La Iglesia católica de España inmatriculó "a la luz de la legalidad" un total de 34.961 bienes desde 1998, con la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar y hasta 2015, según el listado de bienes inmatriculados elaborado por el Gobierno y enviado este martes 16 de febrero al Congreso de los Diputados.

"Las inmatriculaciones se han producido al amparo de una situación legal, otra cosa es que, a lo largo de los años, haya habido posicionamientos contrarios a la reforma que propició el gobierno de Aznar, pero ha sido a la luz de una legalidad", ha declarado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De las 34.961 inmatriculaciones, 20.014 corresponden a templos de la Iglesia católica o dependencias complementarias que tienen que ver con el culto o la tarea educativa y las 14.947 restantes se relacionan con otros usos: terrenos, solares, viviendas o locales, según ha concretado Calvo.

Además, 30.335 bienes fueron inmatriculados en virtud de certificación eclesiástica y en el caso de otros 4.626 bienes, la inmatriculación consta a otro título distinto, a título "bastante y suficiente para la demostración".

También ha puntualizado que el conjunto de las inmatriculaciones tiene una intensidad diferente por comunidades autónomas y territorios.

En todo caso, Calvo ha precisado que "esa legalidad que ha propiciado este volumen de inmatriculaciones, ahora puede ser contestada, como es lógico".

CUALQUIERA QUE DISCREPE PODRÁ RECLAMAR

Por ello, ha señalado que, a partir de la publicación de este listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe, puede reclamar alguno de estos bienes, ya sea por "vía administrativa", para que la Administración General del Estado abra la investigación correspondiente o por "la vía de los tribunales.

Además, ha añadido que si la Iglesia Católica considera que hay algunas inmatriculaciones que pueden ser, o no contestadas y que de oficio las puede resolver, o va a defender sus derechos ante los tribunales frente a una parte hipotética que también ejerza el derecho, "esa será una decisión suya".

PATRIMONIO HISTÓRICO

Calvo también ha destacado que en el listado aparecen "bienes afectos a un régimen muy especial" que son todos aquellos que están catalogados como parte del Patrimonio Histórico español o protegidos por las leyes autonómicas de patrimonio histórico, como es el caso de la Mezquita Catedral de Córdoba, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984 por la UNESCO.

"Todos esos bines tienen un régimen especial por cuanto forman parte de la propiedad privada pero están afectos a otros fines públicos y de utilidad social", ha remarcado.

Carmen Calvo ha asegurado que la publicación de este informe significa "un paso de colaboración continua con las Cortes Generales" ya que fue el Congreso de los Diputados el que instó al Gobierno en 2017 a la realización de este estudio, a partir de la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE.

Sobre el listado, Calvo ha asegurado que es fruto de un trabajo "prolijo y riguroso" desde la Administración General del Estado. Además, ha precisado que no hay "ningún desfase" en las cifras y ha añadido que las inmatriculaciones se han contado "una a una".

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha anunciado este martes que la situación actual de la pandemia en la Comunidad, tanto en número de contagios como en la ocupación de camas hospitalarias y de UCI, no aconseja relajar medidas restrictivas por el momento pese a un descenso generalizado en el número de casos, al tiempo que ha recordado que las acciones actuales se aprobaron con una vigencia de hasta el 23 de febrero.

En su comparecencia semanal para analizar la evolución de la pandemia la consejera ha dibujado una situación aún "muy compleja" similar a la vivida el pasado mes de abril. Así, ha recordado que la ocupación en UCI actual de enfermos Covid es del 51 por ciento cuando se aconseja el 25 por ciento para iniciar de forma "prudente" una desescalada.

"No se puede hacer ninguna relajación de medidas de prevención ante hay que espera", ha aseverado, tras lo que ha relatado que actualmente se vive un momento de la pandemia "diferente" con "numerosas cepas más contagiosas" entre las que ya predomina la británica que exigen la máxima precaución porque "cualquier mal paso puede llevar a una situación muy, muy complicada".

En cuanto a la situación que se prevé para Semana Santa la consejera ha evitado hacer futuribles y ha insistido que no se trata de "salvar nada" por lo que desde Castilla y León se irá de la mano de los indicadores epidemiológicos y sanitarios. "Si se cumplen entonces las medidas se irán relajando", ha garantizado, tras lo que ha rechazado volver a pasar el "susto" de la Navidade.

"La experiencia nos dice que debemos ser muy rápidos en las escaladas y muy prudentes desescalada e ir de la mano de la medidas, si vamos cumpliendo diferentes indicadores iremos tomando medidas ajustadas a lo que se tiene que hacer", ha precisado Casado.

En cuanto a los datos, la consejera ha reiterado que la situación es "muy grave", aunque la incidencia semanal en la Comunidad tiene una tendencia a la baja con un descenso simétrico a la subida que fue "muy rápida y vertiginosa".

Pese a que las tasas de incidencia y contagio descienden la Comunidad registra 802.16 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días. Por provincias Palencia se sitúa a la cabeza con 1.639 casos, seguida de Soria con 1.055; Segovia con 952; León con 924; Salamanca con 902; Valladolid con 684; Zamora con 585; Ávila con 555 y, por último, Burgos con 455.

"Estamos 32 veces por encima de ese nivel de seguridad", ha defendido Casado, quien ha insistido en que para que la desescalada se produzca haya que tener en cuenta las incidencias consolidada, la ocupación hospitalaria y la de las UCIS, donde no se debe superar el 25 por ciento.

"Estamos en una situación de altísimo riesgo", ha manifestado Casado, quien ha detallado que actualmente en los hospitales de la Comunidad ha 1.406 pacientes covid de los que 1.170 están en planta y 286 en la UCI, lo que demuestra que "las unidades de críticos tienen una elevada presión asistencial".

No obstante, la consejera ha informado de que se comienza a recuperar la actividad programada hasta en un 50 por ciento y las consultas externas y pruebas diagnósticas alcanzan prácticamente la "normalidad".

"Siempre he pedido unidad de criterios, nos hemos dado un semáforo para algo, con indicadores y criterios", ha concluido.

El Tribunal Supremo ha suspendido el adelantamiento del toque de queda a las 20.00 horas en Castilla y León impuesto por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que había sido objeto de recurso por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, según confirmaron fuentes jurídicas.

La resolución de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, que no entra en el fondo del asunto y se pronuncia únicamente sobre las medidas cautelares solicitadas por la Abogacía del Estado, deja por tanto sin efecto la medida que fue acordada el pasado día 15 de enero por el máximo responsable del Ejecutivo autonómico, que entró en vigor al día siguiente y que se ha venido aplicando en la Comunidad a lo largo de un mes.

En el escrito inicial del recurso, el Abogado del Estado solicitó la suspensión cautelar del acuerdo por considerar que podría ser nulo de pleno derecho, al rebasar el límite de inicio de la restricción de la libertad de circulación que permite la declaración de estado de alarma, a las 22 horas.

La Sala del Tribunal Supremo, tras la tramitación oportuna, y una vez examinadas las alegaciones de la Junta de Castilla y León, que se ha opuesto a la medida cautelar, ha acordado suspender la vigencia del acuerdo recurrido, en la parte relativa a la fijación del horario de limitación de la libertad de circulación a partir de las 20 horas.

Considera el auto recurrido que los límites máximos y mínimos dentro de los que las autoridades delegadas en el estado de alarma pueden adelantar y atrasar las "horas" de inicio y finalización de la limitación de la libertad de circulación están fijados con toda precisión en el art. 5, 1 y 2 del R.D 926/2020, debiendo situarse entre las 22.00 y las 00.00 horas el de inicio, y entre las 5.00 horas y las 7.00 horas el de finalización.

El auto de suspensión del acuerdo, concluye que, a los únicos efectos de este incidente cautelar, ha quedado sólidamente cuestionada la adecuación a Derecho del acuerdo recurrido, que podría incurrir en nulidad de pleno derecho, al imponer una limitación de un derecho fundamental, la libertad de circulación, más allá del ámbito horario permitido en el R.D 926/2020, del estado de alarma, con afectación del derecho fundamental susceptible de amparo constitucional (art. 47.1.a Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común), y que se adopta por un órgano que resulta, prima facie, manifiestamente incompetente por razón de la materia (art. 47.1.b LPAC).

El auto valora que la consumación de una restricción ilegítima del derecho fundamental sería absolutamente irreparable y la sentencia inefectiva (art. 129.1 LJCA), y lo sería para todos los ciudadanos afectados y destaca que en este momento procesal y a los solos efectos de resolver sobre la medida cautelar, consideramos que la argumentación de la Junta de Castilla y León para sostener que dispone de la facultad de agravar la restricción de la libertad de circulación es, in icto oculi, esto es, de un vistazo, contraria a la predeterminación que viene impuesta por la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de estados de alarma excepción y sitio, ya que todo el alcance de la limitación de los derechos fundamentales afectados por el estado de alarma debe estar expresamente previsto en dicha norma.

El auto suspende el acuerdo impugnado, sin imposición de costas a ninguna de las partes, dada las características de la controversia y la dificultad jurídica que implica.

Sin embargo, hace dos semanas el propio Fernández Mañueco comparecía públicamente para exponer las alegaciones presentadas frente al referido recurso, mostrar su convencimiento de que el Alto Tribunal respaldaría la medida adoptada y defender la misma al considerarla idónea desde el punto de vista sanitario-epidemiológico, social y jurídico, y todo ello con el único objetivo de "proteger la vida y la salud de los ciudadanos y causar el menor daño posible a la economía regional.

Apuntó no obstante que en el supuesto de recibir un revés judicial, la Junta aplicaría de inmediato el fallo pero que, en cualquier caso, no dudaría en volver a adoptar esa decisión porque "salvar vidas siempre merece la pena, proteger el sistema público hospitalario siempre merece la pena, estar al lado de los que se ponen en primera línea siempre merece la pena".

El presidente de la Junta justificó el adelanto del toque de queda en la urgente necesidad de atajar la incidencia de contagios y se mostró convencido de que la medida había sido "crucial, esencial" al lograrlo.

También hizo suya una sentencia del Constitucional de 1985 según la cual el derecho a la vida, recogido en el artículo 15 de la Constitución, constituye un valor superior que inspira todo el ordenamiento jurídico constitucional, de ahí la certeza de que ese adelanto del toque de queda no sólo respeta la legalidad vigente sino que responde a los criterios de "idoneidad, a fin de frenar la pandemia; necesidad, ante la urgencia y la no existencia de otras medidas, y proporcionalidad, pues conlleva beneficios para el interés general".

Pero además, defendió lo "ajustado a derecho del acuerdo desde el punto de vista competencial", tras recordar que se encuentra facultado para ello en virtud del Real Decreto 956/2020, de fecha 3 de noviembre, que prorrogó el estado de alarma iniciado con el anterior decreto--926/2020, de fecha 25 de octubre--y que en sus artículos 9 y 10, modificados, se incluye la posibilidad de "modular, flexibilizar y suprimir" las franjas horarias para limitar la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, así como en una disposición transitorio única que considera "esencial".

