El líder del PP, Pablo Casado, aprovechará la próxima sesión de control en el Congreso para preguntar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si se siente respaldado por los españoles tras las elecciones autonómicas celebradas en Madrid, donde el PSOE cosechó el peor resultado de su historia en esta comunidad.

"¿Se considera el Gobierno respaldado por los españoles?", reza el interrogante que Casado ha registrado en el Congreso para el jefe del Ejecutivo, según la relación de preguntas.

Es más que previsible que el presidente de los 'populares' aproveche su duelo parlamentario para 'sacar pecho' por la victoria de su candidata en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la dirección del partido cree que viene e confirmar a Casado como la alternativa real a Sánchez.

Y EL DEBATE DE LA NACIÓN ¿PARA CUÁNDO?

Y también es probable que Casado le reitere la necesidad de que celebre el Debate sobre el estado de la Nación para que el jefe del Ejecutivo rinda cuentas sobre la pandemia, las cifras de paro, el "uso inmoral" de las instituciones o el reparto de los fondos europeos, como ya reclamó el pasado miércoles. Este debate de política general no se celebra desde el año 2015.

Como suele ser habitual, el presidente atenderá en la misma sesión plenaria otras dos preguntas de la oposición, en este caso del líder de Vox, Santiago Abascal, y del portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

En concreto, Abascal pedirá a Sánchez que explique las "líneas rojas" que Vox ha cruzado, en referencia a las declaraciones contra su partido el presidente ha venido realizando durante la campaña electoral madrileña, mientras Rufián le emplazará a detallar los planes que tiene para lo que resta de legislatura, singularmente en lo que tiene que ver con la crisis política catalana.

Tras Sánchez, será el turno de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para la que la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha registrado el siguiente interrogante: "¿Considera la vicepresidenta primera que los españoles se merecen este caos y desgobierno?".

PREGUNTAS PARA LA FUTURA CANDIDATA DE UNIDAS PODEMOS

De nuevo, el secretario general del PP, Teodoro García Escudero, volverá a repetir con la vicepresidenta tercera y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, a la que pedirá que se pronuncie sobre si cree que los resultados electorales en la Comunidad de Madrid avalan su programa político en el Ministerio de Trabajo.

No es de extrañar que el dirigente del PP aproveche para restregar a Díaz, posible futura candidata de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, los apoyos cosechados por su partido en la contiende electoral madrileña y la decisión de su líder, Pablo Iglesias, de dejar todos sus cargos.

Para Díaz también ha reservado una pregunta la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, en la misma línea que plenos pasados. "¿En qué beneficia al mercado laboral la presencia de la extrema izquierda en el Gobierno", es el enunciado del interrogante.

El fin del estado de alarma el próximo domingo 9 de mayo obligará a la Xunta a tener que acudir al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para obtener un aval judicial en el caso de aquellas restricciones que afecten a derechos fundamentales de los ciudadanos. Y, entre otras cuestiones, el alto tribunal gallego tendrá que pronunciarse por primera vez sobre mantener el toque de queda.

Y es que, según ha anunciado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que se ha mostrado "optimista" y confía en mantener el respaldo judicial sin tener que ir a la vía del Tribunal Supremo (TS) habilitada por el Gobierno, aunque Galicia dirá adiós al cierre perimetral y al toque de queda en términos generales, pretende que los ayuntamientos con un nivel de riesgo extremo sigan cerrados y también con toque de queda.

Por el momento, la Xunta se dirigirá al TSXG para permitir mantener estas medidas en cinco municipios gallegos que superan los 500 casos de incidencia acumulada a 14 días y que se encuentran en nivel máximo de riesgo: Cambados, Vilanova de Arousa, Cualedro, Laza y Padrón.

La decisión sobre estos cinco ayuntamientos sentará un precedente al que ha aludido Feijóo, quien ha destacado que la pretensión de la Xunta es aplicar este criterio siempre que lo requieran las circunstancias epidemiológicas.

Del mismo modo, el Ejecutivo autonómico también tendrá que pedir aval judicial para dar otros pasos, como limitar las reuniones de no convivientes desde la una hasta las seis de la mañana.

AVAL DEL TSXG EN CASOS PREVIOS

Eso sí, el "optimismo" de Feijóo se sustenta en que, aunque será la primera vez que se pronuncie sobre el toque de queda específicamente, desde que empezó la pandemia y a diferencia de lo que sucedió en otras autonomías, el TSXG no ha rechazado ninguna de las medidas propuestas por el Gobierno gallego.

Así, a principios de julio respaldó el cierre de la comarca de A Mariña fuera del estado de alarma --lo que supuso limitaciones en pleno periodo electoral de las autonómicas--, siendo Galicia la primera comunidad en adoptar una medida de este tipo.

Tras ser pionera en 'salirse' del estado de alarma --el 15 de junio--, la Xunta siguió adoptando cierres, con limitaciones de reuniones entre personas y en la hostelería, en varios puntos, como ocurrió a principios de octubre en la comarca de Ourense, días antes de que el 25 de ese mes el Gobierno central decretase el nuevo estado de alarma que se ha prolongado hasta el 9 de mayo.

Los tribunales gallegos decidieron para estos casos que las medidas eran "idóneas para la prevención y protección de la salud de la población a la que van destinadas; necesarias, dada la constatación de una situación de peligro actual y real para la salud de los ciudadanos; y proporcionadas, ponderando los diferentes intereses en conflicto".

"VOLVEMOS A DISCREPAR, PERO NOS ADAPTAREMOS"

En todo caso, en la misma jornada en la que el Supremo ha manifestado tener dudas respecto a la vía que plantea el Gobierno que dirige Pedro Sánchez, el presidente gallego ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo central, que ha recurrido parte de la reforma de la ley autonómica de salud, al que acusa de "desentenderse" de la pandemia y abocar a las autonomías a su "judicialización".

Así, ha lamentado que, tras el tiempo transcurrido, dé la impresión de que "todo lo vivido y lo sufrido" no se traduce en una mejor gestión de la pandemia, y se vuelva "a la casilla de salida sin más". "Volvemos a discrepar profundamente y no compartimos hoja de ruta", ha remarcado, pero ha añadido que, aún así, "Galicia volverá a aceptarlo y a adaptarse".

"Lo haremos porque sé que para los ciudadanos lo importante no es los instrumentos jurídicos o cómo podmeos tomar decisiones, sino cómo gestionemos la pandemia, que los protejamos de los riesgos sanitarios", ha defendido, antes de concluir que, pese a todo, "la situación legal supone muchas incertezas".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha apuntado que las "medidas" de las comunidades autónomas y la "responsabilidad" de los ciudadanos va a ser suficiente para controlar los contagios de COVID-19 tras el fin del estado de alarma este domingo 9 de mayo.

"Ahora mismo, las medidas disponibles y la responsabilidad de la población es suficiente para controlar los riesgos a los que estamos expuestos ahora", ha señalado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa este jueves, en la que ha estado acompañado por la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.

En cualquier caso, Simón ha recordado que "el fin del estado de alarma no implica el fin de las medidas de control". "Las medidas individuales se tienen que seguir aplicando y las comunidades van a seguir aplicando muchas medidas que les permiten controlar la transmisión", ha apuntado.

En este punto, ha insistido en que "hay herramientas suficientes para controlar la incidencia acumulada", pero ha reconocido que "no deja de ser una preocupación", aunque no ha ofrecido un pronóstico. "No porque no existan herramientas sino por una falsa percepción de lo que implica el fin del estado de alarma. No se puede descartar nada en cuanto a la evolución de la pandemia", ha precisado.

Pese a esta afirmación, ha sostenido que "todo da motivos para pensar, y los modelos así lo indican, que la evolución no va a ser como antes de que comenzara la vacunación". "Pero no se puede descartar nada", ha remachado.

Al igual que Simón, Calzón ha defendido que "hay muchísimas medidas para controlar los contagios y que no vulneran los derechos fundamentales", como el documento conocido como 'semáforo' que "recoge todo un paquete de medidas en función del escenario epidemiológico".

En este mismo sentido, Simón ha argüido que "hay medidas para todas las situaciones". "Las hay más potentes para las situaciones con más incidencia y por lo tanto más riesgo. Pero yo no plantearía líneas rojas comunes, lo que hay que hacer es una correcta evaluación del riesgo en cada territorio. Si actuamos a tiempo en territorios más pequeños se puede controlar y evitar que el impacto sea mucho mayor y afecte a territorios más amplios", ha añadido al respecto.

Por último, el director del CCAES ha resaltado la necesidad de ser prudentes con la aplicación del estado de alarma. "Estamos afectando derechos fundamentales. Tenemos que limitar estas medidas al mínimo necesario. Hay que ser muy prudentes y tener mucho cuidado con los tiempos en los que se aplica", ha concluido.

El líder del PP, Pablo Casado, ha agradecido este jueves a Isabel Bonig la labor que ha realizado durante casi seis años al frente del PP de la Comunidad Valenciana y ha añadido que espera que puedan "seguir trabajando juntos" como, según ha dicho, han "hablado esta mañana".

Bonig se ha despedido este jueves emocionada de su cargo de síndica en Les Corts y ha anunciado que además deja el acta como diputada en la Cámara valenciana. Sí mantendrá la presidencia del PPCV hasta el Congreso regional para "evitar un vacío legal". "Me voy porque no cuento con la confianza de la dirección del PP", ha afirmado.

Además, Bonig ha resaltado que se marcha "a su pesar" y "con pesar" porque le hubiera gustado volver a tener una "segunda oportunidad" para recoger el fruto de un trabajo que ha defendido y del que se encargó en los momentos más duros. Además, ha revelado que así se lo manifestó al secretario general del PP, Teo García Egea, y al propio Pablo Casado.

AGRADECE SU LABOR EN ESTOS AÑOS "TAN COMPLEJOS"

Unas horas después de este anuncio, Casado ha agradecido públicamente a Bonig su labor "por el Partido Popular y por todos los valencianos, alicantinos y castellonenses en estos años tan complejos".

"Como hemos hablado esta mañana, espero que podamos seguir trabajando juntos por un mejor futuro para la Comunidad Valenciana y España", ha afirmado el presidente de los 'populares' en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Desde 'Génova' no han querido entrar a valorar las declaraciones que ha realizado tras su marcha pero sí han recordado que el pasado lunes, tras anunciarse que se iba a convocar el congreso regional, la dirección del PP ya aseguró que se quería contar con ella y se dijo que seguiría "siendo un actor clave para el partido a nivel autonómico y nacional".

