En Comú Podem ha subrayado que los indultos a los líderes independentistas del ‘procés’ en prisión no constituyen una «cesión absolutamente a nadie» y ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de tener una actitud beligerante contra esta medida de gracia para «tapar la corrupción» de su partido, optando por «pagar el coste» de la «foto de Colón» junto al presidente de Vox, Santiago Abascal.

De este modo, la diputada en el Congreso y dirigente de la confluencia catalana de Unidas Podemos, Aina Vidal, ha señalado que la puesta en libertad de los políticos encarcelados es esencial para fraguar un «nuevo pacto territorial» en Cataluña y el conjunto del Estado, que debe pasar por un «nuevo modelo de financiación» en contraposición al sistema «caducado» de 2014.

En rueda de prensa en el Congreso, Vidal ha destacado que se está abriendo una nueva etapa de diálogo entre Cataluña y el Gobierno estatal, marcada por los «indultos», la reforma del delito de sedición y la «desjudicialización» del conflicto generado tras el referéndum del 1-O en 2017.

En este sentido, ha valorado la carta «valiente» del líder de ERC, Oriol Junqueras, con la renuncia expresa a la «unilateralidad» en sus planteamientos independentistas.

De esta forma, la diputada de Unidas Podemos ha destacado que la solución al conflicto pasa por reconocer que España es «plurinacional» y por un «acuerdo» en la Mesa de Diálogo, posteriormente refrendado por el Parlament catalán. Todos ellos «pasos necesarios» para los que quieren un «país en común y basado en la concordia».

«CASADO PREFIERE PAGAR EL COSTE DE LA FOTO CON ABASCAL»

Frente a esta actitud, Vidal ha calificado de «decepcionante» la respuesta de las «tres derechas» ante los indultos, con la vuelta a la «foto de Colón» que «pretenden volver a repetir» (en alusión a la manifestación convocada contra la concesión de la medida de gracia a los líderes independentistas).

Además, ha considerado que es «error tremendo» por parte del PP, que «no ha leído bien los tiempos» y repite estrategias como la recogida de firmas contra los indultos o la «foto de Colón», que dejó a Casado «en la UVI» en términos políticos.

Mucha gente se pregunte a día de hoy cómo es posible que, en contra de algunos dirigentes más importantes como Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno Bonilla o el PP de Cataluña, qué le pasa a Casado que insiste en repetir el error una y otra vez al respecto de la foto de Colón», ha lanzado la dirigente de En Comú Podem.

La respuesta, a su juicio, se encuentra en las informaciones del criterio de la Audiencia Nacional de apreciar acreditado la ‘caja B’ de los populares.

En definitiva, su conclusión es que «Casado prefiere pagar básicamente el coste de una foto con Santiago Abascal (líder del PP) antes que el coste de su corrupción. «Casado pretende tapar la corrupción de su partido a costa de los indultos», ha zanjado.

Ecologistas en Acción denuncia que las amenazas que sufren los océanos siguen un año más sin solución y alterando los ecosistemas marinos con consecuencias impredecibles y en esta ocasión, con motivo del Día Mundial de los Océanos que se celebra este martes destaca el vertido de plásticos al mar.

En concreto, la ONG estima que la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de los hábitats litorales, la amenaza de la minería submarina, la sobrepesca y el vertido de plásticos están alterando los ecosistemas marinos con «consecuencias imprevisibles».

Con motivo de la efeméride, Ecologistas informa que se ha sumado a la campaña ‘La cara invisible del planeta’ que se desarrolla en 30 provincias para llamar la atención sobre un sistema de producción, consumo y gestión de residuos que inunda de plásticos el medio ambiente, especialmente el marino y que debe ser «modificado radicalmente».

Ecologistas centra su mensaje este año en la sobreproducción, el consumo desmedido y mala gestión de plásticos de todo tipo y, en ese sentido, considera que la concienciación sobre el problema ha aumentado pero «queda mucho por hacer.

En relación con ello, expone que el proyecto de ley de residuos da pasos positivos, como la limitación de plásticos de un solo uso, o los nuevos impuestos al depósito de residuos en vertedero. Sin embargo, Ecologistas en Acción cree que la nueva ley debería ser «más ambiciosa» e implantar de la forma «más amplia posible» un sistema de depósito, devolución y retorno para los envases.