DECISIÓN "UNILATERAL"

También el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, se sumó a la polémica tras acusar a Fernández Mañueco de haber adoptado una decisión "absolutamente unilateral" al adelantar el toque de queda y le pidió que vuelva a la senda del diálogo y de la "unidad institucional".

Izquierdo entendía que el presidente de la Junta había actuado como autoridad delegada del Gobierno, a quien éste le trasladó un criterio sobre la interpretación del real decreto del estado de alarma, y por ello mostró su extrañeza de que Fernández Mañueco se apartara del criterio recibido en lo que tildó como un "auténtico contrasentido".

Y es que, como así insistió, sólo el presidente de la Junta ha adoptado esa decisión "absolutamente unilateral que, además, afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos de Castilla y León, y cuando se hace eso lo único que se genera es confusión, y no hay peor cosa que la confusión en tiempos de pandemia".

También entre los críticos, el secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, llegó a pedir la dimisión del propio Fernández Mañueco en el supuesto de que el Supremo tumbara el adelanto del toque de queda y acusó al mandatario castellanoleonés de haber hecho "un Suárez-Quiñones" tras venir a decir que "el Gobierno es él".

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía "no tiene previsto tomar ningún tipo de medidas" encaminadas a la ampliación de los horarios actualmente permitidos de apertura para la hostelería y el comercio para evitar la irrupción de una "cuarta ola" de la pandemia de Covid-19 en la comunidad autónoma.

Así lo ha venido a trasladar el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de ampliar los horarios actualmente permitidos --hasta las 18,00 horas en general-- para la actividad de hostelería y comercio.

El consejero ha destacado que tanto los datos de nuevos contagios como de pacientes hospitalizados y de incidencia acumulada de casos en la comunidad autónoma están descendiendo, y ha agradecido el "esfuerzo" que están llevando a cabo la hostelería y el comercio en la actual situación, pero ha apuntado que, "a corto espacio de tiempo", ni el departamento de Salud del Gobierno andaluz ni el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto tienen previsto "tomar ningún tipo de medidas de ampliar horarios" en ambos sectores, sino "mantenernos como estamos hasta que veamos que todo está claro y asentado, y que no tenemos subidas ni nada que nos oriente a una cuarta ola".

De hecho, ha apuntado que el también conocido como comité de expertos que asesora a la Junta no se va a reunir esta semana, en la que, por tanto, se seguirá "con los mismos parámetros" para acordar medidas coercitivas de restricción de la movilidad en función de si un municipio supera la tasa de incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días --que implica cierre perimetral--, o la de 1.000, por la que se declara la suspensión de la actividad no esencial.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

El titular andaluz de Salud ha destacado la bajada "importante" de la tasa de incidencia acumulada que se ha registrado en las últimas dos semanas en Andalucía, hasta situarse este martes en 451 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero ha recordado que se considera situación de "riesgo extremo" con una tasa por encima de 250, por lo que no hay que llamarse "a engaño" acerca de la situación epidemiológica de la comunidad autónoma, según ha apostillado.

No obstante, ha indicado que el "índice de replicación" --el número de personas a la que puede contagiar una persona infectada-- se sitúa actualmente en Andalucía en 0,64, lo que "marca una tendencia muy clara hacia la bajada" de nuevos casos, al igual que la tasa de incidencia acumulada en los últimos siete días, que se sitúa ahora en la región en 150, por lo que "posiblemente de aquí a siete días podamos decir que estamos muy poco por encima de 250" en incidencia acumulada en los últimos 14 días, según ha avanzado.

Jesús Aguirre también ha comparado las gráficas de ingresos hospitalarios por Covid-19 en Andalucía durante las tres 'olas' de la pandemia para poner de manifiesto que el "pico" de ingresos que se ha registrado en la tercera ha sido "casi el doble" de alto que el alcanzado en la primera, entre los meses de marzo y abril del año pasado, pero ahora se está dando una caída "a plomo" en el número de pacientes hospitalizados, cuando en la primera ola ese descenso fue "progresivo".

El consejero ha atribuido ese diferente comportamiento en la caída de los ingresos al "aprendizaje del sistema sanitario a la hora de tratar a los pacientes", que ahora "están bastante menos tiempo en unidad de Cuidados Intensivos (UCI)" e ingresados en planta, "de ahí que la caída esté siendo muy brusca", según ha remarcado.

El cambio, el dato de muertes diarias sigue siendo elevado en Andalucía, que este martes ha notificado 113 nuevas defunciones, según ha recordado el consejero, que ha precisado, no obstante, que esa cifra es consecuencia de los días de finales de enero y principios de este mes de febrero en los que la comunidad reportó cerca de 8.000 contagios diarios, por lo que al ir bajando ya las cifras de casos confirmados se irán reduciendo también próximamente las de fallecidos, que es "la última cifra que baja".

NUEVAS CEPAS

En todo caso, el consejero ha advertido de que, aunque "se va consolidando el descenso" de la incidencia de la pandemia en la comunidad autónoma, hay que tener "mucho cuidado", porque "estamos en periodo muy alto todavía de ingresos hospitalarios, el índice de contagiosidad sigue siendo muy alto y estamos muy preocupados con que haya nuevas incidencias de nuevas cepas con nueva virulencia, más capacidad de contagio o menos respuesta a nivel vacunal".

De ahí, según ha insistido Jesús Aguirre, en que desde la Junta y el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto se sea "muy prudente" para "no tomar ninguna medida de desescalada hasta que no esté totalmente consolidado el control de la pandemia".

Al respecto de la cepa británica del coronavirus, y a preguntas de los periodistas, el consejero ha recordado que "entró de forma explosiva" en Andalucía a primeros del pasado mes de enero por la zona del Campo de Gibraltar, "por los vuelos entre Gibraltar y Reino Unido", y también entró "de forma importante en la zona de Almería y Granada".

Ha comentado que actualmente la Junta tiene confirmados 330 positivos de dicha cepa, y que el "cálculo" que tiene el Gobierno regional es que actualmente el crecimiento de la misma represente en torno al "20-25% de la media andaluza" de contagios, y hasta "un 40% en determinadas zonas de Cádiz y Almería, donde más impacto está teniendo".

El consejero ha confirmado que "una de las precauciones" que está tomando la Junta a la hora de "evitar una desescalada" tiene que ver con el impacto de esta cepa que es "mucho más contagiosa", según ha recordado, y que el Gobierno andaluz calcula que será la "cepa predominante" en Andalucía "para finales de febrero o primeros de marzo".

"Queremos ver cómo evoluciona esa cepa predominante, de ahí que estemos vigilantes, expectantes", según ha abundado Jesús Aguirre antes de aclarar, no obstante, que para controlar esa variante sirven las mismas medidas de prevención ya conocidas de uso de mascarillas, distancias físicas, higiene frecuente de manos y ventilación, aunque haya que "extremar" las mismas al ser "bastante más contagiosa", según ha zanjado.

En Navarra se detectaron este lunes 57 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 1.746 pruebas (777 pruebas PCR y 969 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 3,26%.

A día de hoy, 142 pacientes permanecen ingresados en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral. Ayer se produjeron siete nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, uno de ellos en la UCI. No se registraron fallecimientos en la jornada de ayer, si bien se notificó un deceso de días previos, un hombre de 87 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra asciende a 1.085.

Navarra continúa siendo, una semana más, la comunidad que más pruebas diagnósticas de COVID-19 realiza en relación con su población: 988,99 por mil habitantes, según la estadística oficial del Ministerio de Sanidad. La media estatal se sitúa en las 665,87 por cada mil habitantes.

Por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 67% de los casos positivos, en el área de Tudela, el 13% y en la de Estella, el 9%. Los demás positivos (11%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, el grupo mayoritario es el de 45 a 59 años, con el 27%, seguido por el de 15 a 29 años, con un 24%. A continuación, el grupo de 30 a 44 años, con un 15%, seguido por el de menores de 15 años, con el 14%. Finalmente, se encuentran los grupos de 60 a 75 años y de los mayores 75 años, ambos con el 10% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 40,8 años. Con respecto al género, el 56% de los casos son mujeres y el 44%, hombres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud, tras el balance de ingresos y altas, 142 personas permanecen ingresadas con y por COVID-19 (igual que ayer), 24 de las cuales se encuentran en puestos UCI (una menos que ayer) y otras 17 en hospitalización domiciliaria (cinco más que ayer). Los demás, 101 pacientes, están en planta (cuatro menos que ayer). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios COVID-19.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus se sitúa en Navarra en 50.460.

VACUNACIÓN

En cuanto a la vacunación, ayer se administraron 1.194 dosis, lo que eleva el número de vacunas administradas a 43.206 en Navarra, de las 55.065 recibidas hasta el momento. Las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 16.397, tras recibir ayer su segunda dosis 756 de ellas.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha reprochado este martes que no se le haya aplicado el principio de presunción de inocencia desde que estalló el 'caso máster', siendo "uno de los pilares básicos del Estado de Derecho", tachando de "mezquino" que desde determinados sectores de la izquierda se la siga poniendo en duda y "echando porquería".

En su primera aparición pública en un programa de televisión tras ser absuelta, la exlíder madrileña ha señalado que tras conocer el fallo que la exonera del delito de falsedad documental del que había sido acusada lo primero que hizo fue llamar a su familia y salir a dar un paseo.

No ha querido valorar la condena impuesta a las otras dos acusadas, a la profesora Cecilia Rosado y a la exasesora María Teresa Feito, afirmando que ella no va a opinar al respetar la sentencia judicial dictada por la Audiencia de Madrid.

"Respeto siempre cuando coincido y cuando no. Parece que en este país hay determinados sectores de la izquierda que solamente apoyan la Justicia cuando les da a ellos la razón y cuando no, entonces lo critican. Y yo no lo voy a hacer y por tanto, no voy a opinar", ha aseverado en un programa de 'Telecinco'.

AFEA A SERRA, "CONDENADA Y NO DIMITIDA", SUS CRÍTICAS

La exdirigente popular se ha mostrado sorprendida con las declaraciones de algunos de los líderes de la izquierda, dado que "uno de los pilares básicos de nuestro Estado de Derecho es la presunción de inocencia".

"Y a mí no se me ha aplicado", ha lamentado criticando que se la siga poniendo en duda incluso con una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos a su favor.

"Poner en duda mi inocencia y echar porquería me parece un poco mezquino. Y si hablamos de Podemos, es un punto y aparte. Y que hable de mí una persona como la portavoz Isa Serra condenada y no dimitida, que hable en esos términos de una expolítica que dimitió y que ha sido absuelta, me parece un contrasentido, un verdadero disparate", ha recalcado.