Este jueves, en una entrevista en Antena 3, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado que hoy se va a convocar el Congreso regional del PP de Valencia, que es una autonomía "fundamental para el futuro de España" y ha señalado que trabajarán para "reconquistar una comunidad importantísima".

Ese cónclave --cuya fecha de celebración se fijará esta misma tarde-- elegirá al sustituto de Bonig, que ha presidido la formación desde junio de 2015, y fuentes del PP apuntan al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, como nuevo presidente del PPCV.

ÁLVAREZ DE TOLEDO: UNA POLÍTICA "VALIENTE Y DIGNA"

La exportavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha expresado su reconocimiento a Isabel Bonig por la labor que ha realizado estos años y ha destacado algunas de las frases que ha pronunciado en su despedida, como que la gestión es importante pero "la batalla cultural también" o que se va porque "Génova lo ha decidido".

"Mi reconocimiento a una política valiente y digna", ha manifestado Álvarez de Toledo en un mensaje en su cuenta de Twitter, acompañado de un vídeo con la rueda de prensa que ha ofrecido Bonig en Valencia por su despedida.

La desescalada gallega que se inicia con el fin del estado de alarma el próximo domingo traerá novedades principalmente para los horarios de la hostelería, que en todo caso seguirá funcionando con los mismos aforos que hasta ahora divididos en cuatro niveles en función de la incidencia municipal, con el caso más restrictivo para aquellos con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, que mantendrán el cierre perimetral y el toque de queda entre las 23 y las 6 de la madrugada.

Galicia recupera la movilidad hacia fuera y también podrá recibir visitantes desde el domingo, cuando quedará igualmente sin efecto el toque de queda, salvo para los ayuntamientos en los que se conserva el cierre perimetral, aquellos en el nivel máximo de restricciones.

Con todo, la Xunta quiere prohibir también las reuniones de no convivientes entre la 1 --cierre de la hostelería-- y las 6 de la madrugada --es decir, se podría circular por la calle sin motivo justificado pero no puede haber encuentros ni en domicilios ni exteriores--, y recuerda que el 'botellón' está "prohibido" por ley en toda la Comunidad.

Con las nuevas medidas que la Xunta publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) este viernes, se podrán servir cenas en los establecimientos con licencia de restaurante hasta la una de la madrugada, mientras que los bares, que actualmente tienen decretado el cierre a las 21 horas, ganarán otras dos y podrán estar abiertos hasta las 23 horas.

"Siempre manteniendo los criterios establecidos en su día, es decir, que cuenten con licencia de restaurante, que funcionen con cita previa y conserven un registro de clientes y garanticen la calidad del aire y controlen el CO2 del local", ha recordado en el caso del servicio de cenas Feijóo, quien también ha recomendado a los bares que "vayan" comprando un aparato para controlar el aire porque, ha sostenido, acabará también siendo obligatorio, aunque haya un periodo de "vacatio" para su adquisición.

Las reuniones seguirán estando limitadas en función del nivel de incidencia de los ayuntamientos, de manera que límite máximo permitido será de seis personas en exteriores y cuatro en interiores. Los aforos de la hostelería se mantienen en los mismos porcentajes que hasta ahora, si bien el presidente de la Xunta también ha avanzado la intención de dar pasos adelante en la desescalada de la hostelería con ampliación de la capacidad en función de la evolución epidemiológica.

Feijóo ha advertido de que, al igual que la hostelería deberá cerrar el servicio de cenas a la 1 de la madrugada, a partir de esa hora tampoco estarán permitidas las reuniones en los domicilios particulares. "No vamos a sustituir la hostelería profesional por la doméstica", ha remarcado Feijóo, quien ha incidido en que "no tendría sentido".

Todas las medidas anunciadas, que también incluyen el levantamiento del cierre perimetral de Galicia, entrarán en vigor a las 00,00 horas del domingo, pero el equipo jurídico de la Administración autonómica trabaja en un encaje legal para hacer cuadrar el fin del estado de alarma a la medianoche con la posibilidad de que el propio sábado ya se puedan servir cenas hasta la una de la madrugada y los bares cierren a las 23 horas.

En este sentido, Feijóo aclaró que está previsto publicar un decreto para ampliar el toque de queda el sábado de las 23 horas a las 00,00, con el fin de evitar la "situación surrealista" de que los ciudadanos se tengan que recoger en sus casas y una hora más tarde puedan salir de nuevo a la calle.

En su intervención, Feijóo ha destacado que Galicia "está dando pasos importantes, que todos deseábamos", como moverse en libertad, ver a los mayores y regresar a los restaurantes. "Les pido que se esfuercen para que los pasos sean firmes", ha llamado el mandatario autonómico a los gallegos, con el fin de "no tener que retroceder en las restricciones"

CUATRO NIVELES

Así las cosas, se mantienen cuatro niveles. En el nivel de máximas restricciones estarán desde el domingo cinco ayuntamientos (el 1,3% de la población): Cambados, Cualedro, Laza, Padrón (se suma ahora) y Vilanova de Arousa.

El nivel de máximas restricciones (más de 500 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días) supone cierre perimetral, prohibición de reunirse a personas no convivientes y hostelería cerrada, únicamente con posibilidad de entrega a domicilio o recogida en el local. Habrá toque de queda entre las 23 horas y las 6 de la madrugada --que tendrá ahora que avalar el TSXG--.

El nivel alto de restricciones (para tasas de entre 250 y 500 casos) abarca a un total de nueve ayuntamientos (el 3,7% de la población): A Laracha, A Merca, A Pastoriza, Coristanco, Gondomar, Marín, Mesía, Ribeira, Salceda de Caselas.

Las medidas del nivel se mantienen como hasta ahora: hostelería solo en terrazas al 50 por ciento, reuniones de no convivientes de cuatro personas en lugares cerrados y seis en exteriores.

En el nivel medio (entre 150 y 250 casos por 100.000 habitantes) estarán, desde el domingo, un total de 28 ayuntamientos, el 24% de la población gallega: Carballeda de Valdeorras, Verea, Muíños, Verín, Xinzo de Limia, Allariz, Toén, Chantada, Meira, Cerdedo-Cotobade, Vilagarcía de Arousa, Soutomaior, Fornelos de Montes, Cangas, O Porriño, Tomiño, Tui, Vigo, Nigrán, Lalín, Silleda, Ames, Noia, Melide, Ordes, Carballo, Betanzos y Cambre. En este cómputo se suman Ames y Tomiño, frente a la situación actual.

En este nivel, la hostelería puede abrir al 30 por ciento en el interior y al 50 por ciento en terrazas. Las reuniones están limitadas a seis personas en exterior y cuatro en interior.

Finalmente, el nivel medio bajo incluye al 70,8 por ciento de la población gallega, en cuyos municipios, 271, hay una incidencia por debajo de 150 casos por cada 100.000 habitantes.

La hostelería tiene aforos del 75 por ciento en terrazas y del 50 por ciento en el interior y las reuniones se mantienen igual: seis personas en exteriores y cuatro en el interior.

CAMBIOS EN RESIDENCIAS A PARTIR DE LA SEMANA QUE VIENE

Además, en los niveles medio y medio bajo hay novedades para las residencias de mayores, como la posibilidad de que los residentes (en los centros con el 90 por ciento de vacunación completada) puedan acudir a domicilios de familiares un mínimo de cinco días, salidas de cuatro horas cinco días a la semana (frente a las tres que se podía ahora) e intercambio de personal entre los centros de día y las residencias, que hasta ahora no se podía. También se permitirá, un año después, el contacto físico con los mayores: besos y abrazos.

En todo caso, las medidas para las residencias no entrarán en vigor hasta la próxima semana, ya que fuentes de la Consellería de Política Social han explicado que es necesario un periodo de "adaptación" para la implantación de este régimen de visitas, que requerirá igualmente cita previa.

El que fuera director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el comisario José Luis Olivera, ha señalado este jueves que no tuvo ni conocimiento policial ni participación "ninguna, ninguna, ninguna en lo que se denomina Operación Kitchen", aunque ha reconocido que el comisario José Manuel Villarejo le habló de ella.

Olivera, quien actualmente es gestor de riesgos en la Federación Española de Fútbol, ha declarado ante los diputados que intervienen en la comisión de investigación sobre ese operativo 'parapolicial' que se celebra en el Congreso de los Diputados.

Ha apuntado que sí conocía al comisario José Manuel Villarejo --desde septiembre de 2000--, y que en sus citas le habló de que le había encargado el Director Adjunto Operativo (DAO) localizar bienes y testaferros del entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas. Según Olivera, nunca le pagó con fondos reservados y es "falso de toda falsedad" que cobrara un tanto por ciento de las empresas de Villarejo.

NO LE DIO IMPORTANCIA

El comisario ha añadido que a esa información que le daba Villarejo en sus citas le dio la importancia que le tenía que dar, poca, porque no le afectaba directamente. Sobre si tenía conocimiento de que el comisario realizaba trabajos que excedían de sus funciones policiales, Olivera ha indicado que de lo que sí era consciente era de que tenía "empresas de cobertura", y que una de ellas se denominaba Cenyt.

"Era una relación profesional, de recibir información válida y encargarle que utilizara sus empresas de cobertura para operaciones", ha señalado en otro momento a preguntas de Unidas Podemos. No obstante, ha matizado que "no a todo" lo que le decía Villarejo le daba credibilidad y que cree que este policía, detenido en 2017 por corrupción, tenía "interés personal" para que a él lo ascendieran a director adjunto operativo (DAO) y así poder mantener su "estatus".

Al hilo, ha apuntado que esas empresas fueron utilizadas en algunas investigaciones policiales como cobertura, y ha citado por ejemplo el caso Malaya. Sobre si Villarejo le habló en algún momento sobre cómo captó como confidente al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, ha comentado que "haciendo memoria" recuerda que le explicó que "hablaba con un señor que había sido chófer" del extesorero.

CHASCARRILLOS Y ALARDES DE VILLAREJO

Olivera ha señalado ante las reiteradas preguntas sobre las grabaciones de este polémico policía que comía con Villarejo y que recuerda algunas de las alusiones que él hacía, pero encuadrándolo en "chascarrillos sin más, alardes y conversaciones con una botella de vino por el medio".

"No me creo nada, Villarejo cuenta muchas cosas que podrían ser fantasía, podría estar alejado de la realidad", ha dicho, por ejemplo, sobre la entrada en el estudio de Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas. Sin embargo, luego sí ha reconocido que, en su responsabilidad policial, se nutrió de este polémico policía cuando le ofrecía "información de interés policial".

