Dos informes de la Intervención General del Estado (IGAE) que ya obran en poder del juez instructor del ‘caso Púnica’, Manuel García Castellón, ahondan en las irregularidades cometidas por la trama que se investigan en la pieza 5 de este macrosumario, sobre la contratación menor local en municipios como Valdemoro (Madrid). Uno de los documentos certifica un amaño de 10 millones con la obra de un centro deportivo y de ocio, mientras que el otro alerta de un exceso de más de un millón en una residencia de mayores cuya obra se adjudicó a una empresa que no estaba al corriente ni con Hacienda ni con la Seguridad Social.
La Fiscalía Anticorrupción solicita en dos escritos que se incorporen estas actuaciones a la causa. La primera se refiere al contrato del centro deportivo Open Sport Life de la UDE OESTE NORTE, que fue adjudicado a una empresa del empresario investigado David Marjaliza y en el que no se llegó a ejecutar la obra comprometida en el pliego de adjudicación por 11.089.3189,82 euros de ejecución material (15.571.621,49 IVA/gastos generales/beneficio industrial) sino que lo ejecutado por la Constructora San Jose bajo sus instrucciones fue por importe de 5.812.316,07 euros.
CENTRO DE MAYORES
En el segundo caso, el fiscal solicita la incorporación de un segundo informe con fecha del pasado mes de marzo sobre la licitación del contrato «redacción del proyecto y ejecución de las obras y equipamiento integral del nuevo edificio para residencia de mayores y centro de día en la calle Lili Álvarez «, también en Valdemoro.
El informe da una segunda opinión sobre la contratación de esa obra a la vista de la certificación y de la liquidación de la obra que fue solicitada por el Juzgado al Ayuntamiento de Valdemoro y remitida por éste.
En su escrito, el fiscal apunta al juez que el responsable del control económico de las certificaciones de obras. Álvaro Díaz, no pudo recordar durante su declaración ante el juez la justificación de la certificación de este contrato en particular por exceso de medición por un importe de 894.613,17 euros, ni que éste se produjera. En sus manifestaciones reparó en que la certificación final presentada por los arquitectos era de un mes anterior a la certificación final con los excesos de medición firmados por un concejal y un técnico municipales.
CERTIFICADO MOSTRADO EN «PANTALLAZO»
Por otra parte, los fiscales solicitan que para aclarar este punto de la investigación debería llamarse como testigo a quien firmó todas las certificaciones en representación del Ayuntamiento, como propiedad de la obra, y a Julio Reol en representación de la contratista Obrum SLU Urbanismo y Construcciones. También instan al juez a pedir el original del certificado final de obra al depositario del documento cuyo ‘pantallazo’ fue exhibido por Álvaro Díaz ante el juez.
El informe que se aportará al juzgado añade que la obra se adjudicó a Obrum por 10.953.519,07 euros y que la realmente ejecutada, según la liquidación del contrato aportada, ascendió a 11.838.412,36 euros. A ello se añade que la empresa no acreditó con los correspondientes certificados expedidos por la AEAT y por la TGSS hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y que, sin esta acreditación, no puede acordarse válidamente la adjudicación del contrato.