"Que sigan con sus jueguecitos políticos, que yo seguiré con mi vida aunque a algunos les peses", ha espetado. A preguntas sobre si la han llamado desde el PP, ha indicado que no quiere señalar a nadie para que "no queden en evidencia muchos otros" y ha dicho que "no milita en el partido aunque le dedicó prácticamente su vida entera", algo de lo que ha señalado que se podría hablar de eso en otro momento.

"QUIEN TENÍA QUE LLAMAR HA LLAMADO"

"Quien tenía que llamar ha llamado", ha manifestado y ha dejado claro tras ello que se le ha absuelto del único delito del que había sido acusada, el de falsedad documental, insistiendo en que no se le ha juzgado por realizar o no el máster del curso de postgrado que hizo en 2012.

La exdirigente madrileña ha querido agradecer las muestras de apoyo hechas públicas y los cientos de mensajes recibidos de personas anónimas, los que intentará contestar cuando pueda.

Pero sobre todo ha agradecido la actitud de las personas que la defendieron antes de que saliera la sentencia y durante el juicio y las personas que "jamás" dudaron de su inocencia. "Es el apoyo que de verdad quiero agradecer", ha subrayado.

Andalucía ha sumado este martes 16 de febrero 972 casos de coronavirus, la menor cifra diaria desde el 2 de enero (407), según datos publicados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza 113 muertos en las últimas 24 horas, una cifra muy alta, pero que es aun así la quinta mayor tras el dato del miércoles pasado (114).

Además, la tasa de incidencia acumulada de Andalucía ha bajado este lunes a 451,1 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que son 43,7 menos que la contabilizada el lunes (494,8) y 275,7 menos que hace siete días (726,8).

Los 113 fallecidos de esta jornada son la quinta mayor cifra debido a los datos de hace dos semanas, que fueron muy malos. Así pues, la cuarta mayor cifra es la del miércoles 10 (114); la tercera, la del sábado 13 (120); la segunda, la del martes 9 (126); y la primera, la del viernes 12 (127).

En esta jornada, Cádiz vuelve a ser la provincia que suma más muertes con 22, seguida de Almería con 20, Sevilla y Málaga con 19 cada una, Granada con 16, Jaén con siete, y Córdoba y Huelva con cinco cada una.

Los 972 positivos son la menor tasa desde el 2 de enero, cuando se registraron 407. Málaga es la provincia que suma más casos confirmados en esta jornada con 266, seguida de Sevilla con 215, Cádiz con 174, Almería con 131, Córdoba con 66, Granada con 61, Jaén con 33 y Huelva con 26.

1.100 HOSPITALIZADOS MENOS EN UNA SEMANA

Andalucía registra este martes 3.388 personas hospitalizadas por covid-19, nueve menos que el día anterior y 1.103 menos que el mismo día de la semana pasada, de los cuales 664 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), seis menos que el lunes y 55 menos que el martes pasado.

Por provincias, Málaga continúa como la provincia con más hospitalizados con 709 y 112 de ellos en UCI, seguida por Cádiz con 567 y 105 en UCI; Sevilla, con 537 y 124 en UCI; Granada con 502 y 103 en UCI; Almería, con 331 y 75 en UCI; Córdoba, con 301 y 69 en UCI; Jaén, con 255 y 46 en UCI, y Huelva, con 186 y 30 en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 459.674 casos confirmados --973 más en 24 horas-- y ha alcanzado las 7.774 muertes tras sumar 113. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 35.674, 409 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 3.431, tras sumar cuatro en la última jornada, y el número de curados es de 297.047 después de sumar 2.333.

CASI 36.000 HAN ESTADO EN EL HOSPITAL

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 7.774 fallecidos desde el inicio de la pandemia --113 más--, Sevilla, con 1.537 --19 más--, se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Granada con 1.390 --16 más--; Málaga con 1.266 --19 más--; Cádiz con 1.122 --22 más--; Jaén con 820 --siete más--; Córdoba con 796 --cinco más--; Almería con 588 --20 más-- y Huelva con 255 --cinco más--.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 459.674 desde el inicio de la pandemia --973 más--, liderados por Sevilla con 96.699 casos --215 más--, seguida de Málaga con 80.733 --266 más--, Granada con 66.683 casos --61 más--, Cádiz con 67.433 --175 más--, Almería con 42.842 --131 más--, Córdoba con 41.970 --66 más--, Jaén con 39.297 --33 más-- y Huelva con 24.017 --26 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 35.674 --409 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 7.715 --184 más--, seguida por Málaga con 6.623 --56 más--; Granada con 5.468 --32 más--; Jaén con 3.643 --32 más--, Córdoba con 3.533 --18 más--; Cádiz con 4.509 --37 más--; Almería con 2.632 --44 más--, y Huelva con 1.551 --seis más--.

De ellos, 3.431 han pasado por la UCI en Andalucía --72 más en 24 horas--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 694 --tres más--, seguida de Granada con 595; Málaga con 533 --dos más--; Córdoba con 409 --siete más--; Cádiz con 394 --uno más--; Almería con 407 --38 más--; Jaén con 313 y Huelva con 86.

CÁDIZ, LA QUE PEOR ESTÁ

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 297.047 en toda la región, 2.333 más que en la víspera, con Sevilla a la cabeza con 64.760 --442 más--, seguida de Granada con 48.046 --213 más--; Málaga con 48.873 --403 más--; Cádiz con 35.367 --518 más--; Jaén con 29.338 --63 más--; Córdoba con 28.107 --281 más--; Almería con 28.134 --417 más-- y Huelva con 13.422.

Por su parte, según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 451,1 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Cádiz a la cabeza con 593,4, tras superar a Almería con 585,3, que hasta ahora había sido la que peores datos tenía. Detrás se sitúan Málaga con 470,9; Sevilla con 416,3; Huelva con 414,9; Granada con 394,8; Jaén con 360,0 y Córdoba con 308,0.

Por otro lado, la Junta precisa que ha realizado un total de 5.878.061 pruebas de detección del virus, de las que 2.743.671 son PCR y 1.644.627 test de antígenos. El resto son 1.054.917 test serológicos rápidos; y test serológicos no rápidos: 434.846.

El Papa ha actualizado el sistema penal del Estado de la Ciudad del Vaticano con la introducción de tres nuevos artículos que contemplan, por ejemplo, reducciones de la pena ante casos de buena conducta o condenas alternativas a la cárcel como el desarrollo de trabajos sociales o voluntariado.

Con el 'motu proprio' publicado este martes, un instrumento con el Papa puede dictar las leyes, las normas del Sistema penal del Vaticano se han remodelado para responder "a las necesidades de los tiempos con más garantías", según se desprende del documento.

El primer artículo establece un descuento de 45 a 120 días por cada año de condena restrictiva ya cumplida al condenado que durante la ejecución de la pena se haya comportado de forma que se presuma su arrepentimiento y haya participado provechosamente en el programa de tratamiento y reinserción.

Cuando la sentencia sea ejecutable, el condenado elaborará, de acuerdo con el juez, un programa de tratamiento y reinserción que contenga la indicación de los compromisos concretos que asumirá, también con vistas a eliminar o atenuar las consecuencias del ilícito, teniendo en cuenta para ello la indemnización por daños y perjuicios, las conductas reparadoras y los resarcimientos.

El condenado puede proponer la realización de trabajos de utilidad pública, de actividades de voluntariado de trascendencia social, así como conductas dirigidas a promover, cuando sea posible, la mediación con el ofendido. La legislación anterior no contemplaba nada de esto.

El segundo artículo modifica el Código de Procedimiento Penal en un sentido garantista y suprime el llamado 'proceso en rebeldía', que todavía estaba presente en el Código Vaticano: si el acusado no comparecía, el proceso se desarrollaba sobre la base de la documentación contada sin la admisión de los testigos de la defensa.

Ahora, sin embargo, si el acusado se niega a asistir a la audiencia sin que se demuestre un impedimento legítimo, el juicio normal procede considerándolo representado por su defensor. Si, por el contrario, el imputado no se presenta a la audiencia y se demuestra que no puede comparecer por un impedimento legítimo y grave, o si por enfermedad mental tenga imposibilidad de proveer a su propia defensa, el tribunal o el juez único están obligados a suspender el juicio.

El tercer artículo introduce cambios y adiciones a la ley CCCLI sobre el sistema judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano y establece que los magistrados ordinarios en el momento del cese conservarán todos los derechos, asistencia, prestaciones y garantías previstas para los ciudadanos del Vaticano.

Por último, se introduce también un cambio a la segunda y tercera instancia del juicio. Hasta ahora, se preveía que en caso de recurso y luego en casación, el fiscal estaría representado por un magistrado diferente al que dirigió la acusación en el primer juicio, con un nombramiento ad hoc para los juicios de segundo y tercer grado.

Ahora, con dos artículos diferentes, se establece que también en las sentencias de apelación y casación, como ya ocurre para la primera instancia, las funciones de fiscalía son desempeñadas por un magistrado de la oficina del promotor de justicia, designado por el propio promotor.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha explicado este martes que las doce enmiendas registradas por su grupo parlamentario al proyecto de ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega después de "seis meses intentando convencer" al PSOE de que "había que tomar medidas urgentes" para mejorarlo.

En rueda de prensa en la Cámara baja, el diputado ha señalado que "no puede ser" que una prestación diseñada para "dar cobertura a más de 800.000 familias" esté "a día de hoy prácticamente bloqueada por un diseño en el que ha primado la burocracia".

"Por eso, y tras seis meses de intentar convencer al socio de Gobierno de que había que tomar medidas urgentes para mejorar este importante derecho social, hoy hemos presentado un trabajado paquete de 12 enmiendas", ha declarado Echenique.

En su intervención, ha destacado que "acabar con la pobreza no solo debe ser el imperativo moral de cualquier Gobierno progresista", sino que, además, desde el punto de vista de su grupo parlamentario "es la mejor manera de frenar el odio de la extrema derecha" que, a su juicio, "siempre pone al penúltimo de la sociedad a pelear contra el último" para "proteger los privilegios del 1% más pudiente de la población".

Unidas Podemos ha registrado esta batería de doce enmiendas pese a que aún no se conoce la fecha de finalización del plazo para su presentación en el Congreso, algo que ha pillado por sorpresa al PSOE. De momento, el plazo está prorrogado hasta el martes 23 de febrero.

Desde el grupo confederal destacan que, con estas iniciativas, quiere "mejorar" y "solventar" las "deficiencias" de esta medida y, entre sus propuestas recoge medidas para incluir entre los beneficiarios a aquellas personas que entran en una situación de vulnerabilidad durante el propio ejercicio, así como para que no computen para el acceso al IMV las ayudas por situación de dependencia ni tampoco, cuando no se estén cobrando, las prestaciones ni subsidios por desempleo.