En este sentido, ha puesto de ejemplo que Villarejo le facilitó la "estructura empresarial" en Madrid de Juan Antonio Roca, cabecilla del 'caso Malaya'. "Mira, apunta, despacho de abogados aquí, aquí y aquí...", ha señalado en una narración donde ha reconocido cuestiones como que en el 'caso Gürtel' le consta que se utilizaron fondos reservados --no para obtener información--, unos fondos de los que no disponen en el CITCO.

Con Villarejo también ha dicho que viajó a Melilla --sin que mediaran por parte de él pagos al expolicía con fondos reservados-- en una operación yihadista y que ofreció sus empresas en el 'caso Brugal'. "Me dijo que él no entraba en dependencias policiales, que me tenía que reunir fuera con él", ha apuntado sobre esta forma de actuar con varios ministros, pero "todo privado, digamos oculto, sin despacho ni teléfono oficial".

"LA APISONADORA DE LA GÜRTEL"

Al comienzo de la comparecencia Olivera ha desmentido que tratara de frenar las investigaciones que afectaban al PP. "Se lo desmiento totalmente, cuando he investigado a Bárcenas o Gürtel en 2012 me cesan de la UDEF", ha señalado para relatar acto seguido que en ese año, y al poco de que el entonces director de la Policía Ignacio Cosidó le dijera que no habría cambios, fue cesado y finalmente reubicado en el CITCO. "He sido la apisonadora de la Gürtel", ha llegado a decir.

Olivera también se ha desmarcado de los 'papeles de Bárcenas' y de cualquier alusión policial a "M.Rajoy" por ser una cuestión que surgió cuando ya estaba en el CITCO, un centro de coordinación sin funciones operativas.

En este sentido, ha hablado de los sobrenombres usados para referirse al presidente del Gobierno, ya que entre los policías "puede ser" que a Mariano Rajoy se le conociera como el barbas y el asturiano. Estos motes figuran en un informe de la Fiscalía Anticorrupción de la pieza 'Kitchen'.

El movimiento acelerado hacia los canales de distribución digital, los hábitos cambiantes de los consumidores y la caída de los ingresos publicitarios ponen en peligro los negocios y la independencia de los medios locales, según alerta el Comité Europeo de las Regiones (CDR).

En un comunicado, el Comité acoge con "satisfacción" el plan de acción propuesto por la Comisión Europea, pero destaca "la importancia de tener en cuenta la situación financiera especialmente alarmante de los medios de comunicación locales y regionales".

En un sistema político multinivel como la democracia europea, los medios de comunicación más pequeños, directamente en contacto con las preocupaciones de los ciudadanos, son fundamentales para asegurar el control democrático y la legitimidad, según sostuvo el ponente Jan Trei (EE/PPE), miembro del Ayuntamiento de Viimsi (Estonia), en la sesión plenaria de mayo del CDR.

El Comité Europeo de las Regiones destaca que los paisajes mediáticos plurales "brindan a los ciudadanos información confiable y plataformas para un debate político abierto", pero avisa de que "las presiones comerciales y una base tecnológica que cambia rápidamente amenazan la diversidad y la independencia de los medios de comunicación en toda Europa.

En referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los miembros del CDR piden, por tanto, una mayor ayuda financiera y acogen con satisfacción el plan de la Comisión de racionalizar el apoyo a los sectores audiovisual y de los medios de comunicación en el marco de la vertiente intersectorial del programa Europa Creativa 2021-2027. Así, defienden que el apoyo financiero debe proporcionarse "de una manera que respete y promueva la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación".

En este sentido, el ponente del CDR, Jan Trei (EE/PPE), afirmaba que "la crisis del COVID-19 destaca muy claramente la necesidad de una prensa fuerte como institución que informe a la sociedad de una manera equilibrada y basada en hechos para permitir un debate abierto".

"Al mismo tiempo, la recesión económica provocada por la crisis ha mermado la capacidad de los medios de comunicación para asumir sus responsabilidades. Para mantener estándares de prensa de alta calidad en todos los niveles, se necesitan medidas de apoyo, en particular para garantizar la supervivencia de las empresas de medios locales y regionales. Se debe prestar atención a la crítica situación de los países pequeños, donde, debido al pequeño tamaño del mercado, los recursos para que existan los medios locales y regionales son limitados", explicaba.

Trei señalaba que cualquier futura legislación y medidas de apoyo deben tomar un rumbo diferenciado con respecto a la distinta situación económica de los medios de comunicación locales y regionales. Si bien las grandes empresas de medios nacionales y europeos se enfrentan actualmente a la competencia externa de los gigantes tecnológicos y plataformas estadounidenses, un problema que debe abordarse mediante la aplicación del nuevo paquete de la Ley de Servicios Digitales, los desafíos para los periódicos y radios locales y regionales más pequeños parecen diferentes: ligados a audiencias y objetivos geográficamente limitados, su potencial de crecimiento es a menudo limitado.

Para evitar la aparición de "desiertos de noticias" en áreas escasamente pobladas, los medios regionales de servicio público deberían ampliar su cobertura regional y permanecer accesibles a las audiencias a través de una amplia gama de canales de comunicación, defienden los miembros del Comité.

"La ausencia de un marco legal, regulatorio y de políticas suficiente en el ecosistema digital obstaculizó una transición exitosa para el sector de los medios ya antes del brote de COVID-19. Los medios locales y regionales se encuentran en una situación particularmente grave. Necesitamos una estrategia integral para restaurar la viabilidad económica del sector de los medios de comunicación europeos. Necesitamos ayudar a los medios de comunicación europeos a recuperarse, garantizar la igualdad de condiciones entre ellos y los nuevos participantes en el mercado, y apoyar su transformación", afirmaba Dace Melbarde (LV/ECR), vicepresidente de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, que se sumó al debate plenario.

Finalmente, el organismo ha informado de que el dictamen será adoptado oficialmente por los miembros del Comité Europeo de las Regiones el 7 de mayo por vía electrónica.

La directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, ha dado la razón a las quejas expresadas al Defensor del Pueblo por los retrasos en la tramitación de los expedientes de nacionalidad, admitiendo que van "muy lentos", al tiempo que ha asumido las recomendaciones de la institución como "razonables y justas" y ha indicado que se han destinado cerca de dos millones de euros a un "plan de choque" para corregirlo.

"Tiene razón el Defensor del Pueblo y tienen razón los ciudadanos cuando se quejan de que tardamos mucho en resolver los expedientes de nacionalidad", ha dicho Puente, en un encuentro informativo sobre la ley del Registro Civil que entró en vigor el pasado 30 de abril, después de una década en barbecho, alumbrando un nuevo modelo que se asienta sobre tres pilares: la desjudicalización, la digitalización y la implantación territorial para no dejar atrás a la 'España vaciada'.

Puente ha explicado que esa situación se debe a que "hay 38 funcionarios para tramitar 300.000 expedientes de nacionalidad". "Con lo que vamos muy lentos", ha reconocido, mostrándose consciente de que "detrás de cada expediente de nacionalidad hay un ciudadano con todas las expectativas puestas en que se le conceda la nacionalidad, por razones personales, sentimentales, económicas o por lo que sea".

Para remediarlo, ha contado que se han destinado cerca de dos millones de euros a un "plan de choque" de modo que, con un refuerzo de funcionarios del Ministerio de Justicia, este año se puedan resolver, "mediante concesiones o denegaciones, no siempre se concede la nacionalidad", unos 150.000 expedientes y se pueda iniciar la tramitación de otros 150.000.

UN PROCESO "COMPLEJO"

A pesar de asumir las críticas, Puente ha llamado la atención sobre el hecho de que "tramitar un expediente de nacionalidad es una labor compleja que en la parte final requiere de ciertos conocimientos que no tienen todos los funcionarios" porque trasciende la labor de "tramitación pura y dura" y consiste, por ejemplo, en recabar antecedentes penales y policiales, comprobar requisitos de residencia y que la documentación aportada es correcta y completa.

"Es decir, tiene una tramitación compleja y somos muy pocos", ha recalcado, para a continuación señalar que, "por supuesto", el Ministerio de Justicia atiende las recomendaciones del Defensor del Pueblo, "que son razonables y justas". "Estamos trabajando en tratar de resolver esta situación, que a nosotros también nos agobia y nos preocupa", ha asegurado.

El Defensor del Pueblo señala en su informe anual 2020, difundido este jueves, que subsiste la preocupación por los registros. En concreto, destaca que en 2019 aumentaron las quejas en esta materia y, aunque se ha dado cierta reducción en lo relativo a retrasos de expedientes de nacionalidad, las cifras siguen siendo "muy elevadas".

El Defensor del Pueblo ha recogido en su Informe Anual de 2020, publicado hoy jueves, varias quejas de ciudadanos por inseguridad ciudadano que atribuyen a los menores extranjeros no acompañados alojados en el centro Richard Schirrmann de Madrid.

Se trata de robos, agresiones, tráfico de drogas, etcétera. Como es habitual, la institución solicitó informe de las delegaciones del Gobierno o de los ayuntamientos que cuentan con Policía Local al objeto de conocer las actuaciones que se hayan llevado o se vayan a llevar a cabo para corregir el problema expuesto.

En este caso, la Institución inició actuaciones ante el Ayuntamiento de la capital y la Delegación del Gobierno en Madrid, por las denuncias de ciudadanos residentes y vecinos del Batán, Casa de Campo, Puerta del Ángel y Paseo de Extremadura, en las que exponían la situación de inseguridad ciudadana que vivían, debido, indicaban los comparecientes, a los jóvenes alojados en el antiguo Albergue de la Casa de Campo Richard Schirrmann.

El Ayuntamiento de Madrid informó que se había incrementado la presencia policial en los alrededores del albergue y zonas de influencia con problemática vecinal, intensificando la vigilancia en las estaciones de Metro de Lago, Batán y Casa de Campo, en colaboración con personal de seguridad de Metro y que, en un marco de colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, se habían coordinado las labores de prevención policial y de apoyo en incidentes producidos tanto en el interior como en los aledaños del centro.

En el momento de elaboración del informe del Defensor, estaban a la espera de la respuesta que ha de remitir la Delegación del Gobierno en Madrid. También empezaron actuaciones ante ambas administraciones por la queja presentada por un ciudadano miembro de una asociación de vecinos de una zona de esta ciudad.

En su escrito de queja exponía la situación de inseguridad ciudadana que vivían los vecinos de la zona, debida en este caso, indicaba el compareciente, a los jóvenes residentes en el Centro de Primera Acogida Isabel de Clara Eugenia (distrito de Hortaleza), Centro de Primera Acogida Hortaleza (del mismo distrito) y del Centro de Adaptación Cultural y Social Manzanares (distrito de Ciudad Lineal).