El responsable de consumo de Ecologistas en Acción, Ángel Encinas, ha destacado que «la sociedad está dispuesta a hacer cambios en su modo de consumir» y está demostrando su «implicación» en las «numerosas limpiezas del entorno que pretenden mejorar una situación muy grave».

Pero en su opinión, estos cambios han de llegar marcados por la legislación para que el sistema no permita la «creación de residuos que puedan acabar liberados en el medio tan fácilmente, poniendo en riesgo la biodiversidad». En ese contexto, denuncia que es «la industria quien obstaculiza y limita los cambios» legislativos que podrían establecer cambios radicales en la legislación.

«Una industria que aprovecha el impulso de la sociedad por querer mejorar la situación actual y organiza limpiezas que son simplemente un lavado verde o greenwashing», ha apostillado.

‘La cara invisible del planeta’ es una campaña de diferentes grupos y asociaciones preocupados por los plásticos en el mar. En concreto, más de cien grupos, asociaciones y clubes de buceo se ha unido para realizar limpiezas de playas, fondos marinos, lagos, ramblas y ríos por toda la geografía española el próximo 12 de junio.

La responsable de la campaña Basuras Marinas de Ecologistas en Acción, Elisa Rojo, ha indicado que las acciones se realizarán en más de 30 provincias para limpiar el medio de los plásticos y residuos generados por un «sistema que hace peligrar el futuro de los ecosistemas y, lo que es más importante, para denunciar que es necesario cambiar dicho sistema».

María Concepción Sáez Rodríguez, vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en un voto particular discrepante al informe aprobado por el Pleno sobre el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, se ha mostrado a favor de las causas de extinción de las fundaciones franquistas que, a su juicio, «disfrutan de un estatuto jurídico singular y privilegiado cuya única justificación es -precisamente- el servicio a un interés general».

En un escrito de 13 folios, la vocal ha asegurado que no está de acuerdo con la «desproporción» que, según el informe avalado por el CGPJ, implica poner un límite a la actividad de las fundaciones.

Sáez, vocal propuesta por Izquierda Unida, ha explicado que no comparte el análisis de los ponentes Roser Bach y Wenceslao Olea de que la causa de disolución de las fundaciones cuando éstas «no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo» adolezca de «falta de taxatividad» como se sostiene en el informe.

Ha defendido que la autorización de una fundación o su extinción por incurrir en un ilícito «son ajenas al derecho individual de sus patronos o sus cargos directivos a la libertad de conciencia y a la libre expresión de sus particulares opiniones».

Sáez ha dejado constancia de su «disconformidad» con el informe aprobado por el Pleno y ha asegurado que el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática «ni es impreciso ni afecta a la libertad ideológica y de expresión» y ha reprochado el hecho de que «las referencias en el informe a la apología parecen girar en torno al concepto coloquial o mediático del término y no al jurídico».

«TUTELA ASIMÉTRICA»

En el marco de su exposición, Sáez ha asegurado que le causa «causa cierta perplejidad» que se afirme en el informe que la redacción del anteproyecto puede dar lugar a una «tutela asimétrica» entre las víctimas y el resto de las personas, «porque de eso se trata precisamente, de proteger a las víctimas y sus familiares reforzadamente frente a quienes no requieren de tal amparo sencillamente porque no son víctimas».

Según detalla en su escrito, no comparte la sugerencia del texto aprobado por el Poder Judicial de «matizar» el artículo del anteproyecto sobre la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática. A su juicio, «son expresamente exceptuadas» cuando «concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley».

Sáez se aparta del contenido del informe y respalda el apartado del anteproyecto en el que se declara la nulidad de las resoluciones dictadas por los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos franquistas.

A FAVOR DEL ANTEPROYECTO

En un voto particular discrepante, ha defendido que el anteproyecto de ley «merece una valoración positiva» y considera que representa «un avance notable en el reconocimiento de los derechos» de las víctimas.

La vocal también ha aplaudido la atribución de competencia y de rol activo del Estado en materia de exhumaciones para «evitar» que las propias víctimas «afronten la carga y la responsabilidad de de localizar, gestionar y financiar las exhumaciones de sus familiares desaparecidos y asesinados».

Otro punto en el que ha discrepado de sus compañeros del Pleno es el de la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos y alega que esta decisión «favorece la especialización del Ministerio Fiscal en una materia esencial». Ha celebrado, también, que se cree un Banco Estatal de ADN de Víctimas de la guerra y la dictadura.