ACREDITACIÓN DE RESIDENCIA

Del mismo modo, proponen extender las ayudas de forma excepcional a toda persona que tenga reconocida una renta mínima a 31 de diciembre de 2020; que se reduzca el requisito de unidad de convivencia independiente a dos años para las personas de menos de 30 años; e introduce en el Proyecto de Ley excepciones para colectivos con mayor probabilidad de exclusión social.

Para evitar la exclusión de colectivos vulnerables que puedan estar en situación irregular, Unidas Podemos propone, además, eliminar la obligación de acreditar una residencia legal, continuada e ininterrumpida de al menos un año en España para aquellas personas solicitantes de protección internacional, españoles emigrados retornados, personas menores que viven en hogares en situación irregular, víctimas de trata o víctimas de violencia de género.

En la misma línea, propone para ser considerado integrante de una unidad de convivencia bastará con acreditar la residencia efectiva y continuada en el caso de estos colectivos.

Otra enmienda demanda que se asegura el acceso al IMV de las personas que han estado bajo la tutela del sistema público de protección de menores y deben abandonarlo por cumplir la mayoría de edad quedando desamparados

Para evitar la exclusión de personas menores reagrupadas, no se exigirá en su despliegue que la unidad de convivencia lleve constituida un año en los casos de reagrupación familiar de hijas e hijos.

Por último, la batería de enmiendas corrige la escala de incrementos para el cálculo de la prestación para que no suponga un agravio comparativo de las familias monoparentales con cuatro o más menores a cargo.

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que la decisión del Ejecutivo autonómico de estudiar la posibilidad de elaborar en Euskadi una 'ley antipandemia' responde al objetivo de dar seguridad jurídica a las medidas que pueda adoptar el gabinete de Iñigo Urkullu, y se limitaría exclusivamente a ámbitos en los que el País Vasco tiene competencias.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Zupiria se ha referido a esta iniciativa planteada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, como una opción tras "agotar" todas las herramientas jurídicas de las que dispone su Gobierno para hacer frente a la expansión de la covid-19.

Con ese mismo objetivo, Urkullu ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, que se acuerden "los mecanismos legales necesarios, dentro del actual estado de alarma, para que las comunidades autónomas puedan adoptar sus decisiones contra la pandemia con "garantías jurídicas", si bien, según ha precisado Zupiria, no ha habido respuesta a esta petición.

Bingen Zupiria ha explicado que lo que pretenden el lehendakari y el Gobierno vasco con este proyecto de ley o texto normativo sería asegurar que, en aquellas competencias que corresponden a Euskadi, el Gobierno autonómico pueda adoptar todas las medidas necesarias y contar con la "mayor garantía jurídica posible", aunque podrían ser recurridas.

El portavoz del Ejecutivo vasco ha insistido en que se estaría hablando siempre en los ámbitos en los que Euskadi tiene competencia y, en este momento, se está haciendo un análisis jurídico, desde el Departamento de Autogobierno, de todo ello para adoptar "las medidas más ajustadas a derecho posibles".

Zupiria ha desvinculado esta iniciativa de las diferencias que ha podido haber con la Justicia en relación a la hostelería y, por ello, se ha retrotraído al origen de este debate, cuando en los primeros momentos de la pandemia, Iñigo Urkullu, insistía en que hacía falta que las posibilidades de adoptar medidas contaran "con el mayor rigor y seguridad jurídica posible".

"NO PERJUDICAR MÁS DE LO NECESARIO"

En este sentido, ha asegurado que la búsqueda de "garantías jurídicas" en las medidas que pueda adoptar Euskadi "no tiene que ver con la hostelería, ni con la apertura o cierre", sino que es "algo más general".

"Es justo y necesario que todas estas medidas tengan una cobertura legal suficiente y una garantía jurídica para no perjudicar a nadie más de lo necesario", ha añadido.

Zupiria ha recordado que tanto el lehendakari como la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, han planteado de forma "insistente" ante el Gobierno central la necesidad de reforzar la seguridad jurídica de las medidas que puedan adoptar las comunidades autónomas para hacer frente a la pandemia.

En este sentido, ha recordado que la última vez en la que Sagardui planteó esta reflexión fue en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado la semana pasada, y que si lo considera "necesario", volverá a trasladar esta demanda en la reunión que celebrará este órgano este próximo miércoles.

La proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones que puede ejercer un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el mandato caducado, como el actual, ha sido aprobada este martes por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, con lo que ha quedado lista para que el Pleno de la Cámara pueda aprobarla la próxima semana.

El texto ha sido aprobado por 18 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones --las de PNV y ERC--, en una sesión en la que también han sido rechazadas las enmiendas de supresión que el PP mantenía "vivas", a pesar de que ya habían sido rechazadas en sesiones anteriores, en este caso con 14 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención.

Una vez aprobado en la Comisión de Justicia, el borrador se elevará al Pleno, algo que podría ocurrir la próxima semana. Tras ello, pasará al Senado, donde --si no hay cambios-- la propuesta quedaría definitivamente aprobada y solo pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor, lo que podría suceder a mitad de marzo.

El debate de este martes, en el que los grupos parlamentarios han mantenido sus posiciones respecto a esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), con la que se busca impedir que un CGPJ en funciones pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, ha estado marcado por el trasfondo de las elecciones catalanas del pasado domingo.

Así, el portavoz socialista Francisco Aranda ha reprochado a Ciudadanos y al PP los resultados electorales de Vox, aunque ha querido referirse en concreto "al partido anteriormente conocido como liberal". "El que abraza al oso, el oso se lo come. Cuidado a qué osos se abrazan ustedes, porque el domingo vimos que su estrategia les está dando unos resultados bastante paupérrimos", ha dicho.

Aranda ha incidido en que la propuesta de PSOE y Unidas Podemos se limita a regular la situación de interinidad del CGPJ, recalcando que es esto ya ocurre con el Gobierno y las Cortes Generales, y ha atribuido las reticencias a la misma a "un complejo importante con la ultraderecha". A este respecto, ha lamentado "que la derecha se quede en manos de la ultraderecha" y ha advertido: Están "dejando que este animal político crezca y luego será muy tarde".

También ha dirigido un mensaje específico al PP, al que ha afeado su "pertinaz insistencia en el bloqueo" a la renovación del CGPJ, que debía haberse logrado hace más de dos años. Para Aranda, "los intentos de la derecha de retrasar esta reforma no son más que el ejemplo de cómo entienden el poder, de cómo patrimonializan el poder".

RECADO A IGLESIAS Y CALVO

Por su parte, el diputado del PP Luis Santamaría, que ha calificado la propuesta de socialistas y 'morados' de "chantaje" porque "tiene como objetivo último forzar la negociación" para renovar el CGPJ, ha replicado que "la verdadera anomalía democrática que existe en este país es un vicepresidente segundo del Gobierno que cuestiona la legitimidad de la democracia española y el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, como es el Poder Judicial".

Santamaría ha aludido así a las reiteradas declaraciones de Pablo Iglesias en las que afirma que en España no hay una democracia plena y a lo que el representante 'popular' ha descrito como "ataques" contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por el caso 'Dina' y contra el juez Juan José Escalonilla por el caso 'Neurona'.

Además, Santamaría ha querido transmitir un mensaje a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en torno al debate sobre la negativa de la Mesa del Congreso a recabar el informe del CGPJ sobre la reforma planteada. "Que no confunda lo que es una petición legítima de un Poder del Estado, como es el CGPJ, de querer expresar su opinión en una materia que le atañe, con un intento de querer imponer la voluntad del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo", ha indicado.

El diputado del PP ha defendido que el CGPJ "debe ser escuchado" y ha acusado al Gobierno de "hacer demasiadas cosas porque puede", mencionando no solo la reforma del CGPJ sino también las leyes sobre educación o eutanasia, y ha avisado de que con ello estaría socavando "la convivencia de los españoles". En consecuencia, ha abogado por que "las normas que afectan a los pilares del Estado" sean aprobadas por consenso.

Aranda le ha contestado que no es que el Gobierno pueda sino que debe usar su mayoría parlamentaria para "legislar por el bien de la ciudadanía". Desde Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha insistido en que "lo mínimo es una regulación estricta y una limitación de las competencias de un órgano cuyo mandato está más que vencido", y ha hecho un llamamiento al PP para desbloquear la renovación del CGPJ.

JUECES ELEGIDOS POR JUECES

Por otro lado, el diputado de Ciudadanos Miguel Ángel Gutiérrez ha tildado la propuesta de los socios de Gobierno de "una escandalosa intromisión en la independencia del Poder Judicial" y ha vuelto a defender la iniciativa 'naranja' para que sean los jueces quienes elijan a los doce vocales del CGPJ que proceden del turno judicial.

En la misma línea, Javier Ortega Smith, de Vox, ha cargado contra la reforma del CGPJ pero también contra PSOE y PP, a los que ha acusado de repartirse durante décadas los asientos en el órgano de gobierno de los jueces. "El bloqueo no es un problema de la justicia, es un problema de los partidos políticos y sus batallas por el control del Poder Judicial", ha afirmado.

Como solución a la actual parálisis, Ortega Smith ha apostado igualmente por "un CGPJ que emane por elección de jueces y magistrados". "Seguiremos luchando desde este grupo para que la justicia no tenga color político (...) y para que el CGPJ sea elegido por y entre los jueces", ha remachado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este martes la constitución de la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, el principal órgano de gobernanza del Plan de Recuperación y ha acordado la creación del Comité Técnico, que asesorará a dicha comisión y le apoyará para un trabajo "fluido" con comunidades autónomas y entidades locales.

Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que Sánchez haya presidido en el Complejo de la Moncloa la primera reunión de la Comisión Interministerial para la Recuperación.

El marco de gobernanza creado por el real decreto de reforma de la Administración aprobado a finales del año pasado contemplaba la creación de la Comisión Interministerial con los miembros del Consejo de Ministros y órganos dependientes de Moncloa y otros ministerios, y una comisión técnica integrada por altos funcionarios de la Administración para asesorar a la comisión interministerial, así como conferencias sectoriales liderada por Hacienda; foros de alto nivel con el sector privado y una mesa de diálogo social con los agentes sociales.

La comisión está formada por el propio presidente del Gobierno, todos los ministros, las secretarias de estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; de Hacienda, Inés Bardón; y de Presupuestos y Gastos, María José Gualda; junto al secretario de estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, la secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero, y el secretario general de Asuntos económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha.

Esta comisión será la encargada de establecer las directrices políticas generales para el desarrollo y ejecución del Plan de Recuperación y se encargará de realizar el seguimiento estratégico del plan, además de ejecutar cualquier otra actividad que decida el Consejo de Ministros, de acuerdo con lo establecido en el real decreto de reforma de la Administración.

Tras la constitución de la Comisión, la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha explicado el estado de situación de la elaboración y negociación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por su parte la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado el diseño de los instrumentos de ejecución, coordinación, seguimiento y control del Plan de Recuperación.