QUEJAS POR LAS CONDICIONES DEL CENTRO Y "MALOS TRATOS"

Durante el año 2020 el Defensor del Pueblo también ha continuado recibiendo quejas relacionadas con las condiciones de este centro, tanto por su situación como con la atención prestada y el trato recibido por los menores. En este sentido, varios menores han manifestado habersido objeto de malos tratos. Continúan abiertas las actuaciones abiertas con carácter general por la situación en este centro, añaden.

Además, la Institución ha continuado las actuaciones en relación con las amenazas y agresiones de las que son objeto los niños y niñas extranjeros no acompañados residentes en un centro de primera acogida, en Madrid, sin especificar cuál.

El Defensor ha dado traslado de ellos, incluyendo declaraciones de representantes políticos contra estos menores, a la Fiscalía General del Estado, que da cuenta en su caso del inicio de un expediente gubernativo y de la remisión del caso a la Fiscalía Provincial de Madrid para su estudio. "A pesar de las actuaciones realizadas, no dejan de recibirse las quejas sobre la convocatoria de manifestaciones vecinales en contra de estos niños", añade en el informe.

La Generalitat ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el aval a las nuevas medidas frente a la Covid-19 que prevé aplicar una vez decaiga el estado de alarma, en concreto, fijar el toque de queda entre las 0.00 y las 6.00 horas; un máximo de diez personas en reuniones sociales en espacios públicos y privados y limitar el aforo al 75 por ciento en espacios de culto.

Así lo han avanzado fuentes del Gobierno autonómico que enmarcan la solicitud al TSJCV en que se trata de medidas que afectan a derechos fundamentales que se prevén aplicar el próximo 9 de mayo, una vez decaiga el estado de alarma declarado por el coronavirus.

El Consell, a la espera de la reunión de la Mesa Interdepartamental, para la que no se ha informado de la fecha, plantea limitar la movilidad nocturna entre las 00.00 y las 6.00 horas --dos horas más tarde que en la actualidad--; fijar en diez el número máximo de personas en reuniones sociales tanto en espacios públicos como en privados, al aire libre o cerrados --ahora se establecía en un máximo de seis personas por mesa o agrupaciones de mesas salvo que sean convivientes y dos núcleos de convivencia en el interior de viviendas-- y limitar el aforo al 75% en espacios de culto.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ya avanzó el lunes que planteaba levantar el cierre perimetral de la Comunidad a partir de decaer el estado de alarma y esperaba igualmente retrasar el toque de queda.

En este caso, no se ha concretado ningún extremo más sobre las propuestas del Consell en relación con horarios de cierre de establecimientos de hostelería --el sector pide una prórroga de hasta las 0.00 horas-- ni otras adicionales, al tratarse de medidas que no afectan a derechos fundamentales de las personas que no se comunican al TSJCV.

Los últimos datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad reflejan 168 casos nuevos de coronavirus y 463 altas desde la última actualización de ayer, mientras que los hospitales valencianos tienen tres ingresados y dos camas UCI ocupadas menos. La Comunidad Valenciana no se ha registrado ningún fallecimiento por coronavirus en los últimos siete días.

La incidencia acumulada (IA) a 14 días en la Comunidad Valenciana se sitúa este jueves en 40,99 casos por cada 100.000 habitantes, 1,11 puntos menos que el martes. De este modo, continúa siendo la comunidad con una tasa más baja y se encuentra muy alejada de los 202,20 casos de media nacional, según la actualización de datos del Ministerio.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón escuchará este viernes al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, a los que ha citado como imputados en la pieza separada número 21 del caso 'Tándem', en la que se investiga el 'encargo' por parte de estas dos empresas al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que espiara en 2011 al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero.

Las comparecencias estaban previstas para el 29 de abril, pero a petición de la defensa de Del Rivero --personado en la causa como perjudicado-- por coincidencia de estas declaraciones con la celebración de una vista oral en la Audiencia Nacional, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó posponerlas una semana, según informaron fuentes jurídicas.

El juez decidió investigar a Brufau y a Fainé --entonces presidente de Caixabank y vicepresidente de Repsol-- por un presunto delito de cohecho, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que respaldó la petición de imputaciones de la defensa de Del Rivero.

Junto a ellos, el juez instructor también acordó dar la condición de investigados a los ejecutivos de Repsol Luis Suárez de Lezo, Juan de Amunátegui y Joaquín Uris, y al ex director general de Medios de Caixabank, Antonio Masanell, quienes ya han declarado ante el juez esta semana.

'PROYECTO WINE'

La línea de investigación sobre lo que Villarejo denominó 'proyecto Wine' se abrió en diciembre de 2019 pero no se comenzó a citar como investigados a implicados por los encargos al comisario jubilado hasta noviembre de un año después, cuando se imputó al que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo y al ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño --ambos comisarios, uno en excedencia y otro jubilado--.

La pieza separada número 21 se centra en el trabajo presuntamente ilícito que Villarejo habría realizado a través del Grupo 'Cenyt' para la energética y la caja catalana en 2011, cuando aún era funcionario de la policía.

El magistrado explicó en un auto dictado el 14 de abril --en el que acordó estas últimas imputaciones-- que los servicios contratados "tendrían como objetivo salvaguardar los intereses de ambos clientes, que aparecen como aliados empresariales en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en Repsol YPF SA para tomar el control de la compañía".

Con esta pieza se trata de esclarecer si ambas compañías recurrieron al comisario para evitar que Sacyr se hiciese con el control de Repsol mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, dado que el objetivo era alcanzar "un tercio del total de las acciones".

Según explica el juez, a Villarejo se le habría encargado a finales de 2011 y la primera mitad de 2012 espiar al círculo de confianza de Del Rivero y obtener información de Pemex, la petrolera mexicana que antes de conocerse la estrategia de sindicación compró un elevado número de acciones en Repsol YPF.

La Comunidad de Madrid ha notificado 2.168 casos nuevos de coronavirus, de los que 1.708 corresponden a las últimas 24 horas, y 13 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este jueves, con datos a cierre del día anterior. En la jornada precedente se notificaron 1.872 casos nuevos, 1.350 de las últimas 24 horas, y 19 fallecidos más.

El número de hospitalizados se sitúa en 1.913 en planta --90 menos-- y 541 en UCI --3 menos--, mientras que 286 pacientes han recibido el alta hospitalaria. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria asciende a 3.817.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 702.406 positivos, un total de 111.252 casos han requerido hospitalización, 11.199 han necesitado UCI y 97.203 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado seguimiento domiciliario de 798.825 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 23.869, de los cuales 5.066 han sido en centros sociosanitarios, 17.418 en hospitales, 1.355 en domicilios y 30 en otros lugares.

En la Comunidad de Madrid la incidencia a 14 días es de 323,56 por cada 100.000 habitantes y se sitúa en el segundo puesto únicamente superada por el País Vasco (463,36).

2,42 MILLONES DE DOSIS ADMINISTRADAS

En cuanto al plan de vacunación, el informe indica que se han administrado un total de 2.421.932 dosis de las 2.798.555 recibidas, con 643.863 segundas dosis registradas y 22.034 vacunas unidosis de Janssen, de manera que el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 9,8%.

Teniendo en cuenta solo la población diana, establecida en 5,6 millones de los 6,8 millones de ciudadanos, el porcentaje de inmunizados con la pauta completa asciende al 11,9%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 7.960 nuevos casos de COVID-19, 4.234 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 10.143 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.559.222 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 202,20, frente a 205,52 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 95.947 positivos.

De los 4.234 contagios de ayer, 253 se han producido en Andalucía, 336 en Aragón, 49 en Asturias, 18 en Baleares, 150 en Canarias, 69 en Cantabria, 60 en Castilla-La Mancha, 274 en Castilla y León, 213 en Cataluña, uno en Ceuta, 79 en Comunidad Valenciana, 57 en Extremadura, 113 en Galicia, 1.698 en Madrid, 14 en Melilla, 37 en Murcia, 134 en Navarra, 634 en País Vasco y 45 en La Rioja.

En el informe de este jueves se han añadido 160 nuevos fallecimientos, en comparación con 137 el jueves pasado. Hasta 78.726 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio.

FALLECIDOS E INGRESADOS

En la última semana han fallecido 256 personas con diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado en España: 41 en Andalucía, 12 en Aragón, tres en Asturias, uno en Baleares, seis en Canarias, dos en Cantabria, 26 en Castilla-La Mancha, 19 en Castilla y León, 24 en Cataluña, cinco en Ceuta, cinco en Comunidad Valenciana, cuatro en Extremadura, cuatro en Galicia, 65 en Madrid, cuatro en Melilla, tres en Murcia, 11 en Navarra, 19 en País Vasco y dos en La Rioja.

Actualmente, hay 8.900 pacientes ingresados por COVID-19 en toda España (9.132 ayer) y 2.212 en UCI (2.231 ayer). En las últimas 24 horas, se han producido 915 ingresos (975 ayer) y 1.143 altas (1.319 ayer). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 7,07 por ciento (7,26% ayer) y en las UCI en el 22,10 por ciento (22,25% ayer).

Entre el 26 de abril y el 2 de mayo, las comunidades autónomas han realizado 870.047 pruebas diagnósticas, de las cuales 576.851 han sido PCR y 293.196 test de antígenos, con una tasa global por 100.000 habitantes de 1.850,13. La tasa total de positividad se sitúa en el 6,68 por ciento, frente al 6,75 por ciento de ayer.

La asociación Asociación Saharaui para la defensa de los Derechos Humanos(ASADEHD) ha vuelto a solicitar este jueves al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la "inmediata detención" del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para evitar que pueda "eludir la acción de la Justicia" y se le tome declaración como investigado por delitos cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia).

La asociación solicitó el pasado 23 de abril la reapertura de la querella presentada contra él y otros dirigentes polisarios por presuntos delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones al tener conocimiento de que Ghali habría ingresado en un hospital de Logroño bajo el nombre falso de Mohamed Benbatouche

Así, solicitó al magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, que comprobara la identidad de este hombre, para que ordenara su detención, notificación de la querella y declaración como investigado.

POSIBLES DECLARACIÓN EL 1 DE JUNIO

Fuentes jurídicas consultadas han apuntado que el juez ya tiene sobre la mesa el informe de la Policía en el que se certifica que la persona que está hospitalizada desde abril en Logroño por covid-19 es Brahim Ghali y que tiene previsto tomarle declaración el próximo 1 de junio siempre y cuando no empeore su estado de salud.

En un escrito, la asociación ha vuelto a reiterar su petición de que el secretario general del Frente Polisario sea detenido para que "una vez puesto a disposición judicial se le tome declaración con carácter urgente como investigado".