Pese a mostrarse favorable al anteproyecto, a Sáez le «sorprende» que «la única referencia» a la Ley de Amnistía sea en el marco de la descripción de la evolución histórica en el tratamiento de la memoria de las víctimas. «Negar tal realidad y, por lo tanto, no afrontarla cabal y decididamente, es el principal reproche que cabe hacerle al prelegislador», ha asegurado.

Un mes después de su encuentro en la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Argentina para reafirmar al presidente Alberto Fernández el apoyo de España en su negociación con el FMI y para ahondar en una relación bilateral ya de por sí intensa y en la que se espera encontrar nuevas oportunidades en materia económica.

Buenos Aires será la primera etapa este miércoles de la primera gira latinoamericana del presidente, que el jueves viajará a Costa Rica para participar en una cumbre con los países centroamericanos y para abordar el problema de las migraciones en esta región, muy castigada por la violencia y también por los desastres naturales.

La visita de Sánchez a Argentina se produce en un momento delicado para el país, con niveles muy altos tanto en la cifra de contagios como de fallecidos por la pandemia, que deja ya casi 4 millones de casos y cerca de 82.000 víctimas mortales. Al mismo tiempo, la campaña de vacunación está cobrando impulso y este sábado se consiguió suministrar casi 362.000 dosis en un solo día, un nuevo récord.

Como en otros muchos países de la región, la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en la economía argentina, con fuertes aumentos del déficit, el paro, la inflación y la deuda pública y una caída de la economía del 10 por ciento en 2020. Pese a ello, el FMI prevé que este año registre un crecimiento 5,8 por ciento, impulsada por el alza de los precios de la soja, el trigo o el maíz, de los que es un gran exportador.

En este contexto, el Gobierno de Alberto Fernández se encuentra inmerso con negociaciones tanto con el Club de París, con el que tiene una deuda de 2.400 millones de dólares, como con el FMI, con el que busca refinanciar la deuda contraída.

El Gobierno español ha venido apoyando a Buenos Aires en este punto y el propio Sánchez ya expresó su respaldo expreso durante la visita de Fernández a Madrid. Su viaje servirá para reiterar ese respaldo con el objetivo en mente de la recuperación y la estabilidad económica en Argentina, país en el que España es el segundo inversor por detrás de Estados Unidos, subrayan fuentes gubernamentales.

Al igual que en sus últimos desplazamientos internacionales, Sánchez viaja acompañado de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, así como por una amplia delegación de empresarios de distintos sectores con intereses en el país sudamericano y participará en un foro empresarial en el que se abordarán oportunidades de negocio.

REFORZAR LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA

Por otra parte, con este segundo encuentro en un mes entre Sánchez y Fernández, los dos mandatarios buscan consolidar aún más la relación entre España y Argentina, para lo cual está prevista la firma de un plan de acción para el periodo 2021-23 dentro del marco de asociación estratégica.

Dicho documento, explican fuentes gubernamentales, contiene acciones específicas y concretas que los dos países quieren llevar a cabo en este periodo y en cuya elaboración han participado la práctica totalidad de los ministerios. Además, se firmará también una declaración conjunta y otra específica sobre igualdad de género.

Además del foro empresarial y el encuentro bilateral en la Casa Rosada, Sánchez tiene previsto visitar la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, tristemente conocido por ser utilizado como centro de detención y tortura durante la dictadura y que en la actualidad es el Museo Sitio de la Memoria.

También rendirá homenaje a los miles de desaparecidos durante la dictadura con una ofrenda floral en el monumento que se erigió en este sentido en la Embajada española. Además, en relación con esta cuestión, está prevista la firma de un memorándum de entendimiento para el intercambio de documentación de archivos diplomáticos para el esclarecimiento de graves violaciones de los Derechos Humanos.

Por último, en el país en el que reside la mayor colectividad española en el mundo, con unas 500.000 personas registradas, no podía faltar un encuentro con representantes de los españoles que residen en Argentina, una comunidad muy activa y de la que el presidente quiere conocer sus inquietudes, indican desde Moncloa.