SE CREA EL COMITÉ TÉCNICO CON 20 MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN

En la reunión de este martes también se ha aprobado la composición del Comité Técnico para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conforme a lo señalado en el citado Real Decreto-ley. El Ejecutivo destaca que los 20 miembros de este comité "atienden a criterios técnicos en función de competencias y experiencia en la gestión de fondos europeos y a la necesidad de perfiles orgánicos necesarios para el cumplimento de las funciones asignadas al comité.

Se trata de un órgano de apoyo a la comisión entre cuyos cometidos figura proporcionar soporte facilitando toda la documentación que sea necesaria; realizar los estudios, informes y análisis que encargue la comisión; proporcionar apoyo a la autoridad responsable del Mecanismo para la Recuperación; aprobar las orientaciones, manuales de procedimiento o modelos tipo de pliegos de licitación, bases para convocatorias de subvenciones, ayudas o convenios o aprobar recomendaciones u orientaciones sobre la adopción de herramientas informáticas o digitales.

Los 20 miembros que lo componen son, del Ministerio de Hacienda, la secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero; el subdirector general de la Secretaría de la Junta de Contratación Centralizada, José Santamaría Cruz, y el auditor nacional director del Área de la ONA, Javier Front; del Ministerio de Presidencia, el secretario general de Asuntos Económicos y G-20, Manuel de la Rocha; y del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el subdirector general de la Unidad Administradora Fondo Social Europeo (Uafse), Ángel García.

Del Ministerio de Ciencia e Innovación figuran el director general del CDTI, Javier Ponce, y la subdirectora de Fondos Europeos, Susana Climent; del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el jefe de la Oficina Presupuestaria, Santiago Santillán, y la jefa de gabinete del subsecretario, Marta Martínez; mientras que del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana forma parte el subdirector general de Planificación, Infraestructuras y Transportes, Pascual Villate.

Del departamento de Asuntos Económicos y Transformación Digital forman parte del comité técnico la subdirectora de Presupuestos y Contratación, Pilar Sancho, y el vocal asesor de la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, Manuel Abeijón, a los que se añade, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la subdirectora general de Apoyo a la Pyme, María Muñoz.

El resto de miembros proceden de los ministerios de Justicia, el director general de Transformación Digital, Aitor Cubo; de Educación y Formación Profesional, el director general de Planificación y Gestión Educativa, Diego Fernández; del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la subdirectora de Programación y Coordinación, Isabel Aguilar; y del departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el vicesecretario general técnico, José Ángel Alonso.

Completan la veintena de miembros del Comité Técnico el subsecretario de Derechos Sociales y Agenda 2030 de ese Ministerio, Joseba Miren García; la vocal asesora en la unidad coordinadora de ayudas públicas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Débora Heredia; y la directora de gabinete en la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad, Patricia Fernández.

"ABSOLUTA PRIORIDAD" A LOS FONDOS Y ADELANTO DE REFORMAS

Montero ha indicado que se busca que el trabajo sea "fluido" con "responsabilidad y cogobernanza" con las CCAA y las entidades locales, al ser una materia de "absoluta prioridad", y ha enfatizado que "no hay que perder ni un solo minuto para ejecutar la totalidad de los fondos y dotarse de mecanismos que lo hagan fácil, posible y eficaz".

Ha añadido que el Ejecutivo da "prioridad" al Plan de Recuperación para sacar el "máximo provecho" a los 70.000 millones de transferencias que recibirá España hasta 2023 del Fondo de Recuperación.

En este sentido, ha indicado que estos nuevos fondos tienen un "carácter finalista", al plantearse de cara a Europa una serie de inversiones "imprescindibles" para afrontar los retos, acompañados de reformas que el Ejecutivo "ya tenía en su hoja de ruta" y que ahora se van a "acelerar e intensificar, adelantándolas en el tiempo.

A diferencia de otros fondos comunitarios, ha añadido, el diseño de este mecanismo de recuperación va vinculado de manera directa a la obtención de esos resultados, por lo que ha remarcado que el Gobierno tiene que ser capaz de conseguir los objetivos de las reformas.

"Es una oportunidad única para transformar el modelo productivo español, hacerlo más sostenible, competitivo, afrontando los retos y poniéndonos a la vanguardia en cuestiones trascendentales de transición ecológica, cuidado de la biodiversidad o transición digital", ha agregado Montero, conforme al mensaje trasladado por el presidente del Gobierno a los ministros.

Las Defensorías del Pueblo autonómicas han respaldado la petición formulada por el Defensor del Pueblo estatal de adecuar los requisitos de las renovaciones de las autorizaciones de residencia de menores extranjeros y jóvenes extutelados que alcanzan la mayoría de edad con el fin de reducir la vulnerabilidad de este colectivo.

En un comunicado, han dado a conocer que algunas Oficinas de Extranjería han endurecido los criterios existentes, al exigir a los jóvenes solicitantes de la primera renovación de la autorización de residencia disponer de recursos económicos propios, tras perder el amparo de la Entidad Publica.

Los nuevos criterios restrictivos niegan la existencia de recursos económicos propios cuando el joven tenga sus necesidades cubiertas por un centro asistencial o cuando sea beneficiario de una prestación asistencial, según las Defensorías del Pueblo autonómicas, que añaden que, cuando se tramitan la segunda y posteriores renovaciones, las Oficinas exigen que el joven acredite unos ingresos del 400% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que se sitúa en 2.100 euros mensuales.

Por todo ello, afirman que exigir a un joven en esta especial situación de vulnerabilidad semejantes requisitos de solvencia económica les impide normalizar su residencia y alertan de que propiciará su exclusión social y laboral.

Asimismo, denuncian que se está vulnerando el principio del interés superior del menor al que están obligadas las administraciones públicas y contraviene las obligaciones de proteger a los jóvenes extutelados, aspectos contemplados en la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Ley de Protección Jurídica del Menor.

Los firmantes de esta adhesión son el Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Síndic de Greuges de Cataluña, Valedora do Pobo Gallego, Diputado del Común de Canarias, Ararteko, Justicia de Aragón, Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Procurador del Común de Castilla y León, y el Defensor del Pueblo de Navarra se han sumado a esta petición.

En las 34 Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo celebradas en Andalucía el pasado mes de octubre de 2019, los defensores autonómicos y el Defensor estatal recomendaron la modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería para que se eliminara la interpretación restrictiva que limita el derecho de los menores extranjeros a obtener la autorización de residencia en la llamada Declaración de Tarifa, promulgada en dichas Jornadas.

Posteriormente, el Defensor del Pueblo formuló una recomendación, a la que se han sumado las Defensorías del Pueblo autonómicas, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para adecuar los requisitos exigidos para la renovación de la autorización de residencia a los jóvenes ex tutelados.

La recomendación aboga por modificar los artículos 196, 197 y 198 del Real Decreto 557/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería para su adaptación a la Ley de Protección Jurídica del Menor y a los criterios de la Observación General número 14 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

La portavoz de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Grupo Parlamentario Popular Andaluz, Ana Vanessa García, ha denunciado "el nuevo maltrato del Gobierno de Sánchez e Iglesias a los ayuntamientos de Andalucía", dado que "ahora ha recortado en 1,5 millones de euros el reparto de fondos" a los consistorios "para luchar contra la violencia de género".

En rueda de prensa en Granada, García ha recordado que los ayuntamientos de Andalucía recibieron en 2018 y 2019 4,5 millones de euros de los 20 millones que se destinan a todas las comunidades. "Son unos fondos para prevenir la violencia y proteger a las víctimas, así es el espíritu de ese pacto que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy".

No obstante, ha explicado que cuando se publicó en el BOE la resolución del reparto de 2020, los ayuntamientos de Andalucía "sólo recibían tres millones". Así, "nos quitan uno de cada tres euros para luchar contra la violencia de género, es un recorte del 33 por ciento que no es casual", ha aseverado la diputada autonómica popular.

Ha expuesto que, siendo Andalucía la comunidad más grande y poblada del país, "sus ayuntamientos no pueden recibir lo mismo que los catalanes, pero es una concesión más de Sánchez a sus socios de gobierno porque les debe estar donde está".

Durante la rueda de prensa, García ha preguntado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, si este recorte de fondos "es el machismo institucional que ella tanto critica cuando dice que el Partido Popular ha hecho algún recorte en esta materia".

"Desde nuestro punto de vista, es una muestra más del maltrato que se produce por parte del Gobierno de España contra Andalucía", ha remarcado la portavoz popular, que también ha criticado que los fondos para los ayuntamientos andaluces llegaron el 28 de diciembre de 2020, es decir, "justo tres días antes de que terminara el plazo para poder ejecutarlos".

INICIATIVA EN LAS INSTITUCIONES

Por su parte, el "Gobierno del cambio de Juanma Moreno adelantó el dinero para que se pudieran desarrollar los diferentes programas", ha asegurado García, quien ha anunciado que el PP "no se quedará con los brazos cruzados ante esta situación" y se exigirá "desde todas las instituciones, y donde esperamos que se sumen todos los partidos", a que se reclame que no se recorten fondos para luchar contra la violencia de género.

De esta manera, se presentará una Proposición No de Ley en el Parlamento de Andalucía sí como iniciativas en todos los ayuntamientos y diputaciones. Por último, ha resaltado que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género "fue suscrito por todos los grupos del Parlamento menos Podemos".

Entonces, "la hoy ministra de Igualdad, Irene Montero, no apoyó el pacto al argumentar que era insuficiente, y ahora viene a Andalucía y nos quita 1,5 millones de euros a los ayuntamientos andaluces para luchar contra la violencia de género".

El PSPV ha expulsado a dos concejales de Teulada por presentar una moción de censura junto al PP contra la alcaldesa del municipio, Rosa Vila, de Compromís. La moción propone como nuevo primer edil al portavoz del PP, Raúl Llobel, y previsiblemente se votará el 2 de marzo.

El secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Alicante, José Chulvi, ha condenado la moción de censura presentada por sus dos concejales, Héctor Morales y Alejandro Llobell, y el PP y ha anunciado la expulsión del partido de los hasta ahora ediles socialistas.

El partido ha comunicado al consistorio que los dos regidores ya no forman parte del grupo socialista y pasan a formar parte del grupo de no adscritos. "Son tránsfugas, su decisión ataca los principios del partido socialista y por tanto ya no son representantes de nuestras siglas", ha declarado Chulvi.

Por su parte, Compromís ha denunciado que un gobierno de su partido "vuelve a ser víctima en apenas un mes de otra moción de censura presentada por el Partido Popular de la mano de concejales expulsados de un gobierno local y de su partido".

Así, han criticado "las formas de mafia zaplanista del Partido Popular, empeñado en ganar alcaldías con concejales expulsados de otros partidos", y han recordado una moción similar en Agres hace unas semanas.