Asimismo, interesa que tras su declaración se celebre la comparecencia regulada en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) "para valorar la adopción de medidas cautelares de carácter personal respecto del mismo", como puede ser la prisión provisional, "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas".

También pide que se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudiera incurrir Ghali, incluyendo la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes.

OTRA QUERELLA

Ghali y otros dirigentes del Frente Polisario también han sido querellado por el activista saharaui con nacionalidad española Fabel Breica por los delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad. Precisamente cinco de los investigados declaran mañana en la Audiencia Nacional.

Sidahmed El Bellal Hedda, Gali Sidi-Mohamed Adelyelil, Bachir Sayed, Mohamed El Khalil y Mohamed Salec Abdesamad comparecerán ante el juez Pedraz, después de que éste admitiera la querella en la que el activista afirmó que en abril de 2019 a su llegada a los campamentos de Tinduf (Argelia) fue sometido a amenazas por parte de agentes del Frente Polisario para que abandonara el lugar y fue acusado de traidor.

Tras organizar varios actos contrarios a la línea oficial del Polisario y tras convocar una manifestación, fue detenido por los militares y trasladado a centros de detención indeterminados. Durante ese periodo, dice, fue sometido a golpes, descargas eléctricas y se le mantuvo con los ojos vendados y con los pies y manos atados.

Además puso de manifiesto que tenía conocimiento de que la residencia de la gran mayoría de los dirigentes polisarios se encontraban en territorio español, pero que no era pública y notoria para evitar poder ser investigados en causas con ésta.

ADMISIÓN DE RECURSO

El entonces juez instructor José de la Mata desestimó dicha querella en 2020 al entender que la Audiencia Nacional carecía de competencia para investigar "hechos cometidos por extranjeros en el extranjero". Ordenó que se acreditara la nacionalidad española o su residencia en España de los querellados, lo cual no se logró.

Su sustituto en el Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, decidió admitirla el pasado mes de enero tras estimar un recurso del activista saharaui. Indicó en su auto que "la falta de competencia del estado español para conocer de los hechos expuestos en la querella radica única y exclusivamente en la falta de residencia o nacionalidad de los querellados, razón igual por la que estos obstruyen u ocultan la misma".

"Entendemos, dada la entidad de los hechos denunciados, resulta necesario una investigación a fondo respecto de la residencia, estancia o nacionalidad de los querellados en base a facilitar la investigación", señaló el magistrado en los razonamientos jurídicos. Así, acordó librar nuevo oficio a la policía y a la Delegación del Frente Polisario en España para recabar datos.

La Rioja no ha notificado ningún fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas, según ha informado este jueves el Gobierno de La Rioja. Por su parte, los casos activos han descendido en 37, al pasar de los 592 de ayer a los 555 de hoy mientras que la incidencia acumulada a 14 días en la comunidad ha vuelto a subir en casi doce puntos al pasar de los 271,01 de ayer a los 283,51. Además, hay 64 personas ingresadas en los distintos centros riojanos.

Desde que comenzó la pandemia, han fallecido en la comunidad un total de 761 personas, de las que 300 vivían en residencias de mayores.

Además, nuestra comunidad autónoma ha sumado 46 contagios en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la pandemia, un total de 29.958 personas han padecido la enfermedad en nuestra región.

Con respecto a la presión asistencial, el Hospital San Pedro de Logroño cuenta con 33 personas en camas de hospitalización ocupadas por pacientes Covid-19 (tres más que ayer), con 3 ingresos y 1 alta. En la UCI, además, hay 17 pacientes Covid (dos menos que hace 24 horas).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano cuenta en el San Pedro con 43 camas UCI. De este modo, sumando a los ingresados por patologías No-Covid (10 a día de hoy, igual que ayer), la UCI riojana tiene un total de 27 pacientes y se encuentra al 62,79 por ciento (cinco puntos menos que ayer).

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra tiene 14 personas en planta con Covid-19, uno menos que ayer, tras registrar un ingreso y dos altas entre sus pacientes Covid.

De este modo, siguiendo los datos, se observa un aumento en la Incidencia Acumulada a 14 días, de 271,01 casos por cada 100.000 habitantes a 283,51. La Incidencia a 7 días también ha subido de 128,16 a 130,35.

La tasa de positividad, experimenta, de acuerdo con estos datos, un ligero aumento a la de ayer, ya que ha pasado del 4,68 por ciento al 4,96.

Finalmente, hay un total de 6.984 personas en cuarentena frente a las 6.964 de ayer. Además, afortunadamente, las residencias riojanas continúan un día más sin positivos en ninguno de los 33 centros de mayores de la comunidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este viernes a Oporto para participar en el Consejo Social y en la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la que los temas sociales iban a centrar la agenda pero en la que finalmente parece que será el debate sobre la supresión de las patentes de las vacunas contra la COVID-19 el que acapare toda la atención.

Después de que Estados Unidos apoyará el miércoles liberar la protección intelectual de estas vacunas puesto que ante "circunstancias extraordinarias" es necesario aplicar "medidas extraordinarias", la UE se ha mostrado "dispuesta a discutir" la idea de una suspensión temporal de las patentes, si bien ha pedido a Washington que entretanto se implique en soluciones ya en marcha como la exportación de dosis a países pobres.

El presidente del Consejo, Charles Michel, ha confirmado que los líderes hablarán de las patentes en Oporto y algunos países, como Francia y Alemania, también se han mostrado abiertos al debate. En el caso francés, su presidente, Emmanuel Macron, se ha mostrado "favorable" a que se pueda dar este paso.

Por lo que se refiere a la postura del Gobierno español, desde Moncloa recuerdan que Sánchez ya dijo hace dos semanas durante la Cumbre Iberoamericana de Andorra que le parecía "relevante" debatir sobre este asunto. Los derechos de propiedad intelectual "no pueden ser freno, tienen que ser una de las soluciones para garantizar la vacunación de la población mundial cuanto antes", sostuvo entonces.

España quiere "liderar en el seno de la UE y de la OMC un debate sobre las patentes y sobre la accesibilidad equitativa y universal a la vacuna", aseguró, adelantando que el Gobierno "está trabajando ya en una propuesta que plantearemos a los miembros de la UE y en el seno de la OMC".

Respecto a esta propuesta, fuentes de Moncloa señalan que aún no ha sido presentada pero se hará "en próximas fechas", al tiempo que dejan claro que el presidente del Gobierno se ha mostrado en todo momento abierto a discutir sobre este asunto.

La pandemia y todo lo relativo a su gestión, incluida la vacunación, era el tema que iban a abordar los líderes europeos en la cena informal que mantendrán este viernes tras el Consejo Social, por lo que a priori será ahí donde se produzca el debate en torno a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19.

CONSEJO SOCIAL Y CUMBRE INFORMAL

Por lo que se refiere al Consejo Social, está prevista la participación de Sánchez en uno de los tres paneles previstos, el dedicado al empleo. De esta cita, en la que participan además de líderes europeos otros actores sociales, saldrán unas conclusiones que luego discutirán los jefes de Estado y de Gobierno en su cumbre.

En la cita del sábado, en la que aunque a priori era presencial algunos líderes como Angela Merkel ya han anunciado que participarán de forma telemática, está previsto que los líderes europeos se centren en discutir sobre el pilar social sobre la base del plan de acción presentado por la Comisión Europea el pasado marzo.

En este sentido, el Gobierno confía en que de la cumbre salga una declaración lo más ambiciosa posible en un momento en que los ciudadanos piden respuestas en este ámbito ante el impacto socioeconómico que ha tenido la pandemia, explican fuentes gubernamentales.

Para dejar clara esta postura, el Gobierno ha presentado hace unos días un documento de trabajo en el que se apela a una agenda social europea renovada y muy ambiciosa y en el que se deja claro que la recuperación no solo tiene que ser verde y digital sino también social.

La agenda en Oporto, donde no está prevista rueda de prensa, se completará con la cumbre entre la UE e India, en la que el primer ministro indio, Narendra Modi, intervendrá por vía telemática ante la gravedad de la situación en el país derivada de la pandemia, ya que se vienen registrando niveles récord de contagios y fallecidos.

Sánchez aprovechará su viaje a Oporto para mantener también algunos encuentros bilaterales con otros líderes europeos. Así, está previsto que se reúna con el primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa, cuyo país asumirá el próximo semestre la presidencia de turno de la UE, con el de Eslovaquia, Igor Matovic, y la de Estonia, Kaja Kallas.

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha reprochado a la Confederación Española de Sociedades Científicas (COSCE) --que agrupa a 84 sociedades, representando a más de 42.000 científicos--, la elaboración de su 'Informe COSCE sobre la Reforma de la Ley de la Ciencia en Recursos Humanos: El fin de la meritocracia científica', en el que la Confederación plasmaba sus críticas a la reforma normativa que prepara el Ministerio.

En una carta dirigida a la presidenta de la COSCE, Perla Wahnón, el secretario general de Investigación, Rafael Rodrigo, critica que dicho informe "además de no atenerse a la literalidad del anteproyecto, desoye --cuando no contradice abiertamente-- la información y explicaciones" que mantuvieron representantes del Ministerio con representantes de COSCE el pasado 12 de abril, en el contexto de las reuniones que está manteniendo el Ministerio con distintos colectivos para abordar la propuesta de reforma de la Ley de Ciencia.

"Desde el título mismo del informe se transmite una opinión muy equivocada de la realidad de esta reforma, que no es otra que un fortalecimiento de la meritocracia científica y no su final, como se indica en el Informe; además, se vierten algunas observaciones que conviene clarificar y que no entendemos, puesto que no se corresponden ni con el resumen que enviamos ni con lo presentado en la reunión", lamenta Rodrigo en la misiva.

El informe de COSCE, que el Ministerio ha recibido "con sorpresa", recoge que la reforma normativa "va en contra de la excelencia científica, dificulta la atracción de talento, perpetua la endogamia e interfiere con las políticas autonómicas más avanzadas como la de Cataluña, Madrid y País Vasco".

En la carta firmada por Rafael Rodrigo, se expone que la reforma propuesta supone "una mejora sustancial de la modalidad de contrato de estabilización". "El actual, dentro del Programa Ramón y Cajal, está limitado a 5 años y sin posible continuidad; el propuesto en la reforma supone, dentro del mismo Programa Ramón y Cajal, un puesto laboral fijo desde el inicio, lo que favorece el relevo generacional tan necesario en las plantillas de personal investigador", defiende el secretario general.

Según Rodrigo, así es como figura textualmente en el resumen que envió el Ministerio a la COSCE, y en el actual texto del Anteproyecto de Ley. Y responde a la afirmación de COSCE de que la reforma pretende eliminar el programa Ramón y Cajal: "En ningún caso se elimina el programa Ramón y Cajal".