COSTA RICA, SEGUNDA ETAPA

La segunda etapa de la gira será Costa Rica. Aquí, el jueves está prevista una cumbre del presidente con los mandatarios de los países que componen el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en un año histórico para la región ya que se cumplen precisamente 30 años de la creación de este organismo, 35 de los Acuerdos de Esquipulas que fueron el punto de partida para el SICA y para la paz en estos países y el bicentenario de la independencia de los países centroamericanos.

En la cita habrá dos sonadas ausencias, las de los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Nicaragua, Daniel Ortega, ambos objeto de críticas por parte de la comunidad internacional en las últimas semanas por la deriva autoritaria del primero y la represión contra la oposición del segundo.

El objetivo de la cumbre España-SICA, señala Moncloa, es evaluar y analizar los logros alcanzados en el marco de la estrecha colaboración entre ambos y ver hacia donde se puede avanzar en el futuro, con la mirada puesta principalmente en la recuperación post-covid.

Asimismo, Sánchez hará llegar a los mandatarios centroamericanos un mensaje de apoyo y les animará a seguir apostando por la integración regional y por la búsqueda de respuestas multilaterales a los problemas que aquejan a Centroamérica, como el cambio climático, la violencia o las migraciones.

REUNIÓN SOBRE LA MIGRACIÓN EN CENTROAMÉRICA

Precisamente, para abordar esta última cuestión el presidente del Gobierno ha organizado una reunión en la que está prevista no solo la participación de los mandatarios regionales sino de otros de América Latina, además de representación de Estados Unidos así como de agencias de la ONU y otros organismos internacionales.

Bajo el título ‘Acto de solidaridad por los desplazados forzosos y las comunidades de acogida en Centroamérica y México’, Moncloa espera que de él salgan compromisos tanto de apoyo financiero como de otro tipo para ayudar a estos países a hacer frente a las migraciones forzadas.

La organización de este foro, junto con Guatemala, Costa Rica, la OEA y ACNUR, se enmarca en que España ejerce actualmente la presidencia de la plataforma de apoyo al Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) creado en 2017 por Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá y al que posteriormente se sumó El Salvador.

Los países centroamericanos, en particular los del llamado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), han venido experimentando en los últimos años un éxodo masivo de población, motivado en gran medida por la persistente violencia armada en sus territorios a manos de las pandillas, pero también por la falta de oportunidades y por el impacto que está teniendo el cambio climático, con desastres naturales frecuentes como el reciente paso de los huracanes ‘Iota’ y ‘Leta’ el pasado otoño.

En muchos casos, quienes se ven desplazados forzosamente se quedan dentro del territorio de sus países de origen, pero otros muchos inician un peligroso camino hacia el norte, con México como primer destino y Estados Unidos como destino final en la mayoría de los casos.

Al día siguiente, el viernes, Sánchez completará su gira con un encuentro bilateral con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, con quien está prevista la firma de varios memorandos de entendimiento. Al igual que en Argentina, el presidente viaja acompañado por empresas y está previsto un foro empresarial, además de un encuentro con la colectividad española en este país.

La Confluencia Trans, compuesta por entidades específicas del colectivo y la mayoría de organizaciones de familias, así como la organización No Binaries España, se ha reunido con carácter extraordinario para analizar la situación de las negociaciones de la Ley Trans y han señalado que «prefieren que no haya» norma a que se apruebe «una mala ley».

Estas entidades se han reunido después del encuentro que tres organizaciones LGTBI (la FELGTB, Fundación Triángulo y Chrysallis) han mantenido este lunes con representantes de Vicepresidencia y de Justicia.

En esa reunión, trasladaron al Gobierno sus peticiones para que la Ley Trans incluya un plazo máximo de 3 meses para cumplir con el proceso de cambio registral y eliminar la autodeterminación de género en el caso de los menores de 12 años, a los que sí se permitiría cambiar el nombre, entre otras propuestas.

Las organizaciones trans han denunciado en anteriores ocasiones que el Ejecutivo esté realizando la negociación de la ley con entidades que, apuntan, representan al colectivo LGTB y no a las personas trans que son, apuntan, las que «deben ser escuchadas» en este proceso.

«Invisibilizar a sus organizaciones, apropiarse de su lucha y obviar el trabajo que han realizado para poner sus derechos como prioridad de las agendas políticas es continuar ejerciendo violencia sobre este colectivo», denuncia la confederación a través de un comunicado.