El portavoz de la coalición en la Diputación, Gerard Fullana, ha aseverado: "Ni con 100 mociones de censura van a silenciar la voz de Compromís. Volveremos con los votos de la gente a cada municipio donde se manipule la democracia. La mafia zaplanista ha vuelto y Compromís somos su mejor antídoto".

De esta manera, han reprochado "el regreso del Partido Popular a dinámicas de la política más sucia, centrado como está desde que lo preside Carlos Mazón, también presidente de la Diputación, en ganar alcaldías a través del transfuguismo o reinterpretando la voluntad popular electa".

Hasta ahora, el gobierno local de Teulada estaba formado por Compromís, PSPV y dos ediles no adscritos que fueron expulsados de Ciudadanos cuando pactaron con la coalición valencianista.

PP: "ACABAR CON EL DESGOBIERNO"

Por su parte, desde el PP han defendido esta moción para "garantizar la toma de decisiones y acuerdos así como la gobernabilidad en un municipio marcado por el desgobierno de Compromís y la falta de gestión, más grave si cabe ante la situación actual por la pandemia, que exige de respuestas ágiles por parte del gobierno municipal".

El coordinador general del PP de la Provincia de Alicante, Juan Francisco Pérez Llorca, ha explicado que las causas de la moción de censura vienen dadas principalmente "por la ingobernabilidad y las desaveniencias entre Compromís con las demás fuerzas por los egos personales de la alcaldesa".

Llorca ha apuntado que Compromís ha estado gobernando con el apoyo de dos concejales expulsados de Ciudadanos que "se saltaron su propia disciplina de partido faltando el respeto a la voluntad del pueblo de Teulada".

Raúl Llobel fue el candidato más votado en las últimas elecciones municipales y la suma de los concejales que hoy han firmado la moción representa más del 54% de los votos. "No hay nadie más legitimado que Raúl Llobel y el PP para sacar adelante un municipio tan importante como Teulada-Morarira", ha indicado el coordinador general.

Por su parte, el propio Llobel ha explicado que Teulada "no puede seguir en la parálisis total, sin gestión en plena pandemia y dando esta imagen". "Hay que avanzar, hacer gobierno, gestionar la modificación de tasas para poder bonificar a hosteleros y comerciantes y sacar adelante más ayudas por el Covid, porque está todo parado y lo poco que sale llega tarde", ha agregado.

"Hay una desidia absoluta en la gestión. No se ha avanzado en los últimos 18 meses en las grandes inversiones procedentes de la anterior legislatura o nos desayunamos con la prensa hablando de adjudicaciones sospechosas de la alcaldesa a la empresa en la que trabaja y por las que Compromís tendrá que dar explicaciones. Es la gota que ha colmado el vaso", ha añadido Llobel. "No podemos permitir que Teulada siga así", ha manifestado.

LA "MODA DEL TRANSFUGISMO"

También se han pronunciado al respecto el síndic y la portavoz adjunta de la formación en Les Corts, Fran Ferri y Aitana Mas. Ferri ha trasladado su apoyo a Vila, y Mas ha criticado la "moda de practicar el transfuguismo por parte de algunos concejales".

"Pasó en el Ayuntamiento de Agres y las prácticas se van repitiendo municipio a municipio. No sé si responde a algún tipo de estrategia por parte de estos partidos, pero es significativo que haya dos casos en tan poco tiempo en las comarcas alicantinas", ha agregado. No obstante, quiere "pensar que no" responde a una estrategia, pero "ya es la segunda vez".

Para Mas, el PP "continúa haciendo lo que mejor se le da": "Esa política del pasado zaplanista". Mientras, ha considerado que es "evidente que Compromís es la garantía de gobiernos progresistas en las comarcas alicantinas".

Por su parte, el síndic del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha afirmado que "no es una moda", y ha incidido en que el Botànic es "un compromiso absoluto de apoyar a las fuerzas botánicas que sean mayoritarias". "Nos estamos encontrando ayuntamientos donde la gente, por odios personales o mala relación están teniendo problemas", ha admitido.

Así, ha apuntado que esta situación también se do en Cortes de Pallás, cuando fueron dos ediles elegidos por Compromís (también fueron expulsados) los que participaron en una moción contra el PSPV y "pasa en otros pueblos". En este sentido, ha instado a hacer un "esfuerzo colectivo para que esto no pase".

Respecto al PP de Alicante, Mata ha señalado que "no forma parte de una estrategia política". "No sé qué pintará Mazón en esta historia, tiene que ver con las vísceras y la personalidad de la gente", ha aseverado.

PUIG CRITICA LA "ÉTICA"

Al respecto se ha pronunciado también el president de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, que ha defendido que "no se puede aceptar una moción con tránsfugas". "Esperamos que el partido destinatario de la alcaldía tome en consecuencia que no se puede romper el pacto antitransfugismo", ha agregado, y ha considerado que actúan de manera "no ética".

En este sentido, ha considerado que "no puede haber atajos a la democracia" y que "cuando una persona se presenta por un partido, representa a ese partido" y "si no está de acuerdo con lo que hace, debe dimitir e irse".

La diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid y activista de los derechos de las personas transexuales Carla Antonelli ha defendido hoy la ley 'trans' que prepara el Ministerio de Igualdad y que ha provocado el desencuentro entre los socios del Gobierno de Pedro Sánchez.

"No somos un peligro para la seguridad jurídica de 47 millones de españoles, somos 50.000 personas que buscamos respeto y dignidad", ha asegurado Antonelli en una entrevista en La Sexta en clara alusión a las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Carmen Calvo, sobre la autodeterminación de género. En dichas declaraciones, Calvo aseguraba estar preocupada por el hecho de que se pueda pensar que el género "se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles".

Antonelli ha pedido "paz, tranquilidad y sosiego" respecto al borrador del proyecto de ley y ha calificado de "falsa" la polémica en el seno del Ejecutivo de coalición. Asimismo, ha recordado que las personas 'trans' puede realizar el cambio registral de su nombre sin realizarse una operación de genitales desde hace 14 años.

"El corazón que palpita en ese borrador (de la 'ley trans') y que tanto debate inflado ha creado, es una literalidad para el cambio registral del nombre y sexo escrito y redactado por el PSOE y en el que tuve honor de haber participado", ha precisado la diputada socialista.

Por ello, Antonelli ha defendido la propuesta del ministerio de Igualdad. "Es el ministerio de mi gobierno, de mi presidente y, por supuesto, defiendo a la ministra Montero, porque es una ministra de mi Gobierno", ha añadido la activista 'trans'.

Ante esta situación, ha pedido parar "la espiral de odio y fake news" que está "haciendo un daño infinito, utilizando herramientas machistas y del patriarcado para desautorizar la lucha de la mujer y el feminismo".

"INSUFRIBLE ACOSO" DESDE HACE AÑO Y MEDIO

Antonelli también se ha referido al incidente ocurrido este lunes en la Comisión de Políticas Sociales de la Asamblea de Madrid en la que el diputado de Vox Mariano Calabuig se refirió en masculino a ella. Para la diputada socialista resulta "insufrible el acoso y la transfobia" que están sufriendo las personas transexuales "desde hace año y medio por tierra mar y aire".

En este sentido, ha precisado que el colectivo 'trans' "no es un número, ni un debate de mesa de camilla de nadie, sino decenas de personas que sufren muchísimo por este acoso que les va a dejar una huella indeleble en sus vidas". "Jamás pensé que mis ojos tendría que ver lo que estamos viendo en estos momentos", ha concluido.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asumido este martes los malos resultados de la formación en Cataluña, si bien cree que "no deben extrapolarse" a nivel nacional, reafirmando así su proyecto a nivel nacional y achacando la debacle electoral a la "tormenta perfecta" contra su partido con las declaraciones del extesorero del PP Luis Bárcenas durante la campaña.

"Perder ahora otro escaño es una mala noticia que asumimos, pero que no va a debilitar nuestro proyecto", ha proclamado Casado durante su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, donde ha culpado de estos malos resultados al "despliegue y la tergiversación" contra el partido.

En este sentido, Casado ha vuelto a culpar a las declaraciones de Bárcenas apuntando a la antigua dirección del partido a que el PP cayera en las encuestas que publicaban distintos organismos como el Centro de Investigación Sociológicas (CIS), que, según ha dicho, está "al servicio de un partido electoral".

"Nunca antes se había visto tal despliegue de ataques en plena campaña electoral y la tergiversación de nuestras declaraciones, ni la implicación de la Fiscalía General del Estado, el CIS y los medios públicos al servicio de un partido", ha subrayado Casado ante el Comité Nacional del partido.

Aquí, el líder del PP ha incidido en que el escrito de Bárcenas ha ocupado "ocho días" en la campaña electoral, "un tema pasado que nada tiene que ver con esta dirección ni con el candidato": "No es una táctica nueva, pues ya la sufrimos en las campañas de abril y noviembre, con otros casos que ocuparon titulares en contra de nuestros intereses y de nuestras responsabilidades".

DEFIENDE A ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Durante su discurso, el presidente 'popular' ha dedicado unas palabras al candidato del PPC, Alejandro Fernández, y ha defendido su estrategia electoral de concurrir en solitario, su programa, la orientación de la campaña y la configuración de las listas electorales.

"Alejandro Fernández ha demostrado ser el mejor candidato y tiene todo nuestro apoyo. Como dije antes incluso de convocarse las elecciones, representa un proyecto de largo recorrido para Cataluña que no acaba ahora, sino que empieza", ha sostenido Casado.

Asimismo, ha reivindicado ante las críticas la implicación de los mandatarios autonómicos y la cúpula nacional del partido en esta campaña en Cataluña para "dar un enfoque nacional que el resto de partidos había dado también".

En este punto, ha ligado la presencia de dirigentes 'populares' a la cobertura mediática que ha tenido el partido durante la campaña. "Al no tener grupo parlamentario no teníamos garantizada la cobertura mediática, como se ha visto por ejemplo en TVE, donde solo salía nuestro candidato cuando iba otro líder nacional", ha explicado.

REIVINDICA SU ESTRATEGIA CENTRISTA FRENTE A VOX

Durante su intervención, el presidente del PP ha dedicado varios puntos a reivindicar su proyecto de "centro derecha moderado y transversal" tras el 'sorpasso' de VOX en estos últimos comicios catalanes.

En este contexto, Casado ha reafirmado su discurso en la moción de censura que presentó VOX y ha llamado a ampliar la base electoral desde posiciones centristas frente a las "estrategias extremistas". "Necesitamos unir para ganar, ganar para gobernar, y gobernar para que España vuelva al camino del progreso, de la libertad y de la unidad", ha agregado.

Para ello, ha apostado por seguir los "principios rectores" que se ratificaron en el congreso nacional: "la regeneración y la honestidad, la libertad individual y la igualdad de oportunidades, el estado de derecho y la Nación, la propiedad privada y el libre mercado".