Rodrigo insiste en las ventajas de esta nueva figura: "El nuevo puesto es en sí ya atractivo, al tener la naturaleza laboral fija, pero además en el articulado se estipula un salario apropiado y la posibilidad de promoción; en lo que se refiere a retribuciones, se explica que en el nuevo contrato no podrán ser inferiores a las que correspondan al personal investigador que realice actividades análogas, lo que se entiende como Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación y el personal equivalente en otros Organismos dependientes de otras Administraciones Públicas".

Según el secretario general de Investigación, la nueva modalidad de contratación llevará asociada una ayuda sustancial de investigación, "cinco veces mayor", de media, que la actual para los contratos Ramón y Cajal de 5 años.

Además, incide en que, en cuanto a la promoción, las personas con este contrato laboral fijo podrán acceder a la Escala de Investigadores Científicos de Organismos Públicos de Investigación en el turno de promoción interna, lo que puede aplicarse al resto de instituciones del Sistema Estatal de Ciencia.

"UNA OPINIÓN SESGADA SOBRE LA ENDOGAMIA"

En la misiva, Rodrigo también reprocha a la presidenta de la COSCE que en el informe se vierte "una opinión sesgada sobre la endogamia del nuevo sistema", cuando, según Rodrigo, "la endogamia se ataca en su posible raíz" con la reforma propuesta.

Así, el secretario general destaca que el borrador recoge que la realización del concurso de acceso al nuevo contrato se hará de forma externa al tribunal a través de la Agencia Estatal de Investigación. Además, estos resultados se harán públicos al final de dicha fase del concurso. "Ello permite una evaluación nacional, homogénea, transparente y pública, lo que ayudará mucho a despejar cualquier posible tendencia endogámica", indica la carta.

Por tanto, Rodrigo deja claro que con todas las reformas y medidas descritas, "la nueva modalidad de acceso incrementará, sin lugar a duda, la capacidad del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) no solo de atraer talento, sino también de retenerlo".

"DEBILIDAD" AL ESTAR ASOCIADO A LA OEP

Rodrigo también habla en su misiva sobre que el informe señale la "debilidad" que tiene este nuevo contrato al estar asociado a la Oferta de Empleo Público (OEP). "Esta situación también sucede ahora, ya que una vez terminados los 5 años de contrato Ramón y Cajal actual, la única salida posible es un Concurso-Oposición a una plaza de funcionario, que también depende de la OEP", defiende el secretario general.

En este sentido, explica que las retribuciones correspondientes a los nuevos contratos las abonan las instituciones, pues "como no puede ser de otra manera, los empleadores se hacen cargo de los salarios de su personal investigador, haciendo así el mejor uso del dinero público que reciben".

En otro orden de cosas, Rafael Rodrigo hace hincapié en que la reforma pretende llegar también a los investigadores de las universidades y que la nueva figura de contrato fijo sea útil para la investigación sanitaria y hospitalaria.

En definitiva, el texto subraya que la reforma tiene como objetivo "reducir la precariedad e inestabilidad laboral del personal científico joven mediante el establecimiento de un sistema de entrada con contrataciones estables, basadas en el mérito científico".

Y zanja el escrito afirmando que desde el Ministerio de Ciencia e Innovación se sigue "apostando por el diálogo" y se continuará trabajando "con todas las asociaciones que así lo deseen".

El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo (TS), César Tolosa, ha emitido un comunicado para aclarar que el informe del Gabinete Técnico del TS que se ha conocido este jueves, sobre el nuevo recurso creado por el Gobierno para las restricciones sanitarias que adopten las comunidades autónomas tras el estado de alarma, "no anticipa la postura del tribunal" porque se trata de un documento "interno, provisional y no vinculante".

Tolosa ha querido dejar constancia de que "se trata de un informe interno, provisional y no vinculante y que no anticipa la postura del tribunal", de acuerdo con la nota difundida por el Supremo.

Así, ha sostenido que solo "es un punto de partida para el estudio por parte de los magistrados del nuevo recurso de casación y de los problemas que su aplicación pudiera plantear", recordando en este sentido que el informe se entregará a los miembros de la Sala III para que puedan incorporar "las modificaciones que estimen pertinentes".

"No vincula en modo alguno a los miembros de la Sección Cuarta, que serán los encargados del conocimiento de este tipo de recursos", ha remachado el presidente de la Sala Tercera.

"POSIBLE INSUFICIENCIA" DEL DECRETO-LEY

El informe, plantea una serie de problemas procesales pero apunta también a un conjunto de cuestiones que dice "no se va a examinar" porque "requieren de un estudio profundo que ahora no puede abordarse" al tratarse de "una nota de urgencia".

Entre dichas cuestiones, menciona "el problema de la posible insuficiencia o inadecuación del rango de la norma empleada (decreto-ley) para regular una cuestión como esta, que incide en derechos fundamentales".

Señala asimismo "el problema de la constitucionalidad de la posición institucional en que se viene a situar a los tribunales de justicia, como una suerte de copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas, al modo de las competencias administrativas compartidas.

Lo que sí dice expresamente es que este decreto-ley "se presenta, de forma implícita pero evidente, como una reacción legislativa contra la interpretación jurisprudencial del marco legal anterior", según el cual este tipo de recurso no era posible.

LAGUNAS TÉCNICAS

El decreto-ley de medidas urgentes aprobado por el Gobierno de cara al final del estado de alarma, el 9 de mayo, ha creado un recurso de casación que permitirá tanto a las comunidades autónomas como a la autoridad estatal recurrir ante el TS cuando los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y la Audiencia Nacional, respectivamente, se nieguen a ratificar las medidas restrictivas adoptadas en materia sanitaria para luchar contra el coronavirus.

El Gabinete Técnico ha puesto de manifiesto "algunas dudas de naturaleza procesal que suscita, ya en una primera impresión, la lectura de la modificación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) que se acaba de operar".

En concreto, advierte de que, aunque el decreto-ley dice que el Tribunal Supremo "fijará doctrina" con estas resoluciones, "ha de tenerse en cuenta que eso puede no ocurrir" porque, al suprimir el filtro inicial que hay para los recursos de casación, es posible que el TS no llegue a pronunciarse sobre el fondo del asunto rechazando la impugnación por problemas formales o falta de interés casacional.

Igualmente, expresa dudas sobre la posibilidad real de poder cumplir con los plazos establecidos por el decreto-ley, que son más cortos que los habituales, debiendo resolver el Supremo en unos ocho días, sumados los tres de traslado a las partes para que aleguen y los cinco posteriores para que el TS dictamine.

"Si, como es de temer, se multiplica la litigiosidad en esta materia, resultará muy problemático resolver los recursos en tan breve plazo, habida cuenta que al Tribunal Supremo accederán, probablemente en fechas coincidentes, recursos procedentes de cualesquiera tribunales inferiores", avisa.

Además, augura "un impacto muy significativo sobre la Sala Tercera del Tribunal Supremo" y recomienda reforzar los medios personales y materiales del Gabinete Técnico, ya "saturado de trabajo", y crear una nueva sección dedicada solo a estos recursos.

El juez del caso 'Neurona', Juan José Escalonilla, escuchará este viernes a una docena de miembros del equipo electoral de Podemos para la campaña de 2019 que habrían trabajado en contacto con el personal de la consultora política, según sostiene el partido, que propuso estas testificales con el objetivo de desencallar la causa en la que se investiga su presunta financiación irregular.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid los ha citado para una ronda de comparecencias que comenzará a las 9.15 horas y se prolongará a lo largo de la mañana, después de dos intentos fallidos, puesto que inicialmente los testigos estaban llamados para el 19 de abril, posponiéndose después al día 26 de ese mes y hasta el 7 de mayo por motivos de agenda.

Escalonilla accedió así a la oferta del propio partido, que el pasado mes de febrero le propuso tomar declaración a estas personas porque --conforme indicó-- "integraban los equipos de trabajo de Podemos que, en coordinación con el equipo de Neurona, han cubierto todas las áreas de la campaña electoral, incluyendo a sus coordinadores".

La formación 'morada' entiende que "todas estas personas pueden ofrecer el testimonio directo de la experiencia del trabajo llevado a cabo por Neurona junto con el equipo de campaña de Podemos, así como la modalidad en la que se ejecutaban los trabajos, con quiénes compartían espacio y trabajo y cómo se distribuían las correspondientes tareas en la campaña electoral".

De esta forma, según explicó, la organización política busca dar "un decidido impulso al esclarecimiento de los hechos, a pesar de que --recalcó-- "no tendría que ser esta parte la que deba probar su inocencia, sino que por mandato constitucional la carga de la prueba es justo al revés".

Así, declararán el coordinador de todo el equipo de campaña electoral, Guillermo Magariños; la coordinadora del equipo de campaña electoral, Allende Marina Palomo; el coordinador del equipo audiovisual de la campaña electoral, Mikel Oibar; el integrante del área de audiovisuales, Mario Gálvez; el responsable de redes sociales, Julián Macías; y el encargado de los servicios contratados con Facebook y redes sociales, Karin Gajardo.

También comparecerán ante Escalonilla las responsables de prensa Ángela Cartagena y Nuria Arranz, los integrantes del equipo de audiovisuales Irene Lingua y Javier Ivanyez, el miembro del equipo de redes sociales Tsun Eduardo Ho y Alfredo Almendro, de diseño gráfico.

EL CASO 'NEURONA'

El núcleo de esta causa es el contrato que Podemos firmó con Neurona Comunidad --filial española de la mexicana Neurona Consulting-- por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril 2019.

Escalonilla cree que fue un contrato simulado que sirvió para desviar dinero de las cuentas 'moradas', por lo que la actividad indagatoria se centra en dilucidar si Neurona hizo realmente el trabajo para el que fue contratada.

El caso partió de una denuncia formulada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente. De los hechos denunciados, el instructor ha archivado las pesquisas relativas a los contratos electorales con ABD, las obras de reforma de la nueva sede y el supuesto acceso no consentido a un ordenador de la abogada del partido Marta Flor.

El juez también acordó el sobreseimiento provisional de las donaciones de la Caja de Solidaridad de Podemos y de los sobresueldos que habrían cobrado la gerente y el tesorero del partido, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, entre otros cargos, pero ha reabierto ambas investigaciones, en el primer caso por orden de la Audiencia de Madrid en respuesta a recursos de las acusaciones populares de Vox y Pro Lege, y en el segundo enmendando su decisión inicial a petición de Vox.

