El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado este viernes, por primera vez desde su creación, el mecanismo de retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado. La orden supone inmovilizar temporalmente 188.000 toneladas, el 12% de la producción mensual de cada almazara, ante el riesgo de que una cosecha excepcionalmente abundante hunda los precios en origen. El texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado, se aplicará sobre la producción declarada en noviembre y esos volúmenes no podrán volver al mercado hasta el 30 de septiembre de 2027.
Según el comunicado del Ministerio, la finalidad es prevenir distorsiones y garantizar la estabilidad del mercado. Cada almazara podrá guardar el aceite en instalaciones propias o ajenas y decidirá qué categoría aparta. Esa libertad para escoger entre virgen extra, virgen o lampante permite en la práctica retirar las calidades de menor valor y mantener a la venta las partidas más rentables, tal y como apunta Infobae.
La resolución, firmada por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, fija un porcentaje por debajo del techo previsto, que era del 20%. El propio texto deja abierta la puerta a modificarlo a partir del 31 de diciembre de 2026 según cómo evolucione la producción.
Una cosecha de aceite que rozaría la cuarta mayor de la historia
El aforo elaborado por las comunidades autónomas prevé 1.602.596 toneladas en la campaña 2026/2027, un 23% más que la anterior. La suavidad de las temperaturas y las lluvias abundantes de la pasada primavera favorecieron la floración y el cuajado del fruto, lo que situaría esta campaña como la cuarta más voluminosa del registro histórico, de acuerdo con los datos oficiales.
A ese volumen se añade el aceite que quedó sin vender. Las existencias iniciales alcanzan las 357.040 toneladas, un 23,3% por encima de las del año previo, según el Sistema de Información de los Mercados Oleícolas, cuyos datos difundió el Ministerio el 28 de octubre. La suma de ambas cifras llega al 120% de la producción media de las seis campañas anteriores, el umbral técnico que exige la norma de comercialización para activar la retirada.
El peso de España en el sector explica la trascendencia de la decisión. El país concentra el 64% de la producción de la Unión Europea y el 38% de la mundial, según el Informe Sectorial 2026 de AgroBank y Agrifood Comunicación. La sobreoferta ya se notaba en las cotizaciones, ya que en la semana 41 el virgen extra se pagaba a 331,86 euros por cada 100 kilos, un 22% menos que en la misma semana de 2025. El Observatorio de Infaoliva sitúa el litro de virgen extra en 3,2 euros, muy lejos de los 5 euros de hace un año, y Poolred calcula una caída del 6% en origen durante el último mes.
La norma que permite esta intervención se publicó en el BOE el pasado 30 de octubre. En la campaña 2025-2026 también existía, pero no llegó a aplicarse porque no se daba una situación de sobreoferta. El instrumento cuenta con el aval de la Comisión Europea y se incorporó a la legislación española en 2021 mediante real decreto.
El campo celebra la medida y la CNMC alerta de sus efectos
Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias llevaban semanas reclamando la activación del mecanismo porque, a unos tres euros el kilo, el virgen extra no cubre los costes de producción, sobre todo en el olivar tradicional y de secano. Los cálculos de COAG apuntaban a unas 188.700 toneladas, el 11,78% de la producción de cada almazara, prácticamente lo que finalmente ha fijado el Gobierno.
No todo el sector comparte el entusiasmo. La industria envasadora sostiene que la retirada la perjudica frente a sus competidores.
La crítica de mayor calado procede del organismo regulador. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera en un informe que la retirada supone una restricción relevante a la libre competencia que puede encarecer lo que pagan los consumidores y generar ineficiencias en la cadena de valor. El supervisor estima además un coste directo de almacenamiento de entre 9,24 y 11,68 millones de euros en el escenario de aplicación máxima, un gasto que podría acabar repercutiendo en el lineal.
Para quien compra la botella, el efecto no será inmediato. La medida no conlleva una rebaja automática en el supermercado y, al reducir el aceite disponible, puede contribuir a sostener los precios en origen, aunque el precio final depende también del envasado, la distribución y los márgenes comerciales. El cumplimiento lo vigilará un grupo técnico de seguimiento coordinado por el Ministerio, cuyo plan de control ejecutarán las comunidades autónomas, y los operadores deberán aportar la documentación que se les requiera y permitir inspecciones sobre el terreno.