Según ha dicho, "lo cómodo", sería sumarse a las "estrategias extremistas" que "están destruyendo la convivencia" y "dar rienda suelta a la polarización y a la confrontación por un puñado de votos". "Pero el PP no busca eso, no existimos contra ningún español, sino a favor de todos", ha sentenciado.

La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha garantizado que las leyes Trans y LGTBI del Ministerio de Igualdad saldrán adelante, al tiempo que ha negado este martes que exista una "competición" con Podemos y asegura afrontar con "paciencia" las noticias sobre desavenencias entre los socios de Gobierno, aunque cree que deberían quedar en el "ámbito privado". En todo caso, sostiene que la coalición goza de buena salud.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Lastra ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre las últimas acusaciones vertidas por Podemos y PSOE entre ellos en relación a la tramitación de las leyes Trans y LGTBI de Igualdad, el texto sobre Igualdad de Trato que el PSOE lleva al Pleno del Congreso y las enmiendas de los morados al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que anunciaron este lunes sin conocimiento del PSOE.

A estas cuestiones, Lastra ha contestado señalando que su grupo parlamentario no va a "generar conflicto" de una "buena noticia" como es la tramitación de la Ley de Igualdad de Trato, también conocida como 'Ley Zerolo' y que, a su juicio, es "muy demandado" por los colectivos, así como "muy necesaria" en un momento en el que "el discursos del odio puede llevar a actitudes" de discriminación de los colectivos.

Del mismo modo, la portavoz socialista ha negado que exista una "competición" con su socio de Gobierno y, ante las acusaciones de los morados de que el PSOE presentó esta norma de forma "unilateral", cuando estaban trabajando ambos en ella, ha indicado que el texto lleva aportaciones de Unidas Podemos y que se registró, finalmente, con la única firma socialista porque les "urgía sacarla adelante".

UNA COALICIÓN CON "BUENA SALUD"

Lastra también ha negado que la tramitación de esta norma vaya a impedir la de las normas Trans y LGTBI del Ministerio de Igualdad. De hecho, la portavoz parlamentaria ha indicado que su formación está comprometida con el avance de derechos del colectivo LGTBI y ha indicado que es "seguro" que ambas leyes de Igualdad "saldrán adelante".

Sí se ha mostrado "sorprendida" por el anuncio, este lunes, de Unidas Podemos del registro de una docena de enmiendas al Ingreso Mínimo Vital (IMV) porque, según ha explicado, ambos grupos parlamentarios han estado trabajando con el Gobierno estas cuestiones y, ha indicado, en algunas de las enmiendas moradas había acuerdos entre todos.

Además, apunta que las enmiendas se suelen presentar el día que acaba el plazo para su registro, una fecha que aún no se conoce en el caso de la normativa del IMV.

Aún así, la portavoz socialista ha indicado que la coalición en el Ejecutivo "goza de buena salud" y ha reconocido que lleva "con mucha paciencia" el día a día con las tensiones entre ambos socios de Gobierno. "Somos dos organizaciones políticas distintas y siempre he dicho que la izquierda puede y debe entenderse", ha declarado, antes de señalar que a ella nunca se le habrá oído "criticar" o "cuestionar" decisiones de los morados.

Para Lastra las posibles desavenencias entre socios deberían quedarse "en el Consejo de Ministros" ya que lo que después sale a la luz es "más ruido que lo que esta ocurriendo". "Al final va a parecer que este Gobierno puede tener un problema interno y no es así", ha concluido.

Los partidos del gobierno valenciano apuestan porque la desescalada sea "tranquila, pausada y razonable" (PSPV), con precaución (Compromís) y "máxima prudencia" (Unides Podem), mientras el PP insiste en pedir más ayudas directas y Ciudadanos y Vox creen que es el momento de iniciar la reapertura tras la evolución favorable de los últimos días.

Así lo han expuesto sus portavoces en rueda de prensa tras la junta de síndics, a dos semanas de acaben las restricciones vigentes, como el cierre total de la hostelería, y ante la reunión de la Generalitat con el sector para empezar a abordar la reapertura.

Entre la oposición, el PP urge al 'president', Ximo Puig, a convocar a todos los grupos sin "alergia" a ninguno para consensuar la desescalada en función de los datos. "Ya estamos en la segunda fase de cierre y no puede ser que haya autónomos y pymes a los que no les llegan las ayudas y les han cobrado impuestos", ha denunciado su portavoz adjunta, Eva Ortiz.

Cs, en cambio, cree que en el momento actual habría que llegar a un "equilibrio" y que el cierre total de bares y restaurantes se podría haber evitado y no anunciarlo "de un día para otro y con las neveras llenas". "Teniendo en cuenta la bajada de la incidencia, se debería empezar a abrir", ha defendido Ruth Merino, portavoz adjunta, reconociendo que "los hosteleros están en pie de guerra con razón" porque las ayudas son "insuficientes".

Y Vox considera "rotundamente falso" lo que dijo este lunes la consellera de Sanidad, Ana Barceló, de que el cierre de la hostelería está avalado científicamente cuando "apenas se produce allí el 2% de los contagios". Por tanto, su síndica, Ana Vega ha exigido su reapertura inmediata y el fin del cierre perimetral de la Comunitat, denunciando que el Consell "opta por medidas del XVI en vez del XXI".

Por parte del Botànic, UP muestra su preocupación por la desescalada y pide que sea prudente y lenta porque "nadie quiere una cuarta ola" aunque los datos dejen entrever "cierta esperanza". Su síndica, Pilar Lima, ha advertido además del retraso de la llegada de las dosis de la vacuna de Moderna este pasado lunes.

Compromís también alerta que "una desescalada muy rápida podría llevar a una cuarta ola", por lo que pide que sea con precaución, siempre en base a la ciencia y con todas las medidas necesarias para evitar contactos y movilidad en lugares cerrados. "Hemos bajado mucho la curva, pero todavía no estamos en una buena situación", ha subrayado su síndic, Fran Ferri.

Sin "entrar en falsos debates entre salud y economía", el PSPV aboga por una reapertura "meditada y asesorada por los técnicos" y consensuada con los sectores, porque de lo contrario "volveremos a estar en una situación complicadísima. "Está muy bien que la Generalitat dé la cara aunque se la partan", ha dicho su portavoz, Manolo Mata, para recordar que no hay que olvidar a "los 5.829 valencianos que se han quedado en el camino".

El presidente del PP, Pablo Casado, ha avanzado este martes que el partido dejará la sede nacional del PP situada en la calle Génova 13 y cambiará su ubicación para romper con el pasado y la corrupción. Según ha argumentado, "no deben seguir en un edificio cuya reforma se está investigando en los tribunales", en alusión a la supuesta caja b del partido.

Así lo ha asegurado en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, convocado para analizar los malos resultados de las elecciones catalanas del domingo, que achaca a la "tormenta perfecta" contra su partido y factores como el "despliegue" con la declaración del extesorero Luis Bárcenas y que, a su juicio, les ha provocado un "coste electoral tremendo".

Casado ha realizado este anuncio justo una semana después de que arrancase en la Audiencia Nacional el juicio por el presunto pago de las reformas de la sede del PP con dinero negro y por el que el extesorero del partido se enfrenta a otros años de prisión.

"NO VOLVERÁ A DAR EXPLICACIONES SOBRE NINGUNA CUESTIÓN PASADA"

El presidente de los 'populares' ha asegurado que "siempre" ha defendido al PP "en las peores circunstancias y en los peores momentos", pero ha recalcado que eso "no es justificar las conductas individuales que hayan podido cometer personas concretas al margen de los órganos de dirección y del interés de los afiliados".

"Por eso desde hoy, esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle", ha proclamado, para añadir que "no se lo pueden permitir más con el calendario judicial que se avecina".

En este sentido, ha señalado que "el coste electoral ha sido y es tremendo" y el "daño para la urgente alternativa que necesita España es inasumible". "Tenemos que dejar de preocuparnos por nuestro pasado y ocuparnos del futuro que proponemos para los españoles", ha manifestado.

"LAS HIPOTECAS EN POLÍTICA NO SON HEREDITARIAS"

Es más, Casado ha recalcado que "las hipotecas en política no son hereditarias", ya que, "no lo han sido para ningún otro partido y no deben serlo" para el Partido Popular. A su entender, no pueden seguir "pagando facturas de cuestiones" que "ni conocen", "ni tienen nada que ver con un legado impecable de defensa de la libertad y de España, que costó la vida a 24 compañeros, y por el que otros miles han consagrado su vida al servicio público.

Tras asegurar que "cualquier conducta no ejemplar no forma parte del patrimonio a defender del PP", Casado ha anunciado el cambio de la sede nacional del PP de ubicación, situada en la madrileña calle Génova 13. Considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales", ha justificado.

Además, ha adelantado que el partido creará un departamento de 'compliance', que establecerá mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y un canal anónimo de denuncias "con absolutas garantías", a semejanza de lo que sucede en las grandes empresas, según ha explicado.

UNA REGENERACIÓN CON "FIRMEZA" COMO LE "ENCARGARON" EN PRIMARIAS

A su juicio, deben apostar por "una regeneración justa sin actitudes inquisitoriales", pero "con claridad y firmeza ante la opinión publica", ya que, según ha dicho, ése fue el compromiso que le "encargaron" los afiliados en las primarias del PP de julio de 2018. "Y creo que es el demarraje que necesita el partido para llegar a nuestra meta cuanto antes", ha apostillado.

Dicho esto, ha apostado por unir a "una nueva mayoría alrededor de la libertad y contra el proceso de destrucción institucional, económica, social y política que", en su opinión, "impulsa actualmente el Gobierno y sus socios radicales".

Tras asegurar que con tantas citas electorales y la pandemia no han tenido "ni un solo momento de normalidad política" y no han realizado el trabajo de renovación programática, que debe orientarse hacia la "integración" de millones de españoles en torno a una "agenda nacional compartida" en torno al PP. "Necesitamos unir para ganar, ganar para gobernar, y gobernar para que Españavuelva al camino del progreso, de la libertad y de la unidad", ha afirmado.

EL PP HARÁ UNA CONVENCIÓN NACIONAL EN OTOÑO

Por eso, ha avanzado también que el PP celebrará una convención nacional en otoño, con un documento político estratégico "como convocatoria abierta a los españoles, incorporando a representantes de la sociedad civil, distintos sectores y captando talento dentro yfuera del PP".

"Queremos que vuelvan los que se han marchado, queremos que vengan muchos más que nunca habían estado, queremos que no se vaya nadie, porque aquí se está creando el mejor futuro para España", ha manifestado, para reiterar su voluntad de ampliar la base electoral del PP en el centro político.

Y después de que Santiago Abascal haya asegurado que habrá 'sorpassos' de Vox al PP en toda España, como ha ocurrido en Cataluña, Casado ha subrayado que son "la única alternativa" al "nefasto gobierno" de PSOE y Unidas Podemos. "Debemos garantizar uncambio tranquilo y afrontar los desafíos de una España que sale de la pandemia con profundas heridas", ha concluido.

