El nuevo obispo de Bilbao, que tomará posesión este sábado como prelado, Joseba Segura, cree que, en el caso de presuntos abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica, tienen una «deuda pendiente» y considera que hubo «una primera reacción defensiva, de no reconocimiento» y de poner la preocupación por los sacerdotes antes que por la víctimas.

En una entrevista a Radio Euskadi, Segura ha afirmado que se necesita «tiempo y preparación» para ser designado obispo y ha indicado que están trabajando en un plan de prioridades para la Diócesis de Bilbao.

Joseba Segura ha señalado que la Iglesia vizcaína, al igual que la de toda Europa, se está «haciendo un poco mayor» y, por ello, la vida de las parroquias está «un poco debilitada». Por lo tanto, uno de sus retos es ver cómo son capaces de crear «espacio para los jóvenes y que se sientan a gusto en la comunidad cristiana».

El obispo reconoce que la Iglesia tiene «alguna dificultad para llegar con su mensaje» a este colectivo, pero cree que también tiene que ver «con una especie de tsunami cultural» que se está dando en Europa, de manera que se piensa que la «experiencia religiosa no es relevante».

Por otra parte, en relación a asuntos como los presuntos abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica, Joseba Segura cree que sí existe una «deuda pendiente, porque ha habido mucho tiempo y muchas décadas en las que la Iglesia ha tenido, sin duda, una posición de responsabilidad educativa y en muchos sentidos, y ha tenido acceso a muchísimos niños y jóvenes».

Segura ha indicado que, aunque él personalmente cree que en la Iglesia española «el tema no afecta a tantas personas, a tantos clérigos y religiosos o religiosas», sí reconoce que ha habido «una primera reacción defensiva y de no reconocimiento o de querer tener muchísimas pruebas antes de actuar, y poner la preocupación por los sacerdotes antes que por la víctimas».

Por ello, cree que hay que «reconocer que es así y cambiarlo radicalmente». «Yo, desde luego, lo tengo claro, ahí no hay ninguna posibilidad de que, en un momento determinado, yo vaya a cerrarme a escuchar a cualquier persona (…) y ver qué es lo que se puede hacer por estas personas», ha indicado Segura, que ha precisado que ya hablado con personas que se han dirigido a él para contarle su experiencia.

Segura considera que habrá que cambiar procedimientos -«y de hecho se han cambiado»- para asegurar que ninguna persona que «tenga una mala experiencia, no vaya a ser escuchada, defendida y tomada totalmente en serio». «Y va a haber actuaciones muy contundentes para confrontar a los responsables», ha manifestado.

El hombre acusado de abusar sexualmente de una niña desde que tenía seis años de edad lo ha negado y ha alegado que es homosexual: «Nunca le hice un tocamiento de ningún tipo», ha asegurado el joven, que trabajó al cuidado del padre de la menor entre 2018 y 2019, cuando sucedieron los hechos.

El acusado, un joven para el que la Fiscalía pide 12 años de prisión, ha sido juzgado este martes en la Audiencia Provincial de Cantabria por un supuesto delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años con penetración.

El procesado ha basado su defensa en que es homosexual y no siente «apetencia sexual» hacia las mujeres, y ha dicho que la menor que le acusa es «imaginativa». «Veía hadas», ha dicho.

Frente a su versión, la niña, que ahora tiene nueve años y cuya declaración se ha podido escuchar en la sala con la presencia de su padre, ha confirmado que los hechos sucedieron «muchísimas» veces: «Me decía que el pito suyo le metiera en la boca», «me chupaba la chochetona», «me tenía que meter el pito en el culo», ha relatado.

Asimismo, ha reconocido que el joven le hacía «cosas» que no le «gustaban» a la llegada del colegio, tanto en la bodega como en la cama de su padre, y que le hacían «daño». «Me da repelús, me da asco lo que me ha hecho», ha confesado la menor, que ha apuntado que el acusado le advertía que no se lo contara a nadie porque de lo contrario se enfadaría «mucho» con ella.

Por su parte, el acusado ha reconocido que fue condenado con anterioridad por un delito de índole sexual, cuando tenía 15 años y era menor de edad, por el que cumplió una medida de corrección en el centro de menores de Parayas. En este caso, ha apuntado que se trataba de un varón un año menor que él.

A preguntas de la Fiscalía, ha asegurado que no pedía a la niña que le acompañara a la bodega cuando bajaba a por comida, que lo hacía solo, que no ayudaba a la menor y a sus dos hermanos a cambiarse de ropa cuando llegaban del colegio «por orden de la madre», y que siempre que estaba con ellos «estaba el padre».

Así, ha negado todos los hechos de los que se le acusa y ha dicho desconocer la razón por la que la niña realiza estas acusaciones. «Solo sé que no lo he hecho», ha reiterado, explicando que su labor se limitaba al cuidado del padre, a quien llevaba a rehabilitación y a consultas médicas, a recoger a los niños del colegio y a servirles la comida.

Precisamente, la defensa ha contado con el testimonio de la expareja y la pareja actual del acusado, ambos varones, así como de su tía y su abuela, quienes han confirmado que el joven es homosexual.

Y por el lado de la acusación particular, han testificado la madre de la menor, tres monitores del campamento donde la niña relató los hechos a un compañero y la educadora social que dio parte a la Guardia Civil y puso en conocimiento de la familia lo sucedido.

Los tres monitores han coincidido en que durante el campamento la menor iba con «frecuencia» al baño y, aunque es «imaginativa», les relató una serie de «cosas» que le hacía el cuidador de su padre y que eran tan «explícitas» que «no podían ser inventadas», relacionados con «acercar su miembro al culo» y «poner sus piernas hacia arriba».

Según la madre, desde entonces la niña sigue en tratamiento psicológico, tiene «miedos» y está «asustada» y «afectada». «No puede bajar a la bodega sola», ha añadido la madre que, según ha relatado, la niña pone trampas en casa para escuchar si viene el acusado y «poder escapar». «Creí a mi hija absolutamente», ha trasladado.

Según ha explicado, el joven estuvo al cargo del padre de la víctima, que padece una discapacidad por un problema neurológico, aproximadamente un año, de lunes a sábado de mañana, coincidiendo con el horario de trabajo de ella, y supuestamente aprovechaba los momentos en los que el padre y sus dos hermanos estaban comiendo para realizar dichos abusos, que la madre denunció posteriormente.

Con anterioridad a la denuncia, y antes de tener conocimiento de estos hechos, la madre despidió al acusado al comprobar que le faltaba dinero.

Además de los 12 años de cárcel, el Ministerio público también pide para el acusado prohibición de comunicación y acercamiento durante diez años y una medida de libertad vigilada tras la salida de prisión de otros diez. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, solicita una indemnización de 12.000 por los perjuicios morales causados.

Por su parte, la acusación particular que ejerce la familia de la menor coincide con la petición de pena de prisión, la medida de libertad vigilada y la indemnización. Además, pide que la prohibición de comunicación y aproximación se eleve hasta los 22 años.

Está previsto que el juicio continúe mañana, día 30, también a las 9.30 horas, para abordar los informes periciales y las conclusiones.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha enviado un nuevo escrito al juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza separada ‘Kitchen’ en el que afirma que se le dieron dos teléfonos de contacto con el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy para que pudiera tener una «interlocución directa» con él y así evitar posible discrepancias entre lo que le llegaba a través de la cadena de mando y lo que él como agente de inteligencia transmitía.

En un escrito de 19 páginas redactado por el propio Villarejo, que ejerce su propia codefensa, el comisario indica que esa línea directa con Rajoy era para evitar lo que ocurrió en la ‘operación Cataluña’, cuando surgió «más de una discrepancia» entre lo que él aportaba y lo que realmente le llegaba al presidente.

Sobre su entrada en la operación Kitchen, el operativo que se organizó para supuestamente sustraer información sensible al PP que estaba en poder de su extesorero Luis Bárcenas, indica que se produce con posterioridad al comienzo de la misma y ante el fracaso de otros en captar «fuentes humanas». Cabe recordar que en este operativo se logró que el chofer de la familia de Bárcenas, Sergio Ríos, fuera confidente.

Según el comisario, fue el entonces director general de la Policía Ignacio Cosidó quien le comunicó que dejara todos los temas que estuviera haciendo «por un asunto muy urgente» y que el propio Rajoy tenía interés personal. Le añadió, siempre según él, que el director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino le pondría al corriente de ello.

Así, recuerda, entendió que era continuación de su intervención la ‘Operación Cataluña’ porque se daban «los mismos intervinientes, paralelos procedimientos y similares objetivos, en una nueva actuación donde el presidente del Gobierno volvía a querer estar informado puntualmente, casi a diario».

