación, son ‘viejas conocidas’, pues los agentes sociales las estuvieron negociando con el Gobierno socialista en la anterior legislatura. Ahora, en esta nueva mesa, se retomarán las conversaciones sobre dichos asuntos, pero se añadirán otras muchas para dar cumplimiento a los compromisos que el Gobierno español asumió en las fichas remitidas a Bruselas.

En las propuestas enviadas a Bruselas, el Gobierno plantea generalizar el contrato indefinido, devolver la causalidad a los contratos temporales y simplificar la contratación, reordenando las modalidades de contratación laboral, así como por introducir mecanismos de flexibilidad para las empresas alternativos a la excesiva temporalidad.

Al mismo tiempo, el Gobierno aboga por la creación de un modelo permanente de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como «un instrumento de flexibilidad alternativo al ajuste externo del empleo ante perturbaciones negativas», y quiere revisar subvenciones y bonificaciones a la contratación temporal. Entre las medidas para conseguirlo, se encuentran la simplificación de los incentivos y requisitos a las empresas beneficiaras para centrarse en la empleabilidad de los desempleados y que vayan para contratos indefinidos.

El precio de la gasolina se ha encarecido esta semana un 1,4% con respecto a la semana anterior y ha encadenado su decimoséptima subida consecutiva, tocando así ya máximos desde finales de enero de 2020 y acumulando una subida del 14,8% desde noviembre.

En concreto, el precio medio del litro de gasolina se ha situado en los 1,311 euros, su nivel más alto desde la semana del 27 de enero del año pasado, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

Por su parte, el precio del gasóleo se ha mantenido estable esta semana, después de acumular 16 subidas consecutivas, repitiendo los 1,173 euros el litro. No obstante, continúa en su nivel más elevado desde la segunda semana de marzo del año pasado.

Desde la segunda semana de noviembre, el precio del gasolina acumula una subida de en torno al 14,79%. En el caso del gasóleo, a pesar de haberse mantenido esta semana estable, es un 15,6% más caro.

Este incremento en el precio de la gasolina y del gasóleo en los últimos meses ha ido de la mano de una recuperación en los precios del petróleo en las últimas semanas.

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba este jueves por encima de los 67,7 dólares, mientras que el Texas americano se intercambiaba a unos 64,3 dólares, ligeramente por debajo de los precios de hace una semana.

SUBIDAS DESDE LOS MÍNIMOS DE MAYO.

De esta manera, los carburantes consolidan las subidas que ya empezaron a registrar a lo largo del periodo estival, con incrementos desde el pasado mes de mayo, cuando descendieron a mínimos por el desplome registrado durante el confinamiento por el coronavirus.

No obstante, la gasolina sigue estando más barata en España respecto a la media de la Unión Europea (UE) y la zona euro, donde el litro cuesta 1,447 euros y 1,504 euros, respectivamente, al mismo tiempo que el litro de gasóleo cuesta de media 1,298 euros en la UE y 1,324 euros en la eurozona.

El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

La economía eurozona sigue enfrentándose riesgos «a la baja» en el corto plazo, principalmente por las mutaciones del virus y las consecuencias de la pandemia sobre las condiciones económicas y financieras, según ha advertido este miércoles la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

«Persisten los riesgos a la baja en el corto plazo, relacionados principalmente con la propagación de mutaciones del virus y las implicaciones de la actual pandemia en las condiciones económicas y financieras», ha afirmado este jueves ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.

La francesa, no obstante, ha explicado que los riesgos sobre las perspectivas económicas de la zona euro en el medio plazo son ahora «más equilibrados» gracias a unas «mejor» comportamiento esperado de la economía mundial y a los «progresos» en las campañas de vacunación.

«Las campañas de vacunación y la relajación gradual de las medidas de contención apuntalan la expectativa de un firme repunte de la actividad económica en la segunda mitad de 2021. En el medio plazo, esperamos que recuperación de la demanda, a medida que se levantan las restriccinoes, sean apoyadas por unas condiciones financieras favorables y una posición fiscal expansiva», ha añadido a continuación.

La comparecencia de Lagarde en la Eurocámara ha tenido lugar una semana después de que el Consejo de Gobierno del BCE acordara aumentar el ritmo las compras bajo su programa de emergencia por la pandemia (PEPP), pero la presidenta del instituto emisor ha avanzado que los efectos de esta decisión tardarán en percibirse.

«Aunque nuestras compras semanales seguirán distorsionadas por factores de corto plazo, como reembolsos ocasionales abultados, el aumento de la tasa de ejecución de nuestro programa será visible cuando se perciba en intervalos de tiempo más largos», ha explicado.

DECISIÓN «INDISPENSABLE»

Lagarde ha defendido que esta decisión del Consejo de Gobierno del BCE era «indispensable» para evitar que el incremento de los tipos de interés y los rendimientos de la deuda pública observados desde el comienzo del año «pudieran estimular un endurecimiento en el conjunto de condiciones financieras».

«Si no se respondiera a estos cuantiosos y persistentes aumentos en los tipos de interés de mercado, estos podrían convertirse en incoherentes con la lucha contra el impacto a la baja de la pandemia en la senda de inflación esperada».

En cualquier caso, Lagarde ha señalado que el BCE podría no utilizar todas el arsenal anunciado «si se mantienen las condiciones favorables de financiación». Por el contrario, el programa podría ser «recalibrado» si es necesario para mantener dichas condiciones.

EL AUMENTO DE LOS PRECIOS SE DEBE A FACTORES TEMPORALES

La presidenta del BCE ha subrayado que la inflación de la zona euro ha «repuntado» durante los últimos meses, pero debido a factores «temporales» y «transitorios», así como que espera cierta «volatilidad» en el comportamiento de los precios a lo largo del año, que cerrará con una inflación del 1,5%, según las últimas previsiones del organismo

«Este no es claramente nuestro objetivo», ha zanjado Lagarde, para después garantizar que el BCE no actuará con «complacencia» y no se «precipitará» por «movimientos» de la inflación que se expliquen por factores «de naturaleza transitoria», como el alza de los precios de la energía.

«Tenemos que analizar las causas y la sostenibilidad de los factores que impactan en el nivel de precios para garantizar que no nos encontramos ante factores que sean temporales, transitorios o técnicos que no tiene un impacto real en la inflación», ha expresado.

«No podemos calibrar las decisiones monetarias por movimientos inflacionarios que se deben a factores técnicos y temporales. Tiene que observarse una inflación robusta y sólida», ha insistido la francesa ante la insistencia de las preguntas de los eurodiputados por un aumento persistente de los precios.