La investigación en torno a la agresión por parte de siete jóvenes a un menor de 16 años a la salida de un instituto de Málaga capital, apunta a que se trató de un acto premeditado, al que tras su anuncio a través de una red social acudieron dos jóvenes a grabarlo, que ya han sido identificados por agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional de Málaga.

La agresión tuvo lugar el pasado 5 de febrero en las inmediaciones del instituto en el que estudiaba la víctima, quien a su salida se encontró con un grupo de jóvenes que le esperaban en actitud hostil y le propinaron numerosos golpes por los que sufrió un traumatismo craneoencefálico.

Tras los hechos siete jóvenes fueron detenidos, aunque la investigación sigue abierta. Para tres de ellos, mayores de edad, el Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza; mientras que para los otros cuatro, todos ellos menores, el Juzgado de Instrucción número 10 ha ordenado su internamiento.

Al ataque, según han informado desde la Policía, acudieron "un nutrido grupo de personas" avisadas previamente de la agresión por parte de uno de los investigados a través de un directo de la red social Instagram.

Entre las personas que acudieron, se encontraban dos jóvenes que, sin participar en la pelea, la grabaron con sus teléfonos móviles, pero no difundieron las imágenes. Por ello, y aunque ya han sido identificados por los agentes, no incurrirían en un delito contra el honor y la dignidad de la víctima, según ha adelantado este martes diario 'Sur'.

Durante el ataque, según la investigación motivado por desavenencias de índole sentimental, uno de los agresores empleó un puño americano. Los golpes llevaron a que el joven perdiera la conciencia, quien tuvo que ser socorrido por docentes del centro educativo que trataron de separar a las partes, momento en el que uno de los investigados esgrimió un arma blanca --navaja-- contra uno de los docentes.

LA VÍCTIMA EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE TRAS LA INTERVENCIÓN

El agredido, un menor de 16 años, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga con pronóstico clínico grave con un traumatismo craneoencefálico provocado por la agresión, y por el que ha tenido que ser intervenido.

El joven ya ha pasado a planta y, según han informado fuentes sanitarias, evoluciona favorablemente tras la intervención.

La investigación se encuentra en manos del Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga, que, tras la denuncia de la familia del perjudicado, se centró en el análisis exhaustivo de redes sociales de los supuestos responsables, ya que ninguno pertenecía al centro docente, así como, en los testimonios de varios testigos que presenciaron los hechos.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en auto de 12 de febrero, se pronuncia sobre las pruebas propuestas por las partes para el juicio que se celebrará por tres de las piezas del caso 'Tándem'. Así, rechaza la pericial propuesta por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo que tenía por objetivo averiguar la autenticidad de las grabaciones de audio digitales usadas para sus informes por Asuntos Internos.

"Siendo su objeto --de la pericial-- averiguar la autenticidad, integridad y completitud de los archivos digitales seleccionados por la Unidad de Asuntos Internos no ha lugar a su práctica", señala el tribunal, para luego añadir que esto es así sin perjuicio de que pueda intervenir en la prueba que se realice con respecto a los funcionarios que realizaron esos informes.

A lo largo de 18 páginas, la Sala desgrana las peticiones de cada parte personada en las tres piezas que se enjuician de forma conjunta, y en concreto al comisario le deniegan también en las tres piezas --Iron, Land y Pintor-- la propuesta que hace de testigos "al no estar relacionados con los hechos" de los que se acusa o al ser otros investigados.

Por otro lado, la sala resuelve que da el visto bueno a gran parte de la prueba propuesta por el Ministerio Fiscal, y que incluye además del interrogatorio de los acusados, el testimonio de 26 agentes de Policía, entre miembros de Asuntos Internos y de la Comisaría General de Información.

También admite la pericial testifical de funcionarios de la Agencia Tributaria adscritos a Anticorrupción, y de los funcionarios del Centro Criptológico Nacional del CNI para que testifiquen sobre los informes que obran en la causa sobre descifrado y tratamiento de efectos informáticos. En la entrada y registro de la casa de Villarejo y de otros encausados, los investigadores se hicieron con una ingente cantidad de material informático que ha permitido la formación hasta el momento de una treintena de piezas separadas.

La Fiscalía también ha logrado que se acepte la testifical Francisco Pérez Bes, secretario general del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, y de dos peritos funcionarios de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía.

TESTIGOS EN 'LAND', 'IRON' Y 'PINTOR'

Entre las propuestas de prueba de las partes para la pieza 3 --Land-- en la que se ha investigado el encargo de labores de espionaje por la disputa por la herencia del fundador de la urbanización de lujo 'La Finca', la Sala acepta las testificales del arquitecto Joaquín Torres, Yolanda García Cereceda, Silvia Gómez-Cuétara, Antonio Garzón, Fancisco Marco, Antonio Tamarit y de Emilio Javier Carrera.

En 'Land' el juez considera que hay indicios suficientes para juzgar además de a Villarejo a la esposa del comisario, Gemma Alcalá, a su socio Rafael Redondo, a García Castaño (ex UCAO), a los administradores de la ya extinta inmobiliaria Procisa Susana García-Cereceda y Francisco Lorenzo Peñalver, y a su jefe de seguridad David Fernández Aumente. Los delitos que imputa son cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

En cuanto a la pieza separada número 2 de Tándem --Iron--, en la que se investigó el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia, la Sala juzgará a Villarejo, a García Castaño y a otras doce personas por cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

Para esa parte de la vista oral, el tribunal acepta la testifical propuesta por Fiscalía de Patricia Koch Moreno, Jesús Mancha Monasterio, Magnus Lars Stiebe, Óscar García Cortés, Olof Detlef, Mario Capitán, María Elena Terol, Jesús González Ahijado, José Antonio Hernández Rodríguez, Mónica Hernández Pérez, María Isabel Luis Calero, Antonio Serrano, César Bilbao, Francisco Hernández Moya, Rafael Luque y María Gloria Vasallo.

En cuanto a la última de las piezas que se juzgarán, la 6, y que versa sobre el encargo que le habrían hecho a Villarejo unos empresarios para extorsionar a un exsocio --Mateo Martín-- y al abogado de éste, el exjuez Francisco Javier de Urquía, la Sala admite la prueba testifical propuesta por el Ministerio Público y por tanto declararán el exjuez y el antiguo socio objeto de la presunta extorsión.

Euskadi ha registrado este pasado lunes 453 nuevos casos de covid-19, 35 más que un día antes, si bien la tasa de positivos en relación a las pruebas practicadas ha bajado al 4,7%. La tasa de casos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en 450,20 y los tres territorios vascos se encuentran ya fuera de la llamada 'zona roja' de alta incidencia, mientras que el índice de reproducción se mantiene en 0,80.

Los datos de esta última jornada reflejan, según ha indicado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que, "tras alcanzar un pico, se consolida la fase de descenso de la curva de incidencia" en Euskadi, si bien ha advertido de que "no es momento de relajación".

En función del último boletín sobre la incidencia de la pandemia del Departamento vasco de Salud, a lo largo de la pasada jornada, se han realizado 9.565 pruebas PCR y test de antígenos, en las que se han detectado 453 positivos, por encima de los 418 del domingo. No obstante, dado que ha crecido el número de pruebas diagnósticas, la tasa de positivos se ha reducido casi un punto, del 5,5 al 4,7%.

Del total de positivos, el 52,5% de las pruebas se han realizado a contactos de otros casos positivos y un 32,4% por presentar síntomas de covid-19, datos similares a las jornadas anteriores.

La tasa de casos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en 450,20, más de 20 puntos por debajo de la del domingo, y los tres territorios vascos se encuentran ya fuera de la llamada 'zona roja' de alta incidencia, tras bajar también Vizcaya de los 500 casos. En concreto, el territorio vizcaíno suma 483,71 casos acumulados, Álava 418,52 y Guipúzcoa 393,08.

Euskadi había llegado a alcanzar en febrero un máximo de incidencia acumulada en 14 días de 668,45 casos por 100.000 habitantes, que, no obstante, es inferior al máximo de noviembre (de 844,97). En todo caso, desde el Gobierno Vasco, la consejera Sagardui ha recordado que el objetivo sigue siendo que esa tasa acumulada en 14 días por 100.000 habitantes ronde los 60 y "aún estamos lejos".

La razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) se sitúa en 0,74 y el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, se mantiene en 0,80 durante las últimas jornadas.

Este pasado lunes, Bizkaia ha sido de nuevo el territorio con más casos, con 293 positivos detectados (23 más que el domingo). Bilbao ha anotado 81 nuevos contagios (13 más) y le siguen en número de positivos Getxo con 29, Barakaldo con 27, Santurtzi con 17 y Leioa con 14.

Por su parte, Gipuzkoa suma 106 nuevos contagios en la pasada jornada (15 más), con 28 en San Sebastián (tres más), 16 en Oñati y siete en Irún. En Álava, se han registrado 45 positivos (seis menos que el domingo), de los que 33 corresponden a Vitoria (ocho menos) y el resto de localidades por debajo de los cuatro casos. Finalmente, otros nueve positivos se han dado en personas con residencia fuera de Euskadi, tres más que un día antes.

En conjunto, hay 18 poblaciones vascas de más de 5.000 habitantes que superan los 500 casos acumulados por cada 100.000 habitantes en 14 días, entre ellas Bilbao. A la capital vizcaína, se suman en este territorio Basauri, Berango, Bermeo, Derio, Getxo, Gorliz, Güeñes, Leioa, Santurtzi y Sopela. En Gipuzkoa, se encuentran en 'zona roja' Astigarraga, Bergara, Elgoibar, Lasarte-Oria, Legazpi, Lezo y Oñati. En Álava no hay ninguna localidad en este listado.

Por edades, el mayor número de nuevos contagios registrados corresponde a las personas de entre 40 y 64 años (179 nuevos positivos), seguidas de los menores de 18 años (131 nuevos contagios), y de la franja de edad de 19 a 39 años (94 casos). Los mayores de 65 años contabilizan 47 casos, de los que 17 corresponden a personas de más de 80 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada se da entre la población menor de 18 años, con 679,18, y entre las personas de entre 19 a 39 años, con 468,58. La más baja es la de la población de 65 a 79 años, con 270,95.

SITUACIÓN EN LOS HOSPITALES

En los hospitales vascos, a lo largo del lunes, han ingresado en planta 60 personas con Covid, 22 más que un día antes, si bien la cifra de pacientes con esta enfermedad ingresados en planta ha bajado a 438 (36 menos que el domingo).

A ellos, se suman los 168 enfermos con covid que permanecen en las UCI, dos menos que un día antes. En total, hay 355 camas UCI abiertas en los centros hospitalarios vascos, de las que el 82,54% están ocupadas y el 47,32% están habilitadas con "camas covid", en función de los datos aportados por la consejera.