Además, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, Escalonilla ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero. El Juzgado de Instrucción Número 46 ya investiga este asunto.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre acusado de amenazar y arruinar a una mujer que le había prestado ayuda y permitido vivir en su domicilio.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, durante meses la sometió mediante amenazas y agresiones físicas para que le entregase dinero, incluso llegó amenazar con matar a sus perros si noaccedía a sus exigencias. La víctima se vio obligada a vender su casa para hacer frente a las deudas generadas por su compañero.

La investigación se inició el pasado abril con la denuncia de una vecina de Gijón, de 52 años, que daba cuenta del sometimiento y control que había vivido en los últimos tres años por parte de un amigo que la había arruinado y obligado a mantener relaciones íntimas no consentidas.

La denunciante explicó que conoció a este hombre a través de una vecina y poco a poco habían ido entablando una relación de amistad. Conmovida por la situación que él decía estar viviendo, a cargo de una madre enferma y sin trabajo, le ofreció vivir en su casa para ayudarle temporalmente a pasar este mal momento personal.

A partir de entonces comenzó un calvario de amenazas, coacciones y agresiones físicas. Día a día fue minando su voluntad, haciéndose dueño de la casa y de su dinero. La obligó a entregarle todos sus ahorros e incluso a hipotecar su casa bajo la amenaza de agredirla y matar a sus perros.

El hombre incluso llegó también a engañarla y coaccionarla para que mantuviese relaciones sexuales con un amigo suyo a cambio de dinero.

Los agentes comprobaron que la mujer había perdido todo su patrimonio al verse obligada a vender su casa familiar para hacerfrente a las deudas generadas por las adicciones de su compañero.

Una vez constatados estos hechos, se puso en marcha un operativo para localizar al denunciado, vecino de Gijón, de 45 años, que fue detenido por amenazas y robo.

Igualmente, fue detenida una vecina de Luanco, actual pareja sentimental del arrestado, por ayudarle a vender las joyas de la víctima y conseguir un beneficio económico para el disfrute personal de ambos.

La investigación, llevada a cabo por investigadores de laUnidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría de Gijón, se cerro con otro detenido, un amigo del arrestado, de 48 años y vecino de Gozón, como supuesto autor de un delito contra la libertad e indemnidad sexual, quien, conocedor de la situación de indefensión de la mujer, en lugar de prestarle ayuda o denunciar loshechos a la Policía, había accedido a mantener relaciones sexuales con ella a cambio de dinero.

Asimismo, los dos hombres arrestados tenían antecedentes por tráfico de drogas y delitos contra el patrimonio.

La fundación FAES ha criticado este jueves que la izquierda "reaccione a su fracaso insultado al 45% de los votantes" que decidieron apoyar a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. Tras asegurar que el éxito de la presidenta madrileña "lo es también de Pablo Casado", cree que estos comicios marcan un "punto de inflexión" en la política española porque el Gobierno liderado por Pedro Sánchez y "su agrietada coalición" salen "seriamente debilitados mientras se refuerza el centroderecha".

Así lo sostiene la fundación que dirige el expresidente del Gobierno José María Aznar, quien este miércoles ya felicitó a Ayuso por su "extraordinario triunfo" en los comicios del 4 de mayo y recalcó que esta victoria supone "una gran lección y una gran esperanza para todos". "El modelo de libertad se entiende, funciona y los ciudadanos lo respaldan", añadió.

Apenas dos días después de esos resultados, FAES ha publicado un editorial en el que subraya que produce "estupor que la izquierda clamorosamente derrotada en Madrid reaccione a su fracaso insultando" a los votantes de Ayuso.

En concreto, critica que Podemos eche mano del "apolillado análisis marxista sobre la conciencia alienada que lleva a cientos de miles de trabajadores a votar al PP", mientras que en el PSOE, la vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo, aparte de "pregonar unos delirantes análisis electorales", se refiera a los votantes del PP como "gentes alucinadas sin contacto con la realidad porque, de haberla tenido, habrían votado sin duda a los socialistas".

"Aunque se recomienda que cuando el adversario se equivoca, lo mejor es no distraerle, lo cierto es que la izquierda de la coalición gobernante en España es la que ha demostrado encontrarse fuera de la realidad", dice FAES, para criticar que se dediquen a "abroncar e insultar a los votantes que no han comprado la averiada mercancía izquierdista".

UN FRACASO "CUANTITATIVO" Y "CUALITATIVO"

Según FAES, el fracaso de la izquierda "no es sólo cuantitativo" sino también "cualitativo". Así, considera que el 4M es también "el fracaso de sus grotescas 'alertas antifascistas', de la impostura permanente de líderes como Pablo Iglesias, verdadero depredador de la política democrática que busca hacerse pasar por víctima; es el fracaso de su inconsistencia, que en el caso del candidato socialista pasó de rechazar el pacto con Podemos a convocar a Iglesias a ganar juntos las elecciones".

En resumen, cree que es el "fracaso de la inveterada pretensión de la izquierda de imponer para su ventaja los marcos conceptuales que condicionan el debate político". Frente a ese "despliegue de soberbia y resentido desprecio a los votantes", prosigue FAES, Ayuso ha hablado de "prudencia y compromiso, reconociendo los votos 'prestados' que han contribuido a construir su mayoría, sabiendo dimensionar lo que significa su enorme victoria en función de una tarea de gobierno para la que pidió la confianza de los madrileños".

Además, señala que el 4M ha visualizado la capacidad del PP para articularse como "alternativa a esta conjunción decadente de socialistas comunistas e independentistas" y agrega que el reagrupamiento en el centroderecha tiene que "seguir consolidándose como un proceso de unión de fuerzas, no como una apuesta por la derrota de un adversario que ha ocupado provisionalmente un segmento del electorado que el PP puede legítimamente reclamar".

Tras recordar que Ayuso pidió el voto para poder desarrollar su proyecto político con libertad de acción, destaca que esa libertad tiene que predicarse "frente a todos" porque "se la ha ganado". "El hecho de que el PP sume de largo más que toda la izquierda junta le libera del condicionamiento de escaños que contaban con ser decisivos y que los resultados del 4 de mayo dejan considerablemente devaluados", apostilla, en alusión a Vox.

DICE QUE EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ SALE "DEBILITADO"

Aunque ve "evidente que ningún resultado es extrapolable al 100%", dice que "sería absurdo negar que las elecciones en Madrid marcan una inflexión en la política española en la que el Gobierno de Sánchez y su agrietada coalición salen seriamente debilitados mientras se refuerza el centro derecha en el que el PP afianza su hegemonía y su condición de alternativa de gobierno".

"El éxito de Isabel Díaz Ayuso lo es también de Pablo Casado. No sólo es el presidente del Partido Popular, sino que encabeza esa generación de dirigentes políticos de la que Díaz Ayuso es tan representativa", asegura, para concluir que Casado "tiene ante sí una tarea compleja y exigente, pero ha dado pasos importantes y hoy, desde su liderazgo, esa tarea parece algo más fácil".

Las Comunidades Autónomas han empezado ya a avanzar las medidas que regirán en sus territorios a partir del próximo domingo 9 de mayo a las 00.00 horas. La mayoría de ellas pondrán fin al toque de queda y al cierre perimetral al acabar el estado de alarma, salvo Canarias, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Baleares, que pretenden mantener la limitación nocturna a la movilidad.

No obstante, muchas de estas autonomías están a la espera de un refrendo judicial como ya se ha dado en Baleares, donde su Tribunal Superior de Justicia ha ratificado las medidas del Ejecutivo balear que, entre otras cosas, recogen el mantenimiento del toque de queda.

Por su parte, el País Vasco, Navarra, la Comunidad Valenciana y Canarias han mostrado también su predisposición a seguir con el toque de queda, aunque el Gobierno Vasco, por ejemplo, está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dé una respuesta para continuar tanto como la limitación a la movilidad nocturna como al confinamiento perimetral de la región.

Eso sí, a escasas 48 horas de la finalización del estado de alarma, hay algunas Comunidades que todavía no se han pronunciado sobre el escenario 'post alarma'. En cualquier caso, a las 19.00 horas de este jueves, 6 de mayo, esta es la situación de las CCAA que sí se han pronunciado:

ANDALUCÍA

El 9 de mayo en Andalucía desaparecerá el toque de queda y el cierre perimetral de la región. Sin embargo, sí que mantendrá el confinamiento perimetral de municipios con tasas de incidencia por encima de 500 casos cada 100.000 habitantes. De todos modos, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aún tiene que confirmar las nuevas medidas post estado de alarma.

ARAGÓN

Aragón tampoco tendrá toque de queda ni confinamiento perimetral de la comunidad a partir de la madrugada del sábado al domingo. No obstante, el Gobierno regional mantendrá cerradas zonas que ya lo están. Los horarios de cierre en actividades no esenciales y hostelerías se mantienen como hasta ahora: Para lugares con nivel de alerta 3 hasta las 22.00 horas y para las zonas en alerta 3 agravada hasta las 20.00 horas.

BALEARES

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha avalado el mantenimiento del toque de queda en el archipiélago balear, entre otras medidas, tras el estado de alarma. Los desplazamientos a las islas deben justificarse y someterse, en su caso, a un control sanitario. Solo se pueden llevar a cabo reuniones y encuentros familiares y sociales de un máximo de seis personas en el interior o en el exterior.

CANARIAS

El Gobierno de Canarias mantendrá el toque de queda, el control en puertos y aeropuertos y el resto de medidas que están vigentes en cada isla según nivel de alerta en que se encuentran una vez concluya este domingo el estado de alarma.

CANTABRIA

En Cantabria decae el toque de queda y el cierre perimetral de la región a partir del domingo. Sin embargo, el Ejecutivo cántabro adoptará medidas concretas en cada municipio según su evolución. Asimismo, sí que se mantiene el cierre del interior de la hostelería y los aforos.

CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León fija el horario de cierre de la hostelería a las 00.00 horas tras el próximo 9 de mayo, una fecha a partir de la que se elimina el toque de queda y el confinamiento perimetral de la Comunidad, donde además se clausurará el interior de bares en localidades con incidencias superiores a 150 casos por 100.000 habitantes.

CASTILLA-LA MANCHA

El próximo domingo en Castilla-La Mancha decaerá el toque de queda y el confinamiento perimetral de la Comunidad. Además, el Gobierno regional está estudiando la posibilidad de aumentar de 6 a 10 el número de personas que puede haber en locales de hostelería. No obstante, será el sábado cuando se tome la decisión final sobre las medidas a adoptar.

CATALUÑA

La Generalitat ya ha anunciado el fin del toque de queda y el confinamiento regional al decaer el estado de alarma. En cuanto a las medidas de limitar a seis personas las reuniones sociales y a los aforos de actos religiosos y ceremonias civiles, la Fiscalía no se opone a la ratificación judicial.