Al hilo, Villarejo añade que como en otras ocasiones la Unidad de Asuntos Internos (UAI) le daba apoyo con vigilancias e incluso con seguridad en las citas programadas, y que era el entonces jefe Martín Blas quien coordinaba personalmente el manejo de fondos reservados «pagando él a ciertos colaboradores».

SUS INTERLOCUTORES «PARALELOS»

Por otro lado, explica que como interlocutores tenía tanto al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, además del DAO y agentes del CNI. Como «interlocutores paralelos» cita a la Presidencia, a la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y «colateralmente» a la vicepresidenta del Gobierno que era Soraya Sáenz de Santamaría «por otros contactos».

Además, en su escrito –que dice que sirve como adelanto a su declaración del día 2 de julio– apunta que al igual que ocurrió en Cataluña, «en Kitchen había interés del PP por lo que le concernía como partido del Gobierno, pero también razones de Estado, en función de localizar y en la medida de lo posible neutralizar lo que afectaba a sus más altas Instituciones».

Sobre esa operación Cataluña, apunta que le molestó que la información que él fue facilitando sobre la familia Pujol, «lejos de ponerla a disposición judicial, se utilizaba para negociar con el ex president de la Generalitat, Jordi Pujol. Según explica, esto propició que tuviera «varios encuentros muy tensos» con Martínez donde le advirtió de que, si no iban a considerar judicializar la información que les aportaba, deberían abonarle al menos los gastos por esa «actividad para ellos privada».

Al hilo, se arroga que, gracias a sus notas incluidas en un borrador de la UDEF, CIU cayera de 62 escaños a 50, y que eso sirvió para neutralizar «los planes independentistas que el clan Pujo pilotaba». Apunta que dado su éxito no le extrañó que le volvieran a llamar «ya que fue felicitado por todos los interlocutores por el resultado de sus trabajos en Cataluña», incluso por el propio Rajoy.

Sobre esa felicitación, indica que el expresidente lo hizo de forma «discreta y privadamente a través del teléfono de Cospedal. Y añade que ahora que ha recobrado la libertad tras permanecer más de tres años en prisión provisional ha podido localizar uno de los dos números de teléfono que en su día le facilitaron para contactar directamente con el presidente Rajoy.

Por otro lado, el comisario asevera que el CNI llevó a cabo vigilancias a los Bárcenas, y que coincidieron con agentes de la UCAO y de Asuntos Internos, lo que provocó ciertos roces porque el servicio secreto no compartía información con el resto de cuerpos. Indica además que éstos tenían acceso directo a la vida diaria de Bárcenas a través de Instituciones Penitenciarias y que incluso infiltró a presidiarios con identidades falsas.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que es una «vergüenza» el «asedio del sanchismo» a «instituciones democráticas» como el Tribunal de Cuentas y ha pedido que se deje actuar con independencia a este último en las causas abiertas contra los líderes independentistas.

Así se ha pronunciado Gamarra el mismo día que el Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 5,42 millones de euros la responsabilidad contable inicial que se reclama al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, al expresident Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y a otros 37 ex cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha afirmado que el Tribunal de Cuentas tiene «un respaldo constitucional» y se «rige por la independencia y la imparcialidad». Dicho esto, ha solicitado al Gobierno que «abandone la senda» que ha emprendido y que, a su juicio, «se aleja de la defensa de las instituciones que garantizan la democracia».

«SE DAÑA LA IMAGEN DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR»

«El asedio del sanchismo a las instituciones democráticas independientes se ha convertido en una vergüenza diaria que vivimos los españoles y, sin duda alguna, daña la imagen de nuestro país en el exterior», ha manifestado.

En este sentido, ha recalcado que «poner en duda el papel que tiene el Tribunal de Cuentas en la lucha contra la malversación» y con «aquellas conductas que tienen que ver con delitos de corrupción» es «un flaco favor a la democracia» y a la «calidad democrática» de España.

«Hemos visto cómo los independentistas conseguían esos indultos y ahora nos toca ver cómo quieren también no pagar aquellas cantidades que malversaron y que, por lo tanto, no les correspondía gestionar ni utilizar como lo hicieron», ha resaltado Gamarra.

«EL GOBIERNO NI DEBE NI PUEDE INTERVENIR EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS»

Tras defender la «independencia» de las instituciones, ha pedido de nuevo al Ejecutivo que defienda las instituciones de España, que «debieran estar contando con el respaldo ante cualquier ataque por parte de un Gobierno que defienda los principios constitucionales».

Al ser preguntada si cree que el Gobierno acabará interviniendo de alguna manera para que al final el independentismo no pague ese dinero que ha fijado el Tribunal de Cuentas, Gamarra ha resaltado que el Gobierno «ni debe ni puede intervenir» en este órgano fiscalizador.

«Lo que debe hacer es dejar actuar con plena independencia como tiene el Tribunal de Cuentas y permitir que la Abogacía del Estado lo haga también con esa plena independencia que debe tener», ha manifestado, para añadir que «cualquier otra posición estaría alejada» de lo que debe hacer un Gobierno democrático.

PSOE y PP se han unido este martes para sacar adelante en la Comisión de Exteriores del Congreso una proposición no de ley en la que entre otras cosas se pide al Gobierno que trate de impulsar y fortalecer las relaciones con Marruecos, en particular en lo relativo a la seguridad y la inmigración.

El texto aprobado, que ha recibido 28 votos a favor y siete en contra, incluidos los de Unidas Podemos, es resultado de una propuesta presentada por los ‘populares’ a la que se ha introducido una enmienda formulada por el PSOE.

En concreto se insta al Gobierno a «reimpulsar y fortalecer las relaciones diplomáticas con Marruecos, para una colaboración equilibrada y efectiva, equitativa y fiable, basada en la buena vecindad, especialmente en ámbitos relacionados con la seguridad, la gestión de fronteras y movilidad migratoria y las políticas comerciales».

Asimismo, se le pide que elabore «un Plan Estratégico para la mejora de las condiciones de desarrollo de Ceuta y de Melilla, haciendo a ambas ciudades autónomas equiparables a las regiones ultraperiféricas» y que coordine con la UE «las cuestiones relativas a la inmigración, con mayor implicación a través de FRONTEX y la promoción de la cooperación internacional con países terceros.

Por otra parte, quieren el Ejecutivo trabaje para «promover la plena colaboración del Gobierno de Marruecos en el proceso de repatriación de los menores hasta sus familias», y que se reconozca «el trabajo de las fuerzas armadas y de seguridad españolas, de las ONG y los ciudadanos de Ceuta, gracias a cuya disposición se impidió una tragedia mayor» el pasado mes de mayo.

Fuera del texto ha quedado, a petición del PSOE, el punto en el que reclamaba al Gobierno que impulsara la plena colaboración de Marruecos en el proceso de retorno de los más de 10.000 trabajadores temporeros bloqueados en España.

Durante la defensa de la proposición no de ley, el portavoz del PP, Fernando Gutiérrez, ha pedido al PSOE su respaldo. «Les agradecería que en esta ocasión acepten propuesta de este grupo y por una vez practiquen ese consenso del que tanto hablan y que tan poco practican», les ha conminado.

«La grave crisis con Marruecos no ha sido un acontecimiento sobrevenido o imprevisible», ha subrayado, incidiendo en que la «dificultad en las relaciones», por la que el PP lleva preguntando desde diciembre, «no eran una quimera», como han demostrado los últimos acontecimientos.

LA PROPUESTA DE VOX, RECHAZADA

También se ha debatido durante la comisión una proposición no de ley presentada por Vox en la que se pretendía instar al Gobierno a «interrumpir la concesión de ayudas de cooperación a Marruecos para contribuir a la financiación del despliegue de sus autoridades en actividades de lucha contra la inmigración irregular, en tanto en cuanto no se restablezcan las relaciones diplomáticas entre ambos países».

Sin embargo, este texto ha sido rechazado por 30 votos en contra y tan solo cinco a favor pese a que el portavoz de Vox, Alberto Asarta, ha insistido en que Marruecos «nos percibe débiles en el plano diplomático, político y de defensa» y ha advertido de que «la integridad territorial de España está amenazada y con ella la vida de muchos españoles».

Por su parte, el portavoz del PSOE, Sergio Gutiérrez, ha aprovechado su intervención para reivindicar que «el verdadero manual del patriotismo lo que dice es que si un tercer país agrede la soberanía de su país» lo que hay que hacer es «cerrar filas con su país y su gobierno».

En este sentido, ha echado en cara a Vox que hizo su líder, Santiago Abascal, fue subirse a un helicóptero y «plantarse en las fronteras con Marruecos, agitar a la población y aumentar el conflicto» mientras que al PP le ha afeado su «gran deslealtad con España» por la «ronda» de su líder, Pablo Casado, por Bruselas «para intentar que las cosas vayan mal en su país».

Gutiérrez ha subrayado que «tanto Vox como PP deben saber ya que las relaciones con Marruecos son difíciles porque hay intereses contrapuestos» pero también «imprescindibles» en asuntos como la inmigración o la lucha contra el terrorismo.

Por ello, ha pedido ambos partidos «un poco más de lealtad, menos demagogia y altura de miras ante una situación que es repetitiva en nuestra historia y ante la que necesitamos un poco más de cooperación y menos cinismo».

La Guardia Civil ha detenido en Úbeda (Jaén) al principal responsable de un grupo criminal que, supuestamente, extorsionaba a usuarios de páginas de contactos sexuales a cambio de no revelar esa información a sus familias. Las investigaciones se iniciaron en Pontevedra a raíz de la denuncia presentada por un vecino de la comarca de O Morrazo.

Según ha informado el Instituto Armado, los integrantes se aprovechaban de la presión que suponía para la víctima la posibilidad de que su familia conociese el uso de esas páginas de carácter sexual y de los servicios de prostitución. «De este modo trataban de lograr vencer su voluntad y que accediesen a las peticiones de pago de los extorsionadores», añade.

El grupo lo integraban tres personas, dos hombres y una mujer, afincados en Valencia, todos ellos «con un amplio historial de antecedentes policiales», destaca la Benemérita.

En el operativo ha sido detenido el principal responsable, que ingresó en prisión. El segundo varón, que ya fue identificado, está pendiente de prestar manifestación en sede judicial y la mujer se encuentra fugada y en paradero desconocido.

EXTORSIÓN

Las investigaciones llevadas a cabo por la unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra, en el marco de la denominada ‘Operación Hetera’, se iniciaron el mes de enero de este año cuando un vecino de la comarca pontevedresa de O Morrazo denunció en el Puesto de la Guardia Civil de Cangas que era extorsionado por el supuesto responsable de una página de contactos sexuales en Internet.

Los hechos denunciados comenzaron cuando esta persona estableció contacto por mensajería con una chica a través de un anuncio publicado en una página web de contactos.

Posteriormente, indican las mismas fuentes, «la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas o mensajes que le exigían dinero por el tiempo que había estado hablando con la chica por la aplicación de mensajería instantánea y de esta manera se vio obligado a realizar dos ingresos de 500 euros cada uno».

Cuando ya creía zanjada la «deuda», indica el Instituto Armado, mediante una video llamada, en la que aparece un varón encapuchado con un arma corta, le exigen otro ingreso de 5.000 euros con «serias amenazas hacia su familia si no lo hacía», por lo que, añade, «una vez más, se vio obligado a ceder al chantaje».

Las investigaciones realizadas durante estos meses por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra culminaron con la identificación de las tres personas que integraban el grupo extorsionador.

El principal responsable del grupo, de nacionalidad uruguaya, sobre el que recaían 18 órdenes de detención dictadas por diversos juzgados de la provincia de Valencia, donde tiene fijado su domicilio, fue localizado y detenido en Úbeda (Jaén) e ingresado posteriormente en prisión.

Otro varón, también vecino de Valencia, fue identificado como integrante del grupo y se encuentra pendiente de comparecer ante la autoridad judicial para prestar manifestación sobre los hechos.

INVESTIGACIÓN ABIERTA

La investigación continúa abierta para tratar de localizar a una chica que se encuentra fugada y en paradero desconocido. Las diligencias instruidas por los delitos de extorsión y pertenencia a grupo criminal se entregaron en el Juzgado de Instrucción de Cangas.

Ante hechos de similares características, la Guardia Civil recomienda «no acceder al pago de las extorsiones y que presenten denuncia», ya que, en estos casos, «los delincuentes confían en el silencio de su víctima para continuar la agresión» y, a la vez, avisa la Guardia Civil, «no eliminar ninguna evidencia por miedo o vergüenza, debido a la especial relevancia que tienen para la investigación».

Hasta nueve testigos con versiones contrapuestas han prestado declaración en la segunda jornada del juicio con jurado que desde este lunes se está celebrando en la Audiencia de Jaén para sentenciar el atropello múltiple a una familia en Úbeda ocurrido en julio de 2019 y por el que acabó falleciendo una mujer, de 73 años, mientras que otras cinco personas, todas de la misma familia, resultaron heridas de diversa consideración.

Mientras algunos de los testigos han respaldado con su relato la versión del acusado de que una persona introdujo medio cuerpo por la ventanilla del conductor, otros han señalado que el acusado condujo el vehículo a gran velocidad hasta llevarse por delante a la familia que se encontraba en la puerta de su vivienda tomando el fresco.

Ha sido la entonces pareja del acusado y que iba con él en el coche en el momento del atropello la que ha declarado que fue un hombre el que se metió por la ventanilla y giró el volante. Frente a esta versión y a otra más en esta misma línea, los atropellados han coincidido en que el coche se les echo encima y los arrolló a todos.

«El coche fue a lo que fue a pillarlos», ha señalado uno de los testigos que se encontraba cerca de la puerta de la vivienda donde se produjo el atropello y en el que el vehículo se llevó por delante el bolardo que protegía la acera.

Con todos los testimonios, las partes deberán realizar sus informes sobre lo ocurrido antes de que la presidenta del tribunal entregue al jurado, conformado por cinco mujeres y cuatro hombres, el objeto del veredicto sobre el que tendrán que deliberar para determinar la inocencia o culpabilidad del acusado, un joven, de 28 años, que actualmente se encuentra en prisión por otra causa diferente a la que se está juzgando.

Los hechos, según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, se remontan al 17 de julio de 2019, sobre las 21,45 horas, cuando el acusado «circulando a gran velocidad y siendo perfectamente consciente arrancó de cuajo el bolardo que protegía el acerado a la altura del número 1 de la calle Alameda».

El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como un delito de homicidio, tres delitos de lesiones agravados por el uso de instrumento peligroso y dos delitos leves de lesiones. Por todos ellos, el Ministerio Público reclama al acusado 22 años de cárcel y 600 euros de multas.

En concepto de responsabilidad civil, las indemnizaciones solicitadas por Fiscalía suman 168.870 euros y van desde los 148.000 euros para los herederos de la fallecida a los 980 euros para cada uno de los dos heridos más leves del atropello.

La acusación particular ejercida por el letrado Eliseo Rodríguez eleva su petición de penas a los 23 años de cárcel, mientras que al resto se adhiere al Ministerio Fiscal, con la salvedad de que hace responsable con carácter subsidiario a la compañía aseguradora del vehículo, también personada en esta causa.

Desde la defensa se parte inicialmente de la inocencia del acusado por entender que los hechos ocurrieron como consecuencia de la agresión que sufrió y que le llevó a perder el control del vehículo.

La Audiencia Provincial de Palencia ha condenado a un hombre a más de cinco años y medio de cárcel por abusos sexuales y malos tratos sobre su esposa.

En concreto, por el delito continuado de abusos sexuales, con las agravantes de parentesco y de género y la atenuante muy cualificada de drogadicción, ha sido condenado a cuatro años, diez meses y quince días de prisión.

Además, por malos tratos habituales, con la atenuante muy cualificada de drogadicción, la condena incluye diez meses y quince días de prisión y, en ambos delitos, su inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo de condena y la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros al domicilio de la víctima, lugar de trabajo y cualquier otro en que se encuentre y a comunicarse con ella, por cualquier medio, durante cuatro años.

Por contra, el acusado, al que han impuesto el pago de las costas procesales, incluidas las causadas por la acusación particular, ha sido absuelto de los delitos de agresión sexual y amenazas leves.

El condenado, de 49 años «muy celoso, posesivo y machista», residía con su mujer y sus tres hijos en un municipio palentino hasta que en 2005 sus suegros se fueron a vivir con ellos puesto que el padre de su mujer padecía esclerosis múltiple y había que atenderlos, lo que terminó de deteriorar la relación matrimonial.

PROPENSO A LOS ATAQUES DE IRA

Fumaba cannabis desde los catorce años, abusaba del alcohol y consumía cocaína con frecuencia, lo cual fue afectando a su personalidad y carácter convirtiéndose en un marido «autoritario, propenso a los ataques de ira», sobre todo si sus deseos sexuales no eran correspondidos, «y controlador de la vida, costumbres y amistades de su esposa a quién ninguneaba frente a sus padres, hijos y amistades», limitándole los recursos económicos para hacerla totalmente dependiente de él y anularla como persona.

Las malas relaciones se agravaron en agosto de 2018 cuando su mujer comenzó a trabajar en un bar del municipio donde residían.

Así, a primeras horas de la madrugada del 5 de agosto de 2018, tras llegar a su domicilio donde esperaba su marido «encolerizado y fuera de sí», comenzó con reproches e insultos y temiendo por su integridad física, pidió a uno de sus hijos que fuera a pedir ayuda a su hermano, quien pasaba las vacaciones en la localidad, quien se personó de inmediato en la vivienda y se encontró al procesado presionando a su hermana contra la pared al tiempo que le gritaba «te vas a cagar, te vas a enterar».

Hasta la casa llegó una patrulla de la Guardia Civil cuyos agentes pusieron orden, logrando revertir la situación tras entrevistar a los presentes.

La sentencia refleja que los comentarios despectivos y humillantes, los insultos reiterados y los menosprecios «evidencian un clima sistemático de maltrato psicológico, de violencia verbal y de humillación permanente» en el que se veía claramente sometida la mujer que atentaba a su dignidad y a su derecho a no ser sometida a tratos degradantes en el ámbito familiar, lo que constituye e integra el delito de maltrato habitual.

Asimismo, da por probado el delito de abusos sexuales puesto que el marido «autoritario y propenso a los ataques de ira» ejercía sobre su mujer una influencia negativa hasta convertirla en una «esposa temerosa, insegura y sumisa», dependiente emocional y económicamente de su marido y que, siendo consciente de ello, se aprovechaba logrando que se sometiera a prácticas sexuales sin consentirlas, asumiéndolas por el temor que le producían los ataques de ira de su marido.

La sentencia no es firme y cabe interponer contra ella recurso de apelación para la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla y León.

La Junta General de Accionistas de PRISA ha aprobado este martes todos los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración, entre los que destaca la nueva estructura operativa del grupo en las divisiones de educación y medios (Santillana y PRISA Media), y el nombramiento como consejeros ejecutivos de sus presidentes ejecutivos, Manuel Mirat y Carlos Núñez, respectivamente.

Celebrada un año más de manera telemática, la Junta de Accionistas ha dado luz verde a la elección como consejera dominical de Carmen Fernández de Alarcón, en representación de Vivendi, así como la ratificación de Rosauro Varo, Javier Santiso y María José Marín Rey-Stolle como consejeros independientes. De este modo, el Consejo de Administración pasa de 12 a 14 miembros.

Los accionistas también han dado el visto bueno a los cambios en la política de remuneraciones, en los estatutos sociales y el reglamento de la Junta General de Accionistas, principalmente para habilitar las medidas necesarias para que su celebración sea exclusivamente de forma telemática.

En su intervención ante la Junta, el presidente de PRISA, Joseph Oughourlian, ha asegurado que la compañía va «a transformar los sectores de educación y media, no solo en España sino también en el mundo hispanohablante».

«La digitalización no conlleva implícitamente recortes, al revés, trae oportunidades y tenemos que aprovecharlas para impulsar el enorme potencial que tenemos. Vamos a mirar al futuro y vamos a centrar nuestros esfuerzos en invertir, en crecer, evidentemente sin descuidar los costes», ha dicho Oughourlian.

Además, el presidente de PRISA ha recordado que, «teniendo en cuenta las circunstancias socioeconómicas actuales», decidió reducirse el salario en un 50% y que también se redujo la retribución a los miembros del Consejo.

«Ha llegado ya el momento de compartir los esfuerzos y dejar atrás el hecho de que los recortes siempre caigan sobre la plantilla. Me gustaría incidir en que nuestra apuesta es poner en marcha un ambicioso proyecto de crecimiento en el que el cuidado del capital humano y el talento sea prioritario», ha subrayado.

Oughourlian, que ha detallado las propuestas llevadas a la Junta, ha destacado que se han acometido cambios en el gobierno corporativo, «por primera vez en años ha entrado en el capital un accionista industrial de gran reputación como es Vivendi, con una gran visión del negocio»; ha habido cambios de estructura organizativa con la creación de dos unidades de negocio «para maximizar el valor de los activos»; y cuenta con un nuevo equipo directivo «profundamente transformador e innovador, independiente y con una marcada visión digital de los negocios». «Un nuevo management que refuerza el cambio generacional y el nuevo proyecto de PRISA», ha recalcado.

PRIORIDAD: REDUCIR LA DEUDA

Además, el presidente ha resaltado los cambios realizados en la estructura del balance «con una refinanciación» que ha permitido «extender los vencimientos e incrementar la liquidez de la compañía». «Nuestro nivel de endeudamiento sigue siendo demasiado elevado. Por ello, una de mis prioridades va a ser reducirla lo más rápido posible hasta niveles manejables», ha asegurado.

El presidente del grupo también ha recordado a los afectados por la crisis del COVID-19 «en un año sumamente complejo» y ha agradecido el esfuerzo realizado por todos los profesionales de la compañía, así como el apoyo de todos los grupos de interés, suscriptores, oyentes, profesores, familias y alumnos, y accionistas.

«2021 marcará un hito en la vida de este Grupo. Les aseguro que voy a poner todo mi empeño en que en la nueva etapa que hoy comenzamos seamos capaces de recuperar los grandes éxitos, sociales y económicos, que siempre han acompañado al Grupo PRISA», ha concluido.

Por su parte, Manuel Mirat ha hecho balance de los tres últimos ejercicios como consejero delegado del Grupo. «Estos últimos años han sido muy intensos y gratificantes porque, gracias al esfuerzo de todos, hemos reflotado y asentado PRISA, y hemos puesto las bases de un futuro más que esperanzador», ha apuntado.

También ha recordado a los presidentes que han confiado en él (Juan Luis Cebrián, Manuel Polanco, Javier Monzón y Joseph Oughourlian). «Gracias a ellos y a los consejos de administración que han presidido estos años, por la confianza que siempre me han mostrado», ha declarado, al tiempo que ha ensalzado «al magnífico» grupo de profesionales y a los diferentes equipos directivos que le han acompañado.

Ha explicado, asimismo, los resultados económicos de 2020 «el año más complicado» de la historia, pero en el que PRISA «ha tenido una respuesta excepcional». Los accionistas también han aprobado este martes las cuentas, el estado de la información no financiera y la gestión del Consejo de Administración correspondientes a 2020.

El periodista Fernando Jáuregui ha presentado en Santander la obra colectiva ‘Periodismo 2030 Recetas para la era de la comunicación digital’, donde ha reflexionado sobre el papel del periodismo en el presente y futuro y ha asegurado que «algunos poderes han aprovechado la pandemia para restringir la libertad de expresión.»

El periodista ha participado en el acto junto al director del Diario Montañés, Iñigo Noriega, en una conferencia enmarcada en la programación de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

«Se quieren cargar el periodismo», ha asegurado Jáuregui, quien ha añadido que «se está intentando minimizar nuestro papel como intermediarios entre las fuentes y la opinión pública». En su opinión, este es el papel que deben tener los periodistas, pero advierte de que «está cada vez más comprometido».

En este sentido, ha asegurado que «cada noticia que tenemos es un conjunto de falsedades», y ha reivindicado el papel del periodismo para ofrecer una información veraz, libre, independiente y contrastada, aunque ha reflexionado que cada vez es más difícil. «No estoy seguro de que estemos cumpliendo esa misión», ha asegurado.

En este sentido, Jáuregui ha opinado que «algunos poderes han decidido que nuestro papel quede relegado o suprimido», y ha apuntado a que «la libertad de expresión es un bien que nos tenemos que ganar todos los días».

DIGITALIZACIÓN Y REDES SOCIALES

Jáuregui ha considerado que las redes sociales se han vuelto «enemigas del periodismo tradicional» y ha criticado el «excesivo poder» que tienen las grandes compañías tecnológicas. Siento decirlo porque es una gran autopista de la comunicación«, ha añadido.

Así, el periodista ha opinado que es «indignante» que las redes puedan cerrar cuentas, sin garantías ni tribunales. «No soy partidario ni de Vox ni de Donald Trump, nada más lejos, pero me parece indignante que se les censure», ha añadido.

«Es preocupante que los grandes de internet tengan un volumen de negocio mayor que la mayoría de países», ha apuntado Jáuregui, quien ha asegurado que «en la pandemia han impuesto una verdad oficial», una verdad que «si no seguías, te excluían de las redes».

Por ello, el periodista llama a «encauzar la digitalización» y ha propuesto que se cree una comisión en el seno de las Naciones Unidas para «intervenir en la guerra de las redes». «Las grandes compañías hacen lo que quieren con nosotros», ha asegurado.

Respecto a la digitalización, ha asegurado que el periódico en papel «no va a terminar» y será diferente, más enfocado en la prensa local, «que es la que más interesa a la ciudadanía», según los datos extraídos de la encuesta del libro que coordina.

PERIODISMO 2030

El libro ‘Periodismo 2030’, una obra colectiva coordinada por Fernando Jáuregui y Sergio Martín, es una reflexión coral sobre el periodismo contemporáneo, contando con 200 participantes directos, entre los que se incluyen las principales voces del periodismo, así como un sondeo con más de 400 entrevistas.

De este modo, la obra no «expone conclusiones», sino que «plantea preguntas», sobre los retos a los que se enfrentan los medios de comunicación, en plena crisis por la digitalización y los cambios en los modelos de consumo de información de la población.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha acusado este martes al Estado de buscar «la muerte política y civil de determinadas personas por defender unas determinadas ideas» a través del Tribunal de Cuentas, y cree que actúa con un abuso de poder.

Así ha reaccionado en rueda de prensa en los jardines de Palau Robert después de que el Tribunal de Cuentas haya fijado inicialmente en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable inicial que se reclama a él, al también expresidente Carles Puigdemont, que está en Bruselas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 excargos de la Generalitat por la acción exterior hecha entre los años 2011 y 2017.

«La muerte política se quiere conseguir a través del Código Penal, y la muerte civil, que es la ruina económica, se quiere conseguir a través de la acción del Tribunal de Cuentas», ha lamentado Mas, que recuerda que este órgano ya le impuso una fianza millonaria de 5,8 millones de euros por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, entre otras acciones.

«Hay un abuso de poder en toda regla, un abuso y una distorsión total del marco legal para conseguir su objetivo: el castigo y la venganza, la represión», ha apuntado el expresidente de la Generalitat, que considera que están en absoluta indefensión.

Tras advertir de que ahora se juzga la acción exterior del Govern, pese a ser una competencia estatutaria que realizan también otras comunidades autónomas, ha reprochado que las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas les obliguen «primero a pagar sin determinar antes si eres culpable o no, y sin que se haya demostrado ningún tipo de irregularidad, ni tan siquiera contable».

Mas ha asegurado que no podrán pagar estas fianzas, por lo que el siguiente paso es «el embargo de la vivienda, de las cuentas corrientes, de cualquier ahorro que se tenga y hasta del salario y la pensión».

A SÁNCHEZ

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, precisara a los afectados que pueden presentar un recurso, el expresidente catalán ha tirado de ironía para agradecerle que les recuerde que tienen esta posibilidad: «Gracias señor Sánchez, ya lo sabemos. Es la normativa. Esto lo puede hacer todo el mundo. La pregunta es: ¿Qué piensa hacer el Gobierno ante un abuso de poder como este? ¿Mirar hacia otro lado o hacer alguna cosa?».

Tras dejar claro que se defenderá, cree si hay «voluntad política» por parte del Gobierno y de los partidos hay opciones para actuar sobre el Tribunal de Cuentas, como renovar su composición teniendo en cuenta que termina su mandato, e impulsar iniciativas legislativas para modificar su manera de actuar.

«Igual que Sánchez ha tenido la necesidad o coraje de promover los indultos, ahora también puede tomar iniciativas para intentar corregir este abuso de poder que hay sistemáticamente en el Tribunal de Cuentas en todo lo que afecta la actuación de la Generalitat dicen relacionada con el proceso soberanista», ha sostenido.

En relación al Govern, Mas ha pedido que sigan defendiendo sus competencias en acción exterior, y ha lamentado que el Tribunal de Cuentas se pase les alegaciones presentadas por la Generalitat «por el forro».

También ha advertido de que, pese a la acción del Tribunal de Cuentas contra exaltos cargos del Govern, no conseguirán matar «ni las ideas ni los ideales» de todos ellos, y la convicción del derecho del pueblo catalán a poder decidir su futuro en las urnas y de querer la libertad de Cataluña.

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, ha defendido este martes la necesidad de «distinguir entre la desinformación y la propaganda interesada». Se ha referido a la diferencia entre los dos fenómenos, por un lado, «las personas que de forma desinteresada transmiten sin ser conscientes un bulo» y, por otro, «estructuras organizadas de partidos, organizaciones, grupos de presión que difunden mentiras intencionadamente utilizando la influencia de las redes sociales».

Ignacio Escolar ha asistido como ponente a la mesa redonda ‘Los medios de comunicación antes, durante y después del Covid-19, presente y futuro: la prensa’, programada dentro del seminario ‘El periodismo antes, durante y después del Covid-19’, que forma parte de la 19 edición de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide. Estos encuentros se celebran en la sede Olavide en Carmona-Rectora Rosario Valpuesta, situada en la casa palacio de los Briones.

Ante la cuestión de cómo combatir la desinformación desde los medios en internet, ha argumentado que «se afronta con periodismo, haciendo un esfuerzo aún mayor desde las redacciones por eliminar los bulos y la desinformación».

Respecto al reto que ha supuesto la pandemia para los medios de comunicación, el director de eldiario.es se ha referido a ésta como «una especie del túnel del tiempo», en relación a la rapidez con la que las tecnologías y los hábitos de consumo de las mismas han avanzado en el tiempo del confinamiento. «Ha pasado en muchos ámbitos de nuestras vidas, como las videoconferencias, pero en el ámbito de la prensa ha afectado por dos motivos; por un lado, acelerando la transición del papel a la web y, por otro acelerando, la transición del gratis al pago», ha detallado.

En relación al modelo de financiación de la prensa online, ha indicado que «casi todos los periódicos españoles de calidad han apostado por modelos de pago» y que el modelo de socios o suscriptores, como el aplicado por eldiario.es, es el futuro de la prensa online ya que «absolutamente todos los periódicos de referencia del mundo han implantado este modelo de ingresos que llevamos utilizando desde 2012». Ha precisado que el modelo de eldiario.es es «diferente al modelo tradicional porque permite a quien no tenga ingresos seguir leyendo».

Sobre la razón por la que se apuesta por este plan económico basado en suscripciones al medio online ha señalado que, «por un lado, están disminuyendo los ingresos por publicidad en todo el mundo por la puja de las nuevas plataformas y, por otro lado, cada vez hace falta mayor volumen de impresiones para generar los mismos ingresos publicitarios», ya que «hay menos publicidad y se paga peor».

Por otro lado, recalcado la importancia de enseñar a los alumnos desde los colegios «cómo se informa y cómo reconocer una noticia falsa». Ignacio Escolar ha precisado que los métodos para ello «no son complicados, en una hora se pueden aprender, ya que hay determinadas muletillas como que te pidan que reenvíes la información al mayor número de personas posible o que es información que los medios no quieren que sepas».

Ignacio Escolar ha comparado, «salvando las distancias», lo que ocurre con la desinformación en las redes con lo que supuso en el siglo pasado la invención de los medios de comunicación de masas. Ha observado que «la propaganda y cómo fue utilizada por los totalitarismos fue tan eficaz en parte porque había un terreno virgen, una sociedad que no sabía ni detectarla ni enfrentarse a ella».

«Esta nueva revolución tecnológica nos ha traído nuevos medios de comunicación que han tenido gran impacto en la sociedad, porque no existe el conocimiento necesario para distinguir en ellos la mentira y la verdad, así como los efectos que produce», ha recalcado.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha evitado este martes pronunciarse sobre la declaración de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal como imputada en la ‘Operación Kitchen’ y ha defendido la presunción de inocencia.

«Desde el PP anunciamos hace meses que nos mantendríamos al margen y no llevaríamos a cabo ningún tipo de declaración al respecto y es lo que vamos a seguir haciendo, respetando el trabajo que hacen los jueces y la presunción de inocencia que tienen todos aquellos que comparecen en sede judicial», ha declarado.

Así se ha pronunciado Gamarra, en una rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntada por esa declaración de Cospedal ante el juez en la que ha reconocido que se reunió varias veces con el excomisario José Manuel Villarejo en la sede del Partido Popular pero no le hizo ningún encargo.

Gamarra ha hecho hincapié en que el PP ya dijo que no llevarían a cabo «ningún tipo de declaración» sobre estos casos que ahora se están juzgando, aludiendo así a las manifestaciones que realizó en febrero ante el Comité Ejecutivo del PP su jefe de filas, Pablo Casado. Entonces éste afirmó –coincidiendo con el inicio del juicio por la reforma de la sede del partido supuestamente pagada con dinero negro– que la actual dirección del PP no iba a «volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada».

EL PP VA A RESPETAR LAS DECISIONES JUDICIALES

Esta mañana, antes de esa declaración de Cospedal ante el juez, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que su formación respetará la decisión judicial y ha subrayado que el presidente del partido ha expresado con una «claridad absoluta» su compromiso con «la ejemplaridad. Eso sí, ha recalcado que es «decisivo» también «reivindicar» la presunción de inocencia.

Al ser preguntado por el hecho de que a primeros de junio el PP decidiera no abrirle expediente a Cospedal por la ‘Operación Kitchen’ y si eso no contraviene los Estatutos del PP, Montesinos ha indicado que así se pronunció el Comité de Derechos y Garantías del partido, que es el «órgano pertinente para tomar esa decisión» e hizo «un comunicado público».

De esta forma se ha referido a la decisión que el 4 de junio difundió el órgano disciplinario del PP acordando no abrir expediente informativo a Cospedal tras su imputación en la ‘Operación Kitchen’ argumentando que la presunta conducta no resulta del «ejercicio de un cargo público o representativo».

Según la nota emitida entonces por el PP, y tras analizar la situación de Cospedal, en el artículo 22.1 de los Estatutos del partido, el que se refiere a «supuestos especiales del régimen sancionador a afiliados», se señala que se sancionaría «en el caso de que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o representativo».

MONTESINOS: «COMPROMISO TOTAL CON LA EJEMPLARIDAD Y LA TRANSPARENCIA»

En esa entrevista en Antena 3, Montesinos ha señalado que el PP, y a «diferencia» de otras formaciones que «cuando no le gusta una decisión judicial lo que hace es atacar al Poder Judicial», lo que hace es «respetar los procedimientos judiciales y reivindicar también la presunción de inocencia». «Es muy importante y decisivo respetar esa presunción de inocencia en el marco del Estado de Derecho», ha abundado.

El responsable de Comunicación del PP ha subrayado además que, en el ámbito político, Pablo Casado ya se ha pronunciado «muy claramente ante los órganos internos del partido, con una claridad absoluta». «Y nuestro compromiso con la ejemplaridad y con la transparencia como bien ha explicado el presidente de PP es total», ha resaltado.

El diputado y portavoz del Grupo Popular en el Parlament balear, Toni Costa, ha exigido este martes al Govern, la destitución de las personas que autorizaron el concierto de reguetón en Plaza de Toros de Palma, al que se ha abierto un expediente tras ser considerado una de las situaciones que han podido provocar los contagios de jóvenes estudiantes en viajes de fin de curso a la isla de Mallorca que han supuesto un ‘macrobrote’.

Según ha valorado el ‘popular’ Toni Costa en una rueda de prensa, «el macrobrote de COVID-19 que ya afecta ya a 1.200 jóvenes en España y 5.000 personas en cuarentena es una situación de extrema gravedad que se ha producido después de que Baleares diera autorización sanitaria para el macroconcierto con miles de personas en la Plaza de Toros de Palma».

«Haber autorizado este concierto es un hecho de irresponsabilidad extrema, sobre todo tras haber obtenido las advertencias de agentes policiales y de los técnicos de emergencias», ha añadido el diputado y portavoz del Grupo Popular en el Parlament.

«Es gravísimo que se autorizará un concierto con 2.000 personas, con la condición de que estas no bailasen. ¿Alguien se puede creer que jóvenes de 17 y 18 años en un concierto de reguetón no bailará?», se ha preguntado.

Costa, además, ha hecho hincapié en que «el Govern es responsable de esta situación como demuestra que el lunes hayan aprobado nuevas restricciones, evidenciado que las que había hasta entonces eran manifiestamente insuficientes, y que este martes se hayan reunido para coordinar las acciones que llevar a cabo, mostrando que se actuó con descoordinación».

«La situación es de improvisación total, de que se van haciendo las cosas tarde para ir tapando los agujeros de los acontecimientos que van surgiendo», ha criticado Costa, quien ha pedido que la reapertura del ocio nocturno «se haga respetando las evidencias que demuestran las pruebas pilotos para que cuando se abra sea de forma segura».

«Nos parecen bien las restricciones razonables, que no impidan que se visite Baleares como es totalmente deseable, tomadas desde la prudencia y la responsabilidad, lo que no se entiende es la falta de equilibrio, el haber pasado en a penas un mes de un extremo a otro», ha incidido.

Por ello, ha exigido al Govern la destitución de las personas que autorizaron el concierto de reguetón en Plaza de Toros de Palma al que se ha abierto el expediente por haber sido considerado una de las situaciones que han podido provocar los contagios de estudiantes en viajes de fin de curso Mallorca que han supuesto un ‘macrobrote’.

«Las personas que autorizaron los conciertos no pueden seguir en sus puestos de trabajo», ha incidido Costa, quien ha apuntado que «el ‘macrobrote’ puede suponer un riesgo del aumento de los contagios en Baleares y un desastre para la temporada turística por la imagen que se ha transmitido».

SOBRE LOS JÓVENES QUE CONTINÚAN EN MALLORCA

Por otro lado, el diputado y portavoz del Grupo Popular en el Parlament se ha referido a los jóvenes afectados por el ‘macrobrote’ que continúan en la isla de Mallorca, de quienes ha dicho que «no es admisible que se les obligue a guardar cuarentena si no se demuestra que son contactos estrechos».

Al respecto, ha puntualizado, si bien, que, hasta la fecha, «el PP no tiene constancia de que se haya incumplido la ley con ninguno de los jóvenes estudiantes que permanecen en la isla».

«El PP no dice que se esté incumpliendo ninguna ley lo que hace es exigir que se cumpla la normativa vigente a todos los efectos y que el Govern, aprovechando esta difícil situación, no se extralimite de sus funciones y evite errores de los que la presidenta Armengol pueda arrepentirse», ha incidido Costa.

«Hay que apelar a la prudencia y a la responsabilidad de toda la ciudadanía y especialmente de los jóvenes», ha afirmado pero también, ha añadido, «hay que acelerar la vacunación de este colectivo que es la que más contactos mantiene, especialmente en esta época del año».

COSTA: «ARMENGOL NO PUEDE SEGUIR ESCONDIDA EN EL CONSOLAT DE MAR»

Con todo, ante lo ocurrido y tal y como ya hiciera este lunes en Ibiza, Costa ha vuelto a reclamar la comparecencia urgente de la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el Parlament «porque es el órgano representativo de la ciudadanía balear».

«Exigimos a la presidenta Armengol que salga a dar la cara porque no puede seguir escondida en el Consolat de Mar y solo publicar un hilo de mensajes en Twitter porque no soluciona nada», ha destacado.

Para el PP, «es inconcebible que Armengol pretenda solventar este asunto con una comparecencia de la consellera de Salud y Consumo en el Parlament». «La presidenta no debería siquiera haber esperado a que desde el PP se pidiera su comparecencia, si no haber pedido ella misma comparecer de forma voluntaria ante la Cámara porque los hechos son de tal gravedad que trascienden a la Conselleria de Salud», ha incidido.

El diputado y portavoz ‘popular’ en el Parlament balear, Toni Costa, ha considerado que «la comparecencia de Armengol ha de servir para aportar transparencia, garantías, seguridad y confianza; así como para evidenciar que se controlará la situación». Una situación en la que, ha añadido, «el PP está para ayudar a que se controle» con el fin de «volver a la tranquilidad y tener una temporada segura».

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha sostenido este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez no puede mirar hacia otro lado en el caso del Tribunal de Cuentas, que afecta a excargos de la Generalitat: «Esperamos que, además de tomar nota, trabaje en una solución».

Lo ha dicho en rueda de prensa tras el Consell Executiu, en la que ha avanzado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, trasladará este asunto a Sánchez en la reunión de la tarde de este mismo martes en La Moncloa: «Esperamos pasos del Gobierno en este caso», ha insistido.

Plaja ha garantizado que la Generalitat hará una «oposición frontal» a este caso del Tribunal de Cuentas, que cree que hace referencia a unos delitos inexistentes que no han perjudicado a la administración y que forma parte de una ola represiva del independentismo, según ella.

Ha recordado que el ministro y dirigente socialista José Luis Ábalos aseguró que el caso representa una piedra en el camino: «Consideramos que está muy bien que hayan detectado esta anomalía de un tribunal que en realidad no lo es, pero pedimos al Gobierno que, a parte de hacer este diagnóstico, mueva ficha ante lo que consideramos que es una anomalía en un sistema democrático».

OPOSICIÓN AL PAGO

Ha destacado que por ahora no se ha hecho efectivo ningún pago y ningún embargo, y ha insistido en que la Generalitat no se considera perjudicada, «y es por eso que se opone frontalmente a que se pague este dinero», después de que el Tribunal de Cuentas haya fijado en 5,4 millones la responsabilidad contable que se reclama a los excargos afectados.

«Se está reclamando un dinero que dicen que se ha malgastado, y la propia administración catalana, que teóricamente es víctima, es la que está diciendo de forma categórica que en ningún caso este dinero se ha malgastado», ha remarcado, y ha dicho que el caso pretende arruinar a familias para crear miedo entre la ciudadanía y los cargos públicos independentistas.

Ha garantizado que el Govern estará «al lado de todos los perjudicados» y ha asegurado que sus servicios jurídicos están trabajando en el asunto, aunque ha descartado detallar qué pasos tomará la Generalitat, porque considera que el asunto requiere discreción.

Preguntada por si la Generalitat tomará medidas como pagar las cantidades fijadas por el Tribunal de Cuentas o presentar un informe negando haber sido perjudicada, Plaja ha insistido en rechazar avanzar las acciones que impulsará el Govern, que ha asegurado que «trabaja para minimizar al máximo el impacto» del caso.

Plaja ha subrayado que el Tribunal de Cuentas «no es un tribunal, pese a su nombre, sino un órgano administrativo parajudicial que busca venganza», que está politizado y que ha llevado este caso de forma arbitraria, por lo que cualquier otra persona se podría ver afectada en el futuro, según ella.

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha afirmado que en la reunión de este martes en La Moncloa el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quiere acordar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el contenido, un orden del día y la metodología de la mesa de diálogo «para hacerla útil».

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha subrayado que Aragonès quiere que sea una reunión «útil» de trabajo y no un simple encuentro de cortesía para hacerse una foto, y considera que debe servir para iniciar el acercamiento entre los dos gobiernos para facilitar el diálogo con el objetivo de solucionar el conflicto catalán.

«La voluntad es que la de hoy sea una reunión útil de negociación. Hoy no se va a pactar nada, es una reunión de negociación de dos presidentes de tú a tú que hablan de un conflicto político reconocido por parte de las dos partes que están en posiciones muy alejadas, pero que precisamente comienza hoy esta primera reunión entre dos presidentes que debe servir para ir haciendo un acercamiento», ha resumido.

Plaja ha asegurado que para el Govern es más importante pactar el contenido de la mesa de diálogo que fijar una fecha para reactivarla, aunque esperan que también se decida en la reunión: «Tenemos claro que el punto de partida son dos posiciones muy alejadas, hay que dar contenido y metodología, y después fijar una fecha, que esperamos que también salga hoy».

«Para el Govern es importante decidir cuándo se retomará la mesa de negociación pero todavía es más importante acordar el contenido, el orden del día y la metodología para hacerla útil», ha argumentado.

En el encuentro, Aragonès trasladará a Sánchez la necesidad de poner «fin a la represión», incluida la causa del Tribunal de Cuentas, y que España cumpla el informe del Consejo de Europa, que cuestiona las condenas del 1-O y pide retirar las peticiones de extradición a los dirigentes independentistas en el extranjero.

Así, Aragonès planteará que la amnistía y un referéndum de autodeterminación son los grandes consensos de la sociedad catalana, que considera que son la única vía para resolver el conflicto catalán.

NEGOCIACIÓN «DE IGUAL A IGUAL»

Para el Govern, es necesario que las dos partes pongan sobre la mesa las propuestas para superar el conflicto, ya que cree que hasta ahora el Gobierno de Sánchez no ha dicho cuál es la suya: «La voluntad del presidente es que estos interrogantes acaben desapareciendo esta tarde y estemos ante una reunión útil».

Con esta reunión, el presidente catalán pretende establecer las bases de una negociación «de igual a igual, partiendo del reconocimiento de un conflicto político y de la existencia de dos sujetos políticos enfrentados».

Aragonès también quiere abordar en la reunión «temas de relevancia» como la gestión de los fondos europeos y la recuperación social y económica tras la pandemia del coronavirus, que el jefe del Ejecutivo catalán ya ha reiterado en varias ocasiones que son cuestiones que se deben abordar en los órganos bilaterales que ya tienen la Generalitat y Gobierno, pero no en la mesa de diálogo, que se debe ceñir en el conflicto, según él.

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid no ha conseguido el ‘sí’ de ninguno de los grupos municipales con representación en el Consistorio -PP, Más Madrid, PSOE y Vox– para aprobar una moción en la que los ‘naranjas’ solicitaban instar al Gobierno de la Nación a «impulsar de manera inmediata una Ley de regulación de Gestación Subrogada».

Ha sido la vicealcaldesa, Begoña Villacís, quien ha defendido esta iniciativa en el Pleno, donde ha expuesto que el modelo de gestación subrogada sería el modelo canadiense, esto es, una mujer mayor de 25 años, con situación económica estable, sin antecedentes, que haya gestado al menos un hijo.

«Hablamos de una mujer, esto es importante. Es una mujer, no un vientre. No estoy dispuesta a aceptar que se cosifique a la mujer. No se puede cobrar por una gestación subrogada, no hay alquiler porque no hay contraprestación», ha expuesto, para añadir a continuación que como madre de tres hijas nunca hablaría de un bebé como «un objeto».

«Si soy la que pare y decide, ninguno de ustedes son para decidir por mí. ¿Quiénes son ustedes para decidir por mí?», ha espetado. La vicealcaldesa ha pedido respeto para las mujeres que quieran gestar, ya que es «totalmente voluntario». «Les pido que dejemos disfrutar a las familias. No es una violencia», ha concluido.

Por su parte, la concejala de Vox en el Ayuntamiento Arantxa Cabello ha rechazado el «vender niños» que supone la gestación subrogada que ha defendido la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en el Pleno de Cibeles, con una propuesta para instar al Gobierno de la Nación a autorizar el cambio legislativo. La moción ha sido rechazada por todos los grupos menos Cs.

Tras seguir las palabras de Villacís en Cibeles, Cabello ha reprochado que le ha parecido estar «escuchando a la patronal de los vientres de alquiler» identificando a «los bebés como un producto, los clientes con personas pudientes y las máquinas de fabricar bebés son mujeres con pocos recursos».

Cabello, que se ha reivindicado como mujer y madre, ha lanzado a Villacís que las criaturas «no se generan para luego regalarlas o venderlas porque, al final, se venden niños». «Es una cuestión de dignidad humana», ha apostillado asegurando que Vox defiende «los derechos de la mujer porque la esclavitud afortunadamente hace mucho que acabó».

La concejala de Vox, portavoz de su formación en la comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social, ha insistido en que la gestación subrogada es «una cuestión de mercantilización burda de la mujer». «Somos personas», ha terminado.

LA IZQUIERDA REPROCHA PONER «PRECIO A ÚTEROS Y DESHUMANIZAR A MUJERES»

La concejala socialista Emilia Martínez ha rogado a Villacís que se centre en asuntos municipales porque a Cibeles «no se viene a competir contra el Gobierno ni contra su líder, Inés Arrimadas, a quien usurpa sus funciones en el Congreso».

La edil se ha referido así a que los ‘naranjas’ llevaron una moción a la Carrera de San Jerónimo sobre la gestación subrogada tanto en 2017 como en 2019. Tanto PP como Vox la rechazaron, igual que el PSOE.

Esta petición para legalizar los «vientres de alquiler» es «previsible y oportunista». También ha cargado contra este «nicho de mercado» que pasa por «comprar el cuerpo de una mujer».

En la misma línea ha ido la concejala de Más Madrid Carolina Pulido, que ha pedido a Villacís que sea «honesta y llame las cosas por su nombre, vientres de alquiler», que lo que hace es «poner precio a los úteros y deshumanizar a las mujeres y sus criaturas».

Pulido ha recordado a Cs que existen vías legales y sin conflictos éticos como la adopción, la fecundación asistida o el acogimiento. Las edil de Más Madrid ha remarcado además que ser padre o madre es «el deseo de una persona adulta, no un derecho». «No somos incubadoras ni vasijas», ha concluido.

El Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable inicial que se reclama al president de la Generalitat que permanece huido en Bélgica Carles Puigdemont, al expresident Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y a otros 37 ex cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, según el acta de liquidación.

Según este documento, de este importe total 5.151.156 euros corresponden al principal y otros 271.723,48 euros a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación fijado para este martes.

Se les reclaman a cada uno cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta os 5,4 millones del total, según fuentes del órgano contable consultadas.

Así, por ejemplo, las responsabilidades individuales se fijan en 1,9 millones de euros para Puigdemont y Junqueras, 2,1 para Romeva y 2,8 para Artur Mas. «La solidaridad se dará exclusivamente en las cuantías que corresponden a los periodos temporales de desempeño del cargo de cada uno de ellos», añade el documento.

Todas ellas se sumarán a los 4,1 millones de euros que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista.

15 DÍAS PARA ABONAR

Durante el trámite de este martes, a los abogados de los afectados se les ha entregado un documento de 504 páginas que tendrán 3 horas para leer, tras lo cual cada uno de ellos tendrá unos 10 minutos para alegar ‘in voce’ con independencia de a cuántas personas representen lo que es tildado de «procedimiento arbitrario» por alguna de las defensas. Una vez notificado el expediente de liquidación los responsables tendrán un plazo de 15 días para abonar el dinero.

El abogado de Puigdemont, Gonzálo Boye se ha retirado de la vista tras presentar por escrito sus alegaciones. En declaraciones a los medios de comunicación ha reprochado que «solo» se les haya dado 10 minutos a los abogados sin importar la cantidad de clientes que tengan en el procedimiento. Asimismo, ha criticado las explicaciones aportadas por el órgano fiscalizador durante el procedimiento.

«Se necesita un manual de instrucciones para entender lo que están haciendo», ha dicho en referencia al acta de liquidación provisional que ha facilitado este martes el Tribunal de Cuentas. En el marco de su declaración, ha avisado que se reserva «acciones» para otras jurisdicciones.

En el acto están presentes tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, además de los representantes legales de la Generalitat, de Diplocat, de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y de «Sociedad Civil Catalana, estos dos últimos personados como acción pública.

CONCEPTOS DE GASTO

Entre los conceptos por los que se reclama están los viajes al exterior del presidente y los consejeros de la Gereralitat (317.790,97 euros) y las actividades de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea. Dentro de este epígrafe se reclama por las actividades relacionadas con el proceso de autodeterminación (27.189,47 euros) por los encuentro con delegados (3.863,85 euros) y por contratos varios otros 21.175 euros.

También se reclaman los gastos de las delegaciones del Gobierno en el Exterior y ante la Unión Europea. Dentro de este capítulo se cifran 3.22,48 euros por utilización de locales y 205.081,27 euros por los gastos en las delegaciones de Francia, Ginebra, Polonia, Alemania Reino Unido, Estados Unidos, EE.UU., Austria, Italia, Dinamarca y la Unión Europea relacionados con el proceso de autodeterminación (205.081,27). El documento añade que falta documentación justificativa por gastos en estas sedes por valor de otros 261.581,52 euros a lo que hay que sumar pagos injustificados (151.430,93 euros), servicios de asesoramiento y elaboración de informes (149.554,76 euros) y gastos en atenciones protocolarias y representación (32.844,24 euros).

A todo ello se añade, según las cuentas realizadas por el órgano fiscalizador, gatos en contratos de las delegaciones de Estados Unidos (92.843,61 euros), contratos en las delegaciones en Ginebra y la Unión Europea con HCSS (123.500 euros) y gastos de personal en estas delegaciones por valor de otros 127.813,54 euros.

PATRONATO DE CATALUÑA Y CONSEJO DE DIPLOMACIA

Un cuarto capítulo pasa por las actividades de promoción del proceso soberaneaste a través del Patronato de Cataluña y el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT), y en este punto se incardinan actividades tanto parlamentarias como académicas, culturales y deportivas por un total de gasto de 451.487,86 euros, a los que se suma un capítulo llamado «implicación de la Sociedad Civil Catalana» en debates europeos y «observación electoral» por 152.578,87 euros.

Dentro de los gastos por visitas internacionales a líderes de opinión, periodistas, comunicación y promoción en red se reclaman una de las cantidades más altas, un total de 932.125 euros, mientras que en el personal del diplocat aparecen gastos como la demanda de dos trabajadores por el cierre de la oficina de Lleida (80.232,96 euros) y la plaza de jefe de prensa por 134.286,76 euros.

También se fijan los gastos por el contrato con la empresa Independt Diplomat por 1.392.300 euros y el contrato de arrendamiento del inmueble de Bruselas por 17.154,38 euros. Diplocat también gastó, según ha cifrado el Tribunal de Cuentas, en una empresa de trabajo temporal 6.061,21 euros y en la difusión de una conferencia sobre «un nuevo paradigma económico de Cataluña» 44.970,16 euros.

Finalmente, en subvenciones del Diplocat se gastó 422.056,66 euros, lo que eleva la cifra total reclamada a 5.151.156 euros, llegando a los más de 5,4 millones al sumar los intereses.

El condenado por allanamiento, agresión sexual y asesinato de su prima hermana en la isla de Fuerteventura ha sido penado con 41 años de prisión, según consta en la sentencia de la Sección II de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Además, tiene prohibición de acercarse o comunicarse de cualquier forma con los padres de la víctima durante 10 años y debe pagar indemnizaciones por un importe total de 350.000 euros.

El Tribunal, en concreto, le impone 25 años de prisión por un delito de asesinato con agravante de disfraz y aprovechamiento de tiempo y lugar; 14 años y 6 meses por el de agresión sexual con agravante de alevosía y un año y 6 meses por el de allanamiento de morada, también con agravante de disfraz y aprovechamiento de tiempo y lugar.

Fue declarado culpable por un jurado por todos los delitos y las acusaciones representadas por el Ministerio Fiscal, la familia de la víctima y el Instituto Canario de Igualdad pedían 42 años de prisión.

RETRASO MENTAL DE «CARÁCTER LEVE», «SIN ALTERACIÓN DE SU VOLUNTAD»

El condenado sufre un retraso mental «de carácter leve» que el Tribunal de Jurado considera que no supone «ninguna alteración de su voluntad, capacidad de comprensión y conciencia de su actuar en el momento de los hechos».

La Sección II de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha detallado también a través de la sentencia que una vez sea puesto en libertad, el condenado estará 5 años en libertad vigilada como consecuencia de la pena por agresión sexual.

El condenado también lo ha sido a inhabilitación absoluta y especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de las condenas y no podrá acogerse a indulto, dado que el jurado lo rechazó de forma unánime.

LA GOLPEÓ HASTA 30 VECES CON UN MARTILLO

El jurado consideró probados que el condenado robó las llaves de la casa de su prima hermana y entró armado con un martillo, dos navajas y una cuerda cuando pudo certificar que se encontraba sola y dormida.

La golpeó repetidamente en la cabeza con el martillo, hasta 30 veces, y casi muerta la agredió sexualmente. Intentó limpiar la sangre y ocultar el cuerpo sin vida de la mujer y al no poder hacerlo abandonó la vivienda.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha augurado que la reunión que mantendrán este martes en el Palacio de la Moncloa el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, «girará en torno a la amnistía y el referéndum», ya que, a su entender, «los golpistas son insaciables».

«Sin duda alguna es un encuentro que, lo vendan como lo vendan, es posterior a los indultos y previo a la reanudación de la mal llamada mesa del diálogo, lo que supone que Sánchez se va a seguir echando en manos de los independentistas para seguir en La Moncloa», ha declarado Gamarra en una rueda de prensa en el Congreso.

La dirigente del PP ha subrayado que «los separatistas y los golpistas son insaciables» y, por tanto, no se van a conformar con los indultos a los condenados por sedición y malversación que aprobó el Consejo de Ministros hace una semana.

«SÁNCHEZ HA ENGORDADO LAS ANSIAS DE INDEPENDENCIA»

«Tras los indultos, todo girará en torno a la amnistía y el referéndum de autodeterminación o de independencia pactado que no cabe en la Constitución y que siguen exigiendo al Gobierno», ha manifestado.

Tras asegurar que Sánchez «mintió» en la campaña electoral cuando dijo que no concedería los indultos, ha señalado que ahora al dar ese paso ha «engordado las ansias de independencia y de amnistía de aquellos que pusieron en jaque al Estado de Derecho».

Gamarra ha afirmado que, «ante todos esos pulsos que Sánchez ha decidido echar» al Estado de Derecho «de la mano de los independentistas», el Partido Popular «estará enfrente» para defender la legalidad y la igualdad de los españoles, ya que, la ley «es la piedra angular de todas las libertades».

«DONDE NO HAY ARREPENTIMIENTO, HAY REINCIDENCIA»

Al ser preguntado si, ante el hecho de que Aragonès haya anunciado que emprenderá una ofensiva en Europa para que se le vuelvan a abrir las puertas de la Comisión Europea, el PP teme que el independentismo tenga éxito con esa campaña, Gamarra ha indicado que el Gobierno de España debería «estar defendiendo los intereses de España ante cualquier ataque al Estado de Derecho y la integridad territorial que se pueda plantear».

«Si no lo hace el Gobierno de España, el PP lo hará y dará esa batalla en todas las instituciones europeas. Lo hemos hecho siempre y los españoles saben que no le vamos a defraudar», ha dicho la portavoz de los ‘populares’.

Así, ha insistido en que si hay «abandono» del Ejecutivo se encargarán de defender esa legalidad e integridad territorial frente a los que «quieran romperla», instando «todos los instrumentos» que tengan a su alcance para que los pasos de los independentistas enfocadas a reiterar conductas que fueron sancionadas en el pasado «vuelvan a tener el mismo resultado por la acción del Estado de Derecho».

Gamarra ha subrayado que los indultos «sin arrepentimiento y sin respaldo del tribunal sentenciador y de la Fiscalía sin duda alguna son el camino hacia la reincidencia». «Donde no hay arrepentimiento hay reincidencia», ha proclamado.