CONTRA EL COLECTIVO Y CONTRA LA INFANCIA

En este sentido, indican que el «ruido» generado en torno a esta ley «es artificial» y creen que esta situación busca «objetivos que nada tienen que ver con la defensa de los derechos del colectivo» y «sí con perpetuar la violencia sistemática que se ejerce» contra las personas que forman parte de él.

Además, señalan de forma específica las modificaciones pedidas para los menores. A su juicio, se «ceban de manera brutal» con ellos y se «cercena» su «derecho universal y constitucional a su identidad».

A este respecto se ha pronunciado la presidenta de ‘Euforia. Familias Trans Aliadas’, Natalia Aventín, que denuncia que los niños están siendo usados «como monedas de cambio» para aprobar el texto. «Vergüenza debería de darles a quienes desde el adultocentrismo piensan que se pueden dejar para más adelante», ha declarado.

Desde la Confluencia Trans insisten en que su objetivo es aprobar un texto Trans «que cumpla los estándares internacionales de derechos humanos» y que «supere por arriba el actual marco legislativo autonómico, garantizando la libre autodeterminación de la identidad sin condiciones, ni límites de edad», como recomienda el Consejo de Europa.

UN «LAVADO DE CARA» AL PSOE

La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha advertido que las entidades del colectivo no van a permitir «que se recorten sus derechos» para «lavar la cara al PSOE». «No es lícito que se mercadeé con nuestra dignidad y nuestros derechos», ha denunciado.

También las personas no binarias están «indignadas», ya que se las deja fuera del reconocimiento legal. «El agotamiento del colectivo ante la negación de nuestra existencia y la violencia que eso supone, nos obliga a denunciar la injerencia de organizaciones que no nos representan y que pretenden negociar nuestros derechos y jugar con nuestras vidas», ha señalado Darko Decimavilla, quien ocupa la presidencia de la entidad.

Estas entidades son las que impulsaron la tramitación de la norma a través del Congreso, con el objetivo de evitar el «bloqueo» del PSOE para su aprobación en el Consejo de Ministros. Además, forman parte de las más de 70 organizaciones que han pedido a los organizadores del Orgullo que no inviten a los socialistas a participar de la pancarta oficial.

Y mientras el Ejecutivo negocia para que la ley esté aprobada «para el Orgullo», como señaló la ministra de Igualdad, Irene Montero, para las organizaciones trans no es necesario poner una fecha, porque «quienes tenían que retratarse ya lo hicieron» y, a su juicio, «la prioridad es que nadie quede atrás».

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha destacado que la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras, renunciando a la vía unilateral debe ser «tomada en serio» y ha reivindicado que estos gestos de distensión «despiertan cierta esperanza» para poder alcanzar una solución política al conflicto en Cataluña.

Por tanto, ha destacado que si el Ejecutivo cree que los indultos a los líderes del ‘procés’ sirven para transitar la vía del «diálogo y el encuentro», su formación dará su apoyo y le invitará a ponerse «manos a la obra» para tramitarlos cuanto antes.

En rueda de prensa en el Congreso, ha aclarado que los indultos a los políticos en prisión por el referéndum del 1-O de 2017 no es «la solución» pero sí constituye «los primeros pasos» para poder alcanzarla.

Tras recordar que la Constitución es «flexible» en lo relativo a consultas en «provincias», que pueden ser «varias a la vez» y dentro de una misma autonomía, el parlamentario de Más País ha defendido que primero se deben alcanzar «soluciones políticas» y luego analizar «un aterrizaje legal concreto».

Por tanto, la misiva de Junqueras tiene un «valor que debe ser tenido en cuenta» por el Ejecutivo y es un «gesto en la buena dirección» para poder aspirar a un acuerdo en la Mesa de Diálogo. «Nadie que no sea un cínico puede negar que la solución se alcanza desde los pasos del acercamiento y del diálogo», ha remachado.

LA ALTERNATIVA DEL «CUANTO PEOR, MEJOR» ES UN «CALLEJÓN SIN SALIDA»

La alternativa, que «no es propuesta de solución», es la «foto de Colón» y del «cuanto peor, mejor» para mantener el «triste» camino» de intentar sacar «rédito electoral» en otras regiones mediante el conflicto territorial, que a la larga constituye un «callejón sin salida».

«No sé si dará réditos electorales pero para algunos es un mal negocio», ha advertido Errejón para parafrasear el refrán de «aquellos polvos, estos lodos».