EUSKADI

El País Vasco pretende seguir con el confinamiento perimetral de la región y el toque de queda más allá del 9 de mayo. Sin embargo, la Fiscalía Superior de la Comunidad se opone a estas medidas, así que en la actualidad el Gobierno Vasco se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le dé una respuesta sobre estas medidas.

EXTREMADURA

A partir del viernes, se acaba el estado de alarma en Extremadura y se establece la medianoche como horario límite para el cierre de la hostelería una vez decaiga el estado de alarma.

GALICIA

La Xunta de Galicia ha anunciado que, a partir de las 00.00 horas del domingo, se elimina el toque de queda y el cierre perimetral autonómico. Además, se amplían los horarios de la hostelería.

LA RIOJA

La Rioja contará a partir del 9 de mayo con un 'semáforo' de tres niveles, basados en una serie de indicadores, que en el "peor escenario posible" serían cuatro. Además, ese mismo día concluye el cierre perimetral de la región y se levantan las restricciones de movilidad nocturna, el denominado 'toque de queda'.

NAVARRA

El Gobierno de Navarra flexibilizará a partir del 9 de mayo las medidas preventivas para hacer frente al COVID-19, una vez decaiga el estado de alarma. En concreto, entre las novedades respecto a las medidas vigentes, se levantará el cierre perimetral de la Comunidad Foral, se recomienda limitar las reuniones en los domicilios a un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales, excepto convivientes, y se permite ampliar a las 22 horas el horario de las terrazas en hostelería. Sí que sigue manteniendo la limitación de la movilidad nocturna entre las 23 y las 6 horas.

COMUNIDAD VALENCIANA

La Generalitat Valenciana está estudiando retrasar el inicio del toque de queda a las 0.00 horas y ampliar el número de personas en reuniones, que podría pasar de las seis autorizadas en la actualidad hasta la cifra de ocho o diez. Sin embargo, el presidente valenciano, Ximo Puig, ya avanzó que planteaba levantar el cierre perimetral.

MELILLA

Melilla no mantendrá el toque de queda a partir de este domingo, pero sí que pretende mantener la limitación de reuniones, privadas y públicas, a un máximo de seis personas y también la limitación de horario en hostelería y comercio y aforo en centros religiosos.

La Xunta de Galicia ha presentado un recurso de reposición por la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que concede un mes a la familia Franco para la retirada de bienes del Pazo de Meirás, según informa.

En concreto, el Gobierno autonómico considera que la diligencia "socava las competencias públicas de protección de patrimonio cultural de Galicia". "Al no especificar de manera explícita que la retirada de bienes de interés cultural precisa la preceptiva autorización administrativa de la Xunta", explica.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sada (A Coruña) ha presentado este jueves dos escritos ante este juzgado. En el primero, se interpone incidente de ejecución a los efectos de que por parte del juzgado se resuelva sobre "la indisponibilidad de retirada de determinados bienes muebles" que, a criterio del ayuntamiento, forman parte del inmueble. El segundo es recurso de reposición por el plazo dado a la familia del dictador.

En el caso de la Xunta, la Consellería de Cultura, Educación e Universidades afirma que el recurso presentado busca "proteger y defender el patrimonio de los gallegos" como, según sostiene, ha hecho desde "el principio" en este proceso. "Apostando por la unidad entre las administraciones, ajustándose al Estado de Derecho y dando pasos firmes con aval jurídico", añade.

En lo que respecta a las estatuas del Mestre Mateo y a la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, "con protección Bien de Interés Cultural (BIC)" --tras la solicitud por parte de la familia Franco para su traslado--, recuerda que fueron solicitados informes "a las principales instituciones culturales del país para ofrecer argumentos técnicos sólidos, respetando las garantías jurídicas del procedimiento".

EL ESTADO, "CONDICIÓN DE DUEÑO"

Mientras, el Ayuntamiento de Sada explica que en sus escritos alega que la sentencia de este mismo juzgado que ordenó la devolución al Estado del inmueble "ampara la consideración de bienes de dominio público de los bienes muebles, tanto de los que formaban parte del pazo en 1938, objeto de transmisión en la escritura de compra-venta de ese año, como de aquellos otros instalados por el Estado".

"Y que, en ambos casos, formaban parte y estuvieron afectos al servicio público de la residencia de la jefatura del Estado detentada por el dictador". "La sentencia consideró que el Estado ostentó su condición de dueño, a todos los efectos, desde 1938 hasta la muerte del dictador, lo que extiende la posesión no solo al inmueble (continente) sino a los bienes muebles (contenido)", argumenta.

Además, el letrado considera que el hecho de que dicha sentencia no resolviera expresamente sobre dichos bienes muebles "no supone impedimento legal a que el juzgado ordene, en ejecución de sentencia, que forman parte, indisociable, del bien inmueble".

OTRAS ACCIONES JUDICIALES

Por otra parte, el Ayuntamiento de Sada defiende que el recurso de reposición contra de la diligencia de ordenación de retirada de bienes, dictada por el letrado del juzgado, es "necesario, pero no suficiente" por lo que entiende que el Estado "debe ejercitar de inmediato, y a la mayor brevedad posible, otras acciones judiciales".

"Mientras los Franco anuncian la empresa y personal de cambio, Estado y Xunta, y viceversa, deben ejercitar suas competencias, judiciales y administrativas", adoptando, apostilla, "todas cuantas medidas sean procedentes para evitar el expolio del pazo y que este quede vacío de contenido", señala el alcalde, Benito Portela. Además, les insta a hacer efectivo el acuerdo del Parlamento gallego a este respecto.

Asimismo, insiste en que es la Xunta "quien ostenta las plenas competencias para incluir los bienes muebles en el Decreto BIC de Meirás, pero esa cuestión competencial no puede ser disculpa para que ni Xunta ni Estado resuelvan dotar de la tutela BIC al conjunto de los bienes de un sitio histórico como es el pazo".

ARGUMENTOS DEL ESTADO

En su recurso de reposición, la Abogacía del Estado argumenta que el plazo de retirada de bienes dado a los Franco se ha hecho "sin haber dado traslado a esta parte del escrito presentado por la contraparte --los Franco-- a efectos de poder formular alegaciones sobre dicha petición y sobre las concretas condiciones en que deba efectuarse la retirada de los bienes solicitada".

"Lo cual constituye una clara conculcación del principio de contradicción que debe presidir el desarrollo de todo proceso, causando de esta manera indefensión a esta parte", sostiene.

Por otro lado, la Abogacía del Estado pide que se garantice el contenido del inventario de los bienes que se encuentren en el pazo antes de su posible retirada.

PLAN DE ACTUACIÓN

Por ello, insta a que se permita concluir el inventario comenzado por auto judicial de diciembre de 2020. Para garantizar que los bienes retirados son los mismos sobre los que se constituyó el depósito judicial, afirma que es preciso adoptar "una serie de cautelas que permitan verificar fehacientemente que la Administración del Estado ha cumplido fielmente con su condición de depositaria durante el tiempo en que el depósito judicial ha surtido efecto".

En caso de producirse el traslado, argumenta que se debe "garantizar la seguridad del inmueble, catalogado BIC". Por ello, en el recurso especifica que "es necesario que, con carácter previo a la retirada, los demandados concreten el plan de actuación que pretenden llevar a cabo, indicando las concretas personas, vehículos y empresas que realizarán la retirada, para poder adecuar los planes y medidas de seguridad que se han establecido sobre el inmueble".

La Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados acogerá este viernes, por la tarde, la celebración de las solemnes vísperas pontificales, organizadas por el Cabildo de la Catedral de Valencia, con las que dan comienzo los actos oficiales con motivo de la fiesta de la Virgen de los Desamparados este fin de semana.

Las solemnes vísperas fueron compuestas por José Climent, canónigo prefecto de Música Sacra de la Catedral de Valencia fallecido en 2017, y serán interpretadas por la Escolanía de la Virgen, alternadas con el Cabildo Catedralicio y el clero de la Basílica, según ha informado el Arzobispado en un comunicado.

Los actos previstos con motivo de la fiesta de la patrona de Valencia incluyen la misa que tendrá lugar este viernes, a las 13 horas, en la Basílica, cantada igualmente por la Escolanía, a intención de la Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia, y la misa ofrecida por la asociación Lo Rat Penat, a las 20.30 horas. No se celebrará este viernes el Rosario que se reza en la Basílica, todos los días de mayo, a las 16.45 horas.

Las celebraciones continuarán el sábado, 8 de mayo, con la misa conmemorativa del LX Aniversario del Patronazgo Regional de la Virgen de los Desamparados, a las 9.30 horas; la misa cantada por la Escolanía a intención de la Corte de Honor de la Virgen, a las 10.30 horas; y la eucaristía conmemorativa del XCVIII aniversario de la Coronación Pontificia de la imagen de la patrona, a las 13 horas.

El sábado la Basílica acogerá, a las 20 horas, la Salve solemnísima, a puerta cerrada y sin asistencia de fieles, con la participación de la Escolanía y antiguos escolanes, que podrá ser seguida en directo por La Ocho TV.

MISSA D'INFANTS

El día de la Fiesta de la Mare de Déu, el domingo 9 de mayo, se celebrará la tradicional Missa d'Infants, a las 8 horas, en la Plaza de la Virgen, adaptada "escrupulosamente" a las medidas sanitarias vigentes a causa de la pandemia, y con acceso restringido, de forma que sólo podrán acceder las personas con acreditación oficial.

Por ello, desde la Basílica se realiza un llamamiento "invitando encarecidamente a los fieles a que no se aproximen a la plaza ni a sus calles adyacentes, a que eviten aglomeraciones y a seguir la misa desde sus hogares por televisión".

El domingo 9 de mayo, después de la Missa d'Infants tendrá lugar, a las 12 horas, la Misa Pontifical en la Catedral de Valencia, con aforo limitado al 50 ciento siguiendo las restricciones marcadas por las autoridades. Después de la misa tendrá lugar una procesión claustral, por el interior de la Seo. Ese mismo día, por la tarde, la imagen de la patrona de Valencia recorrerá algunas calles de la ciudad en su 'maremóvil' "sin anunciar el recorrido para evitar aglomeraciones".

Además, el 9 de mayo no se celebrará ninguna misa en el interior de la Basílica "para evitar el colapso en las puertas y la aglomeración de los fieles en la plaza" y el templo permanecerá abierto desde las 10:30 horas hasta las 21 horas, ininterrumpidamente, para facilitar que los fieles visiten y veneren a la Mare de